Catalanes en Madrid

Desde los tiempos ya lejanos de la Transición, Cataluña ha tenido su hombre en Madrid. Esa figura ha correspondido en todo momento al cabeza de lista de CIU al Congreso, incluso cuando no era esta la opción partidista más votada en las circunscripciones catalanas. Bien lo saben los socialistas del PSC, que, escudándose en los votos obtenidos, han reclamado repetidas veces el derecho a ser considerados –y, entre ellos, su cabeza de lista– los máximos representantes de la Autonomía en la capital del Reino, sin que jamás sus rogativas hayan sido atendidas –ni siquiera cuando el Gobierno de la Nación estaba presidido por supuestos correligionarios como Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero–. No, en Madrid no ha habido otro interlocutor reconocido para tratar de los asuntos catalanes que el que CIU ha ido designando en cada ocasión. O sea –salvando a Jordi Pujol, que enseguida se consagró al Gobierno de la Autonomía–, Miquel Roca, Joaquim Molins, Xavier Trias y Josep Antoni Duran Lleida. Curiosamente, los tres primeros –a Duran todavía no le ha llegado la hora– dejaron la portavocía en el Congreso para optar a la Alcaldía de Barcelona, empeño en el que los tres fracasaron –sólo Trias, en un segundo intento y a rebufo de la crisis económica, logró su propósito–. Pero lo más curioso es el prestigio que esos personajes tuvieron en Madrid mientras disfrutaron de residencia en la capital. A fuer de liberales, casi nadie recordaba que, además de españoles, eran catalanes. Un encanto de gente, educada, amable, cordial, comprensiva y hasta solidaria. Lástima que nunca aceptaran –que nunca aceptara Pujol, mejor dicho– ese ministerio que con tanta insistencia les ofrecieron los distintos presidentes del Gobierno de España. Habría sido la guinda. Y he aquí que luego, con el tiempo y ya lejos de Madrid, fueron tornándose –excepto Molins, que abandonó la actividad pública– unos seres permanentemente agraviados, con un deje de rencor, como si hubieran sido víctimas de una estafa. A Trias ya le han oído –otra cosa es que también le hayan entendido– en estos últimos meses, alardeando de estructuras de Estado y proclamando la necesidad de rememorar, a costa del erario público, la derrota de 1714 –para cuyos fastos ha nombrado, por cierto, a una suerte de comisario político que se refiere al antiguo Mercado del Born, donde yacen algunos restos de la Barcelona anterior al bombardeo de Felipe V, como «la zona cero»–. Y ahora es Roca, uno de los padres de la Constitución y abogado en curso de una hija del jefe del Estado, quien se despacha a gusto en el Parlamento de Cataluña afirmando que no le merece ningún respeto la opinión que pueda tener el Tribunal Constitucional sobre la futura ley de consultas catalana. Es más, ni sobre esta cuestión ni sobre ninguna otra, porque el problema no está en quienes lo componen –sus miembros le merecen, asegura, todo su «respeto personal»–, sino en la institución misma. Desde la sentencia del Estatuto catalán, nuestro constitucionalista ya no cree en el Constitucional. A esto se le llama, en el mejor de los casos, no saber perder. O acaso todo se reduzca a un malentendido: el de haber otorgado a esos catalanes en Madrid –dejemos por el momento a Duran el beneficio de la duda– una liberalidad que nunca han tenido. Si algo tienen de bueno las crisis, incluso las institucionales, es que se llevan por delante todas las máscaras.

La creatividad sepultada

Resulta enternecedor imaginar a todos estos chavales escribiendo, sin límite alguno –es decir, sin códigos, sin falsillas, sin ataduras–, lo que les sale de sus adentros. Enternecedor y estimulante. Por fin la letra sin sangre entra. Y aunque el modelo surgió, al parecer, de un escritor radicado en San Francisco, su expansión por Europa ha sido obra de distintas ONG, empezando por una irlandesa y siguiendo por una inglesa, una italiana, una española, una sueca y una austríaca. Natural: lo que nació en la antigua meca de la contracultura ha terminado acogiéndose, en su singladura europea, a la fórmula organizativa más alejada de todo lo reglado. Por otra parte, no estamos muy lejos, en cuanto al modelo, de las escuelas o talleres de escritura. Sólo que aquí, en vez de una ristra de mujeres de todas las edades, tenemos como alumnos a jóvenes de ambos sexos de entre 8 y 18 años, esto es, aún escolarizados. Por eso la iniciativa se plantea como «un antídoto (...) contra el dominio imperante de la televisión y un sistema educativo que ha sepultado la creatividad bajo la caza frenética al resultado y al examen».

Sobra decir que la idea es excelente. Lástima que choque con la realidad. Al menos aquí en España. Porque ya me dirán qué antídoto puede suponer en un país que lleva casi tres décadas sometido a un sistema educativo que ha prescindido en gran parte de los exámenes y donde lo que menos cuenta son los resultados. Sólo faltaría, pues, que la iniciativa cuajara por estos lares. Lejos de constituir un antídoto, me temo que produciría una verdadera intoxicación.

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Ayer, mientras yo estaba comentando en esta misma página la primera parte de su destrucción nacional, Ferran Toutain escribía la segunda. Aquí la tienen. Y vendrán más.

Los ismos del nacionalismo

Mi amigo Ferran Toutain colgó hace unos días en su blog un post titulado «La destrucción nacional (1)» en el que sostiene que el nacionalismo –el catalán, en este caso– tiene como objetivo la destrucción de la cultura, en la medida en que rechaza y persigue toda expresión autónoma del pensamiento al tiempo que promueve, enaltece y premia el comunitarismo acrítico. Sin duda. Basta fijarse –como indica el propio Toutain– en lo que ha dado de sí, culturalmente hablando, la Cataluña autonómica. Pero lo que me interesa comentar aquí no es este aspecto de su reflexión, sino lo que la antecede. Tras constatar que los nacionalistas catalanes se ponen de los nervios cuando alguien se define ante ellos como catalanista y, sin embargo, no nacionalista, mi amigo se pregunta hasta qué punto el catalanismo no sería un fenómeno meramente cultural que el nacionalismo, fiel a su esencia destructora, quisiera liquidar a toda costa –no sin reconocer, claro, que en cada uno de los ismos pueden darse comportamientos dispares–.

Aunque yo no he tratado con nacionalistas caracterizados por esa beligerancia contra los catalanistas, es posible que Toutain esté en lo cierto. Al fin y al cabo, la vida le ha llevado a tener que convivir, durante mucho más tiempo que yo, con esos especímenes de la tribu. En una palabra, conoce el percal. Ahora bien, incluso admitiendo que esta sea la tendencia dominante, dudo mucho que el catalanismo pueda considerarse un fenómeno meramente cultural. Es verdad que nació como tal, hace ya más de siglo y medio, pero pronto se revistió de ideología. Pronto, detrás del cultivo de la lengua y la literatura catalanas, apareció la nación. La nación cultural. Y no es extraño que el propio vocablo, «catalanismo», pasara a designar desde fines del siglo XIX y hasta la misma guerra civil el movimiento político. O sea, lo que hoy llamaríamos «nacionalismo». Este último término, si bien podía hallarse de vez en cuando en las publicaciones afines, era entonces de uso restringido. El catalanismo lo incluía todo. De ahí que incluyera el separatismo, y de ahí también que sus partes más conservadoras se refugiaran a menudo en el término «regionalismo» para no verse identificadas con su versión más radical.

Pero todo esto cambió con el franquismo. Para ser precisos, con el tardofranquismo –y luego ya, claramente, con la transición–. El catalanismo siguió incluyéndolo todo, pero dentro de él empezó a emerger el nacionalismo. Si el catalanismo podía identificarse, grosso modo, con el antifranquismo –por más que el franquismo se hubiera nutrido también de alguna de sus partes–, el nacionalismo representaba la versión pura del movimiento, o sea, la que no tenía –ni quería, en apariencia– ataduras con la política española. La que no dependía de Madrid, en definitiva. Fuera del nacionalismo, encarnado en CIU y ERC, quedaban, pues, el PSUC y el PSC. Y fue este último partido el que más reivindicó –en los años en que lo dirigieron Reventós y Obiols, y más tarde con Maragall– su carácter catalanista. Precisamente para distinguirse de la CIU de Pujol, a la que aspiraba a suceder algún día –o eso proclamaban sus dirigentes– en la gobernanza de la autonomía.

Así, resulta de lo más natural que Artur Mas, cuando todavía era candidato a la Presidencia de la Generalitat, ideara aquel remedo de asamblea constituyente de lo que ha devenido la Cataluña oficial de nuestros días y lo llamara, precisamente, la Casa Grande del Catalanismo. Se trataba de pescar en aguas seguras y, para eso, nada como las del catalanismo. El PSC, que encabezaba en aquella época el Gobierno autonómico, no participó, por supuesto, en la operación. Pero sí algunos de sus miembros, como por ejemplo el actual consejero de Cultura, Ferran Mascarell. Los vasos comunicantes entre catalanismo y nacionalismo no sólo lo permitían, sino que incluso invitaban a ello. Y este proceso ha seguido hasta hoy.

Yo comprendo la desazón de mi amigo Ferran Toutain. Él desearía –y quiero creer que, como él, muchos más– una cultura catalana que pudiera expresarse en cualquiera de ambas lenguas oficiales, sin que por ello uno fuera tildado de amigo o enemigo de la patria. Pero las cosas son como son. Y hoy en día la cultura de expresión catalana –y parte de la que se expresa en castellano– constituye tan sólo un triste apéndice del nacionalismo –o del catalanismo, que para el caso es lo mismo–. Siempre y cuando, claro está, pueda ser considerada cultura.

De cómo un cronista puede volverse idiota

(Julio Camba, "Los admiradores son un peligro", El Sol, 14-3-1919 [gentileza de Francisco Fuster])

La conciencia del PSC

Antes la federación barcelonesa del PSC era mucha federación. Pregúntenselo, si no, a los Maragall. Cuando el mayor era alcalde de Barcelona y el menor, hermanísimo entre bastidores, no hubo comicios municipales en los que el aparato local del partido no acabara imponiendo en las listas unos cuantos nombres de elección segura. A pesar de los Maragall, claro, que no los querían ni regalados. Eran los tiempos en que la federación estaba presidida por Joan Ferran, capitán entre capitanes. Con todo, el conflicto no iba más allá de los asuntos de colocación. Esto es, la elaboración de las listas y los órganos rectores de la federación. En todo lo demás mandaban los hermanos. Para entendernos, hubiera resultado inconcebible que en el grupo municipal unos votaran blanco y otros negro. Y no digamos ya que el disidente fuera el propio cabeza de lista. Ahora las cosas han cambiado. Ahora es posible que el líder del grupo municipal socialista vote en contra de lo que votan sus compañeros de escaño, o que se ausente de la votación, como el pasado miércoles, para no verse en el aprieto de tener que oponerse con su voto a lo que le dicta, según asegura, su conciencia. Es verdad que esa disparidad se da tan sólo cuando lo que se vota es algo relacionado con el mantra del derecho a decidir. Pero se da, y constituye a estas alturas un ejemplo más de la vorágine en la que va hundiéndose, día a día, lo que queda del PSC. Por lo demás, en eso Jordi Martí, el actual líder del grupo municipal socialista, no hace sino seguir el camino trazado por sus mentores: el consejero de Cultura, Ferran Mascarell, a cuyas órdenes trabajó en el Instituto de Cultura, y el exdirector del CCCB e intelectual orgánico del maragallismo, Josep Ramoneda, para quien Martí realizó labores gerenciales en el propio CCCB. Lo que evidencia, por cierto, en qué ha parado la antaño moderna y cosmopolita cultura de izquierdas catalana, llamada a salvarnos del rancio y provinciano nacionalismo convergente: en un apéndice de este último. Y ni siquiera del primigenio, que aún conservaba algún decoro, sino de su grotesca y alucinada derivación.

(ABC, 27 de julio de 2013)

Doble velocidad

A expensas de lo que acabe desvelando la caja negra del tren o de lo que pueda aportar el propio maquinista en el interrogatorio al que va a ser sometido hoy mismo, parece que el trágico accidente de Santiago se debió a un error humano. Y ahí duele –más allá del dolor que todos sentimos por las víctimas y sus familiares–. Porque si algo parece difícilmente mejorable es la especie. Según ha trascendido, el conductor del tren –un hombre experimentado, con muchos años de servicio– dio negativo en el test de alcoholemia. No existe, pues, razón ninguna que permita entender por qué el maquinista tomó aquella curva a más del doble de la velocidad prescrita. Aparte de la que indica, claro, que al hombre le gustaba correr y se le fue la mano. Todos hemos subido alguna vez a un taxi, preferentemente nocturno, que nos ha llevado por las avenidas y las calles de la ciudad como si aquello fuera el circuito de Monza. O incluso a un autobús metropolitano de esos que toman las curvas derrapando, para desespero de los viajeros, en especial de la tercera edad. En semejantes casos uno tiene siempre la opción de interpelar al conductor, cuando no directamente la de pedirle que pare y bajarse. Pero, en un tren que, por lo demás, es normal que corra en determinadas partes del trayecto, ¿qué puede hacer un viajero? Ante la tragedia, ha habido ya quien ha procedido por elevación a la hora de buscar responsables. ¿Cómo es posible que alguien así pueda conducir un tren? Pues es posible, claro, como lo es en cualquier otro medio de transporte público, por más que en el proceso de selección y formación del personal se hayan tomado cuantas medidas parece aconsejable tomar. La pregunta, en realidad, debería ser otra: ¿cómo puede evitarse el error humano? Pues sólo mediante el perfeccionamiento de los sistemas de seguridad, o sea, mediante la inversión en ciencia y tecnología. Y, aún así, nunca se evitará del todo, por desgracia.

Dando guerra

La figura de Alfonso Guerra es consustancial a la política española contemporánea. Ante todo, por su longevidad parlamentaria. Guerra es el único diputado que ha estado presente en los bancos del Congreso, sin interrupción ninguna, desde las primeras elecciones legislativas de 1977. Ha estado, pues, la friolera de diez legislaturas seguidas. Pero es que, además, si bien dejó de ser en 1991 –a raíz de su dimisión como vicepresidente del Gobierno de resultas del escándalo de corrupción en el que se vio envuelto su hermano Juan– el hombre todopoderoso y temible que tan bien retratara, en su ridiculez, Jorge Semprún en Federico Sánchez se despide de ustedes, nunca ha perdido esa labia llena de cinismo y a medio camino entre lo zafio y lo graciosillo que hace las delicias de sus correligionarios cuando se trata de machacar al rival político y que atrae, como la sangre a los tiburones, a los chicos de la prensa. Ayer mismo volvió a soltarse, por más que en este caso la víctima fuera un correligionario y sus palabras pudieran interpretarse incluso como un signo de respeto. Pero declarar que «debe haber algo que le afecta muy personalmente» para justificar que José Antonio Griñán vaya a abandonar a finales de agosto la Presidencia de la Junta de Andalucía es no decir nada y decir mucho a un tiempo. Sobre todo cuando a continuación se añade, en relación con la posible incidencia del caso de los ERE en la decisión de Griñán: «Yo no lo sé, él dice que no», en vez de contestar, rotundo, como haría un verdadero correligionario, que si él dice que no, es que no, que quién va a dudar, a esas alturas, de la honradez del compañero Griñán.

En la lengua de Alfonso Guerra hay siempre una reserva de veneno. Y justo es reconocer que el hombre la administra como nadie.

Con Albert Rivera

La semana pasada estuve con Albert Rivera. En un hotel de Palma, mirando al mar. El presidente de Ciutadans se había acercado a la isla a dar una conferencia, invitado por la Fundación Círculo Balear, y unas doscientas personas fuimos a escucharlo. Habló muy bien, como acostumbra. Con claridad y convicción. Y, en ocasiones, hasta estuvo brillante. Rivera vino a hablar de España. De la España de hoy, vieja, aletargada y consumida por toda suerte de achaques, y de la de mañana. Sobre esta última dijo un par de cosas, importantes. La primera, que no puede funcionar como la de hoy, conforme a los mismos parámetros, en todo lo que concierne a la cosa pública. La segunda, que sólo puede surgir del impulso de los ciudadanos, de la sociedad civil bien entendida, esto es, de la que se moviliza por el bien común sin que medie subvención alguna. Una vez convertido este impulso en movimiento, lo de menos será encauzarlo y darle forma para que participe en política. Como nos hallábamos en Palma y allí no existe Ciutadans, alguien le preguntó por el cómo. Él insistió en la fórmula y repitió que lo demás, como pasó con Ciutadans en Cataluña hace ocho años, se daría por añadidura. Sí, le dijeron, pero qué pasa con UPyD, ¿es la solución? Lo es y no lo es, respondió. Lo es en la medida en que defiende unos principios de regeneración muy parecidos a los de Ciutadans, y no lo es porque lo hace desde una estructura de partido profundamente encorsetada que rechaza cualquier propuesta de colaboración con otras fuerzas afines. Es decir, lo contrario a un amplio movimiento ciudadano.

Yo estoy con Albert Rivera. Y creo que su tarea debería centrarse en lo sucesivo en la política española y ejercerse primordialmente allí donde reside la soberanía nacional. Lo que no significa en modo alguno abandonar a los ciudadanos de Cataluña a su suerte, sino, al contrario, defenderlos del único modo en que pueden ser defendidos: como ciudadanos españoles que son, libres e iguales ante la ley.

El parte regional

O sea que todavía nos queda, por lo menos, un año de campaña. Y a eso lo llaman gobernar. Señor, qué cruz.

De mierda

¿Qué habría ocurrido si Juan Carlos Gafo, a la sazón director adjunto de la Marca España, hubiera escrito el pasado viernes en Twitter, tras contemplar la pitada al himno nacional español en la ceremonia inaugural de los Mundiales de Natación, «Independentistas catalanes de mierda, no se merecen nada», en vez de escribir, como realmente escribió, «Catalanes de mierda, no se merecen nada»? ¿Habría sido destituido igualmente de su cargo por el ministro García Margallo? ¿Se habría armado la que se armó? Quién sabe. El insulto habría seguido estando, sin duda, fuera de lugar, pero por lo menos habría dejado al margen a la mayor parte de los catalanes –aunque no, cierto es, a los que, aun siendo independentistas, no habían ni hubieran participado en la pitada–. En cualquier caso, y más allá de la contención que cabe exigir a todo cargo público, el problema de esa clase de expansiones está siempre en la sinécdoque. Como con el famoso «Espanya ens roba» que los diputados de la fenecida Solidaritat per la Independència Uriel Bertran y Alfons López Tena usaban cada dos por tres en el Parlamento de Cataluña durante la anterior legislatura y que la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert, a instancias del entonces subgrupo de Ciutadans, les conminó a abandonar. Que España les robe a los catalanes es, ante todo, un imposible lógico. Pero, admitiendo incluso la disociación –el «Cataluña ante España» acuñado nada menos que por Ernesto Giménez Caballero en un ya lejano 1930–, está claro que una cosa son las balanzas fiscales de un Estado autonómico y el disenso que pueden generar la forma de calcularlas y los consiguientes mecanismos de compensación y solidaridad interterritorial, y otra cosa muy distinta que los españoles les roben a los catalanes. En España no hay más ladrones con mayúscula que los implicados en las tramas Gürtel y de los ERE, los Bárcenas, los Millet, las fundaciones vinculadas a CIU, o los evasores de impuestos. O sea, unos cuantos ciudadanos –demasiados en todo caso– que roban a la inmensa mayoría. Ni hay más catalanes de mierda –demasiados en todo caso– que los que no sienten el mínimo respeto por los símbolos del conjunto de los españoles.

No fue estéril la muerte de la literatura catalana medieval

(El conde de Casa-Dávalos [Martí de Riquer], "La crítica falseada", Destino, 18-9-1938)



(Casa-Dávalos [Martí de Riquer], "Poetas aislados", Destino, 22-10-1938)

2014-2020

El activismo independentista catalán no descansa. Se comprende: en algo ha de gastar nuestro dinero esa gente. Son tantas las asociaciones y fundaciones nacidas al amparo del nacionalismo que lo normal es que no pase día sin que tengamos noticia de alguna nueva iniciativa surgida en el sector. No en vano todos esos apéndices del poder reciben una partida del presupuesto público para sus gastos de funcionamiento y otra para cada una de las actividades que organizan, por lo que cuantas más actividades promuevan, más dinero ingresarán. La última ocurrencia conocida cuenta con el respaldo de once entidades. Y lleva como lema de campaña: «Si no hay Cataluña 2014, no puede haber Madrid 2020». O sea, si el Gobierno del Estado no permite que el de Cataluña convoque un referéndum, los Juegos Olímpicos de 2020 no pueden celebrarse en Madrid. Porque la campaña tiene precisamente como objeto impedir «por todos los medios» que la capital de España sea designada en septiembre sede olímpica. Y, para ello, esas entidades han dirigido una especie de carta pública —en catalán e inglés, por supuesto— al presidente del COI, Jacques Rogge, en la que le informan de que «la situación se ha vuelto insostenible», toda vez que «el Gobierno del PP (…) ha emprendido una ofensiva en todos los órdenes dirigida a poner fin definitivamente a las aspiraciones catalanas». Lo curioso es que la carta, si bien se presenta como una petición, es meramente informativa. Ni siquiera contiene una demanda expresa a su destinatario para que interceda ante los miembros de la candidatura y, en último término, ante las autoridades políticas españolas a fin de que permitan la celebración de una consulta. Se trata, a lo sumo, de un memorial de agravios, de una rabieta. Eso sí, trufada de amenazas. Y aunque no parece que en el mes y medio que falta para que el COI tome su decisión vayan a ser capaces de presionar a nadie, algún numerito montarán, seguro. Al fin y al cabo, están obligados a gastar el dinero antes de que venza el año, que esas partidas del presupuesto no se prorrogan. ¿O sí? En la Administración catalana todo es posible ya.

(ABC, 20 de julio de 2013)

Nápoles y las mujeres

Traía el otro día Le Monde un artículo de su corresponsal en Roma, Philippe Ridet, en el que se exponían las dificultades por las que pasa el actual propietario del club de fútbol Nápoles, Aurelio de Laurentiis —productor de cine, como su tío Dino—, a la hora de fichar jugadores. El problema no es, al parecer, el dinero. No, de eso hay a espuertas, y más teniendo en cuenta que el club acaba de vender a su estrella, el uruguayo Cavani, por un fortunón. El problema son las mujeres. Las mujeres —esposas o novias— de los futbolistas que De Laurentiis pretende fichar. Se niegan a ir. Dicen que la ciudad no es segura. Que los robos en hoteles, apartamentos y en plena calle constituyen el pan de cada día. Y que, puestos a escoger un blanco fácil, los delincuentes tienen tendencia a fijarse en ellas y sus familias. Ante estos argumentos, los jugadores, según admite el propio De Laurentiis, se echan atrás y el traspaso no se realiza. Aun así, salta a la vista que no todos los jugadores ni todas las mujeres que les acompañan reaccionan igual. Los españoles, por ejemplo, y las suyas. El Nápoles ha fichado este verano a dos futbolistas del Madrid, Callejón y Albiol, sin que las mujeres de uno y de otro se hayan opuesto a la operación. O sin que, como mínimo, hayan logrado impedirla. Eso, claro, si oposición ha habido. Porque tampoco cabe descartar que las cosas hayan ido de forma distinta y hayan sido las mujeres de los futbolistas quienes hayan insistido en cambiar de ciudad, de ambiente y de vida ante la reticencia de sus parejas. Lo único descartable es que no hayan intervenido.

El mito de la ciudadanía

El mito de la ciudadanía.

El regreso del hijo pródigo

Resulta enternecedor ese homenaje que el presidente Mas y sus derviches culturales le organizaron ayer por la tarde al cómico Flotats en el mismísimo Teatre Nacional de Catalunya. Cierra el círculo, sin duda. ¿Cómo podía lanzarse este país a la aventura de conmemorar el tricentenario de sus desgracias sin haberse congraciado antes con el hijo pródigo de su teatro, siendo como ha sido el teatro –Boadella y Els Joglars aparte– la espina dorsal de la cultura del nacionalismo? Pues ya está, Flotats ha vuelto al redil. Y ha vuelto victorioso, aclamado, venerado, idolatrado por muchos de los que hace quince años se frotaban las manos con su defenestración, al tiempo que aplaudían al consejero Pujals por su valentía, por haberse atrevido a echar del templo faraónico a su director-fundador –que así había mandado Flotats que se le identificara en toda ocasión–. Allí estaba, por ejemplo, el matrimonio Pujol, al que la trifulca entre el cómico y el consejero escindió, dado que la reina Ubú era por entonces la gran valedora del primero, mientras que el Rey, que también se derretía con las gracias del afrancesado, tuvo que inclinarse finalmente ante los argumentos del segundo, quien vino a decirle en pocas palabras que el presupuesto del Teatre Nacional, de aprobarse, iba a llevar al Gobierno de la Generalitat a la bancarrota. Y allí estaba, asimismo, el consejero Mascarell, muy socialista en aquella época y casi casi partidario de la demolición del templo. Y allí estaban, cómo no, todos los estómagos agradecidos de la farándula, desde el más dilatado al más encogido, vitoreando al ídolo, como si nunca lo hubieran maldecido y siempre hubieran deseado, por el contrario, su vuelta. Quien no estaba, claro, era Joan Maria Pujals, el otrora consejero. Para qué. Además, el hombre, tras fundar el Institut Ramon Llull y presidirlo en sus primeros tiempos, abandonó la política y se metió en los negocios. Algo sucios, por lo demás, pues no hace mucho se veía obligado a declarar en un juzgado de Palma de Mallorca por haber actuado de intermediario en el amaño de un concurso público organizado por la antaño todopoderosa y hoy archiimputada Maria Antònia Munar. ¡Ay, la vida. qué homenajes tan distintos depara!

Palma de MallorcaLa ciudad abierta

En el resto de la isla todavía hay quien la llama «Ciutat». Se trata de una reminiscencia y, en tanto que reminiscencia, de algo significativo. El término remite a la Ciutat de Mallorques de los tiempos de Jaime I y de sus sucesores. Pero, más allá de la historia, refleja a las mil maravillas la contraposición entre ciudad y campo, entre la capital y la llamada «part forana», entre Palma y lo que la envuelve y la complementa, incluso en su denominación oficial. Porque Palma de Mallorca es mucha Palma. El municipio concentra casi la mitad de la población de la isla —407.000 habitantes sobre un total de 876.000—, y lo que queda fuera de él alcanza raramente la condición de importante núcleo urbano. De ahí que, para el mallorquín de la parte foránea, Palma sea, a un tiempo, motivo de atracción y de repudio, de orgullo y de desprecio, de amor y de odio. Como todo lo que destaca y merece en verdad la pena.

Pero si Palma es mucha Palma, también son muchas Palmas. La cercada por las antiguas murallas y la que creció tierra adentro, hace ya más de un siglo, cuando aquellas fueron derribadas; la ciudad alta y la baja, delimitadas por el viejo cauce de la Riera, ocupado hoy por La Rambla y el Born; la monumental, concentrada básicamente intramuros, y la más o menos deforme, hija del «desarrollismo» de los sesenta y del primer «boom» turístico; la provinciana y la cosmopolita; y, en fin, la del frío y la del calor. Porque, con la llegada de la primavera, la ciudad experimenta una verdadera mutación, como si estuviera aguardando a que la luz del sol prolongue su presencia para ofrecerse de par en par. Entonces todo invita a perderse por su vasto casco antiguo, remodelado en las últimas décadas por la iniciativa pública y privada, con sus callejas medievales, sus patios renacentistas y barrocos, sus enormes palacios convertidos en residencias y hoteles de lujo, sus acogedoras plazuelas, su variada gama de iglesias y hasta su media docena de inaccesibles conventos de clausura. O a recorrer el inacabable paseo marítimo, bañado por la brisa y presidido, en su eje mismo, por esa imponente catedral gótica —la Seu, para los lugareños— que se alza majestuosa frente al mar.

Claro que nada como el verano para contemplar la ciudad en ebullición, sometida a toda clase de apetitos. Empezando por el de ese turismo que algunos han bautizado como «diesel» —al parecer, anda mucho y gasta poco— y que supone, aun así, el principal sustento de la isla; pasando por el de la otrora afamada «jet» y acabando por el de los propios palmesanos, que no desaprovechan, con la caída de la tarde, la ocasión de solazarse en una terraza cualquiera de las muchas que pueblan el lugar. Eso cuando unos y otros no optan por acercarse a la playa, siempre a mano, o por subir hasta el castillo de Bellver y abrazar con la mirada esa perla del Mediterráneo a la que los romanos pusieron, hace ya un montón de siglos y a saber por qué, el nombre de Palma.

A tiro hecho

Un barrio. El de Santa Catalina. Con el mercado como epicentro, constituye un espléndido concentrado de gastronomía y ocio que los residentes extranjeros han ido colonizando poco a poco.

Unas delicias. El steak tartare de la Bodeguita del Centro o las croquetas de sobrasada y el atún rojo con sésamo de La Poule Toquée. También las exquisitas tapas de Canela y Gaudeix.

Unas citas. Sa Llonja, Es Baluard, el fondo Anglada-Camarasa del Gran Hotel, el de arte contemporáneo de la Fundación Juan March y las dos buenas librerías de la ciudad, La Biblioteca de Babel –con su oferta añadida de vinos– y Literanta.

El delirio socialista

Parece que esta tarde empezarán a debatirse y a votarse en el Congreso de los Diputados las enmiendas a la totalidad del texto de la Lomce presentadas por los distintos grupos parlamentarios y políticos –todos excepto el Foro Asturias y UPN y, como es natural, el Popular–. Las razones aducidas para pedir la devolución del texto difieren según los grupos, pero las más llamativas son, sin duda, las del Socialista. En primer lugar, porque se trata del máximo responsable –en connivencia con la izquierda extrema y los nacionalismos– de la destrucción del sistema público de enseñanza en España. Y, luego, por las razones mismas a las que ha recurrido el grupo parlamentario para justificar su enmienda a la totalidad. Tres simples muestras. «El proyecto de ley es una norma profundamente ideológica». Asombroso. Como si las leyes educativas socialistas –todas las que han tenido efecto en democracia, esto es, Lode, Logse y Loe– constituyeran un dechado de asepsia en el que no han hallado cobijo ni gérmenes ni microbios ideológicos. «Rompe con el pacto educativo» –o sea, con el consolidado a partir de 1985 con la Lode–. Extraordinario. Los socialistas llaman pacto a lo que acuerdan por su cuenta y riesgo, y apelan a él, claro está, cuando otros obran del mismo modo. Y en fin, según ellos, el proyecto de ley instaura «un modelo basado en el darwinismo social». Impresionante. El cultivo del esfuerzo, el fomento del mérito y la aspiración a la excelencia persiguen, a su juicio, la eliminación –¿física, tal vez?– de los menos capaces. Decididamente, el delirio de esta gente no tiene fin.

O de una mujer

Acostumbro a leer las reseñas de Anna Caballé en «ABCD», el suplemento cultural del diario Abc. La costumbre, no hace falta decirlo, tiene su porqué. Caballé suele ocuparse de ensayos biográficos o autobiográficos, una rama de la literatura en la que es una verdadera experta y por la que yo siento, desde hace tiempo, un interés enfermizo. Además, resulta que sus reseñas no sólo revelan su dominio del género, sino que encima están muy bien escritas. En definitiva, leerlas constituye siempre un placer. Pero Caballé es también una mujer preocupada por su condición, es decir, por la condición de la mujer, lo que la lleva a introducir a menudo en sus trabajos comentarios relacionados con esa cuestión. El pasado sábado, por ejemplo, a propósito de las memorias del editor Bennett Cerf, fundador de Random House, recurrió en su reseña a una frase que Steinbeck había mandado escribir en una pitillera de plata: «La mente solitaria de un hombre es el único órgano creativo del mundo». Pero no la reprodujo tal cual, sino así: «La mente solitaria de un hombre [o de una mujer] es el único órgano creativo del mundo». Comprendo que a Caballé ese hombre de Steinbeck le pareciera demasiado masculino. O demasiado genérico, gramaticalmente hablando. Por eso habría yo encontrado de lo más natural que la reseñadora, fiel a sus principios, hubiera añadido a continuación un comentario, para que no existieran dudas acerca de la posibilidad de que esa mente solitaria fuese ya, en tiempos de Steinbeck, la de una mujer. Pero, al optar por el inciso entre corchetes en la propia cita, sus palabras aparecen como una intromisión en el pensamiento del escritor norteamericano, como un reproche incluso, como si estuviera diciéndole a Steinbeck: «Oye, majo, que en la pitillera te has olvidado a la mujer». Porque lo que no me cabe en la cabeza es que Caballé obrara así para evitar que su lector –o su lectora, claro– se confundiera al interpretar la cita.

Con ese paso, un poco ilógico e indeciso, de los concentrados

(Ernesto Giménez Caballero, "Visitas literarias. D. Ramón Menéndez Pidal", El Sol, 27-11-1925)

Favelas catalanas

Cuando vi la foto de Artur Mas y de su lugarteniente Felip Puig, sincorbatados, en la favela de Cantagalo, atendiendo a lo que deduje que serían las explicaciones de algún voluntario o parafuncionario local, no pude por menos de preguntarme qué diantre hacían esos dos en una favela. O sea, qué intereses puede tener el Gobierno de la Generalitat –pues se trataba de un viaje oficial, creo recordar– en semejante arrabal de Río de Janeiro. ¿Una inversión futura? Difícil, dado el contexto económico. ¿Un proyecto de cooperación de aquellos que al ínclito Josep-Lluís Carod-Rovira, en su época de vicepresidente catalán y ministro plenipotenciario, le permitían dar la vuelta al mundo llevando la buena nueva del bilingüismo –o sea, de la necesaria y justísima coexistencia de las lenguas nativas y de la imperial, así en la calle como en la escuela–, mientras negaba en Cataluña una cohabitación parecida entre las dos lenguas oficiales de la Comunidad? Tal vez. Pero, aun así, para lenguas nativas, mejor las del Amazonas, ¿no? Total, que me puse a buscar una explicación y, buscando buscando, di con la muy precisa crónica de Miguel Noguer en «El País» en la que se me informaba de que ni lo uno ni lo otro, de que Mas y Puig estaban donde estaban para apoyar con su presencia un proyecto social para jóvenes patrocinado por Gas Natural. Estupendo, claro, aunque el proyecto hubiera podido prescindir perfectamente de su visita. ¿Entonces? Pues el catalanismo. Es decir, el Barça. El presidente de la Generalitat regaló a los alumnos camisetas del club con el nombre de Neymar y segundas equipaciones con la señera. Y hasta les animó a gritar, después de explicarles el significado de la cuatribarrada, un «¡Visca Catalunya!», ante la estupefacción de los chavales. Pero eso no fue lo peor. Y es que, en su afán por demostrar que Cataluña posee estructuras de Estado, por lo que puede parangonarse, pongamos por caso, con un país como Brasil, les soltó a los reunidos: «Nosotros también tuvimos nuestras favelas». Sólo le faltó añadir –suponiendo que no lo hiciera–: «Pero la culpa fue de España».

(ABC, 13 de julio de 2013)

El riesgo insurreccional

Sostiene el historiador Joaquim Coll que existe un riesgo insurreccional en España. Por supuesto, quienes van a alzarse contra el orden constititucional no son las huestes de Sánchez Gordillo –aunque ya les gustaría, ya, dado el número de fincas y supermercados que podrían quedar, en tal caso, a su merced–, sino la Cataluña gobernada por CIU con el apoyo de ERC. Y ello va a suceder, sí o sí, el año próximo, a rebufo del desparrame sentimental que acompañará los fastos del tricentenario de 1714. Según Coll, «toda la política nacionalista se dirige hacia ese objetivo y ha desarrollado una lógica discursiva que consiste en afirmar que hay una incompatibilidad manifiesta entre la democracia, entendida como la voluntad del pueblo, y la Constitución». Cierto. Ayer mismo, sin ir más lejos, cuando el Tribunal Constitucional (TC) acordó mantener la suspensión de la declaración soberanista del Parlamento autonómico y desestimar, por lo tanto, el recurso presentado por los letrados de la Cámara catalana, las reacciones de los futuros insurgentes no se hicieron esperar. Así, el portavoz parlamentario de CIU, Jordi Turull, declaró que «no se puede suspender ni anular la voluntad de un pueblo», mientras que su homóloga de ERC, Marta Rovira, acusó al TC de aplicar «criterios politicos» y no jurídicos. Y, por si no bastaba con lo anterior, el propio presidente de la Generalitat afirmó desde Brasil que «ya contaba con ello, porque es el Tribunal Constitucional». Más claro, agua.

Suerte que entre ellos también hay divisiones. Y, si no, lean lo que dijo ayer Guardiola de Rosell.

La cólera de Dios

Por supuesto, Esperanza Aguirre tiene todo el derecho del mundo a decir lo que piensa. Es más, está muy bien que exprese su indignación, hasta su cólera, ante unas revelaciones como las que Bárcenas administra a su antojo y que implican a la dirección de su propio partido en un caso de lesa corrupción. Y no sólo eso: está muy bien que exija a esa dirección de la que aún forma parte que reaccione, que no mire para otro lado, que diga qué sabe –porque algo ha de saber– de todo lo que está saliendo a la luz y que le afecta. Pero, al margen de ello, su postura resulta cuando menos sorprendente, por no decir insolidaria. Y no por aquello de lavar los trapos sucios en casa o por aquello de la imprescindible lealtad al partido. Aguirre –lo han recordado estos días algunos correligionarios– fue la máxima responsable del PP en Madrid y la presidenta de la propia Comunidad cuando estalló el llamado caso Gürtel, que salpicó de entrada a unos cuantos diputados populares en la Asamblea. Pero, sobre todo, Aguirre abandonó la Presidencia de la Comunidad cuando vio acercarse la tormenta. La de la crisis económica, en este caso, o sea, la de los ajustes y los recortes. Cuando se dio cuenta de que ya no podría gastar como lo había hecho hasta entonces y con la alegría de entonces, dejó el timón en manos de su segundo, Ignacio González –lo que significaba dejarle también el marrón–, y anunció que volvía a su plaza de funcionaria. Luego fichó por una empresa privada, con lo que parecía consumar ese alejamiento definitivo. Pero pronto se vio que no estaba dispuesta a dejar la política. Se mantuvo en su cargo de presidenta del PP en Madrid y desde allí ha seguido terciando en cuantas cuestiones le ha apetecido terciar. Está muy bien, insisto, pero los toros –esos toros que tanto le gustan–, hay que lidiarlos en la plaza, no verlos desde la barrera.

En estado de encuesta

A juzgar por lo recogido en unos cuantos medios, todos los españoles que leen son socios de la Fnac. Vaya, que si usted no es socio de la Fnac y, aun así, se considera comprador y lector de libros —lo que no siempre va de consuno, por cierto: hay compradores que no leen y lectores que no compran libro alguno—, hágaselo mirar, porque o bien no es usted español o bien lo que usted se lleva entre manos nada tiene que ver con el vicio impune del que hablara Valéry Larbaud. Vivimos en estado de encuesta. No pasa día sin que aparezca alguna, a propósito de cualquier actividad, costumbre u opinión que nos afecte. Por supuesto, en la medida en que se trata de encuestas, hay que coger sus resultados con pinzas. Incluso si la muestra resulta de lo más representativa. Pero lo que no es de recibo es que un trabajo de esta naturaleza confunda a los 1.100 socios de la Fnac con el conjunto de los españoles que todavía conservan el hábito de leer. Ah, y aún habría que ponerse de acuerdo sobre qué entiende cada uno de estos socios por leer. Pero eso sería ya otra encuesta. O sea, vuelta a empezar.

Los activistas judiciales

Hablaba ayer José María Ruiz Soroa del activismo judicial que nos invade. O sea, de la tendencia de los jueces españoles a dictar resoluciones y sentencias no tanto en relación con una reglas definidas, las contenidas en el ordenamiento legal, sino conforme a unos estándares más genéricos, más imprecisos, dependientes en último término de su propia ponderación de los hechos. Como ejemplo, ponía Ruiz Soroa el de determinados jueces en relación con los desahucios. Sin duda. Pero no sólo, claro. Aun siendo de naturaleza muy distinta, hay otro caso de activismo judicial de lo más singular. Me refiero al del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno. Este hombre lleva ya unos cuantos meses dándole al tema de la unidad del Estado como un poseso. Y lo curioso es que un día le parece insoslayable y otro de lo más maleable. Es decir, «interpretable», como recordó este fin de semana en RTVE. ¿Y el artículo 2º de la Constitución, entonces? Mal, gracias.

¡Premio!

O sea, que la cosa iba en serio. No sólo el propósito de Carles Duarte, presidente del CoNCA (Consell Nacional de la Cultura i les Arts) —esa parodia del Arts Council británico que el consejero Mascarell alumbró en su etapa socialista y a la que dio la vuelta como a un calcetín, para convertirlo en un instrumento de su política, en su retorno a la consejería como paladín del Estado nuevo—, sino también el beneplácito de las alturas. O sea, del propio Mascarell y, en último término, del Mas a secas. 2013 será recordado como el año en que un escritor catalán en lengua castellana se alza por primera vez con un Premio Nacional de Cultura otorgado por la Generalitat. Por lo demás, que ese escritor sea Eduardo Mendoza y no Juan Marsé, Juan Goytisolo o Ana María Matute —por poner los otros tres nombres que salen siempre en estos casos en las quinielas— no debería tampoco mover a sorpresa. Amistades aparte, a alguno tenía que tocarle la china. Ahora sólo falta que el premiado, en consonancia con la alta responsabilidad que le confiere un galardón de este calibre, aproveche la ocasión para reivindicar un trato justo y paritario para quienes, en Cataluña, recurren al castellano como medio de expresión. Y no sólo en el campo literario. También en lo que atañe a la imagen institucional, a los medios de comunicación, a las ayudas y subvenciones públicas, al mundo socioeconómico y, por supuesto, al sistema educativo. Quienes llevamos años esperando ese momento le estaremos eternamente agradecidos.

Existe el mal, existe el peligro de contagio

(Wenceslao Fernández-Flórez, "La tranquilidad como profilaxia", Blanco y Negro, 4-1-1920)

La necesidad de una ley

Les hablaba aquí la pasada semana, a raíz de la marcha atrás del ministro Wert en su propósito de reformar en profundidad el actual sistema de becas, del quiero y no puedo a que nos tenía ya acostumbrados el Gobierno en materia educativa —y en otras muchas, sin duda, pero eso ahora no viene a cuento—. Y concluía mi artículo afirmando que, una vez más, la casa iba a quedar sin barrer. Sigo opinando lo mismo, por supuesto, pero no quisiera que mis palabras pudieran interpretarse como un rechazo a la Lomce. Sea cual sea el desenlace del trámite parlamentario recién iniciado, y excepto en el caso, harto improbable, de que acabe prosperando alguna de las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición, lo que saldrá de las Cortes será una nueva ley. «Nueva», porque en buena medida distinta de las anteriores; no «nueva», porque una más —como ocurría, por ejemplo, con la Loe respecto a la Logse—. Y es ese carácter radicalmente novedoso de la Lomce lo que provoca esa unanimidad opositora en el rechazo parlamentario y en la exigencia de devolución del texto, lo que explica que ningún grupo se avenga siquiera a negociar en parte su articulado y lo que le confiere, en definitiva, su importancia. Si bien se mira, no existen más que dos modelos de enseñanza: el tradicional, de matriz liberal, y el autocalificado como renovador, de matriz socialista. El uno pone el acento en el alumno, en sus capacidades, y en el papel que la transmisión del conocimiento tiene en su proceso de formación; el otro lo pone en el grupo, en su imprescindible cohesión, y en el papel de la escuela como mecanismo igualador. El uno apuesta por el esfuerzo y por el mérito, esto es, por los resultados; el otro, por el amor y la convivencia, esto es, por las intenciones, buenas o malas. Este último modelo es el único que hemos tenido en democracia y el que nos ha llevado a la ruina. Ya va siendo hora, pues, de que le demos una oportunidad al primero, por muy incompleta que pueda parecernos su actual concreción en la nueva ley. Es el que funcionó en España en el pasado y el que funciona allí donde está vigente. Y lo más importante: no existe otro recambio.

(ABC, 6 de julio de 2013)

Adhesiones inquebrantables

Francamente, no entiendo a qué viene tanto revuelo con la decisión del ministro de Propaganda catalán de crear un «fichero de datos de carácter personal» llamado «Adhesiones a propuestas impulsadas por el Gobierno de la Generalitat». Hay quien duda de la legalidad de la medida y hasta quien ha insinuado que podríamos hallarnos en la antesala de un Gran Hermano. No veo por qué. Lo que ha hecho Homs es una suerte de reclutamiento y, en la medida en que este reclutamiento tiene carácter voluntario, nada hay que decir. Al fin y al cabo, la Generalitat ya dispone de otro fichero: el de las asociaciones, fundaciones y organizaciones de toda laya a las que amamanta con dinero público. Todos estos organismos tienen a sus representantes y, por supuesto, a sus socios y afiliados, y no me extrañaría lo más mínimo que el ministro dispusiera ya de esa información, cuando menos en parte; no en vano el catalanismo se caracteriza por su capacidad de réplica y de duplicado, lo que significa que un mismo individuo puede ejercer un cargo público y, a un tiempo, presidir una organización y formar parte de la junta de una asociación y del patronato de una fundación. Pero, claro, siempre hay militantes de la causa que no aparecen en las listas y es lógico que los gobernantes de una región que aspira a convertirse en Estado quieran saber de qué mimbres disponen —no vaya a suceder, pongamos por caso, que estos mimbres son muchos menos de los que imaginan—.

El problema del mencionado fichero viene con el resto. Es decir, con los que no se apunten. ¿Podemos dar por sentado que el Estado independiente se la suda? ¿O que incluso les produce una real urticaria? Podemos, pero sólo hasta cierto punto. Siempre habrá algún simpatizante de la causa nacionalista al que no le guste figurar en las listas. Y luego están los indecisos —para entendernos, la gran mayoría de los menguantes votantes y compañeros de viaje del PSC—. Y los pasotas. O sea, un colectivo de lo más variopinto.

Claro que entre los inscritos también pueden darse sorpresas. Porque, tal como está el patio en Cataluña, es muy probable que algunos se apunten únicamente con la esperanza de encontrar trabajo y luego, llegada la hora de la verdad —o sea, la del voto en una hipotética consulta—, cambien el «sí» por el «no». Y es que uno ya no puede fiarse ni del vecino.

Más bofetadas

El otro día les hablaba de las 18 bofetadas cinematográficas que aparecían en un vídeo de una llamada Associació de Docents de les Illes Balears y de la intervención del Instituto de la Mujer de la misma Comunidad pidiendo la retirada de la cinta porque dos de los bofetones tenían como agresor a un hombre y como víctima a una mujer. Pues bien, hoy nos desayunamos con otra bofetada, la que un padre de Aragón propinó a una hija adolescente y por la que la Fiscalía le pide un año de cárcel y tres de alejamiento de la menor. Al parecer, la chica, presa de un ataque de histeria porque su padre se negaba a pagarle la reparación de un teléfono móvil, le había insultado y la había emprendido a golpes con el mobiliario de la casa, por lo que el acusado había ejercido —aduce su abogada defensora— «su deber de corrección, consistente, según señala la jurisprudencia, en educar, poner disciplina y corregir a los hijos». Veremos ahora si la sentencia confirma la petición fiscal o si, por el contrario, absuelve al padre de familia del delito de maltrato doméstico, como ya hizo un juzgado de Cáceres hace tres años en un caso similar. Sea como sea, el afán legislador por atajar la violencia doméstica —se llame «de género» o simplemente «doméstica»— no parece haber influido demasiado, por desgracia, en las estadísticas. En cambio, lo que sí ha logrado es laminar la autoridad paterna y, en último término, eso que antes se conocía por educación y que afectaba sobre todo al ámbito familiar y no se confundía ni por asomo con la general instrucción.

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Tomen nota. Y luego dicen que quieren ser libres.

Las ratas de 1714

En abril de 2002 el escritor Ignacio Vidal-Folch se fue a visitar los restos arqueológicos de la Barcelona de comienzos del siglo XVIII recién descubiertos debajo del viejo Mercado del Born —donde se estaban realizando las obras de cimentación de lo que debía ser la tan anhelada Biblioteca Provincial¬—, y dejó esta crónica. Han pasado once años desde entonces y lo menos que puede decirse es que sus temores se han cumplido con creces. No sólo la Biblioteca Provincial sigue pendiente, sino que las ratas del XVIII allí encontradas, tan llenas de valor simbólico, han dado paso a algo más que a un centro histórico-cultural destinado a recuperar la memoria histórica y a alimentar las jeremiadas patrias. Ayer el alcalde de Barcelona, con ese garbo que le caracteriza, presentó el programa. La fiesta durará un año, de septiembre de 2013 a septiembre de 2014; incluirá 80 actos, repartidos por toda la ciudad; costará 2,5 millones de euros y dará trabajo a los más variados especímenes de la cultura catalana. En fin, que no se librarán ni las ratas.

Dios nos coja confesados.

No disparen contra el comisario

​En un país como el nuestro, tan dado a patriotismos grandes y pequeños, resulta de todo punto ejemplar la actitud del socialista Joaquín Almunia. Almunia es desde 2010 vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de la Competencia. Con anterioridad, había sido comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, cargo al que accedió en 2004, tras renunciar al acta de diputado en Cortes por Madrid. Lleva, pues, cerca de una década en Bruselas, rigiendo, con mayor o menor acierto, los destinos de los ciudadanos de la Unión, entre los que se encuentran, ay, los españoles. Y ahora le ha tocado bailar con la más fea, dado que la decisión que ha tomado y que deberá ser ratificada el 17 de julio por la Comisión Europea afecta de lleno a sus compatriotas y, en concreto, a las Comunidades Autónomas que disponen de un sector naval. En síntesis: según Almunia, España deberá devolver el 95% de las ayudas recibidas mediante tax lease, el sistema de arrendamiento financiero al que recurrían hasta hace dos años los astilleros, toda vez que esas ayudas —cuyo montante es de 2.800 millones de euros— no fueron notificadas en su momento a la Comisión Europea por los gobiernos de Aznar y Rodríguez Zapatero, lo que suponía una violación del marco legal fijado por la UE.

​Como es natural, en España se ha armado la de Dios es Cristo. Lo mismo el PP de Cádiz que el PSOE de Galicia se han ensañado con el comisario. Y hasta se ha constituido una suerte de frente común en el que participan los gobiernos de España, el País Vasco, Asturias y Galicia —se supone que cada cual a su nivel— y cuyo fin es convencer a Almunia de que deponga su actitud. Pero el comisario, de momento, no se arredra. Y recuerda que se debe a Bruselas, a los intereses de la Unión, y no a los de España. Del mismo modo que un catalán, un vasco, un gallego, un asturiano o un andaluz que ocupara un cargo en el Gobierno de España se debería antes a los intereses generales del país que a los particulares de su Comunidad natal. Por eso el comportamiento de Almunia es ejemplar. Porque antepone su condición de europeo a la de español. ¿O acaso los españoles no somos europeos?

La lección del Camp Nou

A falta de saber cuánto nos costó la broma, lo del pasado sábado en el Camp Nou arroja una sola certeza: eran noventa mil. Noventa mil que pagaron —entre 10 y 150 euros— por asistir al concierto. Por supuesto, lo recaudado en taquilla apenas bastó para cubrir una ínfima parte del coste total del evento. Y no digamos ya si a ese coste le añadimos el montante de la retransmisión por TV3. Pero, aún así, esos noventa mil son los que hoy por hoy están dispuestos a poner dinero de su bolsillo, y no sólo de la caja común, para alumbrar el sueño de una Cataluña independiente. No está mal. De todos modos, la cifra queda aún bastante lejos de lo que sería una mayoría suficiente. Porque, o mucho me equivoco, o no existe otro criterio de valoración fiable. El compromiso, la responsabilidad, se demuestran pagando o, si lo prefieren, arriesgando lo que uno tiene, aunque no sean más que 10 euros. La gratuidad es una ficción. Hablan ya de una cadena humana para la próxima Diada —organizada, cómo no, por Òmnium y demás asociaciones de agitprop—, que debe unir La Junquera y Alcanar. Muy bien. Eso sí, los participantes, que paguen. De lo contrario, la serpiente multicolor será tan bonita como engañosa.