¡Ojo a los parches!

Nada más conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional, empezaron a oírse los tambores. Me refiero a la sentencia que anulaba los pasajes de la Lomce en los que el Ministerio de Educación se arrogaba, en sustitución de la Generalidad incumplidora, la competencia de becar en Cataluña en centros docentes privados a aquellos alumnos que quisieran ser escolarizados en castellano. Entre esos tambores estaban, por supuesto, los que resonaban desde las muy estentóreas franquicias políticas, sociales y mediáticas del extinto Gobierno de la Generalitat; al fin y al cabo, el recurso de inconstitucionalidad había sido interpuesto años atrás por el propio ejecutivo autonómico, por lo que no le faltaba a la tropa motivos de celebración. Pero también le dieron al parche quienes habían sostenido desde la aprobación misma de la ley, en 2013, que semejante iniciativa del ministro Wert constituía una verdadera chapuza, un remedo carente de consistencia y, lo que es peor, la asunción del fracaso del Estado en su obligación de hacer cumplir la ley.

Lo que nadie advirtió, sin embargo -excepto tal vez algún lector avisado-, es que la sentencia del TC venía a corroborar el propósito de Ciudadanos de crear una Agencia Independiente de Alta Inspección Educativa. Es decir, venía a corroborar que dicho propósito no era en modo alguno una ocurrencia más o menos oportunista, sino que se erigía en una oportunidad -en una oportunidad apremiante, dado el momento político que vivimos-, para garantizar a todos los españoles los derechos lingüísticos que les confiere la Carta Magna.

Sostiene la sentencia en el punto 10 de sus Fundamentos Jurídicos, en un párrafo terminal y sin importancia aparente, lo que sigue: "Conviene precisar desde este momento que cuanto se expone a continuación atiende exclusivamente a la dimensión funcional de la alta inspección estatal, por ser la única que presenta trascendencia constitucional, con independencia de su configuración organizativa y, por tanto, sin tomar en consideración el reparto interno de funciones entre distintos órganos de la Administración del Estado". En otras palabras: la Alta Inspección se puede organizar como quiera, esto es, también a través de una Agencia Independiente que no esté sujeta, en su actuación, a las ataduras que los pactos suscritos por los sucesivos gobiernos de PP y PSOE con los nacionalismos le han ocasionado durante décadas.

En este sentido, de la propia sentencia se desprenden una serie de enseñanzas -en algunos casos, no por sabidas menos trascendentes- en relación con la educación y los derechos lingüísticos. A saber: 1) al Estado le corresponde un poder de vigilancia respecto a cómo las comunidades autónomas cumplen con la legislación educativa; 2) ese poder de vigilancia se cumple a través de la Alta Inspección Educativa; 3) ese mismo poder incluye la garantía de los derechos lingüísticos; 4) la vigilancia conlleva la comprobación, la supervisión y el control, pero no la sustitución de las competencias autonómicas; 5) se trata de un control determinado, no genérico, por lo que se precisan reglas legales que fijen qué se debe comprobar, hasta dónde alcanza esa supervisión; y 6) el Estado no ha regulado cómo se garantizan los derechos lingüísticos, de ahí que sea necesaria una regulación normativa. En definitiva, si bien el Estado no puede sustituir a las comunidades autónomas en su cometido de prestar la docencia respetando los derechos lingüísticos, sí puede y debe regular cómo se garantizan esos derechos.

Nos hallamos, pues, ante una oportunidad inmejorable para crear el instrumento -la Agencia Independiente de Alta Inspección Educativa- que fuerce al cumplimiento por parte de las comunidades autónomas de los derechos lingüísticos que asisten a todos los españoles. Hasta la fecha, quienes han gobernado España -y da igual de qué color hayan sido- no han estado por la labor. Ni siquiera en estos tiempos convulsos en los que muchos aseguran haberle visto, por fin, las orejas al lobo. Empezando por el Gobierno del PP. Lo máximo a lo que ha llegado, en este tema, es a la declaración de intenciones. Mucha palabrería y ningún hecho.

Y, hablando de lobos, no deberíamos olvidar que el lobo no es sólo el nacionalismo catalán, por más que concentre hoy todas las miradas. También el pancatalanista, el que anida y se expande en la Comunidad Valenciana y Baleares a imagen y semejanza de su hermano mayor peninsular. (Por no citar, claro está, el resto de nacionalismos hispánicos, que hacen de la llamada lengua propia su principal seña de identidad.) En Baleares, por ejemplo, los casos de adoctrinamiento en la escuela han sido también noticia en los últimos meses. Aunque tal vez lo más relevante, por su repercusión en los medios y su impacto social, haya que buscarlo en la respuesta de los profesionales del sector sanitario a la pretensión del Gobierno autonómico de imponer el catalán como requisito para acceder o promocionar a una plaza en los hospitales y centros de salud. Y ello en un archipiélago donde la falta de especialistas -sobre todo en las islas menores- ha alcanzado niveles alarmantes.

Ese atropello a la igualdad de todos los españoles en el acceso y la promoción a la función pública es lo que ha llevado a Ciudadanos a registrar en el Congreso una proposición de ley que haga imposible, en este terreno, cualquier discriminación por razones lingüísticas. No se trata, pues, de ningún parche. De aprobarse la proposición de ley, las lenguas cooficiales podrán ser en lo sucesivo un mérito, pero no un requisito en la Administración. Lo que, por cierto, no sólo constituirá una garantía de igualdad, sino también de calidad en el servicio; cuanto mayor es el número de posibles opositores a una plaza, más probabilidades hay de que el finalmente escogido posea un nivel óptimo.

España no está para más parches, ni en este ni en ningún otro campo. De ahí que de nada sirva un Gobierno como el actual, que amaga con hacer lo que sabe a ciencia cierta que no hará. O afrontamos los grandes problemas del país desde el convencimiento de que tienen solución a poco que nos pongamos a ello -y el nacionalismo, sobra añadirlo, es uno de esos grandes problemas, por no decir el mayor-, o estaremos contribuyendo a la progresiva desmembración de esa obra colectiva que es nuestro Estado de derecho y que tanto ha costado levantar y mantener.

(El Mundo)

La cultura balear tiene un plan

La existencia de un plan, sea el que sea, es ya de por sí algo positivo. Significa que alguien, persona física o institución, tiene un propósito y sabe, o cree saber, cómo llegar a él. Luego, que alcance o no el fin anhelado dependerá de múltiples factores, entre los que figura, muy en primer término, la factibilidad del propio proyecto, inseparable, las más de las veces, de la dotación económica que lleve asociado.

El Plan de Cultura que ha presentado este verano el Govern tiene, pues, a priori el beneficio de la duda. Tanto más cuanto que descansa en una estructura abierta, en una suerte de work in progress, en eso que el propio documento gubernamental, en la parte reservada al marco teórico, define como “un espacio de confluencia, de diálogo y de encuentro con el otro, como una forma de acción colectiva, donde la diversidad dialoga sobre la base del respeto, del reconocimiento y de la solidaridad, al tiempo que contribuye a fortalecer el tejido social y los valores comunitarios”. El problema es que semejante definición, tan correcta políticamente, lo mismo puede servir para un proyecto cultural que para un concilio ecuménico. Y si la cosa quedara aquí, aún. Lo grave del caso es que esa estructura abierta ve su tamaño drásticamente reducido en cuanto uno atiende a otras consideraciones contenidas en el propio Plan.

Me refiero, en concreto, a las que aparecen en el apartado de diagnosis, encuadradas en un análisis DAFO –y que traduzco del catalán, como la cita anterior, puesto que no existe, que yo sepa, versión castellana del Plan–. Entre las fortalezas, el documento destaca que “las particularidades de nuestra lengua y cultura propias, marcan un hecho diferencial como potenciadores de los valores culturales [sic]”. Dado que el concepto de lengua propia está reservado, Estatut mediante, al catalán, es de creer que esa cultura que se le asocia y a la que el texto confiere análoga propiedad posee también como lengua de expresión, cuando la actividad cultural así lo requiere, la catalana. En otras palabras: es de creer que toda aquella manifestación cultural que no siga estos cauces –que se exprese, pongamos por caso, en castellano o en inglés– no forma parte de esa fortaleza.

Algo que queda ratificado, por si hacía falta, en el siguiente punto fuerte: “Las Islas Baleares forman parte de un territorio con una lengua y cultura propias. La actitud social general en relación con este hecho, es receptiva y participativa en grandes sectores”. Ese territorio del que forman parte, según el documento, las Islas Baleares responde al nombre, sobra añadirlo, de Países Catalanes –por más que dicha denominación no aparezca en el texto–. Y en lo que respecta a “la actitud social general”, todo indica que los sectores donde “es receptiva y participativa” no son tan grandes como ambicionan los redactores del Plan; al contrario, a poco que uno atienda a la sociedad balear en su conjunto, esos sectores deben de ser más bien escasos. Da igual. Porque algo más abajo, y sin abandonar el bloque de los puntos fuertes, el documento afirma que nuestras islas “son una tierra de acogida y así conviven en ellas culturas muy diversas que enriquecen [su] tejido sociocultural”. Sin duda. Pero esa fortaleza, que bastaría para configurar una cultura abierta, porosa y multiforme, queda al acto socavada por la frase que viene a continuación: “La lengua catalana, como lengua propia de las Islas, y la cultura propia, así como el sentimiento de identidad con el país de acogida, deben convertirse en herramientas de integración y cohesión social”. En otras palabras: si uno quiere sentirse partícipe de la cultura balear, no va a tener más remedio que plegarse a la tríada lengua / cultura / identidad –en catalán y nada más que en catalán, claro está–. De no hacerlo, de optar por una lengua y una cultura distintas y carecer del aludido sentimiento de identidad, se arriesga a quedarse al margen.

Y no acaban aquí las propuestas privativas y excluyentes contenidas en el apartado de diagnosis de este flamante Plan de Cultura balear. También se apunta por ejemplo, en el capítulo de oportunidades, la conveniencia de establecer “cláusulas laborales, lingüísticas y de género” como requisito para acceder a ayudas públicas o suscribir contratos con la Administración –huelga precisar, en el caso de las lingüísticas, de qué idioma se trata–. Aunque acaso lo más singular sea que se destaque como debilidad el que las Islas Baleares “se hallen a la cola de los lugares visitados por turistas residentes en el Estado español por motivos culturales”, sin advertir que difícilmente van a llegar más residentes del citado “Estado español” atraídos por la cultura si lo que se les ofrece es una oferta tan restringente y ajena a sus intereses como la que se desprende de este Plan.

El actual Govern parece empeñado en gobernar para una parte tan sólo de los ciudadanos de estas islas, y no precisamente para la mayoritaria. Lo vemos a diario con las decisiones que toma, con las compañías que escoge, con los pleitos en los que se ve envuelto –y que suelen terminar, por lo común, con el desgarro social, amén de un incesante vaciado de las arcas públicas como consecuencia de las múltiples sentencias adversas a las que debe hacer frente–. Y en esa discriminación juega un papel fundamental el nacionalismo. Aunque el Govern se reclame de izquierdas y poco más, el único terreno donde no parecen existir riñas entre socios y compañeros de viaje es el identitario. O sea, el del pancatalanismo. Aquí, ancha es Castilla –por no decir Cataluña–. Lo es a la hora de regar los medios digitales afines con copiosas subvenciones, subvenciones que luego completa generosamente el propio gobierno de la muy sediciosa Generalitat. Y lo es asimismo a la hora de pergeñar un Plan de Cultura como el presentado este verano, donde, bajo el señuelo de la transparencia y la participación, se nos propone un modelo intervencionista y sectario al servicio de un proyecto político separador.