El 18 de junio de 1970 La Vanguardia Española traía en su primera –que, en razón de las cuatro páginas anteriores en huecograbado, era en realidad la quinta– una nota titulada A partir de las cuatro de la tarde, festivo, abonable y sin recuperar. La nota la había emitido la Delegación Provincial de Trabajo a raíz de la visita a Barcelona de “Su Excelencia el Jefe del Estado” y coincidiendo con su llegada a la ciudad. Se trataba, sobra añadirlo, de una práctica habitual. Habitual en los regímenes totalitarios, donde el Estado ejerce su potestad de premiar o castigar, según le convenga, a quienes considera sus trabajadores, y habitual, por lo tanto, en la España de entonces.

Como es lógico, en ésta y en las demás visitas del dictador a Cataluña –o en cualquiera de sus múltiples viajes por el territorio nacional– las horas de holganza tenían como objetivo facilitar la movilización ciudadana o, por usar el lenguaje de aquel régimen, la adhesión popular a la figura del Caudillo. Y, a juzgar por las imágenes que se han conservado de esa jornada, con las calles barcelonesas rebosantes de un público jubiloso y en apariencia entregado, justo es reconocer que el objetivo se alcanzó con creces. ​

Algo similar parecía perseguir hace unos días la consejera de Gobernación de la Generalitat catalana, Meritxell Borràs, cuando además de afirmar que “vería bien que los funcionarios se cogieran un día de asuntos propios para ir a apoyar a Mas” y compañía el 6 de febrero, en el juicio que les aguarda por la celebración dela consulta del 9-N, añadió que lo creía “incluso necesario”. El modus operandi difiere, ciertamente, del empleado en la España franquista, acaso porque el actual Gobierno de Cataluña carece, muy a su pesar, de un Estado propio.

Pero el espíritu que le anima es el mismo: la consideración del trabajador o del empleado público como un siervo, como un súbdito, como un mero ejecutor de los designios del régimen, personificado en la figura de un caudillo al que, se supone, todos deben adhesión. Con el agravante, en el caso de la consejera catalana, de que la movilización, promovida por las entidades separatistas habituales, ha sido convocada a las puertas de un tribunal de justicia y en apoyo de unos gobernantes que desafiaron la ley organizando un referéndum de autodeterminación ilegal.

Aun así, no ha sido ése el único episodio de manipulación de los ciudadanos, de falta de respeto por sus derechos y libertades; por su dignidad, en definitiva, del que hemos tenido noticia estos días. Ni el único, ni el más grave. Porque la revelación del contenido de las conferencias que el ex juez y ex senador Santiago Vidal ha ido pronunciando en los últimos meses por distintos foros de la geografía catalana ha puesto al descubierto una trama perfectamente urdida desde el poder mismo de la Generalitat para controlar los bolsillos y las conciencias de la población catalana.

Con la sonrisilla de conejo que suelen esbozar quienes están en el secreto de algo sumamente importante, este apóstol de la independencia de Cataluña se ha vanagloriado sin rubor alguno ante sus auditorios del cúmulo de ilegalidades que, según él, estarían cometiendo el Gobierno de la Generalitat y parte de la administracióna su cargo con tal de lograr la tan ansiada desconexión del Estado español. Por ejemplo, la ilegalidad consistente en disponer de una base de datos fiscales propios, empeño imposible a no ser que se contravenga la Ley de Protección de Datos. O la que se concreta en la elaboración de una lista con los jueces sospechosos de desafección, a los que se invitaría a abandonar Cataluña o, en caso de que optaran por permanecer en ella, a acreditar un nivel mínimo de catalán y aceptar someterse a un informe favorable de una comisión de evaluación. O, en fin, la ilegalidad de haber alcanzado acuerdos con gobiernos de otros Estados o con la propia OTAN para favorecer, de un modo u otro, la larga marcha hacia la independencia.

Cabría la posibilidad, claro, de que Vidal hubiera entrado en una suerte de ensoñación, o incluso en un desvarío; al fin y al cabo, se trata de algo propio de visionarios. Pero resulta que muchas de sus afirmaciones coinciden con otras ya expresadas, de modo más o menos explícito, por miembros del Gobierno o de la Administración de la Generalitat. Es el caso, sin ir más lejos, del secretario de Hacienda de la Generalitat, quien ha admitido en más de una ocasión estar elaborando una lista con los datos fiscales de los contribuyentes catalanes.Todo indica, pues, que el ex juez no estaría faltando a la verdad. Lo único que le habría traicionado es su locuacidad.

Uno de los principales objetivos de cualquier régimen totalitario –y el que lleva construyendo el nacionalismo catalán desde hace años con total impunidad en la trastienda de nuestro Estado de las Autonomías se ajusta perfectamente a este modelo– es el control sobre los ciudadanos. Sobre su forma de pensar y de actuar. Sobre su libertad. O, si lo prefieren, sobre su propia condición de ciudadanos. Eso es lo que está en juego hoy en día en Cataluña y, por ello mismo, en toda España.
Apenas quince días antes de que se hicieran públicos los datos del último informe PISA, asistí a la presentación de uno de esos anuarios educativos con que nuestras instituciones –en este caso, una universidad– justifican su labor. El acto, celebrado en una sala repleta de pedagogos y estudiantes de lo que antes llamábamos magisterio, contó con la intervención estelar de un psicólogo y educador que resultó ser, a un tiempo, autor de la introducción del anuario. Pues bien, en su conferencia, que versaba sobre el abandono escolar temprano, este especialista en renovación pedagógica no dejó pasar la ocasión de referirse a PISA, y no para sacar las debidas lecciones, sino para relativizar su importancia. ¿Le indujo a ello la inminente publicación del informe y el consiguiente temor a unos más que probables malos resultados? Quizá, pero no necesariamente. En realidad, esa descalificación de PISA está muy extendida entre el gremio. Llevamos más de tres lustros de informes desfavorables a la educación española, y si al principio existía una evidente preocupación por el nivel que nuestros jóvenes quinceañeros eran capaces de demostrar cada tres años en estas pruebas –nivel que les situaba, y les sitúa, de forma invariable en la parte baja de la tabla de los países económicamente desarrollados–, con el tiempo esa preocupación se ha ido tornando resignación, cuando no franco desdén por lo que pueda arrojar el informe mismo. Como si la educación tuviera poco que ver con las competencias en comprensión lectora, ciencias y matemáticas exhibidas en una prueba internacional cuya organización depende de una entidad como la OCDE, demasiado cautiva, al decir de muchos pedagogos hispanos, de intereses ajenos al mundo educativo.

De ahí, sin duda, que casi todos los esfuerzos de nuestro sistema de enseñanza se centren hoy en día de manera exclusiva en tratar de reducir los porcentajes de abandono educativo temprano. Bien está, por supuesto. No sólo porque así nos lo exige la propia Unión Europea, sino porque los números de España en este apartado son incluso peores, en términos relativos, que los que evidencia nuestro país en los informes PISA. Pero semejante propósito pedagógico parte de un grave error: el de considerar que ese abandono educativo temprano –o ese fracaso escolar, si ni siquiera se dispone del título de Secundaria– puede separarse de la pasión por el aprendizaje, por el saber. En otras palabras: no existe mejor forma de luchar contra ese abandono que empezar a introducir, ya desde la más tierna edad, ese afán por el conocimiento que va a permitir a nuestros jóvenes, andando el tiempo, adquirir las competencias necesarias para superar con holgura las pruebas del informe PISA y adentrarse con garantías de éxito en los estudios llamados superiores. O, lo que es lo mismo, en la vida. (Lo cual no impide, claro está, que se combata el abandono con cuantas medidas sean precisas, y entre ellas la escolarización temprana –de 1 a 3 años–, el incremento del profesorado de refuerzo y una formación profesional de calidad.) Y es que, si no volvemos a poner el conocimiento en el centro del proyecto educativo, difícilmente vamos a sacar a España del pozo en que se encuentra. Y no me refiero sólo al pozo en que se encuentra la educación; también al que resulta de tener o no tener un determinado nivel educativo y cuyo reflejo se observa –o debería observarse– en la construcción de una sociedad avanzada, con un crecimiento económico sostenible y una progresiva disminución de las desigualdades sociales. Sin esa apuesta por el conocimiento, nada de eso será posible. Habrá talento, sin duda, como lo hay ahora, pero ese talento no hallará el cauce necesario para ir aumentando su caudal e impregnar el tejido social en su conjunto. Será un talento dilapidado, en una palabra.

Por todo ello, la reciente creación en el Congreso –a instancias de Ciudadanos y con el apoyo de PP y PSOE– de una subcomisión para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación debe ser vista como una inmejorable oportunidad, quién sabe si la última, para enderezar el rumbo. A estas alturas ya nadie pone en cuestión la necesidad de un amplio acuerdo que siente unas bases duraderas. Pero si ese acuerdo no incluye, entre otras medidas, una suerte de MIR educativo que aúne vocación, formación y exigencia; unas evaluaciones comunes y externas que den la medida del nivel de alumnos, profesores y centros; una plasmación del currículo que ayude a cerrar la brecha existente entre comunidades autónomas, y, por supuesto, una autonomía de centros que vaya acompañada de una rendición de cuentas; si no incluye ese conjunto de medidas, o mucho me equivoco o el tan anhelado Pacto será papel mojado.

Si bien se mira, todo cuanto antecede puede resumirse en una simple y benemérita aspiración: que la enseñanza pública –o sea, pagada con fondos públicos– pueda volver a ser en España aquel instrumento de ascenso social, garante de una efectiva igualdad de oportunidades, que algunos, los más añosos, aún llegamos a conocer. Y, para ello, la apuesta por el conocimiento es cenital.

El Independiente, 28 de diciembre de 2016.

El conocimiento útil

    28 de diciembre de 2016