El pasado lunes, Carles Viver Pi-Sunyer, presidente del llamado Consejo Asesor de Transición Nacional, presentó junto a Francesc Homs la sexta entrega documental del organismo. No quisiera caer, Dios me libre, en el enaltecimiento de un Consejo que cuenta entre sus miembros con alguien como Pilar Rahola y cuya única función en este mundo es allanar en lo posible la larga y nauseabunda travesía de Artur Mas y sus muchachos. Pero resulta que en la citada presentación el presidente Viver dijo, entre otras cosas, lo siguiente: «El gran debate no es jurídico. La cuestión no es tanto la expulsión, sino cómo y cuándo se convierte Cataluña en Estado de pleno derecho». Y lo ejemplificó, según recogen las crónicas, apelando al absurdo de que el no de la Unión Europea a una Cataluña independiente pudiera imponerse sobre la voluntad de 7,5 millones de ciudadanos.

Dejemos a un lado, si les parece, esa voluntad de 7,5 millones de ciudadanos, ofrecida, faltaría más, sin fisura alguna, como una mole granítica, con la misma desfachatez con que se afirma que todo ataque al nacionalismo catalán constituye, en definitiva, un ataque a Cataluña. Lo que me interesa destacar no es eso, sino el empeño, ya desatado, de esos próceres —y Viver, recordémoslo, fue miembro del Tribunal Constitucional— en saltarse la ley. Considerar, como hace el presidente del Consejo, que «el gran debate no es jurídico» y reducirlo a una mera cuestión de voluntades —en la que uno no puede por menos de percibir aquella «voluntad de un pueblo» a la que se agarró el presidente de la Generalitat en septiembre de 2012 para disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas— equivale a afirmar que el marco jurídico no existe. O, si lo prefieren, que existe, sí, las cosas como son, pero el saltárnoslo no depende más que de nosotros. Como en Crimea y en el este de Ucrania, vaya, pero pacíficamente, que los catalanes somos gente de paz.

Este ha sido, desde un primer momento, el empeño del nacionalismo: saltarse la ley. Bien es cierto que en los primeros compases de su particular transición lo disimularon al máximo. Había que tratar de obtener, por todos los medios legales, un reconocimiento internacional. Pero como ese reconocimiento se ha revelado imposible —lo que no puede ser no puede ser, Talleyrand dixit—, ahora hemos entrado en otra fase, en la que ya no valen excusas. Ahora es sí o sí, sin tapujos, sin sujeción al ordenamiento jurídico, sin respeto alguno por el Estado de derecho. Ahora vamos a por todas. O sea, derechos al precipicio. Y, por desgracia, arrastrando en la aventura a un país entero.

Que no es precisamente Cataluña, sino España. La estrategia del nacionalismo ha consistido, también desde el primer momento, en quitarle a España, esto es, a los españoles, toda legitimidad. De esa operación han sido además partícipes muchos de estos españoles —y, entre ellos, no pocos catalanes— que han convenido de buena fe en que Cataluña, o sea, los catalanes, tenían todo el derecho del mundo a decidir por ellos mismos y sin interferencias lo que deseaban ser de mayores. Curiosamente, esa ilegalidad —la más flagrante, sin duda, por cuanto niega al pueblo español la condición, recogida en nuestra Carta Magna, de depositario único de la soberanía nacional— empieza a ser advertida en los últimos tiempos por muchos de los que no habían reparado antes en ella y, de forma singular, por algunos de los que hasta la fecha habían transigido a conciencia con ese supuesto derecho privativo. Es posible que no sea ajeno a esa circunstancia el que los levantinos levantiscos se hayan dejado por fin de historias y de cuentos presuntamente legales y se muestren a cara descubierta, tal cual son. En todo caso, se trata de una excelente noticia. Ahora sólo queda perseverar en esta línea, hasta lograr que ese problema que nos afecta a todos, en tanto que españoles, encuentre también, lo antes posible, la respuesta de todos.

(Crónica Global)

Saltarse la ley

    16 de abril de 2014


Así llamaban los falangistas durante la guerra civil a José Antonio Primo de Rivera. Y así llama hoy Josep López de Lerma, el otrora brazo derecho de Miquel Roca en Madrid y portavoz de la minoría de CIU en el Congreso de los Diputados, a Artur Mas. Por supuesto, por razones radicalmente distintas. Mientras los primeros recurrieron al apelativo para continuar alimentando la creencia de que su jefe supremo, fusilado en Alicante el 20 de noviembre de 1936, seguía con vida, el segundo lo hace para reprochar al presidente de la Generalitat que no acudiera la pasada semana al Palacio de las Cortes para defender la propuesta del Parlamento catalán o, como mínimo, para sentarse en la tribuna de invitados y avalar con su presencia lo que allí se debatía. Con todo, en ambos casos se evidencia lo que vale un líder. O lo que debería valer. Más allá de sus limitaciones intrínsecas, una de las grandes carencias del actual movimiento secesionista catalán es la falta de un verdadero conductor. O sea, de alguien con arrojo, coraje y carisma. Artur Mas, sobra decirlo, no da la talla. No la ha dado nunca, en realidad. Y quienes le secundan, menos aún. De ahí el desbordamiento. De ahí ERC y su apéndice asambleario lanzando a los cuatro vientos hojas de ruta golpistas mientras el presidente de la Generalitat promete atenerse a la legalidad.

Hay quien ve ya en Artur Mas a un protomártir. Una suerte de José Antonio, para entendernos. Nada más falso. Ni más grotesco. No, el Ausente de López de Lerma no alcanza siquiera, en su cobarde mediocridad, la categoría de apóstol. Como mucho, la de embaucador. Y gracias.

El Ausente

    14 de abril de 2014