El pasado domingo la periodista Laura Fàbregas traía a estas páginas el caso de Manuel Acosta, diputado de Vox en el Parlamento de Cataluña y profesor de catalán en excedencia. Que un profesor de catalán con 25 años de experiencia en la docencia –en secundaria y bachillerato, en concreto– sea diputado de Vox en el Parlamento autonómico ya constituye, por sí mismo, un caso digno de consideración. Pero resulta que Acosta, además, se ha ofrecido a dar clases de lengua catalana a los compañeros de hemiciclo que han solicitado los servicios de asesoramiento lingüístico –en catalán, claro– de la Cámara, convencidos como están, se supone, de que necesitan mejorar si desean progresar adecuadamente en su dominio del catalán. Que más de uno necesita mejorar no hay por qué dudarlo, a juzgar por las palabras del propio parlamentario de Vox: “He tenido que corregir las múltiples faltas de ortografía, de cohesión, coherencia y adecuación que cometen muchos diputados, especialmente los de CUP, Junts, ERC y PSC, en sus escritos y discursos”.
Como pueden figurarse, el ofrecimiento de Acosta no irá más allá del gesto. Ninguno de los diputados apuntados hasta la fecha para ser asesorados lingüísticamente –un 15% del total del Parlamento– recogerá el guante. Pero, aun así, viniendo de quien viene y dirigiéndose a quien se dirige, sirve para poner de manifiesto la enorme hipocresía de los eximios representantes de unos partidos que han convertido la lengua catalana en la piedra angular de esa nación que llevan construyéndose desde el último tercio del siglo XIX y que, pese a ello, son incapaces de expresarse sin llenar sus discursos y sus escritos de clamorosos lamparones ortográficos y gramaticales.
A mí el caso de Manuel Acosta me ha recordado lo sucedido hará cosa de una trentena de años en el Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Barcelona. Los profesores de aquel departamento, ante el paupérrimo nivel de catalán demostrado por los estudiantes de los últimos cursos –no de los primeros, sino de los últimos, a punto, pues, de convertirse en egresados– y ante la certeza de que iban a engrosar la nómina de los trabajadores de la lengua, o lo que es lo mismo, de que iban a abrazar el noble oficio de evangelizadores de la causa nacional, desde la tarima principalmente –todavía abundaban en aquella época–, pero también desde los numerosos puestos de la administración creados a tal efecto; los profesores, decía, decidieron introducir una prueba de nivel a final de carrera para verificar que el dominio del idioma de cada licenciado en filología catalana fuera el que debía ser. Lo decidieron, pero no lo hicieron. Cuando los afectados, o sea, los estudiantes –y, en especial, los de segundo ciclo– recibieron la noticia, no se cruzaron de brazos. Al poco, en los tablones que adornan el legendario patio de letras de la universidad, escenario de tantas batallas en los tiempos heroicos del antifranquismo, aparecieron unas fotocopias de textos firmados por los propios profesores del departamento en las que, debidamente subrayadas o rodeadas con un círculo, se señalaban incorreciones tan o más ominosas que las de sus alumnos. Como es de suponer, la iniciativa para establecer la prueba fue retirada. Ignoro si más adelante se retomó, pero dudo que aquellos profesores o sus sucesores se expusieran a repetir un bochorno semejante.
Esta semana, precisamente, la lengua catalana ha vuelto a ser noticia. De un impacto discreto, si se la compara con el de las nuevas revelaciones sobre la ciénaga gubernamental, pero noticia al cabo. Y de las gordas. El presidente de la Generalidad catalana presentaba con todo el boato de las grandes ocasiones un Pacte Nacional per la Llengua dotado con 255 millones el primer año, millones que han de servir, entre otras cosas, para ampliar el radio de imposición de la lengua catalana. Ahora toca, al parecer, atizar a la administración general del Estado y a las empresas concesionarias del gobierno regional, sin descuidar, por supuesto, los frentes habituales y en particular la enseñanza. Ah, también los medios de comunicación deberán pasar en adelante por un filtro ideológico antes de ser acreditados para trabajar en el Parlamento autonómico. Eso sí, por si puede servir de consuelo a los en otro tiempo conocidos como los chicos de la prensa, no parece que, tal como está el patio, vayan a someterles a un examen de catalán.