Apenas quince días antes de que se hicieran públicos los datos del último informe PISA, asistí a la presentación de uno de esos anuarios educativos con que nuestras instituciones –en este caso, una universidad– justifican su labor. El acto, celebrado en una sala repleta de pedagogos y estudiantes de lo que antes llamábamos magisterio, contó con la intervención estelar de un psicólogo y educador que resultó ser, a un tiempo, autor de la introducción del anuario. Pues bien, en su conferencia, que versaba sobre el abandono escolar temprano, este especialista en renovación pedagógica no dejó pasar la ocasión de referirse a PISA, y no para sacar las debidas lecciones, sino para relativizar su importancia. ¿Le indujo a ello la inminente publicación del informe y el consiguiente temor a unos más que probables malos resultados? Quizá, pero no necesariamente. En realidad, esa descalificación de PISA está muy extendida entre el gremio. Llevamos más de tres lustros de informes desfavorables a la educación española, y si al principio existía una evidente preocupación por el nivel que nuestros jóvenes quinceañeros eran capaces de demostrar cada tres años en estas pruebas –nivel que les situaba, y les sitúa, de forma invariable en la parte baja de la tabla de los países económicamente desarrollados–, con el tiempo esa preocupación se ha ido tornando resignación, cuando no franco desdén por lo que pueda arrojar el informe mismo. Como si la educación tuviera poco que ver con las competencias en comprensión lectora, ciencias y matemáticas exhibidas en una prueba internacional cuya organización depende de una entidad como la OCDE, demasiado cautiva, al decir de muchos pedagogos hispanos, de intereses ajenos al mundo educativo.

De ahí, sin duda, que casi todos los esfuerzos de nuestro sistema de enseñanza se centren hoy en día de manera exclusiva en tratar de reducir los porcentajes de abandono educativo temprano. Bien está, por supuesto. No sólo porque así nos lo exige la propia Unión Europea, sino porque los números de España en este apartado son incluso peores, en términos relativos, que los que evidencia nuestro país en los informes PISA. Pero semejante propósito pedagógico parte de un grave error: el de considerar que ese abandono educativo temprano –o ese fracaso escolar, si ni siquiera se dispone del título de Secundaria– puede separarse de la pasión por el aprendizaje, por el saber. En otras palabras: no existe mejor forma de luchar contra ese abandono que empezar a introducir, ya desde la más tierna edad, ese afán por el conocimiento que va a permitir a nuestros jóvenes, andando el tiempo, adquirir las competencias necesarias para superar con holgura las pruebas del informe PISA y adentrarse con garantías de éxito en los estudios llamados superiores. O, lo que es lo mismo, en la vida. (Lo cual no impide, claro está, que se combata el abandono con cuantas medidas sean precisas, y entre ellas la escolarización temprana –de 1 a 3 años–, el incremento del profesorado de refuerzo y una formación profesional de calidad.) Y es que, si no volvemos a poner el conocimiento en el centro del proyecto educativo, difícilmente vamos a sacar a España del pozo en que se encuentra. Y no me refiero sólo al pozo en que se encuentra la educación; también al que resulta de tener o no tener un determinado nivel educativo y cuyo reflejo se observa –o debería observarse– en la construcción de una sociedad avanzada, con un crecimiento económico sostenible y una progresiva disminución de las desigualdades sociales. Sin esa apuesta por el conocimiento, nada de eso será posible. Habrá talento, sin duda, como lo hay ahora, pero ese talento no hallará el cauce necesario para ir aumentando su caudal e impregnar el tejido social en su conjunto. Será un talento dilapidado, en una palabra.

Por todo ello, la reciente creación en el Congreso –a instancias de Ciudadanos y con el apoyo de PP y PSOE– de una subcomisión para la elaboración de un gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación debe ser vista como una inmejorable oportunidad, quién sabe si la última, para enderezar el rumbo. A estas alturas ya nadie pone en cuestión la necesidad de un amplio acuerdo que siente unas bases duraderas. Pero si ese acuerdo no incluye, entre otras medidas, una suerte de MIR educativo que aúne vocación, formación y exigencia; unas evaluaciones comunes y externas que den la medida del nivel de alumnos, profesores y centros; una plasmación del currículo que ayude a cerrar la brecha existente entre comunidades autónomas, y, por supuesto, una autonomía de centros que vaya acompañada de una rendición de cuentas; si no incluye ese conjunto de medidas, o mucho me equivoco o el tan anhelado Pacto será papel mojado.

Si bien se mira, todo cuanto antecede puede resumirse en una simple y benemérita aspiración: que la enseñanza pública –o sea, pagada con fondos públicos– pueda volver a ser en España aquel instrumento de ascenso social, garante de una efectiva igualdad de oportunidades, que algunos, los más añosos, aún llegamos a conocer. Y, para ello, la apuesta por el conocimiento es cenital.

El Independiente, 28 de diciembre de 2016.

El conocimiento útil

    28 de diciembre de 2016
A juzgar por las últimas noticias, las labores de aguja que Susana Díaz reclamó hace un par de meses para su partido empiezan a dar frutos. Me refiero, en concreto, a la entrevista que la presidenta de la Junta de Andalucía y candidata in pectore a la secretaría general del PSOE mantuvo el pasado jueves con Miquel Iceta, primer secretario del PSC, y de la que surgió, al parecer, un pacto de no agresión con vistas a la próxima campaña de primarias en la familia socialista. Esa conllevancia entre la andaluza y el catalán cobra una especial importancia en cuanto se advierte que el segundo se ha caracterizado hasta ahora por su defensa acérrima del ex secretario general Pedro Sánchez. Todavía resuena su “¡Pedro, mantente firme! (…) Estamos a tu lado. Estamos contigo. ¡Aguanta! ¡Resiste a las presiones!”, proferido en la Fiesta de la Rosa del PSC, apenas una semana antes de que Díaz y los suyos decidieran defenestrar al tal Pedro para facilitar la investidura de Mariano Rajoy.

Pero entre los factores que han facilitado el acercamiento entre ambos dirigentes territoriales sería injusto olvidar el acuerdo de gobierno alcanzado hace diez días en el País Vasco por PNV y PSE. Curiosamente, lo que podía haber constituido un nuevo motivo de fricción si nos atenemos a la condición de sanchista de Idoia Mendía, la líder de los socialistas vascos, y a la forma en que se fraguó el acuerdo –a espaldas de la gestora del partido–, e incluso si reparamos en el modo como lo celebraron Francina Armengol, presidenta del Gobierno Balear y acaso la más ferviente defensora del “no es no” del ex secretario general, o el propio Iceta, quien no tardó en pedir al Gobierno de la Generalitat catalana que tomara “ejemplo del País Vasco”; lo que podía, en definitiva, haber ahondado la división en el partido, ha terminado, en cambio, en lo más parecido a un final feliz, con la mismísima Díaz reconociendo la bondad del acuerdo vasco y haciendo votos por su pronta aplicación en Cataluña.

Así las cosas, todo indica que los intereses estrictamente partidistas de la presidenta de la Junta de Andalucía en su afán por ocupar la secretaría general del PSOE han prevalecido sobre otras consideraciones. Se trata, en último término, de ganarse la confianza de los otrora díscolos dirigentes territoriales, aquellos que no dudaron en mantener el “no” a la investidura de Rajoy y en promoverlo entre sus diputados a pesar de la admonición de la gestora y de la dirección del grupo parlamentario en el Congreso. Y, si no la confianza, sí cuando menos la neutralidad. Que ese movimiento de Díaz haya coincidido con la vuelta de Sánchez a la arena política no es en modo alguno casual. El apóstol de la militancia reunió el sábado en Xirivella a un millar de afiliados en lo que se anuncia como el inicio de una larga cruzada contra la gestora del partido y su principal valedora, Susana Díaz. En semejantes circunstancias, sobra precisar que esta última no puede permitirse el lujo de tener a parte del aparato socialista enfrente. Pero, al margen ya de las posibles motivaciones de la aspirante a dirigir el partido, conviene detenerse en el precio pagado. No por ella, claro; por el propio partido. Y, si me apuran, por el conjunto de los españoles, que pueden acabar siendo las principales víctimas de unos acuerdos de gobierno que han empezado en el País Vasco y pueden tener en Cataluña, según sople el viento electoral, su réplica. Quien se tome la molestia de leer esos Pilares para construir una Euskadi con más y mejor empleo, más equilibrio social, más convivencia y más y mejor autogobierno, o sea, el pacto suscrito por PNV y PSE, y en particular el último apartado del texto, comprenderá hasta qué punto el compromiso socialista supone la asunción de los postulados nacionalistas.

Es verdad, y así lo han destacado la propia Díaz y otros dirigentes socialistas, que el acuerdo preserva “el cumplimiento de la legalidad”. Pero también lo es que asume, por un lado, la necesidad de reformar la Constitución para poner “en valor el autogobierno vasco y sus singularidades históricas, jurídico-institucionales y culturales” y “mejorar y garantizar el autogobierno que demanda la sociedad vasca”, y, por otro, la creación de una “Ponencia de Autogobierno” que aborde, entre otros asuntos, el “reconocimiento de Euskadi como nación” y el “reconocimiento del derecho a decidir del Pueblo Vasco”. Lo que significa que el socialismo español en su conjunto, y no únicamente su rama vasca o catalana, está dispuesto a transitar por una senda que no es otra, al cabo, que la del nacionalismo.

Y el nacionalismo patrio, en última instancia, no persigue sino la destrucción del Estado de las Autonomías, esto es, del Estado. Lo puede llamar de muchos modos –“derecho a decidir”, “mejora del autogobierno”, “sentirse cómodo”, según el grado y la ocasión–, pero el objetivo es siempre el mismo. El nacionalismo tiene por costumbre no recular. Ni un paso atrás en sus logros y en sus exigencias, hasta la victoria final. De ahí que haya que guardarse, como del caballo de Troya, de ese tipo de concesiones. A no ser que no tengamos apego alguno por esas cuatro décadas de convivencia, democracia y libertad de las que venimos disfrutando todos y cada uno de los españoles.

El Independiente

Labores de aguja socialistas

    29 de noviembre de 2016