Eso que llaman memoria democrática

Uno de los efectos colaterales de la crisis de gobierno generada por el caso contratos ha sido la creación, en la nueva consejería de Cultura, Participación y Deportes, de una dirección general de Participación y Memoria Democrática. O, mejor dicho, ha sido el añadido, a la dirección general de Participación ya existente –y una vez extirpada, no sin dolor, la Transparencia–, de la Memoria Democrática. Conviene, pues, preguntarse por los motivos de esta amalgama conceptual y por sus posibles consecuencias.

Para empezar, todo indica que entre los dos conceptos no existirá una relación equilibrada, sino claramente desigual, en la que primará eso que llaman memoria democrática. La designación para el cargo de director general de Manel Santana, un historiador experto en la Guerra Civil y miembro destacado de la asociación Memòria de Mallorca, así lo da a entender. Y, por si no bastara con ello, la coincidencia de ese nombramiento con la reciente entrada en el Parlament de una proposición de ley de Memòria Democràtica de les Illes Balears, auspiciada por todas las fuerzas firmantes de los Acords de governabilitat y por Gent per Formentera, no hace sino confirmarlo. Vamos a tener, por lo tanto, memoria democrática a espuertas. Y la participación, de haberla, no será más que un asunto vicario, al servicio probablemente de ese rescate memorialístico que amenaza con entretener a nuestro gobierno y a sus compañeros de viaje hasta la próxima crisis.

Porque la memoria invocada, y no está de más señalarlo, ya no es la histórica del expresidente Rodríguez Zapatero, sino la democrática (una vez más, Cataluña –con su Memorial Democràtic, creado a rebufo de la ley socialista– como telón de fondo). Ahora bien, más allá de evidenciar el mimetismo entre nacionalismos hermanos, ese tránsito de una memoria "histórica" a una "democrática" resulta altamente instructivo y revelador. La memoria que el Govern y sus adláteres aspiran a recuperar es democrática por el simple hecho de que la otra, según ellos, no puede serlo. En otras palabras: esa memoria democrática es la de las víctimas de la Guerra Civil –las del bando perdedor, por supuesto–; la de quienes tal vez cometieran excesos durante el conflicto bélico, pero los cometieron –y ello les absuelve en buena medida– por una causa justa–; la de los represaliados por la dictadura franquista –siempre y cuando hubieran militado en el antifranquismo–; la de los republicanos –a condición de que fueran de izquierdas, claro está–; la de los buenos, en definitiva.

Y para comprobar hasta qué punto va a ser ese y no otro el enfoque de esa dirección general de nuevo cuño, sirva un solo ejemplo. El pasado 14 de abril se celebró en Formentera un acto en recuerdo de los 58 presos que fallecieron en el campo de concentración de la Savina, entre 1940 y 1942, debido a la malnutrición. La flamante consejera de Cultura, Transparencia y Deportes –llevaba apenas una semana en el cargo– asistió al acto y justificó su presencia allí con el propósito de "dignificar y reconocer la labor de tantos y tantos ciudadanos que lucharon por la democracia y que lo pagaron con su vida". ¿Se preguntó en algún momento Fanny Tur quiénes eran esas víctimas de nuestra Guerra Civil encerradas en aquel campo en unas condiciones infrahumanas? ¿Se preguntó si todas habían luchado en verdad por la democracia? ¿Se preguntó si había entre ellas, pongamos por caso, algún anarquista o algún comunista, enemigos acérrimos y declarados del régimen republicano, al que siempre soñaron con derribar por la fuerza de las armas? Lo dudo. Resultaba mucho más cómodo, mucho más correcto políticamente, alinearlas a todas en el bando de la democracia, o, lo que es lo mismo, dar por hecho que en el otro bando no había, no podía haber por principio, ningún demócrata.

Esa visión maniquea de una de las etapas más tristes de nuestra historia es la que se aprestan a ofrecernos el Govern y los partidos que le secundan. Una visión torcida, tendenciosa, falsa. Justo la que cualquier demócrata rechazaría, hoy como ayer, de plano.

(Diario de Mallorca)

Un aire de familia

Hay algo sumamente enternecedor en la declaración inaugural de Félix Millet ante el tribunal que le juzga. Me refiero al momento aquel en que el resobrino del fundador del Orfeó Català habla de las bodas de sus hijas y de la decisión de celebrarlas en el propio Palau sin que mediara pago alguno por utilizar el gran templo de la música catalana: “Me equivoqué pero había motivos, habíamos rehecho el Palau pero necesitábamos más publicidad para abrirlo más allá de los patronos”. Es la confesión de un hombre presto a sacrificar a sus propias hijas por la causa, a convertirlas en reclamo publicitario para que el negocio monumental no decayera y sus gestores pudieran seguir haciendo caja. Así las cosas, ¿quién osará reprochar a ese benemérito hijo de la patria que, a cambio de semejante renuncia, la Fundació Orfeó Català-Consorci del Palau de la Música Catalana, que él mismo presidía, resolviera cargar la factura al Palau y no cobrarles nada a las novias?

Esos desvelos paternos recuerdan los que, hace un par o tres de veranos, admitió haber tenido Jordi Pujol para con sus hijos. También el ex presidente de la Generalitat, en un célebre comunicado expiatorio, reconoció haberse equivocado al no declarar en 1980 la herencia que supuestamente le habría dejado su padre en el extranjero y cuyos últimos beneficiarios debían ser su mujer y sus siete vástagos. Y también él tenía, según dijo entonces, sus motivos: por encima de todos, su “opción vital por la política” –léase, por Cataluña–, que le había llevado a abandonar los negocios y, en consecuencia, a dejar sin amparo a esposa e hijos. De ahí que al prócer no le hubiera quedado otra, y nadie lo lamentaba tanto como él, que aceptar aquel dinero defraudado al fisco.

En ambos casos, pues, la familia. Un mismo aire. El que justifica, por ejemplo, que el director administrativo del Palau y principal socio de Millet, Jordi Montull, colocara a su hija Gemma en la dirección financiera del Consorcio. Y el que justifica asimismo esos gastos personales que aparecen en las cuentas, tan propios de una economía doméstica: ese champú, esos bocadillos, ese tabaco. Unas necesidades, en definitiva, que cualquier hijo de vecino suele tener en su día a día. Es verdad, no vamos a negarlo, que junto esa clase de gastos aparecen otros no tan comunes, como esos viajes exóticos, esas reformas lujosas en los domicilios o esas compras de obras de arte. Pero, ¿qué familia no ha soñado alguna vez con un golpe de suerte que le permita hacer realidad sus sueños?

Con todo, allí donde el aire familiar cobra todo su sentido es en la confesión de Millet. En la sobrevenida, claro. Hasta la fecha era posible conjeturar con que Millet y Montull no fueran más que un par de saqueadores domésticos. Lo son, sin duda. Pero lo doméstico, en su caso, no debe ceñirse al provecho estrictamente personal, sino también al de la familia política. Esas donaciones de Ferrovial al Palau tienen un recorrido cuyo destino, gracias a la confesión de Millet,sabemos ya a ciencia cierta. De cada obra pública contratada por la empresa con la Administración catalana, y aparte del 1,5 % que el propio Millet se repartía con su segundo de abordo, un 2,5% acababa en las arcas de Convergència Democràtica de Catalunya. O sea, del partido presidido por Jordi Pujol y Artur Mas, de manera consecutiva. Y aunque la memoria del denunciante no acierta a precisar cuándo empezaron esas donaciones, el hecho de que admita que se produjeron a lo largo de muchos años permite aventurar con que el inicio no estuviera muy lejos de 1990, año de creación de la Fundación del Palau. Así pues, estaríamos hablando de dos décadas de saqueo continuado de la institución y de financiación encubierta de CDC, el llamado pal de paller –tradúzcase por “pilar”– de la Cataluña autonómica.

Artur Mas no ha abierto todavía la boca. Pujol hace tiempo que la tiene cerrada. El partido ha cambiado incluso de nombre. Pero que nadie se llame a engaño: la familia sigue allí, cocinándose una suerte de Estado propio donde el poder judicial no constituya ya un impedimento para la corrupción habida y por haber.