Esta investidura que empezó ayer y terminará previsiblemente pasado mañana sin que el candidato haya logrado el propósito de ser investido presidente del Gobierno ha estado marcada desde el principio por la sombra de la bastardía. Desde la misma noche electoral, Pedro Sánchez y sus palmeros, sean estos del propio PSOE o de Sumar, se han entregado –con el comprensible beneplácito de toda la pléyade de nacionalismos peninsulares, siempre prestos a echar una mano al sátrapa a cambio de una buena tajada presupuestaria, competencial o incluso penal– a la tarea de deslegitimar a Alberto Núñez Feijóo como aspirante a presidir el Gobierno de la Nación. Poco ha importado que el PP fuera el 23-J la fuerza política más votada o que el Jefe del Estado hubiera designado a Feijóo para la investidura atendiendo a la costumbre de proponer al ganador de las elecciones y tanto más cuando, según el comunicado emitido el pasado 22 de agosto por la Casa del Rey, “no se ha constatado a día de hoy la existencia de una mayoría suficiente para la investidura que, en su caso, hiciera decaer esa costumbre”. Poco ha importado, decía, porque Sánchez se había investido ya a sí mismo y todo el resto –incluso la palabra de Felipe VI– estaba de más.

De ahí que la actual investidura haya sido calificada por el presidente en funciones y sus huestes de intolerable pérdida de tiempo. Si ya se conoce el desenlace del proceso, o sea, la inexorable victoria final de Sánchez en su afán por perpetuarse en el poder, han venido a decir, ¿a qué retrasarlo de forma absurda con ese amago del candidato popular condenado ineluctablemente al fracaso? Pero dicho lamento era, como todo lo demás, un trampantojo. Porque, en verdad, ese tiempo supuestamente perdido ha sido aprovechado por la mayoría gubernamental en funciones para preparar el terreno de la más que probable segunda investidura. O, si lo prefieren, para empezar a hacer realidad las exigencias que el socio imprescindible de Pedro Sánchez, el prófugo Puigdemont, ha puesto sobre la mesa y quiere ver satisfechas antes de garantizar su apoyo.

Sea como sea, Feijóo salió ayer airoso del envite. Su discurso correspondió al de un candidato a la investidura, aunque esta no vaya a saldarse presumiblemente con el éxito. Lo suyo fue, pues, una inversión de futuro. Mal que le pese a Aitor Esteban, el portavoz del PNV, que reprochaba a Feijóo, cuando este llevaba media hora de discurso, haber convertido su intervención en una moción de censura –opinión refrendada por cierto por Oskar Matute, el portavoz de EH Bildu–, era imposible esbozar un programa de gobierno sin censurar a un tiempo los efectos de los cinco largos años de gobernanza de Sánchez. Porque cuando uno se enfrenta al desmembramiento de un país, a la erosión de sus instituciones, al destrozo de la convivencia entre españoles, su primera obligación, tanto política como moral, es denunciarlo y comprometerse a enmendar esa herencia si logra el propósito de ser investido.

Pero dicha reivindicación de los valores de la Transición por contraste con la política llevada a cabo por quien no ha tenido empacho alguno en irlos pisoteando uno a uno con contumacia no ha sido obstáculo para que el candidato ofreciera también a los españoles a través de sus legítimos representantes las líneas maestras de un programa de gobierno. Por decirlo en términos deportivos, unas reglas del juego enmarcadas por los límites del terreno de juego, que no son otros que los que emanan de la Constitución y se concretan en el imperio de la ley. Unas reglas que garanticen la continuidad democrática, puesta en entredicho por los gobierno de Sánchez, y que preserven los derechos de las personas ante quienes aspiran a anteponerles supuestos derechos territoriales. Entre los pactos de Estado enunciados y sometidos a la consideración de las fuerzas políticas están muchas de las reformas de calado que necesita este país para no volver a caer en el pozo. Sólo es de lamentar que Feijóo no haya mencionado entre esas reformas la de la ley electoral, a la que los dos grandes partidos nacionales han sido siempre, por desgracia, renuentes.

Y como si el discurso del candidato necesitara ser corroborado allí mismo por los hechos, la decisión de Sánchez de designar a Óscar Puente para que diera la réplica a Feijóo en nombre del Partido Socialista constituyó un reflejo elocuente de la falta de respeto, el desprecio y el endiosamiento de quien no atiende ni atenderá jamás a razones pues se cree por encima de bien y del mal.

Una investidura de futuro

    27 de septiembre de 2023
Para apreciar en su justa medida la naturaleza de los acuerdos de Pedro Sánchez con el nacionalismo catalán, desde su versión más vaporosa hasta la abiertamente montaraz, no basta con apelar a la arrogancia del personaje, a su absoluta falta de escrúpulos, a su desprecio del Estado de derecho o a su patológico apego al poder. Hay que detenerse también en el PSC. O sea, en el socialismo catalán.

Tal y como recuerda el documento “Para un fortalecimiento de las relaciones PSOE-PSC”, suscrito en julio de 2021 por ambos partidos, “el socialismo en Cataluña se expresa y se articula desde entonces [1978] a través del PSC, y éste y el PSOE se relacionan de manera federal y fraternal para la consecución de los objetivos sociales y electorales compartidos”. En estos cuarentaicinco años de relación “federal y fraternal” ha habido los inevitables altibajos, pero no hay duda de que el balance ha sido para unos y otros más que satisfactorio. Números cantan. Los más recientes, los logrados en Cataluña por el PSC-PSOE en las últimas elecciones generales y que permiten hoy a Sánchez alimentar la esperanza de seguir siendo presidente del Gobierno, sobre todo tras la constitución de la Mesa del Congreso y la mayoría parlamentaria que se sigue de ella. Los más lejanos, aquel 45% del voto emitido en Cataluña en las generales de 1982, las de la histórica mayoría absoluta de Felipe González, un resultado sólo igualado en la serie porcentual por el obtenido en las de 2008, cuando José Luis Rodríguez Zapatero revalidó su presidencia.

Pero la pareja de hecho formada por ambos partidos remite asimismo a la singularidad catalana. Se da también en el PSUC del antifranquismo y la Transición en su relación con el PCE y, más adelante, en la de Iniciativa per Catalunya con Izquierda Unida. Una especie de juntos pero no revueltos donde la subordinación del pequeño al mayor por aquello de la jerarquía fraterna tiene como contrapeso la tolerancia del mayor hacia los caprichos federales y los prontos sentimentales del pequeño. Para hacerse cargo de ello conviene recular en el tiempo. Un siglo, por lo menos.

Tanto PSC como PSUC tienen un origen común, la Unió Socialista de Catalunya (USC). La USC nació en 1923, meses antes del pronunciamiento del general Primo de Rivera, y lo hizo como una escisión de la Federación Catalana del PSOE. Una escisión cuya razón de ser era un catalanismo que no encontraba su encaje en el partido fundado por Pablo Iglesias. (Recuérdese al respecto que el término “catalanismo” en aquellos años no había sufrido aún el blanqueo eufemístico que lo situaría en el futuro en la franja más moderada del nacionalismo catalán; catalanismo entonces era sinónimo de separatismo.) La USC, pues, aunaba socialismo y separatismo, haciendo suyo el derecho a la autodeterminación de los pueblos emanado del Tratado de Versalles, como si Cataluña fuera uno más de los pecios nacionales surgidos del naufragio del Imperio Austrohúngaro. Que el PSC denomine Consell Nacional lo que en el PSOE es el Comité Federal no puede disociarse, pues, de esos precedentes.

Unos precedentes que incluyen también el hecho de que durante la Segunda República los representantes de la USC se integraran sin reparo alguno en las listas electorales de la ERC de Macià, Companys y compañía. O sea, allí donde desfilaban las verdes milicias de Estat Català. Algo que no sucedió, en cambio, con la Federación Catalana del PSOE, excepto cuando la integración en el Frente Popular se convirtió en un imperativo para toda la izquierda. En los primeros días de la guerra civil, una parte notable de la USC acabaría convergiendo, tras meses de negociaciones, con otras formaciones afines –entre ellas, la propia Federación Catalana del PSOE– para fundar el PSUC, el partido de los comunistas catalanes.

El reencuentro entre las familias socialistas lo propició el antifranquismo y se consumó en plena Transición. El PSC (Partido de los Socialistas de Cataluña) nació en el verano de 1978 de la confluencia de tres fuerzas políticas: dos eran herederas de aquel socialismo separatista de los años republicanos; la tercera volvía a ser la Federación Catalana del PSOE, que esta vez –el espíritu de la Transición, concretado en la necesidad de compensar al nacionalismo por las privaciones de la dictadura, pesó lo suyo– no fue un cuerpo ajeno e independiente, con personalidad propia, sino uno destinado a diluirse, más pronto que tarde, en la piscifactoría del nacionalismo catalán. Basta con echar una ojeada a los nombres de los primeros dirigentes del PSC –los Reventós, Obiols, Serra, Maragall, Nadal, etc.–, pertenecientes todos a la burguesía catalana más acomodada, para convencerse de que el rastro de los abnegados representantes del PSOE no había que buscarlo en las alturas del partido. Y cuando a comienzos de siglo llegó por fin la hora de los Montilla, Zaragoza y demás, ya nada los distinguía, en su asunción del nacionalismo, de sus antecesores.

Muy a menudo, al hablar del socialismo catalán se recurre a la metáfora de las dos almas, la catalanista y la españolista. No hay tal. Ni creo que lo haya habido nunca. El PSC ha sido desde sus orígenes una emulsión hecha de grandes dosis de nacionalismo más o menos tibio y de –como mucho– unas gotitas de españolismo aromático. En las últimas décadas no ha mudado de piel, como algunos se empeñan en sostener para explicar su conducta. Los pactos que ha establecido con ERC entroncan con su pedigrí más remoto. Su nacionalismo, pues, no es sobrevenido, no surge con la llegada de Pasqual Maragall a la presidencia de la Generalidad ni con la de José Luis Rodríguez Zapatero a la secretaría general del PSOE y a la presidencia del Gobierno. Simplemente se manifiesta ya sin complejos, atento sólo a la conquista del poder y a su conservación.

El que sí ha mudado de piel es el PSOE, hasta el punto de llegar a pactar con toda clase de nacionalismos, sin importarle para nada si son de derechas o de izquierdas y sin descartar siquiera a aquellos cuyo principal objetivo es destruir lo que simboliza esa “E” que todavía figura en las siglas del partido. Pero como de ello tienen cumplida cuenta a diario en estas mismas páginas, me van a permitir que les ahorre detalles y termine aquí esta Tercera.

La piel del PSC

    25 de septiembre de 2023
Entre los defensores de la amnistía que viene no todo son yolandas. Junto a quienes relativizan lo que representó en la historia de España la amnistía –la excepcionalidad del término se refleja precisamente en su uso antonomástico a lo largo de los últimos 45 años– añadiéndole, al modo de la vicepresidenta segunda del Gobierno, otras amnistías posibles, incluso alguna gestualmente entrecomillada; junto a estos están los broncos, los de la brocha gorda, los que no se andan con contemplaciones a la hora de denostarla. Y no me refiero a los que hablaban no hace tanto del “régimen del 78” –la propia Yolanda Díaz, sin ir más lejos, antes de su reencarnación ministerial, o los Pablo Iglesias, Irene Montero y Juan Carlos Monedero–, sino a personajes como Patxi López, actual portavoz –habrá que ver en qué lengua– del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso.

López participó el pasado sábado en Asturias en un acto en recuerdo de las víctimas del franquismo y afirmó, furibundo: “Estos furibundos contra la hipotética amnistía resulta que aplaudieron con las orejas la amnistía del 77, que perdonó por igual a los defensores de la democracia que a los que la pisotearon”. Esperar algo de finura de Patxi López –esa némesis de Nicolás Redondo Terreros en el PSE-PSOE que abandonó la carrera de Ingeniería Industrial para dedicarse en cuerpo y alma a la de Fontanería Política, donde, a la vista está, se ha graduado con éxito– es esperar mucho. Pero, más allá de las formas, sus palabras suponen un vuelco radical en la postura del Partido Socialista. Ya no se trata de relativizar la amnistía, siguiendo los pasos de la líder de Sumar, sino de negarle cualquier valor. La amnistía de octubre de 1977, al igual que la ley de Reforma Política de diciembre de 1976 que posibilitó la celebración en junio de 1977 las primeras elecciones democráticas después de la dictadura y el inicio del proceso constituyente, es una pieza más, y no menor, del engranaje de la Transición. Sin amnistía no habría habido democracia en España. Era una condición sine qua non para empezar un tiempo nuevo, presidido por la voluntad de superar un pasado de enfrentamiento civil.

Pero no hay duda de que para López –siguiendo en esto la senda marcada por el presidente Sánchez y el expresidente Rodríguez Zapatero– ese tiempo y el espíritu que lo alumbró carecen ya de toda vigencia. Sus palabras del sábado lo evidencian. Afirmar que los “furibundos contra la hipotética amnistía (…) aplaudieron con las orejas la amnistía del 77” equivale a reconocer que aquella generación de políticos, entre los que destacaban los del propio PSOE de González y Guerra y del PCE de Carrillo, se comportó entonces de forma absolutamente irresponsable. Y es que la amnistía, a juicio del actual portavoz parlamentario socialista, “perdonó por igual a los defensores de la democracia que a los que la pisotearon”. Lo cual no deja de ser cierto. Otra cosa es dónde se ubicaban ideológicamente unos y otros. Probablemente en todas partes.

Pero ya se ve que la contraposición entre defensores y pisoteadores de la democracia formulada en un acto en memoria de las víctimas del franquismo escondía en realidad, en la contundente cabeza de López, una contraposición entre izquierda y derecha, entre buenos y malos, entre víctimas y verdugos, entre demócratas y antidemócratas. Un maniqueísmo nacido de la arraigada superioridad moral de que hace gala la izquierda, incapaz de reconocer sus propias maldades a la vez que las bondades del adversario político y para la que todo fin parece justificar los medios. Pero incluso en eso los tiempos han sufrido un revolcón considerable. Porque los hechos demuestran que, para López y quienes dirigen hoy el PSOE, no basta ya con ser o declararse de izquierda para formar parte del partido. También hay que rendir pleitesía al Caudillo. Y, si no, que se lo pregunten a Nicolás Redondo.

La amnistía que fue

    20 de septiembre de 2023
Hay que agradecer a Nicolás Redondo Terreros el acto de dignidad –“Dignidad”, así titulaba el propio Redondo el artículo publicado el pasado 3 de septiembre en El Correo– que supone el anuncio de su abandono del partido si al fin se consuma la promulgación de esa amnistía a la carta que sobrevuela desde hace mes y medio la política española. Una dignidad que consiste en no abjurar de los principios que todo ciudadano debería tener y preservar, en no anteponerles un mezquino interés de parte y de partido, y que es justo lo contrario de lo que están haciendo tantos dirigentes del PSOE y compañeros de viaje –políticos, intelectuales, periodistas– que ayer decían blanco y hoy dicen negro. La hemeroteca rebosa de ejemplos, por lo que voy a ahorrárselos al lector.

Habrá sin duda quien objete que entre los socialistas que un día estuvieron en primera línea el caso de Nicolás Redondo es distinto, excepcional incluso. Cierto. Se trata del único socialista que no dudó en abogar en 2001, siendo secretario general del PSE-EE y candidato a lendakari, por un acuerdo con el Partido Popular del País Vasco liderado por Jaime Mayor Oreja al objeto de desalojar al PNV del poder. De haberles acompañado entonces los resultados electorales, España habría tenido –a nivel regional, eso sí– el primer gobierno de eso que ahora se conoce como “gran coalición”. (El posterior acuerdo de 2009 por el que Patxi López alcanzó la presidencia no fue un pacto de similar naturaleza, sino un acto de generosidad del PP vasco para facilitar un gobierno monocolor del Partido Socialista.) En todo caso, aquel empeño de Redondo y Mayor en anteponer la dignidad democrática a la infame alianza de todo el nacionalismo vasco –Herri Batasuna incluida– concretada en el Pacto de Estella, le costó al primero la secretaría general en el País Vasco y supuso, en último término, su ostracismo dentro del socialismo español.

Y, aun así, a lo largo de los más de veinte años transcurridos desde entonces –en los que se fundó, recuérdese, UPyD– Redondo no ha abandonado el barco socialista. Ha seguido militando, aunque sin cargo alguno. Acaso por apego a unas siglas, acaso por tradición familiar, el hecho es que no ha considerado necesario cortar ese vínculo. Hasta hoy, y siempre y cuando Pedro Sánchez acabe cediendo al chantaje del prófugo de Waterloo para lograr la investidura tras el presumible fracaso en el intento del candidato Alberto Núñez Feijóo.

Por supuesto, no creo que la decisión de Redondo preocupe lo más mínimo a la actual dirigencia socialista –que ya le abrió expediente, por cierto, aunque luego lo cerrara, por su presunto apoyo a Isabel Díaz Ayuso en un acto de la campaña para las autonómicas de 2021 junto a Joaquín Leguina–. Ya ha habido quien se ha encargado de recordar, desde el Gobierno en funciones, que la generación de la Transición, o sea, la de la amnistía que sucedió a las primeras elecciones democráticas, las del 15 de junio de 1977, y, en definitiva, la de la Constitución de 1978 que ponía término al proceso transitorio, es cosa del pasado y que ahora el PSOE es otro, con otras preocupaciones y, sobre todo, con otros dirigentes. Además, los partidos políticos, se llamen como se llamen, constituyen un coto cerrado, funcionan como una verdadera oligarquía, por lo que es casi imposible imaginar que el anuncio de Nicolás Redondo encuentre en las filas socialistas adhesiones, cuando menos explícitas.

Otra cosa sería que su postura fuera adoptada igualmente por dirigentes históricos como Felipe González o Alfonso Guerra. O sea, que las dos principales figuras de aquel PSOE que arrumbó el marxismo y contribuyó a forjar nuestro Estado social y democrático de derecho anunciaran también que, de consumarse la fechoría exigida por Puigdemont, ellos serían los primeros, junto a Redondo y cuantos siguieran su ejemplo, en romper el carnet. No sólo, insisto, en participar junto a otros compañeros en actos públicos como el que, según publicaba este medio el pasado domingo, se está fraguando para finales de mes en contra de una posible amnistía, sino en secundar a su vez a su correligionario vasco en la palabra empeñada y abandonar, por tanto, el que ha sido su partido de toda la vida. No sé si la promesa, formulada por González y Guerra, haría retroceder a Sánchez. Pero estoy seguro de que algún efecto tendría. Y, sobre todo, les haría merecedores de la misma dignidad que en estos momentos honra a Nicolás Redondo Terreros. 


La dignidad de los socialistas

    13 de septiembre de 2023
Quienes nos frotamos cada mañana los ojos ante la realidad política española y nos preguntamos cómo es posible que esté pasando lo que está pasando siendo España un Estado de derecho plenamente integrado desde hace décadas en la Unión Europea, solemos atribuir cada vez más nuestras penurias a los pactos de la Transición. No, por supuesto, a la manera de aquel Podemos de Pablo Iglesias y su cantinela sobre “el régimen del 78”, sino insistiendo en la deslealtad de los nacionalismos y, sobre todo, en la connivencia de los dos grandes partidos nacionales –y, muy en particular, del socialista– con las crecientes e insostenibles exigencias de quienes no albergan otro propósito que la erosión permanente de las instituciones del Estado, empezando por la más alta.

La puntilla a esa degradación sostenida de nuestra democracia fueron sin duda los resultados de las últimas elecciones generales. La esperanza de una vivificante y reparadora alternancia en el poder quedó en nada, como han ido evidenciando desde entonces los movimientos de las distintas fuerzas políticas y las posibles alianzas entre unas y otras. Lo más probable, en suma, es que a partir de octubre tengamos más de lo mismo. O sea, más Pedro Sánchez, más conchabanzas gubernamentales –legales o no– con los separatismos peninsulares, más pisoteo de la división de poderes, más desigualdad entre los españoles; en una palabra, más aluminosis en nuestra casa común.

Pero sería un error ver en todo ello una suerte de mano negra encarnada en la figura abrasiva de Pedro Sánchez. Ni siquiera la de Rodríguez Zapatero como antecedente y cooperador necesario alcanza a explicar lo ocurrido. Para tratar de entenderlo hay que tener presentes dos factores. Ante todo, el relevo generacional. Los resultados del 23J son el reflejo de la voluntad de un cuerpo electoral radicalmente distinto del que hace cuarentaicinco años protagonizó la Transición –porque, aunque a menudo se olvida, fueron la inmensa mayoría de los españoles, no sólo sus representantes políticos, los principales protagonistas–. Un cuerpo electoral marcado a sangre y fuego por la guerra civil y el franquismo y, lo más importante, movido por el deseo, casi imperativo, de superar los enfrentamientos del pasado y abrir un tiempo nuevo de concordia bajo el marco de una Monarquía constitucional que fuera, esa sí, de todos. De ahí que el ejercicio nostálgico al que muchos españoles se entregan hoy día en relación con aquella época resulte para ellos indisociable de la sensación de haber sido víctimas de una estafa. Y es que cuarentaicinco años atrás, ni los nacionalismos disolventes –si exceptuamos el terror sembrado por ETA– habían mostrado aún su verdadero rostro, ni los dos grandes partidos nacionales su ceguera y sus flaquezas en su trato con ellos.

Pero esas nuevas generaciones crecidas en democracia y cuyos miembros han accedido ya a la condición de electores han sido formadas, en el ámbito público sobre todo, mediante un sistema educativo cuyo sesgo pedagogista y doctrinario ha ido barriendo poco a poco, casi sin retroceso alguno –todas las leyes efectivamente aplicadas, salvo en el par de años de pleno desarrollo de la Lomce, han llevado el marbete de la izquierda–, principios y valores como el esfuerzo, la exigencia, el mérito o la transmisión del conocimiento. En paralelo, la legislación ha favorecido cada vez más la cesión de competencias a las autonomías y el desistimiento de la Administración central en lo que legalmente le obliga. La Alta Inspección Educativa, pongamos por caso. La renuncia a recurrir a ella para frenar y revertir en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales la vulneración del derecho a ser escolarizado en español o para sancionar tantos indicios de adoctrinamiento y abuso de autoridad en los centros docentes acaso sea el ejemplo más hiriente.

Por no hablar de esa prueba de selectividad bautizada y rebautizada con mil siglas distintas y cuyos contenidos y criterios de evaluación difieren de una autonomía a otra, con lo que se acaba premiando la mediocridad, castigando la excelencia y fomentando, en definitiva, la desigualdad entre los jóvenes. O de esos currículos que ni siquiera sirven para que nuestros bachilleres sepan, en muchas partes del territorio, cuál es la historia de su propio país. O de otros muchos aspectos de un modelo educativo profundamente regresivo que la izquierda española sigue vendiendo como la máxima expresión de la igualdad, el progreso y la modernidad.

No es de extrañar que décadas y más décadas de enseñanza pública regida por ese patrón hayan contribuido a producir en la sociedad española la aluminosis que ahora nos corroe. Ojalá cuando llegue el momento de ponerle remedio –más pronto o más tarde ese día llegará, no hay que perder la esperanza– no nos veamos forzados a echar abajo todo el edificio para levantar uno nuevo.

La aluminosis educativa

    6 de septiembre de 2023
Para hoy miércoles a las 10:00 está prevista la reunión entre Feijóo y Sánchez en el Congreso de los Diputados. El primero se lo propuso hace un par de días al segundo y este aceptó. No es una mala noticia. En alguno de sus imprescindibles ensayos sobre el periodismo, Lorenzo Gomis apuntaba que el simple hecho de que dos dirigentes políticos se reúnan, al margen de cuál sea el tema del que vayan a hablar y de lo que termine saliendo del encuentro –en el supuesto de que salga algo–, ya es en sí mismo noticia. Es decir, ya lo es para el periodismo, en la medida en que así lo presenta en sus páginas, ondas y pantallas. Si encima los protagonistas son los máximos representantes de los dos principales partidos de este país, la imagen del encuentro traslada al ciudadano cierta sensación de normalidad, por más que todo el mundo sepa de antemano que la reunión no va a dar ningún fruto. De ahí, insisto, que no pueda considerarse en puridad una mala noticia.

Claro que, por esa misma razón, porque cualquier reunión en las actuales circunstancias políticas es noticia, uno no se exhibe públicamente con cualquiera. Feijóo ya ha dicho que le gustaría reunirse con el resto de las fuerzas políticas, excepto con EH Bildu. Sánchez, cuando le llegue el turno, si finalmente le llega, de intentar la investidura, se reunirá también con las demás fuerzas políticas, excepto con Vox. Pero, aparte de las exclusiones, está también la naturaleza de los interlocutores. No todo van a ser primeros espadas. Estarán también los palafreneros, mayores o menores. Ni todo van a ser reuniones a plena luz. Habrá asimismo eso que los políticos y los medios de comunicación califican de contactos discretos –léase furtivos–. Los ha habido ya, y los seguirá habiendo. En todas las direcciones, no hace falta precisarlo. Una investidura es una investidura.

Pero de cuanto sabemos a estas alturas de las intenciones del candidato Feijóo –tanto si han sido expresadas por él como si se han conocido a través de otro miembro de la dirección del partido–, lo más sorprendente es sin duda que no haya cerrado la puerta a hablar con Junts. Y sorprende, sobre todo, porque el Partido Popular parece haber asumido el mantra del diálogo, tan usado y manoseado por la izquierda. El diálogo no como medio, sino como fin. El diálogo como suprema manifestación del buenismo, sin límites ni exclusiones. Es verdad que el PP ha excluido de ese diálogo a los herederos de ETA –lo contrario habría sido inconcebible para sus votantes y quiero creer que también para los propios dirigentes populares–. Pero ¿por qué no hacer lo mismo con los representantes de un partido, Junts, cuyo máximo dirigente es un prófugo de la justicia que perpetró un golpe de Estado, proclamó una fantasmal república catalana de ocho segundos y huyó en la maleta de un coche para no tener que responder de sus actos ante la justicia? La voz triste y desértica del líder catalán del partido, Alejandro Fernández, oponiéndose sin matices a cualquier trato con el irredentismo de Puigdemont y compañía no puede ser más explícita. 

Como es natural, el fugado de Waterloo ya está pavoneándose de la subasta que se avecina, si no ha empezado ya. A ver qué me ofrece este, a ver qué me ofrece aquel. Dado que lo que se licita son bienes materiales e inmateriales del Estado, cuanto más pujen los candidatos más rédito va a sacar el felón.

Ignoro qué pasa por la cabeza de Feijóo y de quienes le asesoran en este trance. Aun así, me cuesta mucho imaginar que abriguen alguna esperanza de acuerdo con Junts. Lo que ya no me parece tan improbable es que en este diálogo sin otra frontera que la configurada por las huestes de Otegui a quien estén mirando de soslayo sea al PNV. Mostrarse dispuesto a reunirse con Junts es una forma de decirle al PNV que su respeto por el nacionalismo llega a tal extremo que pueden pedir incluso la luna, que por el PP no va a quedar. En otras palabras: que no saben lo que se pierden negándole a Feijóo el voto de sus cinco diputados.

La política española está hoy más que nunca en manos del nacionalismo, con todo lo que ello supone.

Reunirse con el nacionalismo

    31 de agosto de 2023
Hace un par de semanas les hablaba aquí mismo de la posibilidad de que en el Congreso de los Diputados se utilizaran las distintas lenguas cooficiales del mismo modo que se ha venido utilizando hasta hoy nuestra lengua común, la única que posee el marchamo constitucional de “lengua oficial del Estado”. Entonces era una posibilidad. Ahora es más que eso, tras el pacto al que llegó el PSOE del candidato Sánchez con el prófugo de Waterloo y por el que Francina Armengol, esa mujer tan desaforadamente incorrecta con el lenguaje que es capaz de referirse “a los mayores y a las mayoras”, ocupa desde el pasado jueves la Presidencia de la Cámara. En su discurso inaugural, la flamante presidenta se dejó llevar por el entusiasmo y anunció que a partir de aquel momento esas lenguas que sólo tienen carácter oficial en determinadas regiones de España iban a oírse en los plenos.

Por supuesto, como la razón y la ley son enemigas del entusiasmo, ya han empezado las frenadas. (Que es lo mismo que aguarda, sin duda –como explicaba hace unos días el director de este periódico, Álvaro Nieto–, a la propuesta análoga que el ministro Albares ha trasladado a la Unión Europea.) Sobre lo absurdo de la iniciativa, teniendo como tenemos una lengua común, no voy a insistir. Añádanle el costo que va a suponer para las arcas públicas. Lo que me interesa poner hoy de relieve son las contradicciones en que han caído sus promotores. Es verdad que se trata de quienes han gobernado y legislado en los últimos cinco años aprobando leyes como la del sólo sí es sí, por lo que a nadie debería sorprender que del cumplimiento de la promesa hecha a Puigdemont pueda salir un bodrio de semejante magnitud. En todo caso, y por si sirve para hacer entrar en razón a quien corresponda, ahí van algunas consideraciones.

La igualación entre la lengua oficial y las cooficiales en los plenos del Congreso no responde a ningún criterio comunicativo; únicamente simbólico y sentimental. Se entiende que el que va a expresarse en gallego, catalán o vascuence en vez de hacerlo en español, es porque siente esos idiomas como propios o, cuando menos, como más propios que el otro. No en vano tal propiedad está recogida en los respectivos Estatutos de Autonomía, por más que se refiera al territorio y no a los ciudadanos que en él residen. Pero, siendo así, ¿por qué ni Díaz, ni Armengol, ni por supuesto Puigdemont y asociados, han incluido el valenciano entre los idiomas beneficiados por una futura utilización en el Congreso? En el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana no hay otra lengua “propia” que la que se designa con este nombre. La razón, ya se lo figuran, es de tipo político, aunque se disfrace de filológica. El valenciano, ciertamente, es una variedad dialectal del catalán, pero el motivo por el que se designa así en el Estatuto y no como catalán tiene que ver con el uso y la costumbre del lugar. (Lo mismo ocurre con el mallorquín, el menorquín, el ibicenco y el formenterense, aunque en este caso los redactores del Estatuto de Baleares ni siquiera se tomaron la molestia de incluir las respectivas denominaciones en la norma institucional.) Un motivo sentimental y simbólico, en definitiva, como el que lleva a los impulsores de la iniciativa a proponer lo que han propuesto y que debería contar, por tanto, con la misma consideración y respeto.

Claro que, una vez abierto el melón, ¿dónde ponemos el límite? Ya se ve con lo del valenciano –o con lo del aranés, que para el caso es lo mismo– que la cooficialidad estatutaria no es argumento suficiente para formar parte de la élite lingüística de este país. Y si lo importante no es esto, sino la condición de lengua diferenciada, ¿por qué despreciar entonces el asturiano o el aragonés, cuyos hablantes han expresado ya, por vía interpuesta, la sensación de agravio? Uno tiene la sensación, al cabo, de que el único criterio que acabará importando será el que la Mesa del Congreso decida aplicar. A lo Batet, vaya.

No quiero terminar este artículo sin pedir a nuestros representantes políticos un poco de empatía con los intérpretes que vayan a ser contratados para desarrollar tan abnegada labor. Por competentes que sean, traducir a una cualquiera de las demás lenguas en contacto las intervenciones, pongamos por caso, de la ministra de Hacienda en funciones, la sevillana María Jesús Montero, o del diputado mallorquín de Sumar, Vicenç Vidal, tendrá un mérito enorme que debería ser retribuido adecuadamente. Sobre todo en el caso de este último. Imagínense que Vidal va y le suelta a algún diputado nacido en otra parte de España este modismo de su tierra: “Vostè té esperit de Francina, que lo que no sap ho endevina” (literalmente, “Usted tiene espíritu de Francina, que lo que no sabe lo adivina”). Por mucho dominio del catalán que atesoren, no creo que el conocimiento les alcance para encontrar un modismo equivalente en otra lengua. Y conste que la Francina que preside el Congreso nada tiene que ver con la oracular. Aunque ya le gustaría, supongo.


Hay algo a lo que deberíamos irnos acostumbrando, nos guste o no, si no queremos andar de sobresalto en sobresalto. Hoy por hoy, España está en manos de un prófugo, de un sedicioso, de un delincuente. Lo de mañana por la mañana, esa reunión de la ejecutiva de Junts para decidir el sentido del voto de sus siete diputados dos horas antes del inicio de la sesión constitutiva de la XV legislatura en el Congreso y el Senado, mientras tanto PP como PSOE han convocado hoy mismo a los suyos, no es más que un primer indicio de lo que nos aguarda. En palabras del prófugo –y, al cabo, único decididor de la postura que termine adoptando su partido–, se trata de que Pedro Sánchez “mee sangre” si quiere obtener los votos que precisa para controlar la Cámara. Y quien dice Sánchez dice Feijóo, suponiendo que también llegara a pedírselos. Como escribió en junio de 2018 Agustí Colomines, aquel enajenado devoto de Puigdemont que meses después se lamentaría de que no hubiera habido muertos en Cataluña porque ello retrasaba la independencia, la misión del soberanismo catalán es hacer “mear sangre al Estado y a los unionistas”.

¿Qué acabará decidiendo mañana a primera hora el de Waterloo? Poco importa. Aunque la composición de la Mesa del Congreso condicione el discurrir de una legislatura, el interés de Puigdemont y los suyos –al contrario que el de ERC, por ejemplo, partidario de los pactos con el socialismo lo mismo en Cataluña que en el conjunto de España– es desestabilizar el Estado, hacerle “mear sangre”. En estos momentos –ríanse de los exetarras de Bildu, encantados con sus logros–, Junts es el verdadero partido antisistema. De ahí que su máximo objetivo vaya a ser en lo por venir aprovechar su capacidad decisoria para dilatar al máximo los tiempos. Lo de este jueves no pasa de un aperitivo. Engañoso, por otra parte. Muchos creen que los resultados que arrojen las votaciones van a prefigurar los que se den en una futura investidura. En el caso del septeto de Junts no tiene por qué ser así. El voto de los independentistas más xenófobos –en el supuesto de que en este ámbito pueda establecerse algún ranking fiable– se amoldará en cada circunstancia a lo que mejor contribuya a mantener y acrecentar la incertidumbre. O sea, la inestabilidad.

Así las cosas, de nada sirve consolarse soñando con un sistema electoral distinto, mucho más proporcional –y, por lo tanto, justo– que el que rige en estos momentos. O con un Estado donde la ley merezca el máximo respeto. O con una separación de poderes que vaya más allá de una mera conjetura. O con una gran coalición que nos saque de la dependencia de unas fuerzas políticas centrífugas que, aunque minoritarias, se bastan y se sobran para anteponer sus intereses, siempre mezquinamente particulares, al interés general. Tanto el PSOE como el PP han dispuesto de décadas para promover las reformas imprescindibles para que lo que está pasando en España no llegara nunca a pasar. Y a un acuerdo programático entre las partes que abordara esta asignatura pendiente, unos y otros han antepuesto en todo momento –más los socialistas que los populares, ciertamente– el beneficio que resulta del ejercicio privativo del poder, presente o futuro.

Mientras tanto, nuestra vida política tiene hoy su epicentro en Bélgica. Pero no en Bruselas, bajo el amparo y la disciplina de la Comisión Europea, sino en Waterloo, regida por la batuta caprichosa de un personaje sobre el que pende una orden de detención por los delitos de desobediencia y malversación. Lo comprobaremos sin duda mañana mismo. Y mucho me temo que también en los próximos meses, termine como termine ese largo interludio de provisionalidad. Confiemos en que para entonces al Estado le quede todavía alguna gota de sangre.

En manos de un prófugo

    17 de agosto de 2023
Entre las muchas contraprestaciones que se han barajado estos días para que Carles Puigdemont acabe dando su apoyo a una futura investidura de Pedro Sánchez –ya saben: amnistía para el prófugo y para cuantos estén pendientes de juicio por el llamado Proceso; convocatoria de un referéndum de autodeterminación; condonación de la deuda de la Comunidad Autónoma con el Estado; creación de un concierto económico similar al vasco, y un larguísimo etcétera–, está la relativa a la lengua. O sea, al uso del catalán en las Cortes, como si la oficialidad que el idioma tiene reconocida a través de la Constitución y los correspondientes Estatutos de Autonomía de Cataluña y Baleares en los territorios respectivos pudiera y debiera extenderse a las cámaras representativas del conjunto del pueblo español. Hasta hoy, dicho uso ha estado limitado al Senado, la cámara de representación territorial, y sólo en fechas señaladas.

La propuesta, planteada hace una semana por Yolanda Díaz en su afán por allanar el camino de un acuerdo con el irredentismo catalán, incluye también, por supuesto, las demás lenguas cooficiales. No estamos, pues, ante ninguna novedad. Al contrario, no ha habido legislatura, que yo recuerde, en que el reclamo de la utilización en el Congreso de esas lenguas que podríamos calificar de asistidas –aunque no sea más que por lo que nos cuesta que sigan respirando– no haya contado con su correspondiente iniciativa parlamentaria. Y si bien todas se han saldado con el fracaso, han permitido al menos a los nacionalismos desahogarse, reivindicarse ante sus propias huestes y mantener viva la llama del agravio, que siempre calienta más que la de la esperanza. Es muy probable que en este caso la propuesta no prospere por razones puramente prácticas y de coste, pero con Sánchez y sus apremios para conservar el poder, si finalmente Feijóo no es investido, nunca se sabe. Sea como fuere, la propuesta permite volver sobre un asunto que, al vincularse con la progresiva influencia del nacionalismo en la política española, ha adquirido un protagonismo que no hace sino laminar cada vez más nuestra democracia.

Existen por lo menos tres motivos para rechazar la ocurrencia de la siempre ocurrente vicepresidenta en funciones del Gobierno y líder del corralito bolivariano de Sumar. El primero es de orden estrictamente legal. En España no hay otra lengua oficial que el castellano, tal y como prescribe la Constitución. Las demás sólo son oficiales en las comunidades autónomas cuyo Estatuto así lo establece –y siempre en concurrencia con la española–. De ahí que un uso generalizado en las Cortes resulte contrario no sólo al reglamento de las cámaras, sino al propio concepto de oficialidad emanado de la Carta Magna.

El segundo motivo es de orden sociolingüístico. En España no hay otra lengua común que el castellano o, si lo prefieren, español. Cuando Puigdemont o Junqueras se reúnen con Urkullu u Otegi, pongamos por caso, no tienen más remedio que recurrir al español para entenderse. El español es la única koiné del Estado –y de mucho más allá, si tomamos en consideración el conjunto del ámbito hispanohablante–. Es más, en todos los Estados de Europa donde se habla más de una lengua y se reconoce su oficialidad o cooficialidad, no existe caso igual. Ninguna de esas lenguas –en Bélgica, en Suiza, en Luxemburgo– puede considerarse como la lengua de comunicación entre todos los ciudadanos del Estado en cuestión. Sólo el español posee ese atributo.

Y el tercer motivo complementa en cierto modo el anterior. ¿Cómo puede siquiera plantearse un político, incluso si es de luces cortas como en el caso de Díaz, una propuesta de este tipo, cuando resulta que en muchas de las comunidades autónomas con lenguas cooficiales el español es excluido de las instituciones y su uso erradicado de los centros de enseñanza y de los medios de comunicación públicos? ¿Cómo puede llegar a proponer lo que propone si los respectivos gobiernos autonómicos desobedecen o tratan de burlar las sentencias judiciales en connivencia con el Gobierno central?

Diez años atrás, año más, año menos, un grupo de amigos y conocidos residentes la mayoría en Cataluña lanzaron una iniciativa consistente en proponer a los partidos políticos la elaboración de una ley de lenguas que permitiese, de un lado, el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y el Senado y que garantizase, del otro, que la lengua común fuera también, junto a la cooficial, lengua institucional y de la enseñanza en las comunidades autónomas donde se diera esa concurrencia. Creían de buena fe en el trueque: lo uno a cambio de lo otro. Hace tiempo que no sé de ellos. Muchos, me consta, andan enfrascados –lo mismo en Cataluña que en Baleares– en la defensa de los ciudadanos que reclaman sin éxito una enseñanza también en español y en la denuncia de los abusos a que la administración regional los viene sometiendo. Pero dudo mucho que, ante lo vivido de entonces para acá, les haya pasado siquiera por la cabeza retomar aquella iniciativa en la que veían la solución a todo estos males vinculados al idioma y, en definitiva, a la perversión del nacionalismo.

No entiendo el empecinamiento bienintencionado de algunos comentaristas de la actualidad o expolíticos socialistas al abogar por una gran coalición entre los dos partidos mayoritarios. No lo entiendo ahora, como no lo entendía antes de conocer el desenlace de las pasadas elecciones. Aunque no se trate en puridad de un argumento, tal supuesto no se ha dado nunca en la actual democracia, cuando menos a escala nacional. Sólo existe un caso en el ámbito regional, y no fue propiamente de gran coalición de gobierno, sino tan sólo parlamentaria. Sucedió en 2009 en las autonómicas vascas, cuando la suma de los escaños entre PSOE (25) y PP (13) alcanzó la mayoría absoluta requerida para la investidura (38) y facilitó, por primera y única vez, la formación de un gobierno no nacionalista. El socialista Patxi López fue investido lendakari y el popular Antonio Basagoiti le brindó durante toda la legislatura un leal y abnegado apoyo.

Habrá quien objete que, puestos así, algo parecido ocurrió en 2016 en el Congreso de los Diputados, cuando la cerrazón de un Pedro Sánchez que se negaba a facilitar la investidura encastillado en su “no es no” provocó aquel bochornoso Comité Federal, la dimisión del propio Sánchez como secretario general del partido, la formación de una gestora presidida Javier Fernández y, ante la decisión tomada de favorecer con la abstención socialista la investidura de Rajoy, la renuncia del ya exsecretario general a su acta de diputado. Como se ve, la posible analogía se desvanece cuando se repara en que lo del País Vasco fue un voto afirmativo y duradero –por más que Patxi López decidiera acortar en 2012 un año la legislatura–, mientras que lo del Congreso quedó en una simple abstención de un grupo socialista roto por dentro y por fuera. 

Valga lo anterior para alejar toda esperanza de un acuerdo de similar naturaleza en la hora presente. En la medida en que el sacrificio –o, siendo menos dramático, la generosidad– debería proceder de las filas socialistas, sería un verdadero milagro que sus dirigentes pensaran por un momento en el interés general –como hizo el PP en el País Vasco– y no en el suyo propio. Y no únicamente por el liderazgo autocrático de Sánchez en el partido y la imposibilidad de que se repita lo de octubre de 2016; también y sobre todo por la demonización a la que la izquierda de este país ha sometido siempre a la derecha, como si la alternancia en el poder no fuera algo habitual y hasta conveniente en un régimen democrático, sino una alteración genética tan imprevista como indeseable.

Todo indica que Sánchez tiene ya medio atada su investidura, mientras que Feijóo difícilmente podrá asegurar la suya. Habrá que ver si tras las preceptivas consultas que abrirá el Rey al poco de constituirse las Cámaras, al candidato popular –que ya ha manifestado, al igual que el socialista, su voluntad de presentarse a la investidura– se le ofrece al menos la oportunidad de someterse al refrendo de los diputados. Al margen de cuál fuera el resultado de la votación, la simple posibilidad de defender en sede parlamentaria y sin límite de tiempo un programa de gobierno como el que cabe deducir del programa de su partido y de lo manifestado con reiteración por el propio Feijóo a lo largo de los últimos meses supondría ya la escenificación de una victoria y una gobernabilidad futuras. Y supondría, en particular, la confrontación dialéctica con un Sánchez que ya no podría cortarle en el uso de la palabra ni recrearse en sus conocidos aspavientos de falsario herido en su honor.

Pero la intervención de Feijóo debería incidir sobre todo en lo esencial, es decir, en el hecho incontrovertible de que Sánchez, caso de presentarse también a la investidura y salir elegido presidente, no podría sino conformar un gobierno que le haría rehén, más incluso que en los últimos años, de quienes ansían destruir por todos los medios, sin excluir siquiera los violentos, la propia Nación española. Rehén interesado, sin duda, pero rehén al cabo. Y no hace falta añadir, supongo, que un gobierno de la Nación en manos del separatismo es lo más parecido –llevamos un lustro comprobándolo– a un mueble viejo roído por una plaga de termitas.

El sueño de una gran coalición

    3 de agosto de 2023
Hace bien Alberto Núñez Feijóo postulándose para la investidura. La candidatura que encabezaba ganó en porcentaje de voto y en número de escaños en el Congreso de los Diputados, y obtuvo mayoría absoluta en el Senado, lo que sin duda le legitima en su propósito. Con todo, el vencedor del pasado domingo no fue él, sino Pedro Sánchez. Las elecciones se habían planteado como un segundo plebiscito sobre el sanchismo, el definitivo tras el aperitivo –exitoso para el PP– de las autonómicas y locales. Por así decirlo, había que rematar la faena del mes de mayo dándole a Sánchez la estocada. Y no hubo tal. Sánchez hizo honor a su proclamada resiliencia y logró incluso un millón de votos y dos escaños más que en 2019. Y lo más importante: si Feijóo termina fracasando en su intento de salir investido, Sánchez puede aspirar a revalidar su presidencia asociándose con toda suerte de izquierdismos y nacionalismos identitarios a cambio del trozo de soberanía necesario. Lo ha demostrado con creces, y no le vendrá ahora de un Puigdemont.

No es fácil comprender a los españoles. No es fácil comprender que, lejos de impugnar con su voto las políticas desarrolladas por Sánchez en el último quinquenio, tal y como hacían presagiar los resultados del 28 de mayo y casi todos los sondeos de opinión, las hayan ratificado en buena medida. En cualquier caso, a falta del recuento del voto exterior, los resultados ahí están. Y lo que reflejan es una España quebrada, partida en dos. O, machadianamente, dos Españas. Como en 1976, recién salidos del franquismo. Pero, al contrario que entonces, sin esperanza ya de que una nueva transición nos saque del apuro. Al menos en los próximos años.

Aquel ejercicio mayúsculo de reencuentro, reconciliación y concordia que fue nuestra Transición, coronado por una Constitución a la que contribuyeron la práctica totalidad de las fuerzas políticas, no sólo no se va a repetir, sino que sus principios y valores, pueden darse, me temo, por vencidos. En cambio, su antítesis, el enfrentamiento guerracivilista generado en tiempos de Rodríguez Zapatero y llevado a su máxima expresión, hasta la fecha, por Pedro Sánchez tiene todas las trazas de perpetuarse.

Feijóo, por convicción o por oportunismo, tanto da, jugó en campaña y en los meses precedentes la carta de la concordia. Le permitía alejarse de Vox, cuya postura era manifiestamente frentista, y ensanchar a un tiempo el espacio de centro a costa del antiguo elector de Ciudadanos, partido que ni siquiera concurría ya a las elecciones, y del votante del PSOE al que se atragantaba la radicalización de los gobiernos de Sánchez. Su estrategia, tras el desgarrón producido en el tejido económico y social por las políticas disruptivas y populistas de la izquierda y los nacionalismos periféricos, era básicamente reparadora. Recomponer el Estado de derecho con todo lo que ello implica, promover el constitucionalismo en el conjunto del territorio, tender puentes, zurcir tramas. Recordaba en su empeño al que tuvieron nuestros políticos en tiempos de la Transición.

Pero para ello era imprescindible no sólo lograr una mayoría suficiente para gobernar, sino que, a su vez, Sánchez cayera derrotado con estrépito y su liderazgo en el partido se desmoronara. Nada de ello ha sucedido. Al PSOE le ha bastado con aventar el miedo a Vox –una estrategia en la que ha colaborado en primerísima línea, todo hay que decirlo, la popular extremeña Guardiola– y recurrir al pasado sacando a Franco a pasear, para movilizar a un electorado que semanas antes no estaba por la labor de votarle. Y como ya viene siendo habitual –pero eso, por su complejidad, merece un artículo aparte–, dentro de la familia socialista la importancia del voto al PSC ha vuelto a ser decisiva.

Veremos qué nos deparan los próximos meses. Pero algo está fuera de duda: vamos a tener por mucho tiempo un país roto. Lo que ya no sabemos es cuánto podrá aguantar.

Cuando uno es capaz de escribir que “las principales víctimas de las dictaduras comunistas fueron los comunistas que se negaron a la degradación dictatorial de sus ilusiones sociales”, como si entre los más de 100 millones de víctimas pudieran establecerse categorías y valiera y pesara más la conformada por los creyentes desengañados –muchos de los cuales, antes de perder la fe, fueron cómplices de toda clase de crímenes– que la constituida por los millones de hombres, mujeres y niños sin ideología alguna que fallecieron por hambrunas perfectamente planificadas por los distintos regímenes en contra de sus propios habitantes –el de la URSS con respecto a los ucranianos, el de Pol Pot en Camboya con respecto al conjunto de la población, por poner los dos ejemplos más cruentos– o fueron asesinados de forma indiscriminada en los Gulags o allí donde hiciera falta; cuando uno es capaz de escribir lo entrecomillado al principio y resulta que comparte la condición de columnista de nuestro Pravda particular con el cargo de director del Instituto Cervantes, cargo en el que lleva ya un lustro y por el que cobra un sueldo que ronda los 100.000 euros anuales de dinero público nada comunista; cuando a todo lo anterior, en fin, se le añade que ese mismo sujeto se aprestaba, tal y como revelaba ayer aquí mismo Paloma Cervilla, a colocar a dedo a su director de gabinete y a su directora de Cultura en la dirección de los Institutos Cervantes de Lisboa y París, respectivamente, antes del previsible hundimiento electoral, a fin de asegurarles canonjías de cinco años de duración, convendrán conmigo en que no queda más remedio que reconocer, no sólo que la proyección internacional de nuestra cultura ha estado regida este último quinquenio por la inmoralidad y la indecencia, sino que el fin de época que deberían traer los resultados del próximo domingo resulta más que apremiante.

Se me dirá que hay cosas peores que la gestión de Luis García Montero al frente del Cervantes. Sin duda. Peores y de trascendencia infinitamente mayor. Pero como las conocen de sobra, les ahorro, si me permiten, el recopilatorio. Lo que tiene de relevante el caso del Cervantes y su director es que constituye un paradigma perfecto de lo que ha sido el sanchismo: la superioridad moral –antesala de la inmoralidad–, sustentada en la impunidad institucionalizada, el amiguismo del poderoso y el desafío a la legalidad. Según apuntan la gran mayoría de las encuestas, estamos a cuatro días del final del régimen autocrático de Pedro Sánchez. Lo que venga luego, por deficiente que sea, no puede ser sino mil veces mejor que lo malísimo conocido. Claro que el camino que aún queda para llegar al cierre de los colegios electorales no es precisamente tranquilizador.

Y no me refiero a la campaña en sí. Acaso porque lo que mal empieza mal acaba, los últimos compases de este largo interludio entre la legislatura consumida el pasado 30 de mayo, con la disolución de las Cortes, y la inminente cita con las urnas han estado marcados por el vergonzoso episodio del voto por correo. Cuando escribo este artículo, los sindicatos de la empresa pública calculan que quedan por votar por correo 800.000 ciudadanos de los 2,6 millones que lo han solicitado. A su vez, la empresa comunicó mediante una nota de prensa que había entregado el 98,2% de la documentación para el voto a quienes la habían solicitado, y lo hizo sin indicar que en dicho porcentaje estaban incluidos los cerca de 450.000 que no disponen aún de esa documentación porque las dos veces en que intentaron entregársela estaban ausentes de sus domicilios. (Si bien se mira, el sistema de cálculo de la empresa pública recuerda bastante el del propio Gobierno cuando excluye del total de parados a los fijos discontinuos.)

Ignoro cuántos de esos 450.000 ciudadanos se van a quedar mañana jueves sin poder votar por culpa de la mala gestión de los responsables de Correos. Una mala gestión de la que es responsable el amigo y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez –cuyo sueldo anual, por cierto, supera los 200.000 euros–. Pero sería injusto atribuir a Juan Manuel Serrano, que así se llama el agraciado, la máxima responsabilidad del escándalo. La máxima corresponde al todavía presidente del Gobierno por haberle nombrado. Y, sobre todo, por convocar por puro interés personal y sin respeto alguno por los legítimos intereses de sus conciudadanos, unas elecciones que iban a celebrarse en plenas vacaciones de muchos de ellos, lo que no podía sino terminar, por desgracia, como parece que va a terminar: privando a miles de españoles del ejercicio de su derecho al voto.

Ya queda menos para el cierre

    19 de julio de 2023
1. Ignoro quién fue el primero en emplear la expresión, de dónde sale, vaya, pero imagino que será una de esas metáforas que resultan de la conjunción entre el lenguaje político y el periodístico. Uno lo crea y lo pone en circulación, el otro le encuentra la gracia y también lo usa, y así hasta entrar en bucle. Sea cual sea su origen, la metáfora tiene una base desagradable: el hedor. Uno se tapa la nariz cuando algo huele mal. De ahí se sigue, claro, que lo que huele mal es la papeleta. Se vota a un partido maloliente, pero, aun así, se le vota. Las razones por las que desprende ese hedor poco importan. El votante habría optado por una opción menos apestosa, por una aromática incluso –la suya de siempre, tal vez–, pero las circunstancias le aconsejan no hacerlo en esta ocasión. Existen, por supuesto, quienes nunca votan con la nariz tapada: los votantes “de toda la vida” de un partido; la militancia, donde se mezclan fanáticos y paniaguados –hoy en día, una vez eliminado el sistema educativo público como ascensor social, ya sólo se puede escalar socialmente con una mínima seguridad en el seno de un partido político–, o los abstencionistas de carnet. Pero los realmente decisivos son los de la nariz tapada. Representan eso que se conoce como “voto útil”, un voto por lo general reflexivo en el que se pesan los pros y los contras y donde lo que menos cuenta quizá sea la ideología.
No hace falta que añada, supongo, que cuantos más ciudadanos decidan en las próximas elecciones ejercer su derecho al voto tapándose la nariz, mucho mejor le irá a la doliente democracia española. 

2. Esta campaña ha traído una novedad a la que no se ha prestado, creo, la debida atención. Me refiero a los trackings, ese seguimiento diario de la intención de voto que los medios de papel han incorporado a sus páginas y replicado en sus ediciones digitales. La novedad, por supuesto, no es que las empresas demoscópicas hagan este tipo de seguimiento; llevan años haciéndolo. La novedad es que los medios lo estén ofreciendo a sus lectores día a día en plena campaña, lo que permite observar de primera mano las fluctuaciones del voto y hacerse una idea de por dónde pueden ir los tiros el domingo 23. Los partidos políticos con posibles han contado siempre con esta clase servicios que les permiten ir ajustando su campaña en función de las tendencias que van detectando. De ahí salen frases del tipo “en Ferraz / en Génova manejan encuestas que les dan…”, tan habituales en todos los medios. Dado que los partidos se financian en parte con dinero público, tal vez podría pedírseles que, en un ejercicio de transparencia, publicitaran también las suyas. Claro que al que habría que exigirle primero esa transparencia por estar financiado con dinero público sería al CIS. No al actual, por descontado; al que venga después.

3. El debate del lunes por la noche fue lo más parecido a un combate de boxeo en el que un púgil va soltando, crispado y fuera de sí, golpes a espuertas, muchos de ellos antirreglamentarios y sin que los árbitros los sancionen, mientras su contrincante los va esquivando e intenta colocar alguno que dé en el blanco, lo que logra en contadas ocasiones. El espectador cuyo voto podía depender en parte del desenlace de la pelea habrá llegado a la conclusión, me temo, de que más vale que nos gobierne la templanza que el desvarío.

4. Cuando faltan diez días para el término de la campaña, si algo consolidan los trackings es el bipartidismo. Los porcentajes y los escaños atribuidos a cada opción política varían ligeramente, pero las oscilaciones suelen darse casi siempre dentro de un mismo bloque. El voto de derecha y el de izquierda parecen bastante estables y apuntan en general a un cambio en la gobernación del Estado. De consumarse el 23J ese vuelco, a Sánchez –en el supuesto de que no tome las de Villadiego– y al PSOE les quedará el consuelo de haber sacado, dadas las circunstancias, un resultado apañadito, con los sumandos de Sumar bastante diezmados en relación con lo obtenido cuatro años atrás por Podemos y sus confluencias. Pero en uno y otro caso, lo que sí está garantizado son las luchas intestinas. O sea, domésticas y viscerales.

No es que uno se haga muchas ilusiones sobre lo que puede deparar una campaña electoral, pero resulta significativo que la enseñanza –o la educación, como la llaman ahora– no haya merecido hasta la fecha casi ninguna atención. Dejando aparte la cuestión del uso del castellano como lengua vehicular –que, por más que debiera afectar a todos los españoles, preocupa y moviliza tan sólo a una parte de los residentes en las comunidades bilingües, donde este derecho es sistemáticamente conculcado–, ¿alguien ha oído hablar en la arena pública de los problemas que tiene la enseñanza en nuestro país y de cómo ponerles remedio? Me temo que sólo en algún artículo o entrevista en los que el autor o entrevistado, ya por experiencia, ya por formación, ya por ambas circunstancias, ha esbozado, partiendo de datos contrastados y tomando como referencia los estándares europeos, la reforma que habría que acometer para que España saliera de la zona de sombra donde se encuentra desde hace décadas, con unas consecuencias que van mucho más allá del ámbito estrictamente educativo, hasta el punto de lastrar el progreso económico y social del país.

Pero ¿y los políticos? Que los de izquierda y los nacionalistas se desentiendan del asunto y no lo vean como un problema es bastante comprensible. El modelo vigente lo han fabricado ellos a lo largo de estas mismas décadas. Ya les conviene, por decirlo llanamente. Sólo les preocuparía que algún gobierno pretendiera modificarlo. Entonces, de una parte y de otra habría llamadas a la movilización, a la defensa de la “escuela pública” –como si en algún periodo de nuestra democracia se hubiera planteado siquiera reducirla–, a la lucha contra el retorno del fascismo a nuestras aulas incluso. Al carecer de evaluaciones y transparencia y estar dejado de la mano del dios autonómico –esa suma de 17 diosecillos– el sistema educativo que han promovido es un sistema opaco, descoyuntado y condenado en el mejor de los casos a una mediocridad sin remedio. ¿Que estamos a la cola de Europa? La culpa sigue siendo del franquismo, como aseguró, hará pronto dos décadas, esa lumbrera llamada Rodríguez Zapatero.

La apropiación del modelo por parte de la izquierda y los nacionalismos responde a la convicción profunda de que sólo ellos tienen derecho a gestionar ese pilar del Estado, amoldándolo, por supuesto, a sus creencias y propósitos pedagógicos. Cuando se constituyó en el Congreso la comisión encargada de alcanzar un pacto educativo, sus trabajos progresaron adecuadamente y estuvieron muy cerca de desembocar en un proyecto de nueva ley educativa, consensuado entre las distintas fuerzas políticas. Pero en eso regresó Sánchez a la secretaría general del PSOE y en un par de semanas todo se vino abajo. El Grupo Socialista se descolgó del pacto con una burda excusa, le siguió Podemos, y no hubo ya nada que hacer para salvar una iniciativa que, en teoría, era demandada por una gran mayoría de los españoles. Meses más tarde, Sánchez alcanzaba el poder mediante una moción de censura y ponía a Celaá al frente del Ministerio de Educación con la encomienda de elaborar una ley que sustituyera a la Lomce y volviera a la senda de la Logse y la Loe. O sea, al modelo que había situado a España en la zona de sombra que ocupaba y continúa ocupando en todos los ránquines europeos y de los países económicamente desarrollados.

Si a partir del 24 de julio se da en España un cambio de mayoría parlamentaria y, en consecuencia, un nuevo gobierno, la Lomloe y sus desvaríos pedagógicos –entre los que se cuentan unos currículos tan yermos de contenido como deleznables ideológicamente– tendrán, a juzgar por lo manifestado por PP y Vox, los días contados. Bien estará, por supuesto. Eso sí, con vistas al futuro, el nuevo gobierno no debería caer, como en el pasado, en la trampa de buscar nuevos consensos con la izquierda y los nacionalismos. Se embarraría, perdería el tiempo y se lo haría perder a los ciudadanos de forma lamentable. En cambio, si de verdad quiere ir al fondo del asunto y elaborar el modelo de enseñanza que este país necesita, le recomendaría que se dejara guiar en todo momento por la divisa formulada por Josep Pla en sus escritos crepusculares: “Yo creo, y la vida me lo ha demostrado, que, cultura, solo hay una; que, pedagogía y universidad, solo hay una; que, observación real, solo hay una, y que, para poseerlas, hay que ejercer una gran presión sobre las veleidades del organismo a fuerza de trabajar, trabajar y trabajar”. Nada habría más revolucionario, se lo aseguro.


¿Y la enseñanza?

    5 de julio de 2023
La izquierda no descansa. El nacionalismo tampoco. Decía no hace mucho el periodista Pedro García Cuartango a propósito de España mágica, un libro del que es autor y que trata de “los secretos arqueológicos y monumentales de nuestro país”, que “tenemos que dejar de pensar que nuestra historia empieza en la Guerra Civil”. Propósito loable, sin duda. Sobre la Guerra Civil y la Segunda República –uno y lo mismo, al cabo– se ha escrito más que sobre cualquier otro tramo de la historia de España. No diré que se ha investigado cuanto había que investigar –siempre quedan parcelas vírgenes o maltratadas que justifican un nuevo trabajo–, pero sí que el material cosechado y debidamente trillado debería bastar a estas alturas para dirigir los esfuerzos, como reclama Cuartango, hacia periodos más lejanos y desconocidos. Con todo, el problema, a mi entender, no reside tanto en los historiadores o en los divulgadores de la historia como en la política y cuanto la rodea, empezando por los circuitos de la opinión, sean estos analógicos, digitales o radiales.

La izquierda toda y los nacionalismos periféricos han hecho de la Guerra Civil y la barbarie que lleva asociada un argumento imprescriptible. Bajo la bandera de una falsa memoria histórica, envuelta luego en una no menos falsa memoria democrática; mezclando, de un lado, la legítima voluntad de los familiares de las víctimas –del bando republicano la inmensa mayoría– de dar digna sepultura a sus ascendientes con, de otro lado, la obscena exhibición de sus restos para que los representantes públicos del lugar pudieran fotografiarse junto a la fosa y soltar incluso alguna lágrima; confundiendo, en fin, la justicia con el afán de venganza, la izquierda y los nacionalismos han sacado petróleo del dolor ajeno contaminando de este modo, sin ningún reparo, la convivencia entre españoles.

Dicha labor arrancó con la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero y se ha recrudecido groseramente con los gobiernos de Pedro Sánchez –sin olvidar, claro está, la ejercida por los ejecutivos autonómicos de parecido color político–. Poner la Guerra Civil en el epicentro de nuestra historia, borrar de un plumazo ideológico todo lo anterior y en buena medida cuanto tiene que ver con la Transición y la reconciliación entre españoles, no sólo es una mutilación obscena, sino que responde a una estrategia de confrontación permanente. Tan permanente que en el periodo post y preelectoral en que nos hallamos esa estrategia está más viva que nunca.

El lector tendrá sin duda presente el episodio aquel de hace quince años en que el entonces presidente Rodríguez Zapatero confesaba al periodista Gabilondo, a micrófono presuntamente cerrado, que la tensión convenía a sus intereses electorales. Pues bien, desde 2004 hasta hoy la izquierda y los nacionalismos más o menos afines, ya desde el gobierno, ya desde la calle cuando estaban en la oposición, no han hecho sino desarrollar esa estrategia. Y no les ha ido nada mal si reparamos en que han gobernado durante 13 de estos 19 años, es decir, durante más de dos tercios del tiempo transcurrido. Por eso ahora, en cuantas autonomías han perdido el poder, amenazan ya con salir a la calle en contra de gobiernos que ni siquiera han tenido la oportunidad de constituirse y empezar a gobernar.

La confrontación, en los términos en que la plantea esa amalgama de izquierda identitaria y nacionalismos disolventes, necesita siempre de un enemigo al que crucificar. Hasta 2018 el crucificado fue el Partido Popular, aquella derecha que Umbral bautizara en tiempos de Aznar como derechona y que Rajoy puso después en barbecho hasta que una moción de censura acabó con su carrera política. Al PP lo relevó Vox como blanco preferido del enemigo, sin que por ello los populares se libraran de las iras y los denuestos. Pero, en todo caso, el nuevo blanco sí les sirvió para reducirlos y atemperarlos.

El empeño por convertir a Vox en un sucedáneo del peor franquismo se inscribe por supuesto en la misma estrategia guerracivilista. Que el director de Opinión del diario El País sostenga, como hizo el pasado domingo, que “reservar las expresiones ultra o extrema derecha para Vox tiene sentido en la medida en que identifica una formación cuyas posiciones políticas a menudo vulneran los confines que establece la Constitución” y considere a un tiempo que ese extremismo “evidencia la moderación de la izquierda de Podemos y su plena integración sistémica”, aparte de servir para blanquear a Sumar y su amalgama de siglas, no evidencia absolutamente nada; sólo demuestra hasta qué punto el propio diario está integrado sistémicamente en el sanchismo. (Para ello, resulta muy instructivo leer, de punta a cabo, la pieza en que se inscriben esas palabras, titulada “Por qué llamamos ultra a Vox (y no a Podemos)” y firmada por la defensora del Lector. A partir de la simple pregunta de un lector, la defensora recurría a la opinión de un profesor de Derecho Constitucional, de los redactores que seguían a ambas formaciones políticas y del propio director de Opinión, todas coincidentes, para, tras añadir nuevos argumentos de su propia cosecha, llegar a un dictamen inapelable: Vox es ultra y Podemos no. Lástima que se le olvidara leer la columna de Fernando Savater “Ultras”, publicada la víspera en la misma cabecera. Sólo así se explica que no tuviera también en cuenta las razones de un veterano columnista de la casa, notoriamente discrepantes de las expuestas por el conjunto de voces seleccionadas pro domo sua.)

Del mismo modo, la sobreexposición en esta campaña electoral del bolivariano expresidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, artífice de la estrategia de confrontación permanente con la derecha que Pedro Sánchez no ha hecho sino llevar a su máxima cota, tampoco deja margen para la duda. Sirve para el propósito del enfrentamiento, al tiempo que permite al todavía presidente del Gobierno presentarse como una víctima –son sus palabras– de la derecha económica, política y mediática. Y, en fin, las manifestaciones llevadas cabo para protestar y tratar de impedir los pactos entre PP y Vox en el campo autonómico –como la realizada el pasado lunes frente a las Cortes Valencianas por las feministas del lugar, a las que se sumó, puño en alto, la ministra en funciones Diana Morant– y las que están por llegar –como la que se anuncia en Madrid para el sábado, con motivo del Día del Orgullo–, persiguen atizar esa confrontación contra un futuro gobierno PP-Vox, por más que lo disfracen de movilización de su propio electorado.

Suerte que todos los españoles con derecho a voto van a tener dentro de nada la posibilidad de opinar por sí mismos –es de esperar que sin coacciones– en las urnas.

La confrontación permanente

    28 de junio de 2023
Las políticas desarrolladas en España durante las dos últimas legislaturas –o sea, desde 2015– allí donde han gobernado la izquierda poliédrica o la amalgama nacionalista se han caracterizado en gran medida por su intervencionismo. Lo mismo cabe decir de las llevadas a término por el Gobierno central desde que Pedro Sánchez alcanzó el poder –o sea, desde junio de 2018–. De una cosa y de otra se sigue naturalmente que en los últimos cinco años el menoscabo de la libertad del ciudadano, la progresiva intrusión en su privacidad, unidos a la figura de un Big Brother que afirmaba velar por nuestro bien al tiempo que nos atemorizaba con toda clase de apocalipsis venideros no hayan hecho más que incrementarse. En este sentido, los resultados del 28 de mayo deben interpretarse sin duda como un rechazo tajante de lo que ha supuesto el sanchismo; pero también, atendiendo sobre todo al ámbito autonómico, como la impugnación de unas políticas que ya desde 2015 habían ido cercenando en gran parte de España, peldaño a peldaño y sin descanso, los derechos de los ciudadanos.

No es de extrañar, pues, el énfasis en la libertad que han puesto los redactores de los dos acuerdos suscritos entre PP y Vox para gobernar la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, respectivamente. Son textos bastante distintos, porque distintos son los territorios, la relación de fuerzas entre ambos partidos y el resto de las fuerzas parlamentarias –en Baleares el PP tiene, sin la ayuda de los de Vox, más escaños que la suma de los logrados por la oposición de izquierda y nacionalista– y las circunstancias en que fueron suscritos. El de la Comunidad Valenciana, mucho más cercano a un programa de gobierno, consiste en un listado de 50 medidas agrupadas en diversos apartados, el primero de los cuales lleva como título “Libertad”. El de Baleares es mucho más difuso e inconcreto, una suerte de marco general a partir del cual ir desgranando en adelante actuaciones más precisas. Lo que no significa, claro, que de él no pueda extraerse ya alguna que otra lección, como enseguida veremos. Para concluir la comparación entre ambos textos, digamos que en el caso de la Comunidad Valenciana el acuerdo incluye la presencia de Vox en el gobierno autonómico con una vicepresidencia y dos consejerías, mientras que en el caso de Baleares a Vox le corresponde la Presidencia del Parlamento y todo indica que, a cambio, el futuro gobierno estará integrado tan sólo por consejeros del Partido Popular.

Pero volvamos al documento suscrito anteayer por los portavoces de ambos partidos en Baleares. El primer apartado, al igual que en el texto valenciano, lleva por título “Libertad”, por más que aquí al nombre se le añade un desarrollo en el propio epígrafe: “las personas en el centro de la acción política”. Y a continuación, en tres párrafos, los ámbitos de aplicación de esa libertad. Entre ellos, destaca el relativo a la educación. Libertad de elección de centro escolar, de primera lengua de enseñanza; voluntariedad de las actividades extracurriculares, y todo ello dentro de un modelo basado en el mérito y el esfuerzo y exento de adoctrinamiento ideológico. Como es natural, en este y en los demás ámbitos habrá que esperar a conocer las medidas con las que el nuevo gobierno se propone cumplir con lo expuesto en ese marco general y la gradualidad con que piensa aplicarlas a lo largo de la legislatura. De esta y de la siguiente, dado que sería de ilusos creer que en cuatro años se puede cambiar un modelo educativo implantado desde hace por lo menos un cuarto de siglo. Paciencia, pues, y también firmeza. Como en las cordadas, el gobierno deberá asegurar el terreno que pisa antes de dar un nuevo paso. No son pocos los que ya acechan y amenazan, desde posiciones afines a las del antiguo gobierno, con tomar la calle e intentar que el que el ejecutivo que está por venir fracase. 

Uno de los lemas usados por el PSOE en la precampaña de las elecciones locales y autonómicas era “El Gobierno de la Gente”. También por el PSIB-PSOE, claro. “La gente” es ese populismo que tanto gusta utilizar a quienes conciben la política como la traslación de sus presupuestos ideológicos a una masa informe de ciudadanos sin otro derecho a réplica que el que les procura cada cuatro años la posibilidad de votar. “La gente”, en política, es un término que sirve, entre otras cosas, para encubrir lo personal con lo colectivo, supeditar las libertades del individuo y los derechos que le reconoce la ley a los intereses espurios del grupo y sacrificar, en definitiva, la identidad de cada uno en beneficio de la presunta identidad de la tribu. Así pues, que el nuevo gobierno de Baleares se proponga pasar de la gente a las personas y revertir con sus políticas dicho estado de cosas no puede ser sino una buena noticia.

Puede que al común de los lectores el nombre de Ripoll les diga poco. Acaso les suene ya algo más si va asociado al de Wifredo el Velloso, aquel conde del siglo IX muerto a manos sarracenas, enterrado en el monasterio de Santa María de Ripoll y entronizado por la leyenda medieval y moderna como el “padre de la patria” catalana. Como sin duda debe de sonarles el de “imán de Ripoll”, un marroquí que ejerció en la localidad entre 2016 y 2017 y fue el inductor y organizador de los atentados terroristas de agosto de aquel año en Barcelona y Cambrils. Pues bien, Ripoll está hoy de actualidad. Y no por ninguna leyenda en esta ocasión, sino por la mismísima realidad.

Resulta que en las pasadas elecciones municipales, el 30% del voto emitido en la población fue a parar a un partido, Aliança Catalana, que se caracteriza por una doble xenofobia: hacia los hispanohablantes y hacia los inmigrantes extranjeros, la mayoría de los cuales son correligionarios –entiéndase en la acepción “que profesa la misma religión”– del antiguo imán. Y resulta asimismo que el bloque independentista, en el que convergen Junts, ERC y la CUP, o sea, la derecha y la izquierda practicantes de la xenofobia hacia los hispanohablantes, han acordado unirse e impedir el acceso de Aliança Catalana al poder municipal. Los últimos en manifestarse han sido los de Junts, cuya dirección, con la salvedad de su presidenta, Laura Borràs, decidió finalmente que había que sumarse a la izquierda más o menos extrema antes que coaligarse con la Aliança para formar gobierno.

A mí, qué quieren, la noticia me sorprendió. En este punto, y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Borràs. Si tanto Junts como Aliança Catalana son partidos de extrema derecha, ¿qué más da que el segundo exhume un odio más prominente que el primero al añadir el que proyecta sobre el inmigrante al que tiene como principal chivo expiatorio al hispanohablante?

Por lo demás, Junts es en buena medida responsable del nacimiento de Aliança Catalana. Y no sólo por lo que supone sembrar el odio entre conciudadanos, ya sea desde la propia Cataluña, ya desde Waterloo. Junts es, en último término, la heredera de la vieja y corrupta Convergencia i Unió. Y una de las políticas que Jordi Pujol y los suyos pusieron en práctica en consonancia con aquel “Programa 2000” ideado según parece en 1990 fue la de la inmersión lingüística. Para alcanzar los fines perseguidos, era muy importante que la lengua de origen del inmigrante no fuera el español. Cualquiera valía menos esta. Hispanohablantes, por así decirlo, había muchos más de los precisos. Y dado que el cupo más importante de inmigración procedía ya entonces de Marruecos, había que consolidar su presencia en Cataluña. E incluso favorecerla y aumentarla, pues el español no era su lengua materna.

A tal fin, crearon en 2003 la plaza de delegado de la Generalidad en Marruecos y nombraron para el puesto a Àngel Colom, un paniaguado de la política que había ido trasladando su fervor independentista y su necesidad de condumio desde la Crida a la Solidaritat de los años ochenta hasta el mismísimo partido del Wifredo el Velloso –entiéndase el “padre de la patria”– contemporáneo. A pesar de la llegada de la izquierda al Gobierno de la Generalitat, Colom se mantuvo en su puesto hasta 2008, en que volvió a Cataluña, donde ha seguido vinculado desde distintas canonjías políticas a los asuntos relativos a la inmigración y, en particular, a la procedente del Magreb.

La población de origen marroquí establecida hoy en Cataluña constituye un 30% de la residente en el conjunto de España. Aun así, no parece que las políticas de captación de voluntades llevadas a cabo en Marruecos por los Colom de turno y rematadas luego en el campo de la enseñanza con la aplicación del modelo de inmersión lingüística –por no hablar del sistema de ayudas sociales puesto en marcha en otros campos a cambio de la presunta cohesión vinculada al uso del catalán– hayan dejado mucha huella. A lo largo de la última década, la proporción de ciudadanos de Cataluña que confiesan utilizar habitualmente el catalán apenas se ha movido del 36% del total de la población. Ahora bien, si el objetivo era y es taponar la vía de agua que la competencia del castellano supone y supondrá siempre, la cosa cambia. Y ahí sí, ahí se entiende que la postura de Junts al sumarse al cordón sanitario contra la Aliança Catalana ripollense sea, como mínimo, un gesto coherente y respetuoso con unos ciudadanos a los que no ha dejado de manipular para propósitos que nada o casi nada tenían que ver con la inclusión social.

“Hace unos días me dijo mi hijo: ‘Como empresario, me interesa que ganen unos, pero como ser humano me interesa que ganen otros y, como soy antes ser humano que empresario, voto a los que se preocupan, defienden y luchan por los más desfavorecidos’. ¿Tan difícil es de entender?” Ese comentario de un lector, publicado ayer en la sección de Cartas a la Directora del diario El País, refleja con gran precisión la esencia del pensamiento de izquierdas. En primer lugar, la contraposición entre la maldad asociada a la condición de empresario –y por empresario suele entenderse más bien alguien de derechas– y la bondad inherente a la condición de ser humano, como si no hubiera empresarios buenos y seres humanos malos. Luego, la superación, ideología mediante, de semejante maniqueísmo: me gano la vida gracias a la existencia de una economía de mercado, pero, en vez de votar a quienes la defienden y valoran, voto a quienes la atacan y desprecian, con lo que el pecado –ser empresario– lleva ya incorporada su propia absolución –votar por quienes se erigen en protectores de las víctimas de un sistema en el que los empresarios constituyen una pieza esencial–. Pero lo más relevante de la carta acaso sea la acotación final del padre a las palabras del hijo: “¿Tan difícil es de entender?” No, por supuesto. Siempre y cuando uno sea de izquierdas.

Los resultados de las últimas elecciones autonómicas y municipales, con la considerable merma del poder territorial de la izquierda, han puesto en evidencia eso que podríamos llamar su mal perder. A nadie le gusta ser derrotado, y serlo encima con contundencia. Pero la reacción de los dirigentes socialistas la misma noche electoral y no digamos ya en los días siguientes, cuando la repentina convocatoria de las generales trocó los lamentos por el tsunami que los había barrido del mapa –sin que ellos tuvieran al parecer culpa alguna– en acicate para intentar revalidar la mayoría parlamentaria de la que han disfrutado en las Cortes durante un quinquenio y frenar así “la oleada de la derecha y la extrema derecha” –como la calificó la balear Francina Armengol la noche del 28-M–; esa reacción, digo, no obedecía únicamente al disgusto o la rabia por haber sido apeados del poder autonómico y municipal, sino también a la convicción de que sólo ellos merecen estar en lo más alto del podio. Y es precisamente esa superioridad moral, ese convencimiento de que, siendo ellos depositarios del bien, a ellos compete gobernar el país, lo que les impide aceptar la alternancia en el poder y, en definitiva, la legitimidad de un gobierno en solitario del Partido Popular o bien uno del Partido Popular y Vox. Una legitimidad que sí ven, en cambio, en el razonamiento, hipócritamente paradójico, expuesto en la carta de El País mencionada al principio. Mientras vote a la izquierda, todo ciudadano estará haciendo el bien, incluso si se gana la vida con una actividad tan denostada por la propia izquierda como es la empresarial –aun cuando cree riqueza y genere empleo, sobra añadirlo–.

Ese mal perder al que me he referido antes no se limita sólo a los que tienen como profesión la política y gozan en ella de cierta posición preeminente. También se extiende a muchos de quienes influyen con su opinión en la cosa pública. Y, entre ellos, a quienes suscriben manifiestos donde se afirma que “la derecha y la ultraderecha están preparadas para asaltar y tomar las riendas del Gobierno” –lo que revela, por otra parte, la concepción que tienen los abajofirmantes de lo que es una democracia representativa–. Pero lo que yo jamás habría imaginado es que un sello de referencia como La Central, con librerías en Barcelona y Madrid, pudiera publicar el pasado 2 de junio en su Blog un apunte titulado “Contra el pensamiento rancio” y cuyo texto dice así:

“Los últimos resultados electorales han dejado un panorama político desolador. El discurso más rancio, cargado de odio, ruido y furia de una derecha extremada, ha tomado la iniciativa en un momento de estancamiento social y la apropiación reaccionaria de la nostalgia se ha instaurado en búsqueda de la diferencia. Nosotros, como siempre, nos hemos remitido a las lecturas, las que nos hacen entender los resultados, las que nos hablan del compromiso ineludible con la justicia social y, también, las que nos animan a reforzar la convivencia y a hacer prevalecer el respeto. Para pensar en un futuro compartido, para defender los derechos adquiridos, por un mundo más humano, libre y habitable.” 

Y venían a continuación las portadas de una serie de obras de denuncia contra el fascismo, la extrema derecha, el conservadurismo o el neoliberalismo, debidamente formateadas y suscritas por practicantes del marxismo y la ideología woke. Obras todas que el Blog de La Central ponía al alcance de sus lectores, como doctrina al uso.

Ya dijo Jorge Herralde hace cerca de un año que le ofendería que alguien pudiera pensar que Anagrama, la que fue su editorial, había publicado a un solo autor de derechas. Tras sus palabras, pronto se descubrió que había publicado a lo largo del tiempo a bastantes firmas de esa especie maldita, lo cual llevaba a pensar que o bien no leía los originales de lo que publicaba o bien no entendía lo que leía. Fuera lo uno o lo otro y visto lo que ahora exhibe el Blog de La Central, si de algo no cabe duda es de que no era ni es el único en ver el mundo con semejantes anteojeras.

El mal perder de la izquierda

    7 de junio de 2023
Uno de los efectos colaterales de la convocatoria anticipada de elecciones generales ha sido la decisión de Ciudadanos de no participar en ellas. A la disolución de las Cortes por parte de Pedro Sánchez, el comité nacional del partido dirigido por Patricia Guasp y Adrián Vázquez respondió ayer con una disolución anticipada de su presencia en la política nacional. Tras el naufragio del domingo, del que apenas se salvaron, si se descuenta la obtenida en Ciudad Real, algunas concejalías menores, lo que aguardaba a Ciudadanos de aquí a diciembre en el Congreso –en el Senado no queda más que un senador ya– era lo más parecido a un calvario. Un grupo parlamentario de nueve diputados divididos y enfrentados desde la llamada refundación del partido y en el que apenas destacaba alguna intervención de su portavoz en el Congreso, no permitía augurar grandes alegrías. Además, había que afrontar unas primarias, lo que siempre da trabajo al diablo. Y, en fin, los ánimos tampoco estaban como para tirar cohetes. Tal vez lo único bueno de este medio año que en principio restaba eran los ingresos que hubiera percibido la formación por su presencia en las Cortes.

Entiendo que pueda haber quien vea en esa abstinencia un acto de cobardía. Todos los partidos tienen votantes acérrimos, de esos que afirman sin que les tiemble la voz: “Yo siempre votaré a…”. Es una opción respetable. Cuando un elector ha encontrado un nido confortable, en el que se siente a gusto, una suerte de hogar político, ¿para qué mudarse a otro? Esa clase de votantes, habiendo renunciado Ciudadanos a presentarse a las generales, se van a sentir huérfanos y acaso también dolidos. ¿Qué harán con su voto? Lo más probable es que sus convicciones les impidan escoger una papeleta distinta y opten por refugiarse en el voto en blanco o directamente se abstengan. Pero dicho perfil es sin duda el menos común en el votante del partido naranja, tradicionalmente volátil. La inmensa mayoría de los electores que han participado en los comicios del pasado 28 de mayo se van a sentir interpelados de nuevo –o incluso más– por su carácter plebiscitario, y entre ellos van a estar gran parte de los algo más de 300.000 que siguieron confiando en Ciudadanos. Así las cosas, es muy dudoso que el porcentaje de voto de centro que vaya a parar a las siglas de centroizquierda –en teoría no hay otras que las de un PSOE radicalizado hasta el tuétano por obra y gracia de Pedro Sánchez– sea siquiera significativo. El principal beneficiario de esos pecios del partido fundado en 2006 en Cataluña va a ser, con toda probabilidad, el Partido Popular, la opción de centroderecha más próxima a los postulados reformistas y liberales.

Lo cual, en estos momentos, no es una mala noticia. Al contrario. La renuncia de Cs a presentarse a las generales del 23 de julio es una decisión sensata y responsable, en la medida en que tiene en cuenta el interés general. Esos votos se habrían desperdiciado en todas las circunscripciones electorales españolas, puesto que no se habrían traducido en escaños. En un contexto de creciente y radical polarización auspiciada desde la propia Moncloa, habrían dificultado la consolidación de una alternativa capaz de derrotar al sanchismo y abrir un tiempo nuevo. Al margen de ello, es también una decisión inteligente de puertas adentro. Una campaña electoral cuesta un potosí. En especial si tiene un alcance nacional, como ocurre con las generales. Y Ciudadanos ha visto reducidos sus fondos de forma drástica con los últimos resultados. A día de hoy, no tiene más que los que proceden de la representación europea y del Parlamento catalán. El ahorro, por tanto, compensa con creces un dispendio que habría sido, por lo demás, completamente inútil.

En el ámbito de la política española a Ciudadanos habrá que agradecerle muchas cosas. No es este el lugar ni el momento para enumerarlas. Digamos de todos modos, y en síntesis, que entre los compromisos de regeneración democrática asumidos ya por el principal partido de la oposición con vistas a una futura labor de gobierno, figuran un buen puñado de reformas que llevan el sello de Cs. En este sentido, pues, la decisión de ayer debe ser valorada en su justa medida, se trate o no de un último servicio.

La renuncia de Ciudadanos

    31 de mayo de 2023