El presidente Artur Mas seguía ayer de viaje por la India. Se comprende. Por un lado, la India está lejos y resulta difícil imaginar que uno pueda desplazarse hasta allí y regresar en un par de días —y no digamos ya si va acompañado de su señora—. Luego, qué quieren, cualquiera tiene derecho a disfrutar de un viaje de fin de curso, cuando no de fin de carrera, y todo indica que este es el caso. Por lo demás, parece que el hombre va abriendo mercados; o eso se desprende, al menos, de las fotografías con que los medios ilustran su romería asiática, en las que se le ve, ora en una escuela para obreros, ora en una fábrica de automóviles —bien es cierto que, en el primer caso, uno no sabe muy bien qué mercado abre, como no sea el de los libros de texto—. El problema es que el presidente de la Generalitat, aparte de todo lo anterior y de transubstanciarse en Mahatma Gandhi, hace declaraciones. Y el problema es que esas declaraciones tienen siempre ese punto levantisco y chuleta que tanto gusta a los nacionalistas catalanes cuando se olvidan, por un momento, de su inveterado papel de víctimas. Así, en relación con la reciente aprobación de la Lomce. Dice Mas que no va a aplicar la Lomce, sino la Lec, la ley de educación catalana. Y lo razona de este modo: «Tenemos una ley propia para aplicar y una ley impuesta, que espero que quede aparcada y superada la próxima legislatura». Pero no es este el único argumento al que recurre. También echa mano de la falacia de la diversidad, tan cara a nuestra izquierda. En otras palabras: la ley catalana es mejor que la española no sólo por catalana, sino también por ser el fruto de un acuerdo tripartito —CIU, ERC y PSC— y no la resultante de la voluntad de un único partido —el PP—, por muy mayoritario que este sea. La insumisión futura queda así servida y razonada. Y sazonada además con unas siglas, las del PSC, que tanto han contribuido, a lo largo de sus ya más de 35 años de existencia, a la hegemonía del nacionalismo, educación mediante. Me temo que nunca ponderaremos lo suficiente la responsabilidad del socialismo autóctono en la quiebra del modelo de Estado.

(ABC, 30 de noviembre de 2013)

La Lomce, desde la India

    30 de noviembre de 2013


Es de esperar que después de lo sucedido ayer en la Universidad de Granada el PSOE cambie de parecer respecto al anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Yo comprendo que a los socialistas lo de la Complutense el 20-N les parezca, aparte de lamentable, ajeno a la comunidad estudiantil, en tanto en cuanto los terroristas que perpetraron el asalto, felizmente detenidos ayer, no pertenecían a ella. Y que incluso lo de la Autónoma de Barcelona, cuya última secuela tuvo lugar también ayer con la ocupación de la sede de UPyD por parte de los mismos que agredieron a Rosa Díez en 2010, se les antoje un problema menor y tributario en buena medida de un ambiente crispado por el nacionalismo. Pero, claro, lo del químico en Granada, no. Esto no puede ser nunca de recibo. Que el mismísimo secretario general sea víctima de las movilizaciones auspiciadas o bendecidas por el propio partido desde antes incluso de que el PP llegara al poder significa que el asunto, a los socialistas, se les está yendo de las manos. Y eso que, en su caso, la violencia recibida ha sido relativa, sobre todo en comparación con la ejercida en la Autónoma barcelonesa hace tres años contra la líder de UPyD —y reivindicada ayer impunemente—, y no digamos ya con la padecida por alumnos y profesores en la Complutense hace diez días.

La universidad pública, y una parte, tan reducida como activa, de los estudiantes que en ella moran, han sido siempre fuente de conflicto. En España, desde los tiempos del general Primo de Rivera por lo menos. Es verdad que las dictaduras —tanto la de este general como la del otro— legitimaban esos procederes. Pero sólo hasta cierto punto, como se deduce de la persistencia e incluso del incremento, en tiempos democráticos, de toda clase de protestas y violencias. Ignoro si la nueva Ley de Seguridad Ciudadana servirá para acabar con esta situación. Pero de lo que no tengo ninguna duda es de la necesidad de prevenir y reprimir adecuadamente, con la máxima urgencia, cualquier acto que obstaculice la práctica de la docencia o contravenga el libre ejercicio de la libertad de expresión en nuestros recintos universitarios. A no ser, claro, que estemos dispuestos a cerrar el negocio y a fiarlo todo al ámbito privado.

Estudiantes, los llaman

    29 de noviembre de 2013


El CAC (Consejo del Audiovisual de Cataluña) es uno de tantos organismos supuestamente independientes creados por nuestra clase política para que todo lo que realmente importa siga dependiendo de ella sin que se note en exceso. Por otra parte, y como sucede también con los demás organismos de esta índole, el CAC es un destino de oro para políticos sin cargo o cuyos servicios en primera línea han sido ya amortizados. Y en fin, por si no bastara con lo anterior, el CAC es un ejemplo palmario —basta repasar su actuación en los nueve años que lleva existiendo— de incompetencia y sectarismo. Por eso no puedo estar más de acuerdo con el Partido Popular de Cataluña (PPC) y Ciutadans cuando reclaman su cierre. La liquidación del CAC sería una medida higiénica, de una moralidad incontestable, y debería constituir un objetivo prioritario del tan ansiado proceso de regeneración democrática. Claro que en la vida hay que ser consecuente. Y si el PPC cree, en verdad, que el CAC está de más, lo primero que debe hacer es pedirle a Daniel Sirera, el exdiputado popular que forma parte del Consejo a propuesta del propio partido, que presente su dimisión irrevocable. No se puede ser corresponsable de una decisión y exigir, a un tiempo, la desaparición del organismo que la ha tomado. Es en estos detalles, precisamente, donde un partido gana credibilidad o termina perdiendo la poca que le queda.

O juez, o parte

    28 de noviembre de 2013


María Acaso, profesora de Educación Artística de la Universidad Complutense de Madrid, bloguera y miembro del colectivo Pedagogías Invisibles —sí, Pedagogías Invisibles—, no es partidaria de grandes revoluciones, pero sí de pequeñas. Nos encontramos, pues, ante una especie de revolucionaria gradualista. Y acaso sensata —si bien esto último, homonimias aparte, está por demostrar—. El caso es que Acaso quiere acabar con las rigideces del sistema educativo. Pero no a lo bruto, como sería propio de una gran revolucionaria, sino, poco a poco, creando lo que ella llama «una comunidad». ¿Y qué es una comunidad para Acaso? Pues una superación: una superación de las diferencias entre profesor y alumno, un espacio —físico y afectivo— en el que «ambos deberían tratarse como iguales» —lo que no es hoy el caso, sobra añadirlo—. Acaso, ya se ve, es una profesora creativa. Y está convencida de que los demás profesores deberían ser como ella. «Un profesor creativo —afirma— podrá transmitir lo que quiera, porque realizará unas unidades didácticas maravillosas. Será capaz de olvidarse del libro y crear unas experiencias increíbles».

Transmitir lo que quiera, olvidarse del libro, experiencias increíbles… En efecto, como cantaban Los Mismos, será maravilloso. Acaso.

Acaso en el país de las maravillas

    27 de noviembre de 2013


Al parecer, el presidente de Cataluña tiene en estos momentos un lío morrocotudo con la pregunta. Consulta obliga: la mise en scène de la consulta requiere una previa mise en scène de la pregunta. Y en eso estamos. O está él, para ser precisos. Porque resulta que entre los compañeros de viaje del presidente no hay acuerdo. Natural. Aquí cada cual le da a su manubrio y lo que se oye son, básicamente, dos melodías: la de los que desean una pregunta compleja y más o menos indefinida —UDC e ICV— y la que de los que no admiten otra interrogación que la relativa a la independencia —ERC, CUP y los Òmnium, ANC y sucedáneos—. Todo indica que el presidente va a inclinarse por la primera opción. Entre otras cosas, porque ha afirmado, en alusión a los más radicales, que «si se tensa demasiado la cuerda se puede romper» y porque, en un ejercicio de amnésico cinismo, ha añadido incluso que «hay procesos (…) que no se solucionan sacando gente a la calle».

Yo creo —permítaseme terciar en el asunto, aunque sólo sea por mi condición de filólogo catalán— que el presidente hace bien inclinándose por los primeros. El catalán, la lengua catalana, ha tenido siempre, en el terreno interrogativo, un punto de ambigüedad. Sobre todo en la escritura, que es de lo que aquí se trata. La normativa del Institut d’Estudis Catalans (IEC), que hace las veces de academia de la lengua catalana, prescribe que el signo de interrogación no se ponga más que al final, como cierre de la pregunta. En eso, como en tantas otras cosas, la normativa sigue el modelo francés. Pero el catalán no dispone, como el francés, en las preguntas totalizadoras —aquellas a las que sólo se puede responder o no—, de cláusulas inequívocamente interrogativas o de inversiones en el orden de los términos de la frase. En eso, como en tantas otras cosas, funciona de forma parecida al castellano. Total, que cuando uno lee en catalán una pregunta, o lo que se supone debería ser una pregunta, a menudo no se cerciora de ello hasta que atisba el final. Por eso algunos gramáticos y no pocos escritores en catalán, hartos de tanta ambigüedad, han resuelto poner el signo de interrogación al principio y al final de la pregunta, como en castellano.

Así las cosas, ¿cómo podría el presidente proponer una pregunta clara, tajante, de respuesta inequívoca —un o un no, para entendernos—, sin contravenir a la norma? No podría, es evidente, a no ser que quisiera acarrear las consecuencias de romper con la tradición y enfrentarse a una de las instituciones más sagradas del país, como es el IEC. Lo cual se me antoja harto improbable, por no decir imposible. De ahí que vaya a inclinarse por la pregunta más inconcreta, más abierta y, a un tiempo, más capciosa. Dicho en otras palabras: lo único seguro a estas alturas es que, de haber pregunta, esta no llevará otro signo de interrogación que el final.

Filología catalana

    26 de noviembre de 2013


En la agenda del presidente de la Generalitat, y al margen de lo que puedan depararle, en el orden de la revelación, nuevos viajes por el mundo felizmente descolonizado —una visita a la Habana, por ejemplo, para honrar la memoria de José Martí; o una a Pretoria, donde, con algo de suerte, igual Nelson Mandela todavía recibe; o una a Bandar Seri Begawan, capital del sultanato de Brunei, en la isla de Borneo, que no todo van a ser grandes nombres ni grandes epopeyas—; en la agenda de Artur Mas, decía, espero ver muy pronto un calendario de las muchas huelgas de hambre que el presidente tiene previsto emprender hasta la consulta final; una fecha concreta para el inicio de la Marcha de la Sal catalana, que aquí, por supuesto, habrá que rebautizar como la Marcha del Expolio, del mismo modo que el famoso Raghupati deberá convertirse en Els Segadors; y los días, en fin, en que va a celebrarse en Madrid esa Conferencia de la Mesa Redonda a la que asistirá sin duda el presidente del Gobierno colonialista y de la que debe salir una solución sí o sí.

Y es que los catalanes —¿qué digo los catalanes? ¡los españoles!—, honorable Mahatma, queremos saber.

Mahatma Mas

    25 de noviembre de 2013


(Felipe Aláiz, "Fermín Galán. El hombre que murió por los políticos, no con los políticos", La Revista Blanca, 26-4-1934)

Esta es la cobarde
España de siempre

    24 de noviembre de 2013
En los tiempos ya felizmente remotos de la posguerra española, a los periodistas se les conocía como los apóstoles «del pensamiento de la fe y de la Nación». Así los definía, sin ir más lejos, la propia ley de prensa de 1938, vigente en España hasta que Manuel Fraga promovió la suya en 1966. Ha llovido mucho desde entonces, pero no parece que la lluvia haya fertilizado por igual todo el territorio. En Cataluña, por ejemplo, los profesionales de la comunicación siguen actuando, en su gran mayoría, como si estuviéramos todavía en 1938, sólo que habiendo trocado aquella fe y aquella nación, tan españolas ambas, por una fe y una nación más alicortas, más gallináceas, pero indiscutiblemente catalanas. Tal vez por ello el ejercicio del apostolado continúa teniendo, como hace tres cuartos de siglo, su debido premio. Son los «Premis Nacionals de Comunicació», que concede el Gobierno de la Generalitat desde 1999. Los de este año han recaído en profesionales, empresas, entidades y asociaciones cuyo nexo fundamental, además de su probada fidelidad al «pensamiento de la fe y de la Nación», es haber recibido del propio Gobierno de Cataluña, en forma de subvención, una cantidad nada despreciable de dinero para su mantenimiento. En la lista de galardonados figura incluso —no vaya a salir alguien ahora con aquello de que el uso de la lengua vernácula es una condición «sine qua non» para que la Administración suelte la pasta y el premio— una merecidísima Mención de Honor al Grupo TeleTaxi, del inefable Justo Molinero, colaborador necesario en la construcción de la pequeña gran nación catalana desde los mismísimos tiempos de Jordi Pujol.

De ahí que no pueda sorprender en modo alguno el empeño del presidente Artur Mas en ensalzar, en su discurso, «la calidad democrática» de los medios y profesionales de la comunicación que le sirven. ¿O acaso no estamos en una democracia? Ni su insistencia en que lleven la buena nueva de esa Cataluña inmersa en un momento crucial de su historia a todos los rincones del planeta. ¿O acaso no son sus apóstoles? Además, como dicen en Cataluña, «qui paga, mana». ¿O no?

(ABC, 23 de noviembre de 2014)

Apóstoles de la Nación

    23 de noviembre de 2013


Cada vez que leo esa clase de noticias pienso en el País Vasco. Y luego, inmediatamente, pienso en mí y en la suerte que tengo de no vivir ni haber vivido nunca en uno de esos pueblos, sean del País Vasco, sean de la dolça Catalunya, sean de cualquier zona de España donde el nacionalismo haya echado raíces. La vida de pueblo ya es, de por sí, un roce constante. Uno se cruza a diario con todo quisque un par o tres de veces. Y nadie ignora quién es este, o aquel o el de más allá. En tales condiciones, si uno forma parte del rebaño todo va bien. Se le saluda, se le sonríe, se le habla y hasta se le hace alguna que otra confidencia. Pero, ¡ay del forastero! ¡Ay del que, habiendo o no habiendo nacido allí, ha rechazado de modo explícito las reglas del lugar! Este lo va a pasar mal. Van a dejar de saludarle, de sonreírle, de hablarle y, claro está, de hacerle confidencias. Y hasta puede que aprovechen el jolgorio de una fiesta mayor para arrearle un puñetazo o que le llenen, sin más, el coche de excrementos, como le ha sucedido a esa dirigente de Ciutadans de un pueblecito insignificante de Tarragona. Por supuesto, esa persona, harta de aguantar lo que no tiene aguante, puede abandonar la localidad. Es lo que pretenden, al cabo, quienes la importunan, la acosan y la agreden. Y lo que haría, en definitiva, cualquiera de nosotros. Pero algunas, como la que aquí nos ocupa, se empeñan en seguir, a pesar de la chusma nacionalista. Y hay que agradecérselo. De corazón. Sin ellas, todos los demás seríamos mucho menos libres.

Cataluña adentro

    22 de noviembre de 2013


Ese informe de la Guardia Civil del que habla hoy El Mundo no creo que sorprenda a nadie. Que una cuarta parte de los maestros de las ikastolas de la Comunidad Foral de Navarra esté más o menos vinculada a la izquierda abertzale es algo que, por desgracia, se da casi por descontado. O que damos casi por descontado, al menos, quienes, habiendo nacido en Cataluña o residiendo en sus aledaños ideológicos —léase las Islas Baleares—, sabemos cómo las gastan muchos de los maestros de esos niveles educativos. Con una diferencia: en las zonas de Navarra donde se ofrece esta enseñanza integral en vascuence, así como en el País Vasco, los padres tienen siempre la opción —o deberían tenerla— de matricular a sus hijos en otros modelos lingüísticos, mientras que en las tierras catalanas de origen o conquista no hay tutía, esto es, no hay otro modelo que la inmersión generalizada —a no ser que uno disponga del capital necesario para llevar al nene o la nena a un centro privado—. Y, por supuesto, con otra diferencia: en esas tierras bañadas por el Mediterráneo no existe ETA ni nada parecido. La erosión, pues, es de una intensidad distinta. Aunque no menos eficaz, como los hechos vienen demostrando.

Aun así, gente tan dispar en lo mental y en lo moral como J. B. Culla y Arcadi Espada coinciden en afirmar que la escuela no ha sido un factor determinante en el auge del independentismo en Cataluña. Ambos se remiten al mismo contraejemplo: si durante los 35 años de franquismo la escuela no consiguió moldear la personalidad de los españolitos de a pie, ¿por qué iba a lograrlo ahora en un lapso idéntico y bajo un régimen parecido? A mi modo de ver, por algo que no se daba en aquellos tiempos y sí se da ahora. Durante el florido pensil, la reacción, cuando reacción había, era en contra de un régimen autoritario, de unos maestros y profesores que no dudaban en recurrir a los métodos más abstrusos —y a veces hasta violentos— para doblegar cualquier forma de disidencia o resistencia. Ahora, en cambio, los maestros y profesores participan junto a los alumnos, lo mismo en Cataluña y Baleares que en parte del País Vasco, Navarra o Galicia, de un misma cruzada contra el maligno, personificado, cómo no, en la pérfida España —la negra, la de la Inquisición, la del franquismo—. Es decir, antes el maestro era percibido como la última pieza del engranaje opresor; ahora es percibido como la primera del engranaje liberador. Por eso es tan frecuente, en nuestros días, ver desfilar a esos educadores cogidos de la mano con sus educandos, cada vez que una movilización cualquiera los saca a la calle. La patria los llama y ellos, todos a una, acuden prestos en su auxilio.

Educar para la patria

    21 de noviembre de 2013


El editorial de hoy de El País sobre la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tiene desperdicio. Es un alegato a favor de la politización de la justicia. Sin matices, sin medias tintas. A pluma descubierta. Parece mentira que el otrora diario de referencia, el icono mediático de la Transición, el símbolo añejo del cuarto poder en España, llegue al extremo de afirmar que el máximo órgano del poder judicial debe estar sometido a los demás poderes —se supone que dejando a un lado el cuarto—, o, por recurrir a sus palabras, «vincularse, directa o indirectamente, a la soberanía popular». Para El País, lo importante de la renovación del CGPJ no es tanto la naturaleza de los miembros que lo componen, los méritos que han atesorado a lo largo de su carrera para ocupar el alto rango que van a ocupar, sino el hecho de que hayan sido elegidos mediante el consenso. No de los jueces, claro, sino de la mayoría gobernante y la minoría opositora. Es decir, del legislativo trufado de ejecutivo. El que vayan a integrarlo, pongamos por caso, una diputada en ejercicio de CIU o un diputado cesante del PSOE no constituye motivo alguno de sonrojo, ni siquiera de preocupación. Lo importante es que ese «poder del Estado» no sea «un órgano corporativo». En definitiva, que no sea como los demás poderes.

Jueces y soberanía

    20 de noviembre de 2013


1) Dice el director de Libération, en relación con el atentado del que ha sido víctima un fotógrafo ayudante en la propia recepción del diario: «Que alguien entre en un periódico con un fusil es muy grave en una democracia, sea cual sea el estado mental de quien lo hace. Si los medios de comunicación deben convertirse en búnkeres, hay algo que no funciona bien en la sociedad». Aun comprendiendo el estado de ánimo del director después de la tragedia vivida, ¿no resulta acaso más grave para una sociedad, más ilustrativo de su mal funcionamiento, que alguien la emprenda a tiros en plena calle contra el primero que pase? Hay oficios de riesgo, y el periodismo es uno de ellos. Y lo es incluso, por desgracia, allí donde no consta que se haya declarado guerra alguna.

2) La prensa no nacionalista aplaude el giro dado por el PSC. Tanto como la nacionalista lo deplora. Eso sí, una y otra coinciden en que el partido que lidera Pere Navarro no ha superado la crisis, por más que el resultado de la votación del domingo en el Consell Nacional parezca consolidar entre sus filas la línea de la dirección. Lo que nadie se pregunta, en cambio, es por qué ahora y no antes. O sea, por qué Navarro y los suyos han estado mareando la perdiz durante cerca de un año, jugando al sí pero no, en vez de plantarse desde el primer día. ¡Qué distinto habría sido todo si ya entonces el barco no hubiera incluido más que almogávares y algún que otro capellán o capellana!

3) La deriva de la oratoria se refleja estupendamente en esa foto del consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Collell, haciendo con las manos el signo de poner un vocablo o expresión entre comillas. Si un político es incapaz de resaltar, mediante la entonación o recurriendo simplemente a la paráfrasis, su propio pensamiento, más vale que se deje de discursos. Y, en según qué casos, de política.

Acotaciones de un lector (1)

    19 de noviembre de 2013
Vaya por delante una confesión: siento debilidad por J. B. Culla y sus artículos. Esa debilidad no alcanza, por supuesto, la que pueda sentir Félix de Azúa por el mismo personaje y su producción periodística, pero les aseguro que la mía tiene también su recorrido. Lo que más me atrae de Culla, al margen de la españolidad de su prosa, es esa sensación de hombre permanentemente enojado que deja la lectura de cualquiera de sus piezas. Como si al escribirlas segregara una tal cantidad de bilis que esta no puede por menos de empapar, en mayor o menor grado, el producto de su ingenio. No creo que se dé ningún caso parecido en el periodismo catalán contemporáneo. E incluso, si me apuran, en el español. Y ni siquiera sirve la excusa de la edad; Culla es un hombre biológicamente bilioso. Escribe así desde el primer día, segregando que es gerundio.

El pasado viernes, por ejemplo, defendía a los Mossos d’Esquadra. Natural. Hasta diría que me sorprendió lo mucho que había tardado en hacerlo. Culla ha sido siempre un hombre del régimen, lo mismo con Pujol que con Mas. Y en el interregno, cuando no mandaba ni el uno ni el otro, y dado que el régimen continuaba vigente, él seguía en sus trece, fustigando a todo aquel que osara entrometerse en sus destinos. Como hizo en su última filípica. La tesis del artículo es la habitual. ¿Qué habría ocurrido si en vez de tratarse de los Mossos se hubiera tratado de la Guardia Civil –entiéndase, si en vez de tratarse de Cataluña se hubiera tratado de España–? ¿Se habría armado la que se ha armado? ¿No fue acaso mucho peor lo sucedido en el cuartel de Intxaurrondo, en San Sebastián, hace más de treinta años, que lo sucedido a comienzos de octubre en el barrio del Raval de Barcelona, por muy grave y lamentable que esto resulte? Siendo así las cosas, ¿por qué nadie puso entonces en cuestión la legitimidad de la Guardia Civil –o de la Policía Nacional– como sí se ha puesto ahora la de los Mossos d’Esquadra?

Pues, a mi modo de ver, porque así como la existencia de los Cuerpos de Seguridad del Estado es percibida como algo de todo punto necesario e inherente a la propia existencia del Estado, la de un cuerpo autonómico de nuevo cuño que ha venido a sustituir a esos Cuerpos que ya ejercían mal que bien la misma función, no. De ahí que no les pasen una. Añadan a lo anterior que en los últimos tiempos, tanto tripartitos como convergentes, las actuaciones de los Mossos han dejado mucho que desear. Por exceso de bondad o de maldad, da igual. O, si lo prefieren, por bisoñez, por carecer de experiencia y, en cambio, andar sobrados. Y luego, claro, está el contexto. No me refiero ahora a los informes de Miquel Sellarès, el inspector catalán de alcantarillas. Pienso en algo bastante más serio: en la confianza que pueden generar las actuaciones de un cuerpo policial sujeto a las directrices de un Gobierno que, aun formando parte del Estado –siendo Estado, en una palabra–, actúa como si no lo fuera y, lo que es peor, tratando de destruirlo.

Además, qué quieren, el pasado, ese pasado que el historiador Culla tan bien conoce, tampoco ayuda. En tiempos de la República, una de las grandes reivindicaciones del nacionalismo gobernante en Cataluña –o sea, de ERC– fueron las competencias de orden público. Cuando la Generalitat por fin dispuso de ellas, las empleó, ya con Companys de presidente, en perseguir el terrorismo anarquista –lo que acabaría costando la vida, en vísperas de la guerra civil, a los hermanos Badia, dirigentes de Estat Català y máximos responsables de la Policía autonómica–. Pero también las empleó en preparar el golpe de Estado que Companys había de encabezar el 6 de octubre de 1934. Por desgracia para los golpistas, su plan contaba con los escamots de Estat Català que, a la hora de la verdad, no aparecieron por ningún sitio. La imagen que quedó fue, pues, la de los Mossos defendiendo el Palacio de la Generalitat ante el asedio de un par de unidades del Ejército que, al poco, lograban la rendición incondicional de los amotinados. Una triste imagen, ciertamente.

Yo comprendo –¡cómo no voy a comprenderlo!– que el nacionalismo que Culla profesa tenga interés en dignificar de una vez por todas la policía –su policía– autonómica. Pero ese nacionalismo debería comprender a su vez que la tan ansiada dignificación tiene un precio. Se llama lealtad. Lealtad al Estado y a su seguridad, que es la de todos los ciudadanos, residan o no en Cataluña.

(Crónica Global)

La seguridad del Estado

    18 de noviembre de 2013


(Carlos Soldevila, "Dificultad de pensar", La Vanguardia, 9-8-1936)
He visto el vídeo del que hablaba ayer aquí mismo Begoña López, el que han elaborado los abertzales navarros para llamar la atención sobre el juicio que empieza pasado mañana en la Audiencia Nacional contra cuatro de sus compinches, acusados de haber agredido en Toulouse, en noviembre de 2011, a la presidenta de la Comunidad de Navarra, Yolanda Barcina. El de los tartazos, vaya, en alusión precisamente al arma utilizada en su momento para perpetrar la agresión. El vídeo está basado en la archiconocida escena circense en la que un clown le estampa a otro un trozo de tarta en plena cara, y el otro hace de inmediato lo propio con el primero. Con ese guión, y durante cerca de cuatro minutos, van desfilando por la pantalla y por parejas «personas de la vida pública navarra» —como las califican los promotores de la cinta— que «se solidarizan, de una forma muy dulce, con los activistas» agresores. Como no soy del lugar, no acierto a identificar a esas «personas de la vida pública Navarra», aunque a juzgar por su aspecto, profundamente antisistémico, deben de pertenecer todas al mundo abertzale. Perdón, casi todas. Porque una de las parejas está formada por el diputado navarro de Amaiur Sabino Cuadra y el inefable Joan Tardà. ¿Que qué hace allí Tardá?, acaso se pregunten. Pues solidarizarse con quienes se solidarizan a su vez con los agresores de la presidenta navarra. En su descargo, cabe decir que el papel le va que ni pintado, hasta el punto de que uno se pregunta por qué demonios se ha dedicado ese hombre a la política pudiendo orientar sus pasos hacia el Club de la Comedia o —mejor incluso, tratándose de alguien de izquierdas— hacia Payasos sin Fronteras. Pero, a un tiempo, esa participación suya como «guest star» en el vídeo de marras no puede por menos de asociarse al número montado por su jefe de filas Oriol Junqueras esta misma semana en Bruselas. Sí, ya sé que, por su contexto y trascendencia, son actuaciones muy dispares. Da igual: se complementan. Y hasta se parecen en lo esencial. ¿O acaso tanto Tardá como Junqueras no han provocado la risa del personal mientras hacían un soberano ridículo?

(ABC, 16 de noviembre de 2013)

Los tartazos de ERC

    16 de noviembre de 2013


Me refiero a Lluís Arola, que ayer fue detenido y puesto luego en libertad con cargos en relación con el llamado caso Innova, que afecta a las irregularidades cometidas en los últimos años en las empresas municipales de Reus. Arola había sido el director científico de Shirota Functional Foods, una sociedad de capital mixto fundada en 2007, dedicada a la investigación nutricional y cuyo nivel de facturación resultaba ridículo en comparación con la inversión emprendida —una inversión facilitada en gran parte por los tres millones de aval del Ayuntamiento reusense—. En realidad, y tal y como se ha encargado de reconocer el actual rector de la Universidad Rovira i Virgili (URV), Francesc Xavier Grau, Arola era el hombre de la URV en Shirota —la universidad tarraconense poseía el 2% del capital—. Y vaya hombre. Porque Arola había sido, a su vez, rector de la URV entre 1998 y 2006. Y porque, en estos momentos, desempeña el cargo de presidente del Consejo Catalán de Investigación e Innovación, un alto organismo dependiente de la Generalitat de Cataluña.

Pero lo más curioso del personaje acaso sea su afición a tenérselas con la justicia. No, no me malentiendan. No digo que Arola sea un delincuente. Al menos, hasta la fecha. Arola es más bien un patriota —lo cual, sobra precisarlo, no tiene por qué ser incompatible, llegado el caso, con la condición de delincuente—. Y es en tanto que patriota como yo lo recuerdo y lo recordaré siempre. Porque yo viví hace doce años aquel acto de afirmación nacionalista montado por el régimen a las puertas de los juzgados de Tarragona y cuyo protagonista no era otro que el entonces rector Arola, al que un juez español y desaprensivo —y perdón si alguno de ustedes cree que incurro en pleonasmo— iba a juzgar por prevaricación. No sé cómo estarán hoy los ánimos para repetir aquella performance, si finalmente Arola debe pisar de nuevo un juzgado. Lo que es el consejero, sigue siendo el mismo, Andreu Mas-Collell. Y, al decir de Oriol Junqueras, la capacidad de movilización del pueblo catalán resulta hoy en día inconmensurable, capaz de paralizar no ya un juzgado sino un país entero. En fin, que no será porque no se den las condiciones necesarias. Y, si no, al tiempo.

Un catalán de pro

    15 de noviembre de 2013


Habrá que estarle agradecido a Oriol Junqueras por sus palabras. Ese político que, según todas las encuestas, sería hoy el principal candidato a presidir la Generalitat de celebrarse unas elecciones autonómicas, dio ayer en Bruselas su verdadera talla de potencial estadista. En una conferencia organizada por sus amigos del Parlamento Europeo, Junqueras amenazó con convocar en Cataluña una huelga general de una semana si el Estado del que muy a su pesar forma parte prohíbe la tan ansiada consulta por el «derecho a decidir». Que los primeros en echársele encima, tachándole de insensato, hayan sido sus compañeros de viaje Duran i Puig —sí, Felip Puig, el otrora independentista radical—, dice mucho del grado de enajenación alcanzado por el profeta de la patria libre. En Bruselas no habrán salido todavía de su asombro ante la propuesta del líder de ERC, apuntalada encima con la grosera mentira de haber «sacado a dos millones de personas a la calle» —millón arriba, millón abajo, le faltó añadir—. De todos modos, insisto, hay que agradecerle a Junqueras sus palabras. Entre su bravuconada de ayer, la sandalia exhibida el pasado lunes en el Parlamento catalán por su ahijado Fernàndez y el ridículo infamante de Mas en Yad Vashem aspirando a la condición de víctima entre las víctimas, si alguna posibilidad tenían aún los soberanistas de ser acogidos en el seno de la Unión, esta ya se ha esfumado definitivamente. La Cataluña que viene no tiene otro futuro que el de la vía muerta o la fosa séptica. A escoger.

La Cataluña que viene

    14 de noviembre de 2013


Cuando el nacionalismo catalán viaja a Israel hay que temerse siempre lo peor. Recuerden, si no, la visita protagonizada por Pasqual Maragall y Josep Lluís Carod-Rovira, corona de espinas incluida. O los continuos viajes de Jordi Pujol, en los que el milhomes no perdía ocasión de comparar el destino del pueblo catalán con el del judío. Y, al margen ya de las andanzas gubernamentales, recuerden los espasmos de los Culla, Rahola o Villatoro cada vez que el nombre de Israel era o es sacado a colación. Ahora ha sido el presidente Artur Mas quien se ha desplazado hasta aquella tierra con un séquito de 60 personas, como si del mismo rey de Arabia —y perdón por la ucronía— se tratara. Y, aparte de no lograr entrevistarse con el primer ministro Netanyahu —un fiasco al que Pujol, dicho sea de paso, nunca se habría expuesto— y de conseguir que la bandera de España no apareciera en la foto oficial con el presidente Peres —lo que da idea, por cierto, de la eficacia de nuestra política exterior—, Mas se despachó en el Museo del Holocausto con unas declaraciones absolutamente fuera de lugar, y nunca mejor dicho. Adoptando ese victimismo que tanto rédito aporta siempre al nacionalismo, el presidente de la Generalitat aprovechó su presencia en Yad Vashem para arremeter contra aquellos que han comparado su régimen transitorio nacional con el régimen nacionalsocialista. Pero fue más allá: no contento con desmentir una infamia, dejó otra para la posteridad al equiparar el pueblo catalán con el judío con el argumento de que el primero «también fue víctima de los totalitarismos». Como si pudieran siquiera compararse y sin precisar, por supuesto, que esos totalitarismos fueron bendecidos a su vez, y hasta ejecutados, por una parte nada despreciable de ese mismo pueblo catalán.

En definitiva: de mal en peor. Confiemos en que la próxima expedición nacionalista a Israel, de haberla, tarde mucho en llegar.

Pueblos y víctimas

    13 de noviembre de 2013


Decir que todo empezó en la pasada década sería, por supuesto, excesivo. Pero estoy convencido de que sin ella, sin lo que en ella sucedió en España, en Cataluña y en Barcelona —y voy, a propósito, de lo general a lo particular—, un personaje como David Fernàndez no habría alcanzado nunca la condición de diputado. O, lo que es lo mismo, no habría tenido nunca la ocasión de sembrar el terror en sede parlamentaria en forma de apología o mediante el insulto y la amenaza.

Entre 2001 y 2010 se dieron en Cataluña, y en especial en Barcelona —con la bendición, a partir de 2004, del propio Gobierno de España—, una serie de circunstancias que lo han hecho en gran parte posible. Por un lado, la carrera del Estatuto, a la que se entregaron casi todas las fuerzas políticas catalanas, remachada con una tardía sentencia del Constitucional que sigue sirviendo de excusa a los corredores de entonces para seguir pidiendo la luna. Por otro, la llegada al poder autonómico, a finales de 2003, de un gobierno de izquierda y nacionalista, más conocido por tripartito, que no era sino la plasmación regional de un modelo ya operativo en el campo municipal. Todo ello vino a coincidir con la celebración en Barcelona del Fórum Universal de las Culturas, paradigma de lo políticamente correcto, saludablemente alternativo y entusiastamente asambleario. Uno de los efectos más visibles de esa amalgama factual fue la definitiva conversión de la capital catalana en capital mundial antisistema, conversión que las movilizaciones contra la guerra de Irak de principios de siglo habían ya anticipado en parte.

Fernàndez es fruto de esa década. De pies a cabeza, de la primera a la última capa, de la mano con la sandalia a la mismísima sandalia. Y quienes le consienten lo que le consienten, incluso en sede parlamentaria, unos cómplices ominosos de un proceso de degradación moral cuyas últimas consecuencias están aún por llegar.

La década ominosa

    12 de noviembre de 2013
La Conferencia Política que el PSOE ha celebrado este fin de semana en Madrid ha arrojado, a falta de decisiones trascendentes, un sinfín de discursos llenos de follaje. Se comprende. Cuando uno sabe que nada importante va a resolverse en el cónclave al que ha sido invitado –y lo único importante en estos momentos, en el seno del socialismo español, es la lucha por el poder, o sea, la convocatoria de primarias, urgida por muchos y dilatada por los que mandan– trata por lo menos de marcar territorio con la palabra. De ahí ese discurso de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, reclamando «un partido que [defienda] a España y [defienda] su unidad». O la intervención de la vicesecretaria Valenciano pidiendo también unidad –aunque, eso sí, dentro de la diversidad o, lo que es lo mismo, federalismo mediante–. O esa respuesta del catalán Pere Navarro al ofrecimiento de «cariño», «comprensión» y «apoyo desde la discrepancia» que le había hecho Díaz: «La mano tendida es mutua». O, aún, lo dicho por el propio secretario general Pérez Rubalcaba en la clausura: que el PSOE salía de la Conferencia «imparable, fuerte, unido y con las ideas claras». La escenificación, en síntesis, de una suerte de pax hispanica, no en el plano exterior, como en tiempos de Felipe III y el Duque de Lerma, sino en el estrictamente partidista. O sea, en el más interior y corporativo de cuantos puedan imaginarse.

Pero escenificación al cabo. Porque es evidente que no existe en este momento pax alguna entre los socialistas españoles. Ni en lo tocante a los tiempos más aconsejables para elegir candidato ni, por supuesto, en lo que respecta a la cuestión catalana –a no ser que uno quiera creer en el mantra federalista y en una no menos quimérica reforma constitucional¬–. Ayer mismo, sin ir más lejos, teníamos noticia de unas declaraciones de un dirigente del PSC, por un lado, y de una encuesta realizada entre la militancia, por otro, que vienen a desmentir cualquier atisbo de fortaleza en la familia socialista. Albert Soler, flamante coordinador de la escuadra catalana en el Congreso tras la caída en barrena de José Zaragoza y el consiguiente corrimiento de piezas, afirmaba en El Mundo que la ruptura entre PSC y PSOE es imposible, «porque la única posibilidad real de que el PSOE vuelva a gobernar España es que no rompa con el PSC» y la única posibilidad de que un gobierno español permita una consulta sobre el manido derecho a decidir, o sea, lo que el PSC aspira a lograr, es que lo presida alguien del PSOE. Según Soler, pues, la unión –o, mejor dicho, la no ruptura–¬ se sustentaría en una especie de do ut des. Nada de principios doctrinales, de ideologías centenarias compartidas: un mero juego de intereses. Pero resulta que de una encuesta entre la militancia socialista encargada por La Razón se desprende que un 50% desearía que el PSOE recuperara sus siglas en Cataluña o, lo que es lo mismo, que el PSC se partiera en dos –o en cuatro o en veinticuatro, vaya usted a saber–. Por supuesto, lo que piense la militancia no tiene por qué afectar a las decisiones que tomen los dirigentes del partido. Pero no deja de ser un síntoma de por dónde van o pueden ir los tiros.

Porque tiros habrá. Los sondeos hablan de un descenso considerable de los socialistas catalanes en unas hipotéticas elecciones generales: de los 14 diputados actuales a 9 u 8. Y eso, sin ruptura. De darse esta y de presentar el PSOE su propia candidatura en Cataluña, la sangría podría llegar a ser incluso mucho mayor, aunque sólo sea porque, en caso de fractura, la suma de los factores no acostumbra a sumar como sumaba antes. Claro que lo más triste de la maraña en que andan enredados los socialistas hispánicos es que esa «única posibilidad real de que el PSOE vuelva a gobernar España» que el diputado Soler vincula al mantenimiento del pacto con el PSC no es ni siquiera, a estas alturas, una posibilidad, por más que en la trastienda socialista el ocioso Caldera vaya sacando encuestas que apuntan a una clamorosa victoria electoral de los biznietos o tataranietos de Pablo Iglesias.

(Crónica Global)

La maraña socialista

    11 de noviembre de 2013


(Azorín, "Impresiones parlamentarias. Incongruencias", Abc, 18-3-1908)

Lector: yo he cumplido con mi deber

    10 de noviembre de 2013
Seguramente recordarán ustedes aquel Consejo Asesor para la Transición Nacional que Artur Mas alumbró el pasado 12 de febrero, del que formaban parte mentes tan preclaras como Ferran Requejo, Pilar Rahola, Salvador Cardús o Ángel Castiñeira —por no citar más que algunas— y una de cuyas principales funciones era «analizar e identificar todas las alternativas jurídicas disponibles sobre el proceso de transición nacional». Ese Consejo, tal vez también lo recuerden, hizo su trabajo —no remunerado, por cierto, más que con el honor y la gloria— y, días antes de las vacaciones de verano, presentó al presidente de la Generalitat un informe con sus conclusiones. El informe estaba compuesto por más de doscientos folios dedicados por entero a la consulta, pues esa y no otra era la fórmula escogida en su momento por Mas para transitar. De los muchos considerandos del documento se seguían, entre otras, dos conclusiones fundamentales. La primera, que el mejor periodo para celebrar la consulta era el primer semestre de 2014 y, en todo caso, antes del 18 de septiembre, que es cuando está previsto el referéndum sobre la posible independencia de Escocia y de cuyos resultados, previsiblemente contrarios a la separación, había que huir como de la peste. Y la segunda, que no había cauce legal por donde colarla y que, de no mediar un acuerdo con el Estado, no quedaría más remedio que dejarse de consultas y convocar unas elecciones plebiscitarias que llevaran, en caso de victoria soberanista, a una declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento de Cataluña.

Como no alcanzo siquiera a imaginarme que el presidente Mas haya sido tan insensato de no leer lo que él mismo encargó el 12 de febrero y recibió meses más tarde, el reciente anuncio de que resulta materialmente imposible hacer la consulta antes de octubre de 2014 no puede sino interpretarse como un modo amable de admitir —amable para ERC— que no habrá consulta, sólo simulacro. ¿Y los 15 millones que van a costar las urnas y todo lo demás?, quizá se pregunten ustedes. Nada, una fruslería. Comparado con lo que llevamos ya gastado en nacionalismo…

(ABC, 9 de noviembre de 2013)

El espíritu del 12 de febrero

    9 de noviembre de 2013


Ha llegado por fin a mis manos, gracias al empeño de Paco Fuster, responsable de la edición, el último Camba conocido. (Empieza a pasar con Camba lo que con Chaves. Los dos salen a libro por año, si no más, y eso que llevan más de medio siglo muertos. Ventajas de haber escrito en los papeles, y de haber escrito mucho y bien.) El caso es que Maneras de ser periodista, la obra en cuestión, es una recopilación de los artículos que Camba escribió sobre este oficio, que era también el suyo. Están los que ya había recogido el propio autor en volumen y están los que Fuster ha encontrado en las hemerotecas, analógicas y digitales. Sobra decir que la idea era excelente y lo cierto es que el resultado no le anda a la zaga. Hace un par o tres de décadas, con sólo leer este librillo y dos o tres más cualquier licenciado en periodismo habría podido adentrarse en el oficio bien pertrechado. Hoy, en cambio, entre que apenas queda periodismo y que los estudiantes apenas leen, no sé qué futuro puede aguardarle al libro entre quienes debieran ser sus principales destinatarios. Pero, en fin, en su defecto los demás ya nos daremos el gustazo, si no nos lo hemos dado ya. (Un par de reproches, eso sí, a la edición, que no todo van a ser parabienes. Por un lado, la no inclusión entre los textos recopilados de «Advertencia leal contra los libros de viajes» el prólogo a Aventuras de una peseta, que Fuster sí menciona y parafrasea en su prólogo a la edición y que constituye, en sí mismo, toda una poética del oficio. Y, por otro, la sorprendente omisión, en la bibliografía sobre el periodista, del prólogo que Arcadi Espada escribió para la reedición ¬–la primera después de 35 años– de Haciendo de República, incluido en el volumen colectivo Cuatro historias de la República, donde se hallan admirablemente expuestas las claves de su escritura, que no era, por supuesto, sino escritura periodística. Confiemos en que una nueva edición permita remediarlo.)

Por lo demás, Maneras de ser periodista permite también un juego de analogías. No me refiero ahora al que establece ya el propio Camba desde el título mismo en determinadas piezas ¬–«El periodismo y el calamar», «El periodismo y la pesca» y «Periodistas y peluqueros» son tres magníficos ejemplos del rendimiento que saca a esa figura–, sino el que puede establecerse entre alguno de esos artículos y los escritos de otros autores. A mí, por aquello de mi vieja y difusa ascendencia poética, «El periodismo y el calamar» me ha traído a la memoria uno de los buenos poemas de Gabriel Ferrater, «Literatura». Aunque artículo y verso difieran en el propósito y en el caudal de tinta empleado, el asunto, si bien se mira, es el mismo: la escritura y sus límites. El gran asunto, vaya.

Escritores en su tinta

    8 de noviembre de 2013

KO

    5 de noviembre de 2013
Carme Forcadell, esa mujer con nombre de administradora de fincas que preside la Asamblea Nacional Catalana (ANC) –organizadora de la Via catalana del pasado 11 de septiembre–, se ha convertido en un verdadero poder fáctico, lo que da, o debería dar, idea de cómo está Cataluña. Un poder fáctico es, por definición, un grupo u organismo social que ejerce su poder de facto y al margen de los cauces legales. Se trata, pues, de una instancia acostumbrada a presionar, cuando no a amenazar y chantajear. Carme Forcadell declaró hace unos días que confía en que la tan cacareada consulta se celebre en 2014, tal y como acordaron CIU y ERC en su pacto de legislatura. Pero añadió al punto que ya tiene preparada una sorpresa para el caso de que el Gobierno de la Generalitat se haga el remolón y no la convoque cuando debe: «Sería otro gran acto. Una movilización importante. Tengo la idea pero no la diré porque espero que no se tenga que hacer».

Se agradece. Sólo nos faltaría tener que soportar las ideas que pasan por la cabeza de Forcadell antes incluso de que alcance a materializarlas. Pero la simple exposición de sus intenciones constituye ya una amenaza. Una amenaza para todos los ciudadanos, en la medida en que pueden verse obligados a aguantar y costear otro happening independentista, y una amenaza, sobre todo, para el propio Gobierno de la Generalitat, en tanto en cuanto es el destinatario primero del chantaje o, lo que es lo mismo, la institución que debe convocar la consulta el próximo año si no quiere verse expuesta a una nueva demostración de fuerza a cargo de Forcadell y sus muchachos. Con la agravante de que el presidente de ese Gobierno sometido ahora al chantaje se ha erigido en el máximo valedor de las movilizaciones promovidas por la presidenta de la ANC y por otras agitadoras autóctonas de parecida pulsión emancipadora.

Que Forcadell sea asimismo militante de ERC en la reserva no constituye tampoco una casualidad. ERC es, hoy en día, el principal poder fáctico de este país. Gobierna con un 13,7% del voto y 21 diputados sobre 135. Y cada vez que el Gobierno de iure se permite anunciar una medida que no le complace –ya sea la magnitud del Ere en TV3, ya unos recortes en partidas sociales, ya la posible demora en la fecha de la consulta– sale Oriol Junqueras a recordarle a Artur Mas quien manda aquí. Un mandar que no consiste en hacer, sino básicamente en no dejar hacer. Salvo en lo referente a la dichosa consulta. Aquí la inacción es pecadora. O causa inmediata de ruptura. Por eso, además de las admoniciones del propio Junqueras, oímos de vez en cuando las de Forcadell. Por si no basta con las primeras. Y para que el presidente en ejercicio, que tanto se emociona con esas manifestaciones en las que ha creído descubrir la voluntad de un pueblo, no caiga en la tentación de echarse atrás.

Lo cierto es que la Cataluña oficial se ha convertido en una finca independentista. Pero en una finca sin administrador. El que debería administrarla no manda, y el que manda de veras –llámese ERC o Forcadell– no puede ni quiere administrarla. Mientras tanto, todos los sondeos indican, uno tras otro, que la actual representación política en el Parlamento tiene ya poco que ver con la intención de voto de los ciudadanos, lo que refuerza, si cabe, la sensación de desgobierno y, en definitiva, de inestabilidad. ¿Qué ocurrirá en los próximos meses? Artur Mas parece decidido a celebrar la consulta. O, por lo menos, a hacer el paripé. El siguiente paso, según él mismo ha anunciado, será la disolución del Parlamento y la convocatoria de unas elecciones a las que el propio convocante piensa dar carácter plebiscitario. Para entonces es muy probable que su carrera política esté más que amortizada y el hombre ya sólo tenga en mente administrar otra clase de fincas, aquí o en Liechtenstein. O dejar que se las administren, que, al fin y al cabo, resulta siempre mucho más cómodo.

(Crónica Global)

Administrar la finca

    4 de noviembre de 2013


(Julio Camba, "La pluralización del matrimonio", Abc, 6-11-1915)
El consejero de Interior de la Generalitat, el democratacristiano Ramon Espadaler, considera que del vídeo grabado el pasado 6 de octubre y en el que se observa como unos Mossos golpean repetidamente al empresario Juan Andrés Benítez —que fallecería horas más tarde en el Hospital Clínico barcelonés— no puede deducirse en modo alguno que «haya habido una mala praxis». No es su primera consideración al respecto. Antes había declarado que se trataba de «una evidente mala praxis». Dado que el vídeo sigue siendo el mismo, no queda más remedio que convenir en que el que ha cambiado es Espadaler. ¿Ha afinado acaso la visión, el consejero? ¿Se ha puesto las gafas? ¿O ha ocurrido algo imprevisto, entre y entre, que le ha obligado a ver lo que antes no veía? Todo indica que estamos en lo último y que lo que ha ocurrido es que una juez ha tomado cartas en el asunto, ha encargado al Cuerpo Nacional de Policía una investigación sobre el caso y esa investigación ha dado como resultado un informe en el que se afirma que los agentes autonómicos propinaron hasta cinco puñetazos en la cabeza a la víctima cuando esta se hallaba en el suelo inmovilizada. Y, por supuesto, también ha ocurrido que el otro Cuerpo, el de los Mossos d’Esquadra, le ha dicho a su consejero que o salía a defenderlos en público o lo de este 6 de octubre podía derivar en lo de otro 6 de octubre de triste recuerdo. Al fin y al cabo, lo que se dirime aquí es una cuestión de soberanía. ¿Quién ve mejor los hechos, un ojo catalán o uno español? O, por recurrir a una fórmula del mismo Espadaler, ¿quién puede determinar mejor si se ha cruzado o no «una línea roja», el Cuerpo propio o el ajeno? Porque, y eso es algo que ha recalcado el consejero, no es lo mismo golpear en la cabeza que en el resto de la parte superior del cuerpo. Lo primero es una mala praxis; lo segundo, no. Sobre la parte inferior del cuerpo —donde también recibió lo suyo la víctima—, el consejero no se ha pronunciado, que yo sepa. Y es una pena, porque igual aquí la praxis, además de aceptable, resulta, en según qué partes, altamente recomendable.

(ABC, 2 de noviembre de 2013)

La mala praxis catalana

    2 de noviembre de 2013


Les hablaba ayer aquí mismo de ese «Pacto Nacional por la Educación que mire a una generación» incluido en el compromiso que el Movimiento Ciudadano está contrayendo con quienes se suman a su causa. Y les hablaba sobre todo de la imposibilidad, o de la extrema dificultad —dejemos una puerta abierta a la esperanza—, de lograr un pacto de esta índole que «ojalá durara», añadía, «una generación, al margen de cambios de gobierno y de partido». Pues bien, ayer mismo el Senado, a instancias del Partido Popular, modificaba el calendario de aplicación de la ley de educación futura: en vez de los tres años previstos inicialmente, van a ser cuatro los que precise la Lomce para implantarse en todo el sistema educativo. Lo que significa que en el próximo curso, el 2014-2015, no será efectiva más que en tres niveles de Primaria y uno de Formación Profesional Básica. O, lo que es lo mismo, que la implantación en ESO, Bachillerato y Formación Profesional queda pospuesta al curso siguiente, el 2015-2016. Según parece, ese cambio de planes guarda relación con las dificultades para poner en marcha la máquina administrativa —Estado, Autonomías, centros docentes, plantillas del profesorado— de golpe, en todos los tramos educativos. Se trata, pues, de un cambio sensato. Las cosas hay que hacerlas bien. Pero esa demora encierra también un peligro: el de que la ley, una vez más, no llegue a aplicarse, como ya ocurrió con su predecesora, la Loce, que fue derogada por el primer gobierno de Rodríguez Zapatero cuando apenas había empezado a implantarse. Todo dependerá del resultado de las elecciones legislativas de 2015. Por supuesto, esa derogación podría producirse igualmente aunque todos los tramos del sistema llevaran ya un año renovados; la izquierda no va a pararse en barras si recupera al poder. Pero sería, al menos, más dificultoso y acaso permitiría una solución transaccional. Con el cambio de calendario, por el contrario, el futuro de la Lomce estará en manos de los ciudadanos españoles que vayan a votar, si no hay adelantos electorales, a finales de 2015.

El factor tiempo

    1 de noviembre de 2013