La universidad pública, y una parte, tan reducida como activa, de los estudiantes que en ella moran, han sido siempre fuente de conflicto. En España, desde los tiempos del general Primo de Rivera por lo menos. Es verdad que las dictaduras —tanto la de este general como la del otro— legitimaban esos procederes. Pero sólo hasta cierto punto, como se deduce de la persistencia e incluso del incremento, en tiempos democráticos, de toda clase de protestas y violencias. Ignoro si la nueva Ley de Seguridad Ciudadana servirá para acabar con esta situación. Pero de lo que no tengo ninguna duda es de la necesidad de prevenir y reprimir adecuadamente, con la máxima urgencia, cualquier acto que obstaculice la práctica de la docencia o contravenga el libre ejercicio de la libertad de expresión en nuestros recintos universitarios. A no ser, claro, que estemos dispuestos a cerrar el negocio y a fiarlo todo al ámbito privado.
Es de esperar que después de lo sucedido ayer en la Universidad de Granada el PSOE cambie de parecer respecto al anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Yo comprendo que a los socialistas lo de la Complutense el 20-N les parezca, aparte de lamentable, ajeno a la comunidad estudiantil, en tanto en cuanto los terroristas que perpetraron el asalto, felizmente detenidos ayer, no pertenecían a ella. Y que incluso lo de la Autónoma de Barcelona, cuya última secuela tuvo lugar también ayer con la ocupación de la sede de UPyD por parte de los mismos que agredieron a Rosa Díez en 2010, se les antoje un problema menor y tributario en buena medida de un ambiente crispado por el nacionalismo. Pero, claro, lo del químico en Granada, no. Esto no puede ser nunca de recibo. Que el mismísimo secretario general sea víctima de las movilizaciones auspiciadas o bendecidas por el propio partido desde antes incluso de que el PP llegara al poder significa que el asunto, a los socialistas, se les está yendo de las manos. Y eso que, en su caso, la violencia recibida ha sido relativa, sobre todo en comparación con la ejercida en la Autónoma barcelonesa hace tres años contra la líder de UPyD —y reivindicada ayer impunemente—, y no digamos ya con la padecida por alumnos y profesores en la Complutense hace diez días.
La universidad pública, y una parte, tan reducida como activa, de los estudiantes que en ella moran, han sido siempre fuente de conflicto. En España, desde los tiempos del general Primo de Rivera por lo menos. Es verdad que las dictaduras —tanto la de este general como la del otro— legitimaban esos procederes. Pero sólo hasta cierto punto, como se deduce de la persistencia e incluso del incremento, en tiempos democráticos, de toda clase de protestas y violencias. Ignoro si la nueva Ley de Seguridad Ciudadana servirá para acabar con esta situación. Pero de lo que no tengo ninguna duda es de la necesidad de prevenir y reprimir adecuadamente, con la máxima urgencia, cualquier acto que obstaculice la práctica de la docencia o contravenga el libre ejercicio de la libertad de expresión en nuestros recintos universitarios. A no ser, claro, que estemos dispuestos a cerrar el negocio y a fiarlo todo al ámbito privado.
La universidad pública, y una parte, tan reducida como activa, de los estudiantes que en ella moran, han sido siempre fuente de conflicto. En España, desde los tiempos del general Primo de Rivera por lo menos. Es verdad que las dictaduras —tanto la de este general como la del otro— legitimaban esos procederes. Pero sólo hasta cierto punto, como se deduce de la persistencia e incluso del incremento, en tiempos democráticos, de toda clase de protestas y violencias. Ignoro si la nueva Ley de Seguridad Ciudadana servirá para acabar con esta situación. Pero de lo que no tengo ninguna duda es de la necesidad de prevenir y reprimir adecuadamente, con la máxima urgencia, cualquier acto que obstaculice la práctica de la docencia o contravenga el libre ejercicio de la libertad de expresión en nuestros recintos universitarios. A no ser, claro, que estemos dispuestos a cerrar el negocio y a fiarlo todo al ámbito privado.