Aunque las leyes dispongan, la realidad suele ser muy tozuda. Sobre todo cuando la existencia de estas leyes no obedece al principio de necesidad. Es el caso, por ejemplo, de la llamada «ley de la memoria histórica». Su aprobación no fue en modo alguno la consecuencia de una demanda social, sino el fruto de un compromiso del presidente del Gobierno, a medio camino entre la conveniencia política y el mandato familiar. Así las cosas, a nadie debe extrañar que su desarrollo vaya generando, aquí y allá, toda clase de esperpentos.

Como el ocurrido hace poco en Palma de Mallorca. Resulta que el Ayuntamiento ha emprendido la remodelación de una plaza de la ciudad, y resulta que en esta plaza existía, desde hace siete décadas, un monumento dedicado a la memoria de 29 oficiales de caballería confinados en la isla meses antes de julio de 1936 y cuya participación en la sublevación militar se reveló a la postre decisiva. Pues bien, ese monumento —un obelisco horrendo, sin interés ninguno— tenía que ser retirado, porque así lo manda la nueva ley. Pero he aquí que el Consistorio, con la socialista Aina Calvo al frente, se resistía. ¿La razón? El autor del obelisco era el arquitecto municipal de entonces y de antes de entonces —o sea, de los tiempos de la República— y ese arquitecto había sido, al parecer, represaliado por los franquistas. Además, Enrique Juncosa, que así se llamaba el hombre, estaba emparentado con una gloria local y universal, Joan Miró. Total, que la alcaldesa, que no sabía cómo salir del aprieto, tuvo un arrebato buenista y propuso mantener el obelisco y reconvertirlo en un homenaje a todos los funcionarios represaliados. Y hasta se le pasó por la cabeza mandar esculpir encima unas cuantas palomas de la paz. Para su desgracia, un informe que ella misma había encargado resolvió que el destino de la obra no podía ser otro que un almacén municipal. Donde ya reposa, por cierto.

Aunque, para esperpentos relacionados con la memoria, el que tiene como paisaje el barranco de Víznar. Tras la paralización, por parte de una magistrada de Granada, de la iniciativa del juez Garzón, ahora es la Junta de Andalucía la que pretende abrir la fosa, a instancias de los familiares de dos de los cuatro asesinados. De las otras dos víctimas, una no cuenta con descendientes que reclamen sus restos, mientras que los herederos de la cuarta, Federico García Lorca, siguen oponiéndose a la apertura de la fosa. De ahí que, de llevarse a cabo la exhumación, vaya a ser necesario, tras identificar los huesos de cada cual, volver a enterrar los de quienes jamás debieron ser desenterrados.

Lo dicho: un esperpento. Y, encima, nacional.

ABC, 26 de julio de 2009.

Los esperpentos de la memoria

    26 de julio de 2009
Si, tal como declaró el pasado lunes María Dolores de Cospedal, el nuevo modelo de financiación autonómica «es un mal modelo», ¿por qué los representantes del Partido Popular en el Consejo de Política Fiscal y Financiera decidieron abstenerse el martes anterior? En otras palabras, ¿por qué los consejeros de las Comunidades gobernadas por el PP no votaron en contra del modelo? La propia secretaria general respondió: porque, al no conocerse en aquel momento las cifras definitivas, parecía prudente no pronunciarse todavía.

Sin duda. Pero el verdadero motivo de la abstención —bien lo sabe la secretaria general— no era este. Aunque abstenerse signifique no pronunciarse, también significa —dado el carácter dinámico del proceso— dejar abierta la puerta a la posibilidad de optar finalmente por un sí o por un no. O sea, permitir que uno acabe pronunciándose en un sentido u otro. Y aquí el «uno» ya no alude al conjunto de las Comunidades gobernadas por el PP, sino a cada una de ellas. O, para no mezclar gobiernos y territorios —ese vicio tan arraigado en España, por obra y gracia del nacionalismo—, a cada uno de los gobiernos que las representan.

Porque si de algo no carece José Luis Rodríguez Zapatero es de astucia. Y esa astucia, aunque le toque aplicarla a la vicepresidenta Salgado, consiste en dividir al adversario para hacer bueno el dicho. No de otra forma puede entenderse la inclusión en el sistema de cálculo del criterio de dispersión de la población, tan beneficioso para una Comunidad de las características de Castilla y León. Eso sin contar, claro, con la dificultad para cualquier gobierno regional de oponerse a una medida que, quieras que no, siempre va a incrementar las arcas que ese mismo gobierno administra.

Por si no bastara con lo anterior, luego viene la refriega, en la que los socialistas son unos verdaderos maestros. Piénsese, por ejemplo, en la acusación de catalanofobia lanzada por el vicepresidente Chaves a quienes osan criticar el modelo con el argumento de que favorece a Cataluña, y en el rédito que semejante descalificación suele proporcionar al partido en el Gobierno. O en las declaraciones de Leire Pajín, espetándole a Esperanza Aguirre que, si no le gusta lo que le ofrecen, pues nada, que renuncie a ello —lo cual, por cierto, constituye un argumento incontestable—.

Pero la señal definitiva de que la división popular es un hecho y el consiguiente triunfo socialista una realidad, la ha dado Alicia Sánchez-Camacho, la presidenta del PP catalán, al confesar que ya ha advertido a sus correligionarios gallegos y madrileños —los más críticos con el nuevo modelo de financiación— de que hay que evitar por todos los medios que la catalanofobia progrese.

Cuando se empieza asumiendo el lenguaje del adversario, se acaba por asumir su doctrina misma. Suponiendo, claro, que las cosas no hayan ido al revés. Sea como sea, la culpa no es de Sánchez-Camacho. Ella, al fin y al cabo, no es sino una víctima más de un modelo de Estado que no parece tener otro fin que la liquidación del propio Estado.

ABC, 25 de julio de 2009.

El Estado y sus modelos

    25 de julio de 2009
Hace tiempo que dejé de ir al teatro. Sólo en contadas ocasiones —no más de cinco en la última década— habré roto la costumbre. Y casi siempre me he arrepentido. Eso sí, aunque me haya quitado del vicio, hablo a menudo con amigos que siguen enganchados. Y lo que me cuentan de algunas de las cosas que han visto no hace sino confirmarme en lo acertado de mi decisión. Ya no se trata de que los actores, nueve de cada diez veces, hablen a voz en grito; o de que el director no haya entendido ni jota del texto que tiene entre manos; o de que la pieza, en fin, no tenga salvación posible. Lo increíble es que sigan representándose tantas obras insustanciales y tantas trituraciones de clásicos. Y no me refiero, claro, al teatro privado, donde, al fin y al cabo, el que se juega los cuartos es el empresario y el que decide, en último término, el espectador. No; me refiero al público, o al semipúblico —esto es, al privado que precisa, para sobrevivir, ayuda pública—. En una palabra: no me parece de recibo que la política de la subvención, cada día más presente en España, siga permitiendo que tanta inutilidad continúe exhibiéndose a costa del dinero de todos.

Ya sé que habrá quien diga que soy injusto con el teatro. Que existen otras muchas artes en situación parecida, como por ejemplo el cine. Y que, más allá de las artes, hay otras actividades —las fiestas tradicionales, pongamos por caso— alimentadas con idéntico maná y cuya calidad también deja mucho que desear. Sin duda. Pero lo del teatro, qué quieren, es distinto a todo lo demás. Será por la parte de ceremonial que comporta, por aquello de tener que arreglarse para la ocasión, incluso porque le obliga a uno a mostrarse en público —a mojarse, digamos—. En esas circunstancias, el fiasco resulta mucho más doloroso. Uno tiene la impresión de haber contribuido con su presencia al desarrollo de la función. Y, lo que es peor, a que la caja cuadre. No sólo pagamos como contribuyentes; también como espectadores. O sea, no sólo cornudos; también apaleados.

Aun así, por más que uno insista en quejarse, el dinero público va a seguir fluyendo. A la clase política le gusta el teatro. Precisamente por todo el ceremonial. Y, como no paga y encima vive del contribuyente, con más motivo. De ahí que a los desesperados no nos quede otra salida que confiar en que muchos de los autores, actores y directores que llenan nuestras tablas resuelvan jubilarse. Eso sí, llegado el día, que no hagan, por favor, como Miguel Ríos, que amenaza con estar dos años enteros despidiéndose. Y que, pasado este tiempo, es incluso capaz de agarrarse a aquello de que los viejos rockeros nunca mueren y echarse atrás en su propósito.

ABC, 19 de julio de 2009.

Teatro

    19 de julio de 2009
Parece que existe un cinco por ciento de españoles que no lee porque no puede. Y lo bueno del caso —o lo malo, según cómo se mire— es que la culpa no la tiene la falta de tiempo, ni de ganas, ni de estudios; la tiene la falta de vista. Tampoco es que esos españoles sean ciegos —lo cual, por suerte, ya no constituiría hoy en día un obstáculo insalvable—. No, es que esos españoles son viejos. Y, en consecuencia, les flaquea la vista. A algunos, porque siempre han andado algo flojillos de este sentido; a otros, porque la edad no perdona y, del mismo modo que se les cansan las piernas, se les cansan los ojos. Total, que hay quien se ha preocupado por esos dos millones largos de compatriotas y ha creado una colección de libros «ad hoc». En fin, «ad hoc» en cuanto al tamaño del cuerpo de letra y el interlineado, porque otra cosa —con todos los respetos por los autores que forman parte de ella— son las obras seleccionadas, donde hay de todo, como en la viña del Señor. O como en la viña de la literatura en castellano y catalán, puesto que la iniciativa prevé la edición de un centenar de libros, la mitad en una lengua, la mitad en otra.

Por supuesto, deseo a los promotores de la colección —por el lado editorial, Planeta y Grup 62; por el asistencial, la Obra Social de la Caixa— el mayor de los éxitos. Todo lo que sea facilitar que la gente lea debe ser celebrado. Y, en particular, si se trata de antiguos lectores que han ido dejando el vicio contra su voluntad. Ahora bien, no es la primera vez que un grupo editorial emprende un proyecto semejante. Y la experiencia anterior fracasó por falta de lectores interesados. Es verdad que, en esta ocasión, la oferta no sólo va dirigida a los que leen en castellano, sino también a los que leen en catalán. Vaya, que se amplía el mercado. Aun así, dudo mucho que esa ampliación por la vía lingüística, y más en esa franja de edad, resulte suficiente para garantizar la viabilidad de la iniciativa. No, lo que la garantiza es la Caixa. De entrada, porque su participación en el proyecto va a permitir que los libros se vendan a un precio inferior al del mercado. Pero, sobre todo, porque se ha comprometido a adquirir, para cada uno de los más de seiscientos centros en los que la entidad desarrolla su programa de «envejecimiento activo» —por cierto, menuda denominación: como si uno, encima de hacerse viejo, tuviera que colaborar en la tarea—, una colección completa.

Y, la verdad, ya puestos, no sé por qué no extienden el compromiso al resto de la producción editorial. Es decir, a los libros con un cuerpo y un interlineado normales. Eso sí, basta con que lo extiendan a los editados en catalán, que los otros ya los absorbe el mercado. ¿Que no habrá viejo activo que los lea? Es posible, pero no creo que eso vaya a cambiar mucho las cosas.

ABC, 18 de julio de 2009.

Literatura asistida

    18 de julio de 2009
Ejemplos los hay a miles. En todas partes y en cualquier época. Basta con que un gobierno se proponga favorecer a ciertos colectivos en vez de ocuparse de cada ciudadano por igual, sin distinción de raza, sexo, lengua, ideología o religión. O sea, basta con que un gobierno, por propia iniciativa o a instancias de no se sabe qué intereses más o menos decorosos, se proponga arreglar el mundo y, en vez de limitarse a garantizar, como sería su deber, que ningún individuo va a ser discriminado, se fije como objetivo que algunos miembros de la tribu, singularizados por determinados atributos, disfruten de unas prebendas que a los demás les están vedadas.

Entre los ejemplos antiguos, merece la pena recordar el aportado por Joseph Roth en uno de los artículos de su «Viaje a Rusia», fechado a comienzos de 1927. Explica Roth que las universidades soviéticas, tras años de alfabetización intensiva, no daban abasto, por lo que los políticos resolvieron que los hijos de campesinos y obreros tuvieran preferencia a la hora de acceder a la educación superior. Que muchos de ellos —lo constató el propio escritor en Leningrado— fueran manifiestamente incapaces de construir una frase con un mínimo de corrección, no constituía óbice alguno. Allí sólo contaban la ideología y sus intereses.

Como sucede también en el caso, mucho más próximo, de la flamante Ley de Educación Catalana —aunque aquí la ideología se vista de lengua—. La consagración del catalán como única lengua de enseñanza en Cataluña descansa en el cuento de que el idioma llamado propio requiere cuidados especiales y esos cuidados sólo se los puede facilitar un sistema educativo catalanizado de cabo a cabo. Lo cual no sólo es una barbaridad en lo tocante a los derechos de los ciudadanos, sino que, encima, resulta contraproducente para la supervivencia misma del idioma en cuestión. El uso del catalán, sin ir más lejos, ha perdido en el último lustro —el más impositivo de los seis que llevamos de normalización lingüística— más de 10 puntos porcentuales.

Y es que la discriminación siempre es negativa. Incluso la positiva. La mayoría de los datos —como ha demostrado Thomas Sowell en «La discriminación positiva en el mundo»— así lo corroboran. Y, aparte de los datos, lo corrobora la aplicación sensata de la ley. Y, si no, que se lo pregunten a la juez Sonia Sotomayor, candidata de Obama al Tribunal Supremo de EE UU, que acaba de ver como el mismo tribunal del que aspira a formar parte ha amparado en una sentencia a unos bomberos de raza blanca que habían perdido el puesto de trabajo por el color de su piel y a los que ella, siendo juez federal, no quiso dar la razón.

ABC, 12 de julio de 2009.



Este artículo tiene su origen en una foto. Quizá la recuerden. La hizo Yolanda Cardo el pasado 1 de julio en el Parlamento catalán, coincidiendo con el pleno donde se aprobó la Ley de Educación de Cataluña, y fue reproducida aquí mismo dos días más tarde. Es una foto clásica, de esas en las que se ve a sus señorías justo antes de que empiece la función, con cara más o menos relajada y atentas en general a los coqueteos de los flashes. La instantánea, seguramente por aquello de la división que la mencionada ley había producido en el Gobierno de la Generalitat, presentaba en un primer plano a los dirigentes de las tres formaciones coaligadas. Cada cual iba a lo suyo. El presidente Montilla, con la mirada fija en las cámaras, lucía su acostumbrada frialdad de lagarto hibernando, una frialdad que sólo le abandona en presencia de figuras del deporte —esta semana, por ejemplo, después de que Pau Gasol le regalara una pelota autografiada, el lagarto sonreía como un niño en la mismísima mañana de Reyes—. El mosso Saura, en cambio, manoseaba su móvil, como si acabara de descargarse Cro-Mag Rally y no pudiera dejar de disparar armas primitivas, ya fueran bombas de hueso, ya pichones rastreadores de calor. Pero, de los tres dirigentes, el más circunspecto era el bigotes Carod. Parecía al borde de la congestión, y dudo mucho que la causa de semejante abotargamiento fuera el pleno que estaba a punto de iniciarse. En realidad, el hombre estaba mirando una especie de bloc de notas, de esos que los maestros catalanes suelen comprar en Abacus. El bloc estaba medio abierto. Por supuesto, ignoro qué demonios leía Carod. Ni siquiera creo que lo supieran sus compañeros de escaño y de Gobierno, absortos en sus respectivos quehaceres. Hasta es posible que allí no hubiera nada escrito, que todo fuera teatro, como la vida. Da igual. Porque lo realmente importante era el bloc. Rojigualdo. El rojo correspondía al título, «afers exteriors», impreso verticalmente. El gualdo, al fondo de la cubierta, donde podía leerse, en blanco y de arriba abajo, «Catal», «Cata», «Cat», «Cata», «Cat», y así sucesivamente.

Todo esto no iría más allá de la simple anécdota —muy ilustrativa, eso sí, del país que tenemos y del nivel de los políticos que aspiran a representarnos—, si no fuera por lo publicado anteayer en estas mismas páginas por María Jesús Cañizares. Resulta que esos «asuntos exteriores» del bloc se van a llevar este año más de 2,2 millones del presupuesto. Resulta que, además, los empleados de algunas de las «embajadas» catalanas —y, en especial, los de la delegación de Nueva York— disponen de hasta 12.000 euros al mes en dietas exentas de justificación. Resulta, aún, que todos los responsables de estas delegaciones tienen asignado un sueldo de director general, o sea, 88.000 euros anuales —al que habrá que sumar, en su caso, 144.000 euros al año en concepto de dietas—. Y, así las cosas, resulta que Carod se niega a facilitar los costes de mantenimiento y de actividad de algunas de estas «embajadas». ¿Asuntos exteriores, dicen? ¡Por favor!

ABC, 11 de julio de 2009.

Asuntos interiores

    11 de julio de 2009
Supongo que sería la promesa de un servicio diligente lo que llevó un buen día a los establecimientos de reparación de calzado a llamarse «rápidos». O quizá fuera la ampliación de sus prestaciones a la reproducción instantánea de llaves. El caso es que esos establecimientos han lucido siempre en el frontispicio su celeridad. Y hasta los hay que se han convertido en «super rápidos». Aun así, las cosas están cambiando. Y es que el rótulo tradicional ha dejado paso a uno nuevo. «Reparación artesana de calzado», se lee ahora en alguna de esas tiendas. Cuidado, no se confundan: el negocio sigue siendo el mismo. Ninguno de esos antiguos «rápidos» ha renunciado a la mecanización para retomar las herramientas de antaño. No, lo único distinto es el nombre. O sea, el reclamo. Lo importante ya no es la rapidez, sino el señuelo de la artesanía. Como si el cliente tuviera que sentirse mejor calzado —o mejor reparado en su calzado— porque el zapatero remendón ha puesto en su trabajo un sello personal.

Mucho me temo que ese fenómeno —extensible a otras áreas, como por ejemplo la alimentación— revela la existencia de un rechazo, más o menos explícito, a lo que constituye la esencia de nuestro tiempo; a saber, la tecnología y el milagro de la reproductibilidad —de la que la clonación no es sino el último estadio—. Sobra decir que ninguno de los partidarios de las artes tradicionales está dispuesto a renunciar a las ventajas del progreso. No; se trata de volver al pasado, pero con las comodidades del presente. Un imposible, en suma. La tendencia del ser humano a engañarse es proverbial. Sobre todo si las consecuencias son tan felices. Y el lenguaje, claro, sirve magníficamente a este propósito.

Otra variante de esa cruzada verbal contra la modernidad es el lema con que algunos ayuntamientos pretenden reducir la velocidad de los automóviles en los centros urbanos. Al experimento lo llaman «pacificación del tráfico». Como si, en vez de coches, lo que rodara por allí fueran tanques. Habrían podido usar «limitación o reducción de la velocidad»; pero no, el efecto no habría sido el mismo. Con el coche no caben miramientos. Estamos, sin lugar a dudas, ante una de las máximas encarnaciones del maligno. Del maligno tecnológico, se entiende. No basta con sembrar la ciudad de bucólicas bicicletas. Es la guerra, y ¿quién no desea la paz?

De todos modos, nada como «la lucha contra el cambio climático». Porque aquí el mecanismo ya no consiste en el uso de un concepto que remite a la Arcadia del pasado o al limbo buenista del presente, sino en la negación misma de la evolución. «Por el cambio», rezaban aquellos carteles del 82. Sí, aquellos.

ABC, 5 de julio de 2009.

«Parole, parole, parole»

    5 de julio de 2009
Me había jurado a mí mismo no volver a hablar del asunto en términos orgánicos. Me parecía —y sigue pareciéndome— que a la lengua hay que tratarla en sus justos términos; es decir, como tratamos a un objeto de cierto valor. Con cuidado, con corrección; hasta con mimo, si quieren, pero sabiendo que puede llegar el día en que ese objeto deje de servir, porque el desgaste a que ha sido sometido o la aparición de un nuevo objeto que cumple mucho mejor sus mismas funciones aconsejen prescindir de él. Aun así, lo sucedido esta semana en Cataluña me lleva a utilizar —por última vez, espero— la socorrida metáfora que asocia la lengua a un ser vivo.

El caso es que dos días antes de que el Parlamento autonómico aprobara la ley que convierte el catalán —ya sin tapujos, velos ni medias tintas— en la única lengua de la enseñanza, el secretario de Política Lingüística de la Generalitat, Bernat Joan, daba a conocer los resultados de una encuesta sobre usos lingüísticos realizada el año pasado por su propia Secretaría y el Instituto de Estadística de Cataluña. La anterior encuesta databa de 2003, por lo que la actual no sólo permite saber cómo está el tema en estos momentos, sino también cómo ha evolucionado en los últimos cinco años, que son, no lo olvidemos, además de los últimos en el tiempo, los primeros del Gobierno tripartito, es decir, aquellos en los que la política lingüística ha alcanzado sus máximas cotas de radicalismo.

Pues bien, como dice la expresión popular, «ni se muere, padre, ni cenamos». Porque el enfermo empeora que da gusto, pero nada indica que vaya a expirar. Aunque Joan haya visto brotes verdes donde no hay más que tallos secos, los datos no ofrecen dudas: si hace cinco años un 46% de la población admitía hablar de forma habitual en catalán, ahora ese porcentaje ha descendido hasta el 35,6%. Es verdad que, en compensación, existe hoy un 12% de ciudadanos que asegura expresarse comúnmente en ambas lenguas oficiales, mientras que en 2003 había apenas un 4,7%. Pero debe tenerse en cuenta que en esta clase de encuestas se produce siempre una distorsión a favor del catalán, en la medida en que es percibido, por buena parte de la sociedad, como el idioma de prestigio, el que conviene saber y utilizar, pues es el único que posee el marchamo institucional.

Así las cosas, y con independencia de cuál sea la causa de este descenso pronunciado en el uso de la lengua llamada «propia» —que si la llegada de un número considerable de inmigrantes, y en especial hispanohablantes; que si la reacción de parte de la sociedad contra una serie de medidas a todas luces coactivas; que si la triste evidencia de que el catalán es una lengua que sólo sirve, con suerte, para andar por casa—; con independencia, insisto, de cuál sea la causa de la agonía, yo no le veo a esto más que una solución: desenchufen, por favor, desenchufen. Seguro que muchos de sus allegados se lo agradecerán.

ABC, 4 de julio de 2009.

Ni se muere ni cenamos

    4 de julio de 2009