Hará cosa de un par de décadas estuve cenando en un restaurante de la Costa Brava con un grupo de amigos y conocidos entre los que se encontraba Javier Cercas. Llegada la sobremesa, o tal vez antes incluso, salió el pasado. No el de Cercas conmigo, levantado en torno a la altísima figura de Joan Ferraté y a sus colaboraciones periódicas en el Diari de Barcelona y, al fin y al cabo, de feliz recuerdo, sino el de España. Cercas había publicado hacía poco Soldados de Salamina y raro era el españolito, mayormente de izquierdas, que no lo hubiera leído y celebrado. Además, los tiempos invitaban. Entre los principales arietes que la oposición empleaba para desgastar al Gobierno presidido por José María Aznar, figuraba el de la memoria. No estoy seguro de que le hubieran pegado ya el calificativo de “histórica”, pero no me extrañaría lo más mínimo. Por ahí andaba la cosa, en todo caso. Más allá de la muy humana reivindicación de que los deudos de los asesinados durante la guerra civil que todavía yacían en fosas comunes pudieran recuperar sus restos y enterrarlos dignamente, se trataba de revisar la historia, de poner en cuestión lo que los propios historiadores –de izquierdas en su mayoría– habían establecido hasta entonces en relación con las causas de la guerra y, más en general, del fracaso de la Segunda República. Y, ya de paso, llevarse por delante sin demasiadas contemplaciones uno de los pilares de la Transición: la recuperada concordia entre españoles, allanada por la ley de amnistía de 1977.

Este era el contexto en que se desarrollaba aquella sobremesa. Y, en un momento dado, viendo que Cercas insistía en que el golpe de Estado del 18 de julio era la causa de nuestro drama civil, le recordé que casi dos años antes, en octubre del 34, se había producido otro golpe de Estado, de signo ideológico radicalmente distinto, por más que el fin perseguido fuera el mismo: acabar con la Segunda República. Me dio la razón, como es natural, pero sólo en el hecho, difícilmente controvertible por otra parte. Para él no existía vinculación ninguna entre ambos golpes. E, incluso de haberla, ello no modificaba en absoluto su argumento central: nuestra guerra civil no tenía otros responsables que los militares que se alzaron en armas contra el régimen republicano en julio del 36 y quienes les prestaron su apoyo.

No sé cuál será ahora la opinión de Javier Cercas al respecto, si bien intuyo que no habrá variado mucho. En septiembre de 2019 publicó en El País Semanal un artículo titulado “El timo de la tercera España” cuyo contenido no distaba, en lo esencial, de lo que había defendido en aquella cena de hace un par de décadas. Para empezar, pasaba por alto el golpe del 34, como si no hubiera existido, y se centraba única y exclusivamente en el del 36. Luego, en favor de su tesis, recurría a paralelismos como el de los aliados y los nazis, o el del Gobierno español y ETA, o incluso el del propio Gobierno español y la intentona golpista del Gobierno de la Generalidad catalana en octubre de 2017, en los que, sostenía, se habían dado atrocidades por ambos bandos aunque no por ello la legitimidad democrática había dejado de pertenecer a los primeros y la voluntad de acabar con ella, a los segundos. Todo lo cual le permitía afirmar que la tercera España había sido “una ficción, una fantasía, un timo (y, en la práctica, […] un respaldo a la España de Franco)”. Dado que a esas alturas del siglo Cercas no podía sino conocer, o sea, haber leído, a Manuel Chaves Nogales y a Clara Campoamor –por recurrir a dos de los ejemplos más significativos de esa supuesta tercera España–, me pregunto a cuál de las otras dos Españas debía de adscribirlos, si a la legítima o a la otra. Ellos, en todo caso, habían tenido claro, y así lo habían demostrado con sus actos y sus palabras, que no se sentían representados por ninguna de las dos.

El uso que la izquierda está haciendo del pasado es, como poco, de juzgado de guardia. Me refiero a la izquierda que en otro tiempo –mejor sería decir en otro siglo– fue por lo general sensata; de la otra más vale no hablar. El último episodio conocido es el ominoso acuerdo al que ha llegado el PSOE con EH Bildu para extender la aplicación de la futura Ley de Memoria Democrática hasta 1983 y al que Jorge Vilches se refería ayer aquí mismo con tanta claridad como pertinencia. Pedro Sánchez está dispuesto a cualquier cosa para mantenerse en el poder. Pero excepto en política exterior, donde su interés personal, o sea, el interés por buscarse la vida en organismos internacionales cuando lo nacional ya no dé más de sí, le ha obligado a un cambio drástico; excepto en este ámbito, digo, sus extravíos tienen siempre el barniz del odio, el rencor y la confrontación. Y cuando el fin apetecido adquiere semejantes perfiles, la manipulación torticera del pasado no tiene rival.

Maldito pasado

    30 de junio de 2022
La conversación que mantuve con Daniel Capó en "El salón contemporáneo" de The Objective

https://theobjective.com/elsubjetivo/el-salon-contemporaneo/2022-06-27/xavier-pericay-periodismo-anecdotas/

En ella hablamos del oficio a propósito de la publicación de mis dos últimos libros –Las edades del periodismo y Una generación viajera. Cuatro periodistas y la República– en la colección Breviarios de la editorial Athenaica.


Siempre me han fascinado esos electores que proclaman que toda la vida han votado a un mismo partido y que lo seguirán haciendo hasta la muerte –se entiende que la suya, pues no les entra en la cabeza que el partido pueda desaparecer algún día–. Constituyen, sin duda alguna, un ejemplo de fidelidad perruna a unas siglas, de obediencia marcial a una bandera, de creencia hipnótica en las bondades de una determinada fuerza política. Aunque al comienzo la marca se confundiera con la ideología que había detrás, andando el tiempo esta última se iba debilitando en el imaginario del elector, hasta extinguirse. “Yo siempre he votado al PSOE –o a AP/PP o al PCE/IU–, y siempre lo haré”, te decían esos benditos, y por más que les opusieras algún reparo –como la corrupción que manchaba a sus dirigentes, pongamos por caso, o la falta de democracia interna en la formación, o la nefasta gestión llevada a cabo desde un gobierno concreto en los últimos años–, ellos seguían en sus trece. Jamás votarían al vecino de enfrente. Ni siquiera al de al lado.

Esa conducta se ha dado hasta hoy, como es natural, en votantes de los viejos partidos, los que ya existían durante la Transición aun cuando las siglas hayan podido mudar como consecuencia de refundaciones o ensanchamientos. Los de los nuevos, en cambio, no han dispuesto de tiempo suficiente ni parece que vayan a disponer de él, a juzgar por los resultados de las elecciones andaluzas. Claro que aquí hay que distinguir entre los fieles de Podemos y los de Ciudadanos. Así como los primeros pueden considerarse hasta cierto punto como pertenecientes al último círculo de un espacio político que sigue teniendo al PCE como núcleo irradiador, los segundos no. De ahí que Ciudadanos ya no pueda aspirar, vistos los sucesivos batacazos en las urnas, a contar algún día con un colchón electoral semejante. Y ello a pesar de las declaraciones de algunos intelectuales de fuste que han asegurado, y hasta reiterado, que les van a votar hasta el fin de los tiempos. Habrá que ver, en todo caso, si por entonces el partido continúa existiendo.

Y es que la pendiente por la que se desliza es cada vez más abrupta y la caída más acelerada, hasta el punto de que no son pocos quienes afirman que le quedan, a lo sumo, dos telediarios: el de las autonómicas y locales de mayo de 2023 y, siempre y cuando aquí no acabe todo, el de las generales de finales de 2023 o comienzos de 2024. No creo que merezca la pena recordar, por sabidas, las distintas estaciones del calvario electoral, desde las generales de noviembre de 2019 hasta las andaluzas del pasado domingo. Ni los errores de bulto cometidos por la dirección del partido para intentar frenar la hemorragia, empezando por el apoyo a los estados de alarma en el Congreso a cambio de no se sabe qué prebendas o promesas, siguiendo por las mociones de censura de Murcia y Madrid, y terminando por la incapacidad manifiesta durante todo este periodo para aceptar la realidad y, por tanto, encajar las críticas y hacer propósito de enmienda.

Parece que ahora, por fin, la propia presidenta del partido está dispuesta a tocar con los pies en el suelo y, aparte de alguna que otra operación cosmética como la del cambio de nombre del partido, poner incluso su cargo a disposición de los afiliados en lo que se intuye que puede ser una suerte de plebiscito sobre su persona y sus políticas. Ya se verá. En todo caso, de poco va a servir, me temo. A todo tirar, para prolongar aún más la agonía. Algún dirigente ha dicho estos días, acaso para darse ánimos e intentar marcar territorio, que el espacio existe. Se refería al centro político y no le faltaba razón. El problema es que los españoles han entendido que ese espacio ya tiene dueño. Por lo menos a día de hoy. Y ese dueño no es otro que el Partido Popular.

Un partido político sólo sobrevive si es útil. Mejor dicho, si los electores entienden que es útil. No ocurre ya en el caso de Ciudadanos. Esa utilidad sí fue percibida y valorada en sus inicios. En Cataluña y en el resto de España. Cs tuvo entonces el inmenso mérito –secundado al poco por otro recién nacido, UPyD– de plantar cara al nacionalismo, de denunciar su corrupción y de llamar a combatirlo políticamente. También propuso reformas, cuando empezó a expandirse en el conjunto de España, que sólo UPyD se había atrevido en parte a proponer. Pero todo eso, insisto, vale lo que valió –y no es poco–. Hoy la presencia de Ciudadanos en la arena política constituye más bien un estorbo, en la medida en que la máxima prioridad de todos los españoles sensatos es en estos momentos acabar en las urnas con cuantos gobiernos han hecho en los últimos años lo imposible para destruir el tejido social y económico de este país y la concordia entre sus ciudadanos, empezando por el propio Gobierno de España. Y, para lograrlo, la concentración del voto de centroderecha constituye una condición necesaria, la única por la que hoy vale la pena luchar. Tiempo habrá, cuando los que están gobernando ya no estén, para reiniciar el debate sobre ese centro tan preciado.

La larga agonía de Ciudadanos

    23 de junio de 2022
Que en una democracia liberal como la nuestra unos profesores y maestros decidan agruparse bajo la denominación de Docentes Libres tendría que producir no sólo sorpresa, sino también sonrojo. ¿Libres? ¿Acaso no deberían serlo ya, sin más? Deberían. Pero en determinadas partes de España no lo son. No lo son en Cataluña, donde ha nacido la asociación, tampoco en Baleares, y todo indica que en la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Navarra, si todavía lo son, llevan camino de dejar de serlo.

El nacionalismo ha recurrido siempre al amedrentamiento para lograr sus fines. Las dictaduras, como es lógico, le han facilitado el trabajo. Piénsese en el fascismo italiano o el nacionalsocialismo alemán, con las consecuencias de todos sabidas. O en el propio franquismo, sin ir más lejos. En un régimen democrático, en cambio, el amedrentamiento nacionalista tiene expresiones mucho más livianas –con la excepción, entre nosotros, del reguero de dolor y de muerte dejado por el terrorismo nacionalista de ETA–. Digamos que aquí el Estado de derecho resiste y esto dificulta hasta cierto punto los propósitos intimidatorios. Pero sólo los dificulta.

En el caso de los docentes que anteayer se presentaron en sociedad, el amedrentamiento resulta de una serie de factores que les impiden ejercer su profesión en la escuela, el instituto o la universidad como la ejercerían en cualquier otra parte de España exenta de nacionalismo. Desde el arranque de la autonomía, Pujol y los suyos tuvieron mucho cuidado en difundir una doctrina según la cual el conocimiento y la práctica de la lengua catalana y de los usos y costumbres del lugar eran una condición necesaria para la integración de cuantos, nacidos en Cataluña o llegados de otras regiones españolas, tuvieran el castellano como lengua materna. E integración significaba, claro está, asimilación. Dicho principio, que los sucesivos gobiernos autonómicos –de derecha o de izquierda, pero siempre nacionalistas– fueron atornillando cada vez más, ha fracasado con estrépito a juzgar por las estadísticas más recientes referidas a los usos lingüísticos. Cuando menos allí donde la libertad no admite otro límite que el que fija el imperio de la ley, o sea, en el ámbito social. Muy distinto es el caso del institucional, dependiente de la Administración autonómica, y, en particular, el de la enseñanza.

El nacionalismo catalán ha convertido el ecosistema educativo en un coto cerrado, en un campo de adoctrinamiento. Pero, a pesar de sus esfuerzos y de las coacciones de las que no se ha privado ni se priva, ese nacionalismo empieza a tener un serio problema. Para que la intimidación funcione, el intimidado debe tener miedo. Y, si no miedo, temor. Debe obedecer, asentir, o, por lo menos, callar. Así ha sido durante décadas, así han reaccionado, hasta hace pocos años, la gran mayoría de los padres, alumnos y profesores afectados por la conculcación de sus derechos ciudadanos, entre los que se encuentra el de recibir una enseñanza también en castellano o impartir la docencia en esta lengua. Muchos recordarán, sin duda, la obscena suficiencia con que los representantes políticos respondían al reclamo de una mayor presencia del castellano en las aulas con el argumento de que sólo uno, cinco, diez, quince familias en toda Cataluña lo habían solicitado, como si se tratase de una cuestión contable y no de la estricta restitución de un derecho hurtado.

Pues bien, ahora, gracias al denuedo con que distintas asociaciones cívicas, y en especial, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), han puesto y siguen poniendo en la representación ante los tribunales de los padres afectados, y gracias a las consiguientes sentencias y resoluciones de esos mismos tribunales, parece que por fin los tiempos, como decía el poeta, están cambiando. La aparición de esos Docentes Libres, cuyo objetivo es reunir en una misma plataforma a maestros y profesores con vistas a coordinar acciones y rentabilizar esfuerzos a fin de que la ley y las disposiciones de la justicia que de ella emanan sean respetadas de una vez por todas, viene a consolidar ese bloque cada vez mejor armado en defensa de la libertad y la igualdad de todos los españoles.

Estoy seguro de que la mayor parte de sus compatriotas, y muy especialmente los residentes en Cataluña, les están profundamente agradecidos.

Docentes libres

    16 de junio de 2022
No hace mucho, en una comida de amigos, uno de ellos manifestó su satisfacción por tener una hija. No me extraña, pensé; su hija, que andará por los veinte y pico, es estudiosa, inteligente, responsable… ¿Qué más puede pedir un padre que ha cuidado de su educación? Pero el comentario de mi amigo no iba por ahí, a pesar de que esas cualidades filiales le llenan, como es natural, de un sano orgullo. Su satisfacción era en realidad un alivio; el de tener una hija y no un hijo.

De un tiempo a esta parte, esto de ser hombre y ejercer como tal se está poniendo cada vez más difícil. Pascal Bruckner, en su ensayo Un culpable casi perfecto –a saber: el hombre blanco heterosexual– (2020), se refiere a lo que las feministas estadounidenses más radicales de la segunda ola bautizaron como cultura de la violación y cuya penetración –con perdón– en Europa se ha acrecentado últimamente bajo el paraguas del movimiento woke. “Conforme a la nueva doxa –escribe Bruckner–, todo sería violación en la vida cotidiana: la mirada de los transeúntes, su aspecto sospechoso, su mentalidad e incluso el aire que respiramos. La mínima sonrisa de un chico a una chica escondería una intención asesina: nacer mujer, sería nacer presa; nacer macho, sería nacer asesino. La inmensa mayoría de los hombres (…), por no decir todos los hombres, no desearía sino abusar de los cuerpos femeninos”.

Sobra indicar que semejante ideología no difiere para nada de la formulada de modo recurrente por la ministra de Igualdad del Gobierno de España, Irene Montero, y cuantas adeptas, ministeriales o no, comulgan con sus prédicas. Sin ir más lejos, es la que subyace tras la ley conocida como del “sólo sí es sí”, que el Congreso de los Diputados aprobó recientemente. Y la que sustenta el también reciente indulto parcial del Gobierno y la devolución de la patria potestad a María Sevilla, condenada por secuestrar y ocultar durante 15 meses, privándolo de escolarización, al hijo que tuvo con su expareja. La propia ministra ensalzó la medida gubernamental y se felicitó de que el Estado “proteja” a esas “madres protectoras (…) frente a la violencia machista de los maltratadores” y haga “políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas”. Meses antes había justificado el indulto a Juana Rivas con parecidos argumentos.

La victimización de la mujer lleva, pues, aparejada la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del hombre. Incluso si un tribunal ha eximido a este hombre de todo indicio de delito. Es tal el delirio ideológico de personas como Irene Montero que no cabe esperar que atiendan a razones. Y luego está el aprovechamiento que otros hacen de esa clase de delirios y, en general, de la llamada ideología de género con fines manifiestamente espurios. Es el caso de la fiscal general Dolores Delgado cuando vuelve a proponer para una plaza de fiscal de sala en el Supremo a un candidato afín en detrimento de uno desafecto con el argumento de que este último, con un currículo muchísimo más idóneo para el puesto, carece de “sensibilidad” con la llamada perspectiva de género. Y, en fin, también esa iliberal proposición de ley del PSOE “para prohibir el proxenetismo en todas sus formas” y cuya tramitación parlamentaria ha sido bendecida por el PP peca de un estrabismo ideológico parecido al aludir en su Exposición de motivos a “las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución”, como si en dicha situación no se encontrara ningún hombre.

En la capital de provincia donde resido, el gobierno municipal –compuesto por una pigmentación de partidos de izquierda y nacionalistas semejante a la que presta su apoyo al actual Gobierno de España– ha programado en un centro público del que es titular una exposición colectiva cuyo reclamo es un inmenso “No violarás” estampado en una cristalera que da a una de las principales avenidas, si no la principal, de la ciudad. Como un reclamo es un reclamo, crucé el otro día el portal y me adentré en el recinto a ver qué. Lo primero que vi fue un cartel con la declaración de intenciones de la comisaria de la muestra. Y este párrafo: “El patriarcado es una superestructura tentacular; un camaleón que adopta la apariencia de su entorno para no ser detectado; un dado con muchas caras que comparten el núcleo de la dominación y la violencia. Las obras seleccionadas [casi todas de mujeres] evidencian sus diversas máscaras: la religión y los mitos (…), la moral y los hábitos (…), el lenguaje e imaginario visual (…), la cultura y la historia del arte (…), las leyes y mandatos (…), los estereotipos y las creencias naturalizadas (…) y, cómo no, el sistema neoliberal capitalista que lo ha integrado con sutileza dentro de su programa (…).” Como comprenderán, fue suficiente.

Y si la cultura y el arte que nuestras instituciones proponen no escapan al virus, ¿qué decir de los currículos de la nueva ley de educación y de su plasmación en los libros de texto del próximo curso? Aunque, bien mirado, con o sin libros de texto que les animen a ello, ¿cuántos maestros –y cuando digo maestros, digo sobre todo maestras– no imparten ya desde hace tiempo una doctrina que en nada desmerece la de la propia ministra Montero?

En vista del panorama, y dado que el sexo de los hijos, que yo sepa, no está todavía en nuestras manos escogerlo, sólo me queda desearles, si están ustedes en el trance de ser padres, que la criatura nazca bien y sea niña.

El decreto ley aprobado el pasado lunes por el Gobierno de la Generalidad catalana en relación con los proyectos lingüísticos de los centros educativos no constituye tan sólo un desafío a la ley, sino también un atentado a la razón y, por lo tanto, a la posibilidad de aplicar a la realidad un método fehaciente de comprobación y evaluación. Para cerciorarse de ello, basta fijarse en el punto d) del artículo 2 del decreto, donde se indica que la organización de la enseñanza y el uso de las lenguas se fundamenta en “la inaplicación [a dicha enseñanza y uso de las lenguas] de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes”. Se me dirá que ello no es más que la treta ideada por el separatismo gobernante en la región para intentar eludir, o por lo menos dilatar, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a los centros docentes a impartir un mínimo del 25% de las horas lectivas en castellano y para intentar eximir de paso a los directores de esos centros de su responsabilidad si no cumplen lo que el TSJC ordena. Sin duda es así y luego iremos a ello. Pero antes me van a permitir un excurso que hace también al caso.

El rechazo explícito de esos parámetros numéricos se inscribe, a mi modo de ver, en un marco más amplio, en tanto en cuanto se trata de una convicción muy arraigada en nuestra izquierda educativa y cuyas raíces se hunden en las doctrinas de un pedagogismo tan rancio como presuntamente renovador. Recuérdese, por ejemplo, la progresiva eliminación de las notas como sistema de evaluación del alumno. O el ninguneo de la propia evaluación al permitir que un alumno pueda pasar de curso con asignaturas suspendidas y hasta obtener un título. Por no hablar de la sistemática negativa a implantar pruebas de evaluación externas al término de las etapas superiores, como tienen todos los países de nuestro entorno. Los dos pilares en los que se asienta esa mentalidad que lleva décadas degradando la enseñanza española, el constructivismo y la comprensividad, no han hecho sino facilitar ese desprestigio de los parámetros numéricos. El constructivismo, porque preconiza que sea el propio alumno quien marque el ritmo de su aprendizaje. La comprensividad, porque tiende irremediablemente a sacrificar la excelencia en favor de una igualación que siempre será a la baja. Cuanto más difuso sea el criterio para ponderar la adquisición del conocimiento y las destrezas fundamentales que cabe esperar de un alumno en función de su edad, cuanto menos pesen en su valoración los hechos objetivables, más encajará en el molde educativo al uso. Lo importante, en definitiva, es huir de las pruebas, de las evidencias. Como la que consistiría en saber cuál es el porcentaje de la docencia que un centro educativo cualquiera de Cataluña reserva a cada una de las lenguas en su irrenunciable condición –según han resuelto los tribunales– de vehiculares de la enseñanza en esta parte de España.

Pero ese decreto tiene a su vez una consecuencia devastadora para cualquier docente que desempeñe su labor en Cataluña, y en concreto si se da el caso de que ejerce a un tiempo un cargo directivo, y es que el Gobierno de la Generalidad le está forzando a prevaricar. De una parte, la sentencia del TSJC obliga a que un 25% al menos de las materias se cursen en castellano; de otra, el decreto ley de la Generalidad prescribe que no se pueden aplicar “parámetros numéricos, proporciones o porcentajes”. Está claro, pues, que aquel que obedezca el decreto de la Administración autonómica y no la sentencia judicial se situará fuera de la ley. Además, el propio decreto incluye una disposición adicional que obliga a revisar los proyectos lingüísticos que no se ajusten al criterio de la inaplicación, o sea, los que sí expliciten porcentajes de uso. Ayer mismo el consejero de Educación se mostraba dispuesto a perseguir y castigar a los infractores. Dispone para ello de una inspección educativa en su mayoría nacionalista y de un sinfín de chivatos que, como en todo régimen totalitario, no dudarán en denunciar al compañero de claustro que decida cumplir la ley.

Todo ello, en fin, recuerda de forma alarmante lo sucedido en septiembre y octubre de 2017 en Cataluña. La reacción del Gobierno de España fue entonces tan tibia como tardía. En esta ocasión el Gobierno de España se ha echado a un lado como si lo que está pasando no fuera con él y ha renunciado a intervenir. O mucho me equivoco o el drama está servido.