En su reciente comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance de 2025, Alberto Núñez Feijóo prometió impulsar, cuando le llegue la hora de gobernar –momento que él sitúa en 2026–, “el mayor cambio a mejor de la historia de España”. Antes había afirmado que el año que acabamos de cerrar había sido “el peor año del peor Gobierno en democracia”. No sé si el presidente del Partido Popular o quien le redacte los discursos reparó en algún momento en que ese “mayor cambio a mejor de la historia de España” dependerá tanto de lo que llegue a hacer el gobierno que Feijóo alcance a presidir como de lo hecho por el precedente, o sea, el actual. Y si este, a juzgar por sus propias palabras, ha sido “el peor Gobierno en democracia”, a Feijóo le va a bastar con muy poco para protagonizar ese cambio a mejor y poder decir de este modo que ha cumplido con su palabra. Otra cosa es que vaya a ser el mayor cambio de la historia de España. Hace medio siglo, sin ir más lejos, se inició uno que nos permitió pasar de una dictadura a una monarquía parlamentaria y que tanta importancia tuvo que causó la admiración si no del mundo entero, sí de muchísimos países.

Cuando uno se entrega al desenfreno verbal se arriesga a hacer el ridículo. Lo mismo por las obviedades en que cae que por las hipérboles a las que recurre. Además del mayor utilizado para hinchar el cambio, Feijóo aseguró que “España es un gran país”. No es la primera vez que un político echa mano del tópico. En el propio Partido Popular, por ejemplo, lo usaron ya José María Aznar y Mariano Rajoy. Y hasta el rey Felipe VI lo empleó hace unos días en su discurso de Nochebuena. Pero Feijóo fue más allá y le añadió “el mejor del mundo”. Ahí es nada. Que España es un gran país puede entenderse en más de un sentido, todos ellos justificables y, por lo tanto, refutables, pero de ahí a venirse arriba y sostener que es el mejor país del mundo hay un trecho descomunal.

El resto de su intervención se centró mucho más en los fracasos del “peor Gobierno en democracia” que en el gran salto adelante prometido por el líder popular. Y es una pena. Por más que un balance del año acostumbre a ceñirse a lo que ha sido la gestión gubernamental y que este 2025 haya dado para un montón de titulares, a muchos ciudadanos, a estas alturas del sanchismo, lo que seguramente les interese saber no es tanto lo ocurrido en los últimos doce meses como qué hará el próximo ejecutivo cuando la fuerza de los hechos arrumbe al actual. Y, en concreto, qué reformas abordará para que lo ocurrido en España desde 2018 no pueda volverse a producir en el futuro. Y ello tanto en el campo institucional como en el social y económico, tanto en la política interna como en la exterior. 

Habrá quien objete, no sin razón, que en el último congreso del partido, celebrado en julio del año pasado, Feijóo ya presentó un decálogo con las grandes promesas que piensa tomar si llega a la Moncloa. Pero el caso es que lo hecho hasta hoy por los gobiernos autonómicos con presidentes del PP no permite abrigar grandes esperanzas. Ese “mayor cambio a mejor de la historia de España”, que cabría adivinar, cuando menos a pequeña escala, en las políticas de los ejecutivos que se formaron a mediados de 2023, no se ve por ninguna parte excepto en lo relativo a la fiscalidad. Así, no ha habido voluntad ninguna de romper con lo heredado, de descolonizar las instituciones mediante las reformas necesarias para garantizar su independencia, de eliminar organismos públicos superfluos, de garantizar la enseñanza en nuestra lengua común allí donde no lo está, sino simple y placentero acomodo. El cambio a mejor, si cambio ha habido, ha venido más de las condiciones que le han puesto sus socios de Vox, allí donde eran imprescindibles, para facilitar investiduras y aprobar presupuestos, que de lo que el PP estaba dispuesto a hacer.

Ojalá el precedente autonómico, lejos de ser un anticipo de lo está por llegar, suponga un estímulo para no caer de nuevo en el mismo error.

El viernes de la pasada semana el diario Abc traía en su edición digital un perfil político de Javier Izquierdo. Izquierdo, que había renunciado el día anterior a su acta de senador y a su responsabilidad como secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal del PSOE tras una presunta denuncia por acoso sexual, se sumaba así a una nutrida lista de cargos del partido señalados por el mismo delito y que no haría sino incrementarse en días sucesivos. Para ilustrar la noticia, el periódico había recurrido a una foto de archivo del protagonista. Este aparecía detrás de un atril en el que se leía “¡A por todas!”. El lema se repetía en una suerte de telón situado al fondo de la imagen.

Leída hoy, la expresión podría interpretarse como lo que en narratología se entiende por anticipación. O, si lo prefieren, como un spoiler. Esto es, como una invitación a los compañeros del partido, Izquierdo entre ellos, a no pararse en barras y lanzarse a por las compañeras que dependen orgánicamente de ellos. Bromas aparte, esas situaciones de acoso pueden darse en cualquier organización o empresa donde el puesto de trabajo o la posibilidad de un ascenso en el escalafón dependen del informe de un superior, y, por supuesto, hay que denunciarlas y combatirlas. Y las formaciones políticas, claro, no constituyen una excepción, lo mismo si el acoso es sexual que si es meramente laboral. Es más, dado que en un partido la conservación del puesto de trabajo o una hipotética promoción no suelen estar sujetas a criterios más o menos objetivables, como el mérito o la capacidad, sino a la estricta observancia de una obediencia perruna al superior inmediato o a algún dirigente con mando en plaza, los casos de acoso, se denuncien o no –no todo el mundo está dispuesto a correr el riesgo de una posible represalia que ponga en peligro su puesto de trabajo o su carrera política–, no acostumbran a trascender.

Pero lo del Partido Socialista es distinto. Tanto el PSOE como el resto de las fuerzas de izquierda que conforman el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria en la que este se sustenta tienen al feminismo como algo propio, privativo, como una seña de identidad irrenunciable que agitan como arma arrojadiza contra la tan denostada derecha, a la que no suelen conceder derecho alguno, empezando por el de erigirse en una alternativa de gobierno. Que esos casos se estén dando en la casa madre del feminismo resulta particularmente penoso para la militancia del partido y para quienes lo votan y tenían previsto volverlo a votar. Hasta puede que este ejemplo de doble moral termine haciendo más mella en el electorado, en especial femenino, que los casos de corrupción. Del mismo modo que estos últimos van a seguir sucediéndose, todo indica que más denuncias por acoso irán saliendo a la luz en los próximos días. Por de pronto, tal y como revelaba ayer El Confidencial, la recién creada, a instancias de la Unión Europea, Autoridad Independiente de Protección del Informante ha abierto un expediente al PSOE y estudiará posibles sanciones por el mal funcionamiento de su canal interno de denuncias. En otras palabras, el partido no ha tenido ningún interés en resolver las denuncias que le han presentado sus afiliadas. O, como mínimo, en resolverlas con la celeridad exigible. A juzgar por los casos que han trascendido, el hecho de que afectaran a cargos significativos del partido no ha sido ajeno a la desidia con que han sido tratados.
Este periódico informaba el pasado sábado de que miembros del PSOE y de la ejecutiva local de Almussafes, población valenciana de la que sigue siendo alcalde Toni González, uno de los acusados por un presunto delito de acoso sexual y laboral, habían emprendido en los grupos de whatsapp del partido una campaña infamante contra la denunciante, en la que no habían faltado injurias e intimidaciones. Con lo que se demuestra, dicho sea de paso, que del “¡a por todas!” de que hablábamos al principio, ni que fuera con retranca, al “¡a por ella!” de Almussafes hay sólo un paso cuando lo que en verdad importa no es ya el feminismo, sino conservar los agarraderos del poder.

¡A por todas!

    19 de diciembre de 2025