Por una escuela bilingüe en Cataluña

Uno de los efectos colaterales de la ola de corrupción que ha convertido la política española en una ciénaga desde que Pedro Sánchez ocupa la presidencia del Gobierno es el oscurecimiento de noticias cuya relevancia hubiera merecido en otras circunstancias, si no grandes titulares, sí un tiempo y un espacio mucho mayores del que están recibiendo. La fórmula: “La actualidad manda”, usada en radio y televisión para justificar la interrupción de un programa y dar paso a una noticia de alcance, podría aplicarse asimismo a la prensa digital, donde la jerarquía informativa puede durar lo que tarda otra noticia en cocinarse y estar lista para su publicación. Y la actualidad en estos momentos la protagoniza, qué duda cabe, junto al conflicto de Oriente Próximo, el juicio por la trama de las mascarillas durante la pandemia que se celebra en el Supremo.

Una de esas noticias opacadas es la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de ejecutar provisionalmente el fallo por el que se anulaban los artículos nucleares del decreto dictado en 2024 por el Gobierno de la Generalidad, presidido aún por Pere Aragonès, cuyo objetivo era blindar lo que el nacionalismo y la izquierda regionales han bautizado como “modelo de escuela catalana”, en otras palabras, el modelo de inmersión lingüística en catalán. El fallo en cuestión, fechado en septiembre de 2025, consideraba contrario a derecho el papel residual del español como lengua vehicular –dos horas en primaria y tres en secundaria a la semana– e instaba al Gobierno autonómico a garantizar el 25% como mínimo de enseñanza en la lengua materna de la mayoría de la población de Cataluña y única oficial del Estado. Tras la sentencia del TSJC, la Generalidad interpuso un recurso ante el Supremo, al tiempo que se negaba a aplicar la sentencia. De ahí que la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) –que lleva una larga decena de años batallando incansablemente por los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en Cataluña– recurriera de nuevo al TSJC a fin de que, a la espera de la resolución del Supremo, la anulación de los artículos surtiera efecto y ese 25% de enseñanza en castellano fuera un hecho. Finalmente, el pasado 30 de marzo llegó la bendición del Tribunal Superior. Y aquella misma mañana –lo contaba aquí Laura Fàbregas– el propio Salvador Illa hizo público que su gobierno no iba a acatar la resolución judicial.

Nada permite pensar, por desgracia, que ese largo toma y daca entre la Justicia y la Generalidad catalana vaya a concluir algún día. Cada vez que los tribunales, a instancias de una entidad representativa de la sociedad civil, consignan en sus resoluciones un quebrantamiento de la legalidad por parte del gobierno catalán y le compelen a volver al redil del Estado de derecho, el Ejecutivo autonómico responde con un nuevo acto de desobediencia. De ahí, sin duda, que en esta ocasión la AEB haya elaborado además un plan de choque. En él, junto a acciones legales y denuncias de los proyectos lingüísticos de centro donde no conste, como sería preceptivo, el porcentaje de asignaturas impartidas en castellano, figuran medidas asistenciales para solventar los impedimentos con que van a tener que bregar, sí o sí, profesores y alumnos deseosos de ejercer sus derechos y recibir la enseñanza en castellano. No en vano los centros docentes catalanes están colonizados casi por completo por el nacionalismo y la izquierda, y sus equipos directivos, amparándose en su autonomía y en el apoyo sin fisuras que les presta la Consejería de Educación, se resisten a la más mínima modificación del statu quo del que gozan.

Así las cosas, resulta admirable el empeño de la AEB en lograr que la ley rija de una vez por todas en el mundo de la enseñanza catalana. Lo cual no significa, claro, que ese empeño vaya a dar, tarde o temprano, sus frutos.  Y no sólo por el proceder de los gobernantes autonómicos, sino sobre todo por el desistimiento del Ministerio del ramo en lo que respecta a la defensa de los derechos de los ciudadanos españoles, en este caso, el de recibir, ni que sea en parte, la enseñanza en su lengua común. Algo que lamentablemente no depende del color político del Gobierno del Estado. Ni siquiera del momento en que nos encontramos. Es cierto que todo ha ido a peor con los ejecutivos de Pedro Sánchez. Pero también lo es que desde aquel lejano 1980 en que Jordi Pujol accedió a la Presidencia de la Generalidad, ningún Gobierno del Estado, gobernara quien gobernara, se ha propuesto defender ese derecho por el que los abnegados miembros de la AEB se están dejando la piel.

No estaría de más que el próximo, previsiblemente del Partido Popular, se propusiera, de hecho y de derecho, romper esa tónica.

(The Objective, viernes 10 de abril de 2026)

Meloni y la tentación totalitaria

De la reciente derrota de la primera ministra italiana Giorgia Meloni en su referéndum, pueden sacarse varias lecciones. Por ejemplo, que aunque los referéndums se convocan para ganarlos, a menudo se pierden. Le ocurrió, sin ir más lejos, a uno de sus antecesores en el cargo, Matteo Renzi, que perdió el suyo hará pronto diez años. Tanto Meloni como Renzi pretendían modificar el marco constitucional. En el caso de Renzi, la consulta afectaba a la composición del Senado y a su capacidad de intervención en las leyes aprobadas por el Congreso, que habrían quedado notoriamente disminuidas de haber prosperado la reforma. En el de Meloni, concernía al Poder Judicial, cuya independencia con respecto a los demás poderes habría sufrido, de ser aprobada la propuesta, una merma considerable. Aun así, mientras que el primer referéndum trajo como consecuencia la dimisión de Renzi como primer ministro, el segundo tuvo un desenlace distinto. Meloni había desligado ya su futuro político del resultado de la consulta, por lo que de su derrota no se han seguido otras secuelas que el cese de un par de cargos de segundo nivel y la dimisión de una ministra que nada tenía que ver con el área de Justicia, directamente implicada en la reforma.

Otra lección que sacar es que los electores suelen convertir esas consultas en plebiscitos, no ya ceñidos a los asuntos que se someten a su aprobación o rechazo, sino a los líderes políticos que los promueven. De ahí que los partidos de la oposición reclamen, en caso de rechazo, la cabeza del dirigente perdedor, cuando este no la ofrece motu proprio. En este sentido, la reacción de Renzi dimitiendo tras su derrota en 2016, no sólo le honra, sino que recuerda la de David Cameron, cuando en julio de aquel mismo año renunció al cargo de primer ministro del Reino Unido después de convocar el referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea (el famoso Brexit), que se saldó con la victoria del no. Consecuente con lo que él mismo había pedido, esto es, la permanencia en la Unión –al contrario que su partido, por cierto, que no se había pronunciado ni a favor ni en contra–, Cameron dimitió como primer ministro.

Pero acaso la principal lección que nos deja lo ocurrido en Italia el largo fin de semana pasado tenga que ver con la fortaleza del Estado de Derecho. O, si lo prefieren, con la eficacia del sistema de pesos y contrapesos en que se funda dicha fortaleza. En la reforma constitucional de Meloni –y en menor medida, en la de Renzi de hará pronto una década– puede percibirse eso que se ha convenido en llamar la “tentación totalitaria”. Al Poder Ejecutivo acostumbran a molestarle los demás poderes, en especial el Judicial. Suele percibirlos como un estorbo, como un escollo, como algo que obstaculiza unas pretensiones, las suyas, de cuya legitimidad no tiene dudas.

Piénsese, a modo de ejemplo, en el revés que el Tribunal Supremo estadounidense propinó a Donald Trump al sentenciar que el Ejecutivo se había extralimitado en la imposición de unos aranceles que sobrepasaban lo permitido por la ley. O en el fallo del Tribunal Supremo de Israel, al que ya me referí en otro artículo, cuando rechazó la “revolución judicial” que el gobierno de Benjamin Netanyahu pretendía aplicar tras lograr aprobarla en la Knéset, sede del Poder Legislativo israelí. En ambos casos, el afán totalitario de los mandatarios chocó con la barrera del Poder Judicial. Dicho de otro modo: el sistema de pesos y contrapesos en que se asienta el Estado de Derecho funcionó.

¿Y en nuestra España, tal vez se pregunten? Pues, para desespero del presidente del Gobierno y alivio de la mayoría de los españoles, tres cuartos de lo mismo. Hasta hoy, al menos.

(The Objective, viernes 27 de marzo de 2026)