En las elecciones generales de 1979 el PSOE utilizó en su cartelería como lema de campaña “100 años de honradez y firmeza”. Aunque la afirmación fuera falsa y lo fuera por diversas y variadas razones –en realidad, lo único cierto era que aquel año se cumplía un siglo desde la fundación del partido–, corrían tiempos propicios al olvido. La Transición, ya se sabe. Prueba de ello es que entre la clase política de entonces el lema sólo obtuvo una respuesta, más bien jocosa, en las filas comunistas, donde le añadieron la coletilla “… y 40 de vacaciones”, en alusión al desvanecimiento del partido socialista durante el franquismo. Hubo que esperar todavía tres años –en concreto, hasta la victoria del PSOE de Felipe González por mayoría absoluta en las siguientes elecciones generales– para que las dudas que se podían tener con respecto a esa honradez y esa firmeza empezaran a disiparse. No por mucho tiempo, es verdad. Ya a finales de los ochenta estallaron el caso GAL de terrorismo de Estado y el caso Filesa de financiación ilegal del partido. Y en los noventa la cuesta abajo se aceleró con los casos Roldán e Ibercorp, entre otros. La llegada del PP de José María Aznar al Gobierno en 1996 impidió probablemente que esa retahíla de casos de corrupción se incrementara.

Pretender que Rebeca Torró, actual secretaria de Organización del PSOE, tuviera conocimiento de estos hechos a todas luces deshonrosos cuando, con 19 años, se afilió a las juventudes del partido, sería mucho pretender. Por la edad y porque la disposición de ánimo de alguien que se afilia a las juventudes de una formación política y va escalando posiciones hasta alcanzar, un cuarto de siglo más tarde, las cotas más altas de la organización; esa disposición de ánimo, decía, no puede ser en modo alguno la de una persona con suficiente criterio e independencia de juicio como para poner en duda lo que se da por cierto sin serlo y actuar en consecuencia, ya disintiendo, ya abandonando el barco. Sus palabras del pasado lunes en la rueda de prensa que ofreció en la sede socialista y que luego difundió en la red social X demuestran a las claras su grado de asunción sin fisuras de la doctrina oficial.

En un discurso leído sin ningún respeto por la prosodia, martilleado más que pronunciado, y en el que no faltó el acostumbrado laudo a su amo y señor como artífice de la inimaginable prosperidad de la que disfrutamos, Torró echó mano del pasado para afirmar que el PSOE es “el partido de 147 años de historia, de lucha por la democracia y por el Estado de Derecho. (…) La honestidad es un valor esencial para el partido socialista.” Ya hemos visto hasta qué punto esa honestidad –léase sobre todo en el sentido de honradez– ha sido quebrantada, al igual que el Estado de Derecho, en los gobiernos socialistas de finales del pasado siglo –a los que podemos añadir los de estos últimos años, que los superan sin duda alguna–. Pero en esos 147 años de historia existen quebrantamientos del Estado de Derecho mucho más graves y trascendentes. Me refiero a los acaecidos durante la República y la guerra civil. Aquel partido socialista de Prieto y Largo Caballero urdidor del golpe de Estado de 1934 contra el Gobierno de la República, contrario a toda alternancia con la derecha y corresponsable de la represión criminal en la retaguardia republicana durante la guerra civil, tenía poco de democrático y ajustado a derecho y mucho de revolucionario. Debería bastar ese recuerdo para que la verdad prevaleciera sobre la falacia y pudiéramos ahorrarnos discursos como el de Rebeca Torró, que miran hacia el pasado comprometiendo en el propósito una honradez y una firmeza que si en 1979 ya eran falsas, lo son muchísimo más a estas alturas.

No hay nada menos general en política que el interés general. O eso parece, a juzgar por la forma que tienen nuestros cargos públicos de entenderlo. Hace algo más de una semana Pedro Sánchez se aferraba al interés general para justificar que no anticipara las elecciones legislativas previstas para mediados de 2027. Ironizaba incluso al sostener que, de convocarlas, su interés no sería general, sino partidista, dado que estaba convencido de arrasar en las urnas. (Al poco, por si alguien dudaba de ello, un sondeo del CIS vino a recordarnos que, a pesar de todos los pesares socialistas, que son muchos en estos momentos, el PSOE sacaría 11 puntos porcentuales de ventaja al PP en caso de celebrarse ahora los comicios.) Y si esto afirmaba Sánchez, Aitor Esteban, presidente del PNV, no le andaba a la zaga y declaraba, a modo de réplica, que la legislatura había llegado a su fin y que sólo a él, en tanto que presidente del Gobierno y en aras del interés general, correspondía disolver las cámaras y convocar elecciones.

Basta sin duda este ejemplo para comprobar lo lejos que está nuestra clase política de usar con propiedad el concepto de interés general. Según el Diccionario panhispánico del español jurídico, interés general es un “concepto que resume las funciones que se encomiendan constitucionalmente a los poderes públicos y que concierne a valores y objetivos que trascienden los intereses concretos de ciudadanos o grupos”. Salta a la vista que no es el caso. Ni para el uno ni para el otro. A Sánchez el término le servía para justificar la no convocatoria de elecciones anticipadas; a Esteban, para justo lo contrario. En ambos casos, pues, el interés no era general, sino privativo. El primero lo utilizaba para permanecer a toda costa en el poder; el segundo, para seguir vaciando de competencias el Estado en provecho de una comunidad autónoma que aspira a alcanzar la plena soberanía y cada vez se halla más cerca de lograrlo.

Cuando se cumplen ocho años del acceso de Sánchez al poder, el número de ocasiones en que sus gobiernos o las mayorías parlamentarias que los sostienen han incumplido “las funciones que se encomiendan constitucionalmente a los poderes públicos” no tiene precedente en nuestra democracia. La lista es larga, por lo que me limitaré, a modo de inventario, a dos de los casos en que el interés general ha sido escandalosamente pisoteado. De un lado, los presupuestos generales del Estado, que el Gobierno no ha presentado en lo que llevamos de legislatura, contraviniendo lo dispuesto en la Constitución –que establece que tengan carácter anual–, ante la evidencia de que no iban a ser aprobados por las Cortes –por lo que hoy continúan vigentes los de 2023, aprobados a finales de 2022–. (El reciente anuncio de Sánchez de que el Gobierno iba a presentar los del año próximo a sabiendas de que no van a ser aprobados no deja de ser un intento más de aparentar normalidad ante el infierno judicial que cerca a su entorno político y familiar.) De otro lado, el recurso a los decretos-leyes, que la Carta Magna reserva a casos “de extraordinaria y urgente necesidad” y de los que el Gobierno ha hecho un uso a todas luces desmedido para acortar al máximo la duración de las tramitaciones parlamentarias de cada una de las leyes en cuestión.

Descartada, pues, cualquier apelación al interés general jurídicamente establecido para justificar una convocatoria anticipada de las elecciones por parte del jefe del Ejecutivo, sólo queda preguntarnos si a Sánchez puede interesarle adelantarlas. O sea, si puede convenirle con vistas a prolongar su residencia en La Moncloa –dado que no cabe imaginar otro interés, tratándose de quien se trata, que el muy privativo de su propia persona–. A priori, no parece que el tiempo juegue a su favor. Cada día que pasa nos despertamos con una muesca más en la multiplicidad de casos abiertos. Cada mes se publican nuevos sondeos que registran un crecimiento sostenido de las expectativas electorales de las fuerzas de oposición. A medida que la izquierda va perdiendo efectivos, la derecha los va ganando. Y luego está el partido, donde cunde el miedo a perder, no ya las generales, lo que casi se da por descontado, sino las autonómicas y municipales. 

Aun así, no parece que el One esté por convocar elecciones. Prefiere quemar las naves –léase Estado de derecho, pero también PSOE e izquierda española en su conjunto– antes que reconocer el final de su aventura política. Hay quien sostiene que el miedo a una posible imputación sin contar con los resortes del poder –esos resortes desde los que habría movido, como acabamos de conocer, una trama criminal contra los pilares del propio Estado de derecho– es lo que le impide convocarlas ya. Quién sabe. También podría estar barruntando una retirada a lo Zapatero en 2011, cuando la crisis económica y la amenaza de una intervención por parte de la Unión Europea y sus hombres de negro. Entonces la dimisión de la presidencia del Gobierno del hoy imputado expresidente llevó aparejado el anuncio del adelanto electoral, su renuncia a la reelección y la designación, por parte del Comité Federal, de Alfredo Pérez Rubalcaba como sustituto. ¿Es capaz Pedro Sánchez de hacer algo parecido, coger un Bolaños o un Puente cualquiera y decirle “calienta, que sales”? ¿Es capaz de aceptar, en fin, que los españoles no le quieren o, lo que es mismo en su caso, que ya no es el más guapo?

El tiempo dirá.