De la reciente derrota de la primera ministra italiana Giorgia Meloni en su referéndum, pueden sacarse varias lecciones. Por ejemplo, que aunque los referéndums se convocan para ganarlos, a menudo se pierden. Le ocurrió, sin ir más lejos, a uno de sus antecesores en el cargo, Matteo Renzi, que perdió el suyo hará pronto diez años. Tanto Meloni como Renzi pretendían modificar el marco constitucional. En el caso de Renzi, la consulta afectaba a la composición del Senado y a su capacidad de intervención en las leyes aprobadas por el Congreso, que habrían quedado notoriamente disminuidas de haber prosperado la reforma. En el de Meloni, concernía al Poder Judicial, cuya independencia con respecto a los demás poderes habría sufrido, de ser aprobada la propuesta, una merma considerable. Aun así, mientras que el primer referéndum trajo como consecuencia la dimisión de Renzi como primer ministro, el segundo tuvo un desenlace distinto. Meloni había desligado ya su futuro político del resultado de la consulta, por lo que de su derrota no se han seguido otras secuelas que el cese de un par de cargos de segundo nivel y la dimisión de una ministra que nada tenía que ver con el área de Justicia, directamente implicada en la reforma.
Otra lección que sacar es que los electores suelen convertir esas consultas en plebiscitos, no ya ceñidos a los asuntos que se someten a su aprobación o rechazo, sino a los líderes políticos que los promueven. De ahí que los partidos de la oposición reclamen, en caso de rechazo, la cabeza del dirigente perdedor, cuando este no la ofrece motu proprio. En este sentido, la reacción de Renzi dimitiendo tras su derrota en 2016, no sólo le honra, sino que recuerda la de David Cameron, cuando en julio de aquel mismo año renunció al cargo de primer ministro del Reino Unido después de convocar el referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea (el famoso Brexit), que se saldó con la victoria del no. Consecuente con lo que él mismo había pedido, esto es, la permanencia en la Unión –al contrario que su partido, por cierto, que no se había pronunciado ni a favor ni en contra–, Cameron dimitió como primer ministro.
Pero acaso la principal lección que nos deja lo ocurrido en Italia el largo fin de semana pasado tenga que ver con la fortaleza del Estado de Derecho. O, si lo prefieren, con la eficacia del sistema de pesos y contrapesos en que se funda dicha fortaleza. En la reforma constitucional de Meloni –y en menor medida, en la de Renzi de hará pronto una década– puede percibirse eso que se ha convenido en llamar la “tentación totalitaria”. Al Poder Ejecutivo acostumbran a molestarle los demás poderes, en especial el Judicial. Suele percibirlos como un estorbo, como un escollo, como algo que obstaculiza unas pretensiones, las suyas, de cuya legitimidad no tiene dudas.
Piénsese, a modo de ejemplo, en el revés que el Tribunal Supremo estadounidense propinó a Donald Trump al sentenciar que el Ejecutivo se había extralimitado en la imposición de unos aranceles que sobrepasaban lo permitido por la ley. O en el fallo del Tribunal Supremo de Israel, al que ya me referí en otro artículo, cuando rechazó la “revolución judicial” que el gobierno de Benjamin Netanyahu pretendía aplicar tras lograr aprobarla en la Knéset, sede del Poder Legislativo israelí. En ambos casos, el afán totalitario de los mandatarios chocó con la barrera del Poder Judicial. Dicho de otro modo: el sistema de pesos y contrapesos en que se asienta el Estado de Derecho funcionó.
¿Y en nuestra España, tal vez se pregunten? Pues, para desespero del presidente del Gobierno y alivio de la mayoría de los españoles, tres cuartos de lo mismo. Hasta hoy, al menos.