No le sentó nada bien a Jean-Luc Mélenchon, líder de La France Insoumise (LFI), que el Ministerio del Interior francés haya encasillado a su movimiento entre las formaciones de “extrema izquierda”. Es verdad que fue en una circular que el Ministerio envía a sus préfets con vistas a las municipales que deben celebrarse el próximo mes de marzo y cuyo propósito no es otro que el de ayudarles en su tarea. Tenía, pues, un carácter meramente administrativo, y, aun así, a Mélenchon no le gustó. Y es que en las elecciones legislativas de 2024 LFI figuraba en esta misma circular entre las formaciones de “izquierda”, por lo que no sabía a qué era debido el cambio. Según el Ministerio, la causa había que buscarla en algunas manifestaciones recientes de los de Mélenchon, como por ejemplo llamar a la desobediencia civil, poner en entredicho la autoridad de los jueces, los medios de comunicación y la policía o alejarse de los valores universalistas republicanos. Ello justificaría el desplazamiento de un grupo a otro, del más integrado en el sistema, donde se hallan, entre otros, los partidos socialista y comunista, al más distante, integrado por fuerzas políticas autodenominadas anticapitalistas y revolucionarias. Teniendo en cuenta que LFI lideró en las últimas legislativas una coalición de partidos de la que formaban parte socialistas y comunistas, además de los ecologistas, resulta comprensible su negativa a ser agrupada bajo el mismo paraguas que las fuerzas antisistema. Y con mayor motivo dada la aspiración de Mélenchon a convertirse en un futuro en primer ministro, cuando no en presidente de la República.
Que el calificativo “extrema” aferrado a “izquierda” constituya una impedimenta para quien pretende alcanzar algún día, aunque sea a medio plazo, el gobierno, tiene su lógica. No se gobierna desde la esquina del tablero político, por más que Pedro Sánchez, con sus políticas populistas, su filibusterismo, sus trueques abyectos y su apego al poder a cualquier precio se empecine en demostrar lo contrario. Y lo mismo que vale para la izquierda vale para la derecha. También en Francia, el Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen ya se topó en 2024 con un rechazo ministerial parecido cuando se le ocurrió protestar por la inclusión del partido entre las formaciones de extrema derecha. Y, de igual modo, es muy probable que el calificativo adosado al nombre obrara entonces en Le Pen y sus expectativas políticas –siempre y cuando logre revertir, o reducir al menos, los cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos a los que fue condenada por malversación– de forma semejante a como lo ha hecho ahora con Mélenchon y las suyas, es decir, como una carga inconveniente. Sea como sea, y tenga ello la importancia que tenga, el Ministerio francés se ha mantenido firme en la decisión tomada.
Ignoro si en España el Ministerio del Interior cuenta con una clasificación análoga. Quienes sí recurren, en cambio, a esas etiquetas que los propios etiquetados tratan en general de quitarse de encima son los políticos y los medios de comunicación. Respecto a estos últimos, el director del medio en que escribo señalaba hace poco en la red social X que The Objective no usa en sus informaciones esos marchamos malqueridos ni a derecha ni a izquierda, entiendo que para no herir las sensibilidades de quienes simpatizan con uno u otro extremo del tablero político o simplemente desaprueban esa manera de designarlos.
Con todo, lo cierto es que dicha adjetivación, en la mayoría de los medios de comunicación, rara vez se aplica a la izquierda. Distinto es el caso de la derecha. Aunque su uso alterna con el de “ultraderecha” (el Libro de estilo de El País en su cuarta edición de 1990, que es la que manejo, recoge el vocablo ultra y lo define como ‘extremista de derechas’) y con eufemismos del tipo “derecha dura”, “derecha más dura” o incluso “derecha más extrema” o “derecha más a la derecha”, la denominación “extrema derecha” sigue siendo la que se lleva la palma cuando de lo que se trata es de referirse a partidos cuyo ideario se asemeja al del partido fundado por Marine Le Pen. No hace falta añadir que en esta tarea, en general denigratoria, aparte de los miembros del Gobierno y de los grupos parlamentarios que le prestan su apoyo, destacan sobremanera los medios componentes de la llamada sincronizada, siempre atentos a obedecer las consignas que emanan de La Moncloa.
Por todo ello, no es de extrañar que a Vox, al igual que al Rassemblement de Le Pen, pueda incomodarle el adjetivo antepuesto a “derecha”. Y más si se repara en que los resultados obtenidos por la formación en las últimas autonómicas y, con toda probabilidad en las que están por venir, parecen augurarle un crecimiento bastante similar en el conjunto del país, lo cual consolidaría su candidatura a integrar, en coalición con el PP, un futuro Gobierno de España. Las dificultades que se observan estos días en las negociaciones entre los dos partidos para llegar a pactos en el ámbito autonómico cabe entenderlas, sobre todo, como amagos preelectorales. Los programas de uno y de otro no son, en el fondo, tan distantes. Además, si al decir de Feijóo, las únicas líneas rojas que pone el PP para alcanzar acuerdos son la Constitución y la ley, no hay duda de que el programa de Vox no se las salta. Como sí lo hacen, por cierto, los de partidos situados en la “extrema izquierda”, y en especial las de los nacionalistas, sean estos de derecha o de izquierda.