En tiempos ya pretéritos hubo entre lo que se entiende por comunidad educativa –sindicatos docentes, asociaciones de padres de alumnos, representantes de centros privados y concertados y editores de libros de texto, principalmente– un deseo ferviente de alcanzar con la administración un pacto educativo. El propósito era encomiable. Se trataba de alcanzar un gran acuerdo que desembocara en una ley suscrita por una mayoría sustantiva de las fuerzas parlamentarias y cuya vigencia no dependiera de los azares de las urnas, sino que los trascendiera. Este era el compromiso; de ahí que se hablara de una ley que tuviera una duración de por lo menos diez años. Ciudadanos, que por entonces había irrumpido con determinación en la política española, era el abanderado del pacto. Su iniciativa, además, se ajustaba como un guante a aquello que lo había traído al mundo: servir de engarce con uno de los dos partidos mayoritarios para hacer posible un gobierno que no dependiera del acostumbrado chantaje de las formaciones nacionalistas y aplicar, en la medida de lo posible, los principales puntos de su programa electoral. La consecución del pacto educativo lo era. Y la ocasión, con un gobierno del Partido Popular apoyado en el Congreso por el propio Cs, favorecía sin duda el propósito. Es más, el otro gran partido de la Cámara, el PSOE, se hallaba entonces, por así decirlo, en barbecho tras la dimisión de Pedro Sánchez después del rocambolesco Comité Federal –el de la urna fantasma– que llevaría a la formación de una Gestora presidida por Javier Fernández y, poco después, a la convocatoria de unas nuevas primarias que se saldarían con el retorno de Pedro Sánchez a la secretaría general del partido.
Esas circunstancias facilitaron la creación en el Congreso de una comisión en la que estuvieran presentes todas las fuerzas parlamentarias. Y, entre ellas, un PSOE que había permitido con su abstención la investidura de Mariano Rajoy y ahora parecía dispuesto, a juzgar por la actitud de sus representantes en el transcurso de las sesiones de trabajo de la comisión, a colaborar en la consecución del objetivo. Pero la esperanza de alcanzarlo duró lo que tardó Sánchez en volver a la secretaría general. Nada más retomar el mando del partido, cambió al portavoz de la Comisión de Educación del Congreso –en cuyo seno tenían lugar las sesiones de la comisión recién creada–, sustituyendo a un catedrático de universidad por una sindicalista asamblearia. El camino hacia la obstrucción y posterior derribo cuando sólo faltaban por aprobar las conclusiones de la comisión estaba trazado. Para el partido socialista, la enseñanza no podía ser materia de acuerdo entre las partes. La opinión de la comunidad educativa importaba más bien poco, por no decir nada, a un partido empeñado en demoler la ley entonces vigente, la Lomce, y reemplazarla por una nueva con marchamo izquierdista y las habituales concesiones, cada vez mayores, al nacionalismo vasco y catalán. Pero para eso había que alcanzar el gobierno y una mayoría suficiente en las Cortes. Lo primero lo logró Sánchez con la moción de censura de junio de 2018; lo segundo, en noviembre del año siguiente, cuando los resultados electorales y el posterior acuerdo de gobierno con Podemos le permitieron asentarse en el poder.
Dicho lo cual, alguien podría creer que esa querencia de los socialistas y demás izquierda por el control de la educación es algo de ayer o de anteayer. En modo alguno. Se fraguó en los años ochenta del pasado siglo, y se plasmó en los noventa, con la aprobación de la Logse (1990). Luego, ya en el presente siglo, primero la Loe (2006) y después la Lomloe (2020), también conocida como ley Celaá, terminaron el trabajo. Se me dirá que entremedias hubo dos leyes promulgadas por gobiernos del PP. Cierto. Pero al contrario que las gestadas y alumbradas por el PSOE, estas –la Loce (2002) y la Lomce (2013)– apenas superaron la primera infancia. Nada más volver al gobierno, el PSOE las derogó. Puede por tanto establecerse entre la Logse y la actual Lomloe una línea del tiempo casi sin solución continuidad. Y los resultados, a la vista están.
Ni siquiera hace falta acudir a la tozuda evidencia de las evaluaciones internacionales. Hemos sabido recientemente que en las oposiciones a docentes de Primaria y Secundaria el porcentaje de suspensos ha alcanzado en algunas comunidades autónomas los dos tercios de los aspirantes, debido en parte a las faltas de ortografía cometidas. Algo que se ha detectado en particular en los aspirantes más jóvenes. Se trata, pues, de opositores formados –o deformados, como prefieran– ya en el actual sistema educativo, donde las sucesivas legislaciones han ido rebajando, una tras otra, los niveles de exigencia más elementales, a sobreproteger a los alumnos, a eximirles de toda responsabilidad. Y estos no han tardado en aprender la principal lección: si puedo pasar de curso con asignaturas suspendidas, ¿por qué voy a perder el tiempo esforzándome en aprobarlas?
Aun así, lo más preocupante no es que algunos de esos opositores hayan escrito, por ejemplo, globo con uve; al fin y al cabo, son jóvenes y estarán acostumbrados a telefonear a Glovo, esa empresa de comida rápida servida a domicilio. Lo que ya no tiene pase, o no debería tenerlo, es que se hayan presentado a reclamar en desacuerdo con la puntuación recibida –en según qué comunidades autónomas las faltas de ortografía penalizan– acompañados de sus padres. Claro que en eso, al menos, la culpa anda repartida.