El 27 de julio de 1931, en su discurso de toma de posesión como presidente de las Cortes Constituyentes de la Segunda República, Julián Besteiro aludió a la historia en estos términos: “La Historia es, en efecto, la maestra de la vida; pero ¡cuántos errores se cometen invocando su nombre! ¡Cuántas veces se la hace servir a las más bajas pasiones y se la convierte, de una respetable matrona, en una especie de Celestina de las especies más variadas de Melibeas!” Lejos de mi intención usar de esa respetable matrona para terminar cayendo en este artículo en semejantes extravíos. Pero esas palabras de Besteiro, tan premonitorias del desenlace que iba a tener aquel régimen, resultan hoy de una actualidad vigorosa. Y es que la Historia, atrapada en esa anunciada ley de Memoria Democrática con que el Gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias pretende dar una considerable vuelta de tuerka –permítaseme la licencia– a su antecesora, la llamada ley de Memoria Histórica, está siendo tratada, y con ella sus protagonistas, como una verdadera facilitadora de ficciones, a cual más embelesada. Empezando, claro, por la que proyecta sobre la propia Segunda República española.

            La Segunda República española fue un régimen fracasado. Y no porque desembocara en una guerra civil –con eso ya bastaría–, sino porque, en su esencia misma, obedeció a la voluntad de imponer a millones de españoles la voluntad de otros tantos millones. La República advino –Josep Pla dixit– tras unas elecciones municipales en las que los partidos republicanos, socialistas y nacionalistas agrupados en un Comité Revolucionario creado apenas medio año antes obtuvieron la victoria en las principales ciudades españolas, lo que indujo al Rey Alfonso XIII a abandonar el país para evitar un baño de sangre. Pero, en diciembre de 1930, ese mismo Comité ya había intentado derrocar a la Monarquía mediante la combinación de una huelga general revolucionaria y una serie de levantamientos en distintas guarniciones militares. El golpe no había triunfado, pero el mensaje de sus patrocinadores no ofrecía dudas: cuantas medidas había tomado durante 1930 el gobierno del general Berenguer al objeto de intentar transitar de forma pacífica de un régimen dictatorial, la Dictadura de Primo de Rivera, a uno democrático, y cuantas se tomasen en el futuro, de nada iban a servir. La implantación de la República era innegociable. Y la República la encarnaban el Comité Revolucionario y el Gobierno Provisional que este alumbró. Ni sombra de parecido, sobra añadirlo, con lo que fue hace nueve lustros nuestra Transición y su feliz corolario, la Constitución de 1978.

            Esa apropiación de la legitimidad democrática por parte de la llamada Conjunción Republicano-Socialista y la Esquerra Catalana, o, lo que es lo mismo, esa confusión entre República y democracia, como si fuera de los confines del republicanismo y la izquierda toda, incluidos comunistas y anarquistas, ninguna fuerza política tuviera derecho a existir; esa apropiación, digo, estuvo en la base del fracaso del régimen. Durante los cinco largos años que precedieron a la guerra civil, en ningún momento intentaron los promotores de la República incorporar a ella a los desafectos de 1931. Es más, muchos de los que, no siendo republicanos, habían recibido con simpatía la llegada del nuevo régimen, se desengañaron al poco ante el cariz violento que iban tomando los acontecimientos: quema de iglesias, atentados terroristas, huelgas generales –y, en contraposición, la sublevación monárquica del general Sanjurjo en agosto de 1932–. Una suerte de revolución permanente que los nuevos rectores políticos eran incapaces de atajar, suponiendo que no la alentaran o consintieran.

            Pero acaso la máxima expresión de esa violencia y del carácter privativo que para la mayoría de los antiguos representantes de aquel Comité Revolucionario tenía el nuevo régimen fuera lo ocurrido a raíz de la llegada a la gobernabilidad del Estado de los partidos de centroderecha, de resultas de las elecciones generales de noviembre de 1933. Es decir, lo ocurrido a raíz de la primera alternancia en el poder, principio insoslayable de toda democracia representativa. Ya desde aquella fecha, los que habían sido desalojados del Gobierno por la fuerza de los votos empezaron a conspirar para recuperarlo cuanto antes por la fuerza de las armas. No lo lograron, pero un año más tarde dejaron como recuerdo trágicamente cruento una revolución en Asturias y un golpe de Estado en Cataluña, amén de una huelga general revolucionaria en toda España. Y lo más importante: la certidumbre de que jamás iban a permitir que el régimen que ellos habían traído estuviera en otras manos que las suyas. De ahí al estallido de la guerra civil, esas formaciones políticas –de las que se había ido desgajando, ya desde finales de 1931, el partido de Alejandro Lerroux­– no hicieron sino consolidar su alianza con la creación del Frente Popular, lo que las llevó a vencer –fraude mediante, como han demostrado recientes investigaciones– en las elecciones de febrero de 1936. El siguiente y postrer episodio de esa infausta República fue el golpe de Estado militar de signo contrario que sumió al país en un desgarro del que hasta muy poco casi todos los españoles creíamos habernos recuperado definitivamente.

            No estamos en los años treinta, por suerte. Pero sí estamos sometidos a las intemperancias, arbitrariedades y abusos de un gobierno de coalición y una mayoría parlamentaria que recuerdan demasiado a los de aquel Frente Popular. En su composición –la tríada de socialistas, comunistas y separatistas– y en su espíritu –la consideración de que nadie más que ellos tiene derecho a ocupar el poder–. Y, de forma parecida a la de entonces, desafiando a la Monarquía, negando validez a los logros de la Transición, diluyendo y enfangando la separación de poderes, convirtiendo los medios de comunicación bajo su control en instrumentos de burda propaganda y rebanando la Historia según convenga. Dividiendo a los españoles, en suma, y enfrentándolos entre sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que una mayoría de esos españoles y las fuerzas políticas que les representan decidan unirse con el único propósito de devolver el país a la senda de la libertad, la convivencia y el progreso.

(ABC, 20 de octubre de 2020)

Aquella República

    19 de octubre de 2020

A lo largo de los últimos meses, muchas han sido las voces que han denunciado la inoportunidad de la tramitación en las Cortes de la llamada “ley Celaá”. Voces de enseñantes, de pedagogos, de padres de alumnos, de empresarios vinculados al sector educativo, o de simples ciudadanos. El propio debate de totalidad desarrollado en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de junio evidenció esa inoportunidad, por más que las tres enmiendas de devolución presentadas no surtieran efecto y el proceso legislativo haya seguido, por lo tanto, adelante. Así las cosas, dudo mucho que el Gobierno se avenga finalmente a razones y decida retirar el proyecto de ley o, como mínimo, paralizar su tramitación. Ocasiones no le han faltado para ello durante el año y medio transcurrido desde que el texto se dio a conocer y a ninguna le ha parecido oportuno agarrarse.

         De entre las múltiples razones esgrimidas ya públicamente y alguna más que podría agregarse a la lista, hay dos que a mi modo de ver resultan sustanciales. La primera, y acaso la más reiterada, es la coincidencia en el tiempo del nuevo texto legal con la pandemia nuestra de cada día, de la que sobra indicar que no vamos a salir pasado mañana, ni mucho menos más fuertes, sino considerablemente diezmados y, en todo caso, con los supervivientes hechos unos zorros. En vista de semejante panorama, que incide directamente en la estabilidad del sistema educativo ante el curso que acaba de empezar y, en especial, en la de sus eslabones más débiles –el alumnado más joven, el de nivel socioeconómico más bajo o el que requiere especiales atenciones–, ¿tiene sentido promover y, en definitiva, aprobar un nuevo ordenamiento que, para más inri, ni siquiera cuenta con un mínimo consenso entre lo que se entiende por comunidad educativa? Añadan a lo anterior que la ley va a requerir un desarrollo reglamentario complejo y, en particular, una reforma profunda de los currículos, lo que va a socavar aún más la ya de por sí maltrecha estructura en la que se asienta hoy el sistema educativo.

         Pero hay más. Porque una de las consecuencias de esta pandemia que nadie sabe a ciencia cierta cuánto durará ni qué cambios va a traer a nuestras vidas es que la enseñanza ya no volverá a ser lo que fue. En qué medida y qué factura nos tocará pagar constituye a estas alturas una incógnita. Sí puede aventurarse, no obstante, que la teleeducación no será flor de un día, como no lo será tampoco el teletrabajo. Y si el Gobierno, o una parte de él, dio pruebas de cierta sensatez al admitir que este no era el mejor momento para acometer una reforma laboral –sensatez, por cierto, que parece haberse esfumado de nuevo–, ¿por qué no hizo lo propio con la reforma educativa? ¿Sólo porque Europa no se lo exigió a cambio de financiación? Sea como fuere, el Ejecutivo de Sánchez debería rehuir la tentación de emprender toda transformación radical –y esa nueva ley de educación lo es– por lo menos hasta conocer cómo quedan el paisaje y el paisanaje después de la pandemia.

         Esa es la primera razón de peso a la que habría que atender. La segunda no le va a la zaga en cuanto a trascendencia. Porque la ley Celaá participa del mismo espíritu y del mismo propósito que esa nueva ley de Memoria Histórica que está al caer. Se trata, en ambos casos, de ir más allá de lo que fueron sus respectivos antecedentes legales –la Ley Orgánica de Educación, LOE (2006), y la conocida como Ley de Memoria Histórica (2007)– y de hacerlo por la brava, sin encomendarse a Dios ni al Diablo. En otras palabras, se trata de ahondar en la confrontación y la división que esas leyes primigenias propiciaron ya en su momento en la sociedad española. Bien es verdad que el adanismo de aquellos primeros gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero casaba mucho mejor con la ley de Memoria que con la de Educación, que al fin y al cabo no dejaba de ser un remedo de la LOGSE (1990), al tiempo que la guinda legal al barrido grosero del que había sido víctima la promulgada por un gobierno del PP –la LOCE (2002)–, derogada al poco de empezar a aplicarse. Pero ello no quita, insisto, que las dos compartieran entonces y vuelvan a compartir ahora un mismo espíritu y propósito: convertir una ideología –huelga precisar cuál– en las tablas de una ley.

         Para convencerse de ello, basta con leer la “Exposición de motivos” de esa LOE rediviva. A lo largo de las diez páginas de que consta, no figura ni una sola referencia positiva a algún aspecto, incluso el más nimio, de las dos leyes –la LOCE y la LOMCE– aprobadas bajo gobiernos del Partido Popular. Sólo descalificaciones, amparadas en el ruido y la bronca de las movilizaciones promovidas por la oposición de entonces. El marco europeo, por su parte, sólo se usa para aquellas cuestiones que entroncan con el pedagogismo, mientras que las tasas de abandono y fracaso escolar, los resultados de los informes PISA o el dato inapelable de la ausencia de una evaluación al final de Bachillerato cuando la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea sí la tienen, no asoman por ningún lado. Y en un texto tan sobrecargado de valores, donde el género, por ejemplo, hunde sus raíces, la palabra “mérito” no aparece ni una sola vez.

         Esa “Exposición de motivos”, al igual que el articulado que le sigue, no es sólo un breviario ideológico; es también un monumento al relativismo. O sea, una renuncia manifiesta al afán de conocimiento, al afán por alcanzar la verdad. Lo cual, sobra decirlo, no desentona en modo alguno de la acción de un gobierno cuyo presidente ha hecho de la mentira y el engaño su principal seña de identidad. En esas manos está, para nuestra desgracia, la educación española.


(ABC, 15 de septiembre de 2020)

Exposición de motivos

    15 de septiembre de 2020

Gerona será siempre para mí un episodio del pasado. De cuando se llamaba Gerona y la llamaban indistintamente Girona o Gerona, según la lengua del hablante. Hablo de los años sesenta del siglo XX. Yo era, por entonces, un niño barcelonés que pasaba cortas temporadas en la ciudad inmortal, donde residía gran parte de mi familia materna. Allí fui feliz y aprendí algunas cosas. Por ejemplo, que en las Fires –las fiestas patronales que se celebran con ocasión de San Narciso– había unas atracciones llamadas tómbolas en las que, comprando un boleto por un precio módico, se podía obtener –fue mi caso– una cafetera italiana. O que a las mujeres de la edad de mis tías, que andarían entonces por los cuarenta, les encantaba manosear a un niño como yo, pródigo en carnes. O que el señor aquel del monumento de la plaza de San Agustín –también denominada de la Independencia–, el del sable en la mano, era un general que tuvo una muerte atroz: no pudiendo resistir por más tiempo la tortura infligida por las tropas de Napoleón, que se obstinaban en impedirle dormir, resolvió acabar con su vida –si es que no acabaron con ella sus propios torturadores–. Sobra añadir la huella que ello dejó en mi universo infantil. ¡Figúrense, morir de sueño! Hablo, en fin, de una Gerona gris, algo sucia, feúcha, nada que ver con la actual. La Gerona –y ya me perdonarán los exégetas del franquismo– en la que un niño como el que yo era fue feliz.

 

A ese episodio mío del pasado me ha llevado el rescate de otro episodio, este nacional. O sea, Gerona, de Benito Pérez Galdós, número 7 de la Primera Serie. Mejor dicho, Girona, toda vez que el rescate se ha hecho en catalán. No suele pasar que una obra escrita en castellano sea vertida al catalán y editada en esta lengua. Concurren en esa ausencia de traducciones un par de factores. Por un lado, el bilingüismo de la sociedad catalana, esto es, el hecho de que todo catalanohablante sea por principio castellanohablante, o, si lo prefieren, potencial lector en castellano. Por otro, y directamente relacionado con el anterior, el mundo editorial, que no ve negocio alguno –es decir, ventas, beneficio– en una operación de este tipo. Así las cosas, sólo el prurito literario o personal parece justificar una traducción al catalán de una obra escrita originalmente en castellano.

 

Entre esas excepciones, acaso la más llamativa, por obedecer al parecer a un deseo de su autor –una reminiscencia sentimental de sus años barceloneses–, sea la de Cien años de soledad. Ignoro cuántos lectores habrá tenido la versión catalana de Avel·lí Artís Gener, Tísner, de 1970, pero no creo que fueran muchos. Distinto es el caso de La ciudad de los prodigios. Xavier Lloveras la tradujo en 2000 a instancias de Xavier Folch, editor de Empúries, sello integrado ya por entonces en Edicions 62. Y digo que es un caso distinto no por las ventas y lectores, que desconozco, sino porque la novela de Eduardo Mendoza, al contrario que la de Gabriel García Márquez, además de transcurrir en Barcelona, tiene a la propia ciudad como protagonista.

 

Existe, pues, una justificación de orden geográfico. Y a lo geográfico se añade la posibilidad de que los personajes se expresen en la lengua –o en las lenguas– en las que realmente se hubieran expresado en caso de haber vivido. Con la traducción, pues, se gana en verosimilitud. (Entre paréntesis: que la novela policiaca escrita en catalán desde hace por lo menos medio siglo sea tan mediocre hay que achacarlo, al margen de otra clase de deficiencias, a la incredulidad de la que es presa el lector cuando tropieza con un diálogo en catalán entre un inspector de policía y un maleante cualquiera. Y lo mismo ocurre con las traducciones de ese tipo de obras al catalán.)

 

En 1884 el propio autor de Gerona, publicada seis años antes, trataba de convencer epistolarmente al catalán Narcís Oller de que abandonase su idioma materno como vehículo de expresión literaria en provecho de la lengua castellana. En su respuesta, Oller rebatía las palabras de Galdós –que había atribuido el empecinamiento del primero en usar el catalán a la “manía del catalanismo y de la Renaixensa” y consideraba absurdo rechazar la posibilidad de alcanzar un número infinitamente mayor de lectores– con argumentos de difícil revocación:

 

“Escribo la novela en catalán porque vivo en Cataluña, copio costumbres y paisajes catalanes y catalanes son los tipos que retrato, en catalán los oigo producirse cada día, a todas horas, como Vd. sabe que hablamos aquí. No puede Vd. imaginar efecto más falso y ridículo del que me causaría a mí hacerlos dialogar en otra lengua, ni puedo ponderarle tampoco la dificultad con que tropezaría para hallar en paleta castellana cuando pinto, los colores que me son familiares de la catalana.”

 

Y si el catalán, en la Barcelona de 1884, era todavía la lengua de uso común y ampliamente mayoritario –lo que no significa, claro está, que no se hablara también castellano–, figúrense cuál debía ser ese uso en la Gerona de 1809. Así pues, eso que podríamos denominar la geografía humana –suma de la trama urbana de una ciudad y de los tipos que la habitan y en ella se interrelacionan– es lo que explica que, muy de tarde en tarde, obras escritas originalmente en castellano y de contrastado valor literario –ya por la obra en sí, ya por el prestigio de su autor– sean vertidas al catalán. La Gerona de Benito Pérez Galdós ha resultado ser, en este sentido, la más agraciada. Pero antes de aludir a ella, permítanme un breve excurso para referirme a la suerte corrida por El Quijote en la lengua de Narcís Oller.

 

El Quijote es la obra castellana traducida más veces al catalán. Según Montserrat Bacardí e Imma Estany (El Quixot en català, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006), seis en total desde finales del siglo XIX. Seis íntegras, se entiende, porque si consideramos las incompletas hay que añadir otras treinta –al margen, por supuesto, de lo que haya podido dar de sí en los últimos 14 años la producción quijotesca en catalán, estimulada sin duda por el grandísimo hallazgo del flamante Institut Nova Història, según el cual Cervantes se llamaba en realidad Joan Miquel Servent y El Quijote no era sino la traducción al castellano de un Quixot original–. Las aportaciones parciales son de toda índole: traducción de una de las partes, de los capítulos sobre Barcelona, de determinados fragmentos escogidos; adaptaciones; ediciones ilustradas, para niños y para adultos, etc. En este caso, pues, al prestigio de un clásico universal, vertido a todas las lenguas de cultura del mundo, se une el hecho de que una parte de la obra tiene como escenario Barcelona y alrededores.

 

Volvamos ahora a la Gerona de Galdós y sus traducciones. Todo indica que la primera fue la de Josep Burgas en 1930. No he podido consultarla, pero, a juzgar por la información aportada por Pau Miret en la “Introducción” que él mismo redactó para la segunda (Girona. Episodi i drama en quatre actes, Isidora Ediciones, 2010), se trata de una traducción incompleta, toda vez que le falta “el capítulo final que sirve de enlace con Cádiz, el siguiente Episodio nacional”. El propósito de enmendar esa laguna bastaría por sí solo para justificar la aparición de la versión firmada por Miret. Pero, aun así, para entender el porqué de esa edición de hace una década –que incluye, por cierto, la traducción, también a cargo de Miret, de la obra teatral homónima, estrenada en 1893– hay que acudir a razones de otra naturaleza. Están, en primer lugar, las que ya hemos descrito más arriba de forma genérica bajo la denominación “geografía humana”, coincidentes a grandes rasgos con las que el propio traductor expone en su “Introducción”. Pero está, sobre todo, el encaje de la publicación en un proyecto editorial como Isidora, creado en torno a la figura y la obra de Pérez Galdós por profesores, investigadores, críticos y editores, y destinado a difundir estas últimas, y el conocimiento que de su estudio deriva, urbi et orbi. Esta Girona, pues –que ha contado, al igual que el resto de las traducciones, con una ayuda del Ministerio de Cultura–, se inscribe en dicho proyecto galdosiano.

 

Y la tercera Girona, recién salida del horno, es la de Anna Grau. Así, tal cual lo leen. Por supuesto, se trata de la traducción de la obra de Galdós, pero acaso esto sea lo de menos. Si la de Isadora contó con una subvención del Ministerio, esta última, publicada por Ediciones Hildy, lleva un doble patrocinio, el de elCatalán.es y el de Societat Civil Catalana. Lo que va de 2010 a 2020. O de Madrid –léanlo, si lo desean, con cursiva– a la Gerona del Procés. Cuando las instituciones autonómicas se niegan a fomentar, incluso mediante la traducción a la lengua única de la escuela y la Administración, la literatura y la cultura castellanas, hay que echar mano del voluntariado civil.

 

Decía que era la Gerona de Anna Grau. Nacida en la ciudad, donde residió hasta los dos años, Grau también reclama en su “Introducción” el derecho a traducir la novela. Pero no por razones de orden literario, de aprecio por la obra o por Galdós, ni tampoco apelando a la restitución de un paisaje y unas gentes mediante el recurso a la lengua en la que se habrían expresado de haber existido realmente y no sólo en la ficción. No, lo reclama porque sí. O, si lo prefieren, “con dos ovarios” –por utilizar sus mismas palabras–. En este sentido, su Gerona está mucho más cerca de una propuesta dialógica que de una traducción convencional. A propósito, claro. Así como la de Pau Miret, aun siendo de 2010, no puede afirmarse que responda a su tiempo –no era para nada la intención del traductor, ni tenía por qué serlo–, la de Grau sí. En su versión, el texto galdosiano está trufado de entreactos –doce en total– que llevan su firma, colocados al final de determinados capítulos. Esos cortes de Grau en la narración sirven a un tiempo de exégesis de lo acontecido anteriormente y de vínculo con el presente. Así, aparecen la ANC (Assemblea Nacional Catalana), el CIS de Tezanos, la mismísima ONU…, si bien lo que más abunda son las referencias al confinamiento, en la medida en que el sitio de Gerona por las tropas napoleónicas se confronta, en sus apuntes, a esa especie de sitio universal al que nos ha condenado el coronavirus. Y todo ello, como indicaba más arriba, a través de la interpelación constante, ya al propio Galdós o a sus personajes, ya al dilecto lector.

 

De ese activismo, en fin, consistente en reivindicar la españolidad de Cataluña mediante la reivindicación de la catalanidad de la Gerona galdosiana, participa también el periodista Albert Soler, autor del “Epílogo” del libro y residente –iba a escribir resistente– en la ciudad. Una ciudad, Gerona, que ya no es la de 1809, claro, ni la de hace seis décadas, ni siquiera la de diez años atrás. Pero que las contiene todas, por más que los rufianes de toda laya que hoy en día la tienen sitiada se empeñen en negarlo.


(Revista de Libros, 4 de septiembre de 2020)


Nuestras Geronas

    4 de septiembre de 2020

Decir que vivimos tiempos revueltos es decir poco. Desde que Pedro Sánchez alcanzó el poder, hace ya más de dos años, la disrupción se ha convertido en norma. Sólo faltaba la nefasta gestión de la pandemia, con su ristra de mentiras, ocultamientos, bandazos y trilerías, para confirmarlo. Nada es seguro en España, nada es duradero. Ni en política ni en ningún otro ámbito de la vida pública. Lo que trae como consecuencia que tampoco lo sea en la esfera privada. ¿Qué padres de familia pueden planificar hoy en día el porvenir de sus hijos? Por desgracia, sólo aquellos que disponen de posibles para mandarlos al extranjero a formarse y de este modo abrir cauce a un futuro profesional. Números cantan: económicos, educativos, asistenciales. Y mientras esos números andan de capa caída, los asociados a la corrupción siguen al alza.

               Así las cosas, se entiende que cunda el desánimo entre muchos españoles y que no pocos apuesten por una ruptura de signo radicalmente contrario. Se entiende, digo, aunque resulte difícil compartirlo. La historia de España está llena de esa clase de vaivenes. Y todos acabaron mal. Que la actual mayoría gubernamental juegue a repetirlos, de obra y de palabra, para provocar con ellos una reacción extremada, no debería llevarnos ni al desaliento ni al encono. Sí, en cambio, a la firmeza. Una firmeza que pasa, ante todo, por la defensa de la continuidad institucional. O sea, de nuestra Monarquía constitucional, encarnada en el Rey Felipe VI, y nuestro Estado de las Autonomías. Pero también de otra clase de continuidad.

            Cuando se cumplían 60 años del inicio de la Guerra Civil, Julián Marías publicó un breve y sustancioso ensayo, España ante la historia y ante sí misma (1898-1936), cuya lectura debería figurar –y sé bien que no es el caso– en los haberes de todo bachiller español. Pues bien, dicho ensayo contiene un epílogo donde el autor acuñaba un concepto, el de continuidad subterránea, para desmentir que la dictadura hubiese sido un verdadero páramo desde el punto de vista social y cultural. La tragedia civil había supuesto sin duda una “atroz sacudida”, pero no había cortado por completo el hilo de historia que los españoles llevaban décadas hilvanando. El propio Marías podía dar fe de ello, no sólo por haberlo vivido –y, en parte, sufrido–, sino por haber contribuido con su ejemplo a trenzar esa continuidad sin la cual nuestra Transición y la consiguiente recuperación de las libertades políticas habrían sido una quimera. (Sobra precisar que en ese ejercicio de plena asunción del pasado que sirvió para alumbrar la democracia constitucional de la que felizmente seguimos disfrutando participaron también aquellos españoles a los que la Guerra Civil y el franquismo habían empujado al exilio y que en el ínterin no habían podido o deseado regresar.)

            Para entender el alcance y la trascendencia de esa continuidad subterránea a la que se refería Marías hará pronto un cuarto de siglo, piénsese tan solo en los antiguos catedráticos de instituto de enseñanza media. Muchos se habían formado en los años finales de la Dictadura de Primo de Rivera y durante la Segunda República. ¿Eran por ello partidarios de un Estado autoritario, eran por ello republicanos? En absoluto. Podían serlo o no. Podían estar incluso alejados de toda inclinación política. Eran, eso sí, cada uno en su campo, depositarios de un saber que ha configurado lo que Marías denominaba en 1996 “nuestro tiempo”, un tiempo que arrancaba en 1898 y en el que quiero creer que todavía estamos. Habrá quien me objete, y con razón, que muchos de los españoles formados en esos años prebélicos no pudieron siquiera aspirar a una cátedra porque tuvieron que exiliarse o porque, simplemente, se les impidió por razones ideológicas ejercer la docencia. Pero ello no quita que quienes sí llegaron a ejercerla supieran transmitir a miles de jóvenes educandos un conocimiento que venía de antiguo y les hacía partícipes de una tradición. Por desgracia, terminada la Transición, la llegada del PSOE al poder y la ulterior implantación de unas leyes educativas regidas por un igualitarismo programático, esto es, por un enfermizo rechazo del mérito y la jerarquía, diluyeron aquel cuerpo de catedráticos de instituto que tanto habían hecho por esa continuidad en un cuerpo polimórfico de nueva planta donde todos eran “trabajadores de la enseñanza” y donde tanto valía un catedrático de Bachillerato como un profesor de Formación Profesional.

            Decía más arriba que el momento que estamos viviendo reclama, ante todo, una firme defensa de la continuidad institucional: Monarquía, Constitución, Estado de las Autonomías. Desde la recuperación de la democracia no habíamos tenido nunca en España un gobierno, no importa el color, en el que estuvieran representadas fuerzas políticas cuyo propósito más o menos explícito fuera acabar con los tres ejes que conforman esa continuidad. Del mismo modo, nunca un gobierno había gozado del apoyo parlamentario de formaciones que han hecho ya de ese mismo propósito una hoja de ruta manifiesta, recurriendo incluso a la violencia para tratar de alcanzar su objetivo. El momento, pues, es delicado. Y es ahí donde esa continuidad institucional precisa del apoyo y el aliento de la otra continuidad, esa que no cabe calificar ya, siguiendo a Marías, de subterránea, dado que, por fortuna, vivimos en un régimen de libertades, pero cuya esencia no deja de ser a grandes rasgos la misma: a saber, la que procuran, con su quehacer diario, tantos millones de españoles que no están dispuestos a renunciar a lo que tanto ha costado conseguir.

            Se me dirá que ya están los partidos políticos constitucionalistas para cumplir con esa labor. Cierto. Pero no ha nacido todavía ninguno que en los instantes decisivos anteponga el interés general al suyo como partido. Por eso es tan importante la acción civil. No como alternativa, sino como refuerzo. No como impugnación de la política representativa, sino como corolario democrático de su propia existencia. Los españoles de bien tienen el derecho y el deber de preservar, renovándolo día a día, su patrimonio común. Se juegan, nos jugamos, mucho. Todo, sin duda.


(ABC, 19 de agosto de 2020)

La imprescindible continuidad

    19 de agosto de 2020
No creo que las imágenes de los aplausos tributados el pasado 15 de junio por el personal de un hotel mallorquín a los primeros turistas alemanes desembarcados en España desde la declaración del estado de alarma fueran del agrado de la izquierda que nos gobierna. Una cosa es que no quede más remedio que tener hoteles, turistas y cuanto se sigue de su existencia, y otra muy distinta que encima haya que mostrar pública gratitud por dicho estado de cosas. Que yo sepa, nunca hasta ahora los trabajadores de un establecimiento turístico habían participado sin reparos ni fisuras en un acto de reconocimiento a quienes contribuyen con su presencia a su presunta explotación como clase. Es verdad que este año no es como los demás. La pandemia ha traído un desbordamiento sentimental inusitado cuya máxima expresión eran –y es de esperar que no tengan que volver– aquellos aplausos de agradecimiento ciudadano desde balcones y ventanas a la caída de la tarde. De ahí que la reacción de esos trabajadores de hostelería pueda entenderse como formando parte de un estado de ánimo más general. Pero, aun así, no deja de resultar significativa, y muy especialmente por la comunidad autónoma donde se produjo.
            Así como en España el turismo representa cerca del 13% del Producto Interior Bruto (PIB) y supone un porcentaje del empleo similar, en las Islas Baleares ronda el 45% del PIB autonómico y emplea a un tercio de la población asalariada. No es de extrañar, en consecuencia, que en el archipiélago los dardos izquierdistas hayan tenido siempre como objetivo el sector turístico. Unos dardos, por cierto, en los que no ha faltado el componente xenófobo aportado por los nacionalistas del lugar, deseosos de ver su tierra limpia de forasteros, ya sean estos españoles, ya de otras latitudes. En los últimos años han proliferado las campañas contra esas supuestas invasiones bárbaras, en forma de manifestaciones en las terminales portuarias y aeroportuarias, e incluso de acciones más o menos violentas contra bienes públicos y privados. Tampoco han sido ajenos al ambiente creado, para no variar, los vientos ideológicos que soplan desde Cataluña. O, seamos precisos, desde la Barcelona de la alcaldesa Colau, una de cuyas concejalas llegó a desear en la pasada legislatura la desaparición de los cruceristas, a los que calificó de “plaga de langostas”. Y como todo lo malo se pega, sobre todo si encuentra el campo abonado, también en el País Vasco la actividad turística ha sufrido la ira de los violentos.
            Esa fobia al turismo ha tomado como pretexto el fenómeno de la masificación, en particular en las grandes ciudades. Es indiscutible que esa masificación ha existido, como lo es que ha comportado para los lugareños no pocas incomodidades y contratiempos: movilidad limitada, lo mismo en núcleos urbanos que en carreteras y autopistas, mayores niveles de ruido, de suciedad, de contaminación de playas y aguas marinas, etc. Todo ello, insisto, resulta indiscutible, en especial en los meses punteros del verano. Pero ese aumento de visitantes no ha obedecido por lo general a un incremento del turismo tradicional, sino a la proliferación e intensificación de dos modalidades, si no nuevas, sí mucho más recientes: los cruceros y el llamado alquiler turístico o vacacional, que han venido a sumarse a las ya existentes. En el primer caso, con una población esencialmente paseante cuyo número no tiene otro límite que la capacidad de carga de cada buque y la cantidad de buques que los muelles de un determinado puerto puedan acoger a diario; y en el segundo, con una población también numerosa pero difícil de cuantificar, por cuanto su presencia en el territorio descansa en un marco normativo enmarañado y, luego, discutido y polémico. Es de creer, sin embargo, que con el tiempo los organismos públicos terminarán por regular ambas modalidades turísticas, dada la necesidad de fijar, socialmente hablando, unos límites razonables.
            Con todo, esa fobia al turismo tiene, en las filas de nuestra izquierda, unos fundamentos que no guardan gran relación con esas multitudes que nos invaden en cuanto llega el solsticio de verano. Así, por ejemplo, ese enemigo del consumo que nos ha tocado en suerte como ministro de Consumo, Alberto Garzón, declaró a mediados de mayo en sede parlamentaria que el turístico era “un sector estacional, precario y de bajo valor añadido”. Y no lo hizo, sobra añadirlo, para poner de manifiesto su relevancia. No hay duda de que la ignorancia es muy atrevida, pero las palabras de Garzón reflejan algo más que el drama formativo de un ministro que necesita a todas luces mejorar: son la evidencia de un prejuicio fuertemente enraizado en la mentalidad de una parte de este gobierno y, por supuesto, de muchos de los grupos que le dan apoyo. Ven el turismo como una actividad depredadora del territorio regida por unos empresarios que tratan a sus trabajadores sin miramiento alguno. No negaré, claro está, que a lo largo de siete décadas se hayan cometido abusos. Pero convertir esas prácticas –que en general han sido corregidas– en una dominante resulta tan contrario a la verdad que no merece ni siquiera la pena detenerse en ello. 
            Por lo demás, no parece que el Gobierno vaya a enmendar con sus actos las palabras de su ministro. La inversión pública prevista para el turismo con vistas a la recuperación es netamente insuficiente –una séptima parte de lo necesario, a juicio de Exceltur–. Tal vez convenga recordar que fue este el sector que tiró del carro en la crisis de 2008. Y que apoyarle equivale a apoyar la restauración, el comercio, el transporte, la construcción, el ocio. O, lo que es lo mismo, a producir riqueza y empleo. No está el país para reservas ni experimentos. Sobre todo cuando el FMI pronostica ya una caída de porcentaje en el PIB nunca vista. Que encima dé la casualidad de que esa caída coincide con el PIB representado por el turismo sólo indica hasta qué punto este último, para España, es como el pan. Sí, bendito turismo.


Bendito turismo

    14 de julio de 2020
Ignoro si fue Ricardo Moreno Castillo, en su celebrado Panfleto antipedagógico (2006), el primero en trasladar al campo de la enseñanza y, en concreto, al sistema educativo español la disyuntiva popperiana entre igualdad y libertad, pero, sea como fuere, bien traída estaba. Porque lo ocurrido hasta entonces en nuestras aulas y lo que ha venido después responde en gran medida a la voluntad de imponer a cualquier precio el principio de igualdad por encima del de libertad. Se me dirá que ha habido algún periodo en que esto no ha sido así. Cierto. En especial el que va de finales de 2002 a mediados de 2004, cuando la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza estuvo en vigor y aplicándose. Pero incluso ese brevísimo año y medio fue, por desgracia, lo más parecido a un fuego fatuo, toda vez que la ley no tuvo apenas tiempo de iniciar su desarrollo. La LOCE llevaba el sello del PP y la vuelta al poder de un PSOE que ya había sacado a sus huestes y demás apéndices a la calle para intentar que no prosperase aquella reforma en ciernes bastó para darle el golpe de gracia.
            La izquierda española ha considerado siempre la enseñanza como algo privativo. Como un derecho divino, casi. Cuando su regulación ha caído en otras manos –excepto en las de los nacionalismos periféricos, con los que no le ha resultado difícil asociarse dada la comunidad de intereses hegemónicos–, no ha escatimado medios ni coacciones para hacer inviable su gestión. Y es que la izquierda, siempre tan convencida de la bondad de sus ideas al margen de los efectos que se sigan de ellas, concibe la educación pública como un artefacto de ingeniería social. El sistema educativo, para ella, tiene como principal objetivo establecer la igualdad entre todos los educandos y futuros ciudadanos. De ahí que a la hora de hacer balance sus representantes políticos pongan el énfasis en la equidad –esa actualización del concepto de igualdad– del sistema y dejen la referencia a su calidad o excelencia para cuando lleguen, si es que llegan, tiempos mejores.
            La propia comprensividad, esto es, la doctrina igualitarista emanada de las comprehensive schools británicas según la cual todos los alumnos van a estar sujetos hasta el fin de la enseñanza obligatoria a un único y encorsetado patrón educativo, se encuentra en la base de todas las leyes socialistas promulgadas hasta la fecha, y ello pese a haber cosechado un calamitoso fracaso allí donde nació y en la antaño modélica Suecia. Semejante querencia por la igualdad, insisto, no consiste en garantizar la igualdad de oportunidades estimulando el apetito de conocimiento de nuestros niños y jóvenes, vengan de donde vengan y al margen de cuál sea el nivel socioeconómico de su ámbito familiar, sino en evitar que alguno despunte en exceso por encima del resto. O, lo que es lo mismo, que alguno pueda crecer, intelectual y humanamente, en libertad y sin cortapisas hasta donde sus aptitudes y su esfuerzo lo permitan.
            Sobra añadir que esa preterición de la libertad en favor de la igualdad en el sistema educativo está dando por estos lares unos frutos que deberían producir verdadero sonrojo. Se los recuerdo: por un lado, según los resultados obtenidos por nuestros jóvenes quinceañeros en las pruebas trienales del Informe PISA, España lleva dos décadas acomodada en la parte trasera de los países económicamente desarrollados, cuando no en el mismísimo furgón de cola; por otro, sigue disfrutando a estas alturas del triste honor de ser el país de la Unión Europea con la tasa más alta de abandono escolar temprano. Ah, por cierto: Reino Unido y Suecia, que aprovecharon hace años los cambios de color político en sus gobiernos para repudiar la comprensividad y volver a un modelo de corte más tradicional, se hallan a mucha distancia de nosotros en ambas clasificaciones. Y a su favor, claro está.
            Así las cosas, a nadie debería extrañar que la actual pandemia, los sucesivos estados de alarma y la consiguiente excepcionalidad hayan favorecido el proceder del Ministerio de Educación y Formación Profesional que encabeza Isabel Celaá. El decreto del pasado 24 de abril, aparte de saltarse la ley educativa vigente y hasta la propia Constitución en lo que supone una insólita dejación de funciones del Estado, optaba por ceder a las comunidades autónomas la potestad de fijar los criterios de promoción de curso y titulación, esto es, el número máximo de asignaturas suspendidas que un alumno puede acarrear en cada caso. En otras palabras, abría la puerta, por decreto, a una suerte de aprobado general encubierto y discrecional. ¿Existe acaso mejor forma de privilegiar la igualdad?
            Pero esa voluntad uniformadora del Ministerio no se limita al presente. Todo indica que el confinamiento educativo va a proseguir más allá del confinamiento al que estamos sometidos, quién más, quién menos, el conjunto de los ciudadanos. Así se deduce, como mínimo, de la nueva reforma de nuestro marco legal, la llamada “ley Celaá”, que no sólo constituye un retorno manifiesto al espíritu de la LOE y la LOGSE, sino también una vuelta de tuerca más a la comprensividad que la inspira. No de otro modo puede entenderse ese prurito por ir eliminando los centros de educación especial mediante el ahogo económico y el señuelo de la inclusividad. Como saben los padres afectados y debería saber cualquier docente medianamente preparado –lo que no parece ser el caso de la ministra–, la inclusividad también tiene sus límites. Ignorarlos por razones ideológicas sólo puede calificarse de bajeza. Como cabe calificar, sin duda, el trato que reciben en la futura ley los centros concertados, a los que se priva de toda posibilidad de expansión, condenándolos a un ahogo semejante al de los centros de educación especial. Su defensa de la libertad de enseñanza y de un modelo mucho menos comprensivo les pasa también factura.
            Ojalá todas esas medidas puedan subsanarse durante la tramitación parlamentaria de la ley. Pero, o mucho me equivoco, o habrá que esperar para ello, en el mejor de los casos, a la formación de un gobierno radicalmente distinto.

La enseñanza confinada

    1 de junio de 2020
          Suelen llegar entrada la mañana, en forma de cuantías y gráficos, como un chaparrón repentino al que no ha precedido goteo alguno. Innominados, sin rostro, privados de una fe de vida que los acredite y nos instruya; mera estadística. Son, desde hace ya demasiado, nuestros muertos de cada día. Sólo cuando alguno de ellos reviste a la vez la condición de conocido, de amigo y no digamos de familiar, la frialdad de las cifras deja paso al duelo. No al acostumbrado, por desgracia, dadas las restricciones a que nos somete la pandemia, pero sí al que cada uno, en su reclusión involuntaria, es capaz de llevar y sentir.
         Esa mortalidad inusitada que ha situado a España, para vergüenza de nuestros gestores públicos, en la cúspide del palmarés mundial atendiendo al número de fallecimientos por millón de habitantes, nos ha traído asimismo los peores presagios. En el orden económico y, por descontado, en el social. Nuestra dependencia de un sector como el turismo, basado en el libre desplazamiento de las personas a través del orbe, sumada a la endeblez de un sistema productivo falto de reformas y al insensato incumplimiento por parte del Gobierno del objetivo de déficit acordado con Bruselas para 2019 –lo que va a dificultar en el futuro la petición de ayuda a la Unión Europea–, anuncian lo más parecido a unos años negros. Una negritud a la que corresponde en el ámbito social la migración de asalariados hacia las oficinas del paro de resultas del inevitable cierre de empresas, y, en general, el más que previsible arrasamiento de las clases medias, personificadas en la triste y desvalida condición de trabajador autónomo. (Para muestra de malos augurios, los del FMI, que cifraba hace unos días para el año en curso un desplome del PIB español en un 8% y un crecimiento del paro hasta una tasa del 21%). Y, ya como corolario, no deberíamos subestimar las consecuencias que puedan seguirse de la indignación y el malestar de tantos ciudadanos a los que no sólo se habrá hurtado los sueños, sino también muchas realidades de las que se creían, hasta la fecha y con razón, legítimos propietarios.
          Pero, aun así, existe un efecto de la pandemia tan perverso o más incluso que los anteriores y al que no se ha prestado, a mi entender, la suficiente atención. Como es sabido, la mayoría de esos muertos tan nuestros que van quedando por el camino pertenecen a lo que convenimos en llamar la tercera y la cuarta edad. Se trata de personas que apenas vivieron la guerra civil –aunque a muchos sí les tocó sufrir la posguerra– y que vieron su esfuerzo recompensado con la transformación del país y la obtención, para todos sus habitantes, de cotas de libertad, justicia y bienestar jamás imaginadas. Por más que el reconocimiento suelan llevárselo los políticos que protagonizaron la Transición –y acabamos de perder a dos ellos, Enrique Múgica y Landelino Lavilla, este último sin que mediara en su defunción el coronavirus–, fueron los ciudadanos de entonces –que constituyen en gran medida los muertos de ahora– quienes influyeron de forma decisiva, con su determinación y su voto, en que la llegada de la democracia fuera, a un tiempo, un hecho y un éxito. (Lo que no quita, por supuesto, que los representantes políticos de aquellos años sean también merecedores del aprecio y la gratitud de sus compatriotas.)
          Si bien se mira, pues, ese mal bicho que nos asola está golpeándonos en una parte del cuerpo social que no tiene recambio posible: la memoria. Una generación entera se ve diezmada día a día. Y con ella, los valores de los que es portadora. Se me dirá que en cualquier país la memoria se transmite de generación en generación. Que para eso está la escuela. Y la universidad. Y, claro, la acción política e institucional. A quien así discurra no le faltará razón. Pero eso vale para cualquier país de nuestro entorno menos para el nuestro. Aquí vivimos sometidos a la permanente erosión de nacionalismos y populismos, empeñados en barrenar, con cierta contención al principio y ahora ya sin contemplaciones, la convivencia, la libertad y la igualdad de las que llevamos disfrutando, desde hace más de cuatro décadas, los españoles. O, lo que es lo mismo, empeñados en barrenar los propios cimientos de la Transición.
          Las estrategias para lograrlo son diversas, pero una de las más eficaces atañe a la transmisión del conocimiento. En nuestras aulas el conocimiento no sólo ha perdido valor, sino que se ha convertido para muchos en un estorbo. La pedagogía actual rechaza de plano la memoria, en toda su extensión. Y si alguna vez se sirve de ella, no es para trasladar la robustez de un saber cualquiera, sino la deformación ideologizada de un tramo de nuestra historia común, llámese Segunda República, guerra civil, franquismo o Transición –por no movernos de la que tenemos más cerca–.
         Añadan a lo anterior eso que podríamos denominar “el descrédito de la edad”. Vivimos en un mundo donde la insolencia de la juventud es un valor; donde el latiguillo y la improvisación huera pero ocurrente cotizan mucho más alto que el razonamiento pertinente y sosegado; donde la tradición y la continuidad institucional son vistas como rarezas, y donde el respeto a los demás, concretado, entre otras fórmulas, en el trato de usted, es despreciado por el propio presidente del Gobierno de España cuando se dirige al conjunto de los ciudadanos.
            En un mundo así, ¿qué papel aguarda a los supervivientes de esa generación profundamente mermada por la pandemia, esa generación integrada grosso modo por los que tienen hoy entre sesenta y noventa años? ¿El de echarse a un lado? Aunque sólo sea como tributo a la memoria de quienes, formando parte de ella, ya se han ido sin remedio, yo espero que se trate de un papel importante y decisivo. Por su bien y por el de todos los españoles.



La memoria de nuestros muertos

    19 de abril de 2020