No creo que las imágenes de los aplausos tributados el pasado 15 de junio por el personal de un hotel mallorquín a los primeros turistas alemanes desembarcados en España desde la declaración del estado de alarma fueran del agrado de la izquierda que nos gobierna. Una cosa es que no quede más remedio que tener hoteles, turistas y cuanto se sigue de su existencia, y otra muy distinta que encima haya que mostrar pública gratitud por dicho estado de cosas. Que yo sepa, nunca hasta ahora los trabajadores de un establecimiento turístico habían participado sin reparos ni fisuras en un acto de reconocimiento a quienes contribuyen con su presencia a su presunta explotación como clase. Es verdad que este año no es como los demás. La pandemia ha traído un desbordamiento sentimental inusitado cuya máxima expresión eran –y es de esperar que no tengan que volver– aquellos aplausos de agradecimiento ciudadano desde balcones y ventanas a la caída de la tarde. De ahí que la reacción de esos trabajadores de hostelería pueda entenderse como formando parte de un estado de ánimo más general. Pero, aun así, no deja de resultar significativa, y muy especialmente por la comunidad autónoma donde se produjo.
            Así como en España el turismo representa cerca del 13% del Producto Interior Bruto (PIB) y supone un porcentaje del empleo similar, en las Islas Baleares ronda el 45% del PIB autonómico y emplea a un tercio de la población asalariada. No es de extrañar, en consecuencia, que en el archipiélago los dardos izquierdistas hayan tenido siempre como objetivo el sector turístico. Unos dardos, por cierto, en los que no ha faltado el componente xenófobo aportado por los nacionalistas del lugar, deseosos de ver su tierra limpia de forasteros, ya sean estos españoles, ya de otras latitudes. En los últimos años han proliferado las campañas contra esas supuestas invasiones bárbaras, en forma de manifestaciones en las terminales portuarias y aeroportuarias, e incluso de acciones más o menos violentas contra bienes públicos y privados. Tampoco han sido ajenos al ambiente creado, para no variar, los vientos ideológicos que soplan desde Cataluña. O, seamos precisos, desde la Barcelona de la alcaldesa Colau, una de cuyas concejalas llegó a desear en la pasada legislatura la desaparición de los cruceristas, a los que calificó de “plaga de langostas”. Y como todo lo malo se pega, sobre todo si encuentra el campo abonado, también en el País Vasco la actividad turística ha sufrido la ira de los violentos.
            Esa fobia al turismo ha tomado como pretexto el fenómeno de la masificación, en particular en las grandes ciudades. Es indiscutible que esa masificación ha existido, como lo es que ha comportado para los lugareños no pocas incomodidades y contratiempos: movilidad limitada, lo mismo en núcleos urbanos que en carreteras y autopistas, mayores niveles de ruido, de suciedad, de contaminación de playas y aguas marinas, etc. Todo ello, insisto, resulta indiscutible, en especial en los meses punteros del verano. Pero ese aumento de visitantes no ha obedecido por lo general a un incremento del turismo tradicional, sino a la proliferación e intensificación de dos modalidades, si no nuevas, sí mucho más recientes: los cruceros y el llamado alquiler turístico o vacacional, que han venido a sumarse a las ya existentes. En el primer caso, con una población esencialmente paseante cuyo número no tiene otro límite que la capacidad de carga de cada buque y la cantidad de buques que los muelles de un determinado puerto puedan acoger a diario; y en el segundo, con una población también numerosa pero difícil de cuantificar, por cuanto su presencia en el territorio descansa en un marco normativo enmarañado y, luego, discutido y polémico. Es de creer, sin embargo, que con el tiempo los organismos públicos terminarán por regular ambas modalidades turísticas, dada la necesidad de fijar, socialmente hablando, unos límites razonables.
            Con todo, esa fobia al turismo tiene, en las filas de nuestra izquierda, unos fundamentos que no guardan gran relación con esas multitudes que nos invaden en cuanto llega el solsticio de verano. Así, por ejemplo, ese enemigo del consumo que nos ha tocado en suerte como ministro de Consumo, Alberto Garzón, declaró a mediados de mayo en sede parlamentaria que el turístico era “un sector estacional, precario y de bajo valor añadido”. Y no lo hizo, sobra añadirlo, para poner de manifiesto su relevancia. No hay duda de que la ignorancia es muy atrevida, pero las palabras de Garzón reflejan algo más que el drama formativo de un ministro que necesita a todas luces mejorar: son la evidencia de un prejuicio fuertemente enraizado en la mentalidad de una parte de este gobierno y, por supuesto, de muchos de los grupos que le dan apoyo. Ven el turismo como una actividad depredadora del territorio regida por unos empresarios que tratan a sus trabajadores sin miramiento alguno. No negaré, claro está, que a lo largo de siete décadas se hayan cometido abusos. Pero convertir esas prácticas –que en general han sido corregidas– en una dominante resulta tan contrario a la verdad que no merece ni siquiera la pena detenerse en ello. 
            Por lo demás, no parece que el Gobierno vaya a enmendar con sus actos las palabras de su ministro. La inversión pública prevista para el turismo con vistas a la recuperación es netamente insuficiente –una séptima parte de lo necesario, a juicio de Exceltur–. Tal vez convenga recordar que fue este el sector que tiró del carro en la crisis de 2008. Y que apoyarle equivale a apoyar la restauración, el comercio, el transporte, la construcción, el ocio. O, lo que es lo mismo, a producir riqueza y empleo. No está el país para reservas ni experimentos. Sobre todo cuando el FMI pronostica ya una caída de porcentaje en el PIB nunca vista. Que encima dé la casualidad de que esa caída coincide con el PIB representado por el turismo sólo indica hasta qué punto este último, para España, es como el pan. Sí, bendito turismo.


Bendito turismo

    14 de julio de 2020
Ignoro si fue Ricardo Moreno Castillo, en su celebrado Panfleto antipedagógico (2006), el primero en trasladar al campo de la enseñanza y, en concreto, al sistema educativo español la disyuntiva popperiana entre igualdad y libertad, pero, sea como fuere, bien traída estaba. Porque lo ocurrido hasta entonces en nuestras aulas y lo que ha venido después responde en gran medida a la voluntad de imponer a cualquier precio el principio de igualdad por encima del de libertad. Se me dirá que ha habido algún periodo en que esto no ha sido así. Cierto. En especial el que va de finales de 2002 a mediados de 2004, cuando la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza estuvo en vigor y aplicándose. Pero incluso ese brevísimo año y medio fue, por desgracia, lo más parecido a un fuego fatuo, toda vez que la ley no tuvo apenas tiempo de iniciar su desarrollo. La LOCE llevaba el sello del PP y la vuelta al poder de un PSOE que ya había sacado a sus huestes y demás apéndices a la calle para intentar que no prosperase aquella reforma en ciernes bastó para darle el golpe de gracia.
            La izquierda española ha considerado siempre la enseñanza como algo privativo. Como un derecho divino, casi. Cuando su regulación ha caído en otras manos –excepto en las de los nacionalismos periféricos, con los que no le ha resultado difícil asociarse dada la comunidad de intereses hegemónicos–, no ha escatimado medios ni coacciones para hacer inviable su gestión. Y es que la izquierda, siempre tan convencida de la bondad de sus ideas al margen de los efectos que se sigan de ellas, concibe la educación pública como un artefacto de ingeniería social. El sistema educativo, para ella, tiene como principal objetivo establecer la igualdad entre todos los educandos y futuros ciudadanos. De ahí que a la hora de hacer balance sus representantes políticos pongan el énfasis en la equidad –esa actualización del concepto de igualdad– del sistema y dejen la referencia a su calidad o excelencia para cuando lleguen, si es que llegan, tiempos mejores.
            La propia comprensividad, esto es, la doctrina igualitarista emanada de las comprehensive schools británicas según la cual todos los alumnos van a estar sujetos hasta el fin de la enseñanza obligatoria a un único y encorsetado patrón educativo, se encuentra en la base de todas las leyes socialistas promulgadas hasta la fecha, y ello pese a haber cosechado un calamitoso fracaso allí donde nació y en la antaño modélica Suecia. Semejante querencia por la igualdad, insisto, no consiste en garantizar la igualdad de oportunidades estimulando el apetito de conocimiento de nuestros niños y jóvenes, vengan de donde vengan y al margen de cuál sea el nivel socioeconómico de su ámbito familiar, sino en evitar que alguno despunte en exceso por encima del resto. O, lo que es lo mismo, que alguno pueda crecer, intelectual y humanamente, en libertad y sin cortapisas hasta donde sus aptitudes y su esfuerzo lo permitan.
            Sobra añadir que esa preterición de la libertad en favor de la igualdad en el sistema educativo está dando por estos lares unos frutos que deberían producir verdadero sonrojo. Se los recuerdo: por un lado, según los resultados obtenidos por nuestros jóvenes quinceañeros en las pruebas trienales del Informe PISA, España lleva dos décadas acomodada en la parte trasera de los países económicamente desarrollados, cuando no en el mismísimo furgón de cola; por otro, sigue disfrutando a estas alturas del triste honor de ser el país de la Unión Europea con la tasa más alta de abandono escolar temprano. Ah, por cierto: Reino Unido y Suecia, que aprovecharon hace años los cambios de color político en sus gobiernos para repudiar la comprensividad y volver a un modelo de corte más tradicional, se hallan a mucha distancia de nosotros en ambas clasificaciones. Y a su favor, claro está.
            Así las cosas, a nadie debería extrañar que la actual pandemia, los sucesivos estados de alarma y la consiguiente excepcionalidad hayan favorecido el proceder del Ministerio de Educación y Formación Profesional que encabeza Isabel Celaá. El decreto del pasado 24 de abril, aparte de saltarse la ley educativa vigente y hasta la propia Constitución en lo que supone una insólita dejación de funciones del Estado, optaba por ceder a las comunidades autónomas la potestad de fijar los criterios de promoción de curso y titulación, esto es, el número máximo de asignaturas suspendidas que un alumno puede acarrear en cada caso. En otras palabras, abría la puerta, por decreto, a una suerte de aprobado general encubierto y discrecional. ¿Existe acaso mejor forma de privilegiar la igualdad?
            Pero esa voluntad uniformadora del Ministerio no se limita al presente. Todo indica que el confinamiento educativo va a proseguir más allá del confinamiento al que estamos sometidos, quién más, quién menos, el conjunto de los ciudadanos. Así se deduce, como mínimo, de la nueva reforma de nuestro marco legal, la llamada “ley Celaá”, que no sólo constituye un retorno manifiesto al espíritu de la LOE y la LOGSE, sino también una vuelta de tuerca más a la comprensividad que la inspira. No de otro modo puede entenderse ese prurito por ir eliminando los centros de educación especial mediante el ahogo económico y el señuelo de la inclusividad. Como saben los padres afectados y debería saber cualquier docente medianamente preparado –lo que no parece ser el caso de la ministra–, la inclusividad también tiene sus límites. Ignorarlos por razones ideológicas sólo puede calificarse de bajeza. Como cabe calificar, sin duda, el trato que reciben en la futura ley los centros concertados, a los que se priva de toda posibilidad de expansión, condenándolos a un ahogo semejante al de los centros de educación especial. Su defensa de la libertad de enseñanza y de un modelo mucho menos comprensivo les pasa también factura.
            Ojalá todas esas medidas puedan subsanarse durante la tramitación parlamentaria de la ley. Pero, o mucho me equivoco, o habrá que esperar para ello, en el mejor de los casos, a la formación de un gobierno radicalmente distinto.

La enseñanza confinada

    1 de junio de 2020
          Suelen llegar entrada la mañana, en forma de cuantías y gráficos, como un chaparrón repentino al que no ha precedido goteo alguno. Innominados, sin rostro, privados de una fe de vida que los acredite y nos instruya; mera estadística. Son, desde hace ya demasiado, nuestros muertos de cada día. Sólo cuando alguno de ellos reviste a la vez la condición de conocido, de amigo y no digamos de familiar, la frialdad de las cifras deja paso al duelo. No al acostumbrado, por desgracia, dadas las restricciones a que nos somete la pandemia, pero sí al que cada uno, en su reclusión involuntaria, es capaz de llevar y sentir.
         Esa mortalidad inusitada que ha situado a España, para vergüenza de nuestros gestores públicos, en la cúspide del palmarés mundial atendiendo al número de fallecimientos por millón de habitantes, nos ha traído asimismo los peores presagios. En el orden económico y, por descontado, en el social. Nuestra dependencia de un sector como el turismo, basado en el libre desplazamiento de las personas a través del orbe, sumada a la endeblez de un sistema productivo falto de reformas y al insensato incumplimiento por parte del Gobierno del objetivo de déficit acordado con Bruselas para 2019 –lo que va a dificultar en el futuro la petición de ayuda a la Unión Europea–, anuncian lo más parecido a unos años negros. Una negritud a la que corresponde en el ámbito social la migración de asalariados hacia las oficinas del paro de resultas del inevitable cierre de empresas, y, en general, el más que previsible arrasamiento de las clases medias, personificadas en la triste y desvalida condición de trabajador autónomo. (Para muestra de malos augurios, los del FMI, que cifraba hace unos días para el año en curso un desplome del PIB español en un 8% y un crecimiento del paro hasta una tasa del 21%). Y, ya como corolario, no deberíamos subestimar las consecuencias que puedan seguirse de la indignación y el malestar de tantos ciudadanos a los que no sólo se habrá hurtado los sueños, sino también muchas realidades de las que se creían, hasta la fecha y con razón, legítimos propietarios.
          Pero, aun así, existe un efecto de la pandemia tan perverso o más incluso que los anteriores y al que no se ha prestado, a mi entender, la suficiente atención. Como es sabido, la mayoría de esos muertos tan nuestros que van quedando por el camino pertenecen a lo que convenimos en llamar la tercera y la cuarta edad. Se trata de personas que apenas vivieron la guerra civil –aunque a muchos sí les tocó sufrir la posguerra– y que vieron su esfuerzo recompensado con la transformación del país y la obtención, para todos sus habitantes, de cotas de libertad, justicia y bienestar jamás imaginadas. Por más que el reconocimiento suelan llevárselo los políticos que protagonizaron la Transición –y acabamos de perder a dos ellos, Enrique Múgica y Landelino Lavilla, este último sin que mediara en su defunción el coronavirus–, fueron los ciudadanos de entonces –que constituyen en gran medida los muertos de ahora– quienes influyeron de forma decisiva, con su determinación y su voto, en que la llegada de la democracia fuera, a un tiempo, un hecho y un éxito. (Lo que no quita, por supuesto, que los representantes políticos de aquellos años sean también merecedores del aprecio y la gratitud de sus compatriotas.)
          Si bien se mira, pues, ese mal bicho que nos asola está golpeándonos en una parte del cuerpo social que no tiene recambio posible: la memoria. Una generación entera se ve diezmada día a día. Y con ella, los valores de los que es portadora. Se me dirá que en cualquier país la memoria se transmite de generación en generación. Que para eso está la escuela. Y la universidad. Y, claro, la acción política e institucional. A quien así discurra no le faltará razón. Pero eso vale para cualquier país de nuestro entorno menos para el nuestro. Aquí vivimos sometidos a la permanente erosión de nacionalismos y populismos, empeñados en barrenar, con cierta contención al principio y ahora ya sin contemplaciones, la convivencia, la libertad y la igualdad de las que llevamos disfrutando, desde hace más de cuatro décadas, los españoles. O, lo que es lo mismo, empeñados en barrenar los propios cimientos de la Transición.
          Las estrategias para lograrlo son diversas, pero una de las más eficaces atañe a la transmisión del conocimiento. En nuestras aulas el conocimiento no sólo ha perdido valor, sino que se ha convertido para muchos en un estorbo. La pedagogía actual rechaza de plano la memoria, en toda su extensión. Y si alguna vez se sirve de ella, no es para trasladar la robustez de un saber cualquiera, sino la deformación ideologizada de un tramo de nuestra historia común, llámese Segunda República, guerra civil, franquismo o Transición –por no movernos de la que tenemos más cerca–.
         Añadan a lo anterior eso que podríamos denominar “el descrédito de la edad”. Vivimos en un mundo donde la insolencia de la juventud es un valor; donde el latiguillo y la improvisación huera pero ocurrente cotizan mucho más alto que el razonamiento pertinente y sosegado; donde la tradición y la continuidad institucional son vistas como rarezas, y donde el respeto a los demás, concretado, entre otras fórmulas, en el trato de usted, es despreciado por el propio presidente del Gobierno de España cuando se dirige al conjunto de los ciudadanos.
            En un mundo así, ¿qué papel aguarda a los supervivientes de esa generación profundamente mermada por la pandemia, esa generación integrada grosso modo por los que tienen hoy entre sesenta y noventa años? ¿El de echarse a un lado? Aunque sólo sea como tributo a la memoria de quienes, formando parte de ella, ya se han ido sin remedio, yo espero que se trate de un papel importante y decisivo. Por su bien y por el de todos los españoles.



La memoria de nuestros muertos

    19 de abril de 2020