“Personalmente, creo que sería muy deseable buscar un consenso en materia de educación. No veo su tarea sencilla, debo decírselo, pero es bienvenida, lo digo honestamente. Hay que encontrar el lugar del consenso y del disenso, porque en un sistema democrático el consenso juega tanto papel como el disenso. No creo que se puedan encontrar unanimidades en materia de educación, porque esta responde a modos de entender nuestra vida y nuestra organización social que no necesariamente coinciden al cien por cien. Ahora bien, creo que hay que encontrar acuerdos que permitan que los centros escolares, los docentes, etcétera, sientan que tienen una cierta estabilidad en su trabajo cotidiano para poder desarrollar su actividad.”
Las palabras que anteceden están sacadas del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados y corresponden a la intervención de Alejandro Tiana en la Comisión de Educación y Deporte el 21 de marzo de 2017. Ha llovido desde entonces. Para ponerles en situación, les diré que Tiana comparecía aquel día ante dicha Comisión, formada por representantes de los distintos grupos que conformaban en aquel momento la Cámara, a petición de uno de esos grupos, el Socialista. Y que la sesión, en la que hubo dos comparecencias más, no era una sesión normal. Se encuadraba en lo que se vino en llamar, y así consta en el propio Diario de Sesiones, “el gran pacto de Estado social y político por la educación”. Quizá les sorprenda el énfasis. No debería ser así. Por primera vez acaso desde los grandes acuerdos de la Transición, las principales fuerzas políticas y parlamentarias aspiraban, todas a una, a algo igual de grande, por inédito, a algo que el mundo de la educación llevaba décadas pidiendo a gritos: un pacto de Estado del que resultara un marco legal común, compartido, fruto de un consenso básico, que pusiera fin a la sucesión de leyes de parte que habían regido hasta entonces la enseñanza en España.
Tiana, pues, comparecía par dar su opinión en relación con la elaboración del gran pacto. Una opinión autorizada, sobra añadirlo. Y no tanto por el cargo que desempeñaba en aquella época –el de Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)–, como por el historial –nada distante de la gestión educativa, si se me permite el juego de palabras– que atesoraba: experto en pedagogía, catedrático de Teoría e Historia de la Educación, director de organismos públicos educativos y, sobre todo, desollador y muñidor de leyes, como había quedado demostrado en 2004 tras su nombramiento como secretario general del Ministerio de Educación y Ciencia. Desde aquella Secretaría, y lo mismo con María Jesús Sansegundo que con Mercedes Cabrera como ministras, Tiana había sido el artífice de la liquidación de la LOCE –aprobada un año y medio antes por un gobierno del Partido Popular y que ni siquiera llegó a aplicarse– y su sustitución por la LOE, que no era, al cabo, sino una LOGSE rediviva. En definitiva, alguien de cuyo conocimiento de la materia no cabía dudar y a quien la vicepresidenta Carmen Calvo habría puesto, con los ojos cerrados, en la hornacina de los funcionarios caracterizados por su “expertitud”.
Al releer ahora la transcripción de aquella comparecencia de 2017, llama la atención comprobar como los intervinientes en representación del Partido Popular y de Ciudadanos, socios entonces de legislatura, apreciaron las bondades de la exposición de Tiana. Incluso en sus lógicas discrepancias –ese disenso que, según el compareciente, resultaba inseparable del anhelado consenso–. Por desgracia, el partido al que servía y sirve Tiana decidió liquidar un año más tarde –coincidiendo con la vuelta de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE y la incorporación de la diputada Martínez Seijo como portavoz socialista en la Comisión de Educación– la subcomisión encargada de elaborar aquel “gran pacto”, que se encontraba ya, por cierto, en la fase de conclusiones. La excusa, burda donde las haya, fue la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a alcanzar ya mismo un 5% del PIB en inversión educativa. Al poco, la moción de censura presentada por Sánchez dio paso a un gobierno socialista monocolor con Isabel Celaá como ministra de Educación y Alejandro Tiana como secretario de Estado. El secretario recuperaba así el sillón que había abandonado diez años antes.
Su nombramiento fue recibido con parabienes. También por parte de la oposición. De Celaá poco se sabía, pero lo de Tiana era distinto. Si aquel hombre se conducía como había dado a entender en su comparecencia, igual esa nueva ley que el PSOE llevaba en su programa –el del partido, no el de la moción de censura ni el del Gobierno, que, como recordará el lector, eran entonces tan ocultos o inexistentes como puede ser hoy aún la Comisión de Expertos del Ministerio de Sanidad–; igual esa nueva ley, decía, no consistiría en la simple desolladura de la LOMCE para volver a la LOE, sino que reflejaría, en lo posible, esos mínimos espacios de consenso tan anhelados por la gran mayoría de la llamada comunidad educativa.
Vana ilusión. Es más, no sólo se esfumó desde el primer momento cualquier traza de consenso; andando el tiempo, a medida que lo que hoy conocemos como Ley Celaá fue siguiendo el correspondiente trámite parlamentario, todo fue incluso a peor. Por las modificaciones introducidas por los socios, gubernamentales o no, del Partido Socialista, y por la renuencia de la triple alianza de socialistas, comunistas y nacionalistas a aceptar cuantas propuestas llevaran el marchamo de alguno de los grupos que conforman la oposición. De las más de 300 enmiendas presentadas por dichos grupos opositores, se aprobaron 6 y se transaccionaron –esto es, se negociaron hasta llegar a un acuerdo– otras 5. Ni siquiera sumaban una docena. En eso quedó la voluntad de consenso a la que apelaba Tiana en marzo de 2017.
Y ahora, habiendo alcanzado el texto los márgenes del Senado, donde todavía podía abrirse una última compuerta de entendimiento entre Gobierno y oposición que rebajara en alguna medida el sesgo radical y sectario de la ley, el rodillo gubernamental ha decidido ventilar la tramitación del asunto en apenas un par de semanas, barriendo así del calendario las comparecencias solicitadas por el Grupo Popular. Todo a fin de dar el visto bueno a la ley en el Senado antes de Navidad y con el máximo disenso posible.
Dícese que el secretario Tiana es la cara amable de la política educativa de este Gobierno. Se dice, supongo, por contraste con la cara dura de la propia ministra, o con la cara más bien maléfica de la sindicalista Martínez Seijo. Todo es relativo, al cabo, incluso la cara que uno presenta. Pero el caso es que esa cara amable es la que ha urdido y ha consentido, desde su Secretaría en el Ministerio y en su calidad de máximo experto educativo, uno de los mayores atropellos, si no el mayor, de que ha sido víctima la ya maltrecha educación de este país y cuyas consecuencias vamos a tener que acarrear como un lastre durante largos años. Conviene, pues, que se sepa. Aunque sólo sea para no seguir fiándonos de las palabras y de las apariencias.
(VozPópuli, 17 de diciembre de 2020)