Si uno se encuentra en Évora, la capital del Alentejo, o en sus aledaños, una visita a la Capela dos Ossos resulta obligada. Aun así, incluso en pleno verano, cuando todo son hordas de turistas a los que tanto da franquear la puerta de Disneyworld como la de Auschwitz mientras puedan añadir una muesca más en su peregrinar por esos mundos de Dios, hay quien se resiste. La exposición de huesos y calaveras humanos, al margen de su carácter simbólico –la transitoriedad de la vida concretada en la leyenda que adorna el pórtico del templo: “Nos ossos que aquí estamos pelos vossos esperamos”–, produce lo que los franceses llaman un frisson, y no precisamente placentero. De ahí que algunos prefieran ahorrárselo. Por lo demás, parece que la capilla, construida en el siglo XVII en el Convento de San Francisco de Évora por iniciativa de tres monjes, tiene también un fundamento de orden estrictamente práctico: descongestionar una cuarentena de cementerios monacales de la región o, mejor dicho, vaciarlos por completo exhumando los restos que contenían, a fin de destinar las tierras a otra clase de usos. Los huesos y las calaveras exhumados sirvieron, pues, de elemento edificante, lo mismo desde un punto de vista ornamental que en tanto que recordatorio espiritual o religioso.

Todo lo cual viene a cuento de la exhibición de huesos y calaveras del pasado jueves a primera hora de la mañana en la Basílica del Valle de los Caídos –salvadas sean, claro, todas las distancias que haya que salvar entre ayer y hoy y entre el convento portugués y la basílica española–. La presencia del presidente del Gobierno, acompañado del ministro y el secretario de Estado de eso que llaman Memoria Democrática, disfrazados los tres de forenses, en el laboratorio del recinto rebautizado hace un par de años como Valle de Cuelgamuros –como si los caídos allí enterrados, cerca de 40.000 conforme al registro, si bien la cifra podría alcanzar los 50.000 según la propia web de la Basílica, no lo fueran de ambos bandos y en buena medida por ambos bandos–; la presencia de Pedro Sánchez, decía, no puede sino calificarse de moralmente obscena. Y es que en las imágenes suministradas y propagandeadas por La Moncloa –no existen otras–destacan en primer plano huesos y calaveras, como si los hubieran dispuesto allí a propósito. Y se completan con las declaraciones del propio presidente el mismo día en la red social X, donde puntualizaba que la exhumación y análisis de los restos “atiende a la demanda de 160 familias que todavía hoy siguen buscando respuestas”, por lo que “debemos saldar nuestra deuda pendiente con quienes dieron su vida luchando por la libertad y la democracia en España”.

Nada tengo en contra de la pretensión de estas familias y de cuantas desean exhumar los restos de sus seres queridos, sean del bando que sean y allí donde proceda. Están en su derecho y es de justicia que los poderes públicos atiendan, en la medida de lo posible, a su requerimiento. Y entiendo que esas respuestas que, a juicio de Sánchez, “siguen buscando” se concretan en la identificación de sus restos para poderlos enterrar allí donde sus familiares dispongan. Pero la apostilla según la cual “dieron su vida luchando por la libertad y la democracia en España”, al contrario de lo que cree el presidente del Gobierno y proclama su ley de Memoria Democrática, no es privativa de un bando, sino que puede aplicarse lo mismo a unos que a otros. Y es que muchos de los que dieron su vida en los campos de batalla o fueron víctimas de la represión no soñaban con una España democrática. Ni falangistas y requetés de un lado, ni comunistas y anarquistas del otro. Lo que no significa que no existieran entre ellos excepciones. En cuanto a lo que se entiende por libertad, no hace falta decir que, al igual que la suerte, va por barrios.

La macabra escenificación del pasado jueves en el Valle de los Caídos sólo tiene un aspecto que agradecer. Su Majestad Pedro Sánchez, a diferencia, por ejemplo, de la actual presidenta del Congreso de los Diputados cuando, siendo presidenta del Gobierno Balear, se personaba compungida junto a una fosa común donde se estaban llevando a cabo los trabajos de identificación de los restos de víctimas de la guerra civil en Mallorca, no soltó en ninguna de las imágenes publicadas lágrima alguna. Lo que no sabemos es si en su caso fue por convicción, porque un gobernante debe guardar las formas incluso en tiempos, como los presentes, de destemplada e impúdica exhibición de sentimentalismo, o si fue simplemente por pura incapacidad.

Huesos y calaveras

    11 de abril de 2024
De la importancia de las próximas elecciones catalanas se ha hablado mucho en los últimos días, y más se hablará sin duda de aquí al 12 de mayo. Hace un par de semanas yo mismo abogué en estas páginas por el nombramiento de Alejandro Fernández como candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalidad, con lo que me sumaba a la campaña emprendida por numerosas asociaciones cívicas constitucionalistas catalanas y a la que ya se habían adherido a título individual algunos representantes de la sociedad civil. No diré que esa campaña fuera decisiva a la hora de decantar la balanza a su favor, pero me gustaría creer que de algo sirvió. En todo caso, celebro que el desenlace haya terminado dándonos la razón y permitiendo al actual presidente del PP en Cataluña, constitucionalista convencido, sin devaneo alguno con el nacionalismo, y excelente parlamentario –el mejor de la Cámara ya extinta, sin duda– repetir en el puesto y recoger en las urnas el fruto de su trabajo.

Pero lo que no imaginaba, ingenuo de mí –y eso que he conocido las entrañas de un partido político–, es lo que ha venido a continuación. O sea, la composición de las listas electorales. Esta obedece siempre, y es comprensible, a una serie de equilibrios entre lo que en la jerga política se denomina “las distintas sensibilidades del partido” y que, en realidad, más que a diferentes maneras de afrontar la realidad –una realidad que en Cataluña viene indefectiblemente marcada por el nacionalismo–, suele reducirse al poder que atesora cada uno de los barones de la formación conforme a los puestos de las listas en los que logra colocar a los suyos. De ahí que semejante ejercicio de compensación por la designación de Fernández y el arrumbamiento de los posibles cabezas de lista alternativos fuera esperable.

Lo que ya no lo era, ni creo que pueda considerarse razonable, es que de los siete puestos que siguen al suyo en la lista de Barcelona y que casi todas las encuestas dan, a estas alturas y salvo sorpresas, por asegurados –volviendo a la jerga, los llamados “puestos de salida”– ninguno vaya a ocuparlo, al parecer, alguien de su confianza. ¿Con qué templanza va a desenvolverse el candidato, con qué libertad, si le aguardan unos compañeros de bancada en los que no podrá apoyarse, en la mayoría de los casos, sino con reservas? He aquí una de las grandes lagunas de nuestra democracia: la ley electoral vigente, que prescribe el carácter cerrado de las listas, con la consiguiente desvinculación entre representados y representantes. Lo cual, sumado a una ley de partidos que favorece la endogamia, termina traduciéndose en la ausencia de rendición de cuentas por parte de los segundos, tomados de uno en uno. A quien sí rinden cuentas estos últimos es a la dirección del partido que los ha designado –en nuestro caso, la dirección nacional del PP–, que es la que confecciona el pack entero y lo pone en el mercado para que el cliente –léase el elector– lo tome o lo deje.

Al margen de estas consideraciones, el PP tiene en estas elecciones lo que no ha tenido en muchísimos años, por no decir jamás: la posibilidad de convertirse en la referencia hegemónica del constitucionalismo catalán. La figura de Alejandro Fernández, unida a la más que probable desaparición de Ciudadanos –mal que nos pese a muchos y a algunos en particular–, la salida del armario del PSC con su desvergonzado abrazo del separatismo y la presencia de Vox cubriendo el flanco más conservador y reaccionario de la derecha –aparte, claro, del que ya cubre el independentismo de Puigdemont y compañía, ajeno, al contrario que Vox, a todo respeto por la Constitución–, dejan libre un espacio electoral que, si no el próximo 12 de mayo, sí a la siguiente ocasión, puede convertirse en lo que llaman una ventana de oportunidad. Porque si algo ha demostrado ya Alejandro Fernández es que no es de los que se amilanan y buscan refugio en las listas al Congreso o al Senado. Pudo hacerlo en las últimas elecciones generales –se lo ofreció Alberto Núñez Feijóo– y él prefirió quedarse en Parlamento regional. Lo cual, dicho sea de paso, constituye también una garantía de que, de existir en el futuro la oportunidad, Fernández no rehuiría dar el paso al frente que Inés Arrimadas no quiso dar tras su victoria en las autonómicas de 2017 al rechazar presentarse a la investidura.

Ahora sólo falta, y no es poco, que desde sus propias filas le dejen trabajar.

Calculo que sería allá por la primavera de 2007. El Institut Catalunya Futur, franquicia de FAES en la región, me había invitado a participar en un seminario sobre el bilingüismo y allí estaba yo, dispuesto a echar una mano a la institución y algo de luz, en la medida de mis posibilidades, en las cabezas de los asistentes. Una vez terminado el seminario, uno de aquellos cuadros intermedios del Partido Popular, creo recordar que de la provincia de Lérida, me cogió aparte y me contó sus penas. Literalmente. Me contó lo duro que era dedicarse a la política en su tierra, el vacío al que le sometían sus colegas por su filiación política, el extrañamiento del que era víctima por pertenecer a un partido “de fuera”. El hombre quería que le considerasen tan catalán como los demás y aspiraba a que, con el liderazgo de Josep Piqué, los tiempos en que Alejo Vidal-Quadras guiaba los destinos del PP regional hubieran quedado definitivamente atrás.

Este Partido Popular es el que, mutatis mutandis, pretende reponer al parecer Alberto Núñez Feijóo. El del acoquinamiento, el que acepta sin rechistar su carácter subsidiario, el que pide perdón por existir, el que considera normal tener en Cataluña un discurso y una actuación comprensivos, y por tanto cómplices, con el nacionalismo. Si bien se mira, entre este PP de otro tiempo y el PSC, sea el de ahora o el de siempre, no habría grandes diferencias. En todo caso, ninguna que pudiera molestar al establishment nacionalista.

Esta debería ser razón suficiente para que la dirección del Partido Popular ratificara a Alejandro Fernández como candidato a la Presidencia de la Generalidad en las elecciones del próximo 12 de mayo. Pero es que además está su labor parlamentaria. Dudo que haya hoy mejor orador en la Cámara catalana. Su claridad expositiva, su solidez argumentativa y su indiscutible brillantez van unidas a una defensa del Estado de derecho y una denuncia desacomplejada del nacionalismo que lo convierten, con toda certeza, en el principal representante político del constitucionalismo catalán. Yo no sé si al Partido Popular le conviene semejante perfil, aunque me gustaría creer que sí. Lo que sí sé es que en estos momentos a los ciudadanos de Cataluña, y a los de España en su conjunto, su nominación como candidato les vendría como agua de mayo.

Todas las encuestas señalan que el PP va a incrementar de forma considerable su representación en el Parlamento autonómico, hasta el punto de convertirse en el primer partido de la oposición. (Se entiende, supongo, que ni ERC, ni PSC, ni Junts pueden considerarse oposición; gobiernen o no gobiernen, su contrastado nacionalismo se lo impide.) De hecho, los populares están destinados a ocupar el espacio ideológico de Ciudadanos. Y si finalmente ambas formaciones no alcanzan un acuerdo para concurrir a los comicios, es decir, si Cs no acepta las condiciones que le impondrá, seguro, el PP, la designación de Alejandro Fernández como candidato sería sin duda un verdadero golpe de gracia para el partido heredero de aquellos quince intelectuales que en 2005 llamaron a fundarlo. Claro que el que no se consuela es porque no quiere: tampoco el PP actual, con Fernández al frente, habría llegado hasta donde ha llegado de no haber bebido su presidente regional, entre otras fuentes, de aquel manifiesto fundacional y no haber demostrado Ciudadanos a lo largo de los últimos años con sus actos que se podía plantar cara al nacionalismo y recoger los frutos en forma de votos.

Estos días la gran mayoría de las asociaciones constitucionalistas del lugar se han pronunciado en las redes sociales a favor de la candidatura de Alejandro Fernández. También muchos particulares, afiliados o no al PP catalán. Según ha trascendido, un 70% de las agrupaciones del partido le dan asimismo su apoyo. Ahora sólo falta que en la sede de Génova antepongan el interés general y los principios al interés que pueda tener la dirección popular con vistas a un futuro no muy lejano. Lo contrario sería incomprensible.

Seguro que les suena el nombre de Clara Ponsatí. Es aquella consejera de Educación del último gobierno de Carles Puigdemont que estuvo algo más de tres meses en el cargo y que, al igual que su mentor, tomó las de Villadiego tras la esperpéntica declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017 en el Parlamento autonómico. De su labor al frente de la consejería no queda rastro. Como mínimo, rastro educativo. Fue nombrada para poner la estructura de la consejería al servicio del golpe de Estado, y a ello se aplicó con esmero convirtiendo los centros docentes de toda Cataluña en sendos colegios electorales con vistas a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Pero sería injusto no citar en este breve recordatorio de su labor gubernamental una rueda de prensa en la que se esforzó inútilmente por responder en castellano –o en español, como ella mismo dijo– a una pregunta que se le había formulado en esta lengua. No pudo. No le salían las palabras. Y eso que las buscaba. Pero no hubo nada que hacer. Lo insólito de este caso de afasia diferencial de origen identitario es que Ponsatí no es una mujer de eso que llaman “el corazón de Cataluña” –como por ejemplo la actual presidenta del Parlamento regional, la maestra Anna Erra, que, siendo alcaldesa de Vic y diputada en la Cámara, pidió en 2020 a “los catalanes autóctonos” que no se dirigieran en castellano a gente que “por su acento o su aspecto físico no parece catalana”–, sino que nació en Barcelona hace 67 años, en el seno de una familia supuestamente ilustrada –es nieta del pintor noucentista Josep Obiols y sobrina del político socialista Raimon Obiols–, cursó la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona y años más tarde impartió la docencia en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Pompeu Fabra. Acaso su alejamiento intermitente de España para ejercer su profesión en Estados Unidos o ahora en la Escocia todavía integrante del Reino Unido, guarde alguna relación con dicha carencia. Aun así, insisto, se trata de un caso digno de estudio.

En la actualidad Ponsatí es eurodiputada, como sus compañeros de fuga Puigdemont y el también exconsejero Comín. Pero, pese a formar parte de la misma lista electoral, ha mantenido su condición de independiente, de independiente de Junts. Ya en su momento criticó el acuerdo de investidura entre las mesnadas de Puigdemont y las de Sánchez, amnistía incluida, en la medida en que suponía a su juicio un pacto con el Estado opresor, o sea, una traición al procés. Y a comienzos de este mes anunció el alumbramiento de una nueva plataforma política, para la que ya tiene nombre, Alhora (en castellano, “a la vez, al mismo tiempo”), y cuya presentación en Barcelona está prevista, si la justicia española no dispone lo contrario, el próximo 23 de abril.

Como indicaba ayer Laura Fàbregas, la denominación de la plataforma y las palabras de la propia Ponsatí constituyen por sí mismas una declaración de intenciones. No se trataría ya, como en el caso de Junts, de convertir la independencia en el único predicado político de la formación; se trataría de hacerlo compatible con cuestiones de interés social y, en concreto, con aquellas que tienen que ver con la inmigración. Así pues, no a la manera de Sílvia Orriols, la exjuntera de Ripoll, y su Alianza Catalana –o sea, tratando a los inmigrantes, en particular magrebíes, como si fueran la peste–, sino con la integración de lo foráneo en lo propio. A priori, por lo tanto, huyendo de la xenofobia de Orriols y los suyos. Pero sólo a priori. Porque tan xenófobo resulta lo uno como lo otro. Aquello que Ponsatí entiende por integración no deja de ser, en el fondo, sino una forma de renuncia forzosa a los derechos que el Estado confiere a los ciudadanos, sean estos españoles o extranjeros. Una forma de sumisión, en definitiva. Y, al contrario que en el caso de Orriols, con un alcance mucho mayor.

Para la exconsejera, no nos engañemos, el peligro reside sobre todo en la no integración cultural y lingüística de los castellanohablantes, se trate de los inmigrantes originarios de Hispanoamérica, se trate de los propios ciudadanos residentes en Cataluña que no están dispuestos a acatar las imposiciones del separatismo en el ámbito administrativo –en especial, en el educativo– e institucional. Un racismo no tan llamativo, es cierto, como el de la alcaldesa de Ripoll, pero mucho más ambicioso y dañino. Dentro de unas cinco semanas, coincidiendo con la presentación pública del proyecto, acaso empecemos a entrever si puede prosperar o si no es más que un efluvio pasajero dentro de la charca del independentismo catalán.

El regreso de Clara Ponsatí

    13 de marzo de 2024
Los medios de comunicación independientes –mal que le pese al Gobierno, aún los hay– van repitiendo estos días que Francina Armengol, presidenta del Congreso, está contra las cuerdas. El símil, como saben, proviene del boxeo, de cuando un púgil está acorralado por su rival en un rincón del ring y sometido a una lluvia de golpes. Es su caso, sin duda, y ayer mismo, trastabillándose, visiblemente alterada –como muestra, “quiero explicar el contexto en lo que los estoy explicando las cuestiones que voy a explicar”–, asumiendo el papel que tanto le gusta de víctima agraviada que no ha roto un plato en su vida, trató de explicar su conducta pasada, presente ¡y hasta futura! en una conferencia de prensa que dio en la propia Cámara. En ella, aparte de ceñirse a un guion exculpatorio que no resiste el menor cotejo con los hechos de los que se tiene constancia a estas alturas, descargó toda la responsabilidad de la compra del lote de mascarillas, aun a sabiendas de que eran defectuosas, y su tardía reclamación para que Soluciones de Gestión reembolsara al gobierno de Baleares el montante de la operación fraudulenta –en realidad, durante su presidencia la administración autonómica ni siquiera abrió formalmente un expediente de reclamación a la empresa, sino que se limitó a elaborar, cuando Armengol ya había cesado en el cargo para encabezar la lista de su partido para las elecciones generales, un informe previo en el que se expresaba la intención de hacerlo–; descargó toda la responsabilidad, decía, en los técnicos del Servicio de Salud de la Comunidad.

Lo cual no deja de resultar significativo. La Consejería de Salud estuvo dirigida durante los ocho años de presidencia de Armengol por una mujer, la enfermera Patricia Gómez. Y si destaco lo de mujer es porque en su momento pocos pusieron en duda que quien estaba llamado a ocupar el puesto era su actual marido, el médico Juli Fuster Culebras, y sólo razones de paridad y empoderamiento –y a saber si también de amistad– llevaron a la entonces presidenta a nombrar a Gómez. Eso sí, Fuster tuvo su compensación. Y no un simple carguito. Al poco era nombrado director general del Servicio de Salud, o sea, número 2 de la Consejería. Ignoro si un caso como este tiene precedentes en alguna administración española. La cúpula de una consejería en manos de una pareja, primero de hecho, y luego también de derecho, y ambos, por supuesto, miembros del partido.

Dicha situación se mantuvo durante dos legislaturas. Perdón, en el caso del marido de la enfermera, sólo hasta julio de 2022, cuando se vio forzado a dimitir por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares en la que se reconocía que con su actuación había excluido en un concurso de oposición en el que participaban su hija y su yerno a un opositor que, lógicamente, era a su vez competidor de los dos miembros de su familia. Una familia que, por su contrastado nepotismo, más parecía ya entonces una famiglia.

La impunidad con que la clase política balear se ha comportado tan a menudo no constituye ningún secreto. Ayer Armengol se rasgaba las vestiduras ante los medios asegurando en un par de ocasiones que ella y los suyos –entiéndase la izquierda y el nacionalismo– están hechos de otra pasta. Nada más falso; en lo referente a la corrupción y sus efectos, basta consultar la hemeroteca para convencerse de ello. Lo que sí es cierto es que van por el mundo aparentando lo contrario, henchidos de una apestosa superioridad moral que les blinda a su juicio contra toda acusación surgida de una evidencia y les legitima para recurrir a cuantos trapicheos sean necesarios para salir del aprieto. Gómez, sin ir más lejos, lo demostró a lo largo de la pasada legislatura autonómica cuando ocultó sistemáticamente –incluso en sus comparecencias en el Parlamento regional– la información de la que disponía sobre las mascarillas. En agradecimiento sin duda a la lealtad que siempre le mostró su antigua consejera, Armengol no descargó ayer en ningún momento sobre sus espaldas, ni siquiera sobre las de su marido y director general durante la pandemia, responsabilidad ninguna en todo lo sucedido. Ahí están los técnicos del Servicio de Salud, vino a decir, que son los únicos que intervinieron en tan lastimoso asunto.

Entenderán, pues, quienes abrigan la esperanza de que ese estar contra las cuerdas de la presidenta del Congreso no sea sino el preludio de un KO, que ya pueden lasciare ogni speranza. Armengol destaca por sus dotes de fajadora y, de otra parte, como no ignoran los amantes del boxeo, de las cuerdas también se sale, bien asestando un golpe certero al rival, bien disponiendo de un juego de piernas solvente. Otra cosa sería sufrir una derrota a los puntos. Pero para que esa tenga lugar antes deberá terminar otro combate: el que está librando Pedro Sánchez contra la verdad y la realidad, contra el Estado de derecho y, en definitiva, contra la España de ciudadanos libres e iguales que propugna y preserva nuestra Constitución. Y terminar con la derrota del primero, claro.


¿Contra las cuerdas, Francina?

    6 de marzo de 2024
Los ejemplos de progresiva desconexión entre los representantes políticos y los ciudadanos a los que se supone que representan –ciudadanos que no se limitan, al contrario de lo que tanta gente cree, a quienes les han votado en unos comicios, sino que se extienden al conjunto del cuerpo electoral, sea este municipal, regional o nacional– son, por desgracia, numerosos. Tal vez el más conocido sea el que resulta del incumplimiento, por parte el partido al que corresponde gobernar, de las promesas incluidas en el programa con que se presentó a las elecciones o, si se trata de un gobierno de coalición, de lo acordado en el pacto de investidura. El elector, claro está, se siente entonces engañado, y a la próxima puede que opte por una fuerza política distinta, se refugie en el voto nulo o simplemente se quede en casa. Pero también puede suceder –como fue el caso de no pocos votantes socialistas el 23-J– que termine votando de nuevo a quien ha incumplido de forma flagrante lo prometido. De ahí que muchos vean en las reformas de la ley electoral y de la ley de partidos –en el sentido de hacerlas, en el primer caso, más proporcional y, en el segundo, más participativa y transparente en lo que a la organización se refiere y más vinculante entre elector y elegido– una posible solución al desapego actual. Aun así, el hecho de que ninguno de los dos grandes partidos nacionales esté por la labor de reformarlas acaba convirtiendo semejantes propósitos en una quimera.

Pero la desafección hacia la clase política se explica mucho mejor, sin duda, yendo a lo concreto, a lo reciente e hiriente. A estas alturas es muy probable que usted, lector, haya oído hablar de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, esa enfermedad rara y hoy por hoy sin remedio que va paralizando poco a poco a quien la padece sin privarle, no obstante, de sus facultades mentales. El historiador Tony Judt, fallecido en 2010, dos años después de haberle sido diagnosticada la enfermedad, describía así en El refugio de la memoria (2010), cuando su cuerpo estaba ya prácticamente inerte, en qué consistía dicha rareza: “Lo característico de la ELA –la menos común de esa familia de patologías neuromusculares– es en primer lugar que no hay una pérdida de la sensibilidad (un arma de doble filo) y en segundo lugar que no hay dolor.” Y concluía: “De este modo, y en contraste con cualquier otra enfermedad grave o mortal, uno tiene la oportunidad de contemplar, a su conveniencia y sin molestia alguna, el catastrófico progreso de su propio deterioro”.
 
Decíamos más arriba que íbamos a tratar de un hecho reciente e hiriente relacionado con la desafección ciudadana hacia su clase política, y lo ocurrido el martes de la pasada semana en el Congreso de los Diputados no puede venir más al pelo. Aquel día se celebró en la llamada sede de la voluntad popular una jornada titulada “Por una regulación que garantice una vida digna a las personas con ELA”. La jornada la habían impulsado meses atrás las asociaciones que representan a los enfermos de ELA –y el verbo impulsar, vistos los antecedentes, es adecuadísimo–. De ella han quedado palabras e imágenes que han tenido a lo largo de los últimos días una repercusión insólita. No es que no se hubiera hablado nunca de la ELA; es que nunca se había dedicado tanto tiempo y espacio en los medios a los enfermos y a la enfermedad. A ello contribuyó, por descontado, el marco en que se desarrolló la jornada. La sede de la voluntad popular, insisto. Y el hecho de que esa voluntad hubiera sido burlada ahí mismo durante dos años –desde el día de la legislatura anterior en que una proposición de ley de Ciudadanos había sido admitida a trámite con el voto unánime del conjunto de los diputados y la Mesa la había postergado en su tramitación hasta una cincuentena de veces– suponía, por contraste, una verdadera afrenta para quienes habían venido a reclamar lo que era a todas luces de justicia.

Se entiende, pues, la indignación que reflejaban las palabras trabajosamente pronunciadas por el exfutbolista y exentrenador Juan Carlos Unzué cuando afeó a sus señorías que en la sala sólo estuvieran 5 de ellas –la Cámara la integran 350 diputados–, así como el efecto que han tenido. Del mismo modo, se entiende el impacto causado por las imágenes, la visión dolorosa de los enfermos desplazados hasta el Congreso acompañados de sus familiares y amigos. Todo el bochorno de este 20 de febrero podría, en definitiva, haberse evitado si nuestros representantes públicos –y en particular quienes han gobernado y gobiernan la institución– se hubieran comportado con la atención y el respeto que merecen unos ciudadanos que sólo reclaman una ley que costee unas prestaciones y unos cuidados que les resultan indispensables para vivir con dignidad lo que les resta de vida y cuyo montante –una treintena larga de millones de euros anuales– no es nada para los presupuestos generales y lo es todo, en cambio, para ellos y sus familiares.

La anterior proposición de ley decayó cuando Sánchez decidió adelantar los comicios. Ya en la presente legislatura una iniciativa de Vox también fue bloqueada por la Mesa a instancias del Gobierno, que la consideró demasiado costosa. Y ahora, dos días después, mira por dónde, de la sonrojante jornada a la que acabamos de aludir, Junts registraba una nueva proposición que responde a los mismos requerimientos de las asociaciones de afectados. A pesar de que hoy todo gira en el Congreso en torno a otra clase de leyes, que son las que en verdad interesan al presidente del Gobierno en su pretensión de conservar el poder a toda costa, es de esperar que en esta ocasión lo acontecido el martes 20 y quién sabe si incluso la naturaleza del grupo proponente faciliten las cosas. Si no es mucho pedir a nuestros representantes políticos, claro.


La ELA como síntoma

    28 de febrero de 2024
Nada hay en el sanchismo cuyo origen no se remonte de una forma u otra a aquella época –la primera década de siglo, año más, año menos– en que José Luis Rodríguez Zapatero era secretario general del PSOE y, a partir de 2004, también presidente del Gobierno de España. Parafraseando, pues, al evangelista, puede decirse que en el principio fue Zapatero. Tanto es así que la reiterada presencia en los medios y, en general, en el espacio público del expresidente, en su papel de socorrista del actual presidente del Gobierno y secretario general de lo que queda del partido, debe entenderse como la del padre fundador que se niega a aceptar que lo engendrado por su persona, una vez llevado a su máxima expresión, también puede tener un final y acarrear, tarde o temprano, la pérdida del poder.

Fue Zapatero, en efecto, si no el introductor, sí el promotor acérrimo del tribalismo y las identidades en la esfera política y social española. Fue él quien abrazó todas las causas que han ido troceando poco a poco –con la incuestionable colaboración de una oposición reticente al cuerpo a cuerpo doctrinal– la unidad de la Nación, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el pleno ejercicio de las libertades y, en definitiva, el Estado de derecho. Sánchez, en el fondo, no ha hecho sino tensarlas y extremarlas, haciendo de su necesidad vileza, hasta grados difícilmente imaginables hace sólo unos cuantos años. 

Un ejemplo reciente de esas políticas iniciadas a comienzos de siglo y rematadas en los tiempos presentes es el documento perpetrado por la Mesa del Congreso de los Diputados que preside Francina Armengol –y digo perpetrado porque todo lo que pasa a un nivel u otro por las manos de esta mujer, al menos en el ejercicio de la única profesión que se le conoce, se perpetra–. Me refiero a las “Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria”, que figuran como Anexo a la Reunión de Mesa de 5 de diciembre de 2023. Ya la Real Academia Española (RAE) se pronunció el pasado 13 de febrero sobre el contenido del texto. Y es que llueve sobre mojado. La RAE había publicado en enero de 2020, a petición de la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, un “Informe (…) sobre el uso del lenguaje inclusivo en la Constitución Española” donde exponía su punto de vista sobre esta cuestión. Mejor dicho, no sobre el uso sexista del lenguaje –sea lo que sea este uso–, sino sobre el lenguaje inclusivo. Según recordaba entonces por enésima vez, el género masculino ya es inclusivo en muchísimos contextos, por lo que no puede privársele de semejante carácter como hacen las “Recomendaciones” en varios de sus apartados. Y encima dando a entender, de modo torticero, que el “Informe” de la Academia de cuatro años atrás había servido como base, junto a otros materiales, para la elaboración de las mencionadas “Recomendaciones”.

No voy a extenderme aquí sobre el documento de la Mesa y las incoherencias que contiene, puesto que la RAE ya se ha pronunciado al respecto y, por supuesto, con muchísima más autoridad que la mía. Pero no puedo dejar de subrayar una de las barbaridades perpetradas. En concreto, el ensañamiento de su redactor –o redactora, no vaya a ofenderse el sujeto o la sujeta– con la palabra “hombre”. Entre las recomendaciones, está la de evitar su uso “en el sentido amplio de ‘ser humano’”. ¿Y cómo se logra?, se preguntarán ustedes. Pues utilizando “‘varón’ en lugar de ‘hombre’ en contextos específicos para referirse al sexo masculino y ‘persona’ o ‘ser humano’ en contextos genéricos”.

Supongo que reparan en que la liquidación del uso de “hombre” como específico y como genérico acarrea su desaparición. En el primer caso la propuesta es sustituirlo por “varón”; en el segundo, por “persona” o “ser humano”. ¿Y el pobre hombre, entonces? No sé si es este el propósito de los promotores del documento –perdón, seamos militantemente inclusivos: de quienes han promovido el documento–, aunque me malicio que algo de eso habrá. Pero lo que no estoy dispuesto a consentir –tanto más cuanto que la ley de Igualdad de 2007 que sirve de faro ideológico a las “Recomendaciones” establecía ya el “fomento [de un lenguaje no sexista] en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas”– es que ese “varón” tenga como pareja, según el propio texto, “mujer”. Aquí o todos moros o todos cristianos. Si el uso de “hombre” como específico ha de evitarse, lo mismo debería ocurrir con el de “mujer”, en beneficio de “hembra”, por ejemplo. Mal que le pese a una hembra empoderada como Francina Armengol.

Comprendo las razones por las que la Asociación Raíces considera una “vergüenza” y un “auténtico escándalo” la resolución judicial de la Audiencia Provincial de Barcelona por la que se archiva la querella interpuesta por dicha asociación contra la Dirección General de Memoria Democrática de la Generalidad de Cataluña. Cómo no voy a comprenderlas si dicha resolución da el carpetazo definitivo a una reclamación moralmente justa y reparadora relacionada con las víctimas de la represión durante la guerra civil. Marcos Ondarra ha venido contando aquí mismo, paso a paso, el empeño de Raíces por incluir entre las actuaciones de la mencionada dirección general la relativa a la exhumación de la fosa común del cementerio de Montcada, donde yacen los restos de cerca de 700 víctimas de la represión en la retaguardia republicana, ejecutadas entre julio de 1936 y abril de 1937 por patrullas de la CNT-FAI. Tras acceder a incorporar la petición a la lista de actuaciones previstas en septiembre de 2020, el organismo de la Generalidad reconoció en julio de 2022 que no estaba entre sus previsiones iniciar exhumación alguna en el cementerio de Montcada, lo que motivó la presentación de una querella criminal por parte de la asociación memorialística contra la dirección general que dos años antes se había comprometido a llevarla a cabo. Es esta querella la que ahora ha archivado la Audiencia Provincial de Barcelona, dando por cerrado el asunto.

Y del mismo modo que comprendo las razones de Raíces, comprendo las esgrimidas por la Audiencia para actuar como lo ha hecho. Son de orden puramente legal y nada tienen que ver, en este caso, con la moral y la justicia. Según el auto, de acuerdo con el marco legal existe “una preferencia respecto a las víctimas que lo fueron por ser contrarias al régimen instaurado con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura”. Sin duda. Basta leer el tercer apartado del “Preámbulo” de la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022 por nuestras Cortes Generales para apreciarlo. En él se contraponen las políticas de memoria totalitaria del franquismo a las de memoria democrática desarrolladas por la democracia. En ambos casos se trata, sostiene el texto, de “la construcción de una memoria común”. Ocurre, sin embargo, que de la redacción se deduce que, así como la totalitaria fue cosa de los vencedores, o sea, del régimen franquista, lo cual es indiscutible, la democrática, atendiendo a un principio de compensación, tiene que ser cosa de los herederos ideológicos de las víctimas de entonces. O sea, una memoria común ma non troppo, construida en el mejor de los casos conforme a una jerarquía que no estaba en modo alguno en los cimientos de nuestra transición a la democracia. De ahí, en definitiva, la preferencia en que se basa la resolución judicial y que permite dejar sin un entierro digno a cuantos continúan yaciendo en la fosa común del cementerio de Moncada, y a sus familiares, sin el duelo al que tienen derecho.

El propio “Preámbulo” atribuye el movimiento que desembocó en 2007 en la ley antecesora de la actual –la conocida como de Memoria Histórica– a lo que llama la generación de los nietos. Ignoro desde cuándo se usa dicha denominación y si debe su nombre a la reivindicación que hiciera el expresidente Rodríguez Zapatero de su propio abuelo, el capitán Rodríguez Lozano, fusilado a mediados de agosto de 1936 por negarse a secundar la rebelión militar. Pero está claro que con aquella ley, recauchutada hace un par de años con la de Memoria Democrática, esos nietos lograron su objetivo, que no era ni sigue siendo otro que el de jerarquizar las víctimas de aquella guerra fratricida, vinculando a un tiempo la condición de demócratas a todas las de un solo bando y negándosela a todas las del otro.

Yo también, al igual que Rodríguez Zapatero, soy nieto de asesinado en la guerra civil. Sólo que ni la ley de 2007 ni la de 2022 van conmigo. Porque a mi abuelo, que era el presidente de la CEDA en Gerona, le dieron muerte unos anarquistas del comité de Orriols una madrugada de noviembre de 1936 –junto a otros ciudadanos cuyo único delito era ser partidarios, como él, de la ley y el orden– tras sacarlo a la fuerza de la celda que ocupaba en la prisión provincial. Terminada la contienda, el régimen franquista lo incluyó entre las víctimas de aquella Cruzada en la que nunca participó, por lo que recibió las honras correspondientes. Pero tanto a mí como a muchísimos nietos más de aquellas víctimas, sin distinción de bandos –a los que vienen a sumarse ya hoy en día los biznietos–, sólo nos sirve un reconocimiento común, el que creíamos haber alcanzado gracias a la política de reconciliación emprendida durante la Transición. ¡Qué ilusos fuimos!

Quienes vamos camino de eso que antes llamaban “una edad venerable” –y digo antes, porque hoy en día lo que se venera no son los muchos años acarreados, sino los pocos que se tienen– contamos a veces con más de una casa. Una en la ciudad y otra en el campo, por lo general. Si encima nos gusta leer, resulta que además de años acarreamos libros. Y ello plantea, claro, un problema. Nuestra biblioteca queda irremediablemente partida en dos. Y por aquello de la ley de Murphy, aun sin tostada de por medio, el libro que necesitamos consultar o quisiéramos releer está siempre en la casa donde nosotros no estamos. Se me dirá que la edición electrónica puede paliar hoy el problema, en la medida en que los libros ya no tienen por qué hallarse en un domicilio concreto, sino que viajan con sus dueños. Ciertamente. Pero la gran mayoría de los volúmenes almacenados por quienes se acercan ya a la vejez son en formato papel y algunos llevan incluso en sus páginas señales o apuntes, por lo que sus propietarios no podrían sustituirlos por ediciones electrónicas, de haberlas, sin sufrir perjuicio. Y está luego, en fin, lo más importante: son muchos aún los que prefieren el papel a la pantalla cuando se trata de un libro. Y, entre ellos, no pocos a los que todavía les queda para alcanzar una edad venerable. Con todo, yo tengo un amigo que parece haber dado con la solución: adquiere el libro en formato digital y si, una vez leído, lo considera digno de figurar en su biblioteca y ser releído o consultado en el futuro, lo compra también en formato papel. A partir de ahí, el lugar donde guarde el volumen pierde si no del todo, sí en gran parte su importancia.

Le oí hace años al editor Jaume Vallcorba sostener, en presencia de Mauricio Wiesenthal, que en las bibliotecas particulares los libros conversan entre sí. De ahí la importancia de cómo se coloquen. Y de ahí también, por supuesto, la trascendencia de su dispersión en distintos domicilios. Habrán visto, seguro, más de una vez en revistas o suplementos culturales secciones tituladas “La biblioteca de…” y a continuación el nombre del escritor, todo ello acompañado de una preciosa foto en la que no hay pared exenta de libros ni a menudo mesa o asiento en los que no se amontonen. El otro día reparé en una de la revista El Ciervo titulada precisamente “La biblioteca de…” y dedicada en el número actual (enero-febrero de 2024) a Carles Casajoana. Aquí no había otra ilustración que el retrato del propio escritor, autor a la vez del texto que daba cuerpo a la sección. Casajoana, aparte de la condición de ensayista y novelista, reúne la de diplomático. Y también la de político, puesto que durante la primera legislatura de gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero trabajó –así consta en Wikipedia– como director del Departamento de Política Internacional y de Seguridad del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y como embajador representante de España en el Comité de Política y de Seguridad de la Unión Europea.

No es difícil intuir, por tanto, que la dispersión de sus libros será aún mayor que la del resto, dado que a la derivada de las dos residencias que posee en España hay que sumarle la que le ocasiona el oficio de embajador con sus moradas provisorias –entre otras, la de ahora en Atenas, y en tiempos de Rodríguez Zapatero, la de Londres–. Lo que no impide que, según sus propias palabras, “quien pudiera verlos en conjunto probablemente resaltaría algunos nombres, por el espacio que ocupan”. Y en la lista que ofrece, junto a autores como Pla, Vargas Llosa, Baroja, Monzó, Updike, Barnes, Echenoz o Kapuscinski, figura Fernando Savater. Ninguno de ellos tiene acotación alguna junto al nombre –entendida aquí acotación como limitación y también como apostilla–, excepto este último. Y el apunte, entre guiones, dice así: “de antes de que sucumbiera como víctima intelectual del terrorismo etarra”.

¡Cuánta ignominia contenida en unas pocas palabras! ¡Cuánta repugnancia deberían producir en cualquier demócrata! ¡Cuánta vergüenza ajena no generan viniendo como vienen de un embajador de España! Que su publicación coincida, aunque no sea a propósito, con la conmemoración del cuarto de siglo de la fundación de ¡Basta ya! no hace sino subrayar aún más la obscena catadura moral de su autor.

Tenía pensado hablarles hoy de lo que anuncia el título y así lo haré. Pero entre el propósito y su concreción se ha cruzado Vox. No sé si Vox Baleares o Vox a secas, dado que lo ocurrido estos últimos días en el archipiélago se inscribe al parecer en una crisis mucho más general. Sea como sea, les recuerdo que en Baleares gobierna el PP en solitario gracias a un acuerdo de legislatura suscrito con Vox. Un acuerdo holgado, de amplia base parlamentaria: 34 diputados –25 del PP, 1 de Sa Unió formenterense y 8 de Vox– sobre 59. Desde entonces ha habido un diputado de Vox que ha pasado a la condición de no adscrito y se espera para hoy mismo que otros dos –el presidente del Parlamento y la presidenta del partido en Baleares– adquieran la misma condición, al haber sido expulsados del grupo parlamentario, que queda así reducido a cinco miembros. Pese a ello, todo indica que la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno presidido por Marga Prohens no peligra. El club de los cinco reivindica –al margen de reclamar una mayor autonomía con respecto a la dirección nacional, causa última de su desencuentro con la cúpula balear del partido y, en definitiva, de la expulsión de sus dos compañeros de filas parlamentarias– el trabajo hecho y el cumplimiento o puesta en marcha de cerca del 40% de los 110 puntos del acuerdo programático suscrito con el PP. 

Y aquí es donde aparece la lengua. O sea, las lenguas. Si en algo incidió Vox en la campaña electoral y en el propio pacto con los populares fue en la cuestión lingüística. Dos legislaturas de gobiernos de coalición de izquierda y nacionalista presididos por la resiliente Francina Armengol habían dejado la administración pública, y en particular la educativa, como un predio del catalanismo. La lengua oficial del Estado había sido barrida poco a poco con el visto bueno del Gobierno central, que no ejercía la autoridad que le otorgaban la Constitución y las leyes y sentencias que de ella emanaban, ya por calculada retracción –el PP de Rajoy–, ya por convicción manifiesta –el PSOE de Sánchez y demás convictos de deslealtad con el Estado al que se supone que representan–. Vox llegaba, pues, a las instituciones y a los gobiernos de aquellas comunidades autónomas con lengua cooficial –el caso de Baleares y el de la Comunidad Valenciana, respectivamente– con el compromiso de devolver a los ciudadanos esa igualdad de derechos reflejada en el libre uso de las lenguas cooficiales en el ámbito público e institucional y, en concreto, de aquella que, antes que cooficial, sigue siendo la única oficial del Estado.

Por más que de las 110 medidas acordadas entre PP y Vox se hayan cumplido o estén en trámite, según afirman unos y otros, cerca del 40%, no todas tienen el mismo valor. Para Vox sobre todo, y para sus votantes. Las concernientes al uso del español, y en especial del español en el ámbito educativo, destacan sin duda alguna sobre el resto. No es, por tanto, causalidad que en las dos crisis que han afectado hasta la fecha a la formación –la de noviembre cuando la negociación de los presupuestos, que terminó con la deserción de un diputado y su asunción de la condición de no adscrito, y la de ahora, con la expulsión de otros dos miembros del grupo parlamentario– la cuestión lingüística haya estado presente. Y ahí es donde entra el PP. Sin querer, claro. Mejor dicho, como quien no quiere la cosa –lo que no implica que esté exento de culpa o responsabilidad–. Y contando, en apariencia, con la comprensión del club de los cinco que ahora capitanea el buque parlamentario de Vox en Baleares.

Lo acordado en su momento entre PP y Vox era la libre elección de lengua en la enseñanza. Es decir, la garantía de su aplicación a lo largo de las distintas etapas. Por supuesto, no de golpe –el curso actual ya estaba diseñado cuando el nuevo gobierno autonómico tomó posesión– ni en todas las etapas a la vez, dada la complejidad de la operación. Por de pronto, la Consejería de Educación se ha comprometido a introducir la libre elección de lengua en el próximo curso en la primera escolarización y a hacer público –el 8 de febrero, en principio– un plan piloto voluntario que debe implantarse el curso siguiente, es decir, el 2025-26, en el resto de los niveles y a gusto del consumidor. Y ahí viene el problema. El consumidor no es en verdad el alumno o su familia, sino el centro donde está escolarizado y quienes lo dirigen. O sea, un intermediario que se erige en mediador entre la administración y el ciudadano. Y ese mediador se comporta con arreglo a un proyecto de centro que incluye un llamado “proyecto lingüístico”. Según un estudio realizado por la asociación de profesores Plis. Educación, por favor –integrante hoy de Escuela de Todos– y publicado en mayo de 2020, la inmensa mayoría de los centros de infantil y primaria de Baleares no prevén en sus proyectos lingüísticos que el castellano sea lengua vehicular, sino todo lo contrario, esto es, que sólo lo sea el catalán. Y es de suponer que si a día de hoy esa proporción ha variado, habrá sido al alza, intensificando aún más el modelo de inmersión lingüística.

Así, y por plan piloto que se implante, resulta difícil imaginar que este resulte eficaz, si por eficaz entendemos que vaya a garantizar el derecho de los alumnos y familiares a la libre elección de lengua. El consejero de Educación –al que la indecente jauría soberanista dispensó no hace mucho en un instituto de Inca, a modo de aviso y amenaza, un recibimiento que no olvidará– tal vez aclare en su comparecencia de la próxima semana cómo va a enfrentarse a esta situación. De momento, los requerimientos de la familia de un alumno de un centro de Calvià reclamando a la Consejería del ramo que su hijo pueda estudiar también en castellano –reclamación amparada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Constitucional– han recibido la misma respuesta que ya habían recibido por parte del Gobierno de Francina Armengol. Si estos padres quieren ir más lejos, deberán actuar como lo hicieron otros con el gobierno anterior. O sea, denunciando a la actual Consejería ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, lo que conllevará para los damnificados un gasto considerable en abogados y procuradores. Y luego, claro, les convendrá tomárselo con calma, cruzar los dedos y confiar en que algún día la Justicia les haga justicia.

Lengua y política en Baleares

    31 de enero de 2024
Ayer por la mañana, nada más levantarme, me di un paseo por El País. Habían despedido a Fernando Savater sin previo aviso, después de casi medio siglo de servicio, y me pareció que la ocasión bien merecía, si no un monumento, sí al menos una lápida. Vana ilusión. Savater habrá desaparecido de las páginas del que fue su periódico sin que este le rinda honores. Llegará el sábado y su columna de la contraportada tendrá otro dueño –aunque lo más probable, por aquello de las cuotas, es que sea una dueña–. A propósito, no deja de resultar curioso que a Savater lo hayan echado por decir lo que piensa y no pararse en barras ni siquiera en sus críticas al propio periódico y, sin embargo, en la edición de anteayer de El País –o sea, del mismo día de autos– la columna homóloga a la suya, firmada como todos los lunes por el insigne poeta que dirige el Instituto Cervantes, finalizara con una loa a la libertad de expresión y a la ética del país –en redonda y minúsculas, eso sí–: “Una cosa es el bullicio en el móvil y otra la ética de un país que supo conquistar una democracia, vencer el terrorismo, detener las dinámicas de corrupción política y defender la libertad de expresión frente a los nuevos brotes de censura. Este país sabe muy bien diferenciar la libertad de expresión de la mezquindad, el juego sucio, los infundios, las manipulaciones y los mercantilismos de la mentira. Dicho queda”.

Pues no. Ni este país sabe diferenciarlo –no existe mayor falacia populista que la apelación al pueblo, al colectivo, como argumento de autoridad–, ni por supuesto este País, a juzgar por como el diario lleva años sosteniendo y mimetizando las políticas gubernamentales y renunciando, por tanto, a ejercer el desapego crítico que cabe esperar de un medio de comunicación. Baste constatar la presencia periódica del director del Cervantes en sus columnas para corroborar esa interdependencia entre la línea editorial y los contenidos del diario, de un lado, y las directrices del Gobierno, de otro. Quizá en eso consista, al fin y al cabo, el carácter “global” de que presume el periódico en aquella parte de su portada donde hace años presumía de su independencia.

El recorrido de ayer por sus páginas me llevó a detenerme, tras lograr superar, no sin dificultades, el artículo del catedrático Sánchez-Cuenca, uno de los intelectuales de cabecera del periódico, en una noticia singular. La había precedido el anuncio de Pedro Sánchez el domingo de un plan de refuerzo de la comprensión lectora y el aprendizaje de las matemáticas como “un gran impulso educativo y de país”. (Por cierto, está visto que con el tiempo y las malas compañías todo se pega: si no ando equivocado, el primero en utilizar este “de país” para aludir a una política de construcción nacional fue Jordi Pujol, y hace de ello ya medio siglo, si no más. Que ahora el PSOE se lo apropie y convierta “Impulso de país” en su lema de campaña podría dar a entender que el principal partido del Gobierno ha dado un giro espectacular y apuesta ahora por reforzar la cohesión y la unidad territorial mediante una política similar a la del nacionalismo, pero aplicada al conjunto de la Nación. Nada más falso, claro, un puro trampantojo sanchista, como tantos ha habido y habrá.)

El caso es que la noticia en cuestión, “Los maestros de primaria recibirán formación didáctica y matemática”, detallaba algunos aspectos del plan. Y, entre otros, que “los docentes de ESO de la asignatura –en su mayoría licenciados en Matemáticas y Física– aprenderán trucos para hacer más atractivas y comprensibles las clases de esta materia”. Ya ven, hemos llegado al punto en que los licenciados tienen que aprender trucos para impartir la materia. Ignoro si el término era de la periodista que firmaba la pieza o si provenía de un portavoz del Ministerio de la maestra Alegría. Sea como sea, he aquí la didáctica trocada en un conjunto de juegos de magia. Y el pobre profesor, rendido de grado o por fuerza a las bondades del aprendizaje socioafectivo de la ley Celaá. Los pedagogos que rigen los destinos de la educación en España han llegado a la conclusión de que la culpa del birrioso rendimiento de nuestros jóvenes en las pruebas PISA, y en particular en la de Matemáticas, la tiene la ansiedad que padecen, lo que al parecer les bloquea e impide que saquen lo mejor de sí mismos. Lo que no entiendo, francamente, es por qué pretenden convertir la clase en un circo, con el perjuicio que vaya a ocasionar semejante medida a quienes no requieren de truco alguno para aprender la materia, en vez de recetar, a los que sí precisan de algún socorro, un simple ansiolítico.

En 1929 Le Corbusier y su primo y colaborador Pierre Jeanneret construyeron en París, muy cerca de donde se ubica en la actualidad la Biblioteca François Mitterrand, un edificio de 500 viviendas para fines sociales. El edificio recibió el nombre de Cité de Refuge de l’Armée du Salut (esto es, Ciudad Refugio del Ejército de Salvación) y fue destinado a albergar, de un lado, los servicios generales de aquel singular ejército y, de otro, a personas y familias que no podían valerse sino gracias a las labores de beneficencia que llevaba a cabo. Ignoro si esa fue la primera vez que se utilizó el concepto de ciudad refugio, pero un siglo más tarde ahí sigue. Sólo que hoy la ciudad a la que alude el sintagma no es como entonces un edificio o un conjunto de edificios con una finalidad específica, ni quienes en ella hallan cobijo son mayormente conciudadanos sin techo y sin blanca. Hoy una ciudad refugio es una ciudad en la que se refugian, bajo el amparo de las autoridades municipales o supramunicipales, ciudadanos de otro país víctimas de una guerra o de una catástrofe humanitaria originada por fenómenos naturales y que, a causa de ello, se hallan también sin techo y sin blanca.

Un partido refugio, de existir, vendría a ser algo parecido: el refugio de cuantos ciudadanos con derecho a voto carecen de asidero electoral. Razones para semejante indigencia puede haber muchas, claro. Pero la principal, la que permite hablar también aquí de catástrofe humanitaria, al menos para una parte considerable de la población española, tiene que ver con la paulatina erosión del Estado de derecho. ¿Desde cuándo? Desde hace un par de décadas como mínimo de forma explícita, aunque los orígenes puedan rastrearse ya, siendo rigurosos, en el desenlace de la Transición misma.

Si toda democracia que se precie se rige por el principio de alternancia, lo menos que puede decirse de la española es que la alternancia se ha producido en el mejor de los casos a pesar del nacionalismo, y en el peor, gracias a él. Lo que significa que el nacionalismo, además de formar siempre parte del sistema, se ha erigido en su eje vertebrador. Dado que el fin último de cualquier movimiento separatista es la segregación de un trozo del territorio del resto, no debe extrañar que la erosión del Estado de derecho haya ido en aumento. En especial, como decía, desde hace un par de décadas, y con singular virulencia en las últimas legislaturas de gobiernos de Pedro Sánchez.

Así las cosas, la frustración que supusieron para tantísimos españoles los resultados del pasado 23 de julio ha reforzado la idea de la necesidad de un partido refugio. Por más que entonces el PP creciera, además de por su derecha, por el centro, al recoger sufragios procedentes de la abstención y el voto en blanco y de exvotantes de Ciudadanos y el PSOE, la cosecha no fue suficiente para desbancar al felón. Y lo que ha venido después, desde la proyectada amnistía hasta el traspaso encubierto a la comunidad autónoma catalana de las competencias en inmigración, ha acrecentado aún más, si cabe, esa sensación de desamparo.

Ante ello, el surgimiento de una fuerza política como Izquierda Española ha abierto un claro de esperanza. No en todos los votantes desengañados, pero sí en muchos de los que, considerándose socialdemócratas y partidarios de la unidad de todos los españoles, no se sienten representados por las formaciones políticas integrantes del actual gobierno y creen que otra izquierda, para nada identitaria, es posible. También, probablemente, en muchos de los que, considerándose liberales o conservadores, ven una ventana de oportunidad en la fructificación de esa nueva opción partidista. Sin duda no van a prestarle su voto, pero confían en que su aparición desgaste lo suficiente a la actual izquierda identitaria en el poder.

Con todo, Izquierda Española sería, a lo sumo, un partido refugio para el votante de izquierda contrario a las renuncias ideológicas de sus actuales representantes y, en particular, a sus connivencias con los nacionalismos. Los liberales que habían engordado en otro tiempo las filas de UPyD y, en mayor medida, de Ciudadanos difícilmente van a encontrar allí un refugio para su voto. Muchos, es cierto, han orientado ya sus pasos hacia el PP o pueden hacerlo en el futuro. Pero en este partido difícilmente encontrarán la determinación necesaria para poner pie en pared ante el chantaje permanente del nacionalismo. Se me dirá que ya está Vox para servirles. Sí, siempre y cuando su liberalismo sea tibio y no le hagan ascos a un conservadurismo que combate el secesionismo desde otro nacionalismo, el español, en vez de contraponer a los efluvios simbólicos y sentimentales del nacionalismo disruptivo la consistencia rocosa de la verdad y la razón. Para quienes aspiren a refugiarse en un liberalismo de esta índole –el único merecedor de tal nombre, si bien se mira– no existe hoy en día partido en el que refugiarse. Ni siquiera como proyecto, que yo sepa.

A no ser que el refugio electoral se entienda como un acto de fe donde lo que menos importe sean las siglas a las que uno vote y lo que más, aquello que Fernando Savater pedía aquí mismo hace un par de domingos a “las llamadas izquierdas y derechas”: “colaborar sin tiquismiquis contra el separatismo nacionalista, teocrático, de género y demás populismos posmodernos que amenazan nuestra tradición ilustrada”. En otras palabras, también suyas, “acabar con esa supuesta incompatibilidad visceral entre izquierda y derecha, de la que se nutre golosamente el sanchismo”.

Un partido refugio

    17 de enero de 2024

No sé qué opinará Javier Cercas de la aparición de Izquierda Española en el escenario político. A juzgar por uno de sus últimos ‘Palos de ciego’ (“Llamamiento a la rebelión”, El País Semanal, 24-12-2023), debería estar la mar de contento. El artículo en cuestión era de un sentimentalismo atroz. Figúrense como andaría el pobre de ánimos cuando lo escribió –hace cosa de un mes, probablemente, dado que el texto se entrega unos quince días antes de su publicación– que confesaba sin rodeos que había decidido repudiar a su padre. ¿El motivo? Haberse ido con otra. Teniendo en cuenta que el padre es Pedro Sánchez y la otra Carles Puigdemont, se entiende el disgusto y el consiguiente repudio. En cambio, que el vástago haya tardado tanto en dar el paso resulta ya más difícil de entender. Lo que Cercas reprocha al PSOE y al Gobierno, o sea, a Sánchez, a partir del 23-J, podía habérselo reprochado mucho antes. Casi casi desde que es presidente del Gobierno. Porque lo esencial –ceder al chantaje del independentismo y, en menor medida, al de otros ismos– ha sido su principal seña de identidad como gobernante. ¿Que ha habido un crescendo en el chantaje y en la cesión correspondiente? Sin duda. ¿Que lo de ahora se veía venir si lo que estaba en juego era el propio poder? También.

El único que parecía empeñado en no verlo, o en no querer verlo, era el propio escritor. Entre palo de ciego y palo de ciego, Cercas publicó unas cuantas tribunas en El País en las que se evidenciaba su fidelidad a la causa. A la causa socialista, teñida ya de sanchismo. De la beligerancia del autor de Soldados de Salamina con el procés y el independentismo no había –ni hay– por qué dudar. Pero, aun así, Cercas creía entonces en su posible redención. El 22 de junio de 2021 escribió una tribuna (“A favor de los indultos / Un acto de fe”) en la que mostraba su apoyo a la medida. Un par de años más tarde, en vísperas de las últimas elecciones generales (“Por qué pienso votar a Pedro Sánchez”, 20-7-2023) basaba su voto, entre otras muchas razones, en que Sánchez y su partido representaban la socialdemocracia, y como la socialdemocracia, nada –por decirlo llanamente–. También reconocía de paso su aversión enfermiza a la derecha y su esperanza de que Sánchez tuviera que depender lo mínimo (¿?) de ERC, Bildu y Podemos –no así de Yolanda Díaz y Sumar, a los que no veía con malos ojos–. Y, en fin, hace cuatro meses aseguraba en “No habrá amnistía” (13-9-2023) que esta no se daría, “no, al menos, como la de 1977, una amnistía que dejara impunes los desafueros cometidos por los líderes del procés”. De ahí, supongo, ante la cuasi evidencia de su yerro en el pronóstico –o, como mínimo, del vergonzoso espectáculo de sumisión al prófugo protagonizado por aquel a quien él confió una vez más su voto–, ese “Llamamiento a la rebelión” publicado el pasado diciembre.

Dicho llamamiento no fue sino una suerte de salida de tono para cargar sobre el conjunto de la clase política –a la que tildaba de “cínica, irresponsable y envenenada por el poder”– la responsabilidad de lo que le había ocurrido, del fiasco que había supuesto para él la pérdida del único asidero electoral con que contaba en esta vida, hasta el punto de asegurar que en adelante votaría siempre en blanco. Sólo así, como una boutade, cabe entender que abogara por la implantación de un sistema electoral en el que nuestros representantes sean elegidos por sorteo.

Claro que tal vez ese ‘Palo de ciego’ sea como el que propinó el 25 de septiembre de 2004 a Juan Marsé. Un palo de lo más cariñoso, por lo demás, pues consistía en pedir para el novelista barcelonés la concesión del Cervantes de aquel año. El propio Marsé lo consignó en el diario que llevaba entonces y lo calificó de “abrumador”. Con todo, el autor de Últimas tardes con Teresa tendría que esperar a 2008 para recibir el premio, ya que en 2004 recayó en Rafael Sánchez Ferlosio. Y lo curioso es que a pesar de la campaña emprendida por Cercas y otros escritores a favor de Marsé, y de la llamada que el propio Cercas le hizo un par de días más tarde del anuncio del ganador –como también recoge Marsé en su diario– para explicarle por qué no le habían dado el premio, la candidatura de Sánchez Ferlosio había sido presentada, entre otros, por el propio Javier Cercas, tal y como recuerda Ignacio Echevarría en una nota referida a la anotación del martes 7 de diciembre (Juan Marsé, Notas para unas memorias que nunca escribiré, Lumen, 2021). Se trataba, en suma, de una estrategia win-win, donde el único que ganaba seguro era el estratega.

Ignoro si ese fue entonces el caso y si también lo es en relación con el “llamamiento a la rebelión” de ahora y sus antecedentes. Sea como sea, la reciente aparición de Izquierda Española en la esfera política debería llevar a Cercas a reflexionar. ¿Tiene sentido mantener esa promesa de votar en adelante siempre en blanco habiendo como parece que habrá una opción mucho más socialdemócrata y radical que las actuales, y encima férreamente antinacionalista? Lo dudo. Y al fin y al cabo, ¿qué importa desdecirse cuando ni siquiera sería la primera vez?

(The Objective, 10 de enero de 2024)

Los medios han recogido la noticia, pero no le han dado, creo, el realce que merece. Sobre todo en un país como el nuestro. El Tribunal Supremo de Israel acaba de rechazar la reforma judicial impulsada por el gobierno de coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu y aprobada el pasado verano por la Knéset, el Parlamento israelí. La conjunción de la derecha, la extrema derecha y las fuerzas ultraortodoxas propició una reforma cuyo propósito era privar al poder judicial de su capacidad de veto con respecto a aquellas decisiones del ejecutivo y el legislativo que considerara exentas de “razonabilidad”. Se trataba, sobra precisarlo, de laminar el poder judicial en beneficio de los otros dos poderes y de hacerlo al máximo nivel. La resolución de la Corte Suprema de Israel, aunque por la mínima –8 magistrados contra 7–, supone, pues, en la práctica la salvaguarda de la imprescindible separación de poderes, pilar de todo Estado de derecho. Y supone, a un tiempo, terminar dando la razón a los miles y miles de ciudadanos israelíes que durante más de medio año han ocupado las calles de su país en protesta por el mencionado proyecto de reforma.

Pero les decía al principio que la noticia tenía, o debería tener, un interés especial para los españoles. Al menos para los que siguen creyendo en la democracia liberal y sus virtudes. Desde hace cinco años y medio, y con creciente intensidad desde las últimas elecciones legislativas, España está viviendo un forcejeo semejante al vivido en el último año en Israel entre los poderes ejecutivo y legislativo de un lado, y el judicial del otro. El acuerdo multiforme que ha permitido a Pedro Sánchez perpetuarse en el poder prevé, entre otras muchas cesiones a las fuerzas independentistas y muy en primerísimo lugar, la concesión de una amnistía que reduciría al olvido los delitos cometidos por quienes participaron en 2017 en el golpe fallido del Gobierno de la Generalidad presidido por Carles Puigdemont y en las secuelas de años sucesivos. Para ello, Sánchez y los suyos necesitan que la tramitación del proyecto de ley de amnistía que ha registrado el PSOE en el Congreso de los Diputados reúna los sufragios necesarios. Si así fuera, a la mayoría formada en Israel por la derecha, la extrema derecha y los partidos ultraortodoxos le correspondería en España la integrada por la izquierda, la extrema izquierda y los nacionalismos de toda clase y condición. Con todo, de prosperar la iniciativa, lo que parece factible, Sánchez debería aún sortear el escollo del poder judicial, algo mucho más espinoso pese a la probada eficacia de los trapicheos que han caracterizado durante el último lustro los nombramientos del Gobierno –asistido por su largo brazo legislativo– en este ámbito. Ah, y para redondear el paralelismo entre ambos países, también en este margen del Mediterráneo hemos tenido en los últimos meses frecuentes y multitudinarias movilizaciones para denunciar lo que millones de ciudadanos ven como un atropello intolerable a sus derechos.

Sea como sea, lo nuestro se encuentra aún pendiente de desenlace. Pero lo ocurrido en Israel, con una resolución tomada por el Tribunal Supremo en pleno conflicto bélico pese a las presiones del propio Ejecutivo de Netanyahu para que la sentencia se demorara hasta que la guerra hubiera finalizado, debería servir de lección a esa izquierda española que se comporta en relación con el poder judicial con un menosprecio cuasi delictivo al tiempo que se permite tildar –incluso por parte de ministros del Gobierno– al Estado de Israel de genocida por perseguir en legítima defensa a los causantes de una de las agresiones terroristas más bárbaras que se recuerdan.

Acerca del creciente antisemitismo de izquierda que se da en Francia, decía el escritor Michel Houellebecq en una entrevista concedida al Corriere della Sera y reproducida por El Mundo que se perdonan “las violaciones cometidas contra mujeres israelíes por el origen de los violadores”. Seguro que de haber conocido el que sufrimos por estos pagos habría llegado a conclusiones parecidas. Y quién sabe si no hubiera llevado su asombro mucho más allá al reparar en la conducta en Oriente Próximo del presidente Sánchez, que lo fue hasta hace cuatro días de la mismísima Unión Europea.

Israel, Estado de derecho

    3 de enero de 2024