Acaso algún lector vea en el título de este artículo una alusión al surrealismo. No es esa la intención, aunque algo de surrealismo hay, para qué negarlo, en lo que está pasando en la irracional izquierda andaluza que anida a la izquierda del PSOE. No, el título no va por ahí. Tiene que ver con la expresión que la flamante candidata a la Presidencia de la Junta de Por Andalucía –la coalición izquierdista con más posibilidades de obtener representación en el Parlamento autonómico–, Inmaculada Nieto, utilizaba el pasado sábado a las 4:00 p. m. para rematar un tuit en exceso optimista: “Aquí está la unidad que nos reclamaban quienes no se resignan ni se conforman. Sumamos, avanzamos, estamos a vuestra disposición y órdenes. Vamos con todas, a por todas. Al lío.”

No se me escapa que “al lío” viene a ser algo así como “vamos allá”. Una especie de “adelante”, que por supuesto la candidata tiene prohibido emplear para no favorecer la candidatura rival de Adelante Andalucía, la de los anticapis y compañía, la de Teresa y Kichi, vaya. Pero, claro, el problema es que el lío en cuestión adquiría la noche misma un perfil muy distinto al rechazar la Junta Electoral de Andalucía la inscripción en la coalición de dos de las formaciones que, según Nieto, contribuían a la suma y al avance, Podemos y Alianza Verde, por haberse producido fuera de plazo. En otras palabras: del contenido de aquel tuit sólo sobrevivía ya el lío, y no en el sentido que se le da en la expresión citada, sino en el más prosaico de “enredo” o “barullo”. Unos y otros –o sea, los que están dentro y los que se han quedado fuera, respectivamente– se echaron enseguida las culpas de lo sucedido. Y por detrás de las discrepancias y acusaciones asomaba el enfrentamiento entre un Pablo Iglesias que ejerce de portavoz en la sombra de Podemos y una Yolanda Díaz que va urdiendo en torno a su persona, con más pena que gloria de momento, eso que llaman, como si estuviéramos en la Sudamérica bolivariana, Frente Amplio.

Ignoro los entresijos de la política andaluza, por lo que toda especulación por mi parte sobre la cuota de culpa que tiene cada facción en el lío que nos ocupa estaría fuera de lugar. Pero sí conozco bastante la política representativa, en especial la autonómica, por haber sido diputado por Ciudadanos en el Parlamento Balear. Y conozco, claro, la forma de proceder de la mayoría de los representantes de Podemos que compartieron conmigo, entre 2015 y 2019, labores parlamentarias. Tanto ellos como nosotros éramos noveles. Nada sabíamos de cómo funcionaba aquello. Pero nuestra observancia de las formas era diametralmente distinta. No diré que en cuatro años nosotros no llegáramos alguna vez con retraso a algún pleno, comisión o acto institucional, sobre todo porque no éramos sino dos diputados para atender a la misma carga de trabajo que el resto de los grupos, todos bastante más numerosos; pero los de Podemos, que al principio eran diez –luego vinieron las peleas y las purgas y quedaron en siete–, habían convertido la tardanza, salvo alguna excepción, casi en una seña de identidad. Y quien dice la tardanza dice el respeto a la institución. La sensación de que el trabajo, fuera o no parlamentario, decididamente no lo era lo suyo se encontraba muy asentada en aquel Parlamento. Y, por lo que fui sabiendo, también en muchos más. En definitiva, lo sucedido ahora en Andalucía no debería causar sorpresa ninguna. Tratándose de Podemos, es más de lo mismo, aunque ahora las consecuencias, acabe como acabe el culebrón, serán sin duda mayores.

El caso es que los sondeos no auguran nada bueno para la izquierda andaluza. Ni para el PSOE, ni para lo que se supone que este partido tiene a su izquierda. Ya sólo faltaba el esperpento de la inscripción por entregas de las principales formaciones que integran Por Andalucía. Suerte que queda poco para el 19 de junio. Y aun sin olvidar que el azar tiene también sus derechos, todo apunta a que los resultados que arrojen ese día las urnas andaluzas serán el feliz anticipo de los que vayan a arrojar, a lo largo de 2023, las del conjunto de España.

Un lío andaluz

    12 de mayo de 2022
Se habla mucho estos días, a propósito de los casos de espionaje, de degradación democrática. No seré yo quien lleve la contraria. Pero, sin desmerecer para nada la gravedad de los hechos y su funesta repercusión en la imagen exterior de España –la interior, rota ya en mil pedazos, mejor la dejamos estar–, mucho me temo que la podredumbre que afecta a nuestra democracia tiene expresiones mucho menos vistosas pero tanto o más lesivas que los efectos del Pegasus de marras. Empezando por todo cuanto afecta a la educación –pública, en especial–, eso que antes se conocía como enseñanza y, antes aún, como instrucción. Y por más que en este fangal haya donde escoger –remito al lector, sin ir más lejos, a lo expuesto en el reciente “Manifiesto en defensa de la Enseñanza como bien público (contra la LOMLOE y las leyes que la preceden)”–, me da que no existe nada tan trascendente como la cruzada emprendida por nuestros pedagogos y legisladores en contra del mérito.

Primero porque son ya muchas décadas de menoscabo sostenido. Pero, sobre todo, porque esa doctrina educativa ha ido inculcando en nuestros jóvenes y ya no tan jóvenes la creencia de que valores como el esfuerzo y el trabajo en vez de favorecer el aprendizaje y el crecimiento personal, los dificultan; de que no hay nada peor que intentar ser el mejor o, por lo menos, uno de los mejores, y alcanzar de este modo el reconocimiento debido. En un mundo cada vez más competitivo, donde lo que se premia es precisamente el espíritu de superación y el triunfo, cuando llega –véase, por ejemplo, el deporte, pero también otros ámbitos, como el mundo de la empresa–, el modelo educativo implantado en España persigue justo lo contrario. Al que destaca o lo intenta, se le cortan las alas o se le ponen trabas, y al que se conforma con ir tirando o fracasa incluso en el cometido asignado, se le pondera su actitud.

Todo ello se ha agudizado en los últimos años, en especial desde que Pedro Sánchez preside el Gobierno de España. El desarrollo mismo de la ley Celaá, con la supresión de las notas numéricas y los suspensos y el impedimento de las repeticiones de curso, unidos a la ausencia de evaluaciones externas que permitan acreditar el nivel de conocimientos de los alumnos, redundará en perjuicio del esfuerzo y el espíritu de superación a que aludíamos más arriba. Y lo mismo ocurre, aunque de forma más general –o sea, no sólo en el campo de la enseñanza–, con el descrédito de las oposiciones en el mundo de la Administración al que conduce la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público aprobada a finales del año pasado.

El pasado martes leíamos aquí mismo como la plataforma Defensa Turno Libre había denunciado ante la Comisión Europea la mencionada ley, al entender que contraviene, entre otras disposiciones legales, al artículo de la Constitución que prescribe que “el acceso a la función pública” debe producirse “de acuerdo con los principios de mérito y capacidad”. O sea, mediante la superación de un examen de oposición donde estos principios queden acreditados. La ley del Gobierno no sólo favorece a los trabajadores interinos de la Administración en detrimento de quienes no lo son, con lo que conculca el principio de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a un empleo público, sino que ni siquiera exige que estos trabajadores temporales aprueben el examen para poder beneficiarse de dicha interinidad. Sobra añadir que detrás de esos interinos está el lobby sindical, esa aleación de paniaguados del gobierno de turno –y, de forma notoria, de los gobiernos de izquierdas–.

En otras palabras: se sustituye el examen de oposición, garante del mérito y la capacidad, por la cooptación, convirtiendo a miles de interinos en funcionarios de carrera. Resulta difícil no asociar a dicho procedimiento un modo de gobernar en que lo último que importa es el libre juego, la igualdad de oportunidades y el interés general.

A comienzos de 2021 le preguntaban a la entonces vicepresidenta Carmen Calvo si el Gobierno iba a terminar la legislatura. Y ella respondía tan pancha: “Sí. Tenemos que culminar un trabajo que es bueno para la izquierda de este país”. Dudo que exista mejor ejemplo de cooptación. Y de degradación democrática, por supuesto.


El menoscabo del mérito

    5 de mayo de 2022
En esta pequeña joya de la literatura que es Madame de Staël, la obra que le valió a Michel Winock el premio Goncourt de biografía de 2010, aparecen reproducidos fragmentos de un libelo escrito en 1796 por Benjamin Constant bajo la influencia benefactora del pensamiento político de la propia Staël y que no figura en el volumen de las Oeuvres de La Pléiade. Constant, uno de los múltiples amantes que tuvo esa mujer en todo excepcional y padre biológico de uno sus cinco hijos, propugnaba en el mencionado libelo el respeto por las formas, en la medida en que “sólo las formas son estables, y sólo ellas ofrecen resistencia a los hombres”. Y al propugnarlo, observa Winock, formulaba una de las bases del Estado de derecho.

En efecto, sin formas no hay Estado de derecho. Bien lo sabía Robespierre, que las había estigmatizado, pues, según él, encubrían la falta de principios. Las formas son el imperio de la ley, nuestro marco de convivencia, la garantía de nuestra libertad. Y son, por supuesto, nuestras instituciones. En sus memorias políticas –Fuego y cenizas–, quien lideró en la primera década de siglo el Partido Liberal de Canadá, Michael Ignatieff, aludía también a su trascendencia: “Ninguna democracia puede gozar de buena salud a no ser que los parlamentarios debutantes admiren y respeten la Cámara, y a no ser que los ciudadanos jóvenes sueñen con ocupar algún día su puesto”. Las instituciones simbolizan esa continuidad, esa ejemplaridad, esa fortaleza. Como dejó escrito Constant, “sólo ellas ofrecen resistencia a los hombres”.

Acaso una de las mayores lacras que nos habrán legado los distintos gobiernos de Pedro Sánchez y otros muchos de color político similar en el ámbito autonómico o municipal sea precisamente el descrédito de las formas. Empezando por las diversas fórmulas de juramento en el momento de recoger el acta de diputado, senador o concejal, convertidas en verdaderas befas a la propia institución de acogida y al Estado de derecho que hace posible su existencia, y siguiendo con el proceder diario de sus señorías, en especial, aquellas que por su cargo ostentan un alto nivel de responsabilidad.

En los últimos días este medio ha publicado dos noticias que evidencian el grado de deterioro de nuestro sistema de representación parlamentaria. O sea, de nuestra democracia liberal. De una parte, la que implica a Meritxell Batet, tercera autoridad del Estado después del Rey y el presidente del Gobierno. Como relataba aquí mismo hace un par de días Ketty Garat, la presidenta del Congreso de los Diputados convocó el pasado martes, al término del Pleno, a la Mesa “para modificar la normativa que regula las mayorías necesarias para permitir la entrada de formaciones políticas en la Comisión de gastos oficiales, antes llamada de secretos oficiales”. ¿El objeto de tal modificación? Que tanto los representantes de ERC, Junts y la CUP como el de EH-Bildu puedan estar presentes en la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia para dar explicaciones sobre el supuesto espionaje de Pegasus. Y, por descontado, en cuantas comparecencias más tengan lugar en lo sucesivo. Lo grave no es sólo la introducción en dicha comisión de un verdadero caballo de Troya independentista deseoso de acabar con el propio Estado; lo grave es sobre todo que para ello la mayoría de la Mesa del Congreso, con su presidenta al frente, no haya tenido el menor empacho en poner la Cámara al servicio del Ejecutivo modificando la normativa vigente hasta entonces. O sea, saltándose las formas con total arbitrariedad.

Y ayer mismo Luca Constantini traía la noticia del coste para las arcas públicas del viaje de placer organizado por la ministra Irene Montero a Chile acompañada de su directora de comunicación y de sus hermanas Isa Serra y Teresa Arévalo –esta última, asesora y niñera a un tiempo–, aprovechando la toma de posesión del nuevo presidente, Gabriel Boric. 8.180 euros pulidos en un fin de semana. Y cerca de la mitad en concepto de alojamiento, muy probablemente en las suites del hotel donde pernoctaron. El resto corresponde al pasaje de vuelta en un vuelo comercial. Todo ese dinero se lo habrían ahorrado de haber regresado el mismo día de la toma de posesión en el avión en que viajaba el Rey. El contraste no puede ser mayor. El jefe del Estado dando ejemplo y una ministra del Gobierno dando la nota y pagándola con el dinero de todos los ciudadanos.

Si algún día esta pesadilla termina, vamos a necesitar Dios y ayuda para recomponer el paisaje social y político y poner de nuevo en valor las formas. Suponiendo que estemos aún a tiempo.

Sin formas no hay democracia

    28 de abril de 2022
Andaba yo el otro día leyendo un artículo de Jordi Amat sobre Gabriel Ferrater escrito con ocasión del centenario de su nacimiento y el medio centenario de su muerte (“Gabriel Ferrater, el lector del siglo XX”, ‘Babelia’, El País, 15-4-2022) cuando me di de bruces con la expresión “cultura minorizada”. Juraría que era la primera vez. Hasta entonces yo siempre había visto el adjetivo de marras adherido a la lengua, como mandan los cánones de la sociolingüística nacionalista –y perdón por la tautología–. Se me dirá, y con razón, que no estoy al día. Acabo de comprobar en Google que dicha expresión aparece un montón de veces en relación con la cultura vasca, la gallega, la catalana y ¡hasta la asturiana! Por no movernos de eso que la Constitución llama “las demás lenguas españolas”. Ahí lo dejó Herder con su Volksgeist y ahí seguimos, al parecer, tras dos larguísimos siglos de ilustración y progreso.

Pero volviendo a Amat y a su interesante artículo sobre Ferrater –como interesante debe de ser, sin duda, la biografía del escritor que él mismo acaba de publicar–, es importante precisar el contexto en que se inscribe la expresión que hace al caso. El articulista la vincula con el curso sobre Historia de la Literatura Catalana que Ferrater impartió entre 1965 y 1966 en la Universidad de Barcelona y donde habló de la obra de cuatro grandes poetas, Josep Carner, Guerau de Liost, Carles Riba y Josep V. Foix. (El curso prosiguió el año siguiente con el análisis de la obra de tres no menos grandes prosistas, Joaquim Ruyra, Josep Pla y Víctor Català.) Y, al respecto, afirma que de su contenido se extrae “una explicación tan profunda y sugerente como él sobre el desarrollo de esa cultura minorizada”. Podría pensarse, pues, que la citada minorización tiene que ver con la producción literaria de los autores citados, que abarca tres cuartos de siglo XX. Pero ello sería, claro, por contraste, dado que ningún conocedor de sus respectivas obras pondría en tela de juicio su valor ni, en según qué casos, su excelencia. (Y, en especial, cuando esas obras se comparan con las que sus homólogos de hoy en día son capaces de elaborar.)

Cabe también la posibilidad de que Amat, situado en los años en que Ferrater impartió ese curso, atribuya dicha minusvalía cultural a la dictadura franquista. Es indiscutible que en nada favoreció aquel régimen a la cultura catalana. Aparte de alguna revista, casi no había prensa en catalán. Y por más que entonces los libros escritos en esta lengua llevaran ya dos décadas editándose de nuevo, lo hacían tras superar por lo general multitud de trabas. Claro está que esas trabas, concretadas en una férrea censura gubernativa, también las padecía la producción literaria en castellano –como muy bien sabe el propio Amat, que ha escrito más de un ensayo sobre el asunto– y no por ello se la califica, que yo sepa, de minorizada. Por no hablar de las limitaciones impuestas a la libertad de expresión en el resto de las manifestaciones culturales hispánicas en las que la lengua ni siquiera contaba o contaba muy poco. Si bien se mira, y sin movernos del franquismo, el principal recorte sufrido entonces por la lengua catalana y la cultura que de ella emanaba –no hace falta indicar que había una parte considerable, y muy considerada, de esa cultura catalana cuya lengua de expresión era el castellano– fue el que resultaba de la imposibilidad de aprenderla en la escuela, donde la enseñanza en lengua materna estaba, para los catalanohablantes, prohibida. Sólo en algún centro docente privado podía ejercerse tal derecho.

Y aún podemos plantearnos una última posibilidad: que esa “cultura minorizada” no disponga de un tiempo y un lugar al que agarrarse, y consista tan sólo en un ensueño, cuando no en un desahogo con el que se expresa, consciente o inconscientemente, la frustración por lo que pudo ser y no fue. Vencidos ya 42 años de pleno autogobierno en el marco de una democracia liberal y traspasadas desde hace décadas al Gobierno de la Generalidad de Cataluña todas las competencias imaginables en el ámbito de la enseñanza, la cultura y los medios de comunicación, no queda más remedio que convenir en que esta sería sin duda la peor de las hipótesis.

Una cultura minorizada

    21 de abril de 2022
Está por ver qué ocurrirá en Francia el próximo 24 de abril. Casi todo el mundo da por hecha la reelección de Emmanuel Macron, atendiendo al resultado del pasado domingo y a la recomendación de voto de los candidatos presidenciales que quedaron excluidos al no superar el corte. O sea, de todos los demás menos Marine Le Pen. Y atendiendo también a la tradición republicana, esa que llama a cerrar filas contra la extrema derecha, de modo parecido –salvadas sean todas las distancias– a como una mayoría de franceses se pusieron a partir de 1940 del lado del general De Gaulle cuando la Alemania de Hitler invadió el país y la gloriosa y ya decrépita figura del mariscal Pétain encarnó la colaboración con el invasor. Aun así, insisto, el desenlace está por ver. Que un líder político pida el voto para uno de los dos presidenciables que han alcanzado la segunda ronda, como han hecho casi todos los descartados en la primera –alguno, como Jean-Luc Mélenchon, ha pedido que no se votara a Le Pen, lo que no es exactamente lo mismo–, no comporta por fuerza que sus votantes vayan a seguir sus consejos. Los habrá que, incapaces de confiar en el candidato propuesto, se refugien en la abstención –uno de cada cuatro electores ya lo hizo el domingo– y también los habrá que, paradójicamente, decidan votar por aquel –en este caso, aquella– al que se pretende cerrar el paso en las urnas. La elección de la papeleta no compete más que al votante. Y a menudo la carga el diablo.

La casi coincidencia de la primera ronda de las presidenciales francesas con la constitución en España del Gobierno de Castilla y León ha llevado a algunos políticos y a no pocos comentaristas a establecer los inevitables paralelismos entre ambos países. O sea, entre el comportamiento de sus clases políticas respectivas. Así, a la inefable apparátchik socialista Adriana Lastra le ha faltado tiempo para reclamar en España un cordón sanitario semejante al francés que deje fuera de juego a la extrema derecha de por aquí, sin querer reparar, por supuesto, en que lo mismo podrían exigirle los populares a los socialistas en relación con cuantos gobiernos de nuestro país, empezando por el del Estado, se sostienen gracias a las alianzas entre el PSOE y formaciones de extrema izquierda y del nacionalismo –independentista o no–, cuyo carácter disruptivo supera en buena medida el de Vox.

Por su parte, entre los comentaristas entregados a analizar la realidad política francesa a la luz de los resultados del domingo y a extraer de ello lecciones hasta cierto punto aplicables a estos pagos se ha dado como una extraña melancolía. La de no ser Francia. No me estoy refiriendo ahora a la nostalgia embadurnada por el recuerdo de aquella Segunda República que fracasó. Ni a los beneficios que acaso nos procuraría disponer de un sistema electoral de doble vuelta. Ni siquiera a esa grandeur –esto es, a esa sana ambición, a esa excelencia moral– de la que tan escasos andan nuestros políticos y, en particular, quien preside el Gobierno de España. Me refiero a la decisión, tomada a derecha e izquierda, de anteponer a cualquier cálculo mezquinamente partidista los valores republicanos –o sea, los de la Ilustración– y la consiguiente apuesta por una Europa unida. En otras palabras, a pedir a sus votantes que apoyen con su sufragio, directa o indirectamente, al actual presidente.

Lo curioso del caso es que dicha melancolía, en lo tocante al ruedo ibérico, no tiene como asidero ningún pasado glorioso. Cuando menos en el último siglo. Estaba la Transición, es cierto, pero enseguida se vio que, una vez completada con éxito y celebrada por unos y otros, se abría de nuevo en España la veda del enfrentamiento. Y se abría por parte de la izquierda y el nacionalismo –el odio, en España, parece tener dueño–, y de forma notoria a partir del acceso de José Luis Rodríguez Zapatero a la secretaría general del PSOE y luego a la Presidencia del Gobierno. Memoria histórica, lo bautizaron. O sea, regreso sañudo y justiciero a una guerra civil que los perdedores se empeñan todavía en ganar. Allí donde los franceses cuentan con un referente que les une, la victoria contra el nazismo, los españoles no tenemos más remedio que conformarnos con uno que nos divide y cuyo fuego se atiza a conciencia y de forma creciente desde el cambio de siglo. No existe, pues, paralelismo alguno entre ambos países, ni posibilidad ninguna de que los dos grandes partidos lleguen a disolverse en gran medida, como ha pasado en Francia, en algo parecido a esa La République en Marche de Macron. Ni tampoco cabe esperar, en fin, que la reacción a la amenaza de un populismo de derecha o de izquierda fomente una concentración de fuerzas en defensa de nuestros valores constitucionales –nada distantes, por cierto, de los republicanos del país vecino–.

Así pues, dejémonos de melancolías unitarias cuya base resulta, por desgracia, inexistente y de futuras e improbables concordias transversales. La izquierda patria y los nacionalismos de toda especie con los que esta se hermana están ahí para hacerlas inviables.

España no es Francia

    14 de abril de 2022
Desde que Alberto Núñez Feijóo, coincidiendo con su advenimiento como líder supremo de los populares, reivindicó la fórmula para su partido, no paro de darle vueltas a esto del bilingüismo cordial. Será que no soy gallego. Por lo que he podido comprobar en las hemerotecas digitales, se trata de una expresión muy de allí. Tan de allí que a los columnistas gallegos que acostumbro a leer ni siquiera les ha llamado la atención. Pero no me malentiendan. No estoy diciendo que forme parte de lo que se conoce como acervo popular. A no ser, claro, que limitemos ese acervo al ámbito del Partido Popular de Galicia. Entonces sí, entonces puede considerarse popular con todas las de la ley. Es más, su autor intelectual, quien posee los correspondientes derechos, no es otro que el propio Feijóo. Acuñó la fórmula a mediados de 2007, cuando la Comunidad estaba gobernada por el bipartito social-nacionalista de PSOE y BNG y él era el jefe de la oposición y futuro aspirante a la Presidencia de la Xunta por el PP. Acababa de aprobarse el Decreto de uso y promoción del gallego en el sistema educativo –que no era sino un decreto de inmersión lingüística encubierta– y Feijóo corrió raudo a levantar la bandera cordial del bilingüismo para contraponerla a la imposición del monolingüismo en gallego. 

Bien es verdad que por entonces había surgido en Galicia una asociación, Galicia Bilingüe, que reivindicaba el derecho a la libre elección de lengua en la enseñanza. En otras palabras: un movimiento ciudadano, ajeno a intereses partidistas, que plantaba cara a la política lingüística gubernamental. Feijóo y su PP, pues, se subían a la ola, demostrando que la cordialidad no estaba reñida con los intereses electorales. Y tanto se subieron que dos años más tarde, en vísperas de los nuevos comicios autonómicos y ante el crecimiento del movimiento impulsado por Galicia Bilingüe –presentaron más de 100.000 firmas de apoyo en la Cámara autonómica y acudieron también al Parlamento Europeo–, Feijóo se comprometió, en caso de victoria, a poner en práctica lo que la asociación reivindicaba. Y llegó la victoria y la formación de un nuevo gobierno. Lo que no llegó, en cambio, fue la libre elección de lengua. En su lugar, Feijóo se aferró a un trilingüismo de nuevo cuño en las aulas –a las dos lenguas cooficiales se añadía el inglés– con ribetes presuntamente cordiales.

Así pues, lo que el flamante presidente del Partido Popular proponía este sábado en Sevilla tenía detrás un largo recorrido con más de un claroscuro. Cuando menos en Galicia, donde se ha estado aplicando desde hace cerca de tres lustros. A mí, qué quieren, eso de mezclar las evidencias –o sea, la existencia de hablantes de una u otra lengua cooficial, o de ambas, y los consiguientes derechos que les asisten– con las virtudes del corazón, no me parece en principio mala idea. Al fin y al cabo, quien más, quien menos todos somos una emulsión de razón y sentimiento. Pero debo reconocer que sí me preocupa que al poco de invocar Feijóo su fórmula y proyectarla a la política nacional, saliera el asturiano Adrián Barbón, presidente del Principado y secretario general del PSOE regional, a aplaudir con las orejas. Para Barbón y su Gobierno, comprometidos en lograr durante la presente legislatura la cooficialidad del bable y el eonaviego, en nada difiere el bilingüismo cordial de Feijóo de la “oficialidad amable” que ellos propugnan en Asturias. Dicho de otro modo: mientras las políticas lingüísticas se revistan de cordialidad o amabilidad, cualquier objeción está de más, por razonada y razonable que sea. Convendrán conmigo en que no andamos muy lejos del mantra aquel del diálogo que todo lo cubre y encubre.

Ignoro cómo implantará Feijóo, en caso de alcanzar en un futuro la Presidencia del Gobierno de España, ese bilingüismo cordial. Pero si acaso estuviera dispuesto –cosa que dudo, francamente– a coger el toro por los cuernos y afrontar de una vez por todas el problema del ninguneo del castellano como lengua de enseñanza e institucional en no pocas regiones de la periferia peninsular e insular –y entre ellas Galicia–, yo le aconsejaría que empezara por hacer lo que no ha hecho nunca el PP cuando ha gozado en las Cortes de mayorías suficientes. A saber: aprobar sin demora una ley de Alta Inspección Educativa que permita al Estado y a sus leales servidores velar por la igualdad de derechos en las aulas o, lo que es lo mismo, garantizar en el conjunto del territorio español la aplicación de nuestro ordenamiento jurídico fundamental –y, más en concreto, el referido a la lengua y la educación–, llegando incluso a suspender cuando proceda las competencias de los gobiernos autonómicos renuentes a acatar y cumplir la ley. Cordialmente, claro está.

Hace justo una década las Ediciones Encuentro publicaron por vez primera en español La escuela que necesitamos, de E. D. Hirsch. Se trata de un libro fundamental para entender el declive de la educación en Estados Unidos durante el siglo pasado –el original inglés es de 1999– y para entender a su vez las causas de la pendiente por la que llevaba ya tiempo despeñándose el sistema educativo español y que hoy en día, cuando las notas se han evaporado por completo de la enseñanza obligatoria y la corrección política ministerial ha recauchutado el “suspenso” como un “no conseguido” –tras fracasar por cierto, debido al parecer a la oposición de los representantes del profesorado, en el intento de sustituirlo por un ridículo e hilarante “en proceso de logro”–, difícilmente puede despeñarse más. Y si fundamental es el libro, no menos fundamental es el prólogo a la edición española.

Lo firmaba Francisco López Rupérez, la persona que más sabe sin duda de educación en España y que en aquel lejano 2012 presidía con todos los merecimientos el Consejo Escolar del Estado. Pues bien, entre sus reflexiones, motivadas por el libro y la obra pedagógica de Hirsch –promotor del movimiento Core Knowledge– y sostenidas en evidencias aportadas por trabajos de autores pertenecientes a distintas disciplinas, figuraba la siguiente: “La integración del conocimiento en una estructura bien organizada es la condición de un aprendizaje efectivo capaz de ser aplicado en contextos diversos. Por todo ello, y sobre la base de los resultados de décadas de investigación empírica, la psicología cognitiva nos advierte que pretender enseñar competencias generales en detrimento de los contenidos específicos en los que estas se apoyan constituye un procedimiento pedagógico ineficaz”. No hace falta añadir, creo, que a eso precisamente se han entregado con armas y bagajes cuantos gobiernos socialistas han gestionado en España la educación desde los tiempos mismos de la Transición.

Pero no hay que desesperar. Dicen que de tanto tensar la cuerda al final se rompe, y puede que algo así esté empezando a ocurrir –crucemos los dedos– con el empecinamiento de nuestro pedagogismo de izquierdas en “enseñar competencias generales en detrimento de los contenidos específicos en los que estas se apoyan”, por retomar las palabras de López Rupérez. O también con la obsesión de toda esta pléyade de pedagogos por el cómo en detrimento del qué, obsesión a la que se suma una ignorancia voluntariosa de las evidencias en provecho de un igualitarismo militante que no atiende a hechos ni a razones.

El pasado sábado El Mundo publicaba una entrevista de Olga R. Sanmartín a Ana Hernández Revuelta, jefa de estudios del IES Julio Verne de Leganés. El Julio Verne es uno de los centros más demandados de la Comunidad, con un porcentaje de graduados en secundaria que ronda el 100%. Su éxito radica en haber puesto el conocimiento en vanguardia, por delante de todo lo demás. Hasta el punto de programar en 3º y 4º de ESO clases de 90 a 120 alumnos, a los que enseñan un día por semana, simultáneamente y durante 3 horas, siete profesores. Esa docencia conjunta resulta de la necesidad de relacionar, en el proceso de aprendizaje, los contenidos de distintas materias –historia, física y química, literatura, inglés, dibujo, educación física, música, por ejemplo–, tomando el periodo histórico como pilar esencial, de forma que los contenidos vayan entrelazándose y explicándose unos a otros. La metodología no es nueva, ciertamente, pues se ha utilizado ya en centros privados y concertados. Pero, que yo sepa al menos, no en institutos de secundaria, a pesar de la lógica y el sentido común a los que responde. Y lo importante es que, poniendo el conocimiento en primer plano, ese método de enseñanza se ha demostrado eficaz y ha dado resultados medibles y evaluables. Se entiende que la ministra Alegría, en su visita al centro, no saliera de su asombro ante lo que vio. Aunque su capacidad de asombro, todo hay que decirlo, debe de ser inversamente proporcional a la edad y a los conocimientos que acredita para ser ministra –como tantos colegas de Ejecutivo, por otra parte–. O sea, una capacidad descomunal, inconmensurable.

Sostenía también Hernández Revuelta en la mencionada entrevista que para nada hay que renunciar a la clase magistral. En el Julio Verne no sólo la mantienen, combinándola con la docencia conjunta, sino que la consideran, en palabras de su jefa de estudios, como “la mejor herramienta para que los alumnos adquieran un conocimiento que luego necesitarán”. Y para impedir –y eso ya no lo dice ella, claro– que puedan repetirse situaciones como la vivida hace un montón de años, cuando aún existía el COU, por una profesora de Historia del Arte de un centro docente de Barcelona. Y, si no impedir del todo que ocurra, sí reducir al menos su frecuencia. El caso es que esta profesora iba pasando en clase diapositivas sobre la Última Cena –la de Leonardo, la de Juan de Juanes, la de Bassano, etc.– y añadiendo a cada una el comentario pertinente, que no excluía la comparación de una obra con las demás, cuando de repente un alumno levantó la mano y preguntó: “¿Y esos por qué salen siempre cenando?” Y conste que el despeñamiento del sistema educativo estaba aún por llegar. O eso creíamos.


De tarde en tarde, los medios de comunicación nos regalan sondeos de opinión que tienen como objeto descubrir por dónde van las preferencias electorales de los españoles. No estoy hablando, por supuesto, del manoseo periódico del CIS de Tezanos con los números, cuyo objeto no es otro, como saben, que ajustar la prospección demoscópica a los intereses de quien le premió con el cargo. Me refiero a los sondeos que intentan reflejar honestamente la opinión de los ciudadanos, puestos en la tesitura de tener que decir qué votarían hoy si hoy fuera mañana. Pues bien, una vez hecha y publicada la encuesta, es costumbre que los medios de comunicación analicen los resultados y saquen las pertinentes conclusiones. Del mismo modo que es costumbre leer o escuchar a los líderes o portavoces de las distintas fuerzas políticas opinando, motu proprio o a petición de parte, sobre lo que la demoscopia ha deparado a los suyos.

En estos casos yo suelo fijarme casi siempre, ustedes perdonen, en la estimación de voto del que fue mi partido, Ciudadanos, y en la posible representación parlamentaria o municipal que de ella se siga. Ni les cuento lo mal que está el asunto desde hace por lo menos un par de años. Pero también me fijo, cuando al partido se le asigna una hipotética presencia institucional –lo que no suele darse a menudo, hay que reconocerlo–, en qué parte del tablero lo sitúan a la hora de imaginar futuras coaliciones. Siempre, o casi siempre, a la derecha. Es verdad que lo más a la izquierda de la derecha, pero nunca, o casi nunca, lo más a la derecha de la izquierda. Dicha querencia de los medios refleja –mal que les pese a los representantes de la formación, que suelen reclamar una centralidad alejada por igual de derecha e izquierda– una realidad incuestionable. Al partido se le percibe, para bien o para mal, como un partido defensor del Estado de derecho. Insisto: ya pueden esforzarse sus dirigentes en reivindicarse como bisagra; hoy por hoy los ciudadanos ven a Ciudadanos como un partido situado a la derecha, no a la izquierda. Y por supuesto, tampoco en el centro.

Lo cual tiene sin duda su qué. Si concedemos a Ciudadanos la etiqueta de formación liberal –esta que el propio partido, por cierto, parece lucir con orgullo desde su convención de julio de 2021–, habrá que convenir en que el liberalismo español, según el termómetro de la opinión pública, se halla resueltamente a la derecha. Al otro lado del terreno de juego político no se encuentran sino diversos grados de intervencionismo estatal –dirigismo, igualitarismo, ingeniería social, políticas identitarias, etc.– ajenos por completo al respeto, y no digamos ya al cultivo, de lo que se entiende por libre iniciativa individual y, en definitiva, por ciudadanía.

Así las cosas, empecinarse en la existencia de un centro liberal que lo mismo podría sumar sus fuerzas a derecha que a izquierda sin perder por ello su esencia, es engañarse y engañar al prójimo. Este centro, hoy por hoy, no existe; es un anhelo, un espejismo, un ensueño. Al menos por estos lares. España no es Alemania. Aquí la socialdemocracia partidista tiene unos tintes de intolerancia ideológica y de superioridad moral difícilmente compatibles con la convivencia, la libertad y el respeto a la ley. Aquí, para hablar claro, ni siquiera hay fuerzas políticas capaces de arbitrar. Lo que hay es una suerte de establishment nacionalista que inclina desde hace décadas la política española a un lado u otro del tablero, atento siempre a sus ganancias y sin que le importe lo más mínimo eso que llamamos el interés general.

Se acercan elecciones. Autonómicas, municipales, legislativas, europeas. En cada una habrá donde escoger. Incluso más que otras veces. Pero en esta ocasión el voto ya no lo puede llevar el diablo. Por opciones que existan, sólo aquellas que garanticen la defensa y el apuntalamiento de nuestro Estado de derecho con la libertad y la igualdad como banderas merecen ser tomadas en consideración. Por nuestro bien, que debería ser el de todos los españoles.

El centro no existe

    24 de marzo de 2022
“La filología catalana va mucho más allá del sentido o de los sentidos que solemos atribuir a la palabra filología. [A] un filólogo catalán (…) se le reconoce una autoridad en todo cuanto guarda relación con Cataluña y sus problemas. (…) De todos es sabido que los filólogos catalanes hablan del futuro de la lengua, pero también de los agravios políticos seculares o de la balanza fiscal de la administración catalana con la del Estado. Ahora bien, aunque no hablaran de todo eso, aunque nunca se hubieran referido a ello, la autoridad la seguirían teniendo. La tienen por su condición de filólogos, de filólogos catalanes, no porque posean una competencia especial en la materia.” Son palabras mías. Las escribí hace quince años, con conocimiento de causa y después de haber renunciado, no a mi condición de filólogo, pero sí a la de filólogo catalán. Cuando se publicaron, el Gobierno de la Generalidad tenía como vicepresidente a un filólogo catalán, Josep-Lluís Carod-Rovira. En la legislatura anterior, con Pasqual Maragall de presidente, el que luego sería vicepresidente había sido algo parecido en rango, consejero jefe, si bien no más allá de 38 días, el tiempo necesario para que trascendiera que en ejercicio del cargo se había reunido con dirigentes de la banda terrorista ETA en el sur de Francia para tratar de alcanzar una suerte de paz separada, esto es, que ETA dejase de matar, aunque sólo fuera en Cataluña.

La vicepresidencia de Carod-Rovira, con sus múltiples vertidos identitarios, empezando por los lingüísticos –y no únicamente en Cataluña; también en Baleares y la Comunidad Valenciana, mediante subvenciones a asociaciones y medios de comunicación pancatalanistas–, sirvió para allanar el camino a lo que vendría después. O sea, al gran salto adelante de Artur Mas, coronado años más tarde por el no menos grande –por más que en este caso al vacío– de Carles Puigdemont. Puigdemont iba también para filólogo catalán, pero dejó esos estudios por los de periodismo y al poco se especializó en comunicación internacional. Los contactos de sus secuaces de confianza con emisarios de la Rusia de Putin en busca de recursos financieros –que tal y como revelaba esta misma semana El Confidencial, se remontan a finales de 2015 y en los que el propio Puigdemont llegó a participar en junio de 2019– pueden considerarse un corolario de dicha especialización. Un corolario delictivo, no hace falta precisarlo, en la medida en que el objetivo perseguido no era otro que el de propiciar en España un golpe de Estado separatista y, al fracasar en el intento, seguir laminando nuestra democracia para justificar, a ojos del mundo, las ansias secesionistas del independentismo catalán.

Laura Borràs, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de procesar por malversación, prevaricación, fraude y falsedad documental por haber favorecido a un amigo con contratos adjudicados a dedo fruto de un previo e ilegal fraccionamiento mientras dirigía la Institución de las Letras Catalanas, es también licenciada en filología catalana. Fue además la apuesta personal de Puigdemont como candidata a la Presidencia de la Generalidad en las últimas elecciones autonómicas, celebradas en febrero de 2021. A la lista que encabezaba, la de Junts per Catalunya, le faltaron algo más de 400.000 votos y un escaño para alcanzar el primer puesto en la liza particular entre independentistas, o, lo que es lo mismo en los últimos tiempos, para ser investida presidenta. No tuvo, pues, más remedio que conformarse con el segundo premio, la Presidencia del Parlamento autonómico. Por otra parte, cuando la exdirectora de la Institución de las Letras Catalanas fue propuesta como candidata a la Presidencia de la Generalidad, llevaba ya un año imputada por esos contratos que promovió y avaló. Y aunque no necesariamente una imputación tiene que derivar en un procesamiento y la apertura de un juicio oral, en este caso los indicios de la existencia de un posible delito clamaban ya al cielo. Dio igual. La desobediencia, como se sabe, es consustancial al independentismo catalán, y en especial, al más radical.

Lejos de mi intención establecer con este artículo una relación de causalidad entre la condición de filólogo catalán, tal como la describí hace tres lustros, y el hecho delictivo. Pero no me negarán que resulta cuando menos curioso que tres miembros de este colectivo –demos por buenos los primeros pasos académicos de Puigdemont– hayan alcanzado la Vicepresidencia y la Presidencia de la Generalidad y la Presidencia del Parlamento, respectivamente, y se hayan significado a un tiempo, en el ejercicio de su cargo, por su desafío a la legalidad. Los dos últimos siguen en activo, uno fugado y la otra a punto de sentarse, mal que le pese, en un banquillo. Sólo Carod-Rovira está ya retirado. Gracias a “la Caixa”, por cierto, que le montó hace diez años una Cátedra de Diversidad Social vinculada a la Universidad Pompeu Fabra de modo muy parecido a como los acaudalados burgueses barceloneses ponían antaño a sus queridas el correspondiente pisito.


1. Del mismo modo que Europa no empieza en los Pirineos, tampoco termina en Ucrania. En otras palabras, Rusia –una parte, al menos– también es Europa. Así lo evidencia cualquier mapa al uso, físico o político. Hace cerca de 33 años, cuando faltaban sólo unos meses para la caída del muro de Berlín, Joan Ferraté escribió en el Diari de Barcelona un artículo en el que le afeaba al eminente filólogo hispánico e insigne supremacista catalán Joan Coromines el haber confundido Europa con la Europa con que soñaba la Alemania nacionalsocialista, o sea, una Europa exenta –entre otras exenciones mucho más pérfidas y criminales– de todo trazo eslavo, y el haber olvidado, por tanto, que sus límites orientales coincidían con los Montes Urales y la ribera este del Mar Negro. Hoy en día esa confusión sigue dándose, aunque con tintes distintos. Hoy lo que se confunde es Europa con la Unión Europea. O, si lo prefieren, la pertenencia insoslayable a una determinada área geográfica, por nacimiento o residencia, con la voluntad de pertenecer a una determinada área política. Ucrania, donde gobernantes y gobernados parecen ir todos a una en su resolución de ser y considerarse europeos, es un vivo ejemplo de ello. No así Rusia, donde la resolución no se da. Ni se acepta. Al menos si uno se atiene a las querencias de sus gobernantes, que no coinciden por fuerza con las de muchos de sus gobernados geográficamente europeos y quién sabe si también deseosos de considerarse como tales.

2. Sostiene el sovietólogo rumano Armand Gosu, en la excelente entrevista que le ha hecho Marcel Gascón para Letras Libres, que “la Unión Europea como proyecto debe ser atractiva, despertar entusiasmo” y que “en el momento en el que nadie quiera entrar en la UE será un proyecto muerto”. Está muy bien visto y muy bien dicho. Pero, por desgracia, excepto un par de países renuentes de la Europa septentrional, Islandia y Noruega, otro de la Europa central, Suiza, y el siempre retráctil Reino Unido, el resto de los países atraídos por el proyecto político europeo –o sea, que han solicitado formalmente la adhesión o son ya candidatos oficiales–, han sufrido durante décadas los estragos del comunismo. Sólo Turquía es un caso aparte. La atracción, pues, tiene mucho que ver con el ansia de libertad, de bienestar y, en definitiva, de democracia de los ciudadanos que los habitan.

3. La Unión Europea no constituye en modo alguno un todo homogéneo, por más que la invasión rusa de Ucrania haya contribuido a fortalecer unos vínculos que en los últimos años se habían ido aflojando cada vez más. El euroescepticismo, aun cuando en determinados Estados miembros abunde más que en otros, no deja de ser en el fondo bastante transversal. (Y no privativo, sobra indicarlo, de las fuerzas de la derecha más extrema.) El fenómeno inmigratorio y la incapacidad de la Comisión Europea de acordar en este terreno una política común mínimamente efectiva han dado alas a quienes ven en la pertenencia a la Unión más inconvenientes que ventajas. No en vano uno de los temas que destacan en la campaña de las próximas presidenciales francesas es el de la seguridad. O sea, el de las fronteras: que si hay que apostar por una frontera única para toda la UE o si cada Estado debe seguir con la suya y al que le toque doble ración peor para él. Disyuntiva que en estas últimas semanas se ha hecho extensiva –y no es la primera vez– a la defensa. ¿Debe tener la Unión un ejército propio o basta, por el contrario, con la aportación que cada uno de sus Estados hacen ya a la OTAN? No son disyuntivas fáciles de resolver. Sobre todo porque los Estados siguen siendo celosísimos de sus competencias cuando toca cederlas.

4. La tentación de recurrir al pasado para tratar de comprender el presente es un viejo y razonable recurso. Y no porque la historia vaya a repetirse –ni como farsa ni como tragedia–, sino porque el pasado contiene claves de interpretación que no conviene menospreciar. Otra cosa es la tentación, a la que somos tan proclives, de establecer paralelismos. Con la guerra de Ucrania esos paralelismos han abundado. En las entrevistas, en las informaciones y, por supuesto, en los artículos. Y lo curioso del caso es que, en España al menos –y excepto honrosas excepciones–, a Putin se le ve mucho más como a un nuevo Hitler que como a un nuevo Stalin. “En las Brigadas Internacionales de Zelenski, varios españoles combaten ya ‘contra Putler’”, titulaba hace unos días El Confidencial una crónica. Y el propio expresidente González consideraba en una entrevista en La Sexta que el presidente ruso “se parece más a la figura de Hitler que a la de Stalin”. Por no hablar de los surfeos dialécticos que nuestros comunistas en el Gobierno o en las instituciones se ven obligados a hacer a diario para no hundirse en la evidencia. O sea, en lo que el historiador británico Laurence Rees –autor de un libro, Hitler y Stalin (Crítica), en el que analiza y compara la ideología y el proceder de ambos sociópatas– señalaba recientemente en otra entrevista, publicada en El Cultural, cuando le preguntaban si veía alguna similitud entre Putin y Hitler: “No realmente. La comparación más apropiada es entre Putin y Stalin”. Afirmación que apuntalaba en una generosa y consistente ristra de hechos y argumentos. Pero en un mundo como el nuestro donde el conocimiento ya no vale un chavo y donde lo que importa por encima de todo son los sentimientos, ¿qué fuerza pueden tener esas palabras cuando se las confronta con la creencia de que el comunismo, al contrario que el fascismo y el nazismo, estaba en el fondo lleno de buenas intenciones?

Acotaciones a una guerra europea

    10 de marzo de 2022
Como haciendo de la necesidad virtud ante los nuevos desastres de la guerra, se habla mucho estos días del resurgimiento de Europa. El eurodiputado Luis Garicano, que está viviendo a pie de obra ese presunto renacer, publicaba ayer aquí mismo un artículo donde la esperanza alternaba con la indignación. Una esperanza cimentada, entre otros hechos y razones, en la reciente aprobación en la Eurocámara de una resolución de condena de la invasión de Ucrania, de defensa de su soberanía y de apoyo a la solicitud de adhesión de este país a la Unión Europea, y una indignación que resultaba de la postura adoptada en la misma votación –y en otras de sentido parecido– por los representantes de Podemos, IU y Bildu –o sea, de partidos políticos que forman parte del Gobierno de España o le prestan un sostén decisivo–, que se abstuvieron o votaron en contra.

El ejemplo de Alemania, al que también apelaba Garicano, sirve de reverso al español. Un gobierno de coalición donde el SPD, al igual que el PSOE aquí, es la fuerza mayoritaria y cuyo compromiso con el país agredido se ha vuelto, tras un titubeo inicial, firme y decidido, hasta el punto de aprobar el envío de armas a Ucrania y un aumento de hasta un 2% del PIB en el gasto militar. Nada que ver con lo nuestro, claro. En España seguimos pagando el peaje de un gobierno con un presidente que un día dice blanco y otro negro. Ayer mismo, sin ir más lejos, prometía en el Congreso enviar armas a Ucrania, pese al rechazo de sus socios parlamentarios y de coalición. Eso fue ayer. Mañana Dios dirá.

En los últimos días la vicepresidenta Díaz y el ministro Garzón han tomado la palabra en relación con esta guerra cuya existencia tanto les incomoda tener que afrontar. La primera para refugiarse en el mantra del pacifismo al afirmar que el gobierno de coalición que vicepreside “está actuando con determinación para proteger la paz”, como si en un país en guerra hubiera paz que proteger. Y el segundo para, aun condenando sin paliativos la invasión, trazar un paralelismo entre el imperialismo de Putin y el de la Rusia zarista, como si entre el zar Nicolás II y el supuesto zar Vladimir de ahora, no hubieran mediado un Lenin, un Trotski o sobre todo un Stalin, esto es, una Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, caracterizada no sólo por sus políticas criminales de exterminio –y, entre ellas, el Holodomor ucraniano–, sino también por sus ansias colonizadoras, ejemplificadas en sus múltiples invasiones y anexiones conforme a los designios de la Internacional Comunista.

Pero, sin movernos del ámbito declarativo, acaso la reacción más representativa de esa izquierda extrema –a la que se suma en su rechazo al envío de armas la derecha extrema de los Orban y Salvini– sea la del insumiso Jean-Luc Mélenchon, émulo de Podemos en la vecina Francia. Mélenchon, el candidato de izquierda a las presidenciales francesas mejor situado –aunque sin posibilidad alguna, según los sondeos, de superar el próximo 10 de abril la criba de la primera vuelta–, recordó el pasado viernes que él ya dijo hace años que “de existir amenaza, Rusia cruzaría las fronteras”. La amenaza a la que aludía era, claro, la esgrimida por Putin, o sea, la posible presencia de fuerzas de la OTAN en Ucrania. De ahí que, a su juicio, no haya que culpar de la guerra a los afanes (re)conquistadores del presidente ruso, sino a la propia Ucrania, por haber llamado a la puerta de la Alianza Atlántica y solicitado integrarse en ella, aunque fuera a años vista. Putin no quería, viene a decir Mélenchon, pero no le ha quedado más remedio que llevar a cabo la invasión.

Las palabras de Mélenchon corresponden, no hace falta precisarlo, a las de un antiamericanista de manual, de esos que están en contra por principio de la globalización, del liberalismo y de todo lo que pueda tener, como la OTAN, a Estados Unidos detrás. Y responden al mismo pensamiento, si pensamiento hay, de nuestros insumisos particulares, empezando por los que están en el Gobierno o a su vera. Otra cosa es que su pertenencia al Ejecutivo les permita siempre expresarlo con la misma rotundidad que el candidato francés.

En 1948 Pío Baroja insertó en las páginas iniciales de La intuición y el estilo, quinta entrega de sus memorias, una reflexión sobre Rusia que viene ahora a propósito: “No se comprende que la Rusia de hoy tenga simpatías en ningún país de Europa amante de la libertad. Rusia está oficiando de tarasca y haciendo el juego a todos los reaccionarios del mundo que pueden justificar el despotismo y la arbitrariedad en sus respectivos países”. Han pasado cerca de tres cuartos de siglo y lo menos que puede decirse es que ojalá la Rusia de Putin fuera sólo una tarasca. El problema es que está yendo mucho más allá, como lo demuestran la propia invasión de Ucrania y las amenazas a las Repúblicas Bálticas y a los países Escandinavos más cercanos. Esa guerra de hoy tiene ya muy poco de fría. Y, aun así, hay quienes por estos pagos continúan creyendo que el imperio del mal está al otro lado del Atlántico. Y lo peor es que encima gobiernan.

De acuerdo, Teodoro García Egea es ya un árbol caído, y de esta clase de árboles está feo, dicen, hacer leña. Traten pues, en la medida de lo posible, de ver reflejada en la figura del ya exsecretario general del Partido Popular la de tantos políticos españoles que ejercen o han ejercido una función orgánica similar, en este u otro partido y al mismo nivel o en puestos subalternos, en vez de la muy concreta del diputado murciano. En otras palabras, intenten quedarse con el arquetipo, con el modelo, dado que la madera, a fin de cuentas, es si no la misma, sí muy similar.

Contaba el martes Lucía Méndez en El Mundo que García Egea iba repitiendo en los últimos días, entre otras palabras, las que siguen: “No dimito porque no me sale de las pelotas, si quieren algo, aquí les espero, que reúnan los apoyos para forzar un congreso extraordinario.” Como es de sobra conocido a estas alturas, desde el mismo martes por la noche esos apoyos estaban reunidos, el presidente Pablo Casado había prometido convocar una semana más tarde un Congreso Extraordinario y el propio secretario general había presentado tras mucho resistirse su dimisión y renunciado, por tanto, a conducirse en función de lo que podía salirle de las pelotas. En crisis políticas como la que está viviendo el PP los acontecimientos se precipitan que da gusto y todo pronóstico corre el riesgo de ser desmentido a la vuelta de la esquina por la realidad.

Pero este artículo va de pelotas y a ellas hay que volver. Decía antes que lo importante aquí es el arquetipo y no tanto la persona de García Egea. Hagan un simple ejercicio: imagínense a otro ex, José Luis Ábalos, pronunciando las mismas palabras que el exsecretario general de los populares y seguro que el ensamblaje no les parecerá ni osado ni inverosímil. Y hasta pueden extender la simulación a la actual vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, sustituyendo, eso sí, las pelotas por lo que el género aconseje. Esas maneras broncas, desafiantes, chulescas son características de quienes tienen encomendado, en un partido, el trabajo sucio. O sea, el control de la organización, la labor de capataz, el manejo del palo y la zanahoria. Y en este punto no hay diferencias entre siglas. Ni siquiera matices. Da igual que el partido sea centenario, refundado hace décadas o de nuevo cuño; da igual que prometa regenerar la política inyectándole dosis cada vez más altas de transparencia y participación, o que se ahorre la molestia; da igual que gobierne o esté en la oposición: el arquetipo no varía. Y la justificación de su existencia es siempre la misma. Hay que mantener al partido unido y evitar toda disidencia, toda desviación, toda corriente. Hay que preservar al líder, librarle de los engorros que conlleva la gestión de los roces, las intrigas, los piques, las rivalidades. Y, sobre todo, hay que cortar cabezas cuando estas sean percibidas, con razón o sin ella, como una amenaza presente o futura al actual liderazgo. Por ceñirnos a lo ocurrido en el Partido Popular, este fue en el pasado reciente el caso de Cayetana Álvarez de Toledo y este ha sido ahora el de Isabel Díaz Ayuso.

Decía ayer Sonia Sierra aquí mismo, en un estupendo artículo y con pleno conocimiento de causa, que “España tiene un serio problema con la partitocracia”. Sin duda. La ley de partidos fue ideada y tramitada parlamentariamente por los mismos partidos que debían aplicársela. Y esta ley, combinada con la que regula nuestro régimen electoral, favorece el coto cerrado, la obediencia ciega a la organización, la promoción de los mediocres, el desprecio del talento, el progresivo distanciamiento y desconexión entre representantes y representados; la propia democracia, en definitiva. Resulta, pues, apremiante emprender su reforma y, al mismo tiempo, acometer la de la ley electoral.

Los partidos nacidos en el presente siglo –de los de siempre poco cabe esperar en este sentido– llevaban o llevan en sus programas el compromiso de reformar esta última ley. Pero, una vez alcanzado el gobierno u obtenida la capacidad de influir en él, han olvidado al acto sus promesas y compromisos, por impresas y numeradas que estuvieran o estén en un pacto de legislatura. Así las cosas, me temo que sólo un movimiento de opinión que parta de la sociedad civil y utilice las vías de las que esta dispone para hacerse oír puede llegar a vencer, andando el tiempo y a condición de adquirir el suficiente relieve y ejercer la suficiente presión en la agenda pública, la resistencia granítica al cambio de nuestras formaciones políticas. Y si de ello se siguiese, al menos, que los Teodoros y sus respectivas pelotas tienen que ir echándose poquito a poco a un lado, pues miren, algo habríamos mejorado, ¿no?

Las pelotas de Teodoro

    25 de febrero de 2022
A estas alturas de la película poselectoral castellanoleonesa, y a pesar de los amagos supuestamente amigos de Pedro Sánchez y sus peones, todo indica que el Partido Popular va a intentar alcanzar acuerdos con el provincianismo del lugar a fin de configurar una mayoría parlamentaria que le permita gobernar la región. Para ello, precisará que Vox se abstenga en la investidura, lo cual convendrán conmigo en que es mucho suponer. En otras palabras: parece que la dirección de los populares ha optado por moverse en una geometría compleja, no euclidiana, en un espacio en que la distancia más corta para la gobernabilidad no es ya la recta, o sea, un pacto de gobierno entre PP y Vox, sino una amalgama de siglas con las franquicias provinciales, a las que acaso podrían unirse las de un partido como Ciudadanos, que no está ya para demasiados trotes y menos aún opositores. De hecho, ese estratega sin par llamado Teodoro García Egea ponía el otro día como ejemplo de un gobierno de este tipo el que rige a día de hoy los asuntos públicos del municipio mallorquín de Llucmajor y en el que participan hasta cinco formaciones distintas, comparando sin rubor alguno la constitución de un gobierno municipal con la de uno autonómico y, lo que es peor, soslayando que tras aquellos comicios locales de 2019 el PP balear no tenía otra opción, si quería regentar el consistorio, que unir como fuese una línea de puntos partidistas. Nada que ver, no hace falta añadirlo, con la disyuntiva planteada en Castilla y León.

La negativa del PP y de Pablo Casado a gobernar con un partido, Vox, que según los últimos sondeos rozaría ya o superaría incluso el 20% del sufragio en unas hipotéticas elecciones generales –le votaría, pues, un elector de cada cinco–, y cuya tendencia además es al alza; esa negativa, digo, empieza a resultar incomprensible para gran parte de sus propios electores, tanto más cuanto que basta una simple ojeada a los programas de uno y otro partido para cerciorarse de que es bastante más lo que les une que lo que les separa. Y no se trata sólo de los sondeos. Las tres elecciones autonómicas celebradas entre 2021 y 2022 en Cataluña, Madrid y Castilla y León lo han confirmado con creces. Y, aun así, la dirección de los populares sigue empecinada en buscar otras vías, que no son, al fin y al cabo, sino versiones distintas de una misma vía muerta.

Desde el día aquel de octubre de 2020 en que Pablo Casado decidió que debía alejarse de Santiago Abascal como de la peste y no encontró mejor modo de hacerlo que llenándolo de improperios durante el discurso que pronunció con ocasión de la moción de censura al Gobierno de Pedro Sánchez presentada por el segundo, el partido que preside tomó una falsa ruta. Y no hay que engañarse con el cariño que le dispensaron las encuestas hace cerca de un año y durante unos cuantos meses: no era el PP de Casado el destinatario del roce; era, ¡ay!, el PP de Ayuso, la incontestable vencedora en la batalla de Madrid. Y, en vez de aprovechar aquella coyuntura para fortalecer su liderazgo, Casado y quienes le secundan decidieron, aplicando la famosa “ley de hierro de la oligarquía” formulada por Robert Michels –de la que había sido ya víctima notoria la todavía diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo–, que había que cortar las alas a la presidenta madrileña. 

El Partido Popular de Casado se había fijado como prioridad recuperar el voto que Ciudadanos le habría robado –por decirlo con el lenguaje que suelen emplear los políticos–. A estas alturas, si todavía no lo ha logrado, poco le falta, gracias en buena medida a la colaboración desinteresada del partido presidido por Inés Arrimadas. Pero en ese viaje al centro –otra vez la langue de bois de nuestra clase política–, en ese intento de volver a lindar, como en los buenos tiempos, con el PSOE, descuidó el otro flanco, el derecho, hasta el punto de que en estos momentos corre seriamente el riesgo de acabar perdiendo por este costado lo que se supone que ha ganado por el otro. De haber seguido la senda marcada por Álvarez de Toledo y Ayuso –que no era sino la fijada al principio, conviene recordarlo, por el propio Casado–, la relación de fuerzas entre ambas formaciones sería muy distinta de la actual.

Con todo, demasiado a menudo se olvida que una parte nada despreciable de los electores que depositan ahora su confianza en Vox la habían depositado en su momento en Ciudadanos. Me refiero al Ciudadanos de los primeros tiempos, al que no tenía complejo alguno en defender la igualdad y la libertad de todos los españoles, primero desde Cataluña y luego desde el conjunto de España, al Ciudadanos que se enfrentaba a cara de perro con el nacionalismo y denunciaba los trampantojos y las censuras de la corrección política. Esas banderas –perdón de nuevo por el tópico– también las ha recogido y las alza el PP de Ayuso, pero no así el de Casado. Y es un error, que en Castilla y León amenaza con repetirse.

El principal objetivo del Partido Popular y de Vox debería ser a día de hoy demostrar que pueden gobernar en coalición en una comunidad autónoma. Sería la mejor forma de convencer a tantísimos millones de españoles de que la unión de ambas formaciones constituye a corto plazo la única alternativa plausible –otra cosa es que sea la más saludable– al actual Gobierno de España.

¿Y ahora qué, PP?

    17 de febrero de 2022
Creo que fue Jon Juaristi quien sostuvo hace ya algún tiempo y en estas mismas páginas que la izquierda y el nacionalismo comparten, en esencia, un mismo afán por la subversión, un mismo fondo, por así decirlo, revolucionario. La idea, al margen de cuál fuera la noticia a la que entonces se aplicaba, tenía recorrido. Y los acontecimientos políticos de estos últimos años en España no han hecho sino corroborarlo.

Ese afán por la subversión o, lo que es lo mismo, esa querencia por la alteración del orden establecido suele asociarse por lo general a una política opositora. No faltan ejemplos. Recuérdese la intervención del entonces responsable de Estrategia Electoral del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando en la jornada de reflexión del 13 de marzo 2004, contraviniendo lo estipulado en la propia ley electoral, salió a la palestra informativa para decir: “Merecemos un Gobierno que no nos mienta, un Gobierno que diga siempre la verdad”. O la convocatoria vía SMS, aquella misma tarde, ante la sede del Partido Popular –la del “¡Pásalo!”–, cuya autoría la hoy portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez adjudicó hace algo más de siete años a la iniciativa de “la sociedad que se rebeló contra la mentira”, después de que Pablo Iglesias la reivindicase como algo que partió de aquella ultrapolitizada Facultad de Políticas de la Complutense de la que él formaba parte. O, en un terreno más simbólico desde el punto de vista institucional, la serie de campañas herederas del movimiento del 15-M para “rodear”, “ocupar” o “asediar” el Congreso, organizadas en lo más crudo de la crisis económica por diversas plataformas, colectivos y coordinadoras con el objetivo manifiesto de asaltar la sede de la soberanía popular y lograr la dimisión del Gobierno de Mariano Rajoy. Unas campañas, por cierto, a las que precedió el bloqueo del Parlamento catalán en junio de 2011 por parte de los llamados “indignados” –para entendernos, la CUP de aquellos tiempos–, lo que llevó al entonces presidente Artur Mas y a numerosos diputados a tener que acceder al recinto, para su vergüenza, en helicóptero.

Pero, como decía al principio, esa pequeña muestra de casos, fácilmente ampliable a poco que uno rebusque en las hemerotecas, corresponde a la subversión opositora. Existe otra subversión, que no queda más remedio que calificar, por paradójico que resulte, de gubernamental. El ejemplo más notorio acaso sea el intento de golpe de Estado del Gobierno de la Generalidad de octubre de 2017 –con el antecedente de la promulgación un mes antes en el Parlamento autonómico de las denominadas “leyes de desconexión”–, en la medida en que su presidente no deja de constituir la representación ordinaria del Estado en Cataluña. Con todo, se trata de una rebelión de un gobierno contra otro de rango superior, por lo que, en puridad, el componente opositor seguiría siendo aquí el dominante.

No es el caso de otra práctica que, aunque venga de lejos, se ha acentuado sin duda desde que Pedro Sánchez preside un gobierno socialcomunista con el apoyo nada desinteresado de nacionalismos de toda clase y condición. Me refiero a la que consiste en paralizar desde el gobierno –en general, mediante un decreto ley– una iniciativa empresarial bendecida por un gobierno anterior, de ideología contraria, a sabiendas de que dicha iniciativa cuenta con todos los requisitos legales para ser ejecutada. El caso más frecuente afecta al urbanismo y al medio ambiente. ¿Cuántos proyectos de urbanización residencial elaborados conforme a la ley y dotados de los pertinentes permisos han sido paralizados en España porque, según el correspondiente gobierno de izquierdas –con o sin el concurso del nacionalismo–, resultaban lesivos para el medio ambiente? En la gran mayoría de los casos y al cabo de un tiempo que suele contarse por lustros, una sentencia de los tribunales ha obligado a otro gobierno –a menudo de distinto color– a permitir el desarrollo del proyecto paralizado y a indemnizar con sumas millonarias a sus promotores. Un dinero, este, que no sale jamás de los bolsillos de quienes tomaron la decisión de frenar su curso, sino de los presupuestos públicos, es decir, de los bolsillos de los ciudadanos, con lo que deja de destinarse al interés general.

Esa práctica subversiva y despilfarradora se da sobre todo en el ámbito autonómico, que es donde se ejercen hoy en día gran parte de las competencias. Pero el actual Gobierno del Estado tampoco ha tenido el menor reparo en recurrir a ella, ya sea por vía directa, ya sirviéndose de la mayoría de que dispone en las Cortes. Piensen, por ejemplo, en los estados de alarma que nuestro Alto Tribunal ha declarado inconstitucionales atendiendo a los recursos presentados por Vox. Acuérdense asimismo de la enmienda introducida en la vigente ley de Educación, a instancias de los socios nacionalistas del Gobierno, por la que el castellano deja de ser considerado lengua vehicular en la enseñanza –ley cuyo destino, en lo relativo a determinados artículos, depende también de la sentencia del Constitucional, al que recurrieron en su momento PP y Vox–. Y, volviendo al ámbito autonómico, el Gobierno de la Generalidad catalana –y, jurisprudencia mediante, también su equivalente en Baleares– sigue empecinado en ignorar que el modelo de inmersión lingüística ha sido declarado ilegal, en la medida en que no cumple con la sentencia que obliga a impartir por lo menos un 25% de la docencia en nuestra lengua común, incluyendo en dicho porcentaje una asignatura troncal.

Ese desprecio reiterado por el Estado de derecho desde las propias instituciones del Estado responde sin duda a la convicción, por parte de la izquierda y el nacionalismo, de que sus decisiones son moralmente justas y no deben estar sujetas, por tanto, al imperio de la ley. Y en la medida en que pone permanentemente en cuestión el equilibrio de poderes y el orden constitucional, ese desprecio se vuelve desafío. De la gravedad que esto supone para la convivencia, las libertades y, en definitiva, la democracia misma no parecen ser conscientes quienes así actúan como representantes de la Nación al más alto nivel. ¿O sí?


La subversión gubernamental

    12 de febrero de 2022
El próximo 21 de febrero la UNESCO celebrará un año más el Día Internacional de la Lengua Materna. Ese Día, como todos los días mayúsculos que se celebran hoy en el mundo –y hay tantos que el calendario, pobrecillo, no da abasto–, tiene un valor meramente simbólico. Sirve, o debería servir, para que tomemos conciencia de la importancia de la lengua mamada desde la cuna, sea esta la nuestra o la de cualquier otro ciudadano del mundo. Cierto, la lengua no es la leche, pero convendrán conmigo en que las campañas institucionales o asociativas que promueven en ambos casos la prevalencia de lo materno sobre lo artificial o sobrevenido apenas difieren entre sí: nada tan sano, tan nutritivo como lo natural, vienen a decirnos. A no ser, claro, que esas campañas se den en regiones o países caracterizados por eso que los sociolingüistas y los ingenieros sociales –uno y lo mismo, al cabo– llaman “lenguas en conflicto” y estén impulsadas por los afines a semejante doctrina. En este caso, sólo una de esas dos lenguas, la presuntamente “minorizada” a manos de la otra, se hará merecedora de los cuidados que corresponderían a lo materno.

Lo que no significa que esa lengua victimizada vaya a ser reivindicada como tal. Fíjense en el catalanismo, o sea, en el nacionalismo catalán en sentido lato. Durante el franquismo y hasta los tiempos mismos de la transición democrática reivindicó sin reparo alguno el derecho a la enseñanza en lengua materna. Fue llegar la autonomía y olvidarse al punto del término y del concepto. Para el catalanismo de aquel entonces la lengua ya no podía ser como la leche. Recordar en el discurso público la importancia de lo materno hubiera comportado admitir que existían en Cataluña millones de ciudadanos cuya lengua de cuna no era la que el nacionalismo quería ir poco a poco imponiendo. Hablar en su lugar de lengua propia, en cambio, remitía al territorio y no a los hablantes, a las piedras y no a las tetas –por decirlo a la manera de la inefable ministra Montero–. Y en eso tanto gobierno como oposición, catalanistas todos al cabo, estaban plenamente de acuerdo.

Hoy, tras más de cuarenta años de autonomía, sólo reivindican en Cataluña el derecho a la enseñanza en lengua materna beneméritas y esforzadas asociaciones, surgidas la mayoría del ámbito educativo y de la resistencia al nacionalismo. Y ese derecho lo reivindican para los castellanohablantes, que son, claro está, los que no lo tienen garantizado, sin que quepa inferir de ello que se lo niegan a los catalanohablantes. En absoluto. Pero como la política es el arte del posibilismo, muchas de estas asociaciones, antes que reclamar, como sería lógico, un modelo de tres líneas –dos monolingües y una bilingüe– donde cada familia pueda elegir la que mejor se ajuste a sus querencias, prefieren apostar por un modelo de escuela bilingüe, en el que tanto catalán como castellano sean usados como lenguas de la enseñanza.

Yo he sido siempre partidario de la libre elección de lengua. Y si me dieran ahora a escoger entre las tres líneas citadas para que un hijo mío recibiera instrucción en la escuela, es muy probable que, en vista de la ciénaga en que se ha convertido la sociedad catalana y de la utilización maniquea del idioma por parte del nacionalismo, optase por una línea monolingüe en castellano. O sea, por una lengua de enseñanza que no es mi lengua materna ni tampoco la de la madre de este hijo. Pero ello no impide que entienda perfectamente que una asociación como Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) defienda con uñas y dientes ese mísero e insuficiente 25% de enseñanza en castellano reconocido por los tribunales y exija que se aplique en toda la geografía catalana –y pronto, espero, también en la balear–. Y no sólo lo entiendo, sino que aplaudo el empeño y la convicción con que la AEB lo demanda. A fin de cuentas, el posibilismo consiste en buena medida en saber medir los tiempos. Y, a veces, lo que puede parecer un paso atrás no es sino el frenazo necesario para tomar impulso y dar dos adelante. O los que hagan falta.


Suele ocurrir cada vez que se celebran elecciones generales en algún país de nuestro entorno: los resultados son analizados por los partidos políticos españoles –y por no pocos medios de comunicación afines– a conveniencia de parte, resaltando lo que pueden tener de propicio y subestimando cuanto no se adecua a sus intereses. Pero, por encima de todo, desde una óptica española, de forma muy parecida a como Julio Camba, ejerciendo de rana viajera, nos describía hace cosa de un siglo, siempre con sus compatriotas presentes en la retina, cómo eran los ingleses, los franceses, los alemanes, los italianos o los portugueses. Pasó con los resultados de las legislativas alemanas de septiembre de 2021 y ha vuelto a pasar ahora con los de las portuguesas del domingo. (En abril tenemos presidenciales en Francia, pero la propia naturaleza de estas elecciones, sin equivalente en España –mal que les duela a nuestros conspicuos republicanos de salón–, y la manifiesta insignificancia en que chapotea desde hace años la izquierda francesa, y en particular el partido socialista, nos ahorrarán sin duda el espectáculo.)

En todo caso, la mayoría absoluta de António Costa en Portugal no sólo ha desencadenado en las filas del socialismo patrio la lógica satisfacción –al punto, figúrense, de que hasta la balear Armengol se ha permitido mandar parabéns al vencedor–, sino que ha favorecido a un tiempo las especulaciones analógicas. ¿Ocurriría lo mismo en España si Podemos abandonara el Gobierno y arrastrara consigo la mayoría de los apoyos parlamentarios con que cuenta Pedro Sánchez? ¿O si fuera el propio Sánchez quien se adelantase y convocase elecciones anticipadas? Dejando a un lado que en España las cuentas públicas de 2022 ya están aprobadas y pueden prorrogarse de cara a 2023; que la distancia que separa hoy en día al PSOE de la mayoría absoluta es sideralmente superior a la que precisaba el Partido Socialista Portugués para alcanzarla en la Asamblea de la República cuando sus aliados parlamentarios tumbaron su propuesta de presupuestos, y que, en fin, los españoles podemos ser más o menos iberistas, pero no por ello vamos a ser portugueses y comportarnos como tales; dejando a un lado todo lo anterior, insisto, y cuanto pueda añadirse de un orden semejante, lo verdaderamente significativo, lo que constituye el hecho diferencial español con respecto a cualquier otra democracia europea, es el nacionalismo, o sea, los nacionalismos centrífugos y disolventes que acarreamos.

Lo vimos en el pasado, donde, mandara quien mandara, PSOE o PP, y sin mayoría absoluta –por imperiosa necesidad de formar gobierno– o con ella –por si acaso–, los nacionalismos vasco y catalán han sacado siempre tajada, ya estatal, ya autonómica, de su presencia en las Cortes. Y lo estamos viendo en estos últimos años, de forma particularmente dolorosa, con los gobiernos de coalición socialcomunista y sus cesiones continuas y crecientes a los separatismos. Este es el hecho diferencial español. No hay otro. Y mientras no cambiemos las reglas del juego electoral y la propia ley de partidos, poco importa la naturaleza del país vecino al que aspiremos a emular: aquí seguirán mandando los de siempre, más moderados o radicales, según sople el viento político, pero nacionalistas al cabo. O sea, disolventes y centrífugos. 

Cuarenta años atrás, si la contabilidad no me falla, iba yo recorriendo en coche el Ampurdán con un amigo y el delegado territorial de Cultura de la Generalidad para el que este amigo trabajaba, cuando, al pasar junto a unas ruinas, ya no recuerdo si griegas o romanas, que estaban siendo excavadas, el delegado exclamó: “¡Para que luego digan que no tenemos dos mil años de historia!”. El hombre, por supuesto, militaba entonces en Convergencia. Ahora, si aún viviera, estaría detrás de Puigdemont y suscribiría sin duda, henchido de orgullo, ese currículo de la ESO que el actual Gobierno de la Generalidad ha elaborado y en el que, por ejemplo, la asignatura de Latín tiene como uno de sus propósitos que el alumno sea capaz de “valorar y argumentar el papel de la civilización latina en el origen de la identidad catalana y europea”, sin que la pobre Hispania, incluso sin identidad, aparezca en parte alguna del texto.

A eso hemos llegado con nuestras particulares e intransferibles jerigonzas políticas. Y así las cosas, estarán de acuerdo conmigo en que no deja de ser un milagro que todavía exista esta España nuestra.

El jueves de la semana pasada el diario Abc revelaba que entre las alegaciones que la Real Academia de la Historia (RAH) había presentado al proyecto de real decreto en el que figuran las enseñanzas mínimas que nuestros futuros bachilleres habrán de estudiar y cuyo dominio se supone que habrán de acreditar –lo cual convendrán conmigo en que es mucho suponer, tal como están la cosas en el Ministerio de (la) Alegría–; que entre esas alegaciones, decía, había una referida a la Segunda República que debería producir tanto estupor como sonrojo a cualquiera que conozca mínimamente el discurrir de aquel régimen malogrado. Nuestros académicos advertían de que no podía hablarse, como hacía el texto ministerial, de reacciones antidemocráticas y violentas desde sectores contrarios a las reformas democratizadoras que la República había emprendido, sin aludir a un tiempo a otras reacciones similares de signo ideológico radicalmente distinto. Dicho de otro modo: para la RAH, el naufragio no podía imputarse tan sólo al viento de proa; también la falta de pericia de quienes gobernaron la nave y la indisciplina, cuando no el sabotaje, de la propia tripulación eran responsables de lo sucedido. No hace falta añadir que la alegación, por razonable y ajustada a la verdad que fuera, no pasó la criba ministerial.

Dos días después de esta noticia el historiador Julián Casanova publicaba en el diario El País una tribuna de opinión titulada "Orden y conflicto en la República". En ella Casanova sostenía que en el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 1931 y el 5 de enero de 1932, caracterizado por un reguero de enfrentamientos entre jornaleros y obreros en huelga, por un lado, y la Guardia Civil, por otro –con un saldo de víctimas mortales en las que la peor parte, como es natural, se la habían llevado de largo los primeros–, había sido crucial para el régimen. Antes del 31 de diciembre “la República no vivía un momento de especial tensión”, sostiene el historiador, pero a partir de entonces esa “realidad y leyenda de un Estado que no controlaba (…) sus medios de represión” se impondría. Tal fue el patrón, en suma, que definiría “los conflictos durante los años siguientes”, hasta llegar al golpe de Estado de julio de 1936.

Casanova dice bien. Esa clase de conflictos no sólo se dieron a menudo durante la República, sino que fueron a más. Pero no dice todo lo que debería haber dicho. Así, no deja de resultar sorprendente que en su artículo omitiese –confío en que no de forma deliberada– lo ocurrido en los dos grandes conflictos de 1934. Ya sea en el caso del golpe de Estado de Companys y compañía contra el Gobierno de la República, ya sea en el de la Revolución de Asturias –resultado de una llamada en toda España a una huelga general revolucionaria en la que tuvieron un papel protagonista tanto el PSOE como la UGT y la CNT–, el patrón fue muy distinto. Mucho más cercano, para entendernos, al parecer de otro historiador, Enric Ucelay-Da Cal: “En el contexto de los años treinta en España, casi no había opciones políticas que no viesen la fuerza como una alternativa aceptable a las urnas”.

Si he puesto en relación el contenido de la futura asignatura de Historia de España con el de la tribuna periodística de Julián Casanova es porque, a mi modo de ver y más allá de las lógicas diferencias de género, ambos padecen de un mismo mal, el de no querer ver o, en todo caso, no querer admitir qué fue en realidad la Segunda República. En 1944 Orwell afirmaba que Arthur Koestler, al igual que unos pocos autores del momento, intentaba “escribir la historia contemporánea, pero la historia no oficial, la que no se incluye en los libros de texto y se falsea en los periódicos”. Por desgracia, no parece que andemos hoy muy lejos de la situación descrita por el autor de Homenaje a Cataluña –y de la que Koestler, el propio Orwell y cuatro más fueron honrosas excepciones–, si nos atenemos a la frecuencia con que en España políticos e historiadores recurren a esta clase de omisiones y de medias verdades. En especial en lo relativo a ese trágico e infausto capítulo de nuestra historia común.

Si bien se mira, la historia de la Segunda República española que nos quieren vender no dista mucho de la que aparecía en una cualquiera de aquellas Vidas ejemplares que los que acarreamos ya un montón de años leíamos cuando niños. No, aquel régimen no fue santo ni modélico, ni pródigo en milagros, por más que nos legara, entre lo bueno, obras valiosas y algunas vidas ciertamente ejemplares, casi todas ajenas a la política.

Les hablaba yo el otro jueves de lo mucho que los españoles deberíamos aprender de los portugueses. Lo que no significa, claro está, que todo lo que hacen los portugueses, como oportuna y amablemente me indicó Diogo Noivo –quien conoce el paño, sobra precisarlo, muchísimo mejor que yo–, merezca la pena ser imitado. No lo dudo. Pero los datos a los que me agarraba y algún otro que dejé en el tintero para no alargar demasiado mi exposición son los que son, por más que, puestos a comparar ambos países, se les pueda contraponer –en el orden político, social y económico– otros indicadores no tan favorables. Decía que los datos son los que son, pero quién sabe si en un caso concreto no lo son por poco tiempo. El propio Noivo me advirtió, en relación con lo que había escrito, que el artículo 51.4 de la Constitución portuguesa que yo tanto celebraba (“Ningún partido será constituido con nombre o programa que tenga naturaleza o alcance regional”) podía tener los días contados.

El caso es que en la presente campaña para las elecciones legislativas del 30 de enero uno de los asuntos que están sobre el tapete es el de la “regionalización” del país. Se trata de un tema recurrente, pero nunca hasta hoy la principal fuerza política opositora, el Partido Social Demócrata –de centro derecha y con posibilidades de victoria en las urnas–, se había mostrado dispuesta a entrar en el juego propuesto por el Partido Socialista y el resto de la izquierda y convocar un nuevo referendo –ya hubo uno en 1998, en el que venció el no– para aprobar una reforma territorial del Estado. Es verdad que, según lo anunciado por los distintos líderes, esa regionalización tendría por de pronto un carácter marcadamente administrativo, descentralizador, en tanto en cuanto favorecería la creación de una estructura intermedia entre el Estado y los municipios. Pero también lo es que toda estructura de este tipo comporta traspasos de competencias del Estado a las nuevas instituciones supramunicipales, o sea, dinero contante y sonante, cargos retribuidos y capacidad de gestión y decisión. En definitiva, poder.

No parece, insisto, que la intención de los actuales adalides de la regionalización sea ir, de momento, más allá. Es decir, derogar el artículo 51.4 de la Constitución que prohíbe la existencia de fuerzas políticas de ámbito regional. Pero nunca se sabe. Una vez creado un organismo de esta naturaleza, lo difícil es mantenerlo en sus parámetros iniciales, puramente administrativos. Piensen en el caso de España. Y no tanto en las comunidades autónomas llamadas “históricas” o de “vía rápida” –de las que ya tenemos ejemplos sobrados de lo que son capaces como roedores de los cimientos del Estado– como en las otras, las de “vía lenta”. Su engorde ha sido considerable. Y las peticiones y exigencias de un incremento en el cebo, constantes. Por no hablar de la aparición, en dichos territorios, de más y más partidos de alcance regional, cuyo único interés, aparte del propio partido, es la propia región. Hasta el punto de que puede afirmarse, sin exageración ninguna, que, habida cuenta de todo lo anterior, la única España digna de lucir hoy el marbete de “vaciada” es la encarnada por el Estado español. Y es que aquel “café para todos” que el ministro Clavero Arévalo puso de moda en el arranque de la Transición, tan bienintencionado, ha dejado unos lodos en los que nos vamos hundiendo, nos guste o no, sin remedio.

Y aún hay más. Este vaciado del Estado tiene como contrapunto no sólo el engorde de todas las comunidades autónomas, sino también, por paradójico que resulte, su progresiva centralización. No es sólo una cuestión de señorío; también de eficiencia. Los gobiernos regionales se centralizan, por hache o por be, cada vez más, y van creando pequeños Estados jacobinos ante la dejadez y los achaques del Estado común. Lo último de que tenemos conocimiento en ese interminable acopio de poder por parte de las regiones es la pretensión de los socios nacionalistas del Gobierno de que la reforma de la reforma laboral incluya la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales. Y desengáñense los municipalistas de buena fe: la descentralización operada en España no alcanza ni alcanzará jamás de forma mínimamente significativa el último estadio del proceso, consistente en la cesión de competencias de las autonomías a los municipios. Hasta ahí podíamos llegar, dirán los nuevos jacobinos regionales.

Ignoro si nuestros amigos portugueses tienen en mente la experiencia de nuestro Estado de las Autonomías, aunque parece difícil que no sea así. Por si acaso, harán bien en estar vigilantes si deciden abrir el melón del regionalismo. Por más que a primera vista pueda parecer sabroso, se va volviendo con el tiempo agridulce y en no pocos casos acaba atragantándose.


El vaciado del Estado

    20 de enero de 2022
Cuando algo no funciona, tienes dos soluciones: o bien tratar de arreglarlo, o bien dejarlo a un lado y procurarte una alternativa que te saque del apuro. En España son cada vez más quienes optan por lo segundo, quienes consideran que a estas alturas ningún rendimiento futuro alcanzaría a justificar el coste de un hipotético arreglo. Me refiero al país, claro. No tanto a su clase política como a la propia sociedad española, depauperada a más no poder y llena de impedimentas y ataduras, de la que nuestros representantes públicos no son sino el triste y deplorable reflejo. Y, puestos a hacer mudanza –siempre y cuando uno esté en condiciones personales y familiares de acometerla, se entiende–, lo que nos pilla más cerca es Portugal.

Dicha proximidad no guarda ninguna relación con el kilometraje. Para un balear, por ejemplo, Portugal está mucho más cerca que Francia. Y lo mismo cabría decir en el caso, pongamos, de un vasco, un navarro, un aragonés o un catalán. Sólo quienes residen en alguno de esos recónditos pueblecitos de los Pirineos pueden sostener lo contrario. Y es que en España, si exceptuamos el mar, no existe otra frontera que la que nos separa de Francia. La de Portugal no es en verdad una frontera, es una raya –de ahí el nombre con que se la conoce–. Difiere, eso sí, de esos confines de África u Oriente Medio donde el trazado rectilíneo delata la mano geométrica de la colonización y posterior descolonización europeas. Nuestra Raya, en cambio, es fruto de la Reconquista, las guerras hispano-lusas y sus correspondientes tratados, y sigue hasta cierto punto eso que convenimos en denominar accidentes geográficos. E, insisto, lo verdaderamente importante es que ni siquiera estamos ante una frontera.

Aquel viejo sueño llamado iberismo que, al igual que el Guadiana, asoma de tarde en tarde y que acariciaron intelectuales como Menéndez Pelayo, Unamuno, Maragall o Gaziel, por un lado, o como Oliveira Martins o Pessoa, por otro, se nutre en el fondo de esa realidad. Por eso afirmaba yo al principio de este artículo que la mejor mudanza a la que puede aspirar un español de nuestros días, la más accesible y apetecible, es la que tiene a Portugal como destino. Por eso y por otras razones, que paso a enumerar.

Empecemos por lo más perentorio. Portugal es un país –no el único, ciertamente– donde uno puede procurarse test de antígenos en los supermercados a 2,10 euros la unidad, mientras que en España esos mismos test sólo pueden adquirirse en las farmacias y, a la espera del tope que vaya a fijar hoy el Gobierno, a unos precios que oscilan ente 6 y 12 euros la unidad –a condición, claro, de que uno dé con una farmacia que no haya agotado las existencias–. Así, los cerca de treinta establecimientos con que cuenta ya Mercadona en Portugal ofrecen allí lo que se les impide ofrecer, igual que al resto de las grandes superficies, aquí.

Sigamos. El IPC portugués había subido el pasado mes de diciembre menos de la mitad de lo que había subido el español. Y para el presente año, las previsiones son que esa diferencia se mantenga. Añadamos, por otra parte, que, en relación con el conjunto de los países de la Unión, Portugal es el segundo donde menos crece la inflación; sólo le supera Malta. Y, aún en el ámbito económico, no deberíamos olvidar que la tasa de desempleo en Portugal era el pasado noviembre del 6,3%. Sobre todo porque ese mismo mes España, con un 14,1%, tenía el triste honor de encabezar el ranking de la Unión Europea.

Pasemos al campo de la educación. De acuerdo con el último informe PISA que elabora la OCDE, correspondiente a las pruebas realizadas en 2018 –la edición de 2021 se aplazó debido a la pandemia y se llevará a cabo, en principio, la próxima primavera–, en matemáticas y ciencias España está por debajo de la media de los países económicamente desarrollados. Los resultados de Portugal, al contrario, no sólo están por encima de los de España, sino también de la referida media. En cuanto al abandono escolar temprano, la tasa española era en 2020 del 16% –la segunda más alta de la UE, sólo superada por la maltesa–, mientras que la portuguesa era del 8,9%, por debajo de la media de los 27 de la Unión. Y acaso lo más significativo de todo, a modo de recordatorio: en 2002, cuando se implantó el euro, la tasa de abandono escolar de Portugal era superior a la de España.

Y, en fin, ya en el terreno político y aprovechando que el 30 de enero hay elecciones parlamentarias en Portugal, me atrevería a decir que para millones de españoles, y al margen incluso de los resultados electorales, lo más relevante tal vez sea la vigencia en el país vecino de este punto 4 del artículo 51 de su Constitución: “Ningún partido será constituido con nombre o programa que tenga naturaleza o alcance regional”. 

Así las cosas, permítanme que concluya afirmando que, si bien lo nuestro no puede ser declarado aún siniestro total, menos mal que nos queda Portugal.


Queda Portugal, menos mal

    13 de enero de 2022