Quien haya formado parte de una cámara de representación política –ya sea la del Congreso o el Senado, ya la de un Parlamento autonómico– en un tramo más o menos importante de su vida convendrá conmigo en que aquello, como en el bolero, es puro teatro. No se me malentienda. No estoy diciendo que sus señorías defiendan en los plenos y en las comisiones tesis o propuestas en las que no creen. No, por lo general, son consecuentes con el ideario de la formación por la que han salido elegidos. Me refiero al papel que asumen, al énfasis con que se expresan, a lo impostado de sus gestos, a las invectivas que lanzan contra sus adversarios ideológicos. Nada más abandonar el hemiciclo, esos actores de la política se cruzarán en los pasillos o en el bar de la Cámara en cuestión con el diputado o el ministro contra el que han embestido sin piedad un momento antes y todo serán buenas palabras. En definitiva, amabilidad y coleguismo. No es extraño, en este sentido, que dos diputados de formaciones distintas se lleven mejor que un diputado y un cargo de confianza cualquiera de una misma formación. Ese afecto entre presuntos contrarios se acostumbra a trenzar en las comisiones, donde las relaciones laborales son más duraderas, hasta el punto de que algunas han fructificado en romance y hasta en matrimonio.

Todo este preámbulo, fruto de mi propia experiencia de una legislatura en política, no tiene otro propósito que intentar arrojar algo de luz sobre la petición de indulto al exministro de Trabajo socialista y expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y sobre la naturaleza de quienes la suscriben. Vaya por delante que soy de los que creen que no existe motivo alguno para conceder este indulto. Ni siquiera, como se pretende, de índole humanitaria. Los hechos por los que Griñán ha sido condenado son tan graves, las pruebas que constan en la sentencia tan abrumadoras, que semejante trato de favor a alguien que tuvo conocimiento y permitió la malversación de 680 millones de euros en beneficio de los intereses electorales de su propio partido, en lo que supone el mayor caso de corrupción de la política española contemporánea, resultaría inconcebible. Ya sé que este Gobierno es reincidente en indultos inconcebibles, pero ello no impide que algunos –y no somos pocos, a juzgar por lo publicado aquí mismo y en otros medios– insistamos en la absoluta inconveniencia de añadir un caso más a la lista. Con el agravante, por si hiciera falta, de que en esta ocasión el principal partido del Gobierno se estaría indultando a sí mismo.

Pero volvamos a la relación de firmas más relevantes que suscriben la petición de indulto. La mayoría, como es de suponer, son de matriz socialista, y ello a pesar de que el propio código ético del partido impide que un cargo público del PSOE proponga o apoye “el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción”. Sin embargo, también hay firmas pertenecientes a otros partidos, como el PP o los nacionalistas catalanes, en lo que cabe interpretar como una muestra de aquella solidaridad corporativa a la que me refería al principio de este artículo. (Un gremialismo, por cierto, que no hace sino reforzar esa creencia tan extendida entre los ciudadanos de a pie de que los políticos son arte y parte.) Luego, aún, figuran en la lista no pocos dirigentes y cargos del mundo sindical –ese largo brazo de la izquierda política–, además de periodistas, miembros de la judicatura y representantes de la universidad, la cultura y el deporte, más o menos afines en lo ideológico.

Aun así, lo que a mi modo de ver caracteriza a los firmantes más notorios de la petición no es tanto la ideología o la empatía de clase como la edad. Si reparan en la de la gran mayoría, observarán que se encuentra entre los 60 y los 80 años. Muchos fueron protagonistas, en primer o segundo plano, de nuestra Transición. Muchos formaron parte, en mayor o menor medida, de la generación que nos llevó felizmente de una dictadura a una democracia. Pero el agradecimiento que por ello puedan merecer no constituye argumento bastante para que comulguemos con su apoyo al indulto. En este sentido, la postura de Juan Lobato, el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que se ha pronunciado en contra de la medida en consonancia con el código ético de su partido, es la que corresponde. O la del grupo parlamentario de Ciudadanos, que, según recogía anteayer El Español, ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que se insta a los demás grupos, y en particular al socialista, a “rechazar la concesión por parte del Gobierno de España del indulto a José Antonio Griñán y el resto de personas condenadas por delitos relacionados con la corrupción política en la trama de los ERE”. Juan Lobato y la presidenta del grupo parlamentario de Cs, Inés Arrimadas, rondan los cuarenta. No creo que se trate de una casualidad.

¿Que puede hablarse en ambos casos de oportunismo político? Sin duda. Pero cuando el oportunismo en política es éticamente intachable, pierde todo sentido peyorativo y se reduce a eso que llamamos tener el don de la oportunidad.

Un indulto (también) generacional

    22 de septiembre de 2022
Según traía el lunes el diario El Mundo, la célula monclovita destinada a tratar con el Gobierno de la Generalidad –léase a negociar con sus representantes para intentar tener la fiesta en paz–, estaba satisfecha de como había transcurrido la jornada del domingo en Cataluña. A su juicio, la situación actual era radicalmente distinta a la de años atrás. Y ello se resumía de este modo: “Ahora en Cataluña un ministro o un diputado del PP puede pasear sin que le increpen continuamente”. Ignoro qué hay de cierto en dicha afirmación –todo lo que sale de la máquina propagandística del Gobierno es susceptible de ser falso hasta que se demuestre lo contrario–, pero démosla, si les parece, por buena y procedamos a ponderarla con algunas acotaciones.

En primer lugar, sobre la naturaleza de los increpados. En efecto, ¿por qué el PP? ¿Por qué no Ciudadanos o Vox? Se me dirá, con razón, que porque estos últimos nunca han tenido ministros. Pero sí han tenido y tienen diputados, y dudo mucho que tal afirmación se les pueda aplicar, al menos con una rotundidad semejante. Más bien creo que la referencia al PP es una forma de echarle en cara a este partido que, cuando gobernaba en España bajo la presidencia de Mariano Rajoy, esos paseos sin sobresaltos eran infrecuentes. Y que ahora, gracias al gobierno de Pedro Sánchez, vuelven a ser posibles. En otros términos: que la culpa de la tensión de aquellos tiempos no fue del independentismo y sus fraudes de ley, sino de un gobierno del PP que no supo estar a la altura. Y habrá que darles en parte la razón –sin olvidar en ningún momento que el gran responsable de lo ocurrido fue el Gobierno de la Generalidad–: aquel Gobierno de España no estuvo a la altura, pero no por exceso, sino por defecto.

Viene luego lo de increpar. Lo de increpar continuamente, mejor dicho. El hecho de que el Gobierno de España se ponga la medalla de haber rebajado la tensión en Cataluña –y ello, añadiría Pedro Sánchez de hallarse ante una cámara o un micrófono, “a pesar de la derecha política, económica y mediática”– no exime a los populares, según la propia fuente monclovita, de continuar recibiendo en su callejeo diario u ocasional algún que otro insulto. Y es que así debe interpretarse el increpar que hace al caso. Nuestra Constitución, en su artículo 20, consagra la libertad de expresión como un derecho, sólo limitado por otros derechos también constitucionales: “(…) al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”, principalmente. Que determinadas increpaciones callejeras estén dentro o fuera de la ley son cuestiones que acabarán dirimiendo, mejor o peor, los tribunales, si el afectado toma la resolución de acudir a ellos. Por no hablar, claro, de aquellas ocasiones en que el insulto pueda constituir, por su naturaleza, un delito de odio tipificado en el Código Penal.

Pero lo verdaderamente significativo, a mi entender, de esas palabras gubernamentales es la convicción de que la calle no sólo opina, también arbitra. Ante el dilema de si había que actuar como hizo el gobierno de Rajoy o como lo está haciendo en esta legislatura el gobierno de Sánchez, la calle sanciona, al permitir que ministros y diputados del PP puedan pisar el espacio público sin ir –o casi– de susto en susto, que la actuación correcta es la del actual ejecutivo. Poco importa, en este sentido, que el causante de aquella tensión fuera un gobierno autonómico situado fuera de la ley y cuyos máximos representantes estén negociando hoy en día con el Gobierno de España toda clase de prebendas económicas y políticas.

Y todavía hay algo en esas palabras en lo que no suele repararse y que tal vez constituya lo sustancial de esa clase de situaciones. En ellas la víctima de la increpación es alguien que defiende el imperio de la ley, mientras que el victimario es alguien que no cree en él y está dispuesto a conculcarlo. Y esa condición de víctima, en la Cataluña de hoy, vale para los cargos públicos de PP, Ciudadanos o Vox, pero también para todos aquellos ciudadanos que, aun sin ser cargo público ni afiliado de ninguno de estos partidos, puedan salir un día a la calle para expresar su opinión con la ley en la mano. Sin ir más lejos, el próximo domingo al mediodía, en el Arco de Triunfo barcelonés, para exigir una escuela de todos en Cataluña en la que el español sea también, como han prescrito los tribunales, lengua vehicular.

La ley y la calle

    15 de septiembre de 2022
“Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir”. Esta máxima de Francisco de Quevedo les viene que ni pintada a los partidos políticos cuando se acercan elecciones y hay que ponerse a elaborar un programa. Lo que no quita que en determinadas cuestiones algunos partidos opten por la callada. Es el caso del Partido Popular y del controvertido asunto del aborto, también llamado eufemísticamente “interrupción voluntaria del embarazo”. Así, en el programa de las legislativas de 2019 figuraba el compromiso de ayudar a las mujeres embarazadas “para que ninguna mujer deje de ser madre por su situación económica social o familiar”, pero no había ninguna referencia a la ley de plazos de 2010, que el propio PP había llevado en su momento al Constitucional, donde doce años más tarde sigue esperando turno. Tampoco la había al anteproyecto de ley de 2014 del ministro Ruiz Gallardón, un compromiso electoral que venía a ser un regreso a la ley primigenia de 1985, la de supuestos, y que el presidente Rajoy decidió finalmente no presentar, lo que comportó la renuncia de Gallardón al Ministerio de Justicia del que era titular y su retirada de la política. Eso sí, a cambio las Cortes, donde el PP contaba con mayoría absoluta, aprobaron en 2015 una mini reforma que, sin alterar el modelo de plazos, eliminaba la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años pudieran abortar sin el consentimiento de sus padres o tutores aunque sí con la obligación de comunicarles con anterioridad la decisión que habían tomado.

¿Qué ha pasado a lo largo de la docena de años que median entre la ley de 2010 y el pasado 30 de agosto, día en que el Consejo de Ministros dio el visto bueno a una nueva reforma de la ley, que, más allá de otras medidas, no sólo restituye la posibilidad de que los menores de 16 y 17 puedan abortar sin la aprobación paterna, sino que además, y al contrario de lo estipulado en la ley de 2010, deja de considerar preceptiva la información? ¿Qué ha pasado en nuestro entorno más cercano, ya sea España misma o el conjunto de la UE, y sobre todo qué ha pasado en el propio Partido Popular? En cuanto a lo primero, un simple repaso a la legislación existente en los distintos países de la Unión permite concluir que, excepto en el caso de Malta, donde el aborto está prohibido, o de Polonia, donde está restringido al máximo, en los demás se da una regulación extremadamente dispar, si bien son mayoría aquellos que permiten el aborto sin restricciones –o sea, sin necesidad de permiso paterno– a partir de los 16 o en los que ni siquiera se fija un mínimo de edad. Difícilmente España puede quedar al margen de dicha tendencia.

Y difícilmente puede quedar, claro, el propio Partido Popular. El cambio de rumbo emprendido por la dirección del partido y su presidente de entonces, Mariano Rajoy, hace ocho años, cuando decidió retirar la ley Gallardón, era, por descontado, uno de tantos incumplimientos electorales a que nos tienen acostumbrados los partidos. Ignoro si se ajustaba o no a la máxima de Quevedo, pero poco importa: no hay duda de que sí respondía a esa tendencia más general a la que me refería anteriormente y a las voces que, dentro del propio partido, se oponían a una vuelta atrás. El PP es un partido liberal conservador, por lo que esa clase de asuntos, que afectan a la moral y a la fe de afiliados y votantes, resultan por fuerza tan delicados como divisivos. Es evidente que las recientes y matizadísimas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en el sentido de que no se puede obligar a su juicio a una joven de 16 años a seguir con un embarazo no deseado no son compartidas por un sector importante de la formación. Pero también lo es que otra parte del partido está de acuerdo con ellas. El propio Núñez Feijóo, aparte de admitir que se trata de un derecho y de que sería bueno alcanzar un gran consenso social y político sobre la cuestión, se ha manifestado a favor del consentimiento paterno –y se entiende que de la información previa a dicho consentimiento, en consonancia aquí con Ayuso–. Con todo, se ha agarrado, al igual que han hecho otros dirigentes del partido, a la tan demorada sentencia sobre el recurso interpuesto en 2010 ante el Constitucional.

Aunque en política lo del “mañana será otro día” vale su peso en oro, un partido que aspira a gobernar y que tarde o temprano tendrá que mojarse sobre un asunto que tanto le incomoda debería tener una postura clara, definida y lo más inclusiva y considerada posible –lo que conlleva, entre otras cosas, el respeto al derecho a la objeción de conciencia de la clase médica y al voto en conciencia de sus propios diputados y senadores–. Al fin y al cabo, los sondeos indican que el crecimiento del PP se está produciendo sobre todo por el centro, allí donde el votante socialdemócrata y liberal, mucho más laxo en esta materia, parece haber renunciado en buena medida al voto por Ciudadanos y ha empezado a romper amarras con el PSOE de Pedro Sánchez.

La mayoría de edad en España está en los 18, es verdad, pero podría estar en los 21 o en los 23, como antaño. Y, de paso, el derecho al voto, que suele ir aparejado a esa mayoría. La tendencia a irla reduciendo e incluso a prescindir de ella y a considerar a los jóvenes de 16 y 17 como adultos también se halla bastante extendida, para bien o para mal. Y eso que la ciencia nos dice que el cerebro humano y, en concreto la corteza prefrontal –responsable de habilidades como la planificación, el establecimiento de prioridades y el control de los impulsos–, no alcanza su plena madurez, en el mejor de los casos, hasta los 25 años. ¿Se imaginan ustedes adónde iríamos a parar si el conocimiento científico influyera de algún modo en la toma de decisiones políticas? Así las cosas, lo más sensato, a mi entender, es tratar esa clase de asuntos con el máximo sentido común. Aunque también es cierto que últimamente este sentido no abunda, en especial entre nuestra clase política.

Si algo no tiene la manifestación convocada el domingo 18 de septiembre en Barcelona por Escuela de Todos –agrupación de 15 asociaciones a cuyo frente se halla la Asamblea por una Escuela Bilingüe– es un carácter meramente educativo. Por más que el lema de la convocatoria sea “Español, lengua vehicular”, lo que en ella se vindica, aparte del cumplimento inmediato de una sentencia refrendada por el más alto tribunal de Cataluña, es un derecho de ciudadanía que resulta de nuestra Constitución. En otras palabras: lo que hoy está en juego y por lo que se movilizarán quienes respondan el 18 al llamamiento de Escuela de Todos atañe al imperio de la ley y a nuestra condición de ciudadanos libres e iguales.

Puede que algunos de ustedes consideren lo anterior como algo ya sabido. De ser así, les pido disculpas por la redundancia, pero me da la impresión de que en los medios no se ha insistido lo suficiente en la trascendencia que esa movilización –y cuantas del mismo signo la han precedido y sin duda la seguirán– tiene para el conjunto de españoles. No diré que estemos ante algo equiparable a lo de septiembre y octubre de 2017, con el golpe de Estado precocinado y finalmente perpetrado por el Gobierno de la Generalidad, aunque sí estamos, a mi entender, ante algo no muy distante: un ejecutivo autonómico que se salta la ley que justifica su propia existencia. Es verdad que en esta ocasión el Gobierno de Pedro Sánchez no le ha hecho frente, como sí hizo entonces el de Mariano Rajoy, sino que ha renunciado a su facultad de impugnar ante el Tribunal Constitucional el decreto de la Generalidad por el que se elimina la condición del castellano como lengua vehicular de la enseñanza y la consiguiente garantía de que una cuarta parte como mínimo de las horas lectivas sean impartidas en esta lengua. Pero es justamente esa complicidad nada involuntaria, ese mirar para otro lado, del socialismo patrio –y aquí tanto vale el PSC de Illa e Iceta, que facilitaron la promulgación del decreto con la aprobación de una ley anterior, como el PSOE de Sánchez y sus mesas dialogantes con Aragonès y compañía– lo que convierte la manifestación del 18 en una cita todavía más imperiosa, si cabe.

Una cita para el conjunto de los españoles, claro está; no sólo para los catalanes. El desafío nos emplaza a todos: entidades, partidos, ciudadanos de España entera. En lo tocante a Cataluña, ya han dado su apoyo al acto Ciudadanos, PP, Vox y Valents. No hace falta decir que al PSC, en esta ocasión, no se le espera, ni siquiera en los minutos finales. Lo cual es consecuente con su contrastado nacionalismo y su responsabilidad primera –junto a aquel PSUC que tanto trabajó para hacer posible el pujolismo– en el modelo de inmersión lingüística obligatoria. Ignoro a estas alturas si los tres partidos de ámbito nacional antes citados van a estar representados también por sus máximos dirigentes estatales. Sería bueno que así fuera, porque realzaría el carácter nacional de la convocatoria y, sobre todo, el compromiso adquirido por cada una de esas fuerzas políticas con sus votantes, presentes y futuros.

La labor de la sociedad civil, de la verdadera sociedad civil, la no subvencionada por el poder de turno –a propósito, no está de más recordar que Escuela de Todos no dispone de otro capital para organizar la producción de la manifestación que los donativos que recibe de particulares–, es empujar a los partidos a tomar decisiones que a menudo llevan en forma de promesas en sus respectivos programas electorales. A tomarlas y a no demorarlas más de la cuenta. Según apuntan todos los sondeos, es muy probable que dentro de año y medio tengamos en España un gobierno de color distinto al actual conformado por algunos de los tres partidos nacionales antes mencionados. Hasta entonces no quedará más remedio que ir recordando tanto como sea preciso la constante vulneración de la ley por parte del Gobierno la Generalidad y de cuantos ejecutivos autonómicos –como el de Baleares, por ejemplo– siguen la misma senda. Y cuando las urnas se pronuncien, habrá que exigir al nuevo gobierno de España el cumplimiento de los compromisos contraídos en este campo. O sea, las medidas imprescindibles y apremiantes para que nuestra lengua común no deje de ser nunca más, en el conjunto del territorio nacional, lengua vehicular de la enseñanza.

Ah, se me olvidaba: les espero el domingo 18 de septiembre en Barcelona, a las 12:30, en Arco de Triunfo. A poco que esté en sus manos acudir, no falten a la cita.

Nos vemos el 18 en Barcelona

    1 de septiembre de 2022
“Buena tierra”, sentenció categórico hace unos días el maître de un restaurante manchego al saber que éramos de Mallorca. Sin duda. Buena tierra y buena gente, y no sólo en lo referido a Mallorca; también en lo tocante a las demás islas baleares. Y lástima de Gobierno autonómico y de cuantos se han formado en la esfera insular o municipal, en esta legislatura y en la anterior, a partir de la suma de socialistas, nacionalistas pancatalanistas y populistas de extrema izquierda. Tras más de siete años de gestión, los hechos hablan por sí solos. No me propongo, sin embargo, repasar en este artículo todo lo tristemente reseñable. No voy a adentrarme, por ejemplo, en la inexistencia de reformas. No las ha habido ni en el modelo territorial, ni en el turístico, ni en el industrial, ni en el medioambiental, pese a que los actuales gobernantes llevan décadas proclamando su perentoriedad; a lo sumo, unos cuantos parches y zurcidos de ocasión. Tampoco voy a extenderme sobre la doble moral que ha acompañado sus actuaciones: implacables con los adversarios políticos y los ciudadanos de a pie, comprensivos y protectores cuando el presunto culpable es uno de los suyos. Basta recordar el caso de las menores tuteladas, saldado sin dimisión o destitución alguna de los responsables –el único relevado del cargo fue compensado al punto con una consejería de rango superior–, o el más reciente del exdirector general del IB-Salud, marido de la actual consejera del Gobierno de Armengol, al que no le produjo conflicto ético ninguno el haber participado en el concurso de oposiciones que adjudicó una plaza de anestesista a una hija suya.

No, mi propósito es abordar la política del palo y la zanahoria que ha caracterizado y caracteriza a los gobiernos de Francina Armengol y demás ejecutivos asimilables. El palo es, por supuesto, su querencia por el intervencionismo, la hiperregulación del espacio público y el desprecio por los derechos de los ciudadanos y, en concreto, por el más sagrado, la libertad. Lo vimos cuando la pandemia. Decretos sin orden ni concierto que imponen medidas que días antes se consideraban improcedentes, declaraciones de la consejera del ramo echando la culpa a los profesionales de la Sanidad por haberse contagiado, la propia presidenta infringiendo el toque de queda que ella misma había decretado, etc. (Al respecto, les recomiendo vivamente la lectura de Cazando un virus a ciegas. Mallorca, ante la pandemia (Disset Edició, 2022), del periodista Javier Mato, un relato que responde con excelencia a lo que el título anuncia.) Del último estadio de ese proceso autoritario daba cuenta aquí mismo este domingo Marcos Ondarra. Me refiero a la creación por parte del ejecutivo balear de los agentes covid, funcionarios interinos que ejercerán de momento hasta fin de año en el ámbito municipal como agentes de la autoridad y cuya principal función será denunciar a aquellas personas que incumplan las ordenanzas dictadas. El premio a su entrega abnegada será la consideración de semejante labor como un mérito en futuros procesos de selección de personal interino de la policía local.

Otro campo en que el palo lleva años manifestándose es el lingüístico. En la enseñanza y en la vida común. Aquí el modelo es Cataluña. Inmersión lingüística en catalán obligatoria y sin respeto alguno por ese mísero 25% de enseñanza en castellano que prescriben los tribunales como mínimo que cumplir, combinada con la existencia de una Oficina de Drets Lingüístics, concebida para que el pancatalanista de turno disponga de un organismo al que dirigirse para denunciar al vecino –ya sea este tendero, policía, funcionario o lo que se tercie– por no haberle atendido en catalán. Les copio a continuación un extracto del portal de la propia Oficina referido a los derechos lingüísticos y que indica a las claras el espíritu que anima al organismo:

“Cuando hablamos de derechos lingüísticos hablamos, esencialmente, del bienestar de las personas a través del uso de la lengua. La posibilidad de ejercer los derechos lingüísticos se modula a partir del estatus jurídico de la lengua en un territorio determinado. Así, la declaración de oficialidad de una lengua supone, en principio, la máxima garantía del derecho de usarla. Ahora bien, en nuestro caso, el desequilibrio histórico entre la protección legal del castellano –lengua propia de una parte de España y oficial en todo el Estado– y el catalán –lengua propia y oficial, entre otros territorios, de las Islas Baleares– provoca que, a pesar del carácter oficial de las dos lenguas, todavía hoy los ciudadanos se encuentren a menudo con dificultades para ejercer el derecho de usar la lengua catalana en su vida cotidiana.”

De cuantas barbaridades contiene este fragmento, vamos a quedarnos, si les parece, con la que tal vez sea la más expresiva de la ideología que lo inspira: para el gobierno presidido por Francina Armengol, el castellano es la “lengua propia de una parte de España”.

Y queda la zanahoria. O sea, el premio. Ya hemos visto cuál era en el caso de los futuros agentes covid. Este es el rumbo. La creación de una red clientelar que jamás va a alzar la voz en contra del gobierno para no poner en riesgo su promoción futura o su simple sustento. Ha ocurrido con los maestros y profesores y los sindicatos que les amparan. También, al margen ya de la enseñanza, con las principales centrales sindicales. Los medios de comunicación en catalán, independentistas todos, son mantenidos con respiración asistida a base de suculentas subvenciones, y los que no usan el catalán reciben también su trozo de pastel por otras vías, siempre y cuando se porten bien. Por lo demás, no pocos periodistas significados por haber criticado a Armengol y los suyos en el pasado han sido contratados como asesores de las instituciones, con lo que su obediencia y su silencio están más que garantizados –y el pluralismo y el debate público, claro, seriamente dañados–. Y qué decir de tantas asociaciones, entidades y oenegés ideológicamente afines que sólo existen a través del dinero público que religiosamente reciben. En Baleares no hay presupuesto suficiente para atender a la dependencia de los que no pueden valerse por sí mismos, pero sí lo hay, en cambio, para ir ampliando el plantel de ciudadanos, funcionarios o no, que nunca pondrán en riesgo las prebendas de las que gozan.

Para que la buena tierra y la buena gente que conforman el archipiélago puedan seguir siéndolo en el futuro resulta indispensable que la próxima primavera nos traiga, una vez abiertas y escrutadas las urnas, unos gobiernos que nos libren de tanta podredumbre.

No sé si repararon a comienzos de mes en que el Consejo de Ministros había dado el visto bueno al Proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales. Será, cuando su aprobación en las Cortes le confiera rango de ley, la primera de este tipo para todo el territorio nacional. Bien está, sobra precisarlo, que exista un marco común en la lucha contra el maltrato y el abandono de los animales que viven en el entorno humano, y que los responsables de estos actos sean reprendidos y sancionados por igual en cualquier parte de España. Ocurre, sin embargo, que esta ley, al igual que la gran mayoría de las iniciativas legislativas de este Gobierno o de las fuerzas parlamentarias que le prestan su apoyo, es una ley de parte. Lejos de buscar el acuerdo más amplio posible con los distintos sectores afectados, el ministerio de Ione Belarra ha elaborado una norma decantada, partidista. No estamos, en realidad, ante una ley de protección animal, sino ante una ley de protección animalista. Y cuando un precepto de esta envergadura descansa más en el sufijo que en la propia raíz del término, como es el caso, mala señal.

Por otro lado, el texto se caracteriza en más de una ocasión por un antropomorfismo impropio –se habla, por ejemplo, de la dignidad de los animales–, al tiempo que se desdeñan las consideraciones científicas y técnicas de su cuidado. No es de extrañar que entre las voces que se han alzado en contra figuren las de los veterinarios. Tanto más cuanto que el proyecto de ley, en una de sus disposiciones adicionales, abre la puerta a la homologación y adquisición de titulaciones para las “personas responsables de las Entidades de Protección Animal y los/las profesionales que (…) trabajen con animales de compañía”, con lo que se las dota de capacidad de intervención y decisión en parcelas que hasta la fecha estaban reservadas a los profesionales especializados, o sea, a los veterinarios. Es difícil no ver en dicha medida un reflejo del progresivo deterioro del esfuerzo y el mérito como valores que preservar, perceptible ya en la voluntad de convertir las oposiciones en simples pasarelas, los títulos en meros trámites, y la adquisición y transmisión del conocimiento en una verdadera reliquia.

Y si, intrusismo aparte, se precisara más personal para ejercer las labores previstas en la ley, aún se entendería. Pero resulta que anteayer mismo este medio publicaba una información en la que se contraponía la falta de enfermeros al exceso de veterinarios. Las fuentes eran los sindicatos de cada uno de los gremios, y los datos en que se basaban, los de nuestro país en relación con el conjunto de los de la Unión. Tanto en el caso de los enfermeros como en el de los veterinarios, en España se está porcentualmente bastante por debajo y muy por encima, respectivamente, de la media europea. El cálculo se establece en función de la oferta de plazas universitarias: las que se ofrecen en España en comparación con la media resultante de las ofrecidas en el conjunto de la UE. Y sí, vistos los porcentajes, parece indiscutible que faltan enfermeros y sobran veterinarios. Es más, en el caso de estos últimos está a punto de abrirse una nueva Facultad, con lo que el desajuste no hará más que agudizarse.

La universidad española –suponiendo que tal concepto siga teniendo sentido y no haya pasado ya a mejor vida con el progresivo desmembramiento del Estado– necesita con urgencia –y debidamente adaptadas a su ámbito, claro– dos de las medidas previstas también en el proyecto de ley animalista. De una parte, una centralización efectiva, una ley que en verdad ordene la dispersión generada por el trasvase de competencias y, pues, de autoridad a los diecisiete reinos de taifas autonómicos. De otra, una suerte de esterilización, cuando no de eutanasia, que permita ajustar lo desajustado y acabar con la dispersión y los desequilibrios presentes. Y como de esto no se van a ocupar los que ahora gobiernan, es de esperar que los que vengan detrás sean, ante todo, de otro color y, luego, se pongan manos a la obra y no les tiemble el pulso. Lo mismo con los animales que con los humanos.

El título de este artículo, lector, es un título robado. Pertenece a una crónica de Julio Camba enviada desde Berlín y publicada en la primera de El Sol hace más de un siglo, cuando en las portadas de los periódicos dominaban aún la opinión y la crónica. Así, en esta de El Sol del 3 de junio de 1920, aparte de la crónica de Camba, había otra firmada por José María de Sagarra, también desde Berlín, y tres sueltos editoriales. El resto, apenas una quinta parte de la superficie, eran telegramas de agencia sobre los conflictos sociales de la época, debidamente ensartados.

Pero, como les decía, el título de este artículo no es mío, sino de Camba. Y si me lo apropio es porque, al igual que el texto que le sigue –centrado, como otros muchos, en los problemas de subsistencia derivados de la devaluación del marco como consecuencia de las reparaciones de guerra acordadas en el Tratado de Versalles–, resulta de lo más actual. Este arranque, por ejemplo: “¡Qué agradable debe ser para un buen patriota el ver que cuánto más se sacrifica por la patria, más dinero ingresa en su cuenta corriente! El periodismo y la política nos ofrecen numerosos ejemplos de hombres cuya fortuna ha ido aumentando a medida que aumentaba su patriotismo y que, al final, cuando hablaban de la patria pensaban en el talonario, y cuando pensaban en el talonario, hablaban de la patria. Como estos hombres, los comerciantes alemanes, si han ganado en los últimos años muchísimos miles de millones, lo han hecho de un modo tan patriótico que el pueblo, agradecido, debe erigirles un monumento, y si no lo hace, supongo que es porque el pobre se ha quedado sin una sola cucharilla que llevar a la fundición.”

Yo no sé ver en esta descripción sino un retrato afinadísimo de lo que ha sido el pujolismo. Desde su génesis, hace ya más de cuatro décadas. La patria y el talonario, el patriotismo del tanto por ciento. Y si me parece obligado recordarlo tal día como hoy es porque el pasado 25 de julio se cumplieron 8 años de la publicación de aquella carta en la que Jordi Pujol confesaba tener una fortuna oculta en Andorra desde el mismo año de su acceso a la Presidencia de la Generalidad, fruto supuestamente de una herencia que le habría dejado su padre, fundador de Banca Catalana, y cuyos beneficiarios debían ser su mujer, Marta Ferrusola, y los siete hijos del matrimonio. En la carta, una verdadera palinodia por su comportamiento a lo largo de 34 años, el expresidente de la Generalidad y principal abonador del estercolero independentista que desembocó en el intento de golpe Estado de 2017 pedía perdón “a tanta gente de buena voluntad” que podía sentirse defraudada. Él no quería, venía a decir. Cataluña era su máxima preocupación, lo que llenaba sus días y sus noches, y, claro, de lo que hacía o dejaba de hacer la familia no podía cuidarse. Aún hoy, con 92 años a cuestas y en espera de juicio junto a su mujer y sus hijos, sigue sosteniendo que lo ocurrido le duele más por la familia y por Cataluña que por él.

Lo cierto es que la instrucción judicial realizada hasta junio de 2020 ya destacaba que a lo largo de la investigación no se había “aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad” de la versión facilitada por Pujol en la carta, ni se había “suministrado explicación alguna razonable y contrastable” por parte de los miembros de la familia investigados; de ahí que propusiera juzgarlos por formación de organización criminal. En mayo de 2021, al tiempo que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidía archivar la causa contra Marta Ferrusola por padecer demencia senil, la Fiscalía Anticorrupción pedía penas de 9 años para Jordi Pujol, 29 para su primogénito Jordi Pujol Ferrusola, 17 para su mujer, y entre 8 y 14 para el resto de los hijos por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental, amén de la pago de las pertinentes sanciones económicas. Al mes siguiente, la Abogacía del Estado hacía públicas sus conclusiones, en las que el expresidente quedaba exonerado de toda culpa, la cual recaía casi íntegramente en su hijo mayor y su mujer, con una petición de penas parecida a las solicitadas por Anticorrupción. En un auto fechado el 15 de junio de 2021, el juez Pedraz acordaba abrir juicio oral contra la familia y otras 11 personas –la mayoría empresarios afines al partido– acusadas de cooperación necesaria, y requería al primogénito el depósito de una fianza de 7,5 millones de euros y de 400.000 a su mujer. Desde entonces, ninguna noticia sobre la fecha en que ha de celebrarse el juicio.

Comprendo que la actualidad mande y que, por ejemplo, la confirmación por parte del Supremo de la condena de cárcel a Griñán por su responsabilidad en el caso de los ERE –el mayor caso de corrupción de un partido político, en lo que se refiere a la cantidad de dinero defraudada, de nuestra democracia– continúe llevándose los titulares. Sobre todo por las secuelas exculpatorias que ha generado en el ámbito gubernamental y en el propio PSOE; la última, la de Felipe González afirmando que “si pudiera designarlo hoy para formar parte de un Gobierno de España (…), lo volvería a hacer”. Pero no por ello deberíamos olvidar, en tanto el juicio no se celebre, el caso de la familia Pujol. Porque ese enriquecimiento inmoral y patriótico se ha hecho a costa del erario público y ha contribuido a la mayor quiebra convivencial habida, en lo que llevamos de democracia, entre catalanes y entre españoles. Confiemos, pues, en que no tarden mucho en llegar la verdad y la justicia.

El diputado de Ciudadanos en el Congreso Guillermo Díaz, orador talentoso y portavoz del “Equipo para la Refundación Liberal” engendrado por el Comité Ejecutivo del partido para cumplir con la promesa de su presidenta, Inés Arrimadas, al día siguiente de perder toda representación en el Parlamento de Andalucía; Guillermo Díaz, decía, ha declarado que están “dispuestos a crear unas nuevas siglas que aguanten”. Vayamos, pues, con el propósito expresado por el representante de los depositarios de la promesa.

Para empezar, quiero creer –es más, estoy convencido de ello– que en la expresión que hace al caso el verbo crear está usado en la acepción de ‘dar lugar a algo como consecuencia de una o varias acciones’ y no, por ejemplo, en la de ‘producir algo de la nada’. En otras palabras: lo que salga del experimento refundacional no puede sino tener como fondo de armario los principios que concurrieron en la fundación de Ciudadanos, más o menos remozados en los distintos idearios aprobados en las Asambleas del partido y adaptados, si acaso, a las necesidades políticas del momento. Parece que el próximo mes sabremos con algo más de precisión por dónde van a ir los tiros.

Lo de las “nuevas siglas que aguanten” tiene más tela. De entrada, se entiende que aquí las siglas están por el nombre. Lo que en realidad se plantea es un cambio de nombre y, de resultas de ello, un cambio de siglas. En un mundo como el presente, gobernado por la imagen y lo simbólico y en el que todo, o casi, es puro reclamo, las siglas, nos guste o no, han ido suplantando los nombres. Incluso ese Ciudadanos que todavía existe es más Cs que otra cosa.

Pero lo que en verdad me tiene intrigado es lo del aguante. ¿Qué son unas siglas que aguanten? ¿Qué es un nombre que aguante? Demos por bueno que estamos hablando de la resistencia en el tiempo y no en el espacio. Hasta que sea refundado, Ciudadanos habrá aguantado cerca de 17 años. Y si quieren tomar como referencia la publicación del manifiesto que llamaba a fundarlo, cerca de 18. No está nada mal tratándose de un partido político de nuevo cuño. Además, como recordó Arcadi Espada en una columna (“Que le pongan Clientes”, El Mundo, 21-7-2022), es difícil encontrar un nombre más apropiado para un partido que se definía de acuerdo con los derechos de ciudadanía –seriamente amenazados, entonces como ahora, por el nacionalismo imperante– que el que sugirió con manifiesto acierto –y perdón por la redundancia– una de las firmantes del manifiesto fundacional, Teresa Giménez. Si los principios no van a variar en lo esencial, ¿a qué viene privarse de un nombre que tan bien los encarna?

La culpa la tiene el desgaste de la marca, aducen los actuales gestores y a la vez gestantes de lo por venir. Como si Nokia, pongamos por caso, cuando su estrepitoso derrumbe de ventas de hace más de una década hubiera renunciado a la marca sustituyéndola por otra, a fin de salvar la cara de quienes habían gestionado de forma tan deplorable aquella crisis. No seré yo quien rompa una lanza por el futuro de Ciudadanos o el ersatz que se le adjudique en adelante. Pero, ya que hablamos de marcas, dudo que alguna empresa emprendiera una iniciativa de este tipo sin cambiar previamente el CEO y demás directivos.

Y aún hay más. Dícese que el partido en Cataluña es muy reticente al proceso –al de cambio de nombre, se entiende; lo otro se da por descontado–. Que apuestan por mantener el Ciudadanos y hasta el Ciutadans, como han hecho desde el nacimiento de la formación, por más que las siglas vayan a mudar en el resto de España. El hecho diferencial, vaya. Y no sólo dentro del propio partido. También como el PSC en relación con el PSOE. O como el viejo PSUC con respecto el PCE. O como En Comú Podem en relación con Unidas Podemos. Un partido aparte. Si así fuera, a Cs ya no se le podría reprochar, desde el propio nacionalismo, no ser un partido catalán. Aunque dudo mucho que esto pudiera calificarse de buena noticia.

Unas siglas que aguanten

    5 de agosto de 2022
El libro salió en 2015. Existe una reedición ampliada fechada en 2020 –es la que yo manejo– y cuenta con numerosas traducciones, entre ellas la española. Se titula Mémoires y lo firman Beate y Serge Klarsfeld. La edición americana, de 2018, lleva un título propio: Hunting the Truth. Y nada más propio de este libro de memorias que llevar semejante título, pues lo que encierran sus páginas es medio siglo de cacería en busca de la verdad. A los autores se les ha calificado a menudo de “cazanazis”, siguiendo la estela de Simon Wiesenthal. Lo son, por supuesto. Pero su obra y sus vidas, uno y lo mismo al cabo, tienen un alcance mucho mayor.

Para empezar, forman una extraña pareja. Beate Klarsfeld –Künzel de nombre de soltera– nació en Berlín tres semanas antes de que Hitler invadiera Checoslovaquia. Su padre era un empleado de seguros que fue movilizado nada más estallar la guerra y su madre un ama de casa. Sin ser propiamente nazis, habían votado a Hitler y no creían tener responsabilidad ninguna en lo ocurrido durante los doce años que duró aquel régimen. Como tantos alemanes. Serge, por su parte, nació en París en 1935 y es hijo de un resistente judío rumano detenido en Niza en 1943 y deportado a Auschwitz, donde falleció. Serge, al igual que su madre y su hermana, logró salvarse gracias a la pericia del padre, que había construido en el domicilio familiar un escondite para ellos. Cuando Beate y Serge se conocieron en París, en 1960, llevaban cada uno este pasado a cuestas. El de una heredera del silencio cómplice con los verdugos y el de un heredero de las víctimas y víctima a su vez, respectivamente.

Años más tarde Beate empezará sus acciones denuncia contra antiguos nazis que se habían reintegrado a la vida civil sin pagar ningún peaje, o, a lo más, uno muy liviano, por sus crímenes de guerra. Kurt Georg Kiesinger, canciller de la República Federal Alemana y antiguo colaborador del ministro de Exteriores de Hitler Von Ribbentrop, fue su primer objetivo. Pero sus artículos, por fundamentados que estuvieran, tenían escaso eco en Alemania. De ahí que a la escritura de artículos le sucediera la confección de dosieres, y a estos, las acciones denuncia. La primera, en abril de 1968, fue la interrupción, puño en el alto y al grito de “¡Kiesinger, nazi, dimite!”, de un discurso del canciller en el Bundestag. Vino luego, a finales de aquel mismo año, una sonora bofetada propinada al propio Kiesinger en una convención de su partido. Beate actuaba por lo general en solitario, en coordinación con algún fotógrafo o periodista. A Serge le correspondía, aparte del apoyo moral, la movilización, hasta donde fuera posible, de los medios de comunicación franceses y alemanes, y una labor tenaz de documentalista. Más adelante, él mismo tomaría parte en otras acciones, solo o junto a su mujer. La más relevante, la de Klaus Barbie, el famoso carnicero de Lyon, desenmascarado en Bolivia, donde vivía bajo otra identidad.

Al canciller Kiesinger, que no logró revalidar su cargo tras las siguientes elecciones legislativas debido en buena medida a la campaña emprendida en su contra por Beate Klarsfeld, le siguieron otros ciudadanos alemanes, la mayoría residentes entonces en la RFA, cuyo pasado había sido blanqueado. Y, en particular, los relacionados con la represión desatada en Francia contra los judíos –franceses, extranjeros y apátridas– durante la Segunda Guerra Mundial, lo mismo en la zona ocupada que en la del gobierno de Vichy. De un lado, pues, estaba la inacción de los tribunales alemanes. De otro, la renuencia del propio Estado francés a la hora de reconocer la imprescindible colaboración de su policía en las labores de detención que dieron como resultado la deportación de cerca de 76.000 judíos a los campos de exterminio, de los que sólo sobrevivieron algo más de 2.500.

Y fue también esta lucha de la pareja contra el antisemitismo lo que llevó a Beate a encadenarse a un árbol en Varsovia en 1970 para protestar por la política represiva del gobierno comunista polaco. Y lo que la indujo al año siguiente a manifestarse por los mismos motivos en Praga, mediante sendas intervenciones en la universidad y en la plaza pública, aunque esta vez el destinatario de su protesta –que le supuso, aparte de una detención como en Varsovia, quince días de cárcel– fuera el gobierno comunista checoslovaco.

Los nuestros son otros tiempos, por suerte, pero el antisemitismo y el odio al distinto siguen ahí. Muchos Estados miembros de la Unión Europea, lejos de haber aprendido la lección, han dejado que los nacionalismos xenófobos volvieran a asentarse en sus territorios. Y allí donde, como en el caso de España, esos nacionalismos no han dudado en emplear todo tipo de violencia para lograr sus fines separatistas, lo ocurrido tras el cese de la violencia no dista mucho de lo que el matrimonio Klarsfeld ha estado combatiendo a lo largo de más de medio siglo. Estoy pensando, claro está, en el País Vasco y en el terrorismo de ETA.

Pese a la acción de la justicia y de las fuerzas de seguridad del Estado y a la benemérita labor de las asociaciones de víctimas, el fin de la violencia no ha traído la verdad a esta parte de España. Siguen sin resolverse 379 crímenes. Los amigos de la banda, los que aún justifican su existencia y reciben como héroes a los terroristas cuando salen de prisión tras cumplir largas condenas, han ido quedándose poco a poco aquellas nueces que años atrás recogía casi en solitario el nacionalismo conservador del PNV de Arzallus, tan interesadamente compresivo con la actuación de quienes sacudían el árbol. Gracias a la deriva inmoral del PSOE y sus ramas vasca y navarra, los herederos de ETA se han adueñado de un número considerable de las instituciones regionales y locales de ambas comunidades autónomas.

Y en esa operación de blanqueo, sobra decirlo, ha tenido un papel esencial el actual Gobierno de España. A la política de acercamiento de presos a las cárceles del País Vasco le siguió la transferencia al ejecutivo autonómico de las competencias sobre prisiones. Y, hace unos días, la bochornosa decisión de quien va a ser el nuevo fiscal general del Estado al desautorizar la actuación del fiscal del caso en la imputación de tres exjefes de ETA como autores intelectuales del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, no ha hecho sino confirmar la nula voluntad gubernamental de alcanzar la verdad en cuanto guarda relación con los crímenes de la banda terrorista. De ahí que la resolución de Marimar Blanco al personarse en la causa iniciada tras la querella de la asociación Dignidad y Justicia, más allá de la de una víctima directa, sea también la de una ciudadana que, como los Klarsfeld, no se conforma con el silencio, la mentira o las medias verdades. Una resolución que merece, sin duda, el aprecio y el agradecimiento de todos aquellos que creemos que sin verdad no hay justicia posible.

A la caza de la verdad

    29 de julio de 2022
Hay noticias que, en la medida en que se asisten entre sí, en que se complementan, aunque sea desde el contraste y la disparidad, parecen hechas adrede para coincidir en el tiempo y el espacio. Ha ocurrido esta última semana en Barcelona. En la Universidad de Barcelona, en concreto, si bien dicha comunión tiene, a mi entender, un alcance mucho mayor, puesto que afecta al conjunto de la trama universitaria de Cataluña.

Por un lado, Jordi Llovet, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Barcelona, ya jubilado –se despidió prematura y voluntariamente de la docencia hace más de una década y lo puso por escrito en un libro modélico, Adiós a la Universidad. El declive de las humanidades–; Jordi Llovet, decía, expuso en su cuenta de Facebook el currículo universitario de Laura Borràs, actual presidenta del Parlamento catalán, que había sido en otro tiempo alumna suya y luego miembro del departamento que él mismo dirigía. Pero no el currículo oficial y de dominio público, sino el opaco, aquel que sólo conocen quienes participan de los tejemanejes de la administración universitaria, politizada hasta la médula en Cataluña, con sus convocatorias de plazas y su designación de tribunales para ocuparlas. Llovet relataba lo que él había visto y vivido, y lo completaba con lo que le habían contado del paso de Borràs por otra universidad catalana, la UOC. Pues bien, del relato se desprendía, junto a la insuperable mediocridad de la candidata, que había ido perdiendo todos los concursos a los que se había presentado a pesar de las múltiples presiones ejercidas a través de terceros, entre ellos el propio rector de la UB y  un miembro de la Real Academia que terminaría dirigiendo la institución, la terrible ambición que caracterizaba a esa mujer –mediocridad y ambición van a menudo de la mano– y que la había llevado a utilizar todos los medios a su alcance para intentar lograr sus propósitos, incluido el recurso a la bronca y a la pancarta por parte de familiares suyos presentes en unas oposiciones en las que fue derrotada.

No hace falta añadir que las maneras que adornan a Borràs en lo político y que han concurrido en su procesamiento por corrupción encajan a la perfección en el marco académico descrito por Llovet. O viceversa, como prefieran. Ningún respeto por la ley ni por los ciudadanos a los que debería haber servido desde sus cargos públicos y, en especial, desde esta presidencia del Parlamento a la que continúa aferrándose a pesar de su proceso particular; nada. Y por si no bastara con ello, hizo gala días más tarde de lo narrado por su exprofesor de un matonismo cartelero –de cártel, se entiende– al llamar a la hermana de Llovet para que este retirara el texto de Facebook si no quería verse envuelto en una denuncia por calumnias e injurias que interpondrían en su nombre los abogados Cuevillas y Boyé, conocidos por su apego a las causas del independentismo radical y violento, tanto catalán como vasco. Llovet retiró el texto, claro, no sin contar por qué lo hacía y advertir a sus lectores de que su valentía no podía en modo alguno compararse con la de su exalumna.

La otra noticia que el azar ha querido, como indicaba al principio, que viniera al encuentro de la anterior es la concesión del XXVIII Premio de la Tolerancia a S’ha Acabat!, premio que se suma al concedido este mismo mes por la Fundación Miguel Ángel Blanco a esta asociación de jóvenes por la defensa de la Constitución. S’ha Acabat! nació hace cerca de cuatro años en el seno de la universidad catalana y ha protagonizado hasta la fecha los mayores actos de heroísmo que se conocen por estos pagos desde que Artur Mas se echó al monte independentista. Esos jóvenes han sido insultados, amenazados, golpeados y vejados por la jauría separatista, por intentar ejercer su legítimo derecho a defender la Constitución en los campus y en las aulas de las universidades catalanas. Y ahí siguen, más robustos y resueltos que nunca, como un luminoso reclamo en Cataluña de una España de ciudadanos libres e iguales.

Ambas noticias, sobra precisarlo, constituyen las dos caras de una misma moneda: la de la universidad catalana. La cara sucia y la cara limpia. La cara corrupta y mafiosa, y la cara decente y honorable –en la que también se inscribe, por supuesto, un profesor ejemplar como Jordi Llovet, al que tuve el gusto de tratar como alumno suyo que fui y, más adelante, como compañero de fatigas literarias y culturales, y de la que también forman parte no pocos docentes igual de ejemplares, como es el caso de los agrupados en Universitaris per la Convivència–. La primera cara vive de la política, mientras que la segunda no sólo no vive de ella, sino que hace a menudo lo imposible para que la política no contamine lo que debería ser tan sólo el templo del saber. De momento, la primera lleva las de ganar. Pero la simple existencia de la segunda y su empeño en no dar el brazo a torcer ante las imposiciones y arbitrariedades del totalitarismo nacionalista suponen para muchos catalanes y para no menos españoles de fuera de Cataluña una bendita llama de esperanza de cara al futuro.

Justo aquí al lado, en Francia, tienen unas cuantas cosas de las que carecemos. Una de ellas es el Bac. ¿Y qué es el Bac?, se preguntarán sin duda muchos de ustedes. Pues el Bac –apócope familiar de Baccalauréat– es el título que se obtiene tras superar, al término de los estudios secundarios, un examen, conocido con el mismo nombre. No vayan a creer, con todo, que el Bac equivale a nuestro Bachillerato. Para nada. Ni siquiera la etimología es la misma. La forma francesa incluye un “laureado” que indica ya a las claras que con el título se está reconociendo el mérito del candidato que lo ha logrado, lo que no se da en la correspondiente española. Por lo demás, el Bachillerato es una etapa de la enseñanza media posobligatoria que da acceso a un título –hoy en día incluso con una asignatura suspendida–, mientras que el Bac, insisto, es ante todo un examen. Un señor examen.

No hace falta añadir que por estos pagos la simple posibilidad de un examen de este tipo se antoja una quimera. Cada vez que se ha planteado su introducción, la izquierda y el nacionalismo, con sus correspondientes franquicias sindicales y asociativas, debidamente paniaguadas, han sacado a pasear el espantajo de la vieja reválida del franquismo. Poco importa que la excepción, en este punto, no sea Francia, sino la propia España, en la medida en que todos los países de nuestro entorno disponen de una prueba selectiva semejante que garantiza haber alcanzado los conocimientos mínimos necesarios. Pero es que el Bac, decía, es además un señor examen. Un examen para el que uno se prepara, como lo demuestra la existencia de centros dedicados a ello. Un examen único, es decir, el mismo –el temario sólo difiere en lo tocante a la especificidad de la vía escogida– para todos los estudiantes franceses. Un examen donde el rigor no sólo está, sino que se le espera. En definitiva, lo que es, mutatis mutandis, el MIR sanitario en España.

Así las cosas, no hace mucho me topé en Le Figaro con una noticia que me llamó enormemente la atención. Una novelista y ensayista francesa, Sylvie Germain, galardonada entre otros premios con el Fémina y el Goncourt para estudiantes, había sido amenazada de muerte en las redes sociales por un fragmento de una novela suya, Días de cólera –la que le había valido en 1989 el Fémina, precisamente–, utilizado en el temario de la prueba de francés del Bac de este año. Lo asombroso no era tanto que una escritora pudiera recibir amenazas de tal calibre en las redes –en la jungla digital hay de todo, en especial cuando se interviene con la impunidad del anonimato–, sino el motivo que supuestamente asistía a cuantos recurrían a ellas o, sin ir tan lejos, usaban el insulto y el exabrupto para descalificar a Germain y su texto. Nada tenía que ver con el contenido. Ninguna relación tampoco con la ideología, sea cual sea, de la autora. La causa de la campaña de acoso que había puesto en marcha esa tropa de desalmados era la dificultad del texto. Su léxico, las metáforas empleadas, su presunta falta de conexión con los problemas del presente. Detrás de ese rechazo, propio sin duda de quienes habían suspendido esa parte del examen, estaba también la convicción de que el esfuerzo y el trabajo no tienen en el mundo de hoy ningún valor ni deberían merecer premio alguno.

No está de más apuntar, antes de concluir, que en las redes mismas y fuera de ellas ha habido también muchas reacciones de signo contrario, protagonizadas tanto por estudiantes como sobre todo por docentes, que no sólo han alzado la voz en defensa de la víctima –por cierto, ¿qué culpa tenía Sylvie Germain de que el Ministerio hubiera elegido el fragmento de un libro suyo?–, sino que también han denunciado la tendencia contemporánea de los jóvenes –y de sus progenitores en la medida que les toca educativamente hablando– a considerar que ningún obstáculo tiene derecho a interponerse en su camino hacia la felicidad. Lo que acaso no sepan en Francia es que los políticos y pedagogos que han impulsado el modelo educativo español llevan al menos tres largas décadas favoreciendo en los cenáculos administrativos y académicos y en las propias aulas esta promesa de felicidad que el Bac les niega a algunos de los jóvenes que deben superarlo. Confiemos, para el bien de todos los franceses, en que sigan igual de desinformados, no vaya a tener algún gestor público del país vecino la ocurrencia de tomarnos como modelo.

Con su permiso, voy a empezar dando por hecho –esperanza obliga– que Alberto Núñez Feijóo será más pronto que tarde el nuevo presidente del Gobierno de España. Feijóo tiene fama de buen gestor y eso está bien. Un país devastado –como es ya el nuestro antes incluso de que termine la legislatura– requiere algo así como un Plan Marshall. O sea, un plan de reconstrucción que vuelva a hacer de España, andando el tiempo, un país próspero, habitable, moderno, capaz de afrontar en confianza el futuro. El Plan Marshall estuvo vigente cuatro años, justo los que tendrá Feijóo para poner en marcha sus reformas. Y digo poner en marcha, pues a nadie se le escapa que un lustro de demoliciones precedido por un par de décadas como mínimo de aluminosis en las estructuras del Estado no se resuelve con un periodo tan corto de reconstrucción. Aun así, los primeros pasos suelen ser decisivos, entre otras razones porque sin reconocimiento y aprobación de la labor realizada difícilmente podrá aspirar un presidente del Gobierno a revalidar el cargo y proseguir la tarea emprendida.

Por ello, un perfil como el de Núñez Feijóo, más de gerente de la cosa pública que de político populista al uso, más reformista que rupturista, se ajusta –no diré que como un guante, pero sí con bastante precisión– a los imperativos del momento. No obstante, el éxito de su gestión va a depender en buena medida del grado de ambición con que acometa la empresa. El énfasis lo ha puesto hasta ahora en la economía. Se entiende. Basta echar una ojeada a los índices económicos más significativos para comprobar cómo de forma sistemática desmienten las previsiones gubernamentales; basta reparar en los efectos que tienen sobre el bienestar de los ciudadanos las medidas y contramedidas que el Gobierno va tomando para convencerse de que no sólo no taponan las vías de agua, sino que las multiplican; basta observar, en fin, los yerros y volantazos de Pedro Sánchez en política exterior para hacerse una idea de lo depauperada que está la imagen de España en Europa y el resto del mundo.

Pero el Plan Marshall de Feijóo deberá atender asimismo a otras urgencias, mucho más complejas, si cabe, de gestionar. Por ejemplo, a las que afectan a la educación y a la cultura. La izquierda y los nacionalismos periféricos se han adueñado de ambas, en una operación de conquista que lleva años labrándose con la complicidad o el desistimiento de gobiernos nacionales, autonómicos y locales. Podríamos enumerar un sinfín de ejemplos para ilustrar dicho contagio ideológico. Me limitaré a lo más reciente. De un lado, la llamada ley Celaá y su desglose curricular, con la liquidación definitiva del mérito y, por tanto, también de la enseñanza como ascensor social, el cuarteamiento de la historia de España, la eliminación oprobiosa del castellano como lengua vehicular –coronada con la impúdica abstinencia del Gobierno de la Nación ante el enésimo desafío de la Generalidad catalana al imperio de ley– y la conversión de la ideología de género en una religión laica de Estado.

De otro lado, cuantas iniciativas, en especial legislativas, ha alumbrado estos años, a imagen y semejanza del movimiento woke, el mal llamado Ministerio de Igualdad, todas ellas tendentes a cercenar los pilares fundamentales en que se asienta nuestra condición de ciudadanos de un Estado de derecho, o sea, la libertad, la justicia y la igualdad. El carácter profundamente disruptivo que subyace tras esas políticas –y otras de naturaleza parecida, como por ejemplo la deleznable Ley de memoria democrática, cuya aprobación está prevista para mañana y que el propio Feijóo se comprometió el pasado sábado en Ermua a derogar cuando gobierne–, lo que esas políticas representan en el orden de la convivencia entre españoles, obligará a un abordaje tan prioritario como puede serlo en estos momentos el económico.

Y eso no es todo. Para que el Plan resulte, deberá incluir una cláusula inédita en la historia de nuestra democracia: la de no acordar con los nacionalismos ni una transferencia más de las competencias que todavía conserva el Estado. En paralelo y como complemento de lo anterior, también deberá prever el rescate de las más lesivas para el interés general de entre las ya traspasadas –pongo por caso la de Prisiones al País Vasco– y la aplicación por parte del Estado de los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley allí donde se infringe de forma sistemática –un desarrollo verdaderamente eficaz de la Alta Inspección Educativa en Cataluña y Baleares, por ejemplo–. Dicho de otro modo: cualquier reforma que se emprenda en el ámbito territorial tendrá que comportar a su vez, allí donde el nacionalismo ha echado raíces, una ruptura con ese nacionalismo. Entiendo que, a priori, puede parecer contradictorio que una reforma encierre una ruptura. Son términos en general antitéticos. O reforma o ruptura, fue el gran dilema de los tiempos inaugurales del posfranquismo. Por suerte, se impuso la primera opción y así logramos transitar entre todos hacia la democracia. Pero ya no estamos allí. Transcurridas cuatro décadas y medio –tomo como referencia para el cómputo las elecciones generales celebradas el 15 de junio 1977–, me atrevo a afirmar que lo que una gran mayoría de los españoles desea en estos momentos es que el nuevo gobierno surgido de las urnas cuelgue en el frontispicio del Palacio de la Moncloa un cartel dirigido a los nacionalismos hispánicos donde se lea, como en tantos bares de España: “Aquí no se fía”.

Esa es la gran reforma que, a mi entender, debería incluir el Plan Marshall de Alberto Núñez Feijóo: la reforma drástica –lo que no excluye que pueda ser cordial– del criterio que se ha venido siguiendo en las relaciones entre el Gobierno central y los nacionalismos. Se acabó el crédito. No va más. A menos, claro, que estemos dispuestos a contemplar cómo va hundiéndose sin remedio el edificio que nos alberga y que ha dado a este país y a sus ciudadanos una paz y una prosperidad como no la habían tenido jamás en su historia.


Entrevista de Julio Tovar para Libro sobre Libro a raíz de la publicación en la editorial Athenaica de "Una generación viajera. Cuatro periodistas y la República"

https://librosobrelibro.com/entrevistas/xavier-pericay-la-ii-republica-nunca-aspiro-a-ser-un-regimen-para-todos/

En la política catalana cada partido cumple con su cometido. El del PSC ha sido siempre el de ama de llaves del nacionalismo. Desde los tiempos de Joan Raventós y Raimon Obiols hasta los de Miquel Iceta y Salvador Illa, quien ha cuidado del orden en la casa –en esa “casa común del catalanismo”, como la bautizó Artur Mas hace quince años– ha sido el Partido de los Socialistas de Cataluña. Sólo con Pasqual Maragall ejerciendo de conducator, esa función gris, solícita, abnegada fue reemplazada por un papel algo más lustroso, no exento de lunáticas ocurrencias. Pero el experimento duró lo que duró, o sea, poco, pues enseguida apareció José Montilla y la grisura servil volvió a imponerse.

El pasado domingo Abc publicaba una entrevista de Àlex Gubern y Daniel Tercero a Salvador Illa, exministro de Sanidad, jefe de la oposición en el Parlamento catalán y actual líder del PSC. Las palabras de Illa, al margen de la previsible exculpación por su gestión como ministro en los primeros nueve meses de pandemia –“se actuó correctamente desde el plano político y ético”, sostenía tan pancho–, versaron sobre la política catalana y la actuación en esta materia del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez. A su juicio, no existe “un problema entre Cataluña y España; lo que hay es un problema entre catalanes”. Dicho de otro modo: España nada tiene que ver con lo ocurrido en los últimos doce años en Cataluña ni, por extensión, tiene nada que decir; se trata de un asunto interno que deben resolver los propios catalanes. A la confrontación entre Cataluña y España como dos entidades distintas y parangonables, tan cara al independentismo y a la izquierda que le baila el agua, Illa le opone el achique de espacios. En otras palabras, expulsa sin miramiento alguno del terreno de juego al resto de España y al Gobierno que se supone que representa al conjunto de la nación, con lo que deja a los catalanes que también se consideran españoles completamente desasistidos y en manos del independentismo gobernante.

En realidad, a lo largo del último decenio –por no recular más en el tiempo y ceñirnos tan sólo al periodo iniciado con la echada al monte de Artur Mas convertido en Moisés guiando al pueblo–, ya con Mariano Rajoy como presidente, ya con Pedro Sánchez en calidad de tal, la tutela del Estado ha desaparecido por entero de Cataluña. Cierto es que con Rajoy de resultas de su indolencia, mientras que con Sánchez de forma abierta, desacomplejada y proactiva. Pero haciendo bueno en ambos casos, al fin y al cabo, la profecía aquella de Pasqual Maragall tras la aprobación en referéndum del Estatuto de 2006: “El Estado ha pasado a ser residual en Cataluña”. 

Podríamos traer aquí multitud de ejemplos de este “no está ni se le espera” que ha caracterizado al Gobierno de España en relación con la política catalana –y con la vasca, claro está, y en menor medida con la de otras autonomías donde el nacionalismo tiene también mando en plaza–. Me limitaré a recordar el más reciente, abonado por el PSC al negociar y aprobar con el independentismo una ley que dejaba en la más absoluta vaguedad, o sea, en el limbo de lo eufemístico, la condición del castellano como lengua vehicular de la enseñanza. Tras ese primer paso, cuando el Gobierno de la Generalidad sacó el decreto que contravenía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la que se le obliga a aplicar en las escuelas catalanas un mínimo del 25% de la enseñanza en castellano, el PSC –como insistía en destacar Illa en la entrevista citada– ya no le dio su voto en el Parlamento. Pero no importaba. Su papel de seguro servidor ya estaba hecho. Su grisura servil había favorecido una vez más los intereses del separatismo.

Pero incluso esto tendría aún arreglo, tal y como indicaba aquí mismo Laura Fàbregas, si el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, interpusiera un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. El TSJC había apreciado “vicios de inconstitucionalidad” en el decreto ley de la Generalidad y el Gobierno de España podría, en consonancia con lo previsto en la Constitución, paralizar de forma inmediata su aplicación y mantener, por tanto, la ejecución forzosa de la sentencia. Pero no lo hará, sobra añadirlo. El Gobierno de Pedro Sánchez es rehén del independentismo catalán como lo es del vasco, al que acaba de regalar esa inmoral prolongación hasta 1983 de la Ley de Memoria Democrática para regocijo de bildutarras y asimilados que hablan ya de “poner en jaque el relato de una Transición ejemplar”. Y el PSC, al igual que el Partido Socialista de Euskadi y el PSOE de Sánchez, están allí para lo que el separatismo mande.

Hará cosa de un par de décadas estuve cenando en un restaurante de la Costa Brava con un grupo de amigos y conocidos entre los que se encontraba Javier Cercas. Llegada la sobremesa, o tal vez antes incluso, salió el pasado. No el de Cercas conmigo, levantado en torno a la altísima figura de Joan Ferraté y a sus colaboraciones periódicas en el Diari de Barcelona y, al fin y al cabo, de feliz recuerdo, sino el de España. Cercas había publicado hacía poco Soldados de Salamina y raro era el españolito, mayormente de izquierdas, que no lo hubiera leído y celebrado. Además, los tiempos invitaban. Entre los principales arietes que la oposición empleaba para desgastar al Gobierno presidido por José María Aznar, figuraba el de la memoria. No estoy seguro de que le hubieran pegado ya el calificativo de “histórica”, pero no me extrañaría lo más mínimo. Por ahí andaba la cosa, en todo caso. Más allá de la muy humana reivindicación de que los deudos de los asesinados durante la guerra civil que todavía yacían en fosas comunes pudieran recuperar sus restos y enterrarlos dignamente, se trataba de revisar la historia, de poner en cuestión lo que los propios historiadores –de izquierdas en su mayoría– habían establecido hasta entonces en relación con las causas de la guerra y, más en general, del fracaso de la Segunda República. Y, ya de paso, llevarse por delante sin demasiadas contemplaciones uno de los pilares de la Transición: la recuperada concordia entre españoles, allanada por la ley de amnistía de 1977.

Este era el contexto en que se desarrollaba aquella sobremesa. Y, en un momento dado, viendo que Cercas insistía en que el golpe de Estado del 18 de julio era la causa de nuestro drama civil, le recordé que casi dos años antes, en octubre del 34, se había producido otro golpe de Estado, de signo ideológico radicalmente distinto, por más que el fin perseguido fuera el mismo: acabar con la Segunda República. Me dio la razón, como es natural, pero sólo en el hecho, difícilmente controvertible por otra parte. Para él no existía vinculación ninguna entre ambos golpes. E, incluso de haberla, ello no modificaba en absoluto su argumento central: nuestra guerra civil no tenía otros responsables que los militares que se alzaron en armas contra el régimen republicano en julio del 36 y quienes les prestaron su apoyo.

No sé cuál será ahora la opinión de Javier Cercas al respecto, si bien intuyo que no habrá variado mucho. En septiembre de 2019 publicó en El País Semanal un artículo titulado “El timo de la tercera España” cuyo contenido no distaba, en lo esencial, de lo que había defendido en aquella cena de hace un par de décadas. Para empezar, pasaba por alto el golpe del 34, como si no hubiera existido, y se centraba única y exclusivamente en el del 36. Luego, en favor de su tesis, recurría a paralelismos como el de los aliados y los nazis, o el del Gobierno español y ETA, o incluso el del propio Gobierno español y la intentona golpista del Gobierno de la Generalidad catalana en octubre de 2017, en los que, sostenía, se habían dado atrocidades por ambos bandos aunque no por ello la legitimidad democrática había dejado de pertenecer a los primeros y la voluntad de acabar con ella, a los segundos. Todo lo cual le permitía afirmar que la tercera España había sido “una ficción, una fantasía, un timo (y, en la práctica, […] un respaldo a la España de Franco)”. Dado que a esas alturas del siglo Cercas no podía sino conocer, o sea, haber leído, a Manuel Chaves Nogales y a Clara Campoamor –por recurrir a dos de los ejemplos más significativos de esa supuesta tercera España–, me pregunto a cuál de las otras dos Españas debía de adscribirlos, si a la legítima o a la otra. Ellos, en todo caso, habían tenido claro, y así lo habían demostrado con sus actos y sus palabras, que no se sentían representados por ninguna de las dos.

El uso que la izquierda está haciendo del pasado es, como poco, de juzgado de guardia. Me refiero a la izquierda que en otro tiempo –mejor sería decir en otro siglo– fue por lo general sensata; de la otra más vale no hablar. El último episodio conocido es el ominoso acuerdo al que ha llegado el PSOE con EH Bildu para extender la aplicación de la futura Ley de Memoria Democrática hasta 1983 y al que Jorge Vilches se refería ayer aquí mismo con tanta claridad como pertinencia. Pedro Sánchez está dispuesto a cualquier cosa para mantenerse en el poder. Pero excepto en política exterior, donde su interés personal, o sea, el interés por buscarse la vida en organismos internacionales cuando lo nacional ya no dé más de sí, le ha obligado a un cambio drástico; excepto en este ámbito, digo, sus extravíos tienen siempre el barniz del odio, el rencor y la confrontación. Y cuando el fin apetecido adquiere semejantes perfiles, la manipulación torticera del pasado no tiene rival.

Maldito pasado

    30 de junio de 2022
La conversación que mantuve con Daniel Capó en "El salón contemporáneo" de The Objective

https://theobjective.com/elsubjetivo/el-salon-contemporaneo/2022-06-27/xavier-pericay-periodismo-anecdotas/

En ella hablamos del oficio a propósito de la publicación de mis dos últimos libros –Las edades del periodismo y Una generación viajera. Cuatro periodistas y la República– en la colección Breviarios de la editorial Athenaica.


Siempre me han fascinado esos electores que proclaman que toda la vida han votado a un mismo partido y que lo seguirán haciendo hasta la muerte –se entiende que la suya, pues no les entra en la cabeza que el partido pueda desaparecer algún día–. Constituyen, sin duda alguna, un ejemplo de fidelidad perruna a unas siglas, de obediencia marcial a una bandera, de creencia hipnótica en las bondades de una determinada fuerza política. Aunque al comienzo la marca se confundiera con la ideología que había detrás, andando el tiempo esta última se iba debilitando en el imaginario del elector, hasta extinguirse. “Yo siempre he votado al PSOE –o a AP/PP o al PCE/IU–, y siempre lo haré”, te decían esos benditos, y por más que les opusieras algún reparo –como la corrupción que manchaba a sus dirigentes, pongamos por caso, o la falta de democracia interna en la formación, o la nefasta gestión llevada a cabo desde un gobierno concreto en los últimos años–, ellos seguían en sus trece. Jamás votarían al vecino de enfrente. Ni siquiera al de al lado.

Esa conducta se ha dado hasta hoy, como es natural, en votantes de los viejos partidos, los que ya existían durante la Transición aun cuando las siglas hayan podido mudar como consecuencia de refundaciones o ensanchamientos. Los de los nuevos, en cambio, no han dispuesto de tiempo suficiente ni parece que vayan a disponer de él, a juzgar por los resultados de las elecciones andaluzas. Claro que aquí hay que distinguir entre los fieles de Podemos y los de Ciudadanos. Así como los primeros pueden considerarse hasta cierto punto como pertenecientes al último círculo de un espacio político que sigue teniendo al PCE como núcleo irradiador, los segundos no. De ahí que Ciudadanos ya no pueda aspirar, vistos los sucesivos batacazos en las urnas, a contar algún día con un colchón electoral semejante. Y ello a pesar de las declaraciones de algunos intelectuales de fuste que han asegurado, y hasta reiterado, que les van a votar hasta el fin de los tiempos. Habrá que ver, en todo caso, si por entonces el partido continúa existiendo.

Y es que la pendiente por la que se desliza es cada vez más abrupta y la caída más acelerada, hasta el punto de que no son pocos quienes afirman que le quedan, a lo sumo, dos telediarios: el de las autonómicas y locales de mayo de 2023 y, siempre y cuando aquí no acabe todo, el de las generales de finales de 2023 o comienzos de 2024. No creo que merezca la pena recordar, por sabidas, las distintas estaciones del calvario electoral, desde las generales de noviembre de 2019 hasta las andaluzas del pasado domingo. Ni los errores de bulto cometidos por la dirección del partido para intentar frenar la hemorragia, empezando por el apoyo a los estados de alarma en el Congreso a cambio de no se sabe qué prebendas o promesas, siguiendo por las mociones de censura de Murcia y Madrid, y terminando por la incapacidad manifiesta durante todo este periodo para aceptar la realidad y, por tanto, encajar las críticas y hacer propósito de enmienda.

Parece que ahora, por fin, la propia presidenta del partido está dispuesta a tocar con los pies en el suelo y, aparte de alguna que otra operación cosmética como la del cambio de nombre del partido, poner incluso su cargo a disposición de los afiliados en lo que se intuye que puede ser una suerte de plebiscito sobre su persona y sus políticas. Ya se verá. En todo caso, de poco va a servir, me temo. A todo tirar, para prolongar aún más la agonía. Algún dirigente ha dicho estos días, acaso para darse ánimos e intentar marcar territorio, que el espacio existe. Se refería al centro político y no le faltaba razón. El problema es que los españoles han entendido que ese espacio ya tiene dueño. Por lo menos a día de hoy. Y ese dueño no es otro que el Partido Popular.

Un partido político sólo sobrevive si es útil. Mejor dicho, si los electores entienden que es útil. No ocurre ya en el caso de Ciudadanos. Esa utilidad sí fue percibida y valorada en sus inicios. En Cataluña y en el resto de España. Cs tuvo entonces el inmenso mérito –secundado al poco por otro recién nacido, UPyD– de plantar cara al nacionalismo, de denunciar su corrupción y de llamar a combatirlo políticamente. También propuso reformas, cuando empezó a expandirse en el conjunto de España, que sólo UPyD se había atrevido en parte a proponer. Pero todo eso, insisto, vale lo que valió –y no es poco–. Hoy la presencia de Ciudadanos en la arena política constituye más bien un estorbo, en la medida en que la máxima prioridad de todos los españoles sensatos es en estos momentos acabar en las urnas con cuantos gobiernos han hecho en los últimos años lo imposible para destruir el tejido social y económico de este país y la concordia entre sus ciudadanos, empezando por el propio Gobierno de España. Y, para lograrlo, la concentración del voto de centroderecha constituye una condición necesaria, la única por la que hoy vale la pena luchar. Tiempo habrá, cuando los que están gobernando ya no estén, para reiniciar el debate sobre ese centro tan preciado.

La larga agonía de Ciudadanos

    23 de junio de 2022
Que en una democracia liberal como la nuestra unos profesores y maestros decidan agruparse bajo la denominación de Docentes Libres tendría que producir no sólo sorpresa, sino también sonrojo. ¿Libres? ¿Acaso no deberían serlo ya, sin más? Deberían. Pero en determinadas partes de España no lo son. No lo son en Cataluña, donde ha nacido la asociación, tampoco en Baleares, y todo indica que en la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Navarra, si todavía lo son, llevan camino de dejar de serlo.

El nacionalismo ha recurrido siempre al amedrentamiento para lograr sus fines. Las dictaduras, como es lógico, le han facilitado el trabajo. Piénsese en el fascismo italiano o el nacionalsocialismo alemán, con las consecuencias de todos sabidas. O en el propio franquismo, sin ir más lejos. En un régimen democrático, en cambio, el amedrentamiento nacionalista tiene expresiones mucho más livianas –con la excepción, entre nosotros, del reguero de dolor y de muerte dejado por el terrorismo nacionalista de ETA–. Digamos que aquí el Estado de derecho resiste y esto dificulta hasta cierto punto los propósitos intimidatorios. Pero sólo los dificulta.

En el caso de los docentes que anteayer se presentaron en sociedad, el amedrentamiento resulta de una serie de factores que les impiden ejercer su profesión en la escuela, el instituto o la universidad como la ejercerían en cualquier otra parte de España exenta de nacionalismo. Desde el arranque de la autonomía, Pujol y los suyos tuvieron mucho cuidado en difundir una doctrina según la cual el conocimiento y la práctica de la lengua catalana y de los usos y costumbres del lugar eran una condición necesaria para la integración de cuantos, nacidos en Cataluña o llegados de otras regiones españolas, tuvieran el castellano como lengua materna. E integración significaba, claro está, asimilación. Dicho principio, que los sucesivos gobiernos autonómicos –de derecha o de izquierda, pero siempre nacionalistas– fueron atornillando cada vez más, ha fracasado con estrépito a juzgar por las estadísticas más recientes referidas a los usos lingüísticos. Cuando menos allí donde la libertad no admite otro límite que el que fija el imperio de la ley, o sea, en el ámbito social. Muy distinto es el caso del institucional, dependiente de la Administración autonómica, y, en particular, el de la enseñanza.

El nacionalismo catalán ha convertido el ecosistema educativo en un coto cerrado, en un campo de adoctrinamiento. Pero, a pesar de sus esfuerzos y de las coacciones de las que no se ha privado ni se priva, ese nacionalismo empieza a tener un serio problema. Para que la intimidación funcione, el intimidado debe tener miedo. Y, si no miedo, temor. Debe obedecer, asentir, o, por lo menos, callar. Así ha sido durante décadas, así han reaccionado, hasta hace pocos años, la gran mayoría de los padres, alumnos y profesores afectados por la conculcación de sus derechos ciudadanos, entre los que se encuentra el de recibir una enseñanza también en castellano o impartir la docencia en esta lengua. Muchos recordarán, sin duda, la obscena suficiencia con que los representantes políticos respondían al reclamo de una mayor presencia del castellano en las aulas con el argumento de que sólo uno, cinco, diez, quince familias en toda Cataluña lo habían solicitado, como si se tratase de una cuestión contable y no de la estricta restitución de un derecho hurtado.

Pues bien, ahora, gracias al denuedo con que distintas asociaciones cívicas, y en especial, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), han puesto y siguen poniendo en la representación ante los tribunales de los padres afectados, y gracias a las consiguientes sentencias y resoluciones de esos mismos tribunales, parece que por fin los tiempos, como decía el poeta, están cambiando. La aparición de esos Docentes Libres, cuyo objetivo es reunir en una misma plataforma a maestros y profesores con vistas a coordinar acciones y rentabilizar esfuerzos a fin de que la ley y las disposiciones de la justicia que de ella emanan sean respetadas de una vez por todas, viene a consolidar ese bloque cada vez mejor armado en defensa de la libertad y la igualdad de todos los españoles.

Estoy seguro de que la mayor parte de sus compatriotas, y muy especialmente los residentes en Cataluña, les están profundamente agradecidos.

Docentes libres

    16 de junio de 2022
No hace mucho, en una comida de amigos, uno de ellos manifestó su satisfacción por tener una hija. No me extraña, pensé; su hija, que andará por los veinte y pico, es estudiosa, inteligente, responsable… ¿Qué más puede pedir un padre que ha cuidado de su educación? Pero el comentario de mi amigo no iba por ahí, a pesar de que esas cualidades filiales le llenan, como es natural, de un sano orgullo. Su satisfacción era en realidad un alivio; el de tener una hija y no un hijo.

De un tiempo a esta parte, esto de ser hombre y ejercer como tal se está poniendo cada vez más difícil. Pascal Bruckner, en su ensayo Un culpable casi perfecto –a saber: el hombre blanco heterosexual– (2020), se refiere a lo que las feministas estadounidenses más radicales de la segunda ola bautizaron como cultura de la violación y cuya penetración –con perdón– en Europa se ha acrecentado últimamente bajo el paraguas del movimiento woke. “Conforme a la nueva doxa –escribe Bruckner–, todo sería violación en la vida cotidiana: la mirada de los transeúntes, su aspecto sospechoso, su mentalidad e incluso el aire que respiramos. La mínima sonrisa de un chico a una chica escondería una intención asesina: nacer mujer, sería nacer presa; nacer macho, sería nacer asesino. La inmensa mayoría de los hombres (…), por no decir todos los hombres, no desearía sino abusar de los cuerpos femeninos”.

Sobra indicar que semejante ideología no difiere para nada de la formulada de modo recurrente por la ministra de Igualdad del Gobierno de España, Irene Montero, y cuantas adeptas, ministeriales o no, comulgan con sus prédicas. Sin ir más lejos, es la que subyace tras la ley conocida como del “sólo sí es sí”, que el Congreso de los Diputados aprobó recientemente. Y la que sustenta el también reciente indulto parcial del Gobierno y la devolución de la patria potestad a María Sevilla, condenada por secuestrar y ocultar durante 15 meses, privándolo de escolarización, al hijo que tuvo con su expareja. La propia ministra ensalzó la medida gubernamental y se felicitó de que el Estado “proteja” a esas “madres protectoras (…) frente a la violencia machista de los maltratadores” y haga “políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas”. Meses antes había justificado el indulto a Juana Rivas con parecidos argumentos.

La victimización de la mujer lleva, pues, aparejada la vulneración del derecho a la presunción de inocencia del hombre. Incluso si un tribunal ha eximido a este hombre de todo indicio de delito. Es tal el delirio ideológico de personas como Irene Montero que no cabe esperar que atiendan a razones. Y luego está el aprovechamiento que otros hacen de esa clase de delirios y, en general, de la llamada ideología de género con fines manifiestamente espurios. Es el caso de la fiscal general Dolores Delgado cuando vuelve a proponer para una plaza de fiscal de sala en el Supremo a un candidato afín en detrimento de uno desafecto con el argumento de que este último, con un currículo muchísimo más idóneo para el puesto, carece de “sensibilidad” con la llamada perspectiva de género. Y, en fin, también esa iliberal proposición de ley del PSOE “para prohibir el proxenetismo en todas sus formas” y cuya tramitación parlamentaria ha sido bendecida por el PP peca de un estrabismo ideológico parecido al aludir en su Exposición de motivos a “las personas que recurren a las mujeres en situación de prostitución”, como si en dicha situación no se encontrara ningún hombre.

En la capital de provincia donde resido, el gobierno municipal –compuesto por una pigmentación de partidos de izquierda y nacionalistas semejante a la que presta su apoyo al actual Gobierno de España– ha programado en un centro público del que es titular una exposición colectiva cuyo reclamo es un inmenso “No violarás” estampado en una cristalera que da a una de las principales avenidas, si no la principal, de la ciudad. Como un reclamo es un reclamo, crucé el otro día el portal y me adentré en el recinto a ver qué. Lo primero que vi fue un cartel con la declaración de intenciones de la comisaria de la muestra. Y este párrafo: “El patriarcado es una superestructura tentacular; un camaleón que adopta la apariencia de su entorno para no ser detectado; un dado con muchas caras que comparten el núcleo de la dominación y la violencia. Las obras seleccionadas [casi todas de mujeres] evidencian sus diversas máscaras: la religión y los mitos (…), la moral y los hábitos (…), el lenguaje e imaginario visual (…), la cultura y la historia del arte (…), las leyes y mandatos (…), los estereotipos y las creencias naturalizadas (…) y, cómo no, el sistema neoliberal capitalista que lo ha integrado con sutileza dentro de su programa (…).” Como comprenderán, fue suficiente.

Y si la cultura y el arte que nuestras instituciones proponen no escapan al virus, ¿qué decir de los currículos de la nueva ley de educación y de su plasmación en los libros de texto del próximo curso? Aunque, bien mirado, con o sin libros de texto que les animen a ello, ¿cuántos maestros –y cuando digo maestros, digo sobre todo maestras– no imparten ya desde hace tiempo una doctrina que en nada desmerece la de la propia ministra Montero?

En vista del panorama, y dado que el sexo de los hijos, que yo sepa, no está todavía en nuestras manos escogerlo, sólo me queda desearles, si están ustedes en el trance de ser padres, que la criatura nazca bien y sea niña.