Quien haya formado parte de una cámara de representación política –ya sea la del Congreso o el Senado, ya la de un Parlamento autonómico– en un tramo más o menos importante de su vida convendrá conmigo en que aquello, como en el bolero, es puro teatro. No se me malentienda. No estoy diciendo que sus señorías defiendan en los plenos y en las comisiones tesis o propuestas en las que no creen. No, por lo general, son consecuentes con el ideario de la formación por la que han salido elegidos. Me refiero al papel que asumen, al énfasis con que se expresan, a lo impostado de sus gestos, a las invectivas que lanzan contra sus adversarios ideológicos. Nada más abandonar el hemiciclo, esos actores de la política se cruzarán en los pasillos o en el bar de la Cámara en cuestión con el diputado o el ministro contra el que han embestido sin piedad un momento antes y todo serán buenas palabras. En definitiva, amabilidad y coleguismo. No es extraño, en este sentido, que dos diputados de formaciones distintas se lleven mejor que un diputado y un cargo de confianza cualquiera de una misma formación. Ese afecto entre presuntos contrarios se acostumbra a trenzar en las comisiones, donde las relaciones laborales son más duraderas, hasta el punto de que algunas han fructificado en romance y hasta en matrimonio.
Todo este preámbulo, fruto de mi propia experiencia de una legislatura en política, no tiene otro propósito que intentar arrojar algo de luz sobre la petición de indulto al exministro de Trabajo socialista y expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y sobre la naturaleza de quienes la suscriben. Vaya por delante que soy de los que creen que no existe motivo alguno para conceder este indulto. Ni siquiera, como se pretende, de índole humanitaria. Los hechos por los que Griñán ha sido condenado son tan graves, las pruebas que constan en la sentencia tan abrumadoras, que semejante trato de favor a alguien que tuvo conocimiento y permitió la malversación de 680 millones de euros en beneficio de los intereses electorales de su propio partido, en lo que supone el mayor caso de corrupción de la política española contemporánea, resultaría inconcebible. Ya sé que este Gobierno es reincidente en indultos inconcebibles, pero ello no impide que algunos –y no somos pocos, a juzgar por lo publicado aquí mismo y en otros medios– insistamos en la absoluta inconveniencia de añadir un caso más a la lista. Con el agravante, por si hiciera falta, de que en esta ocasión el principal partido del Gobierno se estaría indultando a sí mismo.
Pero volvamos a la relación de firmas más relevantes que suscriben la petición de indulto. La mayoría, como es de suponer, son de matriz socialista, y ello a pesar de que el propio código ético del partido impide que un cargo público del PSOE proponga o apoye “el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción”. Sin embargo, también hay firmas pertenecientes a otros partidos, como el PP o los nacionalistas catalanes, en lo que cabe interpretar como una muestra de aquella solidaridad corporativa a la que me refería al principio de este artículo. (Un gremialismo, por cierto, que no hace sino reforzar esa creencia tan extendida entre los ciudadanos de a pie de que los políticos son arte y parte.) Luego, aún, figuran en la lista no pocos dirigentes y cargos del mundo sindical –ese largo brazo de la izquierda política–, además de periodistas, miembros de la judicatura y representantes de la universidad, la cultura y el deporte, más o menos afines en lo ideológico.
Aun así, lo que a mi modo de ver caracteriza a los firmantes más notorios de la petición no es tanto la ideología o la empatía de clase como la edad. Si reparan en la de la gran mayoría, observarán que se encuentra entre los 60 y los 80 años. Muchos fueron protagonistas, en primer o segundo plano, de nuestra Transición. Muchos formaron parte, en mayor o menor medida, de la generación que nos llevó felizmente de una dictadura a una democracia. Pero el agradecimiento que por ello puedan merecer no constituye argumento bastante para que comulguemos con su apoyo al indulto. En este sentido, la postura de Juan Lobato, el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que se ha pronunciado en contra de la medida en consonancia con el código ético de su partido, es la que corresponde. O la del grupo parlamentario de Ciudadanos, que, según recogía anteayer El Español, ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que se insta a los demás grupos, y en particular al socialista, a “rechazar la concesión por parte del Gobierno de España del indulto a José Antonio Griñán y el resto de personas condenadas por delitos relacionados con la corrupción política en la trama de los ERE”. Juan Lobato y la presidenta del grupo parlamentario de Cs, Inés Arrimadas, rondan los cuarenta. No creo que se trate de una casualidad.
¿Que puede hablarse en ambos casos de oportunismo político? Sin duda. Pero cuando el oportunismo en política es éticamente intachable, pierde todo sentido peyorativo y se reduce a eso que llamamos tener el don de la oportunidad.