Sigo con verdadero interés, como no podía ser de otro modo, los primeros pasos de este Movimiento Ciudadano. Ante todo por su origen. Que Cataluña pueda exportar al resto de España algo más que botellas de cava y golpes de Estado —ya sean de Primo de Rivera o de Lluís Companys— constituye, sin duda, una gran noticia. Luego, por la alegría y la esperanza con que parece que la iniciativa está siendo recibida en todo el territorio. Y, en fin, por lo que el movimiento tiene de compromiso, y el compromiso de contenido. Aun así, entre los grandes ejes programáticos apenas esbozados, hay uno que se me atraganta. Este:

«Como base de las grandes reformas, defendemos la aprobación de un Pacto Nacional por la Educación que mire a una generación —no a una legislatura o a un gobierno—, y que garantice un sistema educativo de calidad para todos. Por encima de cualquier otra consideración, la educación se dedicará a formar buenas personas, buenos ciudadanos y buenos profesionales.»

Y no se me atraganta porque no sea consciente de la importancia que la educación —o sea, la enseñanza, o sea, la instrucción— tiene en el futuro de cualquier país. Ni porque ignore, claro, dónde estamos en este terreno y adónde deberíamos, como mínimo, llegar. No; todo eso lo tengo muy presente. Pero, aun así, me preocupan dos cosas del párrafo citado. Primero, ese buenismo que se desprende de la tríada «buenas personas, buenos ciudadanos y buenos profesionales». Entiendo que la calidad requiera de un plus adjetivado, pero yo me conformaría con que la educación formara personas, ciudadanos y profesionales, no vaya a suceder que al final todo sea bondad desparramada y poco más. Y lo que no acabo de ver en absoluto es que ese «Pacto Nacional por la Educación que mire a una generación» sea factible. Ojalá lo fuera. Y ojalá durara una generación, al margen de cambios de gobierno y de partido. Pero en el campo de la enseñanza no se han inventado más que dos modelos, profundamente antitéticos: uno liberal y otro igualitarista, uno tradicional y otro renovador, uno que pone el acento en el mérito, el esfuerzo y la transmisión del conocimiento y prima la libertad individual, y otro que antepone la integración en un colectivo y la equidad a cualquier otra consideración pedagógica. ¿Se puede alcanzar un pacto en semejantes condiciones? Sí, siempre que todas las partes afectadas convengan en cuál va a ser el modelo de referencia sobre el que se sustente el tan anhelado acuerdo. Lo que, tal y como está hoy en día el mundo de la educación en España, parece más una quimera que otra cosa.

Compromiso ciudadano

    31 de octubre de 2013


Dicen que Rosa Díez dijo a un diputado del PSOE «yo no quería fastidiaros» y que este le respondió: «El problema es que nosotros ya estamos fastidiados». Sí, eso de la política parlamentaria es un poco como el boxeo. En cuanto descubres el punto flaco del rival, ya sabes donde pegar. Es verdad que puedes tratar de no darle, de amagar los golpes, pero tarde o temprano, y por más que tú no lo quieras, acabarás cazándolo. Y no digamos ya si el contrincante anda medio grogui, con la mirada perdida y el paso vacilante. Eso del PSOE, se mire por donde se mire, es de pena. Y más lo será con ese PSC que vive sin vivir en sí y mucho menos en el PSOE. El episodio de ayer en el Congreso, con los 13 socialistas catalanes votando en tanto que catalanes i prou —y en comandita con esa amalgama de nacionalismo vario e izquierda extrema—, por muy previsible que fuera dado el antecedente de febrero no deja de resultar de lo más lastimoso. Y de nada sirve aducir que los 13 se abstuvieron mientras que los demás opositores votaron en contra. No sé qué hará el Grupo Parlamentario Socialista con los insumisos, si bien todo indica que volverá a multarlos. Igual Rubalcaba y los suyos piensan tirar así hasta finales de 2015. Al fin y al cabo, con las expectativas electorales que tiene ahora el PSC, en la próxima legislatura la representación socialista catalana puede quedar fácilmente reducida a la mitad. Y, con el tiempo, quién sabe si hasta extinguirse. Pero, claro, en política hay que tomar decisiones al punto y no creo, la verdad, que sea muy inteligente por parte del PSOE continuar con las sanciones y nada más. Yo de ellos establecería, aparte de las multas —cuyo importe incrementaría, por supuesto—, un sistema de puntos. Como con los conductores. Y cuando los puntos se acabaran, les quitaría el carné. Y pobre del que quisiera seguir ejerciendo de diputado. Derechito a la cárcel, como mínimo.

Yo les quitaría el carné

    30 de octubre de 2013


En eso de la cultura —cuando menos en la europea— ha habido siempre una tendencia al conservacionismo a ultranza. Cada vez que un cine, un teatro, una librería o una sala de concierto echan el cierre, y al margen de cuál sea el motivo que les ha llevado a ello, la sociedad cultural se moviliza, poco o mucho, para soltar una de sus clásicas jeremiadas. A nadie se le ocurre pensar que acaso hay demasiada oferta para tan poca demanda. O demasiada reiteración en la oferta. O un nivel demasiado bajo —o, lo que es peor, demasiado alto— en relación con lo que el público pide. No, el problema no está nunca en la oferta. Y, aunque así fuese, tampoco constituiría para esos plañideros argumento bastante para cerrar el negocio. En realidad, los conservacionistas culturales se comportan exactamente igual que los lingüísticos. Todo producto cultural es para ellos sagrado y digno de ser protegido, cueste lo que cueste.

Así las cosas, la noticia que trae hoy Xavier Ayén sobre el movimiento de altas y bajas en las librerías barcelonesas demuestra que el mercado —incluso el de productos culturales— es muy sabio. Aunque algunos cierres obedezcan, según parece, al aumento del alquiler del local, las respuestas dadas por los mismos libreros o por algunos de sus empleados ponen de manifiesto que todo tiene solución, a poco que uno la busque. O sea, a poco que uno sepa adaptarse a los nuevos tiempos. ¡Si hasta la librería Ona, esa reliquia de la resistencia antifranquista y estandarte del libro en catalán, volverá a abrir sus puertas! Eso sí, no en la amplia y límpida Gran Vía, sino en esa pringosa isla flotante del independentismo y los grupos antisistema —territorio CUP, para entendernos— que es el barrio de Gracia. Donde debe ser, vaya.

Darwinismo cultural

    29 de octubre de 2013


Con la debida cautela que siempre hay que tener ante las encuestas —como dirían tanto un político al que esas encuestas hubieran sonreído como un fino analista temeroso de volver a equivocarse—, es evidente que los resultados demoscópicos adelantados ayer por El Periódico en relación con la intención de voto ante unas hipotéticas elecciones al Parlamento de Cataluña no contienen sino una noticia: el crecimiento de Ciutadans —3,5 puntos en cuatro meses—. Todo lo demás constituye, a lo sumo, materia de gacetilla. Pero es que esa noticia es, además, una gran noticia, por cuanto supone el primer indicio de que por fin la representación política catalana empieza a corresponderse con la realidad. La ascensión de Ciutadans a tercera fuerza política convierte a la formación de Albert Rivera en la verdadera oposición. ERC y CIU son hoy por hoy lo mismo: el soberanismo gobernante y menguante —al margen de lo que puedan ser mañana o pasado si la federación sigue derritiéndose y Unió decide buscarse la vida—. Y en cuanto a las demás fuerzas que ya siguen a Ciutadans en intención de voto, todas han perdido apoyo, al igual que CIU y ERC, con respecto al barómetro de junio —excepto la CUP, que sube unas décimas—. Pero acaso lo más significativo del sondeo sea el trasvase del voto de unas elecciones a otras —o sea, de noviembre de 2012 a las que hipotéticamente se celebrarían ahora—. Porque Ciutadans crece a expensas del votante del PP —sobre todo—, del del PSC e incluso, aunque en proporción ínfima, del de CIU. Es decir, de lo que, antes de que Mas se enajenara, constituía el centro político en Cataluña.

Y es que, y ya me perdonarán ustedes la autocita, «Ciutadans es hoy en día la única fuerza política de Cataluña con representación parlamentaria ajena al sistema de partidos catalán y opuesta a sus principios y mecanismos (…). O sea, la única que ocupa con pleno derecho el centro político». Olvídense de lo que pregonan los voceros del régimen y sus adláteres mediáticos: lo opuesto a la radicalidad gobernante no es otra radicalidad de signo contrario, sino la pura centralidad. O sea, la ley y el orden. El único terreno desde el que es o debería ser lícito gobernar.

La gran noticia

    28 de octubre de 2013


(Alfredo Muñiz, "La tragedia de los carteros. Una comisión nos visita", Heraldo de Madrid, 14-9-1929)

No tengo noticia de que en el Estado de Florida ninguna protesta haya paralizado la actividad académica en el Miami Dade College, pero lo cierto es que la profesora Carme Chacón no estaba ayer en su lugar de trabajo, sino en Madrid, y no precisamente en comisión de servicios. En fin, ella sabrá. En todo caso, lo que trajo a Chacón a la capital de España era, según parece, la oportunidad de presentar en un desayuno informativo a su correligionario Tomás Gómez. Es decir, la oportunidad de aprovechar semejante ocasión para seguir presentándose a sí misma o, si lo prefieren, para seguir postulándose como candidata a la secretaría general o a encabezar la lista del PSOE en las próximas elecciones generales. Los políticos como Chacón y Gómez, formados en las canteras de los partidos, se caracterizan por su instinto carroñero, y es evidente que si algo no falta en su propia casa, en lo que llevamos de legislatura, es carnaza. Aun así, no vaya a creer el lector que la exministra y excandidata a dirigir los destinos del socialismo patrio convirtió su intervención en una exhibición pública de sus anhelos. Algo hubo, es verdad, pero su parlamento fue, en general, de lo más ortodoxo. Apoyo a la línea oficial del partido, buenismo a raudales, puyas al enemigo y hasta el punto de autocrítica necesario —«todos hemos cometido errores, también nosotros»— para poder presumir de cien años de honestidad. Lástima que esa última afirmación fuera seguida de una coletilla tan cínica como infamante. En efecto, la profesora en pausa añadió que los socialistas, aunque hayan cometido errores, nunca han hecho del «enfrentamiento entre españoles» el eje de su política. Y eso lo afirmó una mujer que formó parte de un partido y de un gobierno que bendijeron el Pacto del Tinell y pusieron en marcha la llamada «ley de la memoria histórica», y cuyo máximo líder reconoció en vísperas electorales, ante un telepredicador amigo, que «la tensión» les convenía. Decididamente, si ese es el futuro que aguarda al centroizquierda español, aviados están los del centro, los de la derecha y, sobre todo, los de la propia izquierda.




(ABC, 26 de octubre de 2013)

Chacón en Madrid

    26 de octubre de 2013
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Eso es exactamente lo que pasó ayer. (© Puebla, ABC)

Vagancia general educativa

    25 de octubre de 2013


Hay concentrado en estas imágenes tomadas ayer en el Palacio de Pedralbes de Barcelona lo que ha sido, a lo largo de más de tres décadas, la relación entre el Gobierno de España y el de la Generalitat. Observen al presidente de Cataluña. Esa mueca de hombre estreñido. Esa incomodidad permanente. Esos modales imperiosos, groseros incluso, para con la prensa —para más inri, casi toda amiga—, que tanto recuerdan a los de su maestro y mentor. Y, en contraste con todo ello, la cara más bien risueña, relajada, del presidente español y no digamos ya la del ministro de Exteriores. Siempre ha sido así. Fuese cual fuese el inquilino de la Moncloa y fuese cual fuese el de la Generalitat. Hasta Maragall adoptaba un poco ese posado, tan alejado del que tenía cuando aún era alcalde olímpico. Sólo Tarradellas —aquel hombre capaz de salir de un encuentro con Suárez en el que todo había ido mal y declarar ante los medios de comunicación que todo había ido bien— rompió la norma. Pero la figura de Tarradellas resulta inconcebible en la Cataluña de hoy. Esa altura de miras. Esa conciencia de los errores del pasado. Esa apuesta por el pacto, por el compromiso, por una nueva España en la que encontraba feliz acomodo una nueva Cataluña. El pujolismo arrasó con todo. Tensó la cuerda, agrió las relaciones, nos llevó al páramo actual. Y luego todavía hay quien sostiene —como esos terceristas de vía estrecha acaudillados por Duran Lleida— que hay que encajar Cataluña en España. ¿Encajarla? Una buena purga es lo que necesita.

Años de estreñimiento

    24 de octubre de 2013


Este suelto de Abc y la foto que lo acompaña definen muy bien lo que es el mundo de la enseñanza pública en España. Un coto privado. Un lugar en el que uno puede parapetarse y armar la de Dios es Cristo a sabiendas de que siempre habrá una autoridad educativa que le dé la razón —o no se la quite, al menos—. Como ese rector de la Complutense que, al tiempo que proclamaba el carácter legítimo de la protesta estudiantil contra la ley Wert, expulsaba a la policía del campus de Somosaguas por haber intentado, sin su permiso, retirar las barricadas y franquear el paso a quienes pretendían acceder al recinto para impartir sus clases o recibir la instrucción a la que tienen derecho. En el sistema público de enseñanza no rige otra ley que la que los propios panegiristas del sistema se han dado. Todo pasa por ellos. Si algo no les gusta, lo cambian, o simplemente dejan de aplicarlo. Y ocurre por igual en la universidad y en los tramos de enseñanza primario y secundario. Lo estamos viendo en Baleares. Un decreto ley que pone patas arriba el modelo y las prebendas bendecidos por la llamada «comunidad educativa» ha sido contestado de mil formas distintas, lo mismo legales que ilegales, por quienes integran esa «comunidad». O sea, por la parte laboral e ideológicamente interesada, que no es sino esa facción docente —en sus manos, los estudiantes constituyen un mero juguete— que copa los puestos directivos de los centros de enseñanza, los sindicatos y las propias asociaciones de padres.

Y encima mañana han convocado una huelga general. No es de extrañar que la enseñanza concertada y privada crezca en España a marchas forzadas.

A las barricadas

    23 de octubre de 2013
El 21 de mayo de 2008 la Fundación Alternativas presentó en Madrid el Informe sobre la democracia en España 2008. Habían pasado dos meses y medio desde las últimas elecciones generales y el informe, como es lógico, no podía sino tomar en consideración los resultados electorales. Ya el título mismo no dejaba lugar a dudas: “La estrategia de la crispación. Derrota, pero no fracaso”. Sobra decir que la responsabilidad de esa crispación, según los autores del trabajo, correspondía por entero al Partido Popular, cuya derrota en las urnas suponía, a su vez, la derrota de su estrategia; aunque no su fracaso, en la medida en que los efectos de esa política crispadora iban fatalmente a perdurar. Con todo, y acaso porque la Fundación Alternativas se preciaba de ser un islote independiente entre el conjunto de fundaciones adscritas por entonces al Partido Socialista Obrero Español u orbitando a su alrededor –para entendernos, algo así como el baluarte ideológico del felipismo en un universo dominado por el zapaterismo–, el informe incluía también un apartado dedicado a la autocrítica, esto es, a la crítica de la política gubernamental. En dos de los tres asuntos en los que más había incidido la “estrategia de la crispación”, a saber, el llamado “proceso de paz” y el debate territorial –el tercer asunto era el 11-M–, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había “cometido errores de bulto”. Y, puestos a jerarquizar, donde más se habían dado esos errores era en el debate territorial. No se podía aislar a la derecha como se había hecho, sostenía el informe. No se podían reeditar pactos como el del Tinell. Sí, el “Pacto del Tinell para la exclusión del PP [había sido], por encima de cualquier otra consideración, un monumental error político”.

Error o no, ahí estaba. O, mejor dicho, ahí está. Y es que, por más que sus hacedores ya no gobiernen ni nada indique que en un futuro más o menos próximo puedan reeditar su Acuerdo para un Gobierno catalanista y de izquierdas –que ese es el nombre oficial del documento–, las secuelas de estos siete años de aplicación del llamado Pacto del Tinell no hay quien las borre. Y no me refiero solo a las que afectan al modelo territorial. También a otras muchas a las que la Fundación Alternativas ni siquiera presta atención en su informe, por cuanto no debe de ver en ellas motivo alguno de crispación ni, en consecuencia, de posible autocrítica; solo comprensión, generosidad, altruismo. Bondad, en una palabra...

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Cuadernos de pensamiento político, 40, octubre-diciembre 2013.

Bondades y maldades del buenismo

    22 de octubre de 2013
El filólogo Jordi Amat acaba de traer al mundo un nuevo libro. No se trata de un libro suyo en esta ocasión, sino de uno de Gaziel, aquel gran periodista catalán que dirigió La Vanguardia hasta que el Godó de turno dijo basta –después, eso sí, de que los anarquistas les obligaran a ambos, a Gaziel y al Godó de turno, bajo pena de la vida, a abandonar el periódico y la «ciudad de las bombas»–. De todos modos, aunque el autor del libro sea el exdirector de La Vanguardia –los textos en él recogidos son suyos, y suya es la concepción de la obra–, sería injusto no reconocer asimismo la parte de autoría que corresponde a Amat. Y no sólo por aquello de la edición, que siempre deja huella; también, y sobre todo, porque Tot s’ha perdut (RBA, 2013) existe felizmente gracias al empeño del responsable de la edición, que lo es a la vez, por cierto, de esa Biblioteca del Catalanisme en que se inscribe el libro.

Como explica Amat en su «Nota a l’edició», fue en 1951 cuando Gaziel empezó a ordenar su pasado. O, en otras palabras, cuando empezó a organizar su vasta producción en las páginas de La Vanguardia y también de El Sol entre 1914 y 1936, excepto las crónicas de la Gran Guerra, ya recogidas en libro. (Entre paréntesis: mucho se ha hablado del éxito obtenido por las crónicas y artículos de Pla y Sagarra en El Sol, pero el único periodista catalán de preguerra realmente leído y escuchado en Madrid fue Gaziel.) Según confesaba el propio interesado a su amigo Agustí Duran i Sempere en aquel año de 1951, de toda esa producción periodística tenía pensado extraer «material per a tres o quatre volums de política, crítica literària, etc.». El que ahora ha rescatado Amat parece ser el único de esos volúmenes que Gaziel llegó a armar y a revisar de cabo a cabo. Era el de política –o uno de los de política– y, en concreto, de política relacionada con Cataluña. Así pues, dando por buena la hipótesis del editor, que sitúa ese proceso de selección y revisión de textos en la segunda mitad de la década de los cincuenta, y teniendo en cuenta que Gaziel murió en 1964, uno no puede por menos de preguntarse por qué ese libro ha permanecido medio enterrado en la niebla de la Cataluña del tardofranquismo, la Transición y la Autonomía rica y plena, y han debido ser el azar y la perseverancia entusiasta del investigador los que lo sacaran a la luz y lo ofrecieran, por fin, urbi et orbi.

Tanto más cuanto que Tot s’ha perdut es un gran libro, lleno de enseñanzas. Como todo lo que escribió Gaziel, podría añadirse. Cierto: como todo lo que escribió Gaziel. Pero, en este caso, está el contexto. No el de entonces, el de ahora. Así lo ha destacado Enric Juliana, en su prólogo a la edición, en relación con varios fragmentos del libro. Y así lo subrayó Arcadi Espada, a propósito del último de los artículos seleccionados, «La clara lección», de donde está sacado, precisamente, el título del volumen. Y lo mismo puede deducirse, en fin, de la precisa reseña de Jordi Bernal, publicada ayer en este medio. Lo que no significa, claro, que la historia vaya a repetirse. Nada hay, excepto quizá el catalanismo, que admita un paralelismo entre ayer y hoy. Por poner un ejemplo: los tres artículos de abril de 1923 sobre el afán de los acólitos del separatismo por convencer a Francia de las bondades de una Cataluña independiente –afán del que Gaziel se burla ácidamente– en nada difieren de los intentos presentes de los gobernantes autonómicos por convencer a la Unión Europea de la viabilidad de un Estado catalán. La misma inconsecuencia, el mismo ridículo. Pero acaso sea otro artículo de este año, «La devoradora de hombres», el que mejor refleje esa incapacidad del nacionalismo catalán por adaptarse a la realidad, por conocer y reconocer sus límites. En él Gaziel lamenta, desde la más profunda amargura, que Cataluña devore a sus hijos, a sus grandes hombres. Esto es, que esos grandes hombres –cita los casos de Josep Pijoan, Eugeni d’Ors, Josep Carner y Francesc Cambó– se hayan visto obligados a abandonar Cataluña porque no caben en ella. ¿Qué puede esperarse de un país así? Pues bien, no seré yo quien levante acta de los grandes catalanes de hoy –suponiendo que existan– que se han visto forzados a hacer lo propio. Pero sí sostendré que el hecho de que este libro recién publicado haya tardado medio siglo en ver la luz no es sino un síntoma lacerante de esa misma impotencia. En lo que afecta al libro y en lo que afecta, por supuesto, a la obra de su autor.

(Crónica Global)

La devoradora de hombres

    21 de octubre de 2013


(Mascaró [Josep Vergés], "Brigadas internacionales", Destino, 1-1-1938)
Esta semana se ha presentado en Madrid la tercera vía española. Se llama Movimiento Ciudadano y la impulsa el partido parónimo que preside Albert Rivera. Esa tercera vía lo es, por supuesto, en relación con las dos ya existentes, encarnadas en PP y PSOE, respectivamente. En la España de hoy, los principios que la informan son tan necesarios como elementales: el respeto a la ley; la profundización en la democracia, concretada en una mayor transparencia de los partidos e instituciones y una mayor participación ciudadana; una división real de poderes, y la superación de los enfrentamientos seculares entre españoles, ya sean territoriales o ideológicos. Como es natural, un movimiento basado en un programa de este tipo persigue convencer y congregar a un gran número de ciudadanos. Se trata, si el empeño no se tuerce, de constituir, a medio o largo plazo, una verdadera alternativa de poder. Aun así, a nadie se le escapa que el propósito tiene, a priori, un escollo considerable que vencer: UPyD. Nada hay en los principios mencionados más arriba que no pueda ser suscrito igualmente por el partido de Rosa Díez, que cuenta además con la ventaja de estar ya implantado en la geografía española y al que los sondeos auguran un crecimiento considerable en próximos comicios. Las discrepancias, si acaso, son de otro orden. Pero si no hay acuerdo entre unos y otros —lo que, vistos los precedentes, parece la hipótesis más probable—, la disgregación del voto, por absurda que parezca, será un hecho. Y, aunque a estas alturas resulta difícil pronosticar cuál de los dos proyectos hermanos se llevará el gato al agua —lo único aventurable, por desgracia, son las pérdidas en caso de desunión—, mucho me temo que no será el Movimiento el más perjudicado. Este verano Rivera estuvo en Palma de Mallorca, donde pronunció una conferencia en la que ya se dibujaba lo presentado el jueves en Madrid. Acudió un montón de gente, que se mostró encantada con lo que oyó. Entre el público había, como es lógico, muchos votantes, presentes o futuros, de UPyD. ¿Qué harán esos ciudadanos, en adelante, si lo del Movimiento cuaja? Menudo marrón.

(ABC, 19 de octubre de 2013)

La tercera vía

    19 de octubre de 2013


Josep Antoni Duran Lleida, líder democristiano catalán.
Ora Duran, ora Lleida.

El doble fondo de Cataluña

    18 de octubre de 2013


Mayte Amorós es una periodista de El Mundo / El Día de Baleares. Hace unos días, Amorós destapó en su periódico un caso de extorsión. Un caso singular, por cuanto la beneficiada del saqueo no era una mafia cualquiera, ni siquiera una semejante a la creada en Mallorca por la hoy presidiaria Maria Antònia Munar, sino una parte del cuerpo docente. Un grupo de ciudadanos pusieron en marcha el pasado 1 de octubre de forma anónima una campaña de extorsión a los comercios baleares, consistente en pedir amablemente a sus dueños que entregaran el 1% de la recaudación mensual a la caja de resistencia de los huelguistas de la enseñanza. Y, ante la negativa de muchos de esos empresarios a ceder amablemente ese dinero para tan noble fin, esos ciudadanos se constituyeron en un autodenominado Sindicato de Precarios cuyo objetivo no es otro que alentar la denuncia —anónima, por supuesto— de esos establecimientos remisos a pagar el impuesto docente, para que los afiliados al propio sindicato dejen de consumir en ellos. Esa campaña fue hecha pública por contrainfo.cat, un portal administrado por un investigador de la Universitat de les Illes Balears (UIB) experto en movimientos alternativos y, por consiguiente, en toda clase de boicots y desobediencias. Pues bien, esa indecencia rayana en el delito y la naturaleza del portal donde se difundió fueron reveladas por la periodista Amorós, lo que le ha valido la ira de los de contrainfo.cat, que no han escatimado insultos ni ataques personales contra ella a través de las redes sociales. Contra el acoso sufrido por Amorós, se han pronunciado ya la Associació de Joves Periodistes (AJP), la Comisión Gestora de la Asociación de Periodistas de Baleares (APB) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); pero no así el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB), que, en una nota tan indecente como la propia indecencia objeto de denuncia periodística, ha recurrido a la manoseada equidistancia para escurrir el bulto. Ah, y para que no falte la píldora educativa, hasta ha propuesto la celebración de «una jornada de reflexión y autocrítica».

Ni sus homólogos catalanes —de los que, al igual que los docentes, toman prestado siempre el modelo— lo habrían hecho mejor.

La indecencia profesional

    17 de octubre de 2013


Ángeles González-Sinde se ha llevado el segundo premio de la lotería del Planeta y hay quien se pregunta si ello es justo. No literariamente, por supuesto. El universo de los premios, aun cuando evacue de tarde en tarde algún producto presentable, no suele guiarse en sus decisiones por la calidad de la obra, sino por la expectativa de venta que genera. Entre el montón de originales, hay siempre o casi siempre alguno —así lo reconocen los jurados— literariamente mejor que el ganador. Pero business is business y lo demás son cuentos. Lo que aquí se plantea, pues, no es si la obra presentada por González-Sinde tiene más calidad que el resto —al margen de la ganadora, claro—, sino si es éticamente justo que González-Sinde se haya embolsado 150.000 € del segundo premio habiendo sido quien ha sido —o sea, la ministra que puso en marcha la primera ley antipiratería, lo que no puede sino granjearle las simpatías del editor Lara— y hace tan poco. Yo no veo, la verdad, que exista ningún problema. El problema sería que fuera al revés, que el Planeta premiara a una candidata exministra de Cultura que hubiera sido partidaria, durante su periplo ministerial, de las descargas ilegales. Y en cuanto al tiempo transcurrido entre su cese y este segundo premio, no llega a los dos años, es cierto —le faltan un par de meses—, pero se trata de un periodo razonable para escribir una novela como las que optan al Planeta. Quiero decir que nadie puede acusarla de haber escrito la obra en el banco azul o en las deliberaciones de un Consejo de Ministros. Eso sí, a juzgar por sus propias palabras, la ilusión y el esfuerzo no son de ahora: «He venido muchas veces a esta cena y siempre quería volver, pero a improvisar discursos como escritora premiada. Me he esforzado mucho por llegar hasta aquí». Seguro. Lástima, sin embargo, que la emoción le jugara una mala pasada a la exministra. Porque ningún laureado en esta clase de premios improvisa discurso alguno, como bien sabe González-Sinde. Que si hay algo atado y bien atado en este país desde mucho antes del 15 de octubre de cada año son el ganador y el finalista del Planeta.

«Me he esforzado mucho»

    16 de octubre de 2013


Era de esperar. La concentración del pasado 12 de octubre en la barcelonesa plaza de Cataluña se ha saldado, en cuanto a asistencia, con un baile de cifras imposible de cuadrar. En todo caso, había mucha más gente que el año anterior, de eso no hay duda, y muchísima menos también de la que los convocantes, simpatizantes y afectos hubieran deseado poder contar. Y, aun así, la imaginación de los organizadores voló hasta los 160.000. ¡Qué se le va a hacer! También la del Gobierno de la Generalitat, organizador en la sombra de la cadena humana del último 11 de septiembre, se fue entonces hasta los 1,6 millones. Y, claro, de ello se han seguido las inevitables comparaciones. Que si la proporción es de 1 a 10, que si por cada constitucionalista hay en Cataluña diez independentistas, etc. Y, total, ¿para qué? En Baleares salieron a la calle hace quince días 80.000 personas para exigir la retirada del TIL, el decreto de tratamiento integral de lenguas que el Gobierno del popular Bauzá pretende implantar en la enseñaza insular. Anteayer se concentraron en la plaza Mayor de Palma unas 1.500 personas en defensa de su aplicación. O sea, ni siquiera alcanzaron una proporción de 2 a 100. Y, a pesar de ello, en estos momentos los huelguistas han depuesto su actitud, el TIL, mal que bien, se está aplicando –gracias, en buena medida, a la eficacia de la inspección educativa– y, lo que es más importante, el colectivo de maestros y profesores del archipiélago, lejos de crecer en la apreciación ciudadana, ha acumulado un descrédito con su boicot a las aulas que no anda ya muy lejos del cosechado tiempo atrás por los controladores aéreos. ¿Para qué ha servido, pues, la movilización? En el mejor de los casos, para nada. Por más que la toma de la calle diera a entender lo contrario, los partidarios de la aplicación de la ley –en esta ocasión, educativa– son con toda seguridad muchos más. Ha bastado con que el Gobierno no cediera, para que la legalidad terminara imponiéndose. Y no creo que la situación catalana, donde lo que se dirime, en el fondo, es algo parecido aunque de trascendencia infinitamente mayor –lo que se pone en cuestión no es ya un simple decreto de trilingüismo, sino el mismísimo orden constitucional–, deba tener un tratamiento distinto. La calle es suya, de acuerdo. Pero mientras el Gobierno —el español, por supuesto– aguante y no ceda, mientras la ley siga siendo la ley, el triunfo acabará siendo nuestro.

La calle es suya

    15 de octubre de 2013
En la vida política hay muchas formas de obstrucción. Lo es, por ejemplo, la de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que se ha negado a dotar de fondos la reforma sanitaria del presidente Obama, lo cual ya ha ocasionado el cierre de la Administración Pública del país y quién sabe si en un futuro próximo males mayores. Lo era también, en tiempos de la Segunda República española, la táctica de los grupos de oposición en las Cortes durante los últimos gobiernos de Manuel Azaña, consistente en recurrir a todas las artimañas imaginables –en palabras del cronista Josep Pla, a «la manipulación de los recursos parlamentarios más brutales»– para ir dilatando el proceso de tramitación de una ley. Y lo está siendo asimismo, en el campo de la enseñanza pública española, la llamada a la movilización de las formaciones de izquierda y nacionalistas cada vez que un cambio legislativo cualquiera atenta contra sus intereses.

El pasado jueves el Congreso de los Diputados aprobó la nueva ley de educación, la Lomce, y para el próximo jueves 24 de octubre ya hay convocada una huelga general en la enseñanza. Por supuesto, entre ambos hechos existe una relación de causa a efecto. Pero nadie vaya a creer por ello que los convocantes, la llamada Plataforma Estatal por la Escuela Pública, han esperado a conocer el texto legal definitivo, con las modificaciones introducidas a lo largo de la tramitación parlamentaria, para llamar a la huelga. Qué va. El paro está convocado desde hace un mes. Y no sólo el paro; también lo que la Plataforma ha denominado «mesas de consulta ciudadana», colocadas desde el pasado 23 de septiembre en colegios, institutos y universidades para que los ciudadanos digan si rechazan cualquier tipo de política educativa y, en concreto, las llevadas a cabo por el Gobierno central –las respuestas se harán llegar este jueves al presidente Rajoy–, y «marchas en verde», que deben converger, entre el 2 y el 9 de noviembre, en el mismísimo Palacio de la Moncloa. Ah, y como en esa Plataforma están también representados los estudiantes, que no se cortan nada en estos casos, ellos empezarán la huelga dos días antes. Total, para lo que aprenden en clase.

Como se deduce fácilmente de lo expuesto hasta aquí, con las movilizaciones programadas no hay voluntad alguna de influir en los contenidos de la ley –lo que sí podía suceder, otorguemos a los convocantes el beneficio de la duda, con la anterior huelga general del 9 de mayo–. En la medida en que el Senado, esa Cámara fútil, va a ratificar lo aprobado en el Congreso, se trata de expresar en la calle la disconformidad del lobby educativo. Pero no tan sólo. Se trata también de obstruir, de impedir que la ley sea aplicada con todas las garantías a partir del próximo curso. Para ello, nada como crear un estado de opinión deslegitimador. Por ejemplo, esos titulares de gran parte de la prensa española que insisten en que la Lomce ha sido aprobada «sólo con los votos del PP». ¿Y? ¿Acaso un partido que dispone de mayoría absoluta no puede cumplir con uno de los puntos cardinales de su programa electoral? No les negaré que a mí me habría gustado que los cinco diputados de UPyD votaran también a favor de la ley, entre otras razones porque quiero creer que el modelo educativo de unos y otros es, en esencia, el mismo. Pero, por lo que sea, no ha sido posible. Lo cual no invalida para nada la ley, por más que la oposición saque a pasear el mito de la pluralidad, como si los acuerdos entre muchos fueran necesariamente mejores. No lo dirán por el Pacto del Tinell.

O sí. Puesto que detrás de esas movilizaciones y de ese estado de opinión está la firme voluntad de los partidos de izquierda y nacionalistas de no renunciar al statu quo que les confiere el actual modelo educativo. Que –conviene repetirlo, por cuanto esta es otra de las falsedades reiteradamente publicitadas– no es uno más de los muchos que se han sucedido en democracia, sino el único que ha sido aplicado en verdad, durante cerca de tres décadas, bajo distintas leyes y con los resultados de todos conocidos. Hace poco vivimos en Baleares, con la movilización docente contra el TIL, un anticipo de lo que se avecina en toda España. Como muy bien dijo entonces José María Albert de Paco, los docentes tomaron la calle «por lo que el TIL supone de restablecimiento de la legalidad y, de algún modo, también de la realidad». Ahora, buena parte de los pertenecientes al sistema de enseñanza público español se aprestan a hacer lo propio, y a arrastrar en el empeño a padres y alumnos, con la segunda ley educativa –la primera fue la Loce, que ni siquiera llegó a aplicarse– que, con mayor o menor acierto, intenta cambiar de raíz el modelo imperante. No cejarán. Obstruirán hasta donde sea preciso, en la calle y en las aulas. Se insubordinarán. Se declararán insumisos, con el estímulo de consejeros como Irene Rigau. Se juegan mucho. Y, por supuesto, nada de lo que se juegan tiene que ver con la verdadera educación.

(Crónica Global)

La obstrucción educativa

    14 de octubre de 2013


(Esteban Salazar y Chapela, "Psicología del jefe de peña", La Gaceta Literaria, 15-9-1929)
Hasta nueva orden, un Parlamento es un lugar al que se va a parlamentar, o sea, a hablar, a conversar y, en la medida de lo posible, a llegar a acuerdos. Ello es así, o debería ser también así, en el Parlamento de Cataluña. En todo caso, sucesos como el del pasado jueves, cuando la presidenta de la Cámara, Núria de Gispert, negó la palabra al portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas, impidiéndole de este modo responder por alusiones a la intervención del diputado de la CUP, David Fernàndez, que había equiparado a PP y C’s con formaciones xenófobas y neonazis por dar su apoyo a la concentración de esta mañana en la plaza de Cataluña, no contribuyen en absoluto a preservar la función de la institución ni, por supuesto, su prestigio, si es que aún le queda alguna triza. Tanto más cuanto que «la transición nacional» emprendida por Artur Mas ha derivado en una partición de la clase política en dos bandos —partición a la que se añade, claro está, una multiplicidad de fracturas en el campo social y familiar— que impide considerar las palabras de Fernàndez como ajenas al sentir general del bloque independentista del que forma parte en razón de los compromisos contraídos hasta la fecha. Quiero decir que De Gispert y él defienden en estos momentos unos mismos intereses. Y lo mismo ocurre en lo tocante a Ciutadans y al PP, cuya reacción de anteayer al abandonar sus diputados el hemiciclo, todos a una, ante la imposibilidad de replicar al infundio vertido desde las filas de la CUP, no puede sino interpretarse como la evidencia de que en el tablero político catalán no hay sitio para ellos. Y todo por defender la ley y el orden. ¿O acaso no es defender la ley y el orden aspirar a manifestarse el Día de la Hispanidad, fiesta nacional de España, bajo un lema tan liviano, tan integrador y tan pegado a la realidad como «Som Catalunya, somos España» y sin tener que verse vituperados por ello? Y encima la presidenta del Parlamento les soltó, ofendida, que no tenían vergüenza. ¿Vergüenza, señora De Gispert? ¡Pero si estas señorías son las únicas del Parlamento catalán que todavía la conservan!

(ABC, 12 de octubre de 2013)

«Senyor Cañas, calli»

    12 de octubre de 2013


Soy consciente del adelanto: esta clase de piezas corresponden más bien a los últimos días del calendario, cuando las noticias escasean y todo son balances del año vencido y anuncios y pronósticos del que está a punto de llegar. Pero, qué quieren, con la sensación general de interinidad que hay hoy en día en Cataluña uno no sabe ya si el año en curso va a acabar, como es su obligación, y de qué forma. De ahí que me haya parecido oportuno ofrecer ya, a 11 de octubre de 2013, ese pequeño decálogo —no exhaustivo, por supuesto— de cosas que, a mi juicio, conviene recordar en 2014:

—El centenario del inicio de la Gran Guerra, conocida, después de la segunda, como la Primera Guerra Mundial.

—El centenario del nacimiento del medievalista Martí de Riquer y el primer aniversario de su muerte.

—El décimo aniversario del atentado del 11 de marzo en Madrid.

—El centenario del nacimiento del poeta Joan Vinyoli.

—El ochenta aniversario del golpe de Estado del Gobierno de la Generalitat contra el Gobierno de la Segunda República española.

—El centenario del nacimiento de Aníbal Troilo, bandoneonista y compositor de tangos.

—El cincuenta aniversario de la muerte de Agustí Calvet, Gaziel, hacedor y director de La Vanguardia.

—El tercer centenario de la creación, por parte de Daniel Gabriel Fahrenheit, del termómetro de mercurio.

—El cincuenta aniversario de la muerte de Harpo Marx.

—El primer centenario de la inauguración y apertura al público de la Biblioteca de Catalunya.



El presidente Mas recibe esta mañana a los organizadores del acto del próximo sábado, 12 de octubre, en la barcelonesa plaza de Cataluña, a favor de la unidad de España. Los recibe en su despacho del Parlamento autonómico y no en el Palacio de la Generalitat, pero los recibe. Es una buena noticia. A mí me ha recordado otra de la que fui protagonista hace ocho veranos. Un mes más tarde de haber hecho público el manifiesto de Ciutadans, cuatro de los quince abajo firmantes fuimos recibidos en Palacio por el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. La reunión fue cordial, como espero que sea la de esta tarde en el Parlamento de Cataluña. Y aquí terminan las analogías. Porque si la nuestra se produjo a instancias del presidente Maragall, que se mostró encantado de hablar con una representación de los quince, la de hoy ha sido solicitada por los organizadores del acto después de que el presidente Mas desbrozara el camino con un árido: «Si me quieren ver, que me lo pidan, porque no me consta que lo hayan hecho». Y, sobre todo, porque la nuestra fue, por así decirlo, inaugural, mientras que la de hoy viene precedida por risueñas y alborozadas audiencias de Mas a los promotores de la manifestación del 11 de septiembre de 2012 y del vía crucis del 11 de septiembre de 2013. Aunque, eso sí, hace ocho años, a la semana de reunirse con nosotros, Maragall lo hacía con algunos miembros de una plataforma de nuevo cuño, Els Altres Andalusos, subvencionada hasta las orejas, cuyo principal cometido era apoyar públicamente el Estatut que por entonces todavía se estaba gestando y descalificar a un tiempo a quienes se oponían a él, como era nuestro caso, por pertenecer, decían, «a una clase social» privilegiada.

Esos socialistas, tan equidistantes siempre, tan atentos a no violentar en lo más mínimo al nacionalismo. Así les ha ido, por cierto.

Recepciones

    10 de octubre de 2013


Hay palabras gastadas, palabras que han perdido su imprescindible neutralidad. Quiero decir que uno no puede ya usarlas sin que remitan, al punto, a un determinado contexto. Por supuesto, de la existencia de ese contexto puede ser consciente el hablante; en tal caso, nada hay que objetar al uso que vaya a hacer de ellas. Pero también puede ocurrir que las utilice sin caer en la cuenta de que el término acarrea un significado indeseado. Sucedió hace más de una década con «diálogo». A partir de la manifestación de repulsa por el asesinato en Barcelona de Ernest Lluch a manos de ETA, la palabra, lanzada desde la tribuna por la periodista Gemma Nierga, como un imperativo, a los presidentes de los Gobiernos de España y del País Vasco, pasó a significar, más que simple diálogo, «negociación». Y no tanto entre dichos gobiernos como entre el primero de ellos y la banda terrorista. De ahí la dificultad para muchos de seguir usándola en su sentido recto. Algo parecido está ocurriendo hoy en día con la palabra «proceso». Contaminada desde los tiempos del «proceso de paz» emprendido por José Luis Rodríguez Zapatero, en la medida en que ocultaba una negociación política, fue empleada profusamente por aquel «hombre de paz» llamado Otegi, ya acompañada del adjetivo «democrático», ya sin adjetivo ninguno, a pelo. Cuando el líder de Batasuna aludía al «proceso», todos le entendían. Y desde el bendito 11 de septiembre de 2012, la palabra se ha instalado en Cataluña. Primero fue «el proceso soberanista» o «el proceso a la independencia», pero pronto los complementos se desgajaron y quedó tan sólo «el proceso». Al fin y al cabo, a Otegi y a la monja Forcades —que preside un movimiento denominado, cómo no, «Procés Constituent»— les separa ya poco más que un velo. Sin embargo, cuando quien usa el vocablo es la máxima representante en Cataluña del partido gobernante en España, la cosa adquiere tintes más preocupantes. Es verdad que Alicia Sánchez-Camacho lo usa para referirse a lo que la propia secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, ha calificado de «proceso de análisis» del modelo de financiación autonómica. Pero, al contraponerlo al «proceso independentista», Sánchez-Camacho no hace sino contribuir a la propagación del término, con todo lo que conlleva de volubilidad, inestabilidad y, en definitiva, inseguridad. No es extraño que ya haya quien se pregunte si esta mujer, en el fondo, no es nacionalista.

El proceso

    9 de octubre de 2013


Eso del informe PISA amenaza con llevarse por delante lo poco que debe de quedarle a España de prestigio en el mundo, una vez descontados los éxitos de los Nadal, Gasol, Casillas e Iniesta. Ahora ya no son sólo los quinceañeros y sus paupérrimos resultados. Ahora es también el resto. O sea, la población comprendida entre los 16 y los 65 años. La presentación del informe PIAAC, conocido como «el PISA para adultos» y realizado en 23 países de entre los más desarrollados de la OCDE —lo que ya es desarrollo—, arroja un resultado demoledor para España: última en el apartado de matemáticas, penúltima en el de comprensión lectora, y más de veinte puntos por debajo de la media de la OCDE en uno y otro caso. Este es el nivel educativo del grueso de la población española en uso de razón —y ya me perdonarán los jubilados—. Bien es cierto que los países que nos acompañan en tan triste honor no son unos cualquieras: el más próximo, Italia, al que superamos incluso en comprensión lectora, y algo distanciados ya, Francia, Irlanda y hasta Estados Unidos. Triste consuelo, en todo caso. Por lo demás, las pruebas permiten corroborar un par de cosas que ya se colegían de los sucesivos informes PISA. Por un lado, la enorme distancia entre el bloque de los países del norte y de tradición protestante —al que habría que sumar Japón, líder indiscutido en ambas pruebas— y el de los países del sur y de tradición católica. Por otro, lo que podríamos denominar «la falsa coartada del franquismo» como justificante del desastre actual. Tal y como revelan los datos, el crecimiento del nivel educativo se estanca a partir de la década de los 90, con la entrada en vigor de la LOGSE. De haber seguido con un sistema más o menos liberal, basado en la instrucción y la transmisión del conocimiento, acaso no estaríamos hoy tan hundidos. Aunque un poco hundidos, seguro, que por algo somos del sur y de tradición católica.

La marca España educativa

    8 de octubre de 2013
El pasado martes estuve allí. A eso de la una de la tarde pisé por primera vez –y me temo que por última– lo que el comisario Torra denominó hace un año, con manifiesta amoralidad, «la nostra zona zero». Estuve, sí, en el Born Centre Cultural (BCC). Acaso porque era día laborable, acaso porque la hora no invitaba ya a la visita escolar, en el recinto del viejo mercado barcelonés reconvertido ahora en fireta nacional no había más que jubilados y turistas, aparte de un pequeño grupo de funcionarios o parafuncionarios –entre los que destacaba, por cierto, el propio comisario Torra, que no paraba de dar órdenes a sus hombres, quién sabe si en previsión de un nuevo ataque de las tropas de Felipe V–. Nada más penetrar en el BCC, un austracista disfrazado de agente de seguridad me indicó amablemente dónde estaba el puesto de venta de entradas. Se lo agradecí, pero, como buen catalán que soy y dado que sólo se requería entrada para las visitas guiadas y un par de exposiciones y el resto podía recorrerse a pie sin gasto alguno, decidí ahorrármela. Al fin y al cabo, si tal era mi entusiasmo al final del recorrido, siempre estaría a tiempo de reconsiderar mi decisión.

El yacimiento tiene un interés indiscutible. Y hasta una cierta belleza. Para entendernos: como la neocueva de Altamira, pero con la ventaja de que aquí las piedras son de verdad y encima uno no debe andar todo el rato torciendo el cuello para contemplar las pinturas del techo. Lástima que lo contenido en los paneles con que el visitante puede orientarse a medida que va circunvalando los restos de la vieja ciudad bombardeada sea, por lo general, tan poco científico. Comprendo las necesidades de la propaganda –uno, con los años, se hace cargo de todo–. Pero lo que no es de recibo es simplificar las cosas hasta el extremo de presentar la Barcelona de comienzos del XVIII como una suerte de Arcadia, de comuna armoniosa que unos villanos –castellanos, para más señas– redujeron a escombros. En palabras del propio BCC: «La Barcelona de 1700 era una ciudad llena de jardines y huertos, con norias, fuentes, árboles frutales y gran diversidad de flores provenientes de distintas partes del mundo», con una «sociedad conectada con medio mundo gracias a una fuerte actividad comercial, bien alimentada y apasionada por los dulces», pero «los derribos ordenados por Felipe V» convirtieron esa comuna llena de amor y felicidad en una «ciudad mutilada»; «esta es la trágica lección». O sea, tomen nota y aplíquenselo, queridos visitantes y compatriotas todos –o casi todos–, no vayan a tropezar dos veces con la misma piedra, monumental o no.

Por supuesto, después de la experiencia desistí de comprar la entrada. ¿Para qué, si las exposiciones programadas iban a ser más de lo mismo? Eso sí, me acerqué al bar restaurante del recinto a ver qué ofrecían. Algo había leído ya sobre los nombres de los platos y los comentarios del reverso de la carta. No sé si hay que atribuirlos a la inventiva del comisario Torra o si el autor intelectual –perdonen ustedes el adjetivo– es otro, pero no cabe duda de que se trata de una muestra bastante zafia de agitprop. Lo cual no rebaja para nada la calidad de los manjares, por más que los vuelva, para un estómago letrado y no especialmente patriota, un punto indigestos¬. En todo caso, me lo tenía merecido. ¿Quién me mandaba meterme allí?

Para terminar, y con el firme propósito de no dejar ningún cabo suelto, me pareció obligado ir al servicio. No sólo por necesidades fisiológicas; también periodísticas. Si el bar restaurante se recreaba en la historia y de qué modo, ¿qué no podía esperarse del retrete? Pues no. O, al menos, no el de caballeros. Y hasta diría que ese fue el único espacio de todo el recinto en que descubrí una novedad, un signo de los tiempos, una aportación al conocimiento y al progreso de la humanidad. Los urinarios, allí donde los varones realizan sus necesidades menores de pie, estaban compartimentados. Quiero decir que cada uno estaba separado del vecino, a derecha e izquierda, mediante un tabique. Como debería ser. Eso sí, junto al urinario no había papel higiénico. Pero todo se andará. Y no descarto, visto lo visto, que ese papel lleve impreso el odiado rostro de Felipe V.

(Crónica Global, 7 de octubre de 2013)

De la comuna al urinario

    7 de octubre de 2013


(Antonio Zozaya, "¿Se debe hablar o no?", Mundo Gráfico, 22-4-1931)
Al PSC le pasa con Otegi lo mismo que con España: no sabe qué hacer con él. Un día dice blanco y otro negro. Es verdad que semejante comportamiento no es exclusivo de ese partido. Repárese en el PSOE, por ejemplo. Por no hablar de la izquierda extrema, ya sea la estrictamente catalana, ya la hispánica. Pero lo del PSC, qué quieren, tiene además el aliciente —por llamarlo de algún modo— del fangal. O sea, de la situación en que se encuentra ese partido desde que se metió en la cama con el nacionalismo sin pudor alguno, esto es, desde finales de 2003, hasta el mismísimo día de hoy, en que se arrastra como alma en pena por la política catalana, tras haber perdido más de la mitad de los votos y la poca honra que le quedaba. En coherencia con su enfermiza indefinición con respecto al nacionalismo, el PSC accedió a formar parte de esa comisión de estudio sobre el llamado «derecho a decidir» creada por el Parlamento autonómico. Y una vez allí les salpicó el nombre de Otegi como candidato a asesor, a propuesta de los chicos de la CUP, cuyas simpatías por el mundillo «abertzale» —con y sin metralleta— son de sobra conocidas. Por suerte para los socialistas, los demás grupos, y en particular el de CIU, debieron de asustarse tanto como ellos con la posibilidad de que de allí saliera una foto de sus representantes abrazados al insigne «hombre de paz» y, aun así, pérfido terrorista. Y acordaron que Otegi enviara una carta, que ellos ya acusarían recibo. Pero, claro, ello no impidió que a los socialistas les llovieran puyas de todos lados. De ahí que hayan dado marcha atrás y se hayan opuesto a la declaración de Otegi, incluso por escrito. Pero lo más extraordinario son las razones aducidas por su portavoz parlamentario. «Otegi no representa los valores democráticos», ha dicho Maurici Lucena. A lo que se ve, sí los representaba hace unos días. Como no consta que Otegi haya hecho ni dicho nada especial en el tiempo que media entre ambas decisiones del PSC, habrá que convenir que el cambio lo ha experimentado el concepto socialista de «valores democráticos». Lo cual, sobra añadirlo, resulta incluso mucho más alarmante.

(ABC, 5 de octubre de 2013)

Los valores democráticos
del PSC

    5 de octubre de 2013


Medianoche. Zona alta y empinada de Barcelona. Un abrevadero de profesionales del sexo. Victoria Prego, Arcadi Espada, su mujer Patricia y un servidor. Se acerca una chica ligera de ropa y subida de copas. Pregunta a Victoria Prego:

— Oye, tú eres la de la tele, ¿verdad? —Prego asiente con la cabeza— ¡Y tú también! —Esta vez se dirige a Espada. La constatación ilusiona a la chica, que mira a Patricia y afirma sin lugar a la réplica—: Tú eres su mujer.

Finalmente, llega el careo temido. Me encuadra en primer plano y su sonrisa se torna mueca desdeñosa.

— Y tú… tú no eres nadie.

¡Bendita homérica! Las putas, cuando no están trabajando, son de una sinceridad apabullante.


Este texto está sacado de una de las crónicas que Jordi Bernal fue escribiendo durante el largo tour que medió entre el manifiesto de 2005 que dio origen a Ciutadans y las elecciones autonómicas de 2006 en que el partido recién nacido sacó sus primeros tres diputados. Las crónicas fueron recogidas al año siguiente por José María Albert de Paco, el editor de Tentadero, en Viajando con Ciutadans. Y ahí siguen, para quien desee leerlas. Lo cual es muy recomendable. Porque lo que allí se cuenta no se ha contado en casi ninguna otra parte; porque se trata de periodismo del bueno —o sea, honesto, inteligente y muy bien escrito— y porque, en fin, el libro resultante es un libro feliz, afirmativo, un libro que narra una victoria, dura y trabajada. La crónica que se cierra con el fragmento reconstituyente reproducido más arriba corresponde al 5 de junio de 2006. Ese día, una pequeña representación de Ciutadans de la que formaban parte los protagonistas de la anécdota y el hoy diputado José Manuel Villegas, y a la que acompañaba la periodista de El Mundo Victoria Prego, se había desplazado a Gerona para ofrecer una charla en el auditorio de una caja de ahorros. Estábamos en plena campaña del referéndum por el Estatuto de 2006 y Ciutadans, que aún no había celebrado su congreso constituyente, recorría la geografía catalana pidiendo el «no». Ese 5 de junio de 2006 una veintena de energúmenos independentistas agredieron a Espada y trataron de reventar el acto con la complacencia de tres o cuatro mossos de paisano que no consideraron necesario intervenir. Gerona, ciudad sin ley. De ello, y de cuanto sucedió en aquel par de semanas de campaña, dejó testimonio escrito Victoria Prego en sus crónicas, lo mismo en el periódico que en su blog. Pero Victoria, con su mochilita y su portátil siempre en ristre, fue mucho más que una voz autorizada gracias a la cual pudimos traspasar la omertà mediática catalana; fue también una presencia solidaria, amiga, fraternal. Yo la traté días más tarde, en otros actos de campaña, bajo los focos y fuera de ellos. Y nunca olvidaré esos momentos.

Esta noche Victoria Prego recibe un homenaje en Barcelona. En fin, no es propiamente un homenaje, sino un premio, el Premio a la Tolerancia, que concede anualmente la Asociación del mismo nombre. Pero no hay duda que el acto derivará en homenaje. Yo no podré estar, por desgracia. Y no saben cuánto lo siento.

Querida Victoria

    4 de octubre de 2013


La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso presentado por 50 senadores del PSOE contra varias disposiciones de la Ley de Función Pública de Baleares aprobada el año pasado por el gobierno del popular José Ramón Bauzá plantea eso que los analistas políticos llaman «un escenario lleno de encrucijadas». Al avalar que el conocimiento del catalán sea un mérito y no un requisito, el TC refuerza la igualdad entre los ciudadanos que tengan la condición de funcionario —y son algunos millones en España— en la medida en que su movilidad por todo el territorio nacional no va a verse limitada, en adelante, por la exigencia del conocimiento de una lengua que no sea la oficial del Estado. (Como recuerda la sentencia, quedan exentos de la aplicación de la ley quienes ocupen puestos en la función pública docente, quienes realicen trabajos de asesoramiento lingüístico y quienes tengan como función principal la información y la atención al público.) En otras palabras: si se da el caso que, en una Comunidad Autónoma con más de una lengua oficial, un funcionario o un aspirante a serlo es rechazado en un concurso de traslado o en una oposición por desconocer la lengua cuya oficialidad es privativa de aquella Comunidad, este funcionario o cuasifuncionario podrá acudir a los tribunales e impugnar el mencionado concurso. Pensemos en Cataluña, por ejemplo. ¿Qué ocurrirá cuando uno de estos ciudadanos reclame sus derechos, los tribunales le den la razón y, aun así, el Gobierno de la Generalitat se niegue a aplicar las sentencias? Pues probablemente lo mismo que está ocurriendo ahora con todas esas otras sentencias que obligan a la Administración catalana a garantizar la enseñanza en castellano de los alumnos o, si lo prefieren, la condición del castellano como lengua vehicular. Con lo que la brecha entre el ordenamiento jurídico y su aplicación en todo aquello que compete a la Generalitat se irá ensanchándose más y más. ¿Cataluña, tierra sin ley? Pues parece que, en efecto, en esas estamos.

Tierra sin ley

    3 de octubre de 2013


La primera vez que vi a Carme Chaparro en una pantalla de televisión, trabajaba, creo, como corresponsal de Telecinco en Cataluña. Y, acaso porque aparecía —o yo la veía, al menos— en un informativo presentado entonces por Àngels Barceló, tuve siempre la impresión de que estábamos ante una suerte de Barceló bis. La misma voz melosa, la misma mirada envolvente, el mismo coqueteo con la cámara. Y, encima, catalana —aunque nacida en Salamanca—. (Ya ha demostrado Ferran Toutain hasta qué punto los humanos tendemos al mimetismo, especialmente hacia aquellos por los que sentimos una forma cualquiera de admiración o devoción.) Luego Barceló y Chaparro han ido siguiendo cada cual su camino. Pero, aun así, el molde inicial no ha desaparecido. Y ese molde incluye una visión de la realidad —largamente trabajada por el nacionalismo con la complicidad de buena parte de la izquierda— en la que Cataluña y España son sujetos políticos independientes. Y en disputa permanente, sobra añadirlo. Como una pareja que no se entiende y que lo mejor que puede hacer es dejarlo. Si bien se mira, es esta la gran victoria del nacionalismo: haber creado un marco de percepción engañoso en el que todo debate resulta forzosamente fraudulento.

Problemas de pareja

    2 de octubre de 2013


Dice hoy Albert Sáez en «El Periódico» que «el PP balear lleva a su país al precipicio». Y que lo lleva a tan mal lugar y no a donde se supone que debería llevarlo porque impide que los niños vayan a la escuela. Tremendo. Si no ando equivocado, es la primera vez que ocurre algo así en la historia de la gobernanza política. Parece mentira a lo que hemos llegado. Y todo por el absurdo empecinamiento del presidente Bauzá en querer implantar el trilingüismo allí donde el monolingüismo, favorecido por un decreto de un antecesor de su propio partido, funcionaba la mar de bien. En fin, que funcionaba la mar de bien no lo dice Sáez, pero se desprende de su razonamiento. Con el modelo anterior –el de la inmersión lingüística generalizada, que una tercera parte del cuerpo de docentes se resiste ahora a abandonar–, no había división, no había confrontación; no había causa, en una palabra. Es verdad que el articulista no se refiere para nada a los resultados académicos que con ese modelo se han producido. Y que tampoco alude al derecho que asiste a un gobierno elegido por mayoría absoluta a aplicar las políticas que considera más adecuadas y que, en su caso, figuraban ya en el programa electoral. Y que ignora la coacción a que han sido sometidos de forma sistemática –por parte de sus propios compañeros, de los sindicatos del gremio o de las asociaciones de padres– los maestros y profesores que no querían seguir la huelga por hache o por be. Todo no se puede saber. Y no digamos ya si uno tiene la cola de paja y cree en el diablo tanto como en los Países Catalanes.

El precipicio balear

    1 de octubre de 2013