El nacionalismo y la lengua

El nacionalismo ha hecho siempre con la lengua cosas feas, moralmente feas, cosas que nada tienen que ver con la comunicación ni con la filología. Acaso la más fea de todas sea la implantación del modelo escolar de inmersión lingüística obligatoria, esa vergüenza con la que el régimen fundado por Pujol y Cía ha maniatado la libertad de millones de ciudadanos, puesto que no sólo afecta a los alumnos, sino también a las familias que hay detrás. Los lectores de Crónica Global están perfectamente informados de sus estragos, por lo que poco puedo añadir yo. No obstante, existen algunas derivaciones del asunto que han pasado tal vez más inadvertidas y a una de ellas quisiera referirme hoy.

La pasada semana tuvimos conocimiento de la detención de una célula yihadista acusada de formar parte del entramado del Estado Islámico y su red de captación de militantes. De los ocho detenidos, todos de nacionalidad española, seis residían en Cataluña. Y, por lo que ha trascendido de su edad, es muy probable que la mayoría hayan sido escolarizados en esta Comunidad. Por supuesto, lejos estoy de insinuar que exista una relación cualquiera entre la enseñanza recibida y las inclinaciones criminales que se les suponen. Faltaría más. Pero sí creo, en cambio, que el alto porcentaje de inmigración de origen magrebí en Cataluña no puede desligarse de las políticas llevadas a cabo por la Generalitat. Y esas políticas guardan relación con la escuela y con la función que el nacionalismo ha asignado tradicionalmente a la lengua catalana como presunto mecanismo de integración social.

Como es natural, esa función asignada a la lengua tiene como principal objetivo, desde hace por lo menos dos décadas, a la llamada inmigración extracomunitaria. Por su peso demográfico y, en buena medida también, por su bajo nivel cultural. Y esa inmigración, los estrategas de la planificación lingüística suelen dividirla entre la procedente de la América hispanohablante y el resto, donde lo que más abunda es la población originaria del norte de África. Sobra indicar cuál de los dos bloques conviene más a los propósitos lingüísticamente normalizadores. Con el primero, es evidente que lo tendrían más fácil; al fin y al cabo, castellano y catalán son lenguas hermanas. Pero resulta que los hispanohablantes no ignoran que en España se habla castellano. La madre patria, figúrense. Y, además, enseguida descubren que Cataluña, a pesar de los esforzados intentos de la Generalitat por soslayarlo, forma parte de España, por lo que también se habla castellano. Total, que su interés por aprender catalán no sólo es muy relativo, sino que encima se diluye nada más traspasar el umbral que separa la escuela de la calle. No es el caso de la población norteafricana, para la que el castellano, a priori, cuenta tanto —o tan poco— como el catalán. De ahí que sea un colectivo mucho más dócil y apetecible, lingüísticamente hablando. Y de ahí también que la Generalitat lleve tiempo trabajándoselo. De forma oficial, desde 2003, cuando nombró a Àngel Colom, maestro de formación aunque activista y político de profesión, representante suyo en Marruecos. Se trataba de preparar el terreno sobre el terreno. En otras palabras, de asegurar que los futuros inmigrantes llegaran a suelo catalán con la lección bien aprendida. Como es lógico, esas medidas iban acompañadas de las acostumbradas subvenciones a las asociaciones correligionarias sitas en Cataluña. Así las cosas, mientras la Generalitat promovía un tipo de inmigración, la procedente del norte de África, se cuidaba muy mucho de alentar la hispanohablante —a la que le unían, por cierto, aparte de esa lengua castellana de la que no quería ni oír hablar, una religión y una cultura religiosa, algo que no ocurría con el otro colectivo—.

He dicho anteriormente que no pretendía establecer relación ninguna entre la enseñanza recibida por los yihadistas detenidos en Cataluña y sus inclinaciones criminales. Tampoco la estableceré ahora entre la política lingüística llevada a cabo por la Generalitat en relación con la inmigración originaria del norte de África y el hecho de que seis miembros de la célula terrorista residieran en tierras que están bajo su jurisdicción. Pero no me resisto a consignar, aquí y ahora, que el nacionalismo no ha tenido otro interés, en todos estos años, que fomentar la inmigración que más le convenía en detrimento de la que más podía convenir, por su capacidad de arraigo, al conjunto de los catalanes y al resto de los españoles.

(Crónica Global)

El calendario catalino

Yo soy, como quien dice, de cuando el calendario juliano. No se asusten: aunque ya tengo mis años, no me estoy refiriendo ahora al calendario implantado en tiempos de Julio César, sino a uno más reciente, el que debe su nombre al ministro de Educación del último gobierno del almirante Carrero Blanco. En realidad, cuando yo llegué a la universidad, en octubre de 1974, el llamado calendario juliano ya era historia. Pero todavía resonaban sus ecos. Se había aplicado en el curso universitario anterior al mío, por obra y gracia del ministro Julio Martínez, y consistía en empezar las clases el 7 de enero y terminarlas el 31 de diciembre, con los periodos vacacionales de por medio. Sólo que su aplicación, limitada al primer curso de carrera, fue un visto y no visto. De una parte, al ministro Rodríguez le llegó el cese antes incluso de que dieran comienzo las clases. De otra, su sucesor en el cargo, nada más tomar posesión, derogó el nuevo calendario, por lo que aquel curso infausto duró sólo seis meses para todos los jóvenes españoles recién ingresados en la universidad. (Quienes accedimos a la universidad en otoño de 1974 corrimos aún peor suerte: gracias a la huelga indefinida de penenes [profesores no numerarios] iniciada en enero de 1975, el curso duró de octubre a diciembre de 1974, esto es, la mitad que el anterior. Eso sí, la huelga fue rematada con un rocambolesco aprobado general, para general alborozo de los discentes.)

Toda esa larga introducción nada tiene que ver, por supuesto, con el curso universitario en el que estamos inmersos. Ni con oscuras intenciones del ministro Wert. Al menos que yo sepa. Sí tiene que ver, en cambio, con el calendario establecido por el nacionalismo en Cataluña, que me he permitido bautizar con el nombre de calendario catalino. Al igual que el instaurado por el ministro Rodríguez, se trata de un calendario contra natura, un calendario que rompe con el orden natural de las cosas. Crea, por ejemplo, un sistema de legislatura que no alcanza nunca la duración prevista. La reduce a la mitad, como pasó con la primera presidida por Artur Mas, o a tres cuartas partes, más o menos, como pasa con la actual, a condición de dar por bueno el anuncio presidencial de celebrar unas nuevas anticipadas el próximo 27 de septiembre. Claro que, incluso en este último caso, uno podría considerar que la convocatoria de la llamada consulta/proceso participativo, el 9 de noviembre de 2014, era ya una forma de cerrar la legislatura, dejándola, pues, en dos años en vez de los cuatro de rigor. Si bien se mira, puestos a no gobernar, a no gestionar los asuntos que en verdad importan a los ciudadanos, cuanto menos duren las legislaturas, mucho mejor.

Por otro lado, ese calendario catalino, al estar fuertemente asentado en la estrategia del agitprop, ha situado las citas electorales a rebufo del 11 de septiembre. Así ocurrió en 2012, así se proyectó que ocurriera en 2014 y así parece que va a ocurrir en 2015; siempre según una misma secuencia, en la que la emisión del voto va precedida de una gran concentración de masas debidamente lubrificadas a lo largo de un año por tierra, mar y aire, o, sustituyendo lo militar por lo civil, por prensa, radio y televisión. Es cierto que en los últimos tiempos han empezado a oírse voces en las propias filas de la coalición gobernante reclamando un retorno al viejo calendario. Pero casi todas procedían de Unió, a la que los cantos de sirena del independentismo han diezmado, pero no abducido del todo.

Ignoro hasta cuándo estará vigente el calendario catalino. El profesor y flamante académico Francesc de Carreras, que de esas cosas sabe un rato, aseguraba hace días que el proceso se hallaba en fase de reflujo. Lo que significa que hay que temer un nuevo flujo. O, lo que es lo mismo, que el calendario seguirá marcando nuestras vidas. A no ser, claro, que seamos capaces de quitarnos al ministro, quiero decir al presidente, de encima. Llegados a este punto, lo de la derogación, como enseña la historia, sería coser y cantar.

(Crónica Global)

A vueltas con el suflé

No creo que nadie ponga en duda que lo característico del suflé es la inflación. En otras palabras, la esponjosidad del producto. De ahí que el suflé, una vez sacado del horno, deba ser servido e ingerido al punto; de lo contrario, esa inflación se desvanecerá y el plato resultante será un plato fallido. Algo así puede estar ocurriendo hoy en día con la ilusión independentista catalana. La salida del horno tuvo lugar el 9-N, pero a continuación el plato quedó allí, más solo que la una, sin que los máximos responsables de su cocción y presumible degustación se atrevieran a zampárselo, esto es, a declarar la independencia. Sobra añadir qué aspecto presenta en estos momentos el suflé. Hasta un redivivo Lluís Maria Xirinachs —aquel independentista que en sus heroicos tiempos de huelgas de hambre frente a la Modelo no le hacía ascos, a escondidas, eso sí, a algún que otro bocadillo— se lo pensaría dos veces antes de hincarle el diente.

Ayer mismo, en estas páginas, Francesc Moreno aludía a esa bajada y apuntaba una serie de causas. Todas me parecen pertinentes, incluso la advertencia final, consistente en recordar que el independentismo, por más que el suflé se haya desinflado, sigue presente entre el electorado catalán y en una proporción nada desdeñable. Pero esas causas son rabiosamente contemporáneas y acaso merezca la pena recordar alguna bastante más lejana y no por ello menos importante. Me refiero a la responsabilidad del socialismo catalán —y también, claro, del conjunto del socialismo hispánico— en el proceso de cocción independentista y, en especial, en su posterior enfriamiento.

Por supuesto, de la colaboración, complicidad, inhibición, o como quiera llamársele, del socialismo catalán con el nacionalismo coterráneo, desde los albores de la autonomía hasta ayer mismo, se ha escrito mucho y bien. Quiero decir que poco añadiré en este artículo a lo que, de un modo u otro, ha sido ya expresado en otras tribunas. En cambio, hay un aspecto que, a mi entender, no ha merecido tanta atención y que tal vez no esté de más reseñar. Me refiero a la función del PSC como garante de la bondad del nacionalismo, como partido que, consciente o inconscientemente, ha permitido que el plato del independentismo fuera cociéndose hasta extremos inimaginables. Para convencerse de ello, nada mejor que armarse de valor y enfrentarse, por ejemplo, con algunas de las columnas escritas por Pilar Rahola en La Vanguardia desde el 11 de septiembre de 2012 hasta la fecha. A pesar del ardor de estómago que suele producir su prosa, les aseguro que vale la pena, pues esa mujer es impúdica a fuer de sincera, sus textos exudan doctrina por todos los poros.

Releer sus apelaciones lastimosas al PSC para que se sumara al carro independentista con todas las consecuencias; empaparse de su agradecimiento cursi al recordar la inestimable ayuda de los socialistas catalanes y de su sindicato hermano en la integración de la población inmigrante en la Cataluña autonómica —léase su aceptación de las reglas del juego nacionalista—; repasar uno a uno sus requerimientos desesperados a los Nadal, Navarro e Iceta —a cuyos nombres de pila acostumbra a anteponer un «amigo» o un «querido»— para que retornaran a la senda nacional de la que jamás deberían haberse apartado; todo ello demuestra hasta qué punto el papel de la franquicia catalana del PSOE había sido hasta entonces fundamental para los propósitos de Rahola y sus compañeros de viaje. Y demuestra asimismo, claro, hasta qué punto estaba dejando de serlo, a pesar de esa indefinición malsana y contradictoria en que el partido se había instalado —en este caso, a favor del derecho a decidir, pero dentro del orden constitucional—. Paradójicamente, pues, así como el PSC había sido clave durante décadas en la cocción del suflé, su progresivo desmoronamiento como fuerza política ha sido también clave en su desinflamiento, aunque sólo sea porque ha permitido que aflorasen y se consolidasen otras formaciones —Ciutadans, en particular— que sí han ejercido la imprescindible oposición al catalanismo excluyente.

Ojalá el PSC hubiera jugado otro juego desde el principio. Pero, ya que las cosas han ido como han ido, sería injusto no reconocerle, aquí y ahora, su contribución involuntaria a la clarificación del panorama político y, en definitiva, a la lucha contra la asfixiante hegemonía del nacionalismo.

(Crónica Global)

Comisiones ligeras

No sé muy bien qué esperaba la gente de la comparecencia del presidente Mas ante la comisión de investigación creada a raíz de la confesión de Jordi Pujol el pasado julio. En general, las comisiones de investigación sólo sirven por lo que puedan aportar en ellas actores secundarios. Por ejemplo, algún funcionario de carrera entrado en años, sin mucho que perder si se le ocurre revelar los tejemanejes empleados para blanquear un expediente o adjudicar un contrato de obra. O algún empresario de poca monta, ansioso de desquitarse por un desplante administrativo. Pero, aun así, esos casos son poco habituales, dado que dependen, al cabo, del acuerdo que hayan podido alcanzar las fuerzas políticas constituyentes de la comisión al elaborar la lista de comparecientes, y ya se sabe que no todo el mundo está dispuesto a llegar igual de lejos.

Es verdad que esa clase de comisiones depara a veces alguna anécdota relevante, aunque sólo sea por la catadura de quien la protagoniza y no necesariamente como compareciente. Por no movernos de Cataluña y de su Parlamento, seguro que recuerdan la del diputado Fernàndez y su sandalia, el día en que le tocó explicarse a Rodrigo Rato en calidad de expresidente de Bankia. Claro que anteayer una actuación de este tipo resultaba de todo punto improbable: de una parte, por los lazos existentes entre el diputado de la CUP y el compareciente a juzgar por el famoso abrazo del 9-N; de otra, porque era el propio Fernàndez quien presidía la comisión y no le correspondía, pues, preguntarle al protagonista. Sólo moderar y dar la palabra —lo que hizo, por cierto, con el talante tabernero que le caracteriza, esto es, mandando a la oposición al bar de la Cámara a seguir con sus protestas—.

Pero, más allá de los casos mencionados y de algún que otro rifirrafe dialéctico en que el compareciente puede perder los papeles, los actores principales suelen salir indemnes de esos trances. O sea, sin haber reconocido responsabilidad alguna en los hechos investigados ni haber aportado explicación alguna a los requerimientos de los diputados presentes. Me dirán, y no les faltará razón, que lo que cuenta en realidad no es lo que se saque en claro, sino la imagen ofrecida. Y, sobre todo, la imagen registrada y transmitida. En efecto, lo que cuenta y contará es que por primera vez en los anales parlamentarios un presidente de la Generalitat en ejercicio tuvo que responder a las preguntas de una comisión de investigación. ¿Y?

Lejos estamos aquí de los métodos empleados en los procedimientos judiciales. Para entendernos: aquí no hay instrucción ni el consiguiente acopio de pruebas. Y, por supuesto, aquí no hay fiscal. Los portavoces de la oposición —que son, a fin de cuentas, los que deberían ejercer esa labor— se limitan a preguntar sobre aquello que constituye una preocupación más o menos general. ¿Sabía usted que…? ¿Intervino usted alguna vez en…? ¿Tuvo usted algún indicio de…? Pero esas preguntas no van acompañadas, por lo general, de pruebas concretas —más allá de lo publicado en los medios, y aún— que obliguen al compareciente a justificar sus actos sin salirse por la tangente o le lleven incluso a escudarse en un silencio cómplice. Y eso que la mayoría de los parlamentarios son abogados de profesión o de carrera, lo que debería servirles, cuando menos, para preparar sus intervenciones con un mínimo de rigor. No es el caso. De ahí que a los demás mortales no nos quede más remedio que conformarnos con la noticia —debida a la aparente laxitud del compareciente y no a un apremio fiscalizador— de que Artur Mas, a imagen y semejanza de su padre político, no veía inmoralidad alguna en ejercer un cargo público y tener un padre biológico evasor. Dispuso de un par de décadas para convencer a su progenitor de arreglar el asunto y nada hizo. De acuerdo, él no era más que uno de los herederos de la cantidad evadida. ¿Pero quién nos garantiza que, de no haberse descubierto en 2008 el pastel, Mas no se habría comportado como se comportó Pujol con el dinero que supuestamente le legó su padre?

(Crónica Global)

El ancho de vía universitaria

No hace mucho me preguntaba qué había sido del ministro Wert. Después de un par de años saliendo a diario en los medios y casi nunca para bien, el hombre había hecho mutis por el foro. Hasta llegué a pensar que Rajoy le había mandado callar durante el resto de la legislatura a cambio de mantenerlo en el cargo. Pero no. Y les confieso que me alegro. Porque, al margen de los errores que haya podido cometer en su gestión —la sangrante devaluación de las humanidades en la novísima LOMCE, sin ir más lejos—, Wert atesora el mérito de haber dicho en todo momento las cosas por su nombre, lo cual, tratándose de un político —o de alguien metido a político—, es mucho decir.

Y el caso es que el pasado viernes José Ignacio Wert volvió a las andadas. O sea, a dar carnaza a los titulares. En esta ocasión el motivo era la universidad y una propuesta de flexibilización de los grados que, en síntesis, consiste en proponer una fórmula de 3+2 en vez de 4+1; o, en otras palabras, en proponer titulaciones de tres años a los que se añadirían dos de máster, en vez de las de cuatro actuales a las que se añade uno de máster. Y si he escrito el verbo proponer y he utilizado un tiempo hipotético para referirme al añadido de años de máster no ha sido porque sí, sino porque el ministro ha planteado la medida como una posibilidad. El que termine concretándose va a depender ahora de cada universidad.

Las reacciones, claro, no se han hecho esperar. Para empezar, las de esos ociosos sindicatos estudiantiles que, a tono con su currículo, han anunciado ya una respuesta «clara, brutal e inminente». Luego, las de los políticos de todo pelaje, entre las que destaca la de la presidenciable andaluza Susana Díaz, para quien la reforma «impone la segregación entre nuestros jóvenes». Y, en fin, las de los directamente concernidos por la propuesta ministerial, esto es, los rectores, pues de ellos va a depender que se aplique o deje de aplicarse en las universidades que gobiernan. Claro que en este último caso, más que reacciones individuales, lo que ha primado es una respuesta colectiva. Anteayer, la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) aprobaba una moratoria que retrasa hasta el curso 2017-18 la posible introducción de la fórmula 3+2.

En realidad, lo que aquí se ventila, digan lo que digan quienes han expresado hasta la fecha su rechazo a la medida, es si somos o no europeos. En los demás países de la Unión lo que se lleva desde el primer día es el 3+2. En España, cuando había que ejercer el derecho a decidir sobre el asunto se impuso el 4+1, y ello a pesar de que la entonces ministra Sansegundo —estamos hablando de hace casi una década— se había inclinado de entrada por el 3+2. Fue la presión del cuerpo docente, que no quería ver peligrar su carga lectiva y, en definitiva, sus prebendas, lo que indujo a los responsables políticos a adoptar un nuevo ancho de vía español, esta vez en forma de carrera universitaria. Porque de eso se trata, al cabo. De la imposibilidad de circular sin trabas por los demás países de la UE. Un graduado que ha precisado cuatro años para obtener el título no es competitivo frente a uno al que le han bastado tres. Siempre llega, como quien dice, un año tarde a la cita. Y en cuanto a la ulterior especialización —que es lo que acaba discriminando a menudo entre distintos candidatos a un puesto de trabajo, dado que los contenidos del grado son generalistas—, haber cursado un máster de dos años resulta siempre mucho más consistente que acreditar uno de uno. Ya comprendo que a no pocos rectores y a los sindicalistas profesionales estas consideraciones les tengan sin cuidado. Pero el progreso y el prestigio de un país y, por supuesto, el bienestar de sus ciudadanos son directamente proporcionales al nivel educativo que esos, en su conjunto, puedan exhibir. Y no parece que en España estemos para muchos alardes.

(Crónica Global)

La devaluación del votante

Hubo un tiempo en España en que el acto de votar era esperado con verdadera devoción. Como tantas expresiones de nuestra libertad —y el ejercicio del voto, para cualquier ciudadano que se tenga por tal, lo es en grado máximo—, su valor intrínseco venía acrecentado por el largo periodo de privación sufrido con la dictadura franquista. De ahí que ese tiempo democráticamente feliz fuera sobre todo el de la Transición. Pero no sólo. También lo fueron los años ochenta en su conjunto, cuando se aprobaron los distintos Estatutos de Autonomía y se dio paso con ellos a una tercera categoría de elecciones, tras las generales y municipales. (En la década siguiente se añadiría una cuarta, la correspondiente a las europeas, pero lo cierto es que esta apenas figura en el imaginario del votante español.)

Con el discurrir de los años y el asentamiento de la democracia esa devoción inaugural fue disolviéndose en la bendita normalidad. Al igual que cualquier país de Europa, España tenía una agenda política marcada por las distintas convocatorias electorales. O, lo que es lo mismo, nuestros representantes políticos disponían de distintas legislaturas de cuatro años para cumplir y hacer cumplir sus promesas electorales. Algunos, al gobernar, tenían incluso la potestad de convocar elecciones anticipadas —generales y autonómicas, aunque estas últimas únicamente en unas pocas Comunidades—, con lo que esos cuatrienios podían acortarse. Pero, salvados estos casos, había una rutina. Y esa rutina incluía el encargo y la publicación de sondeos por parte de los medios de comunicación en las semanas previas a cada cita electoral. Como es natural, entre quienes solicitaban los servicios de empresas demoscópicas para realizar encuestas sobre intención de voto de los ciudadanos estaban también los propios partidos políticos, en especial los mayoritarios, interesados en conocer si el viento soplaba de popa o de proa. Y entre quienes las realizaban, aparte de empresas privadas, estaban asimismo organismos públicos como el CIS o sus sucedáneos autonómicos, que incluían entre sus funciones la de pulsar las tendencias de los electores cuando se avecinaba alguna convocatoria.

La rutina en cuestión, sobra añadirlo, continúa vigente. Pero en la última década, año más, año menos, se ha intensificado hasta tal punto que hoy cualquier español, con sólo seguir lo que publican los medios, puede saber a diario cómo evoluciona la intención de voto de sus conciudadanos. Por supuesto, los ciudadanos no votan; lo que reflejan las encuestas es la opinión de algunos de ellos, que sirve como pauta a los expertos demoscópicos para construir sus teorías. Pero es como si votaran. Los políticos convierten estas tendencias en buenos o malos presagios, según el caso, y por más que acostumbren a contrapuntearlas con la conocida coletilla de «el único voto que cuenta es el que se emite en la urna», el ciudadano tiene la impresión de que ese voto imaginario está modificando la verdadera relación de fuerzas existente en su municipio, Comunidad o país. En este sentido, esos sondeos ejercen para muchos una función parecida a la de las manifestaciones callejeras multitudinarias: deslegitimar al gobierno —municipal, autonómico, nacional— en activo y, por extensión, el marco legal en que se asienta. Pero esa marea demoscópica que nos invade tiene aún otra consecuencia perniciosa. En la medida en que suele detallar los trasvases que se supone que se están produciendo entre partido y partido —mediante el contraste entre la intención de voto actual y el recuerdo del voto emitido en los últimos comicios—, hace creer a muchos que el voto de los ciudadanos pertenece a una u otra fuerza política. Creencia a la que los propios partidos contribuyen gustosamente cuando se refieren a las hipotéticas fugas de votantes no como a un efecto del libre albedrío de esos ciudadanos a la hora de ejercer su derecho al voto, sino como a un hurto o un secuestro de una voluntad que les pertenece. Por descontado, todo eso puede estar cambiando. A juzgar por las encuestas, claro.

(Crónica Global)

De la escuela al paraíso

En su edición de ayer el diario Abc daba cuenta de una concentración protagonizada por niños en el patio de una escuela. Esos niños llevaban un cartel donde podía leerse «Amaia askatu», en alusión a la detención de la abogada de etarras y portavoz de Sortu Amaia Izco, llevada a cabo por la Guardia Civil en Pamplona el día anterior, dentro de la llamada operación Mate. Por supuesto, los niños no se concentran espontáneamente, ni siquiera en el patio de una escuela, y aún menos se ponen de acuerdo para elaborar un cartel con una misma leyenda, imprimir no sé cuantas copias del original y usarlas a modo de pancarta todos a una. No, eso son cosas de mayores o, como mínimo, de jóvenes ya creciditos. En realidad, si uno observa la fotografía publicada en el mismo medio, verá como entre la chiquillada aparecen algunas cabezas, si no pensantes, sí notorias, que cabe atribuir sin duda a maestros del centro. Incluso la foto —subida a Twitter por el propio Colegio Público San Francisco— tiene toda la pinta de haber sido tomada por una mano maestra.

No hace falta añadir que no es la primera vez que en un colegio del País Vasco o Navarra los niños son usados como carnaza para la siembra del odio y la violencia. Tal vez por ello el PP, a instancias del Ministerio del Interior, acaba de registrar una enmienda en el Congreso de los Diputados para que sea introducida en la reforma del Código Penal e impida que los condenados por terrorismo, una vez cumplida la pena, puedan ejercer la labor docente. Bien está, sobra decirlo, pero no basta. Ignoro si entre esos maestros del colegio San Francisco de Pamplona hay condenados por terrorismo; en todo caso, lo que sí hay, seguro, son simpatizantes y apologistas de una banda terrorista, o sea, personas que merecerían acarrear una condena de este tipo. Y el hecho de que eso suceda en un colegio público confiere al delito una gravedad todavía mayor. Que el propio espacio público —ya que no otra cosa es un centro escolar dependiente de la representación del Estado en la Comunidad— sea un vivero de futuros terroristas cuyo principal objetivo será destruir el Estado que los cobija, no sólo clama al cielo, sino que supone también un soberano ejemplo de estulticia por parte de quienes deberían velar por su conservación.

Estos días, a raíz de los trágicos atentados de París, se ha hablado y escrito mucho sobre la falta de determinación de no pocos maestros franceses, hijos o no de la inmigración, a la hora de encarar en sus aulas el problema del fundamentalismo islámico. Y no parece que el respeto hacia determinadas creencias, ungido de un biempensante relativismo cultural, haya contribuido en nada a combatir una ideología que descansa en la intolerancia, fomenta el odio y desemboca fatalmente en la violencia. Del mismo modo, quienes conocemos las entrañas del sistema educativo implantado hace 35 años en Cataluña sabemos que, entre los valores pregonados por una gran mayoría del profesorado de la escuela pública y concertada, no está precisamente el de la fraternidad para con los ciudadanos del resto de España o con los propios catalanes nacionalmente infieles. Más bien lo contrario. Ya falseando la historia, ya enalteciendo la llamada lengua propia en detrimento de la común, ya sacando a los críos y no tan críos a pasear festivamente para oponerse a cualquier reforma educativa procedente del Gobierno central y que ponga en peligro la cosmovisión nacionalista, lo que esos docentes han logrado es inculcar en sus alumnos una intolerancia —y hasta a veces un odio visceral, rayano en la violencia— hacia el prójimo que no puede sino derivar en una fractura social como la que se está viviendo hoy en día en Cataluña. Por supuesto, los medios de comunicación, y en especial la televisión autonómica, han puesto mucho de su parte. Pero su infame propaganda ha tenido como blanco unos organismos indefensos, sin el menor pensamiento crítico al que agarrarse y atentos tan sólo a la palabra sagrada. De un modo u otro, a ellos —como a esos niños pamplonicas o a los de la banlieue parisina— les han prometido el paraíso a cambio de combatir al diablo.
(Crónica Global)

Acuerdos y desacuerdos

La política catalana continúa girando, por desgracia, en torno a un solo juguete, el ensueño independentista y las posibles elecciones anticipadas que deberían servirle de trampolín. Es verdad que el entusiasmo otoñal se ha enfriado y que la proximidad de las municipales —donde CIU y ERC tanto tienen que perder y tanto que ganar, respectivamente— ha resquebrajado en buena medida esos dos años de extraña unión entre un partido que debía gobernar y no lo ha hecho, y uno que debía ejercer la oposición y no la ha ejercido. Pero, aun así, la hipótesis de un acuerdo entre ambas fuerzas para adelantar las autonómicas y darles carácter plebiscitario o semiplebiscitario no se ha desvanecido del todo. Lo más probable es que los líderes de una y otra formación apuren todavía durante una semana o diez días las conversaciones en busca de un acuerdo. En cualquier caso, lo que ya parece descartado es aquella «lista de país» plagada de vedettes y de coristas del independentismo que iba a contar con el férreo apoyo de CIU y ERC y con la que soñaba Artur Mas. El último movimiento del presidente de la Generalitat ha consistido en aceptar la propuesta de Oriol Junqueras de concurrir en listas separadas con una suerte de miniprograma común vinculado, cómo no, a la «transición nacional». Pero, a cambio, le ha pedido a Junqueras que se comprometa a cederle las vedettes y las coristas, a lo que el republicano, claro, se ha negado.

En todo caso, y al margen de cuál acabe siendo el desenlace de tan tedioso culebrón, lo significativo es el papel que desempeñan en él las organizaciones de agit-prop, esto es, ANC y Òmnium —y, hasta cierto punto, AMI, la Asociación de Municipios por la Independencia—. Porque de ellas depende ya el curso de la política catalana. Son las huestes de Forcadell y Casals quienes, en definitiva, condicionan los pactos. En otras palabras: ni Mas ni Junqueras pintan nada sin esas forces de frappe a las que han estado cebando durante años para que saquen, de tarde en tarde, miles de ciudadanos uniformados a la calle. Así las cosas, es natural que el candidato de ERC no renuncie a adornar su lista con alguno de esos nombres, y más teniendo en cuenta que la intención de su compadre de CIU y, sin embargo, rival es embellecer la suya con cuantos más mejor. Hasta ahí podíamos llegar, debe decirse Junqueras. Y es que, si bien se mira, la mayoría de esas estrellas del soberanismo han estado siempre mucho más cerca de ERC —donde incluso han militado, como Forcadell— que del partido fundado por el otrora venerado Jordi Pujol. Y si en la orilla independentista parece difícil el acuerdo, en la otra lo que podría tal vez enmendarse es el desacuerdo. Me refiero, en concreto, al desacuerdo entre UPyD y Ciutadans. La noticia se publicó aquí mismo durante este interregno navideño: «UPyD ofrece a C’s una coalición electoral de cara a las municipales en Cataluña», y a día de hoy, que yo sepa, nadie la ha desmentido. Habrá, pues, que darla por buena. Otra cosa es si semejante iniciativa ha sido tomada con conocimiento de la dirección de la propia UPyD y, por supuesto, si ha sido recibida con simpatía por los destinatarios de la oferta, lo mismo en las alturas que en las bajuras. En todo caso, ha sido hecha por Miguel del Amo, coordinador del partido en Cataluña, o sea, por alguien que algún peso debe de tener en la casa. En mi último artículo hablaba de los efectos electorales que la división entre UPyD y Ciutadans tendría sin duda en la política balear y abogaba por que los segundos, que aún no disponen de estructura ni representación en la Comunidad, una vez constituidos optasen por no concurrir a los comicios de mayo. Como es natural, mejor sería una fórmula como la enunciada por Del Amo en Cataluña, esto es, un acuerdo de coalición. Y mejor sería aún que el acuerdo hubiera cuajado en toda España. Pero, ya que estamos donde estamos y algunas agrupaciones territoriales, al menos, siguen insistiendo en la necesidad del acuerdo, no seré yo quien se haga de rogar para sumarse ya desde ahora a la propuesta.

(Crónica Global)

El centro balear

En los últimos años la política balear no ha sido precisamente una balsa de aceite. Primero fue la corrupción, que no dejó partido inmune, por más que la Unió Mallorquina de Maria Antònia Munar, organizada de punta a cabo como una verdadera máquina de delinquir, se llevara la palma, seguida a muy escasos méritos por el Partido Popular de Jaume Matas. Luego, la crisis económica, que castigó con fuerza una Comunidad donde el ladrillo constituye, junto al turismo, una de las principales fuentes de riqueza y trabajo. Y desde 2012, en consonancia con la deriva secesionista emprendida por Artur Mas en Cataluña, el nacionalismo pancatalanista ha completado el estropicio, sirviéndose de la enseñanza pública y concertada como punta de lanza para sus propósitos. El resultado, a la vista está, es desolador. La fe en la política, la confianza en sus representantes y, lo que es peor, en las instituciones que los españoles nos dimos hace ya un montón de tiempo y en las que se asienta nuestra condición de ciudadanos libres e iguales, se encuentran en Baleares bajo mínimos. A nadie debe sorprender, pues, que las formaciones y propuestas populistas se hayan abierto paso y cuenten ya, según indican las encuestas, con no pocas simpatías entre el electorado.

Frente a ello, las franquicias regionales de los dos grandes partidos —sigo llamándoles así, hasta que los votos me obliguen a rectificar— se han revelado incapaces de ocupar ese centro del tablero político que tanto reivindican. El PP, tras un inicio de legislatura relativamente prometedor, ha terminado naufragando en sus miedos, sus complejos y sus incoherencias, lo mismo en el campo económico que en el lingüístico o cultural. El PSIB-PSOE, por su parte, se ha echado al monte antisistémico sin recato alguno, dispuesto a aliarse con cuantos extremismos sean precisos para intentar regresar al poder. Así las cosas, en la política balear el centro lo ocupa en estos momentos una fuerza extraparlamentaria, UPyD. De forma manifiestamente anómala, no hace falta añadirlo, dado que no es normal que en un sistema de partidos el centro político se halle fuera de los límites que fija el propio arco parlamentario. Por lo demás, pugnando por ese mismo espacio electoral va a estar dentro de nada Ciutadans, si se confirma la intención de sus dirigentes de abrir oficina en Baleares e ir consolidando de este modo su presencia en el conjunto del territorio español. Dos en uno, pues. Y compitiendo entre sí.

No seré yo quien se sume al coro de plañideras por la imposible unión de lo que no es, al cabo, sino uno y lo mismo. Se intentó y, por hache o por be, salió rana. Allá cada cual, por lo tanto, con sus pecados y con su penitencia. Lo que ahora me interesa subrayar es otra cosa. En Baleares el núcleo dirigente de UPyD está formado, casi por entero, por ex miembros de Ciutadans. Esos ciudadanos, que llevan más de seis años tirando del carro del partido sin otro apoyo casi que el de su entusiasmo, su mesura y su probidad, han sido siempre partidarios de la unión. En otras palabras: se han sentido miembros de UPyD sin dejar de sentirse, a un tiempo, miembros fundadores de Ciutadans en el archipiélago. Una especie de pioneros, como si dijéramos. Y en esa larga travesía en la que, en más de una ocasión, han estado a punto de arrojar la toalla, lo que les ha salvado han sido sus convicciones. O sea, la certeza de que esa centralidad que estaba siendo abandonada por quienes debían ejercerla —esto es, PP y PSOE, víctimas de sus componendas con el nacionalismo— precisaba de unas siglas distintas en las que encarnarse y, esas siglas, de un lugar en el Parlamento y en los principales ayuntamientos del archipiélago. El próximo mes de mayo esos jóvenes veteranos de la política insular intentarán de nuevo hacer realidad ese propósito. Están muy cerca de lograrlo, pero, para ello, necesitan que el elector les vea como lo que en verdad son, UPyD y también Ciudadanos, todo en uno y por el mismo precio. No será fácil. Sobra decir que si Albert Rivera y los suyos se echaran a un lado, aunque sólo fuera aquí y en estos comicios, no sólo facilitarían mucho las cosas, sino que demostrarían una generosidad bárbara.

(Crónica Global)

El repudio del Estado

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, estuvo el pasado lunes en Sabadell. Se cumplían 24 años del atentado de ETA que acabó con la vida de seis policías nacionales en la capital vallesana y el Cuerpo Nacional de Policía rendía homenaje a su memoria y, por extensión, a la de todas las víctimas del terrorismo etarra. Junto a Cosidó, presidían el acto la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, y el alcalde de Sabadell, Juan Carlos Sánchez. También estaban representadas las distintas fuerzas policiales que operan en Cataluña: Mossos d’Esquadra, Guardia Civil, policías locales y, claro, la propia Policía Nacional. Quien no acudió a la cita fue el consejero de Interior de la Generalitat, Ramon Espadaler. Se le esperaba, pero parece que la tarde anterior cambió de opinión.

Las relaciones del nacionalismo catalán con ETA han sido siempre complejas. Han basculado entre la condena y la comprensión. Entre la condena del terror y la comprensión de los fines que lo justifican o lo justificaban. Por supuesto, no todo el nacionalismo ha actuado de la misma forma. Ha habido grados. Y el partido al que pertenece el consejero de Interior ha sido precisamente el menos comprensivo de cuantos componen la hermandad nacional catalana. De todos modos, si dejamos a un lado los matices, en esa actitud cuando menos liviana con respecto al terrorismo de ETA coinciden o coincidían por igual una fascinación casi étnica por lo vasco y un rechazo visceral de cuanto guardara relación con el Estado. Como la Policía Nacional, por ejemplo, o la Guardia Civil. El famoso artículo de Carod-Rovira pidiendo una paz separada, rematado luego con su escapada a Perpiñán, constituyen sin duda la máxima expresión de esa actitud.

Y aunque ETA, por suerte, ya no mate, en la ausencia del homenaje del consejero Espadaler subyace ese repudio del Estado. La víspera, el político de Unió había hecho unas declaraciones que pueden interpretarse como una explicación de su futura incomparecencia. A su entender, existe una «sobrepresencia» de miembros de la Policía Nacional en Cataluña y eso revela una falta de confianza del Gobierno central en el papel desarrollado por los Mossos. Lo curioso es que, acto seguido, el consejero se mostraba comprensivo con la decisión de los jueces de encargar a la Policía Nacional o a la Guardia Civil los principales casos de corrupción investigados en Cataluña. Es más, de sus palabras se deducía incluso que el respeto por el estamento judicial le impedía manifestarse de otro modo.

Por descontado, que los jueces encomienden sus pesquisas a los cuerpos policiales dependientes del Gobierno central significa que no confían, o no confían lo suficiente, en los Mossos. No es extraño, pues, que ese mismo gobierno refuerce también su presencia en Cataluña para actuar en ámbitos como el terrorismo yihadista, o incluso el orden público cuando lo que hay que controlar es la efervescencia nacionalista y antisistema y sus secuelas. Pero no sólo eso. El consejero haría bien en tener presente, si es que no la tiene ya, la actitud del gobierno del que forma parte y muy especialmente de quien lo preside en relación con lo que él y sus correligionarios llaman «el Estado». Es una actitud de profundo desprecio. Y de radical alteridad, como si ese Estado al que reclaman una interminable sarta de derechos, la mayoría históricos o prehistóricos, no tuviera nada que ver con ellos. ¿Y quiere luego un consejero de la Generalitat, responsable encima de la seguridad del territorio, que el Gobierno del Estado confíe en ellos, en su bondad, en su lealtad, en su compromiso? ¡Vamos, anda!

(Crónica Global)

Añoranza de la ciudad

Mal que les pese a algunos, la ciudad sigue siendo, en nuestro mundo al menos, un organismo social dinámico, emprendedor, progresista —en el sentido más noble de la palabra—. Si somos lo que somos, esto es, ciudadanos de un Estado de derecho, es gracias, sin duda, a la ciudad. No a la ciudad como espacio físico, sino como espacio mental, como compendio de lo que el hombre, a lo largo de los siglos y con grandes trabajos, ha sido capaz de producir en el orden de la libertad, la igualdad y la justicia. Por supuesto, ello no significa que fuera de la ciudad reine la barbarie. En modo alguno. Pero no nos engañemos: lo que de civilizado tiene el llamado mundo rural, no lo debemos a Rousseau y a sus constructos utópicos; lo debemos a la propia ciudad. A las ideas que en ella han germinado. Incluso a las malas, aunque sólo sea por los anticuerpos que generan.

Esa contraposición entre campo y ciudad se refleja, claro, en el terreno de la política. Las opciones más conservadoras, las menos partidarias del cambio, suelen encontrar su nicho en el campo. Las más renovadoras, las más partidarias de romper con lo heredado, suelen concentrarse en la ciudad. Ciutadans y UPyD nacen en la ciudad. Y ese es también el territorio de Podemos. PP y PSOE, por el contrario, resisten sobre todo en el campo. Lo mismo que el nacionalismo. En el socialismo balear, por ejemplo, se da un caso curioso. El PSIB, franquicia del PSOE por esas latitudes, está partido en Mallorca en dos mitades. Por un lado, la denominada Part Forana —o sea, todo lo que no es Palma—; por otro, la capital, cuya aglomeración equivale a más de la mitad de la población de la isla. El sector llamémosle rural —al que pertenece la actual secretaria general— es profundamente nacionalista; tanto, que apenas se distingue, en sus planteamientos, de la izquierda pancatalanista. En Palma, en cambio, el PSIB presenta una cara mucho más social y progresista, hasta el punto de significarse por su oposición al aparato y, en consecuencia, al perfil más nacionalista del otro sector. De lo que se sigue, sobra precisarlo, una bipolaridad nada fácil de congeniar.

El caso de Cataluña resulta todavía más elocuente. El país se fue construyendo, desde la muerte del dictador, sobre la base de una oposición entre campo y ciudad. El nacionalismo reinaba en el campo, los partidos progresistas en la ciudad. Esa dicotomía alcanzó su máxima expresión en Barcelona, en la mismísima plaza San Jaime. A un lado, la reacción, con Pujol al frente; al otro, el progreso, con Maragall. Lo antiguo y lo moderno. Los Juegos Olímpicos constituyeron sin duda el punto culminante en el enfrentamiento entre rive droite y rive gauche, o, por decirlo a la catalana, entre cantó muntanya y cantó mar. Y ganó, no hace falta añadirlo, el Ayuntamiento de la capital y cuanto simbolizaba entonces. Luego, en 1995, cuando Maragall acabó con las últimas esperanzas políticas de Miquel Roca y, meses más tarde, Aleix Vidal Quadras dejó a Jordi Pujol sin mayoría absoluta en el Parlamento regional, Barcelona tuvo su gran oportunidad. La de urbanizar el campo. Pero enseguida se vio que Maragall no estaba por la labor. Le pareció mucho más práctico convertirse en granjero —o en segador, que para el caso es lo mismo— que apostar por la secularización del país.

El último estadio de esa decadencia de la ciudad fueron las municipales de 2011 y la consiguiente pérdida de la alcaldía por el socialismo catalán. La involución se había consumado. Ya toda Cataluña, con la capital incluida, estaba en manos de la reacción. Lo que hemos vivido desde entonces, con los ominosos fastos del tricentenario en primerísimo plano, no es sino la consecuencia de esta derrota. Nos queda algún consuelo. Por ejemplo, la más que discreta participación registrada el 9-N en la primera corona metropolitana —no en Barcelona, ciertamente, donde el voto rozó la media catalana—. Ya ven, poca cosa. Pero a algo hay que aferrarse, ¿no?

(Crónica Global)

Hacia el movimiento nacional

Según todos los indicios, esta noche [o sea, la noche del día en que escribo, ayer martes para el lector] Artur Mas va a proponer, ante una selecta representación del catalanismo, un plan cuyo eje es la superación del tradicional sistema de partidos mediante su conversión en una suerte de movimiento nacional encabezado por el propio presidente de la Generalitat. Como es natural, esa propuesta tendría carácter transitorio, sólo hasta que el movimiento en cuestión alcance el paraíso de la independencia, y debería encarnarse en una lista unitaria —una «lista de país», como les gusta llamarla a los herederos del padre creador— con vistas a unas próximas y anticipadas elecciones autonómicas. O así se anunciaría, como mínimo.

Si esos indicios terminan concretándose, Mas estará en camino de salirse con la suya. (Y digo que estará en camino, porque el éxito de su propuesta, sobra añadirlo, depende en parte, pero sólo en parte, de la respuesta de las demás fuerzas políticas.) La operación es, sin duda, habilidosa. Tan habilidosa como inevitable, al menos desde la perspectiva de Artur Mas y de quienes, dentro de su partido, le siguen con los ojos cerrados. Desde los últimos comicios regionales, los de noviembre de 2012, las encuestas han venido mostrando una tendencia a la baja de CIU y, a un tiempo, un crecimiento sostenido de ERC. Meses antes del 9-N, y tal como revelaron los resultados de las europeas, el partido republicano había tomado la cabeza y no parecía que fuera ya a soltarla. Pero la fantochada consultiva ha modificado el panorama. Mas ha salido de ella como claro vencedor, no sólo ante el Gobierno central, también en lo tocante al equilibrio de fuerzas en la propia Comunidad Autónoma. Así lo confirman los últimos sondeos, en los que CIU vuelve a sacar ventaja, aunque mínima, con respecto a ERC. Y todo indica que no ha sido el peso de las siglas, ni la memoria del presidente fundador, ni la ayuda del incombustible Duran y su socialcristianismo lo que ha devuelto a CIU a esa primera posición, sino la figura de su actual presidente y presidente asimismo de la Generalitat.

Por lo demás, el independentismo, a pesar del cebamiento intensivo a que ha sido sometido por los medios de comunicación y la administración educativa, apenas ha crecido en dos años. Pero si al principio el líder futuro de la causa soberanista parecía que iba a ser el republicano Junqueras, ahora los vientos vuelven a soplar a favor de Mas. Con una diferencia sustancial respecto a dos años atrás: ahora Mas ya no encabeza un partido constituido, o una federación de partidos; encabeza un movimiento. La osmosis con la ANC y Òmnium, y en particular con sus dirigentes, ha dado sus frutos. Decididamente, en Cataluña no hay como aunar «sentiments i centimets».

Ante ese paisaje político, está por ver qué harán los republicanos. La estrategia de Mas no ofrece ya muchas dudas: olvidarse de CIU —lo que también es una forma de olvidarse de su propio mentor y sus pecados y de quitarse de encima a su socio—, crear un nuevo partido o movimiento a su imagen y semejanza y, sobre todo, no dejar de pedalear, como si de un ciclista se tratara. ERC, en cambio, se halla descolocada. Su ensanchamiento a costa de los socialistas nacionalmente agradecidos no parece que vaya a bastarles para alcanzar la anhelada centralidad del catalanismo y la consiguiente mayoría. Por si ello no fuera suficiente, el radicalismo de la CUP y quién sabe si de Podemos les está laminando parte del voto. Aun así, el problema que tienen planteado es cómo hacer frente a un movimiento que, por otro lado, no deja de ser el suyo aunque encabezado por otro. Mal asunto, ciertamente.

Y si está por ver qué harán los republicanos, tampoco se antoja muy nítida la respuesta de la verdadera oposición. No parece que aquí pueda hablarse de frentes, sino en todo caso de colaboración entre Ciudadanos y PP —porque lo del PSC, qué le vamos a hacer, es ya puro desecho, cuando no algo peor—. En ellos va a descansar, en el futuro, la esperanza y la dignidad de cientos de miles de catalanes y de millones de españoles. Porque lo que ocurra en adelante en Cataluña —y ustedes perdonen la insistencia— a todos importa.

(Crónica Global)

Cosas de la edad

Admito que puede ser cosa de la edad. Yo soy hijo político de la Transición. El franquismo, incluso el tardo, me pilló muy jovencito aún, y mi toma de conciencia ciudadana no cristalizó hasta la segunda mitad de los setenta y primeros ochenta del pasado siglo. Soy, pues, de los que presenciaron el nacimiento de la Constitución. Y eso imprime carácter, no exento de cierto adanismo. Añadan a lo anterior que mi familia, habiendo sufrido en su propia carne —como tantísimas familias españolas, por otra parte— la guerra civil, vio en el nuevo orden constitucional, aun con sus desajustes e imperfecciones, una sutura terapéutica. Sentado lo cual, comprenderán hasta qué punto me ofende que un exprofesor de ciencias políticas, eurodiputado y flamante secretario general de un partido de nueva planta atribuya a la Constitución española de 1978 las propiedades de un candado.

Pero, como les decía, todo puede ser cosa de la edad. De la mía, de la del cerrajero especialista en candados y de la incontestable distancia que media entre ambas edades. La política española va a encontrarse dentro de nada en manos de una generación nacida cuando nacía la Constitución, año más, año menos. En todo caso, de una generación cuya vivencia del momento fue, sobra indicarlo, nula, por más que se la hayan contado. Repasemos la nómina: Pedro Sánchez (1972), Pablo Iglesias (1978), Albert Rivera (1979) y, muy probablemente, Alberto Garzón (1985) y Soraya Sáenz de Santamaría (1971). Me dirán que es normal, que se trata de un relevo natural, que la edad no perdona, etcétera, etcétera. Tal vez. Pero no me negarán que en unos tiempos en que la esperanza de vida sube como la espuma y la población envejece que da gusto, semejante relevo resulta cuando menos chocante. Y, por lo tanto, digno de consideración.

Es evidente que el barrido generacional al que estamos asistiendo es indisociable de la crisis política española. Se ha producido una identificación entre la generación protagonista de la Transición —que, más que la mía, fue la anterior— y los males que nos afectan, entre los que destaca en un primerísimo plano la corrupción. Así, ha cundido la idea de que nuestro sistema político debe ser reinicializado —por usar la neolengua de nuestros tiempos binarios— y ese convencimiento, al que no le falta, sin duda, razón de ser, ha comportado que los valores mismos de la época saltaran también por los aires. Como si la Transición, por haber alumbrado unos partidos políticos y unas organizaciones sindicales que no han sido sino correas de transmisión de esos partidos, tuviera la culpa de los desmanes cometidos por sus representantes respectivos —recuérdese tan sólo que el sintagma «pacto de la Transición», hasta hace poco tan ensalzado, se ha convertido para muchos ciudadanos en un equivalente de «pacto por la corrupción»—. Y quien dice la Transición, dice, claro, la Carta Magna, su principal fruto.

El descrédito de la Constitución, la constante apelación a reformarla aunque nadie con un mínimo de autoridad haya sido aún capaz de concretar, a estas alturas, en qué debería consistir dicha reforma, son las consecuencias visibles de la erosión a que está siendo sometido nuestro sistema político —cuando es sabido que la corrupción no va a combatirse con eficacia mediante reformas constitucionales, sino elaborando leyes ad hoc—. Puestos a utilizar un argumento para esa labor de barreno de nuestra Carta Magna, muchos han recurrido al de la edad. ¿Cómo va a respetarse un marco legal que no ha podido ser votado por una porción considerable de ciudadanos? Por supuesto, bastaría con acudir a un país cualquiera de nuestro entorno con una constitución vigente desde hace décadas para demostrar lo falaz de semejante razonamiento. Pero da igual. Lo joven vende. Y empuja. El problema es que también empujan los nacionalismos y quienes, tengan la edad que tengan, no abrigan otro propósito que destruir el sistema para implantar otro en el que aquellos viejos valores de libertad, democracia y justicia, tan propios de nuestra Transición, no son, en modo alguno, prioritarios.

(Crónica Global)

Desamparados

Cualquier español poseedor de un carné de conducir —e incluso si no lo posee, como es, de momento, mi caso—, sabe que existe un código de circulación. Y que ese código hay que respetarlo, o sea, cumplirlo, so pena de exponerse a una sanción. Es más, desde 2005 está vigente en España una ley de tráfico que introduce un sistema denominado «permiso y licencia de conducción por puntos», ley que ha sido reformada en años sucesivos aunque sin modificar el sistema en cuestión. En paralelo, se han intensificado los controles de alcoholemia y perfeccionado los de velocidad, hasta tal punto que todo conductor sabe hoy en día a lo que se expone si viaja con una copa de más o acelera más de lo debido. En el mejor de los casos, perderá sólo algunos puntos del crédito de que dispone; en el peor, se quedará sin carné o dará incluso con sus huesos en la cárcel. Los efectos de ese nuevo marco legal son de sobra conocidos: han disminuido los accidentes y, en consecuencia, se ha reducido considerablemente el número de muertes en nuestras carreteras. O, si lo prefieren, ha aumentado la seguridad de automovilistas y motociclistas. De todos, por más que, como es lógico, sea imposible garantizar esa seguridad al cien por cien, dado que siempre hay algún loco que no atiende a razones ni a sanciones y está dispuesto incluso a jugarse la vida poniendo en peligro la de los demás.

Figúrense ahora que, con ese marco legal en vigor, la Guardia Civil o las policías autonómicas de Cataluña y País Vasco, tras comprobar que la velocidad de un conductor o su grado de ingesta alcohólica son manifiestamente excesivos, se limitaran a mirar para otro lado, esto es, a no aplicar la ley sancionando al infractor con arreglo a la falta o al delito cometidos. ¿Qué pensaría el infractor? Pues, como mínimo, que ancha es Castilla —o Cataluña o el País Vasco—. ¿Y qué pensarían los demás y, en especial, los que nunca cometerían adrede una infracción parecida? Pues que la ley es papel mojado. Y, al mismo tiempo, sentirían una gran desazón, una sensación de profundo desamparo ante la evidencia de que el Estado, que es a quien compete garantizar la seguridad vial de los ciudadanos —y, por extensión, su seguridad jurídica—, no está por la labor que tiene encomendada.

Algo parecido han sentido muchísimos españoles este domingo al constatar como el Gobierno central permanecía impasible ante la violación del Estado de derecho que se estaba produciendo en Cataluña. Durante los días anteriores, tras la segunda de las sentencias del Constitucional suspendiendo de forma inequívoca toda acción relacionada con lo que el propio presidente de la Generalitat había rebautizado como «proceso participativo», ya tuvimos ocasión de comprobar hasta qué punto Mas y sus derviches estaban dispuestos a llevar la cosa hasta el final. Y no en la sombra, sino en un primerísimo plano. Y también comprobamos, por boca del ministro de Justicia, que este no era el caso del Gobierno. Pero la bravuconería, la desfachatez y la chulería del presidente de la Generalitat llegó a su máxima expresión el mismo domingo, cuando desafió los tímidos intentos de la Fiscalía por aplicar la ley en lo tocante a la apertura de locales públicos y a la presencia en ellos de funcionarios indicando que asumía toda la responsabilidad. Y tampoco pasó nada.

Porque, en realidad, ya había pasado todo. El «proceso participativo» del 9-N había constituido un éxito para los inductores, organizadores y ejecutantes de la burla a la democracia, esto es, para los violadores de la ley, y un fracaso para los encargados de cumplirla y hacerla cumplir. Y eso ya no tiene remedio, por más que intente compensarse ahora con apelaciones a la Fiscalía y con alusiones a la patochada electoral, a su falta de validez jurídica y a los parcos, por imprevistos, porcentajes de participación y voto independentista. Cuando alguien puede saltarse la ley y montar lo que se montó hace tres días en Cataluña sin que tal comportamiento traiga consecuencias, es que el Estado no existe. En otras palabras, es como si aquí todo Dios pudiera circular borracho y a 200 por hora sin que nadie le llamara al orden y lo metiese en vereda. El desamparo ciudadano, convendrán en ello, no puede ser mayor.

(Crónica Global)

El enemigo

Artur Mas compareció ayer por la mañana ante los medios de comunicación y ante lo que él mismo llama «el país» para informar de la decisión que ha tomado después de reunirse por tres veces -las dos últimas con manifiesto furtivismo- con los dirigentes de los partidos que le han permitido llegar hasta el punto de no retorno al que ha llegado. Contemplar a ese hombre actuando en público produce siempre un efecto evocativo. Tal y como observó Ferran Toutain en su ensayo Imitació de l'home, uno tiene la sensación de ver a Jordi Pujol en parecidas circunstancias. El mimetismo es colosal: las mismas poses, la misma gesticulación y hasta la misma mala educación, a medio camino entre la chulería y la pillería. No para con la prensa, claro -¿qué necesidad habría, al fin y al cabo, de ofender o engañar al sumiso?-, sino para con el enemigo. O sea, para con lo que Mas designó ayer repetidamente como «Estado español» -sobra añadir que él no se considera parte constituyente del mismo- o, ya sin tapujos, con la propia palabra «enemigo». Su insistencia en que el enemigo no está en casa sino a cientos de kilómetros del Palacio de la Generalitat resultó incluso grotesca, por cuanto no era más que el reconocimiento de su dependencia de los demás partidos y, en particular, de Esquerra Republicana, y su forma de implorarles que, por favor, no rompan la baraja.

Pero esa amalgama de chulería y pillería -los catalanes algo o muy patrióticos y sus altavoces mediáticos gustan de llamarlo murrieria y le confieren, por supuesto, un altísimo valor-, tuvo su concreción en varios pasajes de su parlamento. Por ejemplo, cuando, tras anunciar que el Proceso seguía adelante, esto es, que habría 9N, se rió de que alguien -no mencionó al presidente del Gobierno español- hubiera dado ya, esa misma mañana, la consulta por desconvocada. O cuando se negó a ofrecer más pistas sobre esa consulta para la que «habrá locales, urnas y papeletas» con el argumento de que el Estado, luego, «lo destroza todo». O, en fin, cuando detalló el mecanismo por el que los catalanes podrán acceder al tan ansiado referéndum -la «consulta definitiva», lo llamó, en tanto que la del 9N, según él, no lo era en su antigua formulación ni lo será en la nueva-, y se sirvió para ello de un argumento tan rebatible como que unas elecciones ordinarias pueden convertirse, si así lo desean las fuerzas políticas partidarias de la independencia -palabra que el presidente de la Generalitat se cuidó muy mucho de pronunciar-, en unas elecciones plebiscitarias.

En resumidas cuentas, Artur Mas se resiste a abandonar su papel bíblico de Moisés, conductor del pueblo de Cataluña fuera de España. Ayer mismo justificó su empecinada determinación de convocar la consulta hasta alcanzar la consulta definitiva en lo ocurrido en la calle en septiembre de 2012. Ni la ley ni el orden parece que le vayan a hacer desistir. Para saltarse la primera, está dispuesto a recurrir a cuantas triquiñuelas sean precisas. Y en cuanto al orden, dispone de organizaciones de masas fuertemente subvencionadas por el poder público para tratar de subvertirlo. Al fin y al cabo, en la base misma de muchos golpes de Estado está la estrategia de la agitación permanente. Sólo que en este caso la agitación no la promueven partidos revolucionarios de derecha o de izquierda clandestinos o semiclandestinos, sino un gobierno nacionalista legalmente constituido. Guste o no, hoy en Cataluña la vanguardia revolucionaria es lo más parecido a La Vanguardia.

La palabra, pues, la tiene ahora el enemigo. O sea, el Gobierno del Estado. Vivimos en un Estado de derecho y, por lo tanto, en una democracia. Y es gracias a esa ley y a ese orden que de ese Estado emanan -y que el presidente Mas se jacta subrepticiamente de saltarse- que los españoles llevamos disfrutando, desde hace cerca de 36 años, de la condición de ciudadanos libres e iguales. Y entre esos españoles, por supuesto, los catalanes. Todos, incluso los que quisieran acabar con el enemigo. Del enemigo y de todos los españoles de bien depende que no lo consigan.

(Crónica Global)

El nacionalismo y la ‘tabula rasa’

Hará cosa de un año, le leí a un nacionalista conspicuo, de esos que martillean sin descanso a los que no piensan como él, una curiosa teoría. Decía el hombre que ya estaba bien de denunciar el modelo de inmersión lingüística y, en general, la escuela catalana por su adoctrinamiento. Que sí, que de acuerdo, que la escuela catalana tal vez adoctrinara a niños y a no tan niños inculcándoles una determinada visión del mundo, unas ideas y unas creencias, pero que algo parecido y sin duda más grave había hecho en su momento la escuela franquista, sin que tal práctica dejara en los sufridos escolares de antaño otra secuela que una muy sana aversión a toda clase de totalitarismos. En una palabra, que incluso en el supuesto de que el adoctrinamiento de ahora fuera en verdad tan opresivo como el de entonces nada había que temer, dado que la rebelión ciudadana, cuando menos en el orden del pensamiento, estaba garantizada.

Pero este no ha sido el caso, como bien sabe el conspicuo nacionalista. Quizá por eso traza el paralelismo entre un tiempo y otro y se queda tan pancho. Y no ha sido el caso porque no es lo mismo adoctrinar en un régimen dictatorial, sin libertades, donde en apariencia todo es impuesto, que hacerlo en uno democrático, donde las formas coercitivas son mucho más sutiles y difíciles de detectar y, en consecuencia, mucho menos sujetas al rechazo frontal, a la crítica y hasta a la parodia. Pero el pasado viernes, escuchando el discurso de agradecimiento de Inger Enkvist por el Premio a la Tolerancia que acababa de serle concedido, comprendí que, aparte de esa diferencia, hay otra más honda y no privativa, por cierto, de la enseñanza catalana. Se refirió Enkvist en su parlamento al impacto de la posmodernidad en el pensamiento contemporáneo y, en concreto, a la penetración que ha tenido en el mundo de la educación y en los medios de comunicación —dos de los pilares en que se sustenta cualquier régimen de libertades— la creencia de que la verdad no existe, de que cada uno posee su propia verdad, de que la realidad, en definitiva, es inaprensible, por lo que todo intento de entenderla y de traspasar ese conocimiento a las generaciones futuras estará condenado al fracaso.

No sé si reparan en el efecto que una operación de este tipo puede tener sobre las conciencias, tan maleables, de un escolar, un bachiller o incluso de un universitario. Se trata, en el fondo, de una suerte de lavado integral, de conversión en tabula rasa, cuya principal víctima es el conocimiento. Si nada es verdad, si todo puede ser mentira, ¿qué sentido tiene transmitir el saber? ¿Para qué la historia, la filosofía, el arte, la cultura, la ciencia, si todas esas disciplinas están sujetas, al cabo, a una constante impugnación de sus contenidos? No es de extrañar, en semejante contexto, el éxito alcanzado por el constructivismo entre los maestros o la porfía con que los profesionales de la información aluden a las versiones de los hechos para no tener que enfrentarse con la verdadera naturaleza de esos mismos hechos. Esa dejación de responsabilidad por parte de docentes y periodistas, esa desertización del pensamiento del niño, del adolescente y, en buena medida, del adulto, esa penetración incontrolada del relativismo, constituyen un terreno abonado para los prejuicios, las ficciones, la intolerancia y el esencialismo. O sea, para todo aquello que suele acarrear el nacionalismo en cualquiera de sus formas.

Lo curioso es que esa obra de derribo de la educación de raíz liberal —la que se asentó en el primer tercio del siglo XX y, mal que bien, siguió en pie durante el franquismo— fue cosa de la izquierda española, encabezada por el entonces mayoritario PSOE, allá por los ochenta y noventa del mismo siglo. Quiero decir que el nacionalismo de CIU y PNV, hegemónico en Cataluña y el País Vasco y de perfil marcadamente conservador, se limitó a verlas venir. Y a aprovecharse de lo que vino, claro está.

Me temo que nunca ponderaremos lo suficiente la responsabilidad de la izquierda española en el auge de los nacionalismos tristemente históricos.

(Crónica Global)

Ciudadanos y ciudadanía

Anteayer, mientras escuchaba el discurso que el presidente del Gobierno de España pronunció tras el Consejo de Ministros extraordinario, no podía por menos de preguntarme por qué ese hombre había tardado tanto en decir lo que estaba diciendo. Teniendo en cuenta que, como él mismo reconoció en su intervención, el desafío del Gobierno de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña era ya cosa vieja, ¿a qué haber esperado tanto tiempo en contestar con las palabras justas, ni una más ni una menos, a quienes con su proceder ponían en cuestión el propio Estado de derecho? La única explicación a semejante demora cabe buscarla en el complejo con que los sucesivos gobiernos de España y muchísimos ciudadanos españoles han tratado siempre al nacionalismo, sea este de matriz catalana, vasca, gallega o de nueva planta. Un complejo en el que se mezclan, a partes iguales, temor y mala conciencia. Temor a que una negativa a sus demandas derive en una inestabilidad mayor que la existente; mala conciencia o sentimiento de culpa por lo que los gobiernos de la España franquista —y, según como, de la España a secas— hicieron o dejaron de hacer con cuantos aparejos sirven a esos nacionalismos como signo de identidad.

Y es que, si bien se mira, anteayer Mariano Rajoy no dijo sino lo que cualquier gobernante de un Estado democrático habría dicho desde el primer momento ante las pretensiones de un movimiento secesionista. Que no hay democracia sin ley. Que todo cuanto afecta al conjunto de los españoles —como es, por ejemplo, la integridad territorial del país— debe ser decidido por el conjunto de los españoles. Que nuestro código de barras democrático, aquello que nos hace ciudadanos libres e iguales, es la Constitución de 1978, y que a ella debemos remitirnos mientras no exista otra. Que todo se puede hablar y discutir, faltaría más, siempre y cuando se acepten las reglas del juego, o sea, siempre y cuando se acate el marco jurídico vigente. Que, en definitiva y tal y como se desprende de todo lo anterior, ni la ley de consultas catalana ni la convocatoria a las urnas que de ella emana pueden haber lugar.

Pero también es cierto que esa demora del presidente del Gobierno en proclamar lo obvio no debería achacarse, como tantas veces se ha hecho, a la premiosidad que le caracteriza o, en el mejor de los casos, a la prudencia que hay que esperar de cualquier gobernante. O no sólo a eso. También, y de forma especial, a la ausencia en España de un verdadero sentimiento de ciudadanía. Al fin y al cabo, los políticos no son más que un reflejo de la sociedad a la que representan; se mueven al son que marcan sus electores, y si estos no les apremian en un determinado sentido, difícilmente van a ser ellos quienes tomen la iniciativa.

Y no es que la palabra ciudadanía no se haya oído ni continúe oyéndose por estos pagos. Piénsese en la malhadada asignatura de ESO y Bachillerato con la que parecía que el anterior presidente del Gobierno iba a cambiar la suerte de generaciones de jóvenes españoles y que no logró superar las embestidas de la Conferencia Episcopal, por un lado, y de los muy izquierdosos autores de libros de texto, por otro. O piénsese en el uso tan impropio como políticamente correcto que se hace hoy del vocablo como superador de un plural, ciudadanos, que acarrea una notoria mancha de género. Pero no me refiero, claro está, a ninguna de esas acepciones del término, sino a la ciudadanía como compendio de los deberes y derechos inherentes a la condición de ciudadano. Es este y no otro el significado que en verdad nos concierne y cuya concreción en hechos tanto echamos en falta. Porque los españoles somos ciudadanos libres e iguales en virtud de esa Constitución de 1978 que tanto nos costó levantar y que hemos convertido entre casi todos, por acción u omisión y siguiendo la estela de los nacionalismos, en el sumidero de nuestras peores frustraciones. Lejos de comportarnos como sujetos políticos, de intervenir en los asuntos públicos en la medida en que todo lo público nos compete, de defender lo que sí importa, la inmensa mayoría de los españoles nos hemos acostumbrado a una suerte de vagancia cívica mientras una minoría diligente no descansaba en su afán por laminar nuestra ciudadanía.

Hasta hoy. Y lo más triste es que lo que pase mañana acaso ya no dependa sólo de nuestra voluntad.

(Crónica Global)

Garantías democráticas

Acaso lo más significativo de las palabras de Artur Mas en su discurso del lunes en el Debate de política general sea la afirmación de que la «consulta» no podrá hacerse si no existen «plenas garantías democráticas» para ello. Bueno, en realidad lo que el presidente de la Generalitat dijo fue otra cosa, más alambicada. Tras referirse a la posibilidad de acabar su mandato, añadió: «Debe poder ser así, y para que pueda ser así se tiene que votar el 9-N con plenas garantías democráticas». Sin duda. Es la primera vez en mucho tiempo que ese hombre dice la verdad. Quizá sin saber que la dice, no lo niego. Quizá sabiendo incluso que sus palabras pueden interpretarse de modo diverso, según el sesgo ideológico del receptor del mensaje, y que la verdad, lejos de aflorar, quedará enmarañada en la discordia de los medios y las tertulias. Da igual. Mas tiene, en el fondo, toda la razón. El 9-N no se podrá votar en Cataluña porque no se dan las «garantías democráticas» para hacerlo.

Y no se dan, esas garantías, desde el mismo día en que el presidente de la Generalitat puso en marcha el llamado Proceso. Desde que oyó voces y creyó que debía atenderlas. Luego ya, cuando fue aprobando Declaraciones en el Parlamento autonómico que el Constitucional iba declarando nulas. Y en fin, de forma concreta, cuando colgó en el tablón de anuncios de la institución que preside fecha y doble pregunta. Para que el Proceso tuviera esas garantías democráticas que no tiene, debiera haber cumplido un requisito muy simple: ajustarse a la ley. O sea, a lo que establece nuestra Carta Magna. Porque la condición primera para que pueda hablarse no ya de garantías democráticas, sino de democracia a secas, es que estemos en un Estado de Derecho y la ley sea temida, esto es, respetada. Lo demás son monsergas y trampantojos —como ese «marco legal» del Estado del sol naciente al que se refirió hace poco el más que probable sucesor de Artur Mas en el gobierno autonómico, elecciones mediante—.

Pero incluso en el supuesto de que el conjunto de los españoles, a través de sus representantes políticos y previa reforma de la Constitución, aceptaran la celebración de una consulta para discernir qué hay que hacer con Cataluña y los afanes de una porción significativa de su población, todavía habría que precisar el sujeto consultivo. O sea, si ese sujeto es el conjunto de los españoles o sólo los residentes en Cataluña. Por descontando, únicamente la primera de las opciones se ajustaría a la lógica: a saber, que lo que se ha hecho entre todos no puede deshacerlo una parte. Pero imaginemos por un momento que la reforma constitucional, aprobada en referéndum por una mayoría suficiente de españoles, incluyera la segunda de las opciones, la que prevé una consulta restringida a los empadronados en Cataluña. ¿Existirían entonces garantías democráticas?

Difícilmente. Y es que esa población que debería decidir si Cataluña sigue siendo española o emprende la feliz aventura que le prometen sus gobernantes, ha estado sometida durante 35 años, y muy especialmente en la última década, a una verdadera formación del espíritu nacional a través de la escuela —donde los niños y los jóvenes son adoctrinados sin contemplaciones y utilizados, a un tiempo, como transmisores de esta doctrina en el ámbito familiar—, de los medios de comunicación públicos y privados —que en Cataluña son todos semipúblicos, o sea, dependientes del poder político, excepto este en el que tengo el gusto de escribir— y de cuantos mecanismos de control ha ido tejiendo la administración de la Generalitat en los campos asociativo, cultural y socioeconómico por medio de ayudas, convenios y subvenciones. En estas condiciones, ¿con qué libertad podrían decidir esos cinco millones largos de catalanes con derecho a voto sobre el destino de esta tierra que es la suya y también la del conjunto de los españoles? Hasta que no pasara por lo menos una década durante la cual todas esas instancias nacionalizadoras hubieran recuperado su imprescindible neutralidad, dicha libertad sería una quimera. Aunque me temo que la primera quimera sería ya la posible existencia misma de semejante década higienizadora.

Pero, en fin, por soñar que no quede.

(Crónica Global)

La mejor noticia

No diré que es la mejor noticia que podía depararnos esta víspera del 11-S —la mejor noticia, sobra decirlo, sería que el presidente de la Generalitat desconvocara la consulta y dimitiera de todos sus cargos—, pero sí que es la mejor que nos ha deparado la actualidad política de este país en mucho tiempo. Me refiero a la conversación telefónica entre Rosa Díez y Albert Rivera, a instancias de este último, y al hecho de que la comunicación, lejos de cortarse abruptamente por falta de alimentación o por sobrecarga, diera como fruto la promesa de seguir hablando del objeto de la llamada, que no es otro que la posibilidad de establecer una forma cualquiera de colaboración política entre UPyD y Ciutadans —coalición electoral, federación de partidos, fusión—. O, si lo prefieren, que no es otro que la posibilidad de hacer realidad lo que ambas formaciones viene pregonando desde hace tiempo: el valor de la unión.

Por descontado, que esa llamada haya terminado bien no significa forzosamente que las reuniones que en adelante se produzcan entre las partes deban tener un final similar. Pero, aun así, existen razones para la esperanza. Ahí van unas cuantas. En primer lugar, que el Consejo Político de UPyD no actuara del todo como un Politburó a la nueva usanza, lo que le habría llevado no sólo a vituperar a Francisco Sosa Wagner, como hizo, sino también a expulsarlo sin contemplaciones del partido y a negarse a tener siquiera presente su petición. Luego, que el propio Rivera considerara que el pliego de condiciones para un acuerdo —o el documento de mínimos, como prefieran— surgido el pasado sábado del mencionado Consejo es perfectamente asumible por Ciutadans. Y luego, en fin, como ya se ha dicho, que Díez atendiera la llamada de Rivera y de la conversación salieran buenos propósitos.

Así las cosas, lo más sensato sería que ambos partidos buscaran de momento un acuerdo de colaboración electoral. El calendario político lo aconseja, por no decir que lo demanda. Municipales y autonómicas en mayo de 2015, y generales a fin de año. Y antes de la primera cita, o entre una y otra, con toda probabilidad las autonómicas catalanas —tal y como puede deducirse, por cierto, de la decisión del Gobierno de la Generalitat de reintroducir en los presupuestos del año próximo la paga extra de los funcionarios—. Pero no únicamente el calendario nos lleva a ello. También una coyuntura marcada por la profunda erosión de nuestro Estado social y democrático de Derecho, ya la auspiciada por el nacionalismo catalán y, en menor medida, vasco, ya la fomentada por plataformas asamblearias de nuevo cuño, como Podemos o Guanyem. Con unos partidos nacionales antaño claramente mayoritarios y ahora en sus horas más bajas y presa de la corrupción, no existen en este momento en España otras fuerzas capaces de defender el Estado de Derecho y la democracia —o sea, aquello que nos dimos los españoles cuando la Transición y que tanto nos ha costado conservar— y de propugnar, a un tiempo y de modo convincente, la necesaria regeneración política e institucional. Resulta, pues, de todo punto necesario que UPyD y Ciutadans asuman esa responsabilidad y lo hagan mancomunadamente.

Tanto más cuanto que ambas formaciones, aparte de ideario, programa y bolsa de votantes, comparten una característica sustancial: conocen al nacionalismo de primera mano. Aun cuando nacieran como fuerzas políticas de ámbito nacional, su gestación se dio en dos territorios españoles periféricos que no habían tenido —o no han tenido aún, en el caso de Cataluña— otra clase de gobiernos que los de tinte nacionalista. Están, pues —o deberían estar—, inmunizadas contra las añagazas, los lloriqueos y los chantajes de los partidos cuyo único interés ha sido y será siempre la confrontación más o menos visible con el Estado, su laminación cierta y progresiva. Urge, por lo tanto, ese acuerdo entre UPyD y Ciutadans, llámese como se llame y consista en lo que consista. Un poquitín será siempre más que nada. Y millones de españoles, entre los que figurará en primerísimo plano el siempre docto y educado eurodiputado Francisco Sosa Wagner, seguro que lo agradecerán.

(Crónica Global)

El calcetín de Pujol

Conste que no le deseo ningún mal, sólo lo que la aplicación de la justicia le tenga reservado. Pero no deja de sorprenderme que en las escasas apariciones del Muy Honorable Evasor por la que fuera la capital de su reino particular, ya frente a su domicilio, ya frente al que ha sido hasta la fecha su despacho de expresidente, nadie le haya afeado públicamente su conducta con un «¡sinvergüenza!», o un «¡chorizo!», o un «¡truhán!», o incluso con un «¡Pujol, trilero, devuélveme el dinero!». Y no lo digo, claro, por esos periodistas que le asaltan sonrientes, cámara o micro en ristre, en busca de unas palabras y a los que él responde que qué tal el fin de semana. Me refiero a la reacción espontánea de un ciudadano cualquiera que acertara a pasar por allí y se apercibiera de su presencia. Ha habido, ciertamente, un escrache frente a su casa barcelonesa, pero, como comprenderán, lo que hagan los Vestrynge catalanes, yayoflautas o no, no guarda ninguna relación con la espontaneidad. (A propósito: no tengo nada en contra de que Pujol conserve sus escoltas. Sí me parece, en cambio, fuera de lugar que esa seguridad, pudiéndosela pagar de su bolsillo, con los millones defraudados, la sigamos pagando los contribuyentes, esto es, las principales víctimas del fraude del defraudador. A eso se le llama «cornudos y apaleados».)

Otra cosa que me tiene sorprendido, por no decir intrigado, son las caídas del Muy Honorable Evasor. La de Queralbs, lo admito, entra hasta cierto punto dentro de la normalidad; al fin y al cabo, a partir de una cierta edad sobre todo, ¿quién no ha tropezado alguna vez con un peldaño por no haber levantado suficientemente un pie? Pero lo del calcetín es distinto. Primero, porque no existen imágenes de la caída. Es verdad que se trata de un accidente doméstico. Pero hay caídas y caídas. Y una que conlleve un vendaje tan aparatoso que impida calzarse el zapato y obligue a cubrirse la extremidad con un calcetín, tiene que ser, por fuerza, una señora caída. O sea, una de esas en las que uno luego no puede apoyar el pie en el suelo durante un montón de días y que precisan el auxilio de una muleta. Pero Pujol en las fotos aparece sin muleta y apoyando el pie en el suelo. En fin, como si en vez de un esguince lo que tuviera es un antojo. O, si lo prefieren, como si ese calcetín grisáceo fuera una suerte de remedo del calcetín de Tàpies, pero sin alambre.

Y, la verdad, no creo que el Muy Honorable Evasor esté a estas alturas para muchas performances. Y en lo que respecta a Tàpies, debió de bastarle, me temo, con la contemplación semanal de Las cuatro crónicas, el cuadro que preside e invade la Sala Tarradellas del Palau de la Generalitat, donde se celebran las reuniones del Consell Executiu. No, a mí lo del calcetín me suena a otra cosa. Descartados el esguince y el homenaje al pintor —y descartada incluso la hipótesis, siempre verosímil en el caso de un evasor, de que la calceta escondiera en su interior un buen fajo de billetes—, lo único que se me ocurre es que se trata de un ardid. En otras palabras: que el expresidente, ante el sinfín de citaciones que se avecinan y, en concreto, ante el insistente requerimiento por parte de su propio expartido y de la formación republicana que lo respalda para que acuda al Parlamento autonómico a dar explicaciones de sus tropelías, haya optado por lo que podríamos denominar la vía Millet, pero sin necesidad de caerse ni de romperse el fémur. O sea, haya optado por la dilación. Por el «qui dia passa, any empeny». Y aunque los días transcurridos no sumen un año, llegado el momento de comparecer, nuestro Muy Honorable Evasor siempre podrá proclamar a manera de excusa, como su gran amigo en las artes del saqueo, aquello tan trascendente de «no soy yo, voy muy medicado».

(Crónica Global)