Como era de prever, la “prioridad nacional”, ese bichito maligno que Vox coló en el “Acuerdo de gobierno” firmado con el PP en Extremadura y que deberá aplicarse al acceso a la vivienda protegida y el alquiler social, así como a la obtención de ayudas públicas; ese bichito maligno, decía, que con toda seguridad va a figurar también en la réplica aragonesa del acuerdo, está dando que hablar. Y que hacer. Que se lo pregunten, si no, a los populares, a lo que este martes faltó tiempo para presentar una enmienda a una moción de Vox y dejar claro que para ellos dicha “prioridad nacional” iba ligada a “un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, al tiempo que “adecuado a la legalidad vigente”, tal y como consta en el documento suscrito entre las partes. Aunque el PP vaya en esta cuestión a remolque de su socio de gobierno, no es cosa de permitir que los de Abascal se cuelguen solitos la medalla. Y, sobre todo, a su manera.
Que existe una contradicción manifiesta entre promover una prioridad de este tipo y adecuarse a la legalidad vigente salta a los ojos, a poco que uno tenga presente el artículo 14 de la Constitución. Pero a ninguno de los firmantes del pacto esa contradicción preocupa lo más mínimo. Lo que hoy se conoce como “ganar el relato” es lo único que cuenta, y para eso ya están las cocinas de los partidos, con sus estrategas y sus gabinetes de comunicación. Como está por supuesto, al otro lado de la zanja y presto a sacar tajada del engendro, el todopoderoso Gobierno de Pedro Sánchez, que por algo dispone de 609 asesores en La Moncloa y una ristra de voceros en los medios subsidiados, tanto públicos como privados.
Se han recordado estos días algunos de los antecedentes de la prioridad de marras, notoriamente la promovida por el Rassemblement National –antes Front National– de Marine Le Pen y Jordan Bardella. Pero se ha hablado en cambio muy poco o nada de otra clase de prioridad nacional que venimos padeciendo la inmensa mayoría de los ciudadanos desde la aprobación de la Constitución y la puesta en marcha de la España de las Autonomías. Me refiero a la que perpetran los nacionalismos periféricos, en especial el vasco y el catalán, para quienes no existe otra nación que la suya ni otra prioridad que laminar poco a poco el armazón del Estado. Aun cuando no afecte a los mismos supuestos contemplados en el pacto extremeño, el impacto de dicha prioridad en los territorios donde el separatismo ha echado raíces resulta tan o más pernicioso. En primer lugar, por su longevidad –medio siglo cumplido–. Y luego, por su carácter transversal y expansivo. Sirviéndose como checkpoint de la lengua que consideran propia, ambos nacionalismos gobernantes han levantado un muro entre los suyos, a los que prioriza, y el resto de los ciudadanos.
Si bien esa prioridad vinculada a la lengua se da en múltiples ámbitos de la sociedad, allí donde cobra más fuerza es en los que dependen directamente de la Administración autonómica. Y, entre estos, el de la educación figura sin duda en primer término. En el País Vasco, por ejemplo, todos los pasos dados por la actual Consejería de Educación van en la línea de ir eliminando el castellano como lengua vehicular de la escuela pública en provecho de una enseñanza impartida únicamente en euskera. Así, esta semana hemos sabido de un colegio público de Guecho donde dejan de ofertar la enseñanza en castellano en educación infantil; a las familias disconformes con la medida, les dan como alternativa escolarizar en otro centro docente a sus pequeños en euskera con la ayuda de un intérprete, y santas pascuas. También en el País Vasco, la universidad pública, cuya denominación oficial había sido hasta ahora bilingüe, en adelante lucirá sólo el nombre en euskera.
El caso de Cataluña es harto conocido. La prioridad nacional viene aplicándose a rajatabla por la Administración educativa desde hace años, hasta el punto de que en la enseñanza pública obligatoria y postobligatoria ha provocado ya la expulsión del castellano como lengua vehicular de todas las aulas. Otra cosa es la universidad, donde la presión gubernamental todavía encuentra resistencia. Por lo demás, la coyuntura migratoria y los apremios de Pedro Sánchez por complacer a Junts, han llevado a Salvador Illa a anunciar que el conocimiento del catalán no será un requisito para obtener el permiso de residencia emitido por la Administración autonómica, pero sí para renovarlo un año más tarde. No era lo que pedía Junts, pero es un paso más en el camino de la imposición de la lengua. Y no precisamente la común.
Sobra añadir, en fin, que esta otra clase de prioridad nacional también se da de bruces con la Constitución. Y, aun así, en lo que llevamos de democracia ningún Gobierno de España se ha empeñado en cumplirla y hacerla cumplir en este punto. ¿Por qué será?