Un estudio de la OCDE realizado a partir de los datos del Informe PISA de 2012 indica que España es el quinto país entre los económicamente desarrollados en el que más deberes tienen los jóvenes. Deberes, claro, escolares, de esos que los maestros y profesores ponen a sus discentes para que apuntalen por su cuenta lo que se supone que han estado trabajando durante el resto del día o de la semana en clase. Ese quinto puesto sobre 38 posibles podría parecer un buen puesto. No lo es. Y no lo es a juzgar por el resto de la clasificación, en la que los países con mejores resultados académicos según PISA, Corea del Sur y Finlandia, ocupan los puestos penúltimo y último, respectivamente. Y también porque las asociaciones de padres, ese poder fáctico y creciente, también se quejan. De nada sirve indicar que ese cómputo español —6,5 horas semanales, cuando la media de la OCDE es de 4,9— era todavía peor hace diez años —7,4—. O añadir que esa reducción de la carga casera se da igualmente, en mayor o menor grado, en casi todos los países analizados. Que constituye una tendencia, vaya. No, de nada sirven esos paliativos. Para los pedagogos y los padres presuntamente comprometidos con la enseñanza, el que los jóvenes quinceañeros —pues de estos se trata, al cabo, si de PISA estamos hablamos— dediquen cada día, sin contar el fin de semana, una media de una hora y 20 minutos al estudio en casa les parece excesivo. Tal vez lo sea, no digo que no. En todo caso, dependerá de lo que esos chicos tengan por costumbre hacer de lunes a viernes en sus horas libres: actividades extraescolares, encuentros grupales, socialización digital, consumo televisivo, etc. Y dependerá sobre todo de lo que tengan por costumbre hacer en clase durante el resto del día. De su atención, de su aplicación, de su esfuerzo, de la exigencia requerida por sus profesores y, por supuesto, de la capacidad de estos últimos para inculcarles unos contenidos que vayan algo más allá de la educación en valores. Ah, y los papás, a cumplir también con su deber, que no es otro, en definitiva, que el de educar a sus hijos sin entrometerse en las particularidades de su instrucción.

(ABC, 31 de enero de 2015)

Deberes para todos

    31 de enero de 2015
Se ve que, poco a poco, la proyección internacional de la huida hacia delante emprendida por el presidente Mas —también llamada Procés— va cuajando. Atiendan, si no, a la anécdota. Londres, 29 de enero de 2015. El avión de la British Airways 478 con salida a las 8:00 —hora inglesa— del aeropuerto de Heathrow y llegada a Barcelona a las 11:30 —hora española— está a punto de despegar. Se trata de un vuelo de conexión. Gran parte de los 180 pasajeros proceden en realidad de Nueva York, de donde han salido con retraso y realquilados en otros trayectos por culpa de la tormenta de nieve que finalmente no fue. Por la megafonía se comunica a los presentes que dentro de nada el avión va a despegar con destino a Barcelona etc., etc., etc. Lo dice una voz enlatada y la lata es catalana. O sea, una llauna. Bien. El problema es que luego no se oye otra voz que la inglesa del piloto. Ni en lata ni en directo pueden escuchar los pasajeros —muchos de ellos españoles y no necesariamente catalanes— explicación alguna en la lengua oficial del país. Y eso que British Airways se fusionó con Iberia hará pronto un lustro, por lo que algún influjo español debería tener ya a estas alturas. Pues no, no lo tiene. Y así nos va por el mundo.

«Verba volant»

    30 de enero de 2015
En febrero de 1995 publiqué un artículo en el “Quadern” de El País titulado “Passeig d’aniversari”. El aniversario aludía a los algo más de diez años transcurridos desde la muerte del poeta Joan Vinyoli. El paseo, por su parte, consistía en un recorrido por su vida y su obra —en buena medida uno y lo mismo— y por el poso que ambas habían dejado, una década más tarde, en la sociedad y la cultura catalanas. Y Passeig d’aniversari, en fin, era también el título del último libro de versos de Vinyoli, editado meses antes de su muerte y coincidente con su 70 aniversario. Mi artículo rezumaba mucha tristeza, no poca amargura y cierta indignación. O esa es al menos la impresión que ahora me da al leerlo. Ese cúmulo de sensaciones guardaban relación, claro está, con el lugar que ocupaba entonces Vinyoli en la memoria del país. No en la de sus lectores, que por suerte eran ya numerosos —o tan numerosos, al menos, como pueden ser los lectores de poesía—, sino en la de sus instancias más o menos representativas: cenáculos literarios, entidades culturales, instituciones políticas. Sobra indicar que, siendo Vinyoli un escritor en lengua catalana, ese país no podía ser otro que Cataluña. O, como mucho, Cataluña y su ensanche lingüístico y cultural valenciano y mallorquín. Pues bien, el balance resultaba bastante desolador. La edición de su obra completa estaba lejos de materializarse; las instituciones se habían olvidado de la existencia misma del poeta y de su legado, y sólo algunos cenáculos literarios, mayormente jóvenes, parecían tener presente su importancia. De ahí que cerrara mi artículo de entonces haciendo votos para que en 2014, año del centenario de su nacimiento y del treinta aniversario de su muerte, ese país que fue el suyo lo acogiera de una vez por todas en su regazo y otorgara a su obra la altísima consideración que sin duda merece.

Y es que Joan Vinyoli fue uno de los grandes poetas catalanes del siglo XX. Un poeta de la talla de un Josep Carner, un J. V. Foix, un Carles Riba o un Gabriel Ferrater. Un poeta singular, que vivió por y para la poesía e hizo de su vida un constante aprendizaje poético. El único de todos los grandes, en fin, al que conviene el título de poeta puro, de poeta integral, de poeta poeta. Después de una larga etapa marcada por la influencia de Riba, tras la muerte de este —por más que aquí la muerte no sea sino una triste coincidencia— su poesía fue desprendiéndose de la impronta romántica y postsimbolista que la había caracterizado hasta entonces y adquiriendo —con Realitats (1963) y, sobre todo, a partir de Tot és ara i res (1970)— perfiles resueltamente realistas. Aun así, en los últimos años de su vida, tan fértiles en lo literario, su poesía recuperó en parte el trazo simbólico de sus orígenes y algunos de sus patrones más clásicos, como por ejemplo la rima, sin abandonar por ello el engarce con la realidad y su fidelidad a la máxima de Rilke contenida en Los cuadernos de Malte Laurids Brigge: “Los versos no son, como cree la gente, sentimientos (…), son experiencias”.

Y en esas hemos llegado, pues, al año decisivo de 2014. Decisivo, por cuanto una literatura como la catalana, tan dependiente del dinero público para su subsistencia, y en especial si se trata de poesía, suele aprovechar los centenarios para sacar de las brumas del recuerdo a sus escritores más excelsos. Y este es el caso, sin duda, de Joan Vinyoli, cuya poesía completa lleva ya lustros editada y cuya obra es objeto incluso de simposios. Cierta reserva hacia su persona que aún perduraba hace un par décadas y en la que tenía mucho que ver una vida poco ejemplar para la pacata sociedad de su tiempo —su afición al alcohol, su agnosticismo militante, sus amoríos— parece ya plenamente disipada. Prueba de ello es que Vinyoli ha tenido su Año. Con mayúscula. En otras palabras: la Generalitat está dedicando una parte de su presupuesto a difundir, a lo largo de un año, por todo el territorio cuya administración le incumbe —e incluso más allá, si tenemos en cuenta el ensanche mallorquín y valenciano—, la figura y la obra del poeta. Lo mismo ha hecho, en los últimos tiempos, con Mercè Rodoreda (1908) y Joan Sales (1912), los dos mejores novelistas que ha dado la literatura catalana contemporánea. Y lo mismo ha hecho, claro, con Salvador Espriu (1913), uno de los mejores prosistas y dramaturgos, y un poeta ciertamente menor, aunque nacional. Justo lo que Vinyoli nunca fue ni aspiró a ser. No hace falta añadir cuáles han sido las consecuencias de esa yuxtaposición conmemorativa. Las consecuencias para Vinyoli, quiero decir. Aunque el Año está sirviendo sin duda para divulgar su obra entre los escolares catalanes y en distintos ámbitos de lo que se ha venido en llamar cultura popular, mediante el recurso a toda clase de performances, cualquier comparación con el Año Espriu resulta no sólo ridícula, sino hasta hiriente. Y lo más hiriente no es, como pudiera suponerse, la diferencia abismal de presupuesto entre una y otra conmemoración, o el realce institucional dado al escritor nacido el 13 con respecto al nacido el 14; al fin y al cabo, el nacionalismo suele echar mano de los mitos y el de Espriu sigue activo. No, lo más hiriente es que esa comparación se haya establecido en el campo mismo de la poesía, allí donde Joan Vinyoli jugó todas sus cartas y apenas tuvo rival.

Letra Internacional (núm. 119, 2014, pp. 151-153)

Joan Vinyoli cumple cien años

    29 de enero de 2015
Hará pronto diez años, el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall aprovechó la proximidad del Día Internacional de la Mujer —antes, también Trabajadora— para asegurar que se sentía «como una mujer maltratada» por culpa de los ataques de la oposición. La comparación, sobra indicarlo, era como mínimo desafortunada, y así lo pusieron de manifiesto, entre otros colectivos, los movimientos feministas y las asociaciones contra el maltrato a la mujer. Ayer, el actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, en un acto conmemorativo del Día Internacional del Holocausto, afirmó: «Nuestras armas no son los fusiles, ni las bombas, ni las cámaras de gas; son el diálogo, la palabra, la negociación y el acuerdo». La contraposición, sobra añadirlo, estaba fuera de lugar, y a estas horas de la mañana nadie, que yo sepa, se lo ha echado en cara, a excepción de la propia noticia que daba cuenta de ello. No deja de resultar sintomático de la decadencia de esta región llamada Cataluña el que sean dos presidentes de la Generalitat quienes rivalicen en frivolidad mezclando el drama humano —y ninguno equiparable, sin duda, al Holocausto— con sus propios dramas particulares, estrictamente deudores de su ambición política. Claro que en el caso de Maragall luego supimos que la enfermedad ya debía de rondarle por aquellas fechas. Habrá que ver qué nos depara el futuro en el caso de Mas: si alguna explicación parecida o, simplemente, la pertinaz evidencia de que estamos ante un personaje tan zafio como amoral.

Tal para cual

    28 de enero de 2015
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In memoriam

    27 de enero de 2015
Después de lo de Grecia y antes de lo de España, tal vez no esté de más dejar testimonio, aquí y ahora, de ese particular homenaje a la Nova cançó al que se está entregando esa formación de nuevo cuño y tan rancias hechuras apellidada Podemos. Si en su asamblea constituyente de octubre en Madrid tiró de L’estaca y en el mitin de diciembre en Barcelona hizo, claro, lo propio, ayer en Valencia echó mano de Al vent. A este paso, cuando la gira de su máxima estrella pase por Palma de Mallorca es de esperar que en el cónclave suene Què volen aquesta gent. Sí, on connaît la chanson. Y, al contrario que la bella cinta de Resnais, esa vuelta al pasado no tiene ni pizca de gracia. Como si los españoles fuéramos incapaces de aprender.

«On connaît la chanson»

    26 de enero de 2015


("Los niños de las Escuelas Aguirre obsequian a dos guardias de la circulación", Estampa, 1-7-1930)
El Parlamento de Cataluña instó anteayer a la Fiscalía a reabrir el llamado «caso 4-F». Hay que felicitarse por ello. Por el caso en sí, un trágico episodio de corrupción —policial, judicial y política; en definitiva, institucional—, y también por la propia cámara catalana, la cual, por una vez y sin que vaya a servir, me temo, de precedente, aprueba por unanimidad una declaración vinculada a la realidad y no a la ficción. En la madrugada del 4 de febrero de 2006, tras una carga policial realizada en los alrededores de un antiguo teatro «okupado» en el centro de Barcelona donde un millar de personas estaban celebrando una fiesta, un agente de la Guardia Urbana recibió en la cabeza el impacto de una maceta lanzada desde la azotea del edificio. Como consecuencia de ello, el guardia urbano, que iba sin casco, sufrió heridas que le han dejado tetrapléjico. La reacción de los demás agentes consistió en detener a nueve personas, manifiestamente ajenas a los hechos pues se hallaban a pie de calle —y alguna incluso a kilómetros de distancia— y acusarlas de intento de homicidio. Después de sufrir torturas en comisaría —por parte de los municipales y de los Mossos—, de una instrucción irregular y de un juicio sin garantías, esos ciudadanos son condenados a penas de cárcel y uno de ellos, Patricia Heras, se suicida durante un permiso penitenciario. De todo ese proceso da cuenta un documental, «Ciutat morta», estrenado en junio de 2013 y distinguido con numerosos premios y menciones, pero cuya difusión había quedado circunscrita hasta hoy a alguna sala marginal o a Filmin, la plataforma de cine online. Hasta hoy, digo, y debería haber dicho hasta hace una semana, en que Canal 33 lo emitió. Este hecho y la proximidad de las elecciones municipales han obligado al poder político a reaccionar. De lo que se sigue, entre otras muchas cosas, que la Cataluña oficial ha creado un sistema comunicativo en el que sólo existe lo que pasa por la televisión autonómica. Para bien, como en este caso, y para mal, como en la mayoría de los que día a día nos ocupan y nos procesan nacionalmente.

(ABC, 24 de enero de 2015)

El espíritu del 4 de febrero

    24 de enero de 2015
La comodidad en política es un asunto del nacionalismo español, o sea, del vasco y catalán en gran medida, aunque no me atrevo a afirmar que la génesis del concepto —«sentirse cómodos en España»— le pertenezca de pleno derecho. Si, como parece, la fórmula arraigó en los prósperos años de la Transición, no cabe descartar que fuera engendrada por los partidos nacionales de entonces —UCD, PSOE, AP, PCE—, que se afanaban por encajar al nacionalismo patrio en una nueva España formada por ciudadanos libres e iguales. Sea como fuere, quienes más han reivindicado en lo sucesivo esa comodidad han sido los propios interesados. Pero nunca, o casi nunca, para dejar de sentirse incómodos, sino más bien para lo contrario: para poder seguir quejándose, pataleando, amonestando, reclamando; en una palabra, seguir sintiéndose cómodamente incómodos. Incluso ahora en que tantos independentistas catalanes han salido del armario para gritar «¡presente!» y en que hasta el presidente de la Generalitat reconoce sin tapujos y con soberanos malos modos que ya no aspira al encaje de Cataluña en España —de lo que él entiende por Cataluña en lo que él entiende por España, claro está—, la apelación a la comodidad sigue funcionando como un placebo imbatible. A tal punto que también ese nacionalismo radical, puesto en el brete de tener que justificar el porqué de su opción rupturista, suele recurrir a lo incómodo que se siente, o se ha sentido siempre, formando parte de España.

Por lo demás, tratar de desentrañar los orígenes de esa incomodidad equivale a enfrentarse al mismísimo enigma de la sonrisa de la Gioconda. Si se adopta un ángulo de visión tradicional, el de la historiografía romántica, la incomodidad estribaría en la imposibilidad de encajar una gran nación «avant la lettre» como habría sido la Cataluña medieval ¬—o, para ser justos, la antigua Corona de Aragón— en otra gran nación, de la que esa Cataluña era parte constituyente, la española. Si, por el contrario, se abraza un ángulo más innovador, el de los paladines de la subvencionada Nueva Historia, todo se reduciría a una inmensa maquinación para alterar los hechos de la que habrían sido víctimas personajes tan insignes como Teresa de Jesús, Miguel de Cervantes, Cristóbal Colón o Erasmo de Rotterdam, a quienes se habría privado de su nacionalidad —qué digo nacionalidad: ¡naturaleza!— catalana. Sobra añadir que ambas visiones son perfectamente compatibles y coinciden en lo esencial, esto es, en considerar que 1714, al igual que nuestra guerra civil, fue un enfrentamiento entre españoles, por un lado, y catalanes, por otro, y en que la Transición, más que un esfuerzo colectivo para dotar a España de un marco constitucional duradero en el que todo el mundo se encontrara razonablemente a gusto, y en especial quienes enarbolaban la sagrada bandera del hecho diferencial, fue una componenda de los poderes fácticos españoles para atar corto al nacionalismo catalán.

Eso en lo que concierne a los presuntos orígenes de esa incomodidad. Luego están los corsés del presente, que, como es sabido, dificultan muchísimo los movimientos y, en particular, las expansiones. Por ejemplo, el representado por la fiscalidad, ese artilugio con que el Gobierno del Estado impide a los catalanes alcanzar la felicidad a la que creen tener derecho, aunque ello conlleve hacer algo más infelices al resto de los españoles. O el que aprisiona la lengua llamada propia y su cosmovisión, tan maleadas por la pacata pretensión de ese mismo Gobierno de que el castellano, en consonancia con su carácter de lengua oficial del Estado, pueda ser, junto al catalán, vehículo de la enseñanza en Cataluña. No es de extrañar que el nacionalismo, en su afán por sentirse cómodo, aspire a desembarazarse de ellos.

Pero, en contra de lo que podría dar a entender semejante exposición de motivos, el nacionalista catalán no se comporta como un siervo de la gleba. ¡Ca! Él va a lo suyo. Sus derechos son históricos, colectivos, de país —como gusta calificar últimamente sus ocurrencias Artur Mas, siguiendo la estela de su maestro Pujol—, y ante esa clase de derechos poco valor tendrán los que alcance a esgrimir un español cualquiera, al amparo de su condición de ciudadano de una monarquía democrática y parlamentaria. Si bien se mira, la conducta de esos nacionalistas no se aleja en exceso de la de aquellos catalanes de hace cerca de un siglo que acudían a una función de teatro con toda la familia. Cuando menos, a juzgar por el testimonio que nos ha dejado de ello Gaziel.

Gracias al empeño de Jordi Amat, acaba de editarse «La Barcelona de ayer» (Libros de Vanguardia, 2014), antología de los artículos publicados entre 1919 y 1933 por quien fuera gran director de «La Vanguardia». Se trata de una antología de autor, en la medida en que la selección fue hecha por el propio Gaziel entrado ya en la vejez y en vistas a una futura edición de la parte castellana de su obra. Pues bien, uno de los primeros artículos del libro, de 1919 y titulado precisamente «La incómoda comodidad», narra una velada teatral a la que el periodista, después de una larga abstinencia, decidió asistir. La crónica, una verdadera pieza maestra del género, va describiendo paso a paso los intentos de Gaziel y familia por ver el escenario, oír a los actores y, en definitiva, disfrutar del espectáculo. Todos vanos, ante la actitud de un público desaliñado, jaranero, impertinente, grosero, chabacano; en una palabra, profundamente maleducado, al que sólo importa su propia e intransferible comodidad o, lo que es lo mismo, hacer en todo momento lo que le venga en gana sin respetar a los demás ni atender a norma alguna de convivencia.

Como se ve, la disposición de ánimo de los nacionalistas de hoy no dista demasiado de la de los espectadores teatrales de ayer, catalanes todos. Es verdad que los primeros acaso vayan más aseados y hayan reprimido algo su falta de decoro. Pero, en cuanto a la comodidad, seguimos donde estábamos. Los nacionalistas abusando de ella, y el resto de los españoles sufriendo las consecuencias.

(ABC, 22 de enero de 2015)

La incómoda comodidad

    22 de enero de 2015
Hubo un tiempo en España en que el acto de votar era esperado con verdadera devoción. Como tantas expresiones de nuestra libertad —y el ejercicio del voto, para cualquier ciudadano que se tenga por tal, lo es en grado máximo—, su valor intrínseco venía acrecentado por el largo periodo de privación sufrido con la dictadura franquista. De ahí que ese tiempo democráticamente feliz fuera sobre todo el de la Transición. Pero no sólo. También lo fueron los años ochenta en su conjunto, cuando se aprobaron los distintos Estatutos de Autonomía y se dio paso con ellos a una tercera categoría de elecciones, tras las generales y municipales. (En la década siguiente se añadiría una cuarta, la correspondiente a las europeas, pero lo cierto es que esta apenas figura en el imaginario del votante español.)

Con el discurrir de los años y el asentamiento de la democracia esa devoción inaugural fue disolviéndose en la bendita normalidad. Al igual que cualquier país de Europa, España tenía una agenda política marcada por las distintas convocatorias electorales. O, lo que es lo mismo, nuestros representantes políticos disponían de distintas legislaturas de cuatro años para cumplir y hacer cumplir sus promesas electorales. Algunos, al gobernar, tenían incluso la potestad de convocar elecciones anticipadas —generales y autonómicas, aunque estas últimas únicamente en unas pocas Comunidades—, con lo que esos cuatrienios podían acortarse. Pero, salvados estos casos, había una rutina. Y esa rutina incluía el encargo y la publicación de sondeos por parte de los medios de comunicación en las semanas previas a cada cita electoral. Como es natural, entre quienes solicitaban los servicios de empresas demoscópicas para realizar encuestas sobre intención de voto de los ciudadanos estaban también los propios partidos políticos, en especial los mayoritarios, interesados en conocer si el viento soplaba de popa o de proa. Y entre quienes las realizaban, aparte de empresas privadas, estaban asimismo organismos públicos como el CIS o sus sucedáneos autonómicos, que incluían entre sus funciones la de pulsar las tendencias de los electores cuando se avecinaba alguna convocatoria.

La rutina en cuestión, sobra añadirlo, continúa vigente. Pero en la última década, año más, año menos, se ha intensificado hasta tal punto que hoy cualquier español, con sólo seguir lo que publican los medios, puede saber a diario cómo evoluciona la intención de voto de sus conciudadanos. Por supuesto, los ciudadanos no votan; lo que reflejan las encuestas es la opinión de algunos de ellos, que sirve como pauta a los expertos demoscópicos para construir sus teorías. Pero es como si votaran. Los políticos convierten estas tendencias en buenos o malos presagios, según el caso, y por más que acostumbren a contrapuntearlas con la conocida coletilla de «el único voto que cuenta es el que se emite en la urna», el ciudadano tiene la impresión de que ese voto imaginario está modificando la verdadera relación de fuerzas existente en su municipio, Comunidad o país. En este sentido, esos sondeos ejercen para muchos una función parecida a la de las manifestaciones callejeras multitudinarias: deslegitimar al gobierno —municipal, autonómico, nacional— en activo y, por extensión, el marco legal en que se asienta. Pero esa marea demoscópica que nos invade tiene aún otra consecuencia perniciosa. En la medida en que suele detallar los trasvases que se supone que se están produciendo entre partido y partido —mediante el contraste entre la intención de voto actual y el recuerdo del voto emitido en los últimos comicios—, hace creer a muchos que el voto de los ciudadanos pertenece a una u otra fuerza política. Creencia a la que los propios partidos contribuyen gustosamente cuando se refieren a las hipotéticas fugas de votantes no como a un efecto del libre albedrío de esos ciudadanos a la hora de ejercer su derecho al voto, sino como a un hurto o un secuestro de una voluntad que les pertenece. Por descontado, todo eso puede estar cambiando. A juzgar por las encuestas, claro.

(Crónica Global)

La devaluación del votante

    21 de enero de 2015
En la entrevista de Maiol Roger y Clara Gil del Olmo a Oriol Junqueras que publica hoy El País hay un momento estelar. En fin, hay más de uno, por cuanto la entrevista no tiene desperdicio, pero yo, al menos, puesto en la tesitura de escoger, escojo este:

P. También deben buscar apoyo internacional, de momento muy pobre.
R. No explicaremos los buenos resultados porque se desactivarían. Cuando ejerzamos la independencia se verán.

Téngase en cuenta que quien eso sostiene ha sido eurodiputado durante media legislatura y, ya fuera del Parlamento Europeo, ha pronunciado una conferencia en Bruselas como máximo líder de ERC y máximo aliado del presidente de la Generalitat en su proceso soberanista en la que, tras amenazar con «parar la economía catalana durante una semana» si el Gobierno de España no permitía la celebración de la llamada consulta, soltó, fardón: «Nosotros también tenemos nuestros instrumentos». Esos son, pues, los argumentos internacionales del aspirante a presidir el futuro Estado catalán. O los instrumentos, como prefieran. Y ese personaje, cuando se le recuerda que el proyecto en el que se ha embarcado junto a Artur Mas carece de los mínimos apoyos en la política no ya mundial, sino europea, tiene la desvergüenza de prescindir de ellos con la excusa de que explicar ahora «los buenos resultados» que comportaría la independencia traería como consecuencia que estos se desactivaran. No sabemos si por culpa de la endeblez fáctica y argumental en que descansan o si porque, al igual que el jugador de póquer que va de farol, «los buenos resultados» que Junqueras esconde no existen. En todo caso, ese es el hombre que quiere gobernar Cataluña. Parece mentira que tantos catalanes le sigan la corriente.



(Editorial: "Energúmenos de ayer y energúmenos de hoy", Abc, 9-6-1936)
Jordi Llovet reflexionaba hace unos días en las páginas de «El País» sobre el uso que el presidente de la Generalitat estaba haciendo del concepto de «sociedad civil». Artur Mas había expresado su intención de contar con miembros de la sociedad civil en la lista que él mismo iba a encabezar en esas elecciones primaverales que el tiempo finalmente se llevó, y a Llovet ese constructo para referirse a los también llamados independientes le parecía fuera de lugar y equiparable en todo caso a neologismos como «derecho a decidir» o «proceso soberanista», que no dudaba en calificar de sofismas. Que se trata de un sofisma, es innegable —cuando menos en lo tocante a Cataluña—. Pero, contrariamente a lo que cree Llovet, el concepto tiene ya un largo recorrido en ciencia política y sirve para designar a aquellos ciudadanos ajenos al poder que, de forma individual o colectiva, intervienen en los asuntos públicos. En Cataluña, además, ha sido utilizado con gran pompa por el nacionalismo, antes y después de nuestra guerra civil, para contraponer la vitalidad de la sociedad catalana a unas estructuras del Estado carcomidas por la burocracia y la corrupción. Ocurre, sin embargo, que con la llegada de la democracia esta presunta sociedad civil ha dejado de existir como tal, en la medida en que los distintos gobiernos autonómicos, al margen de su color político, la han ido amamantando copiosamente y exigiéndole, a cambio, una sumisa fidelidad. Dicho de otro modo: cuando Mas expresa su voluntad de incorporar a su lista a miembros de la sociedad civil, no está aludiendo para nada a ciudadanos libérrimos, que actúan en pleno uso de sus facultades, sino a verdaderos gregarios, cuya voluntad ha sido oportunamente comprada mediante toda clase de prebendas. Su condición de independientes descansa sólo en el hecho de que no poseen, que se sepa, el preceptivo carnet de partido. Eso es todo. Pero el deterioro de la política catalana ha alcanzado tal magnitud, la ficción creada es tan descomunal, que hasta los dos líderes independentistas han sido capaces de pelearse durante semanas por unos independientes de cartón.

(ABC, 17 de enero de 2015)
Ya sólo espero el momento en que a Artur Mas le ocurra lo que al periodismo americano de hace un siglo con la obsesión por adelantar la hora de salida de las ediciones: que de tanto querer anticipar las elecciones llegue el día en que la legislatura ni siquiera consiga inaugurarse. O sea, y por decirlo con Camba, que la política catalana alcance la más absoluta parálisis.

El peligro de la anticipación

    16 de enero de 2015
En su edición de ayer el diario Abc daba cuenta de una concentración protagonizada por niños en el patio de una escuela. Esos niños llevaban un cartel donde podía leerse «Amaia askatu», en alusión a la detención de la abogada de etarras y portavoz de Sortu Amaia Izco, llevada a cabo por la Guardia Civil en Pamplona el día anterior, dentro de la llamada operación Mate. Por supuesto, los niños no se concentran espontáneamente, ni siquiera en el patio de una escuela, y aún menos se ponen de acuerdo para elaborar un cartel con una misma leyenda, imprimir no sé cuantas copias del original y usarlas a modo de pancarta todos a una. No, eso son cosas de mayores o, como mínimo, de jóvenes ya creciditos. En realidad, si uno observa la fotografía publicada en el mismo medio, verá como entre la chiquillada aparecen algunas cabezas, si no pensantes, sí notorias, que cabe atribuir sin duda a maestros del centro. Incluso la foto —subida a Twitter por el propio Colegio Público San Francisco— tiene toda la pinta de haber sido tomada por una mano maestra.

No hace falta añadir que no es la primera vez que en un colegio del País Vasco o Navarra los niños son usados como carnaza para la siembra del odio y la violencia. Tal vez por ello el PP, a instancias del Ministerio del Interior, acaba de registrar una enmienda en el Congreso de los Diputados para que sea introducida en la reforma del Código Penal e impida que los condenados por terrorismo, una vez cumplida la pena, puedan ejercer la labor docente. Bien está, sobra decirlo, pero no basta. Ignoro si entre esos maestros del colegio San Francisco de Pamplona hay condenados por terrorismo; en todo caso, lo que sí hay, seguro, son simpatizantes y apologistas de una banda terrorista, o sea, personas que merecerían acarrear una condena de este tipo. Y el hecho de que eso suceda en un colegio público confiere al delito una gravedad todavía mayor. Que el propio espacio público —ya que no otra cosa es un centro escolar dependiente de la representación del Estado en la Comunidad— sea un vivero de futuros terroristas cuyo principal objetivo será destruir el Estado que los cobija, no sólo clama al cielo, sino que supone también un soberano ejemplo de estulticia por parte de quienes deberían velar por su conservación.

Estos días, a raíz de los trágicos atentados de París, se ha hablado y escrito mucho sobre la falta de determinación de no pocos maestros franceses, hijos o no de la inmigración, a la hora de encarar en sus aulas el problema del fundamentalismo islámico. Y no parece que el respeto hacia determinadas creencias, ungido de un biempensante relativismo cultural, haya contribuido en nada a combatir una ideología que descansa en la intolerancia, fomenta el odio y desemboca fatalmente en la violencia. Del mismo modo, quienes conocemos las entrañas del sistema educativo implantado hace 35 años en Cataluña sabemos que, entre los valores pregonados por una gran mayoría del profesorado de la escuela pública y concertada, no está precisamente el de la fraternidad para con los ciudadanos del resto de España o con los propios catalanes nacionalmente infieles. Más bien lo contrario. Ya falseando la historia, ya enalteciendo la llamada lengua propia en detrimento de la común, ya sacando a los críos y no tan críos a pasear festivamente para oponerse a cualquier reforma educativa procedente del Gobierno central y que ponga en peligro la cosmovisión nacionalista, lo que esos docentes han logrado es inculcar en sus alumnos una intolerancia —y hasta a veces un odio visceral, rayano en la violencia— hacia el prójimo que no puede sino derivar en una fractura social como la que se está viviendo hoy en día en Cataluña. Por supuesto, los medios de comunicación, y en especial la televisión autonómica, han puesto mucho de su parte. Pero su infame propaganda ha tenido como blanco unos organismos indefensos, sin el menor pensamiento crítico al que agarrarse y atentos tan sólo a la palabra sagrada. De un modo u otro, a ellos —como a esos niños pamplonicas o a los de la banlieue parisina— les han prometido el paraíso a cambio de combatir al diablo.
(Crónica Global)

De la escuela al paraíso

    14 de enero de 2015
En el imaginario de cierto catalanismo, París ha sido siempre fuente y espejo. No me refiero al catalanismo surgido del carlismo, o sea, no al inaugural, para el que París ha encarnado en todo momento al mismísimo demonio, sino al que entronca con el republicanismo de finales del XIX y comienzos del XX. Para este catalanismo, la capital de las luces ha sido siempre fuente de inspiración y espejo donde mirarse. Lo fue en los albores del pasado siglo, lo siguió siendo en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera y de la Segunda República, y no dejó de serlo, claro está, cuando la larga dictadura franquista. En realidad, y exceptuando el interregno republicano, ese embeleso parisino ha tenido siempre como contrapunto Madrid. O sea, Madrit. Incluso en nuestra actual democracia ese recurso antitético ha continuado vigente.

Así, el viaje de Artur Mas a París para asistir a la manifestación de ayer domingo, más allá de la pueblerina vanidad de querer aparecer como un alto mandatario —baste decir que a su lado no desfilaba otra personalidad que la muy cateta del alcalde de Barcelona—, ha obedecido también a ese tópico constituyente del nacionalismo catalán. El catalanismo de Mas —y, en general, el de todos los que tomaron parte en la farsa consultiva del 9-N— es un sincretismo entre carlismo y modernidad. Sólo que la modernidad, en su caso, no es más que fachada; lo realmente sustancial es el carlismo, o sea, los valores preconstitucionales y predemocráticos: derechos históricos, negación de la ciudadanía y demás antiguallas. La manifestación de París fue un canto a la unidad de los ciudadanos y a los valores democráticos en que esa unidad se sustenta. Justo lo que el nacionalismo catalán lleva combatiendo desde hace décadas y, en particular, en los últimos años. En este sentido, la presencia en la marcha de la delegación catalana encabezada por el presidente de la Generalitat no podía ser más paradójica, afrentosa y, en definitiva, absurda. Confiemos en que el viaje haya servido al menos a sus componentes para aprender a contar manifestantes.

París, fuente y espejo

    12 de enero de 2015


(Manuel Fernández Almagro, "Costa Brava, por José Plá – Las calles de Sevilla, por Santiago Montoto", Abc, 2-11-1941)
Como pueden figurarse, celebro que la prensa catalana se haya comportado de forma más o menos análoga a la del resto de España en lo que a la matanza de París se refiere. En otras palabras, celebro que haya sido, al menos en los papeles editados el 8 de enero de 2015, prensa española, o prensa a secas. Hasta comprendo que, lejos de su natural contención cuando lo que se cuece no es la patria catalana, esa prensa se haya dejado arrastrar por el empático y manido «todos somos» —en este caso, «Charlie»—: al fin y al cabo, no sólo se trataba de doce ciudadanos vilmente asesinados, sino que el atentado contra el semanario satírico constituía un ataque a un derecho fundamental, la libertad de expresión, esencia del propio oficio. Y, puestos a celebrar, no negaré que también me ha complacido el ver que, dentro de esa prensa catalana, la que mayor entrega y compromiso ha evidenciado ha sido justamente la más independentista —si es que todavía pueden establecerse distinciones de esta índole—. Ahora bien, lo que ya no sé es si atribuir semejante reacción al efecto de la teoría del kilómetro sentimental o a otros factores. París está cerca, sin duda. Para un nacionalista catalán, incluso mucho más cerca que para un español cualquiera. Pero si digo que no sé si atribuirlo al kilómetro de marras es porque hace tres lustros, cuando ETA asesinó al periodista José Luis López de la Calle, el comportamiento de esa prensa catalana, y en particular de la radicalmente catalanista, fue más comedido. Como si Andoain no estuviera en España. O como si Cataluña tampoco formara parte de ella. Por supuesto, se condenó el atentado. Firmemente. Pero no hubo ninguna cordialidad desmedida para con la víctima, ninguna percepción de que estaba en juego algo parecido a lo que este miércoles fue tiroteado en París, esto es, la libertad de expresión, el propio oficio. Tal vez porque una cosa es el integrismo islámico, violento o no, y otra el nacionalismo vasco, violento o no. Baste recordar con qué ahínco esa prensa se opuso, tres años más tarde, a la ilegalización de Batasuna. Como si la cosa fuera con ellos, vaya.

(ABC, 10 de enero de 2015)
La política catalana continúa girando, por desgracia, en torno a un solo juguete, el ensueño independentista y las posibles elecciones anticipadas que deberían servirle de trampolín. Es verdad que el entusiasmo otoñal se ha enfriado y que la proximidad de las municipales —donde CIU y ERC tanto tienen que perder y tanto que ganar, respectivamente— ha resquebrajado en buena medida esos dos años de extraña unión entre un partido que debía gobernar y no lo ha hecho, y uno que debía ejercer la oposición y no la ha ejercido. Pero, aun así, la hipótesis de un acuerdo entre ambas fuerzas para adelantar las autonómicas y darles carácter plebiscitario o semiplebiscitario no se ha desvanecido del todo. Lo más probable es que los líderes de una y otra formación apuren todavía durante una semana o diez días las conversaciones en busca de un acuerdo. En cualquier caso, lo que ya parece descartado es aquella «lista de país» plagada de vedettes y de coristas del independentismo que iba a contar con el férreo apoyo de CIU y ERC y con la que soñaba Artur Mas. El último movimiento del presidente de la Generalitat ha consistido en aceptar la propuesta de Oriol Junqueras de concurrir en listas separadas con una suerte de miniprograma común vinculado, cómo no, a la «transición nacional». Pero, a cambio, le ha pedido a Junqueras que se comprometa a cederle las vedettes y las coristas, a lo que el republicano, claro, se ha negado.

En todo caso, y al margen de cuál acabe siendo el desenlace de tan tedioso culebrón, lo significativo es el papel que desempeñan en él las organizaciones de agit-prop, esto es, ANC y Òmnium —y, hasta cierto punto, AMI, la Asociación de Municipios por la Independencia—. Porque de ellas depende ya el curso de la política catalana. Son las huestes de Forcadell y Casals quienes, en definitiva, condicionan los pactos. En otras palabras: ni Mas ni Junqueras pintan nada sin esas forces de frappe a las que han estado cebando durante años para que saquen, de tarde en tarde, miles de ciudadanos uniformados a la calle. Así las cosas, es natural que el candidato de ERC no renuncie a adornar su lista con alguno de esos nombres, y más teniendo en cuenta que la intención de su compadre de CIU y, sin embargo, rival es embellecer la suya con cuantos más mejor. Hasta ahí podíamos llegar, debe decirse Junqueras. Y es que, si bien se mira, la mayoría de esas estrellas del soberanismo han estado siempre mucho más cerca de ERC —donde incluso han militado, como Forcadell— que del partido fundado por el otrora venerado Jordi Pujol. Y si en la orilla independentista parece difícil el acuerdo, en la otra lo que podría tal vez enmendarse es el desacuerdo. Me refiero, en concreto, al desacuerdo entre UPyD y Ciutadans. La noticia se publicó aquí mismo durante este interregno navideño: «UPyD ofrece a C’s una coalición electoral de cara a las municipales en Cataluña», y a día de hoy, que yo sepa, nadie la ha desmentido. Habrá, pues, que darla por buena. Otra cosa es si semejante iniciativa ha sido tomada con conocimiento de la dirección de la propia UPyD y, por supuesto, si ha sido recibida con simpatía por los destinatarios de la oferta, lo mismo en las alturas que en las bajuras. En todo caso, ha sido hecha por Miguel del Amo, coordinador del partido en Cataluña, o sea, por alguien que algún peso debe de tener en la casa. En mi último artículo hablaba de los efectos electorales que la división entre UPyD y Ciutadans tendría sin duda en la política balear y abogaba por que los segundos, que aún no disponen de estructura ni representación en la Comunidad, una vez constituidos optasen por no concurrir a los comicios de mayo. Como es natural, mejor sería una fórmula como la enunciada por Del Amo en Cataluña, esto es, un acuerdo de coalición. Y mejor sería aún que el acuerdo hubiera cuajado en toda España. Pero, ya que estamos donde estamos y algunas agrupaciones territoriales, al menos, siguen insistiendo en la necesidad del acuerdo, no seré yo quien se haga de rogar para sumarse ya desde ahora a la propuesta.

(Crónica Global)

Acuerdos y desacuerdos

    7 de enero de 2015
Aprovechando el parón informativo de estas fiestas siempre entrañables que ya tocan afortunadamente a su fin, el PPC —léase el PP catalán— ha propuesto una suerte de frente amplio —con UDC, PSC y Ciutadans— contra los partidos que en un grado u otro han abrazado el soberanismo. No es la primera vez, sólo que en esta ocasión lo ha denominado, y eso sí es novedad, «mesa social». Según algunos cronistas, esa incidencia en lo social tiene que ver no sólo con la denuncia de la parálisis y el desgobierno a que está sometida Cataluña desde el inicio de la legislatura, sino también con la aparición de Podemos en el tablero electoral. Sea como fuere, el portavoz del PPC en el Parlamento autonómico, Enric Millo, se ha apresurado a afirmar que su intención no es promover ninguna alianza preelectoral, ni siquiera en el orden programático, con esos partidos, porque eso «sería situarse en las tesis independentistas». Hombre, en la forma, sin duda. Pero no más. Y es que no es lo mismo promover una lista única —CIU— o un punto común en el programa electoral de cada partido —ERC— con vistas a romper el orden constitucional, que hacer lo propio para defender el Estado de derecho y exigir a las fuerzas políticas que vayan a formar gobierno tras las elecciones que gobiernen para el conjunto de los ciudadanos, o sea, atiendan a sus necesidades más perentorias. No sé en qué va a consistir esa «mesa social» anunciada por Millo, aunque mucho me temo que no pase de la categoría de anuncio. PPC, UDC, PSC y Ciutadans tienen propuestas sociales harto distintas en sus respectivos programas. Pero en algo coinciden o deberían coincidir: en la defensa de nuestra ciudadanía compartida. Eso sí vale una mesa. Y con cuantas más patas, mejor.

En torno a la mesa catalana

    5 de enero de 2015


(Luis Calvo, "Conato de amenaza a la vida del Rey de Inglaterra", El Sol, 17-7-1936)
Como soy un hombre con suerte que vive fuera, ignoro si aquel reloj que instaló la ANC en pleno corazón político de Barcelona, esto es, en la mismísima plaza San Jaime, está todavía allí. Lo lógico sería que ya no estuviese, dado que marcaba el tiempo que faltaba para el 9-N y el 9-N no sólo ha pasado, sino que encima, como bien sabe el presidente Rajoy, ha sucedido. Pero, en todo caso, y al margen de si el artilugio era una compra, un alquiler o una gentil contribución a la causa de la igualadina Joyería Trías —la que comercializa el famoso «Cataclock», que ofrece las horas en catalán por el módico precio de 84 €—, habría que reponerlo. Se trata de un producto de primera necesidad, casi casi de una estructura de Estado —no se me escapa, por supuesto, que su presencia en aquella fachada constituiría una infracción urbanística, pero estoy seguro de que el Ayuntamiento haría, como ya hizo entonces, la vista gorda con sumo gusto—. Y es que la política catalana funciona, desde hace algo más de un par de años, a golpes de calendario. O sea, de días, horas y minutos que faltan para tal o tal fecha. Si antes era el 9-N, ahora es el 15-E, a juzgar por el plazo dado por Oriol Junqueras a Artur Mas para que convoque elecciones anticipadas con carácter plebiscitario o, de lo contrario, se atenga a las consecuencias. Como se ve, cada vez los plazos son más cortos. Y más apremiantes. No sólo porque la estrategia de los dos grandes partidos nacionalistas empieza a divergir, sino también porque las fuerzas de asalto a las que han ido alimentando en los últimos tiempos han terminado por convertirse en un tercer poder, que según cómo tercia a favor de uno y según cómo a favor de otro. Pero tampoco cabe descartar que el reloj en cuestión sea, en realidad, un marcapasos. O, lo que es lo mismo, que el autodenominado Proceso haya entrado en barrena y requiera de impulsos artificiales. Al fin y al cabo, si todo apunta a que este 2015 va a ser, por fin, el año de la recuperación, ¿por qué no esperar que esa parte de España llamada Cataluña recupere el ritmo vital que jamás debería haber perdido?

(ABC, 3 de enero de 2015)

Reloj que marcas las horas

    3 de enero de 2015