tag:blogger.com,1999:blog-25674771858538191962024-03-16T19:52:23.141+01:00Por si acasoUnknownnoreply@blogger.comBlogger1170125tag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-82989818884040990402024-03-13T23:00:00.001+01:002024-03-14T09:27:55.818+01:00El regreso de Clara Ponsatí<div><span style="font-size: medium;">Seguro que les suena el nombre de Clara Ponsatí. Es aquella consejera de Educación del último gobierno de Carles Puigdemont que estuvo algo más de tres meses en el cargo y que, al igual que su mentor, tomó las de Villadiego tras la esperpéntica declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017 en el Parlamento autonómico. De su labor al frente de la consejería no queda rastro. Como mínimo, rastro educativo. Fue nombrada para poner la estructura de la consejería al servicio del golpe de Estado, y a ello se aplicó con esmero convirtiendo los centros docentes de toda Cataluña en sendos colegios electorales con vistas a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Pero sería injusto no citar en este breve recordatorio de su labor gubernamental una rueda de prensa en la que se esforzó inútilmente por responder en castellano –o en español, como ella mismo dijo– a una pregunta que se le había formulado en esta lengua. No pudo. No le salían las palabras. Y eso que las buscaba. Pero no hubo nada que hacer. Lo insólito de este caso de afasia diferencial de origen identitario es que Ponsatí no es una mujer de eso que llaman “el corazón de Cataluña” –como por ejemplo la actual presidenta del Parlamento regional, la maestra Anna Erra, que, siendo alcaldesa de Vic y diputada en la Cámara, pidió en 2020 a “los catalanes autóctonos” que no se dirigieran en castellano a gente que “por su acento o su aspecto físico no parece catalana”–, sino que nació en Barcelona hace 67 años, en el seno de una familia supuestamente ilustrada –es nieta del pintor <i>noucentista</i> Josep Obiols y sobrina del político socialista Raimon Obiols–, cursó la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona y años más tarde impartió la docencia en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Pompeu Fabra. Acaso su alejamiento intermitente de España para ejercer su profesión en Estados Unidos o ahora en la Escocia todavía integrante del Reino Unido, guarde alguna relación con dicha carencia. Aun así, insisto, se trata de un caso digno de estudio.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">En la actualidad Ponsatí es eurodiputada, como sus compañeros de fuga Puigdemont y el también exconsejero Comín. Pero, pese a formar parte de la misma lista electoral, ha mantenido su condición de independiente, de independiente de Junts. Ya en su momento criticó el acuerdo de investidura entre las mesnadas de Puigdemont y las de Sánchez, amnistía incluida, en la medida en que suponía a su juicio un pacto con el Estado opresor, o sea, una traición al <i>procés</i>. Y a comienzos de este mes anunció el alumbramiento de una nueva plataforma política, para la que ya tiene nombre, Alhora (en castellano, “a la vez, al mismo tiempo”), y cuya presentación en Barcelona está prevista, si la justicia española no dispone lo contrario, el próximo 23 de abril.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Como indicaba ayer Laura Fàbregas, la denominación de la plataforma y las palabras de la propia Ponsatí constituyen por sí mismas una declaración de intenciones. No se trataría ya, como en el caso de Junts, de convertir la independencia en el único predicado político de la formación; se trataría de hacerlo compatible con cuestiones de interés social y, en concreto, con aquellas que tienen que ver con la inmigración. Así pues, no a la manera de Sílvia Orriols, la exjuntera de Ripoll, y su Alianza Catalana –o sea, tratando a los inmigrantes, en particular magrebíes, como si fueran la peste–, sino con la integración de lo foráneo en lo propio. A priori, por lo tanto, huyendo de la xenofobia de Orriols y los suyos. Pero sólo a priori. Porque tan xenófobo resulta lo uno como lo otro. Aquello que Ponsatí entiende por integración no deja de ser, en el fondo, sino una forma de renuncia forzosa a los derechos que el Estado confiere a los ciudadanos, sean estos españoles o extranjeros. Una forma de sumisión, en definitiva. Y, al contrario que en el caso de Orriols, con un alcance mucho mayor.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Para la exconsejera, no nos engañemos, el peligro reside sobre todo en la no integración cultural y lingüística de los castellanohablantes, se trate de los inmigrantes originarios de Hispanoamérica, se trate de los propios ciudadanos residentes en Cataluña que no están dispuestos a acatar las imposiciones del separatismo en el ámbito administrativo –en especial, en el educativo– e institucional. Un racismo no tan llamativo, es cierto, como el de la alcaldesa de Ripoll, pero mucho más ambicioso y dañino. Dentro de unas cinco semanas, coincidiendo con la presentación pública del proyecto, acaso empecemos a entrever si puede prosperar o si no es más que un efluvio pasajero dentro de la charca del independentismo catalán.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2024-03-13/regreso-clara-ponsati/?comentarios=1">(The Objective, 13 de marzo de 2024)</a></i></span></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-55730327658773148382024-03-06T23:00:00.002+01:002024-03-07T09:09:23.508+01:00¿Contra las cuerdas, Francina?<div><span style="font-size: medium;">Los medios de comunicación independientes –mal que le pese al Gobierno, aún los hay– van repitiendo estos días que Francina Armengol, presidenta del Congreso, está contra las cuerdas. El símil, como saben, proviene del boxeo, de cuando un púgil está acorralado por su rival en un rincón del ring y sometido a una lluvia de golpes. Es su caso, sin duda, y ayer mismo, trastabillándose, visiblemente alterada –como muestra, “quiero explicar el contexto en lo que los estoy explicando las cuestiones que voy a explicar”–, asumiendo el papel que tanto le gusta de víctima agraviada que no ha roto un plato en su vida, trató de explicar su conducta pasada, presente ¡y hasta futura! en una conferencia de prensa que dio en la propia Cámara. En ella, aparte de ceñirse a un guion exculpatorio que no resiste el menor cotejo con los hechos de los que se tiene constancia a estas alturas, descargó toda la responsabilidad de la compra del lote de mascarillas, aun a sabiendas de que eran defectuosas, y su tardía reclamación para que Soluciones de Gestión reembolsara al gobierno de Baleares el montante de la operación fraudulenta –en realidad, durante su presidencia la administración autonómica ni siquiera abrió formalmente un expediente de reclamación a la empresa, sino que se limitó a elaborar, cuando Armengol ya había cesado en el cargo para encabezar la lista de su partido para las elecciones generales, un informe previo en el que se expresaba la intención de hacerlo–; descargó toda la responsabilidad, decía, en los técnicos del Servicio de Salud de la Comunidad.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Lo cual no deja de resultar significativo. La Consejería de Salud estuvo dirigida durante los ocho años de presidencia de Armengol por una mujer, la enfermera Patricia Gómez. Y si destaco lo de mujer es porque en su momento pocos pusieron en duda que quien estaba llamado a ocupar el puesto era su actual marido, el médico Juli Fuster Culebras, y sólo razones de paridad y empoderamiento –y a saber si también de amistad– llevaron a la entonces presidenta a nombrar a Gómez. Eso sí, Fuster tuvo su compensación. Y no un simple carguito. Al poco era nombrado director general del Servicio de Salud, o sea, número 2 de la Consejería. Ignoro si un caso como este tiene precedentes en alguna administración española. La cúpula de una consejería en manos de una pareja, primero de hecho, y luego también de derecho, y ambos, por supuesto, miembros del partido.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Dicha situación se mantuvo durante dos legislaturas. Perdón, en el caso del marido de la enfermera, sólo hasta julio de 2022, cuando se vio forzado a dimitir por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares en la que se reconocía que con su actuación había excluido en un concurso de oposición en el que participaban su hija y su yerno a un opositor que, lógicamente, era a su vez competidor de los dos miembros de su familia. Una familia que, por su contrastado nepotismo, más parecía ya entonces una famiglia.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">La impunidad con que la clase política balear se ha comportado tan a menudo no constituye ningún secreto. Ayer Armengol se rasgaba las vestiduras ante los medios asegurando en un par de ocasiones que ella y los suyos –entiéndase la izquierda y el nacionalismo– están hechos de otra pasta. Nada más falso; en lo referente a la corrupción y sus efectos, basta consultar la hemeroteca para convencerse de ello. Lo que sí es cierto es que van por el mundo aparentando lo contrario, henchidos de una apestosa superioridad moral que les blinda a su juicio contra toda acusación surgida de una evidencia y les legitima para recurrir a cuantos trapicheos sean necesarios para salir del aprieto. Gómez, sin ir más lejos, lo demostró a lo largo de la pasada legislatura autonómica cuando ocultó sistemáticamente –incluso en sus comparecencias en el Parlamento regional– la información de la que disponía sobre las mascarillas. En agradecimiento sin duda a la lealtad que siempre le mostró su antigua consejera, Armengol no descargó ayer en ningún momento sobre sus espaldas, ni siquiera sobre las de su marido y director general durante la pandemia, responsabilidad ninguna en todo lo sucedido. Ahí están los técnicos del Servicio de Salud, vino a decir, que son los únicos que intervinieron en tan lastimoso asunto.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Entenderán, pues, quienes abrigan la esperanza de que ese estar contra las cuerdas de la presidenta del Congreso no sea sino el preludio de un KO, que ya pueden lasciare ogni speranza. Armengol destaca por sus dotes de fajadora y, de otra parte, como no ignoran los amantes del boxeo, de las cuerdas también se sale, bien asestando un golpe certero al rival, bien disponiendo de un juego de piernas solvente. Otra cosa sería sufrir una derrota a los puntos. Pero para que esa tenga lugar antes deberá terminar otro combate: el que está librando Pedro Sánchez contra la verdad y la realidad, contra el Estado de derecho y, en definitiva, contra la España de ciudadanos libres e iguales que propugna y preserva nuestra Constitución. Y terminar con la derrota del primero, claro.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2024-03-06/contra-cuerdas-francina/">(The Objective, 6 de marzo de 2024)</a></i></span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-32802895973519603472024-02-28T23:00:00.001+01:002024-02-29T10:43:13.102+01:00La ELA como síntoma<div><span style="font-size: medium;">Los ejemplos de progresiva desconexión entre los representantes políticos y los ciudadanos a los que se supone que representan –ciudadanos que no se limitan, al contrario de lo que tanta gente cree, a quienes les han votado en unos comicios, sino que se extienden al conjunto del cuerpo electoral, sea este municipal, regional o nacional– son, por desgracia, numerosos. Tal vez el más conocido sea el que resulta del incumplimiento, por parte el partido al que corresponde gobernar, de las promesas incluidas en el programa con que se presentó a las elecciones o, si se trata de un gobierno de coalición, de lo acordado en el pacto de investidura. El elector, claro está, se siente entonces engañado, y a la próxima puede que opte por una fuerza política distinta, se refugie en el voto nulo o simplemente se quede en casa. Pero también puede suceder –como fue el caso de no pocos votantes socialistas el 23-J– que termine votando de nuevo a quien ha incumplido de forma flagrante lo prometido. De ahí que muchos vean en las reformas de la ley electoral y de la ley de partidos –en el sentido de hacerlas, en el primer caso, más proporcional y, en el segundo, más participativa y transparente en lo que a la organización se refiere y más vinculante entre elector y elegido– una posible solución al desapego actual. Aun así, el hecho de que ninguno de los dos grandes partidos nacionales esté por la labor de reformarlas acaba convirtiendo semejantes propósitos en una quimera.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Pero la desafección hacia la clase política se explica mucho mejor, sin duda, yendo a lo concreto, a lo reciente e hiriente. A estas alturas es muy probable que usted, lector, haya oído hablar de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, esa enfermedad rara y hoy por hoy sin remedio que va paralizando poco a poco a quien la padece sin privarle, no obstante, de sus facultades mentales. El historiador Tony Judt, fallecido en 2010, dos años después de haberle sido diagnosticada la enfermedad, describía así en <i>El refugio de la memoria</i> (2010), cuando su cuerpo estaba ya prácticamente inerte, en qué consistía dicha rareza: “Lo característico de la ELA –la menos común de esa familia de patologías neuromusculares– es en primer lugar que no hay una pérdida de la sensibilidad (un arma de doble filo) y en segundo lugar que no hay dolor.” Y concluía: “De este modo, y en contraste con cualquier otra enfermedad grave o mortal, uno tiene la oportunidad de contemplar, a su conveniencia y sin molestia alguna, el catastrófico progreso de su propio deterioro”.</span></div><div><span style="font-size: medium;"> </span></div><div><span style="font-size: medium;">Decíamos más arriba que íbamos a tratar de un hecho reciente e hiriente relacionado con la desafección ciudadana hacia su clase política, y lo ocurrido el martes de la pasada semana en el Congreso de los Diputados no puede venir más al pelo. Aquel día se celebró en la llamada <i>sede de la voluntad popular</i> una jornada titulada “Por una regulación que garantice una vida digna a las personas con ELA”. La jornada la habían impulsado meses atrás las asociaciones que representan a los enfermos de ELA –y el verbo <i>impulsar</i>, vistos los antecedentes, es adecuadísimo–. De ella han quedado palabras e imágenes que han tenido a lo largo de los últimos días una repercusión insólita. No es que no se hubiera hablado nunca de la ELA; es que nunca se había dedicado tanto tiempo y espacio en los medios a los enfermos y a la enfermedad. A ello contribuyó, por descontado, el marco en que se desarrolló la jornada. La sede de la voluntad popular, insisto. Y el hecho de que esa voluntad hubiera sido burlada ahí mismo durante dos años –desde el día de la legislatura anterior en que una proposición de ley de Ciudadanos había sido admitida a trámite con el voto unánime del conjunto de los diputados y la Mesa la había postergado en su tramitación hasta una cincuentena de veces– suponía, por contraste, una verdadera afrenta para quienes habían venido a reclamar lo que era a todas luces de justicia.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Se entiende, pues, la indignación que reflejaban las palabras trabajosamente pronunciadas por el exfutbolista y exentrenador Juan Carlos Unzué cuando afeó a sus señorías que en la sala sólo estuvieran 5 de ellas –la Cámara la integran 350 diputados–, así como el efecto que han tenido. Del mismo modo, se entiende el impacto causado por las imágenes, la visión dolorosa de los enfermos desplazados hasta el Congreso acompañados de sus familiares y amigos. Todo el bochorno de este 20 de febrero podría, en definitiva, haberse evitado si nuestros representantes públicos –y en particular quienes han gobernado y gobiernan la institución– se hubieran comportado con la atención y el respeto que merecen unos ciudadanos que sólo reclaman una ley que costee unas prestaciones y unos cuidados que les resultan indispensables para vivir con dignidad lo que les resta de vida y cuyo montante –una treintena larga de millones de euros anuales– no es nada para los presupuestos generales y lo es todo, en cambio, para ellos y sus familiares.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">La anterior proposición de ley decayó cuando Sánchez decidió adelantar los comicios. Ya en la presente legislatura una iniciativa de Vox también fue bloqueada por la Mesa a instancias del Gobierno, que la consideró demasiado costosa. Y ahora, dos días después, mira por dónde, de la sonrojante jornada a la que acabamos de aludir, Junts registraba una nueva proposición que responde a los mismos requerimientos de las asociaciones de afectados. A pesar de que hoy todo gira en el Congreso en torno a otra clase de leyes, que son las que en verdad interesan al presidente del Gobierno en su pretensión de conservar el poder a toda costa, es de esperar que en esta ocasión lo acontecido el martes 20 y quién sabe si incluso la naturaleza del grupo proponente faciliten las cosas. Si no es mucho pedir a nuestros representantes políticos, claro.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2024-02-28/ela-como-sintoma/"><br /></a></i></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2024-02-28/ela-como-sintoma/">(The Objective, 28 de febrero de 2024)</a></i></span></div><div><br /></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-86532756861215635702024-02-21T23:00:00.001+01:002024-02-22T10:31:13.686+01:00De cuando el hombre desaparece del Congreso<div><span style="font-size: medium;">Nada hay en el <i>sanchismo</i> cuyo origen no se remonte de una forma u otra a aquella época –la primera década de siglo, año más, año menos– en que José Luis Rodríguez Zapatero era secretario general del PSOE y, a partir de 2004, también presidente del Gobierno de España. Parafraseando, pues, al evangelista, puede decirse que en el principio fue Zapatero. Tanto es así que la reiterada presencia en los medios y, en general, en el espacio público del expresidente, en su papel de socorrista del actual presidente del Gobierno y secretario general de lo que queda del partido, debe entenderse como la del padre fundador que se niega a aceptar que lo engendrado por su persona, una vez llevado a su máxima expresión, también puede tener un final y acarrear, tarde o temprano, la pérdida del poder.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Fue Zapatero, en efecto, si no el introductor, sí el promotor acérrimo del tribalismo y las identidades en la esfera política y social española. Fue él quien abrazó todas las causas que han ido troceando poco a poco –con la incuestionable colaboración de una oposición reticente al cuerpo a cuerpo doctrinal– la unidad de la Nación, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el pleno ejercicio de las libertades y, en definitiva, el Estado de derecho. Sánchez, en el fondo, no ha hecho sino tensarlas y extremarlas, haciendo de su necesidad vileza, hasta grados difícilmente imaginables hace sólo unos cuantos años. </span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Un ejemplo reciente de esas políticas iniciadas a comienzos de siglo y rematadas en los tiempos presentes es el documento perpetrado por la Mesa del Congreso de los Diputados que preside Francina Armengol –y digo perpetrado porque todo lo que pasa a un nivel u otro por las manos de esta mujer, al menos en el ejercicio de la única profesión que se le conoce, se perpetra–. Me refiero a las “Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria”, que figuran como Anexo a la Reunión de Mesa de 5 de diciembre de 2023. Ya la Real Academia Española (RAE) se pronunció el pasado 13 de febrero sobre el contenido del texto. Y es que llueve sobre mojado. La RAE había publicado en enero de 2020, a petición de la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, un “Informe (…) sobre el uso del lenguaje inclusivo en la Constitución Española” donde exponía su punto de vista sobre esta cuestión. Mejor dicho, no sobre el uso sexista del lenguaje –sea lo que sea este uso–, sino sobre el lenguaje inclusivo. Según recordaba entonces por enésima vez, el género masculino ya es inclusivo en muchísimos contextos, por lo que no puede privársele de semejante carácter como hacen las “Recomendaciones” en varios de sus apartados. Y encima dando a entender, de modo torticero, que el “Informe” de la Academia de cuatro años atrás había servido como base, junto a otros materiales, para la elaboración de las mencionadas “Recomendaciones”.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">No voy a extenderme aquí sobre el documento de la Mesa y las incoherencias que contiene, puesto que la RAE ya se ha pronunciado al respecto y, por supuesto, con muchísima más autoridad que la mía. Pero no puedo dejar de subrayar una de las barbaridades perpetradas. En concreto, el ensañamiento de su redactor –o redactora, no vaya a ofenderse el sujeto o la sujeta– con la palabra “hombre”. Entre las recomendaciones, está la de evitar su uso “en el sentido amplio de ‘ser humano’”. ¿Y cómo se logra?, se preguntarán ustedes. Pues utilizando “‘varón’ en lugar de ‘hombre’ en contextos específicos para referirse al sexo masculino y ‘persona’ o ‘ser humano’ en contextos genéricos”.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Supongo que reparan en que la liquidación del uso de “hombre” como específico y como genérico acarrea su desaparición. En el primer caso la propuesta es sustituirlo por “varón”; en el segundo, por “persona” o “ser humano”. ¿Y el pobre hombre, entonces? No sé si es este el propósito de los promotores del documento –perdón, seamos militantemente inclusivos: de quienes han promovido el documento–, aunque me malicio que algo de eso habrá. Pero lo que no estoy dispuesto a consentir –tanto más cuanto que la ley de Igualdad de 2007 que sirve de faro ideológico a las “Recomendaciones” establecía ya el “fomento [de un lenguaje no sexista] en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas”– es que ese “varón” tenga como pareja, según el propio texto, “mujer”. Aquí o todos moros o todos cristianos. Si el uso de “hombre” como específico ha de evitarse, lo mismo debería ocurrir con el de “mujer”, en beneficio de “hembra”, por ejemplo. Mal que le pese a una hembra empoderada como Francina Armengol.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2024-02-21/cuando-hombre-desaparece-congreso/">(The Objective, 21 de febrero de 2024)</a></i></span></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-66736364973143847032024-02-14T23:00:00.001+01:002024-02-15T11:07:34.051+01:00La generación de los nietos y la memoria común<div><span style="font-size: medium;">Comprendo las razones por las que la Asociación Raíces considera una “vergüenza” y un “auténtico escándalo” la resolución judicial de la Audiencia Provincial de Barcelona por la que se archiva la querella interpuesta por dicha asociación contra la Dirección General de Memoria Democrática de la Generalidad de Cataluña. Cómo no voy a comprenderlas si dicha resolución da el carpetazo definitivo a una reclamación moralmente justa y reparadora relacionada con las víctimas de la represión durante la guerra civil. Marcos Ondarra ha venido contando aquí mismo, paso a paso, el empeño de Raíces por incluir entre las actuaciones de la mencionada dirección general la relativa a la exhumación de la fosa común del cementerio de Montcada, donde yacen los restos de cerca de 700 víctimas de la represión en la retaguardia republicana, ejecutadas entre julio de 1936 y abril de 1937 por patrullas de la CNT-FAI. Tras acceder a incorporar la petición a la lista de actuaciones previstas en septiembre de 2020, el organismo de la Generalidad reconoció en julio de 2022 que no estaba entre sus previsiones iniciar exhumación alguna en el cementerio de Montcada, lo que motivó la presentación de una querella criminal por parte de la asociación memorialística contra la dirección general que dos años antes se había comprometido a llevarla a cabo. Es esta querella la que ahora ha archivado la Audiencia Provincial de Barcelona, dando por cerrado el asunto.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Y del mismo modo que comprendo las razones de Raíces, comprendo las esgrimidas por la Audiencia para actuar como lo ha hecho. Son de orden puramente legal y nada tienen que ver, en este caso, con la moral y la justicia. Según el auto, de acuerdo con el marco legal existe “una preferencia respecto a las víctimas que lo fueron por ser contrarias al régimen instaurado con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura”. Sin duda. Basta leer el tercer apartado del “Preámbulo” de la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022 por nuestras Cortes Generales para apreciarlo. En él se contraponen las políticas de memoria totalitaria del franquismo a las de memoria democrática desarrolladas por la democracia. En ambos casos se trata, sostiene el texto, de “la construcción de una memoria común”. Ocurre, sin embargo, que de la redacción se deduce que, así como la totalitaria fue cosa de los vencedores, o sea, del régimen franquista, lo cual es indiscutible, la democrática, atendiendo a un principio de compensación, tiene que ser cosa de los herederos ideológicos de las víctimas de entonces. O sea, una memoria común <i>ma non troppo</i>, construida en el mejor de los casos conforme a una jerarquía que no estaba en modo alguno en los cimientos de nuestra transición a la democracia. De ahí, en definitiva, la preferencia en que se basa la resolución judicial y que permite dejar sin un entierro digno a cuantos continúan yaciendo en la fosa común del cementerio de Moncada, y a sus familiares, sin el duelo al que tienen derecho.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">El propio “Preámbulo” atribuye el movimiento que desembocó en 2007 en la ley antecesora de la actual –la conocida como de Memoria Histórica– a lo que llama <i>la generación de los nietos</i>. Ignoro desde cuándo se usa dicha denominación y si debe su nombre a la reivindicación que hiciera el expresidente Rodríguez Zapatero de su propio abuelo, el capitán Rodríguez Lozano, fusilado a mediados de agosto de 1936 por negarse a secundar la rebelión militar. Pero está claro que con aquella ley, recauchutada hace un par de años con la de Memoria Democrática, esos nietos lograron su objetivo, que no era ni sigue siendo otro que el de jerarquizar las víctimas de aquella guerra fratricida, vinculando a un tiempo la condición de demócratas a todas las de un solo bando y negándosela a todas las del otro.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Yo también, al igual que Rodríguez Zapatero, soy nieto de asesinado en la guerra civil. Sólo que ni la ley de 2007 ni la de 2022 van conmigo. Porque a mi abuelo, que era el presidente de la CEDA en Gerona, le dieron muerte unos anarquistas del comité de Orriols una madrugada de noviembre de 1936 –junto a otros ciudadanos cuyo único delito era ser partidarios, como él, de la ley y el orden– tras sacarlo a la fuerza de la celda que ocupaba en la prisión provincial. Terminada la contienda, el régimen franquista lo incluyó entre las víctimas de aquella <i>Cruzada</i> en la que nunca participó, por lo que recibió las honras correspondientes. Pero tanto a mí como a muchísimos nietos más de aquellas víctimas, sin distinción de bandos –a los que vienen a sumarse ya hoy en día los biznietos–, sólo nos sirve un reconocimiento común, el que creíamos haber alcanzado gracias a la política de reconciliación emprendida durante la Transición. ¡Qué ilusos fuimos!</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2024-02-14/memoria-comun-democracia-franquismo/">(The Objective, 14 de febrero de 2024)</a></i></span></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-2109813111778758532024-02-07T23:00:00.001+01:002024-02-08T09:52:35.594+01:00Savater, "víctima intelectual del terrorismo"<div><span style="font-size: medium;">Quienes vamos camino de eso que antes llamaban “una edad venerable” –y digo antes, porque hoy en día lo que se venera no son los muchos años acarreados, sino los pocos que se tienen– contamos a veces con más de una casa. Una en la ciudad y otra en el campo, por lo general. Si encima nos gusta leer, resulta que además de años acarreamos libros. Y ello plantea, claro, un problema. Nuestra biblioteca queda irremediablemente partida en dos. Y por aquello de la ley de Murphy, aun sin tostada de por medio, el libro que necesitamos consultar o quisiéramos releer está siempre en la casa donde nosotros no estamos. Se me dirá que la edición electrónica puede paliar hoy el problema, en la medida en que los libros ya no tienen por qué hallarse en un domicilio concreto, sino que viajan con sus dueños. Ciertamente. Pero la gran mayoría de los volúmenes almacenados por quienes se acercan ya a la vejez son en formato papel y algunos llevan incluso en sus páginas señales o apuntes, por lo que sus propietarios no podrían sustituirlos por ediciones electrónicas, de haberlas, sin sufrir perjuicio. Y está luego, en fin, lo más importante: son muchos aún los que prefieren el papel a la pantalla cuando se trata de un libro. Y, entre ellos, no pocos a los que todavía les queda para alcanzar una edad venerable. Con todo, yo tengo un amigo que parece haber dado con la solución: adquiere el libro en formato digital y si, una vez leído, lo considera digno de figurar en su biblioteca y ser releído o consultado en el futuro, lo compra también en formato papel. A partir de ahí, el lugar donde guarde el volumen pierde si no del todo, sí en gran parte su importancia.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Le oí hace años al editor Jaume Vallcorba sostener, en presencia de Mauricio Wiesenthal, que en las bibliotecas particulares los libros conversan entre sí. De ahí la importancia de cómo se coloquen. Y de ahí también, por supuesto, la trascendencia de su dispersión en distintos domicilios. Habrán visto, seguro, más de una vez en revistas o suplementos culturales secciones tituladas “La biblioteca de…” y a continuación el nombre del escritor, todo ello acompañado de una preciosa foto en la que no hay pared exenta de libros ni a menudo mesa o asiento en los que no se amontonen. El otro día reparé en una de la revista <i>El Ciervo</i> titulada precisamente “La biblioteca de…” y dedicada en el número actual (enero-febrero de 2024) a Carles Casajoana. Aquí no había otra ilustración que el retrato del propio escritor, autor a la vez del texto que daba cuerpo a la sección. Casajoana, aparte de la condición de ensayista y novelista, reúne la de diplomático. Y también la de político, puesto que durante la primera legislatura de gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero trabajó –así consta en Wikipedia– como director del Departamento de Política Internacional y de Seguridad del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y como embajador representante de España en el Comité de Política y de Seguridad de la Unión Europea.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">No es difícil intuir, por tanto, que la dispersión de sus libros será aún mayor que la del resto, dado que a la derivada de las dos residencias que posee en España hay que sumarle la que le ocasiona el oficio de embajador con sus moradas provisorias –entre otras, la de ahora en Atenas, y en tiempos de Rodríguez Zapatero, la de Londres–. Lo que no impide que, según sus propias palabras, “quien pudiera verlos en conjunto probablemente resaltaría algunos nombres, por el espacio que ocupan”. Y en la lista que ofrece, junto a autores como Pla, Vargas Llosa, Baroja, Monzó, Updike, Barnes, Echenoz o Kapuscinski, figura Fernando Savater. Ninguno de ellos tiene acotación alguna junto al nombre –entendida aquí <i>acotación</i> como limitación y también como apostilla–, excepto este último. Y el apunte, entre guiones, dice así: “de antes de que sucumbiera como víctima intelectual del terrorismo etarra”.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">¡Cuánta ignominia contenida en unas pocas palabras! ¡Cuánta repugnancia deberían producir en cualquier demócrata! ¡Cuánta vergüenza ajena no generan viniendo como vienen de un embajador de España! Que su publicación coincida, aunque no sea a propósito, con la conmemoración del cuarto de siglo de la fundación de ¡Basta ya! no hace sino subrayar aún más la obscena catadura moral de su autor.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2024-02-07/savater-victima-intelectual-terrorismo/">(The Objective, 7 de febrero de 2024)</a></i></span></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-12960947709267931272024-01-31T23:00:00.001+01:002024-02-01T09:15:02.782+01:00Lengua y política en Baleares<div><span style="font-size: medium;">Tenía pensado hablarles hoy de lo que anuncia el título y así lo haré. Pero entre el propósito y su concreción se ha cruzado Vox. No sé si Vox Baleares o Vox a secas, dado que lo ocurrido estos últimos días en el archipiélago se inscribe al parecer en una crisis mucho más general. Sea como sea, les recuerdo que en Baleares gobierna el PP en solitario gracias a un acuerdo de legislatura suscrito con Vox. Un acuerdo holgado, de amplia base parlamentaria: 34 diputados –25 del PP, 1 de Sa Unió formenterense y 8 de Vox– sobre 59. Desde entonces ha habido un diputado de Vox que ha pasado a la condición de no adscrito y se espera para hoy mismo que otros dos –el presidente del Parlamento y la presidenta del partido en Baleares– adquieran la misma condición, al haber sido expulsados del grupo parlamentario, que queda así reducido a cinco miembros. Pese a ello, todo indica que la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno presidido por Marga Prohens no peligra. El club de los cinco reivindica –al margen de reclamar una mayor autonomía con respecto a la dirección nacional, causa última de su desencuentro con la cúpula balear del partido y, en definitiva, de la expulsión de sus dos compañeros de filas parlamentarias– el trabajo hecho y el cumplimiento o puesta en marcha de cerca del 40% de los 110 puntos del acuerdo programático suscrito con el PP. </span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Y aquí es donde aparece la lengua. O sea, las lenguas. Si en algo incidió Vox en la campaña electoral y en el propio pacto con los populares fue en la cuestión lingüística. Dos legislaturas de gobiernos de coalición de izquierda y nacionalista presididos por la resiliente Francina Armengol habían dejado la administración pública, y en particular la educativa, como un predio del catalanismo. La lengua oficial del Estado había sido barrida poco a poco con el visto bueno del Gobierno central, que no ejercía la autoridad que le otorgaban la Constitución y las leyes y sentencias que de ella emanaban, ya por calculada retracción –el PP de Rajoy–, ya por convicción manifiesta –el PSOE de Sánchez y demás convictos de deslealtad con el Estado al que se supone que representan–. Vox llegaba, pues, a las instituciones y a los gobiernos de aquellas comunidades autónomas con lengua cooficial –el caso de Baleares y el de la Comunidad Valenciana, respectivamente– con el compromiso de devolver a los ciudadanos esa igualdad de derechos reflejada en el libre uso de las lenguas cooficiales en el ámbito público e institucional y, en concreto, de aquella que, antes que cooficial, sigue siendo la única oficial del Estado.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Por más que de las 110 medidas acordadas entre PP y Vox se hayan cumplido o estén en trámite, según afirman unos y otros, cerca del 40%, no todas tienen el mismo valor. Para Vox sobre todo, y para sus votantes. Las concernientes al uso del español, y en especial del español en el ámbito educativo, destacan sin duda alguna sobre el resto. No es, por tanto, causalidad que en las dos crisis que han afectado hasta la fecha a la formación –la de noviembre cuando la negociación de los presupuestos, que terminó con la deserción de un diputado y su asunción de la condición de no adscrito, y la de ahora, con la expulsión de otros dos miembros del grupo parlamentario– la cuestión lingüística haya estado presente. Y ahí es donde entra el PP. Sin querer, claro. Mejor dicho, como quien no quiere la cosa –lo que no implica que esté exento de culpa o responsabilidad–. Y contando, en apariencia, con la comprensión del club de los cinco que ahora capitanea el buque parlamentario de Vox en Baleares.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Lo acordado en su momento entre PP y Vox era la libre elección de lengua en la enseñanza. Es decir, la garantía de su aplicación a lo largo de las distintas etapas. Por supuesto, no de golpe –el curso actual ya estaba diseñado cuando el nuevo gobierno autonómico tomó posesión– ni en todas las etapas a la vez, dada la complejidad de la operación. Por de pronto, la Consejería de Educación se ha comprometido a introducir la libre elección de lengua en el próximo curso en la primera escolarización y a hacer público –el 8 de febrero, en principio– un plan piloto voluntario que debe implantarse el curso siguiente, es decir, el 2025-26, en el resto de los niveles y a gusto del consumidor. Y ahí viene el problema. El consumidor no es en verdad el alumno o su familia, sino el centro donde está escolarizado y quienes lo dirigen. O sea, un intermediario que se erige en mediador entre la administración y el ciudadano. Y ese mediador se comporta con arreglo a un proyecto de centro que incluye un llamado “proyecto lingüístico”. Según un estudio realizado por la asociación de profesores Plis. Educación, por favor –integrante hoy de Escuela de Todos– y publicado en mayo de 2020, la inmensa mayoría de los centros de infantil y primaria de Baleares no prevén en sus proyectos lingüísticos que el castellano sea lengua vehicular, sino todo lo contrario, esto es, que sólo lo sea el catalán. Y es de suponer que si a día de hoy esa proporción ha variado, habrá sido al alza, intensificando aún más el modelo de inmersión lingüística.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Así, y por plan piloto que se implante, resulta difícil imaginar que este resulte eficaz, si por eficaz entendemos que vaya a garantizar el derecho de los alumnos y familiares a la libre elección de lengua. El consejero de Educación –al que la indecente jauría soberanista dispensó no hace mucho en un instituto de Inca, a modo de aviso y amenaza, un recibimiento que no olvidará– tal vez aclare en su comparecencia de la próxima semana cómo va a enfrentarse a esta situación. De momento, los requerimientos de la familia de un alumno de un centro de Calvià reclamando a la Consejería del ramo que su hijo pueda estudiar también en castellano –reclamación amparada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Constitucional– han recibido la misma respuesta que ya habían recibido por parte del Gobierno de Francina Armengol. Si estos padres quieren ir más lejos, deberán actuar como lo hicieron otros con el gobierno anterior. O sea, denunciando a la actual Consejería ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, lo que conllevará para los damnificados un gasto considerable en abogados y procuradores. Y luego, claro, les convendrá tomárselo con calma, cruzar los dedos y confiar en que algún día la Justicia les haga justicia.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2024-01-31/lengua-politica-baleares/">(The Objective, 31 de enero de 2024)</a></i></span></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-89861183724609579012024-01-24T23:00:00.001+01:002024-01-25T11:11:04.738+01:00Un paseo por 'El País' con trucos y sin Savater<div><span style="font-size: medium;">Ayer por la mañana, nada más levantarme, me di un paseo por <i>El País</i>. Habían despedido a Fernando Savater sin previo aviso, después de casi medio siglo de servicio, y me pareció que la ocasión bien merecía, si no un monumento, sí al menos una lápida. Vana ilusión. Savater habrá desaparecido de las páginas del que fue su periódico sin que este le rinda honores. Llegará el sábado y su columna de la contraportada tendrá otro dueño –aunque lo más probable, por aquello de las cuotas, es que sea una dueña–. A propósito, no deja de resultar curioso que a Savater lo hayan echado por decir lo que piensa y no pararse en barras ni siquiera en sus críticas al propio periódico y, sin embargo, en la edición de anteayer de <i>El País</i> –o sea, del mismo día de autos– la columna homóloga a la suya, firmada como todos los lunes por el insigne poeta que dirige el Instituto Cervantes, finalizara con una loa a la libertad de expresión y a la ética del país –en redonda y minúsculas, eso sí–: “Una cosa es el bullicio en el móvil y otra la ética de un país que supo conquistar una democracia, vencer el terrorismo, detener las dinámicas de corrupción política y defender la libertad de expresión frente a los nuevos brotes de censura. Este país sabe muy bien diferenciar la libertad de expresión de la mezquindad, el juego sucio, los infundios, las manipulaciones y los mercantilismos de la mentira. Dicho queda”.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Pues no. Ni este país sabe diferenciarlo –no existe mayor falacia populista que la apelación al pueblo, al colectivo, como argumento de autoridad–, ni por supuesto este <i>País</i>, a juzgar por como el diario lleva años sosteniendo y mimetizando las políticas gubernamentales y renunciando, por tanto, a ejercer el desapego crítico que cabe esperar de un medio de comunicación. Baste constatar la presencia periódica del director del Cervantes en sus columnas para corroborar esa interdependencia entre la línea editorial y los contenidos del diario, de un lado, y las directrices del Gobierno, de otro. Quizá en eso consista, al fin y al cabo, el carácter “global” de que presume el periódico en aquella parte de su portada donde hace años presumía de su independencia.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">El recorrido de ayer por sus páginas me llevó a detenerme, tras lograr superar, no sin dificultades, el artículo del catedrático Sánchez-Cuenca, uno de los intelectuales de cabecera del periódico, en una noticia singular. La había precedido el anuncio de Pedro Sánchez el domingo de un plan de refuerzo de la comprensión lectora y el aprendizaje de las matemáticas como “un gran impulso educativo y de país”. (Por cierto, está visto que con el tiempo y las malas compañías todo se pega: si no ando equivocado, el primero en utilizar este “de país” para aludir a una política de construcción nacional fue Jordi Pujol, y hace de ello ya medio siglo, si no más. Que ahora el PSOE se lo apropie y convierta “Impulso de país” en su lema de campaña podría dar a entender que el principal partido del Gobierno ha dado un giro espectacular y apuesta ahora por reforzar la cohesión y la unidad territorial mediante una política similar a la del nacionalismo, pero aplicada al conjunto de la Nación. Nada más falso, claro, un puro trampantojo sanchista, como tantos ha habido y habrá.)</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">El caso es que la noticia en cuestión, “Los maestros de primaria recibirán formación didáctica y matemática”, detallaba algunos aspectos del plan. Y, entre otros, que “los docentes de ESO de la asignatura –en su mayoría licenciados en Matemáticas y Física– aprenderán trucos para hacer más atractivas y comprensibles las clases de esta materia”. Ya ven, hemos llegado al punto en que los licenciados tienen que aprender trucos para impartir la materia. Ignoro si el término era de la periodista que firmaba la pieza o si provenía de un portavoz del Ministerio de la maestra Alegría. Sea como sea, he aquí la didáctica trocada en un conjunto de juegos de magia. Y el pobre profesor, rendido de grado o por fuerza a las bondades del aprendizaje socioafectivo de la ley Celaá. Los pedagogos que rigen los destinos de la educación en España han llegado a la conclusión de que la culpa del birrioso rendimiento de nuestros jóvenes en las pruebas PISA, y en particular en la de Matemáticas, la tiene la ansiedad que padecen, lo que al parecer les bloquea e impide que saquen lo mejor de sí mismos. Lo que no entiendo, francamente, es por qué pretenden convertir la clase en un circo, con el perjuicio que vaya a ocasionar semejante medida a quienes no requieren de truco alguno para aprender la materia, en vez de recetar, a los que sí precisan de algún socorro, un simple ansiolítico.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2024-01-24/el-pais-savater/">(The Objective, 24 de enero de 2024)</a></i></span></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-46477250739772563042024-01-17T23:00:00.001+01:002024-01-18T20:07:41.733+01:00Un partido refugio<div><span style="font-size: medium;">En 1929 Le Corbusier y su primo y colaborador Pierre Jeanneret construyeron en París, muy cerca de donde se ubica en la actualidad la Biblioteca François Mitterrand, un edificio de 500 viviendas para fines sociales. El edificio recibió el nombre de Cité de Refuge de l’Armée du Salut (esto es, Ciudad Refugio del Ejército de Salvación) y fue destinado a albergar, de un lado, los servicios generales de aquel singular ejército y, de otro, a personas y familias que no podían valerse sino gracias a las labores de beneficencia que llevaba a cabo. Ignoro si esa fue la primera vez que se utilizó el concepto de ciudad refugio, pero un siglo más tarde ahí sigue. Sólo que hoy la ciudad a la que alude el sintagma no es como entonces un edificio o un conjunto de edificios con una finalidad específica, ni quienes en ella hallan cobijo son mayormente conciudadanos sin techo y sin blanca. Hoy una ciudad refugio es una ciudad en la que se refugian, bajo el amparo de las autoridades municipales o supramunicipales, ciudadanos de otro país víctimas de una guerra o de una catástrofe humanitaria originada por fenómenos naturales y que, a causa de ello, se hallan también sin techo y sin blanca.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Un partido refugio, de existir, vendría a ser algo parecido: el refugio de cuantos ciudadanos con derecho a voto carecen de asidero electoral. Razones para semejante indigencia puede haber muchas, claro. Pero la principal, la que permite hablar también aquí de catástrofe humanitaria, al menos para una parte considerable de la población española, tiene que ver con la paulatina erosión del Estado de derecho. ¿Desde cuándo? Desde hace un par de décadas como mínimo de forma explícita, aunque los orígenes puedan rastrearse ya, siendo rigurosos, en el desenlace de la Transición misma.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Si toda democracia que se precie se rige por el principio de alternancia, lo menos que puede decirse de la española es que la alternancia se ha producido en el mejor de los casos a pesar del nacionalismo, y en el peor, gracias a él. Lo que significa que el nacionalismo, además de formar siempre parte del sistema, se ha erigido en su eje vertebrador. Dado que el fin último de cualquier movimiento separatista es la segregación de un trozo del territorio del resto, no debe extrañar que la erosión del Estado de derecho haya ido en aumento. En especial, como decía, desde hace un par de décadas, y con singular virulencia en las últimas legislaturas de gobiernos de Pedro Sánchez.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Así las cosas, la frustración que supusieron para tantísimos españoles los resultados del pasado 23 de julio ha reforzado la idea de la necesidad de un partido refugio. Por más que entonces el PP creciera, además de por su derecha, por el centro, al recoger sufragios procedentes de la abstención y el voto en blanco y de exvotantes de Ciudadanos y el PSOE, la cosecha no fue suficiente para desbancar al felón. Y lo que ha venido después, desde la proyectada amnistía hasta el traspaso encubierto a la comunidad autónoma catalana de las competencias en inmigración, ha acrecentado aún más, si cabe, esa sensación de desamparo.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Ante ello, el surgimiento de una fuerza política como Izquierda Española ha abierto un claro de esperanza. No en todos los votantes desengañados, pero sí en muchos de los que, considerándose socialdemócratas y partidarios de la unidad de todos los españoles, no se sienten representados por las formaciones políticas integrantes del actual gobierno y creen que otra izquierda, para nada identitaria, es posible. También, probablemente, en muchos de los que, considerándose liberales o conservadores, ven una ventana de oportunidad en la fructificación de esa nueva opción partidista. Sin duda no van a prestarle su voto, pero confían en que su aparición desgaste lo suficiente a la actual izquierda identitaria en el poder.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Con todo, Izquierda Española sería, a lo sumo, un partido refugio para el votante de izquierda contrario a las renuncias ideológicas de sus actuales representantes y, en particular, a sus connivencias con los nacionalismos. Los liberales que habían engordado en otro tiempo las filas de UPyD y, en mayor medida, de Ciudadanos difícilmente van a encontrar allí un refugio para su voto. Muchos, es cierto, han orientado ya sus pasos hacia el PP o pueden hacerlo en el futuro. Pero en este partido difícilmente encontrarán la determinación necesaria para poner pie en pared ante el chantaje permanente del nacionalismo. Se me dirá que ya está Vox para servirles. Sí, siempre y cuando su liberalismo sea tibio y no le hagan ascos a un conservadurismo que combate el secesionismo desde otro nacionalismo, el español, en vez de contraponer a los efluvios simbólicos y sentimentales del nacionalismo disruptivo la consistencia rocosa de la verdad y la razón. Para quienes aspiren a refugiarse en un liberalismo de esta índole –el único merecedor de tal nombre, si bien se mira– no existe hoy en día partido en el que refugiarse. Ni siquiera como proyecto, que yo sepa.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">A no ser que el refugio electoral se entienda como un acto de fe donde lo que menos importe sean las siglas a las que uno vote y lo que más, aquello que Fernando Savater pedía aquí mismo hace un par de domingos a “las llamadas izquierdas y derechas”: “colaborar sin tiquismiquis contra el separatismo nacionalista, teocrático, de género y demás populismos posmodernos que amenazan nuestra tradición ilustrada”. En otras palabras, también suyas, “acabar con esa supuesta incompatibilidad visceral entre izquierda y derecha, de la que se nutre golosamente el sanchismo”.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2024-01-17/izquierda-espanola-partido-refugio/">(The Objective, 17 de enero de 2024)</a></i></span></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-52578684946861052232024-01-10T23:00:00.002+01:002024-01-17T09:35:04.948+01:00Cercas, la izquierda y los palos de ciego<p><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">No sé qué opinará Javier Cercas de la aparición de Izquierda Española en el escenario político. A juzgar por uno de sus últimos ‘Palos de ciego’ (“Llamamiento a la rebelión”, <i>El País Semanal</i>, 24-12-2023), debería estar la mar de contento. El artículo en cuestión era de un sentimentalismo atroz. Figúrense como andaría el pobre de ánimos cuando lo escribió –hace cosa de un mes, probablemente, dado que el texto se entrega unos quince días antes de su publicación– que confesaba sin rodeos que había decidido repudiar a su padre. ¿El motivo? Haberse ido con otra. Teniendo en cuenta que el padre es Pedro Sánchez y la otra Carles Puigdemont, se entiende el disgusto y el consiguiente repudio. En cambio, que el vástago haya tardado tanto en dar el paso resulta ya más difícil de entender. Lo que Cercas reprocha al PSOE y al Gobierno, o sea, a Sánchez, a partir del 23-J, podía habérselo reprochado mucho antes. Casi casi desde que es presidente del Gobierno. Porque lo esencial –ceder al chantaje del independentismo y, en menor medida, al de otros ismos– ha sido su principal seña de identidad como gobernante. ¿Que ha habido un crescendo en el chantaje y en la cesión correspondiente? Sin duda. ¿Que lo de ahora se veía venir si lo que estaba en juego era el propio poder? También.</span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">El único que parecía empeñado en no verlo, o en no querer verlo, era el propio escritor. Entre palo de ciego y palo de ciego, Cercas publicó unas cuantas tribunas en <i>El País</i> en las que se evidenciaba su fidelidad a la causa. A la causa socialista, teñida ya de sanchismo. De la beligerancia del autor de <i>Soldados de Salamina</i> con el <i>procés</i> y el independentismo no había –ni hay– por qué dudar. Pero, aun así, Cercas creía entonces en su posible redención. El 22 de junio de 2021 escribió una tribuna (“A favor de los indultos / Un acto de fe”) en la que mostraba su apoyo a la medida. Un par de años más tarde, en vísperas de las últimas elecciones generales (“Por qué pienso votar a Pedro Sánchez”, 20-7-2023) basaba su voto, entre otras muchas razones, en que Sánchez y su partido representaban la socialdemocracia, y como la socialdemocracia, nada –por decirlo llanamente–. También reconocía de paso su aversión enfermiza a la derecha y su esperanza de que Sánchez tuviera que depender lo mínimo (¿?) de ERC, Bildu y Podemos –no así de Yolanda Díaz y Sumar, a los que no veía con malos ojos–. Y, en fin, hace cuatro meses aseguraba en “No habrá amnistía” (13-9-2023) que esta no se daría, “no, al menos, como la de 1977, una amnistía que dejara impunes los desafueros cometidos por los líderes del <i>procés</i>”. De ahí, supongo, ante la cuasi evidencia de su yerro en el pronóstico –o, como mínimo, del vergonzoso espectáculo de sumisión al prófugo protagonizado por aquel a quien él confió una vez más su voto–, ese “Llamamiento a la rebelión” publicado el pasado diciembre.</span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">Dicho llamamiento no fue sino una suerte de salida de tono para cargar sobre el conjunto de la clase política –a la que tildaba de “cínica, irresponsable y envenenada por el poder”– la responsabilidad de lo que le había ocurrido, del fiasco que había supuesto para él la pérdida del único asidero electoral con que contaba en esta vida, hasta el punto de asegurar que en adelante votaría siempre en blanco. Sólo así, como una <i>boutade</i>, cabe entender que abogara por la implantación de un sistema electoral en el que nuestros representantes sean elegidos por sorteo.</span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">Claro que tal vez ese ‘Palo de ciego’ sea como el que propinó el 25 de septiembre de 2004 a Juan Marsé. Un palo de lo más cariñoso, por lo demás, pues consistía en pedir para el novelista barcelonés la concesión del Cervantes de aquel año. El propio Marsé lo consignó en el diario que llevaba entonces y lo calificó de “abrumador”. Con todo, el autor de <i>Últimas tardes con Teresa</i> tendría que esperar a 2008 para recibir el premio, ya que en 2004 recayó en Rafael Sánchez Ferlosio. Y lo curioso es que a pesar de la campaña emprendida por Cercas y otros escritores a favor de Marsé, y de la llamada que el propio Cercas le hizo un par de días más tarde del anuncio del ganador –como también recoge Marsé en su diario– para explicarle por qué no le habían dado el premio, la candidatura de Sánchez Ferlosio había sido presentada, entre otros, por el propio Javier Cercas, tal y como recuerda Ignacio Echevarría en una nota referida a la anotación del martes 7 de diciembre (Juan Marsé, <i>Notas para unas memorias que nunca escribiré</i>, Lumen, 2021). Se trataba, en suma, de una estrategia win-win, donde el único que ganaba seguro era el estratega.</span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: medium;">Ignoro si ese fue entonces el caso y si también lo es en relación con el “llamamiento a la rebelión” de ahora y sus antecedentes. Sea como sea, la reciente aparición de Izquierda Española en la esfera política debería llevar a Cercas a reflexionar. ¿Tiene sentido mantener esa promesa de votar en adelante siempre en blanco habiendo como parece que habrá una opción mucho más socialdemócrata y radical que las actuales, y encima férreamente antinacionalista? Lo dudo. Y al fin y al cabo, ¿qué importa desdecirse cuando ni siquiera sería la primera vez?</span></p><p><span style="font-family: inherit; font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2024-01-10/javier-cercas-izquierda-espanola/">(The Objective, 10 de enero de 2024)</a></i></span></p>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-23398541474256922352024-01-03T23:00:00.001+01:002024-01-04T18:09:52.517+01:00Israel, Estado de derecho<div><span style="font-size: medium;">Los medios han recogido la noticia, pero no le han dado, creo, el realce que merece. Sobre todo en un país como el nuestro. El Tribunal Supremo de Israel acaba de rechazar la reforma judicial impulsada por el gobierno de coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu y aprobada el pasado verano por la Knéset, el Parlamento israelí. La conjunción de la derecha, la extrema derecha y las fuerzas ultraortodoxas propició una reforma cuyo propósito era privar al poder judicial de su capacidad de veto con respecto a aquellas decisiones del ejecutivo y el legislativo que considerara exentas de “razonabilidad”. Se trataba, sobra precisarlo, de laminar el poder judicial en beneficio de los otros dos poderes y de hacerlo al máximo nivel. La resolución de la Corte Suprema de Israel, aunque por la mínima –8 magistrados contra 7–, supone, pues, en la práctica la salvaguarda de la imprescindible separación de poderes, pilar de todo Estado de derecho. Y supone, a un tiempo, terminar dando la razón a los miles y miles de ciudadanos israelíes que durante más de medio año han ocupado las calles de su país en protesta por el mencionado proyecto de reforma.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Pero les decía al principio que la noticia tenía, o debería tener, un interés especial para los españoles. Al menos para los que siguen creyendo en la democracia liberal y sus virtudes. Desde hace cinco años y medio, y con creciente intensidad desde las últimas elecciones legislativas, España está viviendo un forcejeo semejante al vivido en el último año en Israel entre los poderes ejecutivo y legislativo de un lado, y el judicial del otro. El acuerdo multiforme que ha permitido a Pedro Sánchez perpetuarse en el poder prevé, entre otras muchas cesiones a las fuerzas independentistas y muy en primerísimo lugar, la concesión de una amnistía que reduciría al olvido los delitos cometidos por quienes participaron en 2017 en el golpe fallido del Gobierno de la Generalidad presidido por Carles Puigdemont y en las secuelas de años sucesivos. Para ello, Sánchez y los suyos necesitan que la tramitación del proyecto de ley de amnistía que ha registrado el PSOE en el Congreso de los Diputados reúna los sufragios necesarios. Si así fuera, a la mayoría formada en Israel por la derecha, la extrema derecha y los partidos ultraortodoxos le correspondería en España la integrada por la izquierda, la extrema izquierda y los nacionalismos de toda clase y condición. Con todo, de prosperar la iniciativa, lo que parece factible, Sánchez debería aún sortear el escollo del poder judicial, algo mucho más espinoso pese a la probada eficacia de los trapicheos que han caracterizado durante el último lustro los nombramientos del Gobierno –asistido por su largo brazo legislativo– en este ámbito. Ah, y para redondear el paralelismo entre ambos países, también en este margen del Mediterráneo hemos tenido en los últimos meses frecuentes y multitudinarias movilizaciones para denunciar lo que millones de ciudadanos ven como un atropello intolerable a sus derechos.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Sea como sea, lo nuestro se encuentra aún pendiente de desenlace. Pero lo ocurrido en Israel, con una resolución tomada por el Tribunal Supremo en pleno conflicto bélico pese a las presiones del propio Ejecutivo de Netanyahu para que la sentencia se demorara hasta que la guerra hubiera finalizado, debería servir de lección a esa izquierda española que se comporta en relación con el poder judicial con un menosprecio cuasi delictivo al tiempo que se permite tildar –incluso por parte de ministros del Gobierno– al Estado de Israel de genocida por perseguir en legítima defensa a los causantes de una de las agresiones terroristas más bárbaras que se recuerdan.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Acerca del creciente antisemitismo de izquierda que se da en Francia, decía el escritor Michel Houellebecq en una entrevista concedida al <i>Corriere della Sera</i> y reproducida por <i>El Mundo</i> que se perdonan “las violaciones cometidas contra mujeres israelíes por el origen de los violadores”. Seguro que de haber conocido el que sufrimos por estos pagos habría llegado a conclusiones parecidas. Y quién sabe si no hubiera llevado su asombro mucho más allá al reparar en la conducta en Oriente Próximo del presidente Sánchez, que lo fue hasta hace cuatro días de la mismísima Unión Europea.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2024-01-03/israel-estado-derecho/">(The Objective, 3 de enero de 2024)</a></i></span></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-41266666950934637822023-12-27T23:00:00.001+01:002023-12-28T10:54:40.408+01:00Aquel Ciudadanos<div><span style="font-size: medium;">Sostiene Guillermo del Valle, en relación con el partido que se está gestando a partir del <i>think tank</i> El Jacobino, del cual es portavoz, que no le parece inteligente “reproducir un <i>Ciudadanos 2.0</i>, que nació como un partido de centro izquierda en Cataluña, pero que en su expansión nacional emborronó eso” (<i>El Mundo</i>, 24 de diciembre). Como algo sé del asunto, creo que sus palabras precisan de alguna acotación.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Estoy de acuerdo en que no sería inteligente reproducir una nueva versión de Ciudadanos. Pero no por la razón que aduce Del Valle, sino porque las circunstancias, casi veinte años más tarde, son muy otras. Aquel Ciudadanos nació, en efecto, en Cataluña, pero no lo hizo, por más que siga habiendo quien insista en ello, como un partido de centro izquierda. Ya desde el manifiesto fundacional quedó plasmada la voluntad de que la formación tuviera un ideario no estrictamente socialdemócrata y abarcara también el centro derecha liberal. El propósito de restituir el principio de realidad que el nacionalismo hegemónico había hurtado a los ciudadanos de Cataluña, con el beneplácito interesado de los dos grandes partidos nacionales, iba más allá del empeño de intentar resucitar el espíritu de la vieja federación del PSOE, disuelto en el catalanismo del PSC; apuntaba asimismo al votante de un Partido Popular al que la defenestración de Aleix Vidal-Quadras había privado de su máxima figura en la lucha contra el nacionalismo pujolista. Y es justamente esa expansión bifronte la clave de su éxito en las autonómicas de 2006, cuando logró que, por primera vez desde 1984, una fuerza política de nuevo cuño estuviera representada en la Cámara regional y con un discurso nítidamente antinacionalista.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Sirva para apuntalar esa tesis una anécdota de cosecha propia. En el año que transcurrió entre la publicación del manifiesto y el congreso fundacional del partido algunos de los quince primeros firmantes tuvimos distintos encuentros con las llamadas fuerzas vivas del lugar, a instancias casi siempre de estas últimas. Una de esas reuniones –una cena, en concreto, a la que asistí– fue con el propio presidente del PP catalán, el malogrado Josep Piqué. Pues bien, el encuentro, pronto se vio, tenía un único objetivo: convencernos de desistir de nuestro propósito de fundar un partido. Según las encuestas que manejaban –esto nos trasladó, al menos, el propio Piqué– no íbamos a sacar representación y ellos, encima, saldrían lastimados. En lo segundo llevaba razón: el PP perdió un escaño y la cuarta parte de los votos. No así en lo primero, como se ha dicho, aunque el objetivo se lograra por los pelos.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Es cierto que luego, a partir de su segundo congreso, Ciudadanos se decantó de forma más clara hacia el centro izquierda. Pero su pervivencia y posterior crecimiento parlamentario tuvo poco que ver con la adscripción ideológica y mucho que ver, en cambio, con la lucha sin tregua contra el nacionalismo –sin olvidar, claro está, los méritos atesorados por su líder de entonces–. Lo que sí resulta indudable es que su expansión nacional, como afirma Del Valle, se hizo gracias sobre todo al voto de centro derecha –lo que yo ya no sabría decir es si esto emborronó o no lo anterior–.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Sea como sea, insisto en que me parece acertada la idea de no intentar emular a día de hoy lo que fue la fundación de Ciudadanos. En primer lugar, porque Ciudadanos todavía existe, aun cuando su presencia y actividad en Cataluña –otra cosa es en el Parlamento Europeo– se asemeje cada vez más a las de los famosos aldeanos de Astérix y compañía. Luego, porque el espacio que llegó a ocupar en sus mejores momentos está hoy ocupado por el PP y por Vox, y en mucha menor medida por el PSOE. Y luego, en fin, porque lo que termine dando de sí eso que hoy se conoce como El Jacobino no nace en Cataluña y como una réplica al nacionalismo, sino en el conjunto de España y como una réplica al partido hasta hoy hegemónico de la izquierda, al que pronto ya no conocerán ni los que aún le votan.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Y, así las cosas –y no de otro modo–, bienvenido sea, si cuaja, este nuevo partido y ojalá la suerte no le sea esquiva.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2023-12-27/ciudadanos-el-jacobino/">(The Objective, 27 de diciembre de 2023)</a></i></span></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-85407864592894967412023-12-20T23:00:00.001+01:002023-12-21T10:34:58.392+01:00El Rey no viaja solo<div><span style="font-size: medium;">El diario <i>Abc</i> elevó ayer a rango editorial el hecho de que el Rey hubiera realizado dos viajes oficiales consecutivos –Buenos Aires y Kuwait– sin que le acompañaran el presidente del Gobierno o algún ministro, como es, si no preceptivo, sí habitual, y lo contrapuso a la prestancia con que catorce de los segundos habían acudido un lunes por la mañana, en plena jornada laboral, al Círculo de Bellas Artes para asistir a la presentación del nuevo libro apócrifo de Pedro Sánchez. Según indicaba el propio medio, no era la primera vez que el Rey viajaba solo, pero había sido en ocasiones contadas y excepcionales e incluso con ejecutivos del PP. Ahora, en cambio, la sensación es distinta. Como los gobiernos de Sánchez tienen más colores que la cola de un pavo real macho, los acompañantes de Felipe VI suelen asignarse conforme a las simpatías que despierta el anfitrión. En plata: como Milei no despierta ninguna en el actual ejecutivo, más bien al contrario, la representación del Gobierno no fue más allá de la de secretario de Estado.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Esa falta de sentido institucional por parte de Pedro Sánchez y quienes le secundan, aun cuando ya se diera en anteriores legislaturas, se ha incrementado notablemente en la presente. La violencia ejercida contra al poder judicial y el uso partidista de la Fiscalía General del Estado; el ninguneo al que se somete al legislativo, reducido a simple correa de transmisión del ejecutivo, como muestran los nombramientos llevados a cabo en los servicios jurídicos del Congreso o las decisiones tomadas por la presidenta Armengol para amoldar la agenda de la Cámara a los intereses del Gobierno; el desprecio, en suma, por la separación de poderes no son en absoluto ajenos al trato dispensado al jefe del Estado. Al fin y al cabo, sus actos deben ser refrendados “por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes” (CE, art. 64), por lo que la ausencia del presidente o un ministro en un viaje oficial de Felipe VI y su sustitución por un secretario de Estado o un subsecretario –como en Kuwait–, no puede sino considerarse un desaire institucional a la Corona, símbolo, según la Constitución, de la unidad y permanencia del Estado.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">¿Qué se propone Sánchez con este juego? ¿Se trata de una manifestación miserable de un autoproclamado “Yo, el Supremo”, por decirlo a la manera de Roa Bastos, incapaz de soportar que haya alguien en el Estado por encima de él? ¿Se trata de rebajar la figura del Rey, en este y otros campos, porque así lo exige el prófugo de quien depende para seguir en el poder y que no puede olvidar el papel de Felipe VI, con su discurso del 3 de octubre de 2017, en la gran movilización ciudadana del 8 siguiente que terminó de dar al traste con lo quedaba entonces del Procés? ¿Se trata, en fin, de ir laminando su autoridad para facilitar la remoción del Estado en la que está embarcado y cuyo último estadio puede ser la reforma de la Constitución? Las respuestas afirmativas a esas tres preguntas son perfectamente compatibles y, a mi entender, nada improbables.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">El Rey, en consonancia con su papel de árbitro y moderador, no expresa su parecer con respecto a la actual situación política, pero lo deja traslucir. Su incomodidad es manifiesta: las imágenes de su encuentro con Francina Armengol cuando la presidenta del Congreso fue a anunciarle la investidura de Pedro Sánchez o aquellas en las que aparecía con este último en el acto de promesa del cargo componen un retablo que por sí solo debería bastar para que el presidente del Gobierno recondujera su relación. En contraste con los semblantes risueños de ambos políticos, el monarca mostraba un rostro serio y preocupado, algo inhabitual en él en circunstancias similares.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Sánchez ha convertido esta legislatura en un ejercicio de confrontación. De confrontación política y, pues, ciudadana. Su cruzada contra lo que él denomina las derechas, contra las instituciones que se niegan a doblar la cerviz ante sus designios, contra los propios principios del Estado de derecho, contra todo aquello y todo aquel, en definitiva, que suponga o pueda llegar a suponer un obstáculo, no han dejado al Rey al margen. Pero, si bien se mira, aquellos que no estamos dispuestos a comulgar con la ambición del personaje y sus consecuencias, no deberíamos lamentarnos de la suerte de nuestro Rey, sino felicitarnos de que, en ese tablero ideado por el fullero mayor, Felipe VI esté hoy día junto a nosotros. Porque al contrario de lo que pasa cuando las decisiones dependen de Sánchez y los suyos, el Rey de España no viaja solo.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2023-12-20/rey-no-viaja-solo/">(The Objective, 20 de diciembre de 2023)</a></i></span></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-31471317907874756052023-12-13T23:00:00.001+01:002023-12-16T10:39:19.447+01:00¿Otra traición de los profes?<div><span style="font-size: medium;">Gabriel Attal, ministro de Educación francés, anunció el pasado 5 de diciembre una serie de medidas de cara al próximo curso que van a suponer, si terminan aplicándose, una verdadera convulsión en el sistema educativo del país vecino. De hecho, ya a comienzos del presente curso el ministro avisó de por dónde irían los tiros. El principal objetivo de su futura reforma, sostuvo, era elevar el nivel del alumnado en todas las etapas educativas. Que el anuncio concreto de las medidas dos meses más tarde viniera a coincidir con la difusión de los resultados del informe PISA de 2022, los cuales reflejan un bajón considerable de los jóvenes quinceañeros franceses en comprensión lectora y en matemáticas, no puede considerarse, pues, una reacción a los resultados, sino más bien la confirmación de que el propósito ministerial de comienzos del curso escolar era de todo punto ajustado a los hechos.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Pero la convulsión en el sistema a la que me refería al principio tiene que ver con la naturaleza de las medidas contempladas. Ahí van las más singulares. El ministro, consciente de que el reto de aumentar los saberes debe afrontarse ya desde Primaria, propone la adopción del método de Singapur para las matemáticas adelantando por ejemplo el aprendizaje de los quebrados y los números decimales al primer curso de Primaria. También preconiza –y lo traducirá en un decreto durante el primer trimestre de 2024– que la última palabra sobre la repetición de curso corresponda al equipo pedagógico del centro en vez de a los padres del alumno en cuestión, como hasta ahora. Y entre sus objetivos figura igualmente el de homogeneizar y supervisar los contenidos de los libros de texto. </span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Pero acaso lo más llamativo sean las medidas propuestas para la etapa del Collège, equivalente, año más, año menos, a lo que aquí conocemos como ESO. Attal ha anunciado que a partir del próximo curso empezará la implantación de grupos de nivel en matemáticas y lengua. En otras palabras, los alumnos serán separados –segregados, dirían nuestros renovadores pedagógicos– según el nivel acreditado, con la particularidad de que aquellos a los que corresponda el nivel inferior formarán parte de un grupo más reducido a fin de recibir una atención más personalizada. La mayoría de los sindicatos docentes ya se han apresurado a manifestar su disconformidad con la medida apelando a la presunta estigmatización de los alumnos afectados, lo que confirma que su mayor preocupación –lo mismo ocurre, claro, con los sindicatos de por aquí– no es tanto el nivel de conocimiento de los alumnos como razones de índole moral, cuando no estrictamente ideológicas, cuya pertinencia, por lo demás, está por demostrar.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Y, junto a esa disposición, el ministro también pretende conferir a la prueba de final de etapa –o sea, previa a la entrada en el Lycée, equivalente a nuestro Bachillerato, pero con tres cursos en vez de dos– carácter selectivo, en la medida en que aquel alumno que quiera acceder al Lycée deberá necesariamente superarla. Como deberá superar el ya tradicional Bac si desea obtener el título de Bachillerato.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Los conocedores de la legislación educativa en España se habrán percatado, sin duda, de los muchos parecidos entre, de un lado, el modelo de Attal y, de otro, las reformas que tanto la Lomce como antes la Loce introdujeron en la Loe y la Logse, respectivamente, sin que diera tiempo a sus promotores, sobre todo en el caso de la Loce, a ponerlas en práctica. Aparte de los vaivenes electorales, las movilizaciones del conglomerado granítico formado por los partidos de izquierda y nacionalistas, los principales sindicatos docentes y estudiantiles y las asociaciones de padres de ideologías afines lo impidieron en las calles y en los propios centros, haciendo bueno el lema “La escuela es nuestra” y nada más que suya. Las del modelo de Attal, que siguen a las del también ministro Blanquer, cuentan con el aval del presidente de la República, Emmanuel Macron. Un apoyo mucho más estimable, al cabo, por el rango de quien lo presta y la duración de sus dos mandatos presidenciales, que el de los gobiernos del Partido Popular que promovieron ambas leyes.</span></div><div><span style="font-size: medium;"> </span></div><div><span style="font-size: medium;">Claro que todo dependerá al final del profesorado. Así lo reconoce el propio ministro Attal. ¿Serán capaces los profesores franceses de romper la correa de transmisión ideológica del lobby educativo, no muy distinto del nuestro, y actuar en beneficio de la transmisión y asimilación del conocimiento, al margen de sectarismos y adoctrinamientos de toda clase? En 1988, Jean-François Revel publicó un libro fundamental, <i>La connaissance inutile</i> (existe una reedición reciente en español, <i>El conocimiento inútil</i>, Página Indómita, 2022), donde analizaba, entre otras muchas cuestiones, la penetración de la ideología en las aulas a lo largo del siglo XX y, en particular, en aquella década de los ochenta. El capítulo en cuestión se titulaba “La traición de los profes” y anticipaba lo que iba a ocurrir en España dos años más tarde a raíz de la aprobación de la Logse. De entonces acá, la realidad educativa española ha ido empeorando a marchas forzadas, ante la indiferencia y la apatía de nuestros gobernantes; baste ver cómo han reaccionado tras hacerse públicos los resultados de PISA. ¿Tendrán más suerte las nuevas generaciones francesas, que al fin y al cabo cuentan con un sustrato cultural y educativo bastante más sólido que el nuestro? ¿Volverán a traicionarles sus profes? Si se tratara de los de aquí, y con la honrosa y meritoria excepción de algunos valientes, poco cabría esperar.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2023-12-13/traicion-profes-educacion/">(The Objective, 13 de diciembre de 2023)</a></i></span></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-55737688240590587532023-12-06T23:00:00.001+01:002023-12-07T18:00:35.549+01:00El comisario Gracia, los intelectuales y la Constitución<div><span style="font-size: medium;">Se cumplen hoy nueve lustros de la aprobación en referéndum de la Constitución. Nueve lustros, o sea, 45 años. La precisión es pertinente, dado que nuestro flamante ministro de Cultura, Ernest Urtasun, considera que medio lustro equivale a un cuarto de siglo, con lo que, si por él fuera, nueve lustros serían cuatro siglos y medio. Y hasta ahí podíamos llegar. Como semejante afirmación se materializó en un tuit y Urtasun debe de tener quien se los escribe por más que él los firme, cabría exculparlo y desear, por el bien de la cultura española, ya muy maltrecha, que el ministro haya tomado medidas y contratado a otro escribidor. Del mismo modo que cabría exculpar a Francina Armengol, la incomparable presidenta del Congreso, y animarla a tomar las mismas medidas con su respectivo escribidor, por haber afirmado en otro tuit que el vascuence es “una lengua con unas curiosidades que la hacen muy especial”.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Pero volvamos a la Constitución. Como bien saben, desde la aparición de Rodríguez Zapatero en el tablero político español y su relativista trato con la verdad y el Estado de derecho la Constitución ha estado sometida a un forcejeo constante por parte de quienes se han propuesto sobrepasarla, eludirla o directamente impugnarla. El Tribunal Constitucional, por tanto, ha tenido también desde entonces mucha más tarea de la acostumbrada. Para eso está, dirán ustedes. Sin duda. Pero, más allá del sentido de sus resoluciones, resulta significativo que la presión a la que se ha visto sometido haya tenido que ver la mayoría de las veces con iniciativas legislativas promovidas en primera instancia por separatismos y populismos de izquierda. De ahí se ha seguido, de forma cada vez más nítida, la consolidación de dos bloques: el de quienes la defienden a machamartillo y el de quienes la martillean sin cesar con el propósito manifiesto de llegar, tarde o temprano, a sustituirla por otra lo más alejada posible de las vigentes en el mundo occidental –una sustitución, sobra indicarlo, que conllevaría el trueque de nuestra Monarquía constitucional por una República de muy difusos y oscuros contornos–.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">El pasado domingo la edición digital de <i>El País</i> traía un artículo de Jordi Gracia, exsubdirector de Opinión del diario y actual adjunto a su directora, que se anunciaba como un anticipo del número de diciembre de la revista <i>Tinta Libre</i>, de la que Gracia es también codirector. El artículo, titulado “No es la edad, es el poder” y del que se hizo eco con agudeza aquí mismo Ricardo Cayuela, consiste, por decirlo pronto, en un alegato contra algunos de los intelectuales que han colaborado durante lustros (no los de Urtasun, por supuesto) con el propio periódico –y que en algún caso, como los de Fernando Savater, principal blanco de los denuestos del articulista, y Félix de Azúa, colaboran todavía– y a los que acusa de haber entrado en una “deriva netamente conservadora” por permitirse criticar, sin medias tintas, el Gobierno de Pedro Sánchez y sus políticas. Según Gracia, la causa de la deriva no sería la edad de todos ellos, sino el alejamiento del poder, que ha pasado a otras manos –entre otras a las suyas, por cierto, aunque esto se le haya olvidado mencionarlo al autor de la catilinaria–.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">El principal mérito de Gracia no es, como en el caso de aquellos a quienes critica, su excelencia intelectual –excelencia que comporta, según sostenía hace cerca de un siglo Julien Benda, “la defensa de los valores eternos y desinteresados, como la justicia y la razón”–, sino el haberse prestado a ejercer de comisario político de un medio de comunicación escrito –el más influyente de España– que se ha convertido desde 2018 en el vocero de Pedro Sánchez y en el defensor incondicional de sus espurios intereses. Para comprobar el alcance de la invectiva sañosa operada por el comisario Gracia, lo mejor es leer el artículo de cabo a cabo. Pero ya que conmemoramos hoy los 45 años de la Constitución, máximo epítome de nuestra Transición política, permítanme entresacar del texto la consideración que le merece a su autor la postura de esos intelectuales ante la impugnación del periodo que permitió a los españoles transitar de una dictadura a una democracia: “Se sintieron muchos de ellos agredidos y ofendidos con el cuestionamiento del relato beato y triunfal de la Transición que apadrinó Podemos de forma simplista y maniquea, sin digerir algunos de los sabios de la tribu que todo relato triunfal es falso por definición, y también lo es el de la Transición.” De qué lado estaba ya entonces el comisario Gracia, salta a la vista.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Y, en fin, no hace falta añadir, supongo, que ningún comisario político ha aceptado jamás que un intelectual deje de ser compañero de viaje del partido para poder seguir siendo, simplemente, un intelectual.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2023-12-06/comisario-gracia-intelectuales-constitucion/">(The Objective, 6 de diciembre de 2023)</a></i></span></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-38843681505122076932023-11-29T23:00:00.001+01:002023-12-02T10:12:41.703+01:00¿Una política de Estado?<div><span style="font-size: medium;">Algo no funciona en un país cuando su política exterior debe leerse en clave exclusivamente interna. Digo exclusivamente, porque cualquier gobierno de un Estado de derecho –de los que no pueden considerarse como tales, mejor no hablar– se mueve en parte en el exterior con arreglo a sus propios patrones ideológicos y a determinados acuerdos a los que ha llegado con otras fuerzas políticas. Pero entre esas fuerzas políticas no sólo están las que le permiten gobernar en la medida en que le prestan su apoyo en las Cortes, sino también las que conforman la oposición y están llamadas, por el principio de alternancia de todo sistema democrático, a sucederle tarde o temprano en el poder.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Hasta la guerra civil –y excepto en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera–, al Ministerio de Asuntos Exteriores se le conocía en España como Ministerio de Estado. El término recogía sin duda mucho mejor que el actual la esencia de su función: encarnar la representación del Estado (español) en el mundo. De ahí que las grandes líneas estratégicas de este Ministerio, se llame ya como se llame, deban contar, si no con la plena conformidad, sí al menos con un mínimo asentimiento de la oposición, en la medida en que a esta le corresponderá gestionarlas en el futuro. Y algo parecido puede afirmarse de la lucha antiterrorista. De hecho, así fue en nuestra España constitucional hasta la víspera de la guerra de Irak y el alineamiento del Gobierno de Aznar con Estados Unidos y el Reino Unido. Y en cuanto a la lucha antiterrorista, hasta la llegada del falazmente angélico Rodríguez Zapatero a la presidencia del Gobierno. Un gobierno, el de este último, cuyo buenismo redentor se proyectó asimismo en aquella Alianza de Civilizaciones que él mismo se sacó de la chistera y que el ministro Moratinos puso en marcha. Los frutos, al margen del cargo cosechado por Moratinos –Alto Representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones desde 2019–, a la vista están. Basta dirigir la mirada hacia Gaza.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Más allá del enfermizo afán de protagonismo que lleva al presidente Sánchez a meterse en cuantos jardines se le ponen a tiro, no me cabe la menor duda del peso que la herencia de Rodríguez Zapatero en el tablero de la política internacional ha tenido en el impresentable e irresponsable papel interpretado en su reciente visita a Gaza. Su presunta equidistancia humanitaria, claramente desmentida por las antagónicas reacciones del Gobierno de Israel y de la organización terrorista Hamás a sus declaraciones –o sea y respectivamente, su rechazo y su aplauso–, era sin duda un tributo a la pata gubernamental condescendiente con el terrorismo palestino, lo que inducía a leerla sobre todo en clave interna. Pero reflejaba a la vez un antiamericanismo de raíz o, si lo prefieren, un comunismo latente en buena parte de la izquierda europea, para el que Israel constituye una réplica del imperialismo estadounidense, al que por supuesto hay que combatir sin reservas.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">En los anteriores mandatos del actual presidente del Gobierno, la política exterior española se había movido por lo general dentro de parámetros más o menos homologables con los de los gobiernos de Rajoy. Había habido, es cierto, algunos episodios detonantes: así, el Delcygate o el aval a las tesis marroquíes sobre el Sáhara Occidental. Pero en general, insisto, las políticas fueron de continuidad. El ejemplo más notorio, y el que más contrasta con la actual postura de Sánchez en el conflicto de Gaza, es sin duda alguna su comportamiento cuando la invasión de Ucrania por parte de Rusia, plenamente acorde con el adoptado por la Unión Europea. Tuvo en su gobierno ministros –más bien ministras–, pertenecientes todos a Podemos, que expresaron entonces su discordancia abogando por un alto el fuego que legitimaba la invasión. Pero ello no modificó la política del Gobierno, una política de Estado que contaba con el apoyo de la oposición.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Lo de ahora es distinto. Ahora la oposición es esa derecha sin matices contra la que hay que levantar un muro o, echando mano de la conocida frase de Clausewitz, emprender una guerra que no es sino la política continuada por otros medios. Es verdad que esos medios, en España al menos, son hoy de otra naturaleza. Pero también traen consecuencias. Por ejemplo, en esta Unión Europea que hasta hace poco parecía bailarle el agua a Sánchez y cuyo Parlamento debatirá el próximo mes, por iniciativa del Partido Popular Europeo y con el apoyo de los liberales de Renew, los efectos de la ley de amnistía. O sea, eso que el superministro Bolaños considera un asunto interno.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Claro que, para asuntos internos trasladados fuera de las fronteras del Estado con la aquiescencia del Gobierno, el que esta semana va a empezar al parecer a tratarse en Ginebra entre PSOE y Junts, con verificador internacional incluido, y que tiene como objeto un futuro referéndum de autodeterminación en Cataluña.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Menudo país, el nuestro, cuya política exterior, lejos de ser de Estado, se ha convertido en apenas semanas, por obra y gracia de quien preside el Gobierno, en un espectáculo abyecto y bochornoso.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2023-11-29/politica-estado/">(The Objective, 29 de noviembre de 2023)</a></i></span></div><div><br /></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-45210360255420275702023-11-22T23:00:00.001+01:002023-11-23T10:48:58.200+01:00Un gobierno de "alto perfil político"<div><span style="font-size: medium;">Parece que la legislatura que arranca va a ser de alto perfil político. Antes incluso de que Pedro Sánchez lo proclamara en su alocución del lunes al dar a conocer la alineación del flamante ejecutivo, sus voceros monclovitas ya deslizaban que esta sería una de las principales novedades del nuevo gobierno. (La otra, la reducción de carteras, debe de haber quedado para mejor ocasión.) Es verdad que una cosa es la legislatura y otra el gobierno. Pero, aun así, tratándose como se trata de un gabinete en que el ministro de la Presidencia lo es a su vez de Relaciones con las Cortes y de Justicia, convendrán conmigo en que ya son ganas intentar separar los poderes. Tanto más cuando resulta que el nuevo letrado mayor del Congreso que ha dado vía libre a la ley de amnistía procede de la órbita gubernamental y cuando la Mesa de la Cámara ha tomado la decisión de postergar hasta el 13 de diciembre la primera sesión de control al Gobierno. Un tres en uno donde el uno, por si hay que precisarlo, es el poder ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Yo no sé, la verdad, qué significa “alto perfil político”. Supongo que perfil político se contrapone a perfil técnico del mismo modo que ministro con carné del partido se contrapone a ministro carente de él –pero no de una manifiesta afinidad partidista, claro– y cuyo mayor atributo es su condición de experto en un área determinada. ¿Y “alto”? Bueno, al margen del énfasis con que cualquier político acostumbra a vender su mercancía, no hay duda de que el adjetivo alude a un presunto acrecentamiento. O sea, más político de lo que ya era el ejecutivo anterior. Cualquiera que eche una ojeada a los ministros presentes y los compare con los que han estado en funciones hasta anteayer mismo verá que no existen grandes diferencias, por no decir ninguna, en cuanto al peso de lo político en relación con lo técnico. Y en lo relativo al voltaje de los supuestamente políticos, los exégetas del sanchismo sostienen que, además de Félix Bolaños –a quien sólo falta, en puridad, el marbete de ministro de Relaciones con el Separatismo–, se concreta, de un lado, en el ascenso de la vicesecretaria general del PSOE María Jesús Montero de la cartera de Hacienda a –sin perder la cartera– la cuarta vicepresidencia del Gobierno, y, de otro, en la asunción por parte de la portavoz de la formación y actual ministra de Educación Pilar Alegría de las competencias de Deporte y de la propia portavocía del Gobierno. Así las cosas, la aleación entre el partido y el ejecutivo ha sufrido un incremento notorio. Y ello, sin duda alguna, para fomentar un frentismo basado en la satanización del enemigo, o sea, la derecha entera, con aquel viejo eslogan socialista del “si tú te vas, ellos vuelven” como única bandera.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Permítanme, sin embargo, aludir a otra característica del nuevo Gobierno que lo vuelve también mucho más político –entiéndase, mucho más sectario– que el que lo ha precedido. El flamante Ministerio de Infancia y Juventud y el perfil de su titular, Sira Rego, una comunista convencida –su defensa cerrada de Lenin en los debates públicos lo atestigua– hija de padre palestino y defensora de Hamás –el mismo 7 de octubre justificaba los atentados terroristas y días más tarde, en su condición de eurodiputada, votaba en contra de la condena de la masacre por parte del Parlamento Europeo–, van mucho más allá, en su trascendencia, de la que se derivaría de la simple creación de un ministerio con esas competencias. El Ministerio de Infancia y Juventud –de donde quizá salga algún día una nueva propuesta, aunque esta vez desde el Gobierno, para ampliar el derecho al voto hasta los dieciséis años– hay que ponerlo en correlación con el de Educación, de cuya titular ya conocemos los atributos, si así puede llamárseles, y con el de Ciencia y Universidades, a cuyo frente se halla Diana Morant, la socialista que el día de la Constitución de las Cortes Valencianas, el pasado 26 de junio, arengó puño en alto a las feministas que protestaban a las puertas de la institución porque la presidencia de la Cámara iba a ser ocupada por una diputada de Vox.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Dicha continuidad desde la más tierna infancia hasta el término de la educación superior, en lo que a ideario se refiere, constituye también una expresión del “alto perfil político” a que aludía el presidente Sánchez. Una ley educativa que ya casi ha vaciado por completo de conocimiento los currículos de la enseñanza obligatoria y postobligatoria para irlos llenando de pedagogismo e ideología, y el refuerzo de la figura de Alegría y los nombramientos de Rego y Morant –al que podríamos añadir en Cultura el de Ernest Urtasun, que compartió con Rego en el Parlamento Europeo su voto negativo a la condena de Hamás– no permiten augurar, dados los antecedentes de todos ellos, sino la aceleración del proceso de degradación de la educación de este país. O sea, la degradación misma del país. Pues este y no otro es el objetivo de quien hoy preside el Gobierno y está dispuesto a todo con tal de conservar el poder.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2023-11-22/gobierno-alto-perfil-politico/">(The Objective, 22 de noviembre de 2023)</a></i></span></div><div><br /></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-33449767414195979282023-11-15T23:00:00.001+01:002023-11-16T10:05:15.277+01:00Votar en conciencia<div><span style="font-size: medium;">Este mediodía empieza en el Congreso de los Diputados el debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. A juzgar por quienes han confirmado su apoyo al candidato, Sánchez contará mañana, tras el recuento de los votos, con 179 síes. No existirá pues otra emoción, en lo que respecta al resultado, que la derivada de un posible yerro a la hora de apretar el botón. Aun así, incluso en tal supuesto el candidato dispone de un colchón más que suficiente para que no salte la sorpresa.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Porque lo que no habrá es ningún diputado que cambie de parecer tras haberle dado unas cuantas vueltas a la trascendencia de su voto. Ninguno va a plantearse lo que supondrá para el Estado de derecho y la consiguiente separación de poderes la aprobación de una proposición de ley como la de amnistía; el alcance que tendrá para la financiación del resto de las comunidades autónomas de régimen común la condonación parcial de la deuda al Gobierno de la Generalidad catalana, o los traspasos de distinta naturaleza acordados sobre todo con los nacionalismos catalanes y vascos –por no hablar, claro está, de ese apoyo de EH-Bildu a la investidura “a cambio de nada”, tras el que se esconden muy probablemente medidas relacionadas con los presos de ETA–.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Los diputados de los partidos nacionalistas no van a plantearse nada de esto como no sea para frotarse los ojos de incredulidad y contento. Al fin y al cabo, son ellos los grandes beneficiarios de lo acordado. Sus demandas han sido atendidas casi por completo, sin apenas regateo, y pueden alardear ante los suyos del botín obtenido y de seguir troceando España a fuego lento –y enfrentando de paso a los españoles entre sí–. En cuanto a los de Sumar, esa muleta chavista de la que se sirve Pedro Sánchez para sus fines y que reúne a lo más florido de la izquierda identitaria, ¿qué más les da a sus componentes el engorde del separatismo? Siempre se han mostrado muy comprensivos con sus propósitos y, si no fuera por la necesidad de contar con un espacio propio, es decir, con unas ubres de dinero público que les amamanten, seguro que muchos de ellos ya formarían parte de sus filas.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Caso distinto es el de los diputados del PSOE. O debería serlo al menos, atendiendo a su filiación socialdemócrata y a su viejo respeto por la Constitución y el Estado de derecho. Pero de los 121 que integran el grupo y que amparan esa proposición de ley de amnistía, ninguno va a abstenerse o a votar en contra mañana. Ninguno hará lo que Pedro Bofill, exdirector de <i>El Socialista</i>, les pedía hace unos días en una entrevista en <i>El Español</i>: votar en conciencia y rechazar de este modo la amnistía. Aunque nadie podría impedirles hacerlo, tienen todos y cada uno la voluntad comprada. De su obediencia ciega al partido –o, si lo prefieren, al dictado del líder– depende su futuro político, lo que muy a menudo es también su futuro económico. Y eso que existe un precedente en el propio PSOE del voto en conciencia. En octubre de 2016, quince diputados del Grupo Parlamentario se negaron a secundar la decisión de la Gestora de abstenerse, tras el rocambolesco Comité Federal que descabalgó a Sánchez de la secretaría general. Para justificar su voto en conciencia, su no al candidato del PP, adujeron que se habían presentado a las elecciones con el compromiso de no hacer presidente a Mariano Rajoy.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Pero hay otro factor de cohesión del grupo parlamentario que no se daba hace siete años –o no con semejante intensidad, al menos– y sí se da en estos momentos: el meramente ideológico. El odio visceral a la derecha. A la derecha como un todo –si se exceptúa, claro, la blanqueada por el nacionalismo–, una derecha a la que hay que odiar y combatir por principio, recurriendo, si cabe, a falsear la realidad pasada y presente, en una lucha que se ha convertido ya, a estas alturas, en la única razón de ser del PSOE. Y, para muestra, lo que va de ayer a hoy. Si entonces una quincena de diputados alegaron que votaban en conciencia para no traicionar el programa con que el partido había concurrido a las elecciones, ahora, aun cuando el partido hubiera proclamado a los cuatro vientos antes del 23 de julio que no habría amnistía, ya ven dónde estamos. Prietas las filas y con la conciencia por los suelos. Ya lo advirtió Jean-François Revel a comienzos de siglo: “La ideología es una máquina de rechazar los hechos siempre que estos puedan obligarla a cualquier modificación. Sirve también para inventarlos, siempre que estas invenciones sean necesarias para perseverar en el error”.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2023-11-15/votar-conciencia/">(The Objective, 15 de noviembre de 2023)</a></i></span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-32750899965808634762023-11-08T23:00:00.001+01:002023-11-09T20:10:32.673+01:00Y también dos huevos duros<div><span style="font-size: medium;">Comprendo el desasosiego de tantos y tantos ciudadanos ante la situación política presente. Es más, lo comparto plenamente. Que el Gobierno de España en funciones, el gobierno que a todos representa, nos guste o no, depare cada día de forma directa o por vía interpuesta un espectáculo tan grotesco, vergonzoso y humillante, resulta difícil de soportar. Los últimos movimientos para lograr la investidura del candidato Sánchez están mucho más cerca del esperpento que de lo que cabría esperar de una negociación mínimamente formal, lo cual añade, si cabe, aún mayor gravedad al momento. Súmese a lo anterior, en el orden de lo esperpéntico, la rusticidad en las formas y la carencia de luces de la tercera autoridad del Estado, la socialista mallorquina que preside el Congreso de los Diputados, y se entenderá el grado de bochorno exhibido por quienes hoy nos gobiernan y representan. </span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">En cuantas ocasiones el actual secretario general del PSOE ha alcanzado la presidencia del gobierno, lo ha hecho a costa de ir cediendo a las exigencias de la izquierda radical y los nacionalismos en sus respectivas locuras identitarias. Vistas en perspectiva, esas cesiones han seguido una progresión más geométrica que aritmética. A medida que Sánchez ha ido necesitando sus votos –no sólo ya para su investidura; también para aprobar los presupuestos y las distintas leyes, algunas tan trascendentes como la enésima de educación, la mal llamada de memoria democrática o las no menos mal llamadas de libertad sexual–, los cachos de legalidad a los que ha ido renunciando el Gobierno del Estado en beneficio de los intereses espurios y privativos de determinados colectivos minoritarios se han multiplicado. Pero, aun así, lo vivido estos días no tiene precedentes.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Habrán visto seguramente esa pequeña maravilla cinematográfica de los Hermanos Marx titulada <i>Una noche en la ópera.</i> De ser así, seguro que recuerdan la famosa escena del camarote. Justo antes de que en este se vayan amontonando toda clase de personajes, Groucho, de pie en el pasillo, llama al camarero y le indica qué desea para cenar: “Dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua, dos en tortilla…” De pronto, se oye a Chico –que viaja, lo mismo que Harpo, escondido en el compartimento– exclamar: “¡Y también dos huevos duros!”. Groucho se lo repite al camarero, que va tomando nota, y entonces resuena un trompetazo de Harpo, lo cual lleva a Groucho a rectificar y a decirle al camarero: “En vez de dos pon tres”. La escena, lejos de terminar ahí, se va alargando con nuevas peticiones y nuevos trompetazos, como si no fuera a tener fin.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Ese gag se ajusta de modo bastante certero a la imagen que están trasladando las negociaciones de los independentistas de Junts y ERC con el PSOE, o sea, a las exigencias de todo tipo a que los primeros someten al segundo para lograr sus fines y a las renuncias de todo tipo a que el segundo está dispuesto para conseguir su objetivo. Con la diferencia, claro, de que aquí no estamos ante ninguna ficción. Al igual que el camarero de la película, lo mismo el secretario de Organización socialista Cerdán con Puigdemont que el ministro de la Presidencia Bolaños con Junqueras se limitan a ir tomando nota de lo que sus interlocutores les exigen y a concederlo, ya sea la amnistía –queda por ver si total o parcial–, la oficialidad de las lenguas cooficiales –de momento sólo en el Congreso–, las condonaciones de deuda pública o el traspaso a la Generalidad catalana de la red territorial de Cercanías. Pero Puigdemont y Junqueras, aparte de laminar el Estado del que aspiran a separarse, también compiten entre sí. Por una cuestión de huevos. Quien logre más que el otro y sea capaz de venderlo como un éxito entre los votantes de la región tendrá muchos puntos para ser, en 2025 o antes, el nuevo presidente de la Generalidad.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Pero, por suerte, las recientes actuaciones del CGPJ y de los jueces de la Audiencia Nacional demuestran que el Poder Judicial no está dispuesto a dar su brazo a torcer en defensa del imperio de la ley por muchas interferencias que reciba por parte de los demás poderes. Ni tampoco los ciudadanos que se manifiestan en las calles y allí donde haga falta en defensa de la igualdad y la libertad del conjunto de los españoles. Ni lo está, por supuesto, la Corona en su empeño por preservar la continuidad de nuestro Estado de derecho, encarnado desde 1978 en la Constitución que la heredera del trono acaba precisamente de jurar.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2023-11-08/tambien-dos-huevos-duros/">(The Objective, 8 de noviembre de 2023)</a></i></span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-26441885369810720962023-11-01T23:00:00.001+01:002023-11-02T10:10:01.386+01:00Baleares y las trampas del lenguaje político<div><span style="font-size: medium;">La presidenta del Gobierno Balear, Marga Prohens, ha asegurado que tanto el Estatuto de Autonomía como la propia legislación educativa “no permiten que haya segregación” en la enseñanza. Lleva razón. Segregar es marginar, relegar, perjudicar. Es decir, apartar con fines lesivos a una persona o a un grupo de personas del resto. Y en ningún renglón legal se prescribe que alguien pueda o deba sufrir un castigo de esta índole por motivos que no sean los estrictamente disciplinarios. Prohens también ha afirmado que, a ella en particular, el término <i>segregación</i> no le gusta, y menos para referirse a la lengua. Ocurre, sin embargo, que este es el término acuñado por la oposición social-nacionalista balear para referirse, tras posponerle el adjetivo lingüística, a eso que otros denominan <i>libre elección de lengua</i>. Y el término que replican los medios de comunicación públicos y subvencionados; los miembros más ideologizados del lobby educativo, tanto si pertenecen al profesorado o al alumnado como a los padres de alumnos; las entidades o asociaciones que viven del fomento de las llamadas “lengua y cultura” propias y del dinero público; y, en fin, a poco que se despisten, algunos concejales y diputados del mismísimo Partido Popular. Sólo los de Vox están curados de espanto y reivindican la <i>libre elección de lengua</i>, aunque tampoco sepan muy bien cómo llevarla a la práctica en el sistema educativo insular.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Hace un par de semanas, lo recordarán sin duda, el Parlamento autonómico no pudo aprobar el techo de gasto para el próximo ejercicio al negarle Vox al PP los escaños que precisaba para ello. El motivo no eran los grandes números, por descontado, sino las discrepancias entre las dos formaciones con respecto al ritmo de aplicación de la libre elección de lengua en la enseñanza pública. Cuando ambas firmaron a finales de junio el acuerdo de gobierno, se comprometieron a garantizar el derecho a elegir libremente la primera lengua de escolarización y a extenderlo a “todas las etapas educativas antes de acabar la legislatura, sin excluir ninguna de las lenguas cooficiales”. Lo que no fijaron fue el ritmo de aplicación. Y el PP, que es quien gobierna, lo quiere lento y gradual, con un calendario lo más inconcreto posible, mientras que Vox aspira a que sea justo lo contrario. En todo caso, el punto de encuentro debe producirse de un modo u otro esta misma semana, para que en la siguiente pueda aprobarse el techo de gasto y antes de fin de año los presupuestos. Y para que, por primera vez, una de las comunidades autónomas donde los gobiernos de izquierda y nacionalistas han impuesto un modelo de inmersión lingüística disponga de una planificación plausible para revertir dicho modelo y para que los ciudadanos que en ella residen empiecen a tener garantizado su derecho a la libre elección de lengua.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Que no resultará fácil, sobra añadirlo. Baste indicar que las fuerzas de choque opositoras ya velan sus armas, prestas a salir a la calle para defender lo que consideran su coto privado: la educación y su forma de concebirla. Con todo, el episodio no sólo debería servir para que el centro derecha insular, tras ganar limpia y holgadamente las elecciones autonómicas, ejerza el derecho a aplicar lo que las formaciones que lo componen llevaban en sus programas respectivos y acordaron en el acuerdo de gobierno que suscribieron, sino también para combatir la falacia en que se asienta el concepto de <i>segregación lingüística</i>. Para que exista segregación, tendría que darse previamente un conjunto, un todo, al que se priva de una parte, lo que no es ni puede ser el caso. A nadie se le ocurriría decir que los alumnos de un centro están segregados con respecto a los de otro centro simplemente porque no caben todos en el mismo centro. Tampoco que lo están los de un determinado nivel, porque el exceso de alumnado ha obligado al centro a dividir los de una misma edad en más de un grupo. Que el derecho a la libre elección lleve a crear más de una línea, una con la lengua oficial como primera lengua y la cooficial como segunda y otra en que la prelación sea la inversa no atenta contra derecho alguno; al contrario, garantiza el de los padres a escoger la fórmula que más les convenga. Lo que sí conlleva es una complicación organizativa y una partida presupuestaria mucho mayores para la Administración. Pero para eso está la Administración, ¿no?</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">En realidad, para hablar de segregación como hacen la izquierda y el nacionalismo tiene que haber habido con anterioridad imposición. Y no la del franquismo, como sostienen sus voceros, sino la que ellos mismos han practicado en plena democracia con la inmersión lingüística obligatoria en la lengua cooficial correspondiente. Visto así, no hay duda de que su tan cacareada segregación no es más que un bendito ejercicio de libertad.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2023-11-01/baleares-trampas-lenguaje-politico/">(The Objective, 1 de noviembre de 2023)</a></i></span></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-87705100748807476732023-10-25T23:00:00.001+02:002023-10-26T14:24:12.581+02:00La reeducación familiar<div><span style="font-size: medium;">La palabra <i>educación</i> ha sufrido a lo largo del último medio siglo, año más, año menos, un progresivo desplazamiento semántico del ámbito familiar, que le era propio, al escolar. En paralelo, lo que era característico de la escuela, la enseñanza, entendida como la entendía Rafael Sánchez Ferlosio –o sea, como el proceso de adaptación de los estudiantes “a las impersonales condiciones de los conocimientos” y no de los conocimientos “a las idiosincrasias o condiciones personales de los estudiantes”–, ha ido diluyéndose, cuando no desapareciendo, en los programas de las asignaturas, en beneficio de un sinfín de aderezos pedagógicos presuntamente formativos. Lo que los padres han desistido en buena medida de hacer por convicción, comodidad o imposibilidad, es decir, educar a sus hijos en casa, lo hace hoy en día la escuela mediante una labor de suplencia que está produciendo ya sus efectos. En los hijos, claro, pero también en los padres.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Los movimientos de renovación pedagógica que han girado como un calcetín la enseñanza pública de este país emulando en el procedimiento a sus homólogos del otro lado de los Pirineos –a quienes Jean-François Revel acusaba ya en 1988 de traicionar el oficio confundiendo la enseñanza con el adoctrinamiento– se han cebado en particular en el principio de jerarquía. El que se establecía entre profesores de secundaria y maestros atendiendo a la titulación acreditada; el que regía entre los propios estudiantes mediante las calificaciones numéricas o el requisito de aprobar para promocionar de curso, y, en fin, el que se daba en las relaciones en el aula entre el enseñante y sus alumnos, reflejado en los tratamientos utilizados –del usted al tú– y en el respeto en general. El igualitarismo, tan caro a la ideología izquierdista que subyace en estos movimientos, ha tendido a minar la autoridad de la figura del profesor, privada del reconocimiento y el prestigio que confiere ser depositario de un saber que los alumnos deben adquirir.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Pero ese vacío en el área de los contenidos ha sido rellenado con otros materiales. Aparte de los meramente pedagógicos, a los que ya he aludido, están los relacionados con el adoctrinamiento. Por supuesto, en aquellas partes de España donde gobierna el nacionalismo, con el adoctrinamiento de corte esencialista: fomento de la lengua, la cultura y la historia privativas y rechazo, tergiversación u olvido de cuanto nos une como españoles, empezando por la lengua. Los libros de texto al uso, en especial en secundaria y bachillerato, dan fe de ello. Y no digamos ya el entorno de tantos centros docentes, con sus actividades extraescolares debidamente escogidas y las movilizaciones emprendidas cada vez que desde instancias superiores, políticas o educativas, han tocado a rebato.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Con todo, existe una modalidad de adoctrinamiento a la que no se suele prestar tanta atención y que afecta a todos los ciudadanos por igual, residan donde residan del territorio. Me refiero a la que guarda relación con eso que llaman el desarrollo sostenible o, si lo prefieren, la Agenda 2030. Su proyección en el ámbito escolar desde la más tierna infancia y su posterior implementación a lo largo de las distintas etapas educativas va mucho más allá de las cuatro paredes del aula. El niño y el adolescente trasladan esas inquietudes, como es lógico, al ámbito familiar. Lo cual no tiene por qué ser malo. Que sus padres tengan acceso a dicha información mediante los medios de comunicación o las campañas promovidas por la Administración o que les llegue a través de aquello que los propios hijos han aprendido y asimilado en la escuela o el instituto debería ser, en principio, lo de menos. Pero no es así. Porque en el caso de los hijos los consejos y pautas en cuestiones de salud, de alimentación, de consumo, de energía o de medio ambiente tienen un cariz más imperativo en la medida en que se transmiten debidamente aliñados por la palabra del maestro. No es sólo una opinión lo que les trasladan; son casi unas tablas de la ley.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Ese sesgo, a la larga, no influye únicamente en la educación de los jóvenes. También en la de sus progenitores. Los padres, caso de discrepar, tenderán a buscar puntos de encuentro con sus vástagos. Al fin y al cabo, hay que convivir. Y, si es preciso, se dejarán convencer de que merece la pena hacer esto y dejar de hacer aquello por el bien y la salvaguarda del planeta, por más que abriguen serias dudas sobre su eficacia o incluso sobre la razón de ser de la medida. Ellos ya no educan a sus hijos como antes. Lo hace la escuela en su lugar. Y en casa son cada vez más los hijos quienes reeducan, para bien o para mal, a sus padres. </span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2023-10-25/reeducacion-familiar/">(The Objective, 25 de octubre de 2023)</a></i></span></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-5439908769586462262023-10-18T23:00:00.001+02:002023-10-19T13:30:50.319+02:00Memorias profanadas<div><span style="font-size: medium;">Se preguntaba aquí Antonio Caño este lunes por la sonrisa del presidente del Gobierno en su posado con los dirigentes de Bildu y, en concreto, con su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurúa. Le parecía, con toda la razón, que ya que sus intereses particulares y de partido le habían llevado a reunirse con los herederos de ETA –la propia Aizpurúa fue condenada en 1984 por hacer apología de la banda terrorista–, lo mínimo que podía exigírsele era cierta contención, un gesto “serio y circunspecto”, dada la identidad de quien le acompañaba en la foto. Pero nada, ni por esas. La sonrisa de Pedro Sánchez era tan franca para su interlocutora como hiriente para cuantos españoles han defendido a lo largo de cerca de medio siglo el Estado de derecho y las libertades en él consagradas, y, en especial, para la memoria de quienes han sido víctimas, en un grado u otro, de la violencia de ETA.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">En <i>Salir de la noche</i> (Libros del Asteroide, 2023) Mario Calabresi, hijo de un comisario de policía asesinado en Milán en 1972 por militantes de la organización de extrema izquierda Lotta Continua, narra lo que fueron aquellos años de plomo en Italia y, en particular, lo que fue para él y su familia, al tiempo que para otros familiares de víctimas del terrorismo, conllevar en lo sucesivo aquel duelo. “Hay que empezar por las víctimas –escribe–, por su memoria y por su necesidad de llegar a la verdad. ‘Hacerse cargo’ es la expresión clave. Hacerse cargo de las peticiones de justicia, de asistencia, de ayuda y de sensibilidad”. Y emplaza en dicha tarea no sólo a las instituciones y los políticos, sino también a los medios de comunicación y a la sociedad civil. Calabresi también reproduce en el libro, a modo de pauta moral y cívica, las palabras de 2007 de Giorgio Napolitano, entonces presidente de la República Italiana: “La legítima reintegración en la sociedad de los culpables de actos de terrorismo que hayan saldado sus deudas con la justicia debería traducirse en el reconocimiento explícito de la injustificable naturaleza criminal del ataque terrorista contra el Estado y sus representantes y servidores, y debería ir acompañada por conductas públicas inspiradas en la máxima discreción y mesura”.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Sobra añadir, creo, que para cualquier lector español de <i>Salir de la noche</i> resulta imposible eludir la asociación de lo narrado en el libro con lo que supuso en aquella misma época y hasta hace algo más de una década el terrorismo de ETA y con lo que siguen suponiendo hoy en día sus secuelas para sus víctimas, familiares y allegados. Unas secuelas que incluyen la impunidad con que sus herederos, encuadrados en EH Bildu, actúan en el País Vasco. Dejemos a un lado los múltiples <i>ongietorri</i> dispensados en los últimos años a los presos etarras tras salir de la cárcel y ciñámonos a lo más reciente. El pasado 6 de octubre, como sin duda conocen, la tumba de Fernando Buesa en el cementerio de Vitoria fue profanada con pintura y heces. Pues bien, el ultraje a la memoria del dirigente socialista alavés asesinado por la banda terrorista en 2000 junto a su escolta mereció una declaración institucional de condena suscrita por todos los grupos políticos representados actualmente en el Ayuntamiento de Vitoria, excepto Bildu. Esa negativa fue compensada en parte por el rechazo al atentado expresado por Arnaldo Otegi, pero evidenció a su vez que las juventudes de Bildu, tal y como advirtió Mikel Buesa al día siguiente en la Cope, campan a sus anchas y sin control alguno por el País Vasco, necesitadas como están de violencia.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Todo ello no constituiría mayor sorpresa –no es la primera vez que la tumba de Fernando Buesa es profanada, recordaba su hermano Mikel–, si no fuera por lo que significan la foto y la sonrisa a las que aludíamos al principio. Había transcurrido justo una semana desde el ultraje en el cementerio vitoriano a la memoria de un correligionario del presidente Sánchez, pero ello no le impidió posar con los herederos de los asesinos del dirigente vasco a fin de allanar un acuerdo de investidura que le garantice su permanencia en el poder. Y encima, sonriendo.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2023-10-18/memorias-profanadas/">(The Objective, 18 de octubre de 2023)</a></i></span></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-86500977298913373412023-10-12T00:00:00.001+02:002023-10-12T11:55:44.508+02:00Nuestros antisemitas<div>“El nuevo antisemitismo (…) adopta la apariencia de antisionismo de izquierda. (…). El antisionismo parte de una premisa explícita: el sionismo es una forma de racismo. Tal es el principio que adquirió consistencia dogmática en el sínodo progresista de Durban y que, con carácter de axioma, fundamenta la lógica persecutoria que, una vez probada en el laboratorio francés, se exporta a todos los rincones de Europa por medio de los movimientos antisistema. La ecuación <i>sionismo = racismo</i>, con todo, no es europea en origen, sino árabe. El hecho de que buena parte de la izquierda europea se la haya apropiado admite, por supuesto, una serie de explicaciones parciales: la obsesión de las vanguardias europeístas por desprenderse de un pasado nacionalista, imperialista y racista y la correlativa denegación de la singularidad del Holocausto; el antiamericanismo de las izquierdas europeas en general y de la derecha francesa en particular, que se proyecta fatalmente sobre Israel, o un tercermundismo estúpido traducido en autodenigración masoquista (…). Pero, más allá de estos factores, todos ellos alarmantes, la asimilación del antisionismo árabe constituye un índice inequívoco de la <i>islamización</i> de la izquierda occidental, huérfana de las distintas ideologías colectivistas emanadas del marxismo, y que encuentra ahora en el islam un trasunto vivo del ideal comunista.”</div><div><br /></div><div>Estas palabras de Jon Juaristi, pertenecientes al arranque del prólogo que escribió para la versión española del ensayo de Alain Finkielkraut <i>Au nom de l’autre</i> (<i>En el nombre del otro</i>, Seix Barral, 2005), deberían bastar para entender la reacción de la izquierda española ante la bárbara razia perpetrada el pasado sábado por Hamás contra la población civil israelí. Es verdad que la respuesta no ha sido monocorde. No todas las fuerzas políticas de izquierda han reaccionado igual, no todos los dirigentes de cada una de ellas han coincidido entre sí, no todos han mantenido con el paso de las horas el mismo criterio. Así, por ceñirnos a los miembros del Ejecutivo, resulta llamativo el contraste entre, de una parte, la evasiva inicial del presidente Sánchez y las declaraciones del ministro Albares calificando sin ambages lo sucedido de “terrorismo” y, de otra, el mensaje de la vicepresidenta Díaz parapetándose tras la acostumbrada equidistancia de la “solidaridad con todas las víctimas”. Claro que, al tiempo, fuentes del propio Ministerio de Exteriores se han referido al “ataque de Gaza a Israel”, mediante una equiparación que confiere rango de Estado al territorio palestino controlado por Hamás y contribuye de paso a disolver, o como mínimo atenuar, el carácter terrorista de la acción. (También el diario <i>El País</i> ha recurrido en su edición digital a una fórmula semejante como epígrafe, “Guerra entre Israel y Gaza”, que deja entrever la misma igualación.)</div><div><br /></div><div>Por supuesto, quien se sumerja en lo dicho y redicho en las últimas horas por insignes comunistas como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Enrique Santiago podrá comprobar qué niveles de odio y abyección son capaces de alcanzar y propagar nuestros antisemitas particulares. (En el caso de la también comunista Yolanda Díaz su aparente contención se explica tan sólo por el cargo que ocupa, ni que sea en funciones, en el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.) Sin olvidar, claro, a no pocos opinadores presuntamente expertos en la materia, que se afanan estos días por justificar en los medios de comunicación las acciones terroristas de Hamás como un acto de legítima defensa ante el supuesto “terrorismo de Estado” del Gobierno de Israel. </div><div><br /></div><div>Todo ello confirma hasta qué punto sigue vigente lo que Juaristi denunciaba hace cerca de veinte años en su prólogo al libro de Finkielkraut. La islamización de la izquierda occidental, reencarnación, a través del antisionismo árabe, del viejo antisemitismo europeo, es uno más de los <i>ismos</i> que caracterizan a esa izquierda. Hay que poner, pues, el nuevo antisemitismo en el mismo saco identitario que el nacionalismo separatista, el activismo de género o el ecologismo radical. Como ocurre con las demás formas de identitarismo, no faltan las asociaciones, entidades sociales y oenegés dispuestas a abanderar su credo, disfrazado de humanitarismo antirracista, y a recibir de las administraciones públicas –gobernadas en general, aunque no siempre, por la izquierda y los nacionalismos– los recursos económicos necesarios para desarrollar su actividad.</div><div><br /></div><div>En sus años de alcaldesa de Barcelona Ada Colau destacó en la labor de fomentar y acrecentar dicha política subvencionadora. No es de extrañar que la rematara, poco antes de perder el sillón, con la suspensión temporal de las relaciones institucionales del Ayuntamiento barcelonés con Israel, lo que suponía congelar también el hermanamiento del Consistorio con la institución homóloga de Tel Aviv. Se lo había pedido, adujo, un centenar de asociaciones y entidades de la ciudad en protesta por el “<i>apartheid</i> contra el pueblo palestino” y ella no podía negárselo. Tanto más cuanto las había amamantado ella misma y dependía de sus votos para revalidar la Alcaldía. Y aun así, mira por dónde, terminó quedándose sin ella.</div><div><br /></div><div><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2023-10-11/antisemitas-israel-gaza/">(The Objective, 11 de octubre de 2023)</a></i></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-44157973911702663442023-10-04T23:00:00.001+02:002023-10-06T10:07:09.072+02:008 de octubre, domingo<div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">El próximo domingo se cumplen seis años, con sus correspondientes domingos, de aquel 8 de octubre de 2017. Las razones por las que un millón de personas desbordaron entonces las calles de Barcelona –el diputado regional Lluís Llach, exudando su contrastada xenofobia, las había bautizado ya la víspera con el expresivo nombre de “buitres”– son las mismas por las que el próximo domingo van a manifestarse en la ciudad decenas o cientos de miles de personas. Menos, en todo caso, que en 2017, entre otros motivos porque este 8 de octubre los socialistas del lugar, fieles a su nacionalismo de cuna y a su vínculo con el PSOE de Sánchez –o sea, al odio segregado contra la derecha–, no van a movilizar a sus partidarios en defensa del Estado de derecho.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Decía que las razones son las mismas y debería haber añadido que la situación política es infinitamente peor. Entonces veníamos, sí, de un intento de golpe de Estado concretado en las llamadas “leyes de desconexión” aprobadas por la mayoría independentista del Parlamento regional y suspendidas al poco por el Tribunal Constitucional, y de un referéndum ilegal de autodeterminación saldado con el fracaso de los convocantes. Pero el martes siguiente el Rey de España se había dirigido a la Nación y, en particular, a cuantos ciudadanos de Cataluña se sentían parte integrante de ella –más del 50% de la población según los sondeos de la época– para mostrarles su apoyo y su cariño y asegurarles, en suma, que no estaban solos. La manifestación de aquel 8 de octubre fue, en definitiva, la expresión multitudinaria de la fortaleza del Estado de derecho y los poderes que lo componen.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Seis años más tarde, esa fortaleza está en entredicho. Quienes salgan a la calle el domingo respondiendo a la convocatoria de Sociedad Civil Catalana y al llamamiento de las distintas entidades cívicas y partidos políticos que la secundan no van a contar con el sostén del poder ejecutivo ni de medio legislativo. En lo que respecta al poder judicial, está por ver qué papel jugará el Constitucional cuando le toque –en el supuesto de que llegue a tocarle– pronunciarse sobre esa amnistía de momento no nata. Lo que tendrán enfrente esos manifestantes, además de a un gobierno autonómico independentista, es a un gobierno del Estado y a una mayoría provisional del Congreso de los Diputados dispuestos a pactar con el independentismo lo que haga falta con tal de que Pedro Sánchez conserve el poder. La primera evidencia de esa sumisión del todo a la parte fue la decisión tomada por la Mesa del Congreso cuando aprobó una modificación del reglamento para que sus señorías pudieran expresarse en lo sucesivo en cualquier lengua cooficial en el ejercicio de sus labores parlamentarias. ¿Cómo no sentirse menospreciado como ciudadano residente en Cataluña –o en Baleares, Comunidad Valenciana o País Vasco– al contrastar esos derechos lingüísticos de los que se ha revestido a sus representantes en la Cámara Baja, cediendo a las exigencias de un prófugo, con la imposibilidad de escolarizar a sus hijos en sus respectivos territorios en la lengua oficial del Estado?</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Los manifestantes del próximo 8 de octubre, al igual que los de hace seis años, son “los otros”. Descontando a quienes vayan a desplazarse desde otras partes de España y cuya presencia en la manifestación resulta esencial para poner de relieve que lo que está en juego no es ni puede ser jamás un problema estrictamente catalán, ni menos aún, como pretende el fugado, un problema de “Cataluña con España” y para descartar que una forma de salir del atascadero sea, como sostienen algunos presuntos ilustrados, permitir a los independentistas separar Cataluña del resto de España; descontando, en suma, esa muestra de solidaridad con los catalanes que también son y se sienten españoles, lo importante del domingo son las víctimas de la ignominia, estén o no estén presentes en la manifestación. Me refiero, claro, a los que llevan décadas y décadas aguantando el ninguneo al que les somete el nacionalismo con la complicidad, interesada o indolente, de los sucesivos gobiernos del Estado porque se resisten a abrazar la causa identitaria. Un ninguneo que no se limita al pisoteo de sus derechos lingüísticos en el mundo educativo o en el campo institucional, sino que se extiende a cuantos ámbitos –y su número no para de crecer– han sido colonizados por el nacionalismo.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Por ellos, por esos españoles sin amparo, hay que movilizarse sobre todo el domingo. Para tratar de impedir que una futura amnistía a quienes delinquieron y prometen volver a hacerlo no venga a sumarse a las afrentas ya sufridas y no se sientan, pues, además de cornudos, apaleados. O, como reza el lema de la marcha, para que ni la amnistía ni la autodeterminación sean en su nombre. Ni en el nuestro.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2023-10-04/8-octubre-domingo/">(The Objective, 4 de octubre de 2023)</a></i></span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div>Unknownnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2567477185853819196.post-61770724586663148092023-09-27T23:00:00.001+02:002023-09-28T11:05:39.943+02:00Una investidura de futuro<div><span style="font-size: medium;">Esta investidura que empezó ayer y terminará previsiblemente pasado mañana sin que el candidato haya logrado el propósito de ser investido presidente del Gobierno ha estado marcada desde el principio por la sombra de la bastardía. Desde la misma noche electoral, Pedro Sánchez y sus palmeros, sean estos del propio PSOE o de Sumar, se han entregado –con el comprensible beneplácito de toda la pléyade de nacionalismos peninsulares, siempre prestos a echar una mano al sátrapa a cambio de una buena tajada presupuestaria, competencial o incluso penal– a la tarea de deslegitimar a Alberto Núñez Feijóo como aspirante a presidir el Gobierno de la Nación. Poco ha importado que el PP fuera el 23-J la fuerza política más votada o que el Jefe del Estado hubiera designado a Feijóo para la investidura atendiendo a la costumbre de proponer al ganador de las elecciones y tanto más cuando, según el comunicado emitido el pasado 22 de agosto por la Casa del Rey, “no se ha constatado a día de hoy la existencia de una mayoría suficiente para la investidura que, en su caso, hiciera decaer esa costumbre”. Poco ha importado, decía, porque Sánchez se había investido ya a sí mismo y todo el resto –incluso la palabra de Felipe VI– estaba de más.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">De ahí que la actual investidura haya sido calificada por el presidente en funciones y sus huestes de intolerable pérdida de tiempo. Si ya se conoce el desenlace del proceso, o sea, la inexorable victoria final de Sánchez en su afán por perpetuarse en el poder, han venido a decir, ¿a qué retrasarlo de forma absurda con ese amago del candidato popular condenado ineluctablemente al fracaso? Pero dicho lamento era, como todo lo demás, un trampantojo. Porque, en verdad, ese tiempo supuestamente perdido ha sido aprovechado por la mayoría gubernamental en funciones para preparar el terreno de la más que probable segunda investidura. O, si lo prefieren, para empezar a hacer realidad las exigencias que el socio imprescindible de Pedro Sánchez, el prófugo Puigdemont, ha puesto sobre la mesa y quiere ver satisfechas antes de garantizar su apoyo.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Sea como sea, Feijóo salió ayer airoso del envite. Su discurso correspondió al de un candidato a la investidura, aunque esta no vaya a saldarse presumiblemente con el éxito. Lo suyo fue, pues, una inversión de futuro. Mal que le pese a Aitor Esteban, el portavoz del PNV, que reprochaba a Feijóo, cuando este llevaba media hora de discurso, haber convertido su intervención en una moción de censura –opinión refrendada por cierto por Oskar Matute, el portavoz de EH Bildu–, era imposible esbozar un programa de gobierno sin censurar a un tiempo los efectos de los cinco largos años de gobernanza de Sánchez. Porque cuando uno se enfrenta al desmembramiento de un país, a la erosión de sus instituciones, al destrozo de la convivencia entre españoles, su primera obligación, tanto política como moral, es denunciarlo y comprometerse a enmendar esa herencia si logra el propósito de ser investido.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Pero dicha reivindicación de los valores de la Transición por contraste con la política llevada a cabo por quien no ha tenido empacho alguno en irlos pisoteando uno a uno con contumacia no ha sido obstáculo para que el candidato ofreciera también a los españoles a través de sus legítimos representantes las líneas maestras de un programa de gobierno. Por decirlo en términos deportivos, unas reglas del juego enmarcadas por los límites del terreno de juego, que no son otros que los que emanan de la Constitución y se concretan en el imperio de la ley. Unas reglas que garanticen la continuidad democrática, puesta en entredicho por los gobierno de Sánchez, y que preserven los derechos de las personas ante quienes aspiran a anteponerles supuestos derechos territoriales. Entre los pactos de Estado enunciados y sometidos a la consideración de las fuerzas políticas están muchas de las reformas de calado que necesita este país para no volver a caer en el pozo. Sólo es de lamentar que Feijóo no haya mencionado entre esas reformas la de la ley electoral, a la que los dos grandes partidos nacionales han sido siempre, por desgracia, renuentes.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;">Y como si el discurso del candidato necesitara ser corroborado allí mismo por los hechos, la decisión de Sánchez de designar a Óscar Puente para que diera la réplica a Feijóo en nombre del Partido Socialista constituyó un reflejo elocuente de la falta de respeto, el desprecio y el endiosamiento de quien no atiende ni atenderá jamás a razones pues se cree por encima de bien y del mal.</span></div><div><span style="font-size: medium;"><br /></span></div><div><span style="font-size: medium;"><i><a href="https://theobjective.com/elsubjetivo/opinion/2023-09-27/investidura-futuro/">(The Objective, 27 de septiembre de 2023)</a></i></span></div>Unknownnoreply@blogger.com