El armario empotrado de la corrupción del sanchismo

El juicio en el Supremo del llamado caso mascarillas ha coincidido felizmente en el tiempo con la aparición de Todos los hombres de Sánchez (Deusto, 2026), el libro de Ketty Garat sobre la trama de corrupción urdida a la sombra del poder durante el sanchismo y cuyos pormenores lleva años publicando, la gran mayoría en primicia, este periódico. Y digo felizmente, porque dicha coincidencia ha permitido al lector del libro seguir el desarrollo del juicio no sólo a través de las crónicas que ofrecían a diario los medios, sino también con la ayuda de un material de excepción, como quien escucha una ópera habiendo leído el libreto y teniendo a mano la ficha artística. Con todo, del mismo modo que el caso mascarillas no es el único que va a sentar en el banquillo a los hombres de Sánchez –están en lista de espera los casos Begoña, Hermanísimo, Servinabar, Plus Ultra, Air Europa, hidrocarburos, Leire Díez y, con toda probabilidad, PSOE–, el libro de Garat no se limita a reunir en volumen, debidamente fundidas en un nuevo relato, las crónicas que la propia autora había ido publicando en The Objective; también anticipa las nuevas. Para comprobarlo, basta leer las noticias con que este periódico ha abierto estos últimos días su edición. Todos los hombres de Sánchez constituye, en este sentido, el armario empotrado de la corrupción del sanchismo.

Lo que uno halla en sus páginas es eso que en periodismo se llama el qué: los hechos, sus circunstancias. Y como complemento necesario, el quién y el cómo. La verdad, en una palabra. Y en caso de que la búsqueda no alcance a despejar alguno de esos interrogantes, ni que sea pocas veces, el reconocimiento sin peros ni trampantojos del fracaso. De la lectura del libro se derivan, por otra parte, relaciones que el carácter forzosamente fragmentario de las noticias en el momento de su publicación impedía establecer. Por poner un ejemplo –algo bufo, lo reconozco–: Koldo prodigaba el apelativo “cariño” lo mismo a la entonces presidenta del Gobierno Balear, Francina Armengol, que a las prostitutas con las que convivía o intimaba el ministro, sin que de ello quepa inferir, por supuesto, equiparación alguna entre sus respectivos quehaceres.

Acabo de referirme al carácter forzosamente fragmentario de las noticias y conviene precisar. A menudo esa fragmentación era voluntaria, fruto de una estrategia del propio medio y, en general, del oficio. Si el material de que disponía lo exigía, la autora lo parcelaba en distintas entregas, que The Objective publicaba en días sucesivos o muy cercanos en el tiempo. Ella misma afirma que estuvo dos años enteros sin publicar nada, dedicada tan sólo a investigar y a asegurar la solidez de la información que iba acaudalando –siempre con el temor, eso sí, de levantar la liebre y de que alguien de la competencia pudiera robarle la exclusiva–. De ahí que el material a su disposición, al que se añadían nuevos hallazgos, diera tanto de sí y durante tanto tiempo. Y siga dándolo, claro.

Pero hay otro cómo en Todos los hombres de Sánchez, aparte del perteneciente al canon periodístico –por más que muchas veces se solapen–. Me refiero a la factura misma del libro, a cómo está hecho. La adopción del punto de vista en primera persona constituye sin duda un acierto. De un lado, permite a Garat ir narrando paso a paso la investigación en curso, no exenta de amenazas –a la propia autora y al medio donde escribe–, silencios y juego sucio por parte de no pocos compañeros de profesión, prestos a obstaculizar el afloramiento de todo aquello que el poder no quiere que aflore. De otro lado, facilita la intercalación en el relato de consideraciones sobre el oficio, sus grandezas y sus miserias –como la de comprobar que los mismos compañeros de otros medios que al principio ignoraban o denostaban lo que uno escribía, se apropian más adelante de esos mismos hallazgos sin reconocer siquiera la autoría de la información–, sus peajes –en particular, el sacrificio que supone para la vida familiar una dedicación exclusiva, como la que requiere el periodismo–, la importancia de ser perseverante, fiel al “quien la sigue la consigue”, por más que a veces no quede más remedio que admitir la derrota. Momentánea al menos, puesto que el paso del tiempo, del mismo modo que a menudo acaba dando la razón, también termina proporcionando en más de una ocasión la pieza que faltaba para completar el puzle.

No sé si continúan existiendo universidades donde se enseña en verdad el periodismo. Pero si tales estudios siguen vigentes, deberían tener como libro de referencia, muy en primer lugar, Todos los hombres de Sánchez. No lo duden.

(The Objective, viernes 8 de mayo de 2026)

La otra prioridad nacional

Como era de prever, la “prioridad nacional”, ese bichito maligno que Vox coló en el “Acuerdo de gobierno” firmado con el PP en Extremadura y que deberá aplicarse al acceso a la vivienda protegida y el alquiler social, así como a la obtención de ayudas públicas; ese bichito maligno, decía, que con toda seguridad va a figurar también en la réplica aragonesa del acuerdo, está dando que hablar. Y que hacer. Que se lo pregunten, si no, a los populares, a lo que este martes faltó tiempo para presentar una enmienda a una moción de Vox y dejar claro que para ellos dicha “prioridad nacional” iba ligada a “un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, al tiempo que “adecuado a la legalidad vigente”, tal y como consta en el documento suscrito entre las partes. Aunque el PP vaya en esta cuestión a remolque de su socio de gobierno, no es cosa de permitir que los de Abascal se cuelguen solitos la medalla. Y, sobre todo, a su manera.

Que existe una contradicción manifiesta entre promover una prioridad de este tipo y adecuarse a la legalidad vigente salta a los ojos, a poco que uno tenga presente el artículo 14 de la Constitución. Pero a ninguno de los firmantes del pacto esa contradicción preocupa lo más mínimo. Lo que hoy se conoce como “ganar el relato” es lo único que cuenta, y para eso ya están las cocinas de los partidos, con sus estrategas y sus gabinetes de comunicación. Como está por supuesto, al otro lado de la zanja y presto a sacar tajada del engendro, el todopoderoso Gobierno de Pedro Sánchez, que por algo dispone de 609 asesores en La Moncloa y una ristra de voceros en los medios subsidiados, tanto públicos como privados.

Se han recordado estos días algunos de los antecedentes de la prioridad de marras, notoriamente la promovida por el Rassemblement National –antes Front National– de Marine Le Pen y Jordan Bardella. Pero se ha hablado en cambio muy poco o nada de otra clase de prioridad nacional que venimos padeciendo la inmensa mayoría de los ciudadanos desde la aprobación de la Constitución y la puesta en marcha de la España de las Autonomías. Me refiero a la que perpetran los nacionalismos periféricos, en especial el vasco y el catalán, para quienes no existe otra nación que la suya ni otra prioridad que laminar poco a poco el armazón del Estado. Aun cuando no afecte a los mismos supuestos contemplados en el pacto extremeño, el impacto de dicha prioridad en los territorios donde el separatismo ha echado raíces resulta tan o más pernicioso. En primer lugar, por su longevidad –medio siglo cumplido–. Y luego, por su carácter transversal y expansivo. Sirviéndose como checkpoint de la lengua que consideran propia, ambos nacionalismos gobernantes han levantado un muro entre los suyos, a los que prioriza, y el resto de los ciudadanos.

Si bien esa prioridad vinculada a la lengua se da en múltiples ámbitos de la sociedad, allí donde cobra más fuerza es en los que dependen directamente de la Administración autonómica. Y, entre estos, el de la educación figura sin duda en primer término. En el País Vasco, por ejemplo, todos los pasos dados por la actual Consejería de Educación van en la línea de ir eliminando el castellano como lengua vehicular de la escuela pública en provecho de una enseñanza impartida únicamente en euskera. Así, esta semana hemos sabido de un colegio público de Guecho donde dejan de ofertar la enseñanza en castellano en educación infantil; a las familias disconformes con la medida, les dan como alternativa escolarizar en otro centro docente a sus pequeños en euskera con la ayuda de un intérprete, y santas pascuas. También en el País Vasco, la universidad pública, cuya denominación oficial había sido hasta ahora bilingüe, en adelante lucirá sólo el nombre en euskera.

El caso de Cataluña es harto conocido. La prioridad nacional viene aplicándose a rajatabla por la Administración educativa desde hace años, hasta el punto de que en la enseñanza pública obligatoria y postobligatoria ha provocado ya la expulsión del castellano como lengua vehicular de todas las aulas. Otra cosa es la universidad, donde la presión gubernamental todavía encuentra resistencia. Por lo demás, la coyuntura migratoria y los apremios de Pedro Sánchez por complacer a Junts, han llevado a Salvador Illa a anunciar que el conocimiento del catalán no será un requisito para obtener el permiso de residencia emitido por la Administración autonómica, pero sí para renovarlo un año más tarde. No era lo que pedía Junts, pero es un paso más en el camino de la imposición de la lengua. Y no precisamente la común.

Sobra añadir, en fin, que esta otra clase de prioridad nacional también se da de bruces con la Constitución. Y, aun así, en lo que llevamos de democracia ningún Gobierno de España se ha empeñado en cumplirla y hacerla cumplir en este punto. ¿Por qué será?

(The Objective, viernes 24 de abril de 2026)

Por una escuela bilingüe en Cataluña

Uno de los efectos colaterales de la ola de corrupción que ha convertido la política española en una ciénaga desde que Pedro Sánchez ocupa la presidencia del Gobierno es el oscurecimiento de noticias cuya relevancia hubiera merecido en otras circunstancias, si no grandes titulares, sí un tiempo y un espacio mucho mayores del que están recibiendo. La fórmula: “La actualidad manda”, usada en radio y televisión para justificar la interrupción de un programa y dar paso a una noticia de alcance, podría aplicarse asimismo a la prensa digital, donde la jerarquía informativa puede durar lo que tarda otra noticia en cocinarse y estar lista para su publicación. Y la actualidad en estos momentos la protagoniza, qué duda cabe, junto al conflicto de Oriente Próximo, el juicio por la trama de las mascarillas durante la pandemia que se celebra en el Supremo.

Una de esas noticias opacadas es la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de ejecutar provisionalmente el fallo por el que se anulaban los artículos nucleares del decreto dictado en 2024 por el Gobierno de la Generalidad, presidido aún por Pere Aragonès, cuyo objetivo era blindar lo que el nacionalismo y la izquierda regionales han bautizado como “modelo de escuela catalana”, en otras palabras, el modelo de inmersión lingüística en catalán. El fallo en cuestión, fechado en septiembre de 2025, consideraba contrario a derecho el papel residual del español como lengua vehicular –dos horas en primaria y tres en secundaria a la semana– e instaba al Gobierno autonómico a garantizar el 25% como mínimo de enseñanza en la lengua materna de la mayoría de la población de Cataluña y única oficial del Estado. Tras la sentencia del TSJC, la Generalidad interpuso un recurso ante el Supremo, al tiempo que se negaba a aplicar la sentencia. De ahí que la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) –que lleva una larga decena de años batallando incansablemente por los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en Cataluña– recurriera de nuevo al TSJC a fin de que, a la espera de la resolución del Supremo, la anulación de los artículos surtiera efecto y ese 25% de enseñanza en castellano fuera un hecho. Finalmente, el pasado 30 de marzo llegó la bendición del Tribunal Superior. Y aquella misma mañana –lo contaba aquí Laura Fàbregas– el propio Salvador Illa hizo público que su gobierno no iba a acatar la resolución judicial.

Nada permite pensar, por desgracia, que ese largo toma y daca entre la Justicia y la Generalidad catalana vaya a concluir algún día. Cada vez que los tribunales, a instancias de una entidad representativa de la sociedad civil, consignan en sus resoluciones un quebrantamiento de la legalidad por parte del gobierno catalán y le compelen a volver al redil del Estado de derecho, el Ejecutivo autonómico responde con un nuevo acto de desobediencia. De ahí, sin duda, que en esta ocasión la AEB haya elaborado además un plan de choque. En él, junto a acciones legales y denuncias de los proyectos lingüísticos de centro donde no conste, como sería preceptivo, el porcentaje de asignaturas impartidas en castellano, figuran medidas asistenciales para solventar los impedimentos con que van a tener que bregar, sí o sí, profesores y alumnos deseosos de ejercer sus derechos y recibir la enseñanza en castellano. No en vano los centros docentes catalanes están colonizados casi por completo por el nacionalismo y la izquierda, y sus equipos directivos, amparándose en su autonomía y en el apoyo sin fisuras que les presta la Consejería de Educación, se resisten a la más mínima modificación del statu quo del que gozan.

Así las cosas, resulta admirable el empeño de la AEB en lograr que la ley rija de una vez por todas en el mundo de la enseñanza catalana. Lo cual no significa, claro, que ese empeño vaya a dar, tarde o temprano, sus frutos.  Y no sólo por el proceder de los gobernantes autonómicos, sino sobre todo por el desistimiento del Ministerio del ramo en lo que respecta a la defensa de los derechos de los ciudadanos españoles, en este caso, el de recibir, ni que sea en parte, la enseñanza en su lengua común. Algo que lamentablemente no depende del color político del Gobierno del Estado. Ni siquiera del momento en que nos encontramos. Es cierto que todo ha ido a peor con los ejecutivos de Pedro Sánchez. Pero también lo es que desde aquel lejano 1980 en que Jordi Pujol accedió a la Presidencia de la Generalidad, ningún Gobierno del Estado, gobernara quien gobernara, se ha propuesto defender ese derecho por el que los abnegados miembros de la AEB se están dejando la piel.

No estaría de más que el próximo, previsiblemente del Partido Popular, se propusiera, de hecho y de derecho, romper esa tónica.

(The Objective, viernes 10 de abril de 2026)

Meloni y la tentación totalitaria

De la reciente derrota de la primera ministra italiana Giorgia Meloni en su referéndum, pueden sacarse varias lecciones. Por ejemplo, que aunque los referéndums se convocan para ganarlos, a menudo se pierden. Le ocurrió, sin ir más lejos, a uno de sus antecesores en el cargo, Matteo Renzi, que perdió el suyo hará pronto diez años. Tanto Meloni como Renzi pretendían modificar el marco constitucional. En el caso de Renzi, la consulta afectaba a la composición del Senado y a su capacidad de intervención en las leyes aprobadas por el Congreso, que habrían quedado notoriamente disminuidas de haber prosperado la reforma. En el de Meloni, concernía al Poder Judicial, cuya independencia con respecto a los demás poderes habría sufrido, de ser aprobada la propuesta, una merma considerable. Aun así, mientras que el primer referéndum trajo como consecuencia la dimisión de Renzi como primer ministro, el segundo tuvo un desenlace distinto. Meloni había desligado ya su futuro político del resultado de la consulta, por lo que de su derrota no se han seguido otras secuelas que el cese de un par de cargos de segundo nivel y la dimisión de una ministra que nada tenía que ver con el área de Justicia, directamente implicada en la reforma.

Otra lección que sacar es que los electores suelen convertir esas consultas en plebiscitos, no ya ceñidos a los asuntos que se someten a su aprobación o rechazo, sino a los líderes políticos que los promueven. De ahí que los partidos de la oposición reclamen, en caso de rechazo, la cabeza del dirigente perdedor, cuando este no la ofrece motu proprio. En este sentido, la reacción de Renzi dimitiendo tras su derrota en 2016, no sólo le honra, sino que recuerda la de David Cameron, cuando en julio de aquel mismo año renunció al cargo de primer ministro del Reino Unido después de convocar el referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea (el famoso Brexit), que se saldó con la victoria del no. Consecuente con lo que él mismo había pedido, esto es, la permanencia en la Unión –al contrario que su partido, por cierto, que no se había pronunciado ni a favor ni en contra–, Cameron dimitió como primer ministro.

Pero acaso la principal lección que nos deja lo ocurrido en Italia el largo fin de semana pasado tenga que ver con la fortaleza del Estado de Derecho. O, si lo prefieren, con la eficacia del sistema de pesos y contrapesos en que se funda dicha fortaleza. En la reforma constitucional de Meloni –y en menor medida, en la de Renzi de hará pronto una década– puede percibirse eso que se ha convenido en llamar la “tentación totalitaria”. Al Poder Ejecutivo acostumbran a molestarle los demás poderes, en especial el Judicial. Suele percibirlos como un estorbo, como un escollo, como algo que obstaculiza unas pretensiones, las suyas, de cuya legitimidad no tiene dudas.

Piénsese, a modo de ejemplo, en el revés que el Tribunal Supremo estadounidense propinó a Donald Trump al sentenciar que el Ejecutivo se había extralimitado en la imposición de unos aranceles que sobrepasaban lo permitido por la ley. O en el fallo del Tribunal Supremo de Israel, al que ya me referí en otro artículo, cuando rechazó la “revolución judicial” que el gobierno de Benjamin Netanyahu pretendía aplicar tras lograr aprobarla en la Knéset, sede del Poder Legislativo israelí. En ambos casos, el afán totalitario de los mandatarios chocó con la barrera del Poder Judicial. Dicho de otro modo: el sistema de pesos y contrapesos en que se asienta el Estado de Derecho funcionó.

¿Y en nuestra España, tal vez se pregunten? Pues, para desespero del presidente del Gobierno y alivio de la mayoría de los españoles, tres cuartos de lo mismo. Hasta hoy, al menos.

(The Objective, viernes 27 de marzo de 2026)

Las palabras de Von der Leyen

Esta semana Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha hablado mucho. En público y en privado. Empezaré por lo segundo, cuya privacidad no ha impedido que sus palabras llegaran en parte hasta nosotros a través del corresponsal de El Mundo en Bruselas. Resulta que Von der Leyen se ha quejado más de una vez en su círculo más cercano de los problemas con que se topa a menudo cuando lleva propuestas al Consejo Europeo. Y estos problemas tienen nombre propio: “Viktor Orban y Pedro Sánchez”. A su juicio, los bloqueos a los que someten sus propuestas obedecen a un mismo motivo: “Obtener un rédito político nacional, un beneficio electoral”, lo que en el caso del español debe de contrariarle especialmente, pues hasta no hace mucho Sánchez le había estado bailando el agua. Por otra parte, que la presidenta de la Comisión Europea lo parangone con un euroescéptico como Orban dice muy poco del presunto europeísmo del inquilino de La Moncloa, por más que este, con sus pronunciamientos, se esfuerce en erigirse en el salvador de las esencias europeas y de la paz en el mundo y que medios como el Financial Times lo presenten como la némesis de Trump en el Viejo Continente. 

Y entrando ya en lo público, o sea, en el contenido de la intervención del lunes de Von der Leyen ante los embajadores de la Unión Europea en el exterior, no hay duda de que pasará, si no a la historia, sí a los anales de la política comunitaria. Dejemos a un lado, si les parece, el hecho de que a las pocas horas la propia presidenta suscribiera una suerte de manifiesto en que el carácter terminante de lo afirmado en su intervención ante los embajadores aparecía considerablemente rebajado y que en intervenciones posteriores se reafirmara en “el compromiso inquebrantable [de la UE] con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional”, tal y como le reclamaban desde filas socialistas, y centrémonos en lo dicho en su discurso. Y es que, si bien se mira, nada hay en él que justifique la reacción que ha provocado.

Cuando Von der Leyen sostiene que “Europa ya no puede ser custodia del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá”, no está diciendo que haya que renunciar a un marco con normas, como torticeramente se ha querido entender, sino que las normas con las que hoy contamos no son suficientes y no se puede confiar en ellas “como la única forma para defender nuestros intereses”. De ahí la necesidad de trabajar para “construir nuestro propio camino europeo”. Y en esta tarea, la seguridad y la defensa van a tener, asegura, un papel cardinal: “Para buscar la paz en el mundo actual, Europa debe ser capaz de proyectar poder: para disuadir, para contrarrestar y para aumentar nuestra influencia”. Dicho de otro modo, debe actuar como una gran potencia no sólo en el campo económico y comercial; también en el militar. Y para ello se requiere, a falta de un ejército común, una mayor inversión en Defensa de la que participen todos y cada uno los Estados miembros.

En el discurso de Von der Leyen está presente, sobra precisarlo, la convulsión producida por la guerra de Irán. Es más: de sus palabras se desprende una aprobación tácita del ataque militar conjunto de Israel y Estados Unidos contra el régimen criminal de los ayatolás, por el que, a su entender, “no debe derramarse lágrima alguna”. Y aunque eso sería otorgar demasiada importancia a nuestro presidente del Gobierno, tampoco cabe descartar que el pronunciamiento unilateral de Sánchez –ese “problema” con el que la presidenta de la Comisión no tiene más remedio que lidiar– haya intensificado el tono de su intervención. Con todo, y mal que les pese a los socialistas peninsulares, tan olvidadizos del derecho internacional cuando no les conviene apelar a él –lo recordaba el martes aquí mismo Maite Rico, haciéndolo extensivo a todos los que se rasgan ahora las vestiduras y no lo hicieron en el pasado–, mucho me temo que la razón no está de su lado, sino de quien, dirigiéndose a los embajadores de la UE, no hizo sino exponer, con toda crudeza, las flaquezas de una Europa que ya no “puede ser custodia del viejo orden mundial”.

Lo cual no impide, claro está, que a nuestro presidente del Gobierno esas flaquezas le traigan al pairo. Él a lo suyo, que mientras se hable de Europa no se habla de otras cosas.

(The Objective, viernes 13 de marzo de 2026)

Vox, ¿tras los pasos de Ciudadanos?

Tal vez lo recuerden. El 15 de febrero de 2019 Pedro Sánchez convocaba de forma anticipada elecciones generales para el 28 de abril siguiente. “Voy a, de forma humilde, pedir la confianza de los españoles”, dijo sin humildad ninguna en su comparecencia ante los medios en La Moncloa. El pretexto para el adelanto, el rechazo de los Presupuestos en el Congreso. La razón de fondo, los cálculos de su gurú de entonces, Iván Redondo, convencido de que tras la foto de Colón del domingo anterior –los líderes de PP, Cs y Vox juntos en el escenario anticipando lo que hoy hubiera sido tildado por esta izquierda nuestra de fachosfera– había llegado el momento de dar el gran salto hacia la mayoría absoluta.

La jugada no le salió bien. El salto fue grande, pero no suficiente. Y se dio la paradoja de que la única mayoría posible para una investidura era la formada por el Partido Socialista y Ciudadanos, que había tenido una gran crecida a costa sobre todo del Partido Popular. Pero enseguida se vio que no iba a fructificar. A Sánchez le gritaban sus huestes la noche misma de las elecciones: “¡Con Rivera no, con Rivera no!”, a lo que él respondía sonriendo: “Me ha quedado claro, me ha quedado claro”. No hizo falta comprobarlo. Los dirigentes de Cs se encargaron de ello al renunciar a todo tanteo con sus homólogos socialistas, aunque sólo fuera para la galería, para que nadie pudiera echarles en cara que ni siquiera lo habían intentado.

Y es que el objetivo de Cs no era hacer valer la segunda de las dos misiones para las que fue fundado, a saber: en Cataluña, plantar cara al nacionalismo; y en el conjunto de España, poner sus votos a disposición del mejor situado de los dos grandes partidos mayoritarios, a fin de que no tuviera que pactar con los nacionalistas de turno para gobernar, lo cual llevaba siempre implícito aceptar unas exigencias que laminaban poco a poco las competencias del Estado. El objetivo no era ese, digo, sino sobrepasar al PP y convertirse en el principal partido de la oposición; hacer realidad, en una palabra, el ansiado sorpasso. Lo que vino luego fue la caída en picado de Ciudadanos en las siguientes generales.

Pero hubo más. Durante el periodo que medió entre ambas citas electorales los expertos en sondeos fueron detectando, semana a semana, el progresivo derrumbe del partido liderado por Albert Rivera, al tiempo que observaban como los datos reflejaban una subida significativa de Vox y una vuelta al redil de los votantes de los partidos mayoritarios, cuando no un refugio en la abstención. Los comicios de noviembre no desmintieron los pronósticos. Cs se dejó dos millones y medio de votos por el camino, mientras que Vox ganó un millón y el PP cerca de 700.000. Aunque las transferencias de sufragios no son ni mucho menos tan limpias como las presento aquí, sí sirven, creo, para hacerse una idea de lo ocurrido. La inacción, en política, no se perdona, y eso fue lo que hizo durante esos meses fatales Ciudadanos: no hacer nada –o como mucho, hacerlo demasiado tarde, con las cartas ya echadas–. Y cuando el lector se convence de que votar a un partido deja de ser útil, cambia de papeleta u opta por el voto en blanco, nulo o directamente por la abstención.

Santi González escribía anteayer en estas páginas –ya me perdonarán la muletilla del viejo periodismo– sobre el empeño de Vox en sobrepasar al PP y sobre el drama que supone para el interés general, tan maleado desde hará pronto ocho años, el que un partido que está en la oposición convierta ese empeño en el eje de su política, en vez de dedicarse a colaborar en la tarea de construir una alternativa de gobierno de cara al futuro, cuyas primeras estaciones son la ristra de elecciones autonómicas que ya tienen fecha y, en último término, las generales que vengan después si es que no vienen antes. Ciertamente. Y si yo he traído hoy aquí el ejemplo de Ciudadanos no es tanto por la posibilidad de que un desenlace en las urnas vaya a ser parecido –estamos lejos de ello–, sino por las similitudes existentes entre uno y otro caso en cuanto a los estragos que puede llegar a provocar el modo de proceder de unos dirigentes guiados en gran medida por la ambición.

Y con la esperanza, claro, de que la realidad alcance a desmentirme más pronto que tarde, si no es mucho pedir.

(The Objective, viernes 27 de febrero de 2026)

Los extremos (no) se tocan

No le sentó nada bien a Jean-Luc Mélenchon, líder de La France Insoumise (LFI), que el Ministerio del Interior francés haya encasillado a su movimiento entre las formaciones de “extrema izquierda”. Es verdad que fue en una circular que el Ministerio envía a sus préfets con vistas a las municipales que deben celebrarse el próximo mes de marzo y cuyo propósito no es otro que el de ayudarles en su tarea. Tenía, pues, un carácter meramente administrativo, y, aun así, a Mélenchon no le gustó. Y es que en las elecciones legislativas de 2024 LFI figuraba en esta misma circular entre las formaciones de “izquierda”, por lo que no sabía a qué era debido el cambio. Según el Ministerio, la causa había que buscarla en algunas manifestaciones recientes de los de Mélenchon, como por ejemplo llamar a la desobediencia civil, poner en entredicho la autoridad de los jueces, los medios de comunicación y la policía o alejarse de los valores universalistas republicanos. Ello justificaría el desplazamiento de un grupo a otro, del más integrado en el sistema, donde se hallan, entre otros, los partidos socialista y comunista, al más distante, integrado por fuerzas políticas autodenominadas anticapitalistas y revolucionarias. Teniendo en cuenta que LFI lideró en las últimas legislativas una coalición de partidos de la que formaban parte socialistas y comunistas, además de los ecologistas, resulta comprensible su negativa a ser agrupada bajo el mismo paraguas que las fuerzas antisistema. Y con mayor motivo dada la aspiración de Mélenchon a convertirse en un futuro en primer ministro, cuando no en presidente de la República.

Que el calificativo “extrema” aferrado a “izquierda” constituya una impedimenta para quien pretende alcanzar algún día, aunque sea a medio plazo, el gobierno, tiene su lógica. No se gobierna desde la esquina del tablero político, por más que Pedro Sánchez, con sus políticas populistas, su filibusterismo, sus trueques abyectos y su apego al poder a cualquier precio se empecine en demostrar lo contrario. Y lo mismo que vale para la izquierda vale para la derecha. También en Francia, el Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen ya se topó en 2024 con un rechazo ministerial parecido cuando se le ocurrió protestar por la inclusión del partido entre las formaciones de extrema derecha. Y, de igual modo, es muy probable que el calificativo adosado al nombre obrara entonces en Le Pen y sus expectativas políticas –siempre y cuando logre revertir, o reducir al menos, los cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos a los que fue condenada por malversación– de forma semejante a como lo ha hecho ahora con Mélenchon y las suyas, es decir, como una carga inconveniente. Sea como sea, y tenga ello la importancia que tenga, el Ministerio francés se ha mantenido firme en la decisión tomada.

Ignoro si en España el Ministerio del Interior cuenta con una clasificación análoga. Quienes sí recurren, en cambio, a esas etiquetas que los propios etiquetados tratan en general de quitarse de encima son los políticos y los medios de comunicación. Respecto a estos últimos, el director del medio en que escribo señalaba hace poco en la red social X que The Objective no usa en sus informaciones esos marchamos malqueridos ni a derecha ni a izquierda, entiendo que para no herir las sensibilidades de quienes simpatizan con uno u otro extremo del tablero político o simplemente desaprueban esa manera de designarlos.

Con todo, lo cierto es que dicha adjetivación, en la mayoría de los medios de comunicación, rara vez se aplica a la izquierda. Distinto es el caso de la derecha. Aunque su uso alterna con el de “ultraderecha” (el Libro de estilo de El País en su cuarta edición de 1990, que es la que manejo, recoge el vocablo ultra y lo define como ‘extremista de derechas’) y con eufemismos del tipo “derecha dura”, “derecha más dura” o incluso “derecha más extrema” o “derecha más a la derecha”, la denominación “extrema derecha” sigue siendo la que se lleva la palma cuando de lo que se trata es de referirse a partidos cuyo ideario se asemeja al del partido fundado por Marine Le Pen. No hace falta añadir que en esta tarea, en general denigratoria, aparte de los miembros del Gobierno y de los grupos parlamentarios que le prestan su apoyo, destacan sobremanera los medios componentes de la llamada sincronizada, siempre atentos a obedecer las consignas que emanan de La Moncloa. 

Por todo ello, no es de extrañar que a Vox, al igual que al Rassemblement de Le Pen, pueda incomodarle el adjetivo antepuesto a “derecha”. Y más si se repara en que los resultados obtenidos por la formación en las últimas autonómicas y, con toda probabilidad en las que están por venir, parecen augurarle un crecimiento bastante similar en el conjunto del país, lo cual consolidaría su candidatura a integrar, en coalición con el PP, un futuro Gobierno de España. Las dificultades que se observan estos días en las negociaciones entre los dos partidos para llegar a pactos en el ámbito autonómico cabe entenderlas, sobre todo, como amagos preelectorales. Los programas de uno y de otro no son, en el fondo, tan distantes. Además, si al decir de Feijóo, las únicas líneas rojas que pone el PP para alcanzar acuerdos son la Constitución y la ley, no hay duda de que el programa de Vox no se las salta. Como sí lo hacen, por cierto, los de partidos situados en la “extrema izquierda”, y en especial las de los nacionalistas, sean estos de derecha o de izquierda.

(The Objective, viernes 13 de febrero de 2026)

García Montero, al rescate del Gobierno

Tal vez recuerden aquella entrevista que a Pedro Sánchez le hicieron en Radio Nacional recién celebradas las segundas elecciones generales de 2019 y en la que, en respuesta a un periodista de la casa que le preguntaba cómo se las compondría para traer a Puigdemont a España, el entonces presidente en funciones respondía con otra pregunta: “¿La Fiscalía de quién depende?” “¿De quién depende?”, insistía. A lo que su seguro servidor contestaba: “Sí, sí, del Gobierno”. “Pues ya está”, remachaba Sánchez, ufano. Como es natural, las principales asociaciones de fiscales expresaron al punto su malestar, cuando no su indignación. Lo que vino después no hizo sino demostrar el poco caso que Sánchez tenía pensado hacerles.

Esta breve secuencia resume a la perfección lo que entiende Pedro Sánchez por ejercicio del poder: una sumisión a su persona y a sus intereses por parte de cuantas personas e instituciones él cree que están a su servicio –aquí la Fiscalía y la radio pública–. El respeto a la división de poderes, en el supuesto de que haya oído hablar de ella, no ha entrado nunca en sus planes. Pero incluso dentro del mismo poder que preside, la existencia de una Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil, creada por una ley de agosto de 2024 y de la que depende la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), órgano colegiado encargado de investigar el trágico accidente de Adamuz para determinar las causas del siniestro; la existencia de esa Autoridad, decía, debería haberle intranquilizado, aunque sólo fuera por la palabra independiente incrustada en el nombre. Pero seguramente no fue así, al igual que en el caso del ministro Óscar Puente, convencidos como estarían uno y otro de la eficacia de otra ley, esta no bendecida por el poder legislativo: la del “¿de quién depende?”

Por desgracia para Sánchez y su sosias vallisoletano, el intento de colonización de la CIAF, si intento ha habido, no ha surtido efecto. El presidente de la comisión, Iñaki Barrón, adelantaba este martes no ya una mera hipótesis sobre la causa del accidente, sino casi casi una certeza, y esta no concordaba con las facilitadas a trancas y barrancas y en sucesivas contradicciones por el propio Puente. Total, que Barrón, pese a las sospechas iniciales que ponían el acento en el carácter dependiente de la CIAF por su adscripción al Ministerio de Transportes, ha hecho honor a la independencia de la Autoridad de la que pende. Dicho de otro modo: ni Puente ni el resto del Gobierno, incluyendo a su presidente, pueden con todo.

Por suerte, Luis García Montero está siempre al quite. Y no por la labor que se le supone al frente del Instituto Cervantes –aunque aquí también ha sido protagonista de más de una colisión–, sino por la que lleva a cabo como bombero del Gobierno desde su columna semanal en El País, hasta el punto de hacerse merecedor del sobrenombre de Luis García Bombero. Cada vez que el Gobierno se encuentra en un aprieto –en uno de los gordos, se entiende, que de un tiempo a esta parte son casi todos–, allí está el poeta engagé para intentar apagar el fuego. Hace algo más de medio año, por ejemplo, justo la semana en que el juez del Supremo Ángel Hurtado enviaba a juicio al fiscal general Álvaro García Ortiz, García Montero la emprendía en su columna contra algunos jueces por atreverse a suplantar “la voluntad del pueblo encarnada en la política”. O sea, en la Fiscalía. Es más, para despejar toda duda sobre sus intenciones, abogaba por que la Fiscalía ejerciera de contrapoder de estos jueces, a los que afeaba su soberbia.

Ahora el incendio es de otra naturaleza. Ahora se trata del accidente de Adamuz. Pero afortunadamente para el Gobierno, García Montero tiene recursos para todo. En esta ocasión, después de recordar el número de fallecidos en el choque de trenes, de preguntarse “cuáles son las causas de este maldito accidente” y de dejar la pregunta sin respuesta, enumeraba las cifras de muertos en otras tragedias, que nos “ayudan a comprender la realidad”: los muertos en Gaza, en Irán, en Ucrania. Y hasta los habidos en Venezuela cuando el rapto del dictador Maduro y su esposa por parte de Estados Unidos. Hecha la equiparación, constatado que los nuestros pesan poco en comparación con los de los demás y concluir que “así están las cosas en el mundo”, ¿quién se acuerda ya de las malditas causas del accidente?

Luis García Montero. ¿De quién depende? Sí, del Gobierno. Pues ya está.

(The Objective, viernes 30 de enero de 2026)

La indignidad de la inmersión lingüística obligatoria

“Yo no soy de Cataluña. Soy valenciano. ¿Cuál es mi lengua materna y lo será siempre? El castellano. (…) La lengua materna es aquella en la que empiezas a expresarte, no la de un territorio.” Quien así razonaba era Lluís V. Aracil. Sus palabras figuran en el libro de Iván Tubau Nada por la patria y están extraídas de la entrevista que el propio Tubau le hizo a Aracil hace justo cuatro décadas. O sea, en 1986. Lo que las hace singulares, más allá de su significado y del año en que fueron pronunciadas, es la personalidad del enunciante. Aracil estaba considerado como el padre de la sociolingüística catalana y el introductor –cito a Tubau– de “la noción de ‘normalización lingüística’, que se ha llevado en Cataluña más lejos que en parte alguna”. Dicho de otro modo: quien las pronunció se enmendó a sí mismo tras comprobar los estragos que la política lingüística emprendida por la Generalidad de Jordi Pujol –la llamada inmersión en catalán en la enseñanza, en concreto– estaba ocasionando. O, dándole de nuevo la voz a Aracil: “La inmersión de los niños castellanohablantes de Cataluña en el catalán atenta contra la dignidad humana”. Afirmación a la que seguía un vaticinio: “Tarde o temprano llegará el asco, el aburrimiento de esto del catalanismo. Pero la acción subliminal sobre el inconsciente de una generación ya será para entonces una devastación mucho más grave de lo que fue el franquismo. Estoy seguro. Porque van más directamente a incapacitar y a indignificar a la gente con eso de la lengua del territorio.”

De la entrevista, insisto, hace cuarenta años. Y su vaticinio no parece que esté lejos de cumplirse, si no se ha cumplido ya, cuando menos en lo tocante a la acción subliminal sobre el inconsciente de una generación. Pero la perversión de la implantación del modelo de inmersión lingüística en aquellas comunidades autónomas donde aparte de la lengua común existe una lengua cooficial reconocida por el respectivo estatuto como propia del territorio no atañe tan sólo al ámbito moral; también al meramente educativo. Este martes el diario El Mundo traía un largo artículo de Olga R. Sanmartín, basado en el trabajo del economista Ángel Martínez a partir del análisis de los microdatos extraídos de los informes TIMMS (realizados con los resultados obtenidos en pruebas con alumnos de cuarto de Primaria) y PISA (con los obtenidos con adolescentes de 15 años). De él se desprende, entre otras conclusiones, que España es uno de los países de la Unión Europea con un porcentaje mayor de alumnos cuya lengua de aprendizaje en la escuela difiere de la que emplean en casa, es decir, de la familiar o materna, porcentaje que, por lo demás, ha ido en aumento en los últimos años. Los factores que influyen en esa “discordancia lingüística” son el bilingüismo, la inmigración y la inmersión, que pueden darse por separado o a la vez –el último, por ejemplo, sólo en determinadas comunidades autónomas con lengua cooficial, bien de forma absoluta, como en el caso de Cataluña, bien de forma parcial–. Sobra añadir que los efectos de tal discordancia en el rendimiento educativo no son precisamente positivos; de ahí que deberían ser, caso de que a nuestros gobernantes les preocuparan lo más mínimo, motivo de reflexión y acarrear un firme propósito de enmienda.

Pero no basta con enunciar, sin más, los factores apuntados en el artículo; todos requieren matización. Así, el bilingüismo entendido como la concurrencia de dos lenguas vehiculares en una misma línea educativa difiere según que estas lenguas sean la castellana y la cooficial –y aún aquí habría que distinguir entre el caso del vascuence y el del resto de las lenguas cooficiales, mucho más próximas a la común– o según que sean la castellana y la inglesa, por las dificultades que conlleva para gran parte del profesorado impartir la materia que tienen encomendada en una lengua que la mayoría de las veces no dominan, lo que acaba resultando en un aprendizaje defectuoso por parte del alumnado. En cuanto a la inmigración, la discordancia recae, como es lógico, en la que no es hispanohablante y, muy particularmente, en la procedente de familias lingüísticas distantes de la nuestra. Con todo, más incluso que la lengua, aquello que termina afectando negativamente al aprendizaje es a menudo el nivel socioeconómico y cultural de la familia inmigrante, en especial cuando se trata de la escuela pública.

Y en lo que respecta al modelo de inmersión, el principal problema no está en la eficacia de la inmersión en sí, como acostumbra a probarlo el rendimiento de aquellos alumnos cuyos progenitores han querido y podido escolarizarlos –en inglés, francés, alemán– en centros privados donde se emplea el modelo, sino en su obligatoriedad, en especial de nuevo en la escuela pública, aunque también en parte de la concertada. Cataluña, y en menor medida Baleares, han convertido el catalán en la única lengua de aprendizaje, y todo indica que en el País Vasco llevan camino de hacer lo mismo. Poco importa que una mayoría de la población residente en estas comunidades autónomas tenga como lengua materna el castellano. Poco importa que, a la postre, los resultados de las pruebas internacionales demuestren que la inmersión es cada vez más nociva para el aprendizaje. Poco importa que un experto en educación como Francisco López Rupérez, en un estudio basado en los datos de PISA, haya llegado a la conclusión de que los alumnos catalanes van un curso por detrás de los de la Comunidad de Madrid por el lastre que supone para una mayoría de ellos estar estudiando en una lengua distinta de la materna. Poco importan, en definitiva, las evidencias. Aquella falta de dignidad que Aracil atribuía hace cuarenta años a quienes habían empezado a aplicar a la fuerza el modelo de inmersión lingüística en catalán a los niños castellanohablantes puede extenderse por igual a quienes han seguido sus pasos haciendo caso omiso de las consecuencias educativas que entrañaba y que a la vista estaban y están.

(The Objective, 16 de enero de 2026)

Feijóo y la magnitud del cambio

En su reciente comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance de 2025, Alberto Núñez Feijóo prometió impulsar, cuando le llegue la hora de gobernar –momento que él sitúa en 2026–, “el mayor cambio a mejor de la historia de España”. Antes había afirmado que el año que acabamos de cerrar había sido “el peor año del peor Gobierno en democracia”. No sé si el presidente del Partido Popular o quien le redacte los discursos reparó en algún momento en que ese “mayor cambio a mejor de la historia de España” dependerá tanto de lo que llegue a hacer el gobierno que Feijóo alcance a presidir como de lo hecho por el precedente, o sea, el actual. Y si este, a juzgar por sus propias palabras, ha sido “el peor Gobierno en democracia”, a Feijóo le va a bastar con muy poco para protagonizar ese cambio a mejor y poder decir de este modo que ha cumplido con su palabra. Otra cosa es que vaya a ser el mayor cambio de la historia de España. Hace medio siglo, sin ir más lejos, se inició uno que nos permitió pasar de una dictadura a una monarquía parlamentaria y que tanta importancia tuvo que causó la admiración si no del mundo entero, sí de muchísimos países.

Cuando uno se entrega al desenfreno verbal se arriesga a hacer el ridículo. Lo mismo por las obviedades en que cae que por las hipérboles a las que recurre. Además del mayor utilizado para hinchar el cambio, Feijóo aseguró que “España es un gran país”. No es la primera vez que un político echa mano del tópico. En el propio Partido Popular, por ejemplo, lo usaron ya José María Aznar y Mariano Rajoy. Y hasta el rey Felipe VI lo empleó hace unos días en su discurso de Nochebuena. Pero Feijóo fue más allá y le añadió “el mejor del mundo”. Ahí es nada. Que España es un gran país puede entenderse en más de un sentido, todos ellos justificables y, por lo tanto, refutables, pero de ahí a venirse arriba y sostener que es el mejor país del mundo hay un trecho descomunal.

El resto de su intervención se centró mucho más en los fracasos del “peor Gobierno en democracia” que en el gran salto adelante prometido por el líder popular. Y es una pena. Por más que un balance del año acostumbre a ceñirse a lo que ha sido la gestión gubernamental y que este 2025 haya dado para un montón de titulares, a muchos ciudadanos, a estas alturas del sanchismo, lo que seguramente les interese saber no es tanto lo ocurrido en los últimos doce meses como qué hará el próximo ejecutivo cuando la fuerza de los hechos arrumbe al actual. Y, en concreto, qué reformas abordará para que lo ocurrido en España desde 2018 no pueda volverse a producir en el futuro. Y ello tanto en el campo institucional como en el social y económico, tanto en la política interna como en la exterior. 

Habrá quien objete, no sin razón, que en el último congreso del partido, celebrado en julio del año pasado, Feijóo ya presentó un decálogo con las grandes promesas que piensa tomar si llega a la Moncloa. Pero el caso es que lo hecho hasta hoy por los gobiernos autonómicos con presidentes del PP no permite abrigar grandes esperanzas. Ese “mayor cambio a mejor de la historia de España”, que cabría adivinar, cuando menos a pequeña escala, en las políticas de los ejecutivos que se formaron a mediados de 2023, no se ve por ninguna parte excepto en lo relativo a la fiscalidad. Así, no ha habido voluntad ninguna de romper con lo heredado, de descolonizar las instituciones mediante las reformas necesarias para garantizar su independencia, de eliminar organismos públicos superfluos, de garantizar la enseñanza en nuestra lengua común allí donde no lo está, sino simple y placentero acomodo. El cambio a mejor, si cambio ha habido, ha venido más de las condiciones que le han puesto sus socios de Vox, allí donde eran imprescindibles, para facilitar investiduras y aprobar presupuestos, que de lo que el PP estaba dispuesto a hacer.

Ojalá el precedente autonómico, lejos de ser un anticipo de lo está por llegar, suponga un estímulo para no caer de nuevo en el mismo error.

(The Objective, 2 de enero de 2026)