Uno de los efectos colaterales de la ola de corrupción que ha convertido la política española en una ciénaga desde que Pedro Sánchez ocupa la presidencia del Gobierno es el oscurecimiento de noticias cuya relevancia hubiera merecido en otras circunstancias, si no grandes titulares, sí un tiempo y un espacio mucho mayores del que están recibiendo. La fórmula: “La actualidad manda”, usada en radio y televisión para justificar la interrupción de un programa y dar paso a una noticia de alcance, podría aplicarse asimismo a la prensa digital, donde la jerarquía informativa puede durar lo que tarda otra noticia en cocinarse y estar lista para su publicación. Y la actualidad en estos momentos la protagoniza, qué duda cabe, junto al conflicto de Oriente Próximo, el juicio por la trama de las mascarillas durante la pandemia que se celebra en el Supremo.
Una de esas noticias opacadas es la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de ejecutar provisionalmente el fallo por el que se anulaban los artículos nucleares del decreto dictado en 2024 por el Gobierno de la Generalidad, presidido aún por Pere Aragonès, cuyo objetivo era blindar lo que el nacionalismo y la izquierda regionales han bautizado como “modelo de escuela catalana”, en otras palabras, el modelo de inmersión lingüística en catalán. El fallo en cuestión, fechado en septiembre de 2025, consideraba contrario a derecho el papel residual del español como lengua vehicular –dos horas en primaria y tres en secundaria a la semana– e instaba al Gobierno autonómico a garantizar el 25% como mínimo de enseñanza en la lengua materna de la mayoría de la población de Cataluña y única oficial del Estado. Tras la sentencia del TSJC, la Generalidad interpuso un recurso ante el Supremo, al tiempo que se negaba a aplicar la sentencia. De ahí que la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) –que lleva una larga decena de años batallando incansablemente por los derechos lingüísticos de los castellanohablantes en Cataluña– recurriera de nuevo al TSJC a fin de que, a la espera de la resolución del Supremo, la anulación de los artículos surtiera efecto y ese 25% de enseñanza en castellano fuera un hecho. Finalmente, el pasado 30 de marzo llegó la bendición del Tribunal Superior. Y aquella misma mañana –lo contaba aquí Laura Fàbregas– el propio Salvador Illa hizo público que su gobierno no iba a acatar la resolución judicial.
Nada permite pensar, por desgracia, que ese largo toma y daca entre la Justicia y la Generalidad catalana vaya a concluir algún día. Cada vez que los tribunales, a instancias de una entidad representativa de la sociedad civil, consignan en sus resoluciones un quebrantamiento de la legalidad por parte del gobierno catalán y le compelen a volver al redil del Estado de derecho, el Ejecutivo autonómico responde con un nuevo acto de desobediencia. De ahí, sin duda, que en esta ocasión la AEB haya elaborado además un plan de choque. En él, junto a acciones legales y denuncias de los proyectos lingüísticos de centro donde no conste, como sería preceptivo, el porcentaje de asignaturas impartidas en castellano, figuran medidas asistenciales para solventar los impedimentos con que van a tener que bregar, sí o sí, profesores y alumnos deseosos de ejercer sus derechos y recibir la enseñanza en castellano. No en vano los centros docentes catalanes están colonizados casi por completo por el nacionalismo y la izquierda, y sus equipos directivos, amparándose en su autonomía y en el apoyo sin fisuras que les presta la Consejería de Educación, se resisten a la más mínima modificación del statu quo del que gozan.
Así las cosas, resulta admirable el empeño de la AEB en lograr que la ley rija de una vez por todas en el mundo de la enseñanza catalana. Lo cual no significa, claro, que ese empeño vaya a dar, tarde o temprano, sus frutos. Y no sólo por el proceder de los gobernantes autonómicos, sino sobre todo por el desistimiento del Ministerio del ramo en lo que respecta a la defensa de los derechos de los ciudadanos españoles, en este caso, el de recibir, ni que sea en parte, la enseñanza en su lengua común. Algo que lamentablemente no depende del color político del Gobierno del Estado. Ni siquiera del momento en que nos encontramos. Es cierto que todo ha ido a peor con los ejecutivos de Pedro Sánchez. Pero también lo es que desde aquel lejano 1980 en que Jordi Pujol accedió a la Presidencia de la Generalidad, ningún Gobierno del Estado, gobernara quien gobernara, se ha propuesto defender ese derecho por el que los abnegados miembros de la AEB se están dejando la piel.
No estaría de más que el próximo, previsiblemente del Partido Popular, se propusiera, de hecho y de derecho, romper esa tónica.