En su Introducción a la filosofía, publicada en 1947, Julián Marías establecía una tipología de “relaciones del hombre con la verdad”. El cuarto tipo de relación, consistente en “vivir contra la verdad”, era a su juicio el “dominante en nuestra época”. Si se repara en las características de la época en cuestión, marcada por el ascenso y triunfo de los totalitarismos y coronada por la guerra civil española y la segunda guerra mundial, se entenderá que ese tipo de relación fuera entonces el dominante. Así lo describía Marías: “Se afirma y quiere la falsedad a sabiendas, por serlo; se la acepta tácticamente, aunque proceda del adversario, y se admite el diálogo con ella: nunca con la verdad. Esta es sentida por innumerables masas como la gran enemiga, y contra ella es fácil lograr el acuerdo”.

A comienzos del presente siglo, poco después de la destrucción de las Torres Gemelas, Marías volvía sobre el asunto –o sea, sobre la tipología de relaciones y, en concreto, sobre el cuarto tipo– en una conferencia. En ella advertía del peligro que entrañaba la aparición de las nuevas tecnologías, en tanto en cuanto abrían la puerta a una comunicación masiva y no mediada donde la mentira podía sentar fácilmente sus reales. Veinte años más tarde, es evidente que el crecimiento exponencial de las redes sociales y su impacto en la política y en la vida pública en general han venido a confirmar sus peores augurios. Hoy en día, cuando algún político se planta frente a un micrófono para hacer declaraciones, ya casi damos por sentado que, mientras no se demuestre lo contrario, cuanto dirá será mentira –o, concedámoslo, una verdad a medias–.

A ese descrédito de la verdad han contribuido, sin duda, personajes como Donald Trump. Pero no sólo él, claro. Aquí en España, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno nuestra clase política ha experimentado también un considerable subidón en el manejo compulsivo de la mentira. Y, en especial, aunque no únicamente, la ocupada en tareas de gobernanza o de apoyo a esa gobernanza. Acaso una de las grandes aportaciones del actual presidente del Gobierno a la historia política española contemporánea haya sido la desfachatez con que falta a la verdad, ya sea de buenas a primeras, ya negando sin rubor alguno lo dicho la víspera. Y como ser hombre significa imitar al hombre –así lo consignó Witold Gombrowicz en sus Diarios y así lo reproduce Ferran Toutain como lema de su muy recomendable Imitación del hombre (Malpaso)–, lo mismo sus ministros que el resto de los derviches que llenan los despachos del Gobierno y del partido se han afanado en mentir durante todo este tiempo con prolijidad y alevosía. Piensen tan sólo en el ministro y no obstante candidato Illa. O en el alto funcionario Simón. O en la impagable aportación de los Lastra y Simancas en labores de zapa. Sin olvidar a la vicepresidenta Calvo, claro. Y todo eso ciñéndonos a la pata socialista del Gobierno de coalición.

Con todo, vengo observando en los últimos tiempos un fenómeno nuevo, que no sé si Julián Marías, de haberlo conocido, consideraría incluso digno de encomio. Consiste –por jugar con la propia descripción que hacía nuestro filósofo de la querencia por la falsedad– en “afirmar la verdad a sabiendas”. No necesariamente una verdad objetivable, pero sí, en todo caso, una que revela un sentimiento sincero, algo así como una creencia. Reparé en ello por vez primera hace unos días cuando Salvador Illa hizo su debut como candidato declarando que “todos somos responsables de lo que ha pasado en Cataluña estos años”. Luego, este mismo domingo, lo vi ratificado en una afirmación de su correligionario y supuesto mentor Miquel Iceta: “No voy a cambiar mi idea de que Cataluña es una nación para ser ministro”. En ambos casos, la verdad asoma en forma de creencia. El candidato y no obstante ministro está a todas luces convencido de la barbaridad que sale de sus labios. Y el fontanero mayor del socialismo catalán, por su parte, no tiene tampoco duda alguna de que hoy en día se puede ser ministro de una Nación como la española aunque a uno la que le haga tilín sea otra.

Pero lo que ya me parece significativo, y, por qué no decirlo, de una relevancia tan notoria como insospechada, es la respuesta que la vicepresidenta Calvo nos sirvió el pasado lunes en una entrevista. “¿El Gobierno de coalición acabará la legislatura?”, le preguntaban. Y ella contestó: “Sí. Tenemos que culminar un trabajo que es bueno para la izquierda de este país”. No creo que ningún ciudadano vaya a poner en cuestión no ya su sinceridad, como en el caso de Illa e Iceta, sino la verdad objetiva que encierran sus palabras. ¿Quién va a dudar, en efecto, de que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez no gobierna para el conjunto de los ciudadanos, buscando, ni que sea de tarde en tarde, el interés general, sino sólo para una parte de ellos, la que se sitúa ideológicamente a la izquierda?

Con lo que no queda más remedio que admitir que la desfachatez de este Gobierno reside tanto en su inveterada costumbre de mentir como en su súbito aprecio por la verdad. Y, por más que esto vaya a complicarnos la vida a quienes nos dedicamos a la exégesis de sus dimes y diretes –en la medida en que ya no sabremos si mienten o dicen la verdad–, justo es reconocer que, moralmente al menos, se trata de un paso adelante.

(VózPópuli, 14 de enero de 2021)

  

Decía el pasado sábado aquí mismo el periodista Jorge Sáinz que las primarias de los partidos políticos son un paripé. Lo decía a propósito de las dos últimas revocaciones de las que se tiene constancia, ambas con resonancia catalana. La más reciente, la de Miquel Iceta, que ha cedido, no sabemos si gustosamente, su puesto a Salvador Illa como candidato del PSC a la presidencia de la Generalidad. La más lejana, la de Lorena Roldán, que en agosto cedió también el suyo –ahora sabemos que no fue por gusto– a Carlos Carrizosa como candidato de Ciudadanos a la misma presidencia. Un partido viejo y uno nuevo, pero ambos con cláusulas parecidas en sus reglamentos de primarias, cláusulas por las que la supuesta renuncia del candidato elegido deja en manos de la ejecutiva respectiva la designación del sustituto. Claro que eso no es todo. En la crónica negra de las primarias españolas existen también modalidades de fraude que no requieren siquiera de previa revocación, en la medida en que la manipulación se produce ya en el propio proceso de votación telemática. Ocurrió en marzo de 2018 con las primarias de Ciudadanos para designar candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, y ocurre desde hace años con las de Podemos al más alto nivel y con reincidencia, tal y como ha ido reseñando puntualmente este mismo medio. 

Las primarias, tan bienintencionadas en su formulación primera y tan llamativas de cara a la galería, han derivado en una comedia destinada a vestir con una pátina presuntamente democrática la designación de un candidato. En un paripé, en una palabra. Al final quienes deciden no son los afiliados con sus votos, sino los mandatarios del partido, que hacen y deshacen a su antojo. Con lo que seguimos allí donde lo dejó Robert Michels hace ya más de un siglo cuando llegó a la conclusión de que los partidos políticos se organizan según pautas oligárquicas. Como cualquier empresa, en definitiva.

Claro está que un partido político no es exactamente una empresa. O no debería serlo. Su objetivo no es ganar dinero –aunque algunos de sus miembros se ganen muy bien la vida y los haya incluso que no le hacen ascos a la corrupción–, sino alcanzar el poder para poner en práctica determinadas políticas para las que han sido facultados por cientos, miles o millones de conciudadanos que les han otorgado su confianza mediante el voto. En este sentido, conviene no olvidar que quienes ejercen un cargo público son ciudadanos que representan a otros ciudadanos. Ciudadanos, pues, con un mandato al que se supone que deberían ser fieles. De ahí la importancia que tiene para un Estado de derecho que el acceso a ese cargo de representación haya seguido unos cauces democráticos y transparentes.

Que esa inercia oligárquica está presente en las formaciones políticas no lo demuestran tan solo los casos reseñados al principio de este artículo –y otros muchos que podrían traerse a colación–, sino también el hecho de que nuestros partidos no hayan movido en 35 años ni un solo dedo para cambiar la ley electoral vigente, conocida como LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General). Se han rasgado de vez en cuando las vestiduras, han introducido apaños como las primarias, han reclamado con la boca chica o a los cuatro vientos un sistema electoral más proporcional, pero a la hora de la verdad siguen rigiéndose por el marco de siempre. Incluso los partidos nuevos, Ciudadanos y Podemos –UPyD no tuvo siquiera ocasión de intentarlo–, cuando han dispuesto de fuerza suficiente para condicionar un programa de gobierno han olvidado –o han preterido, en el caso de Ciudadanos– la que había sido, años ha, una de sus principales banderas regeneradoras.  

Sin menospreciar en absoluto la necesidad de mejorar la proporcionalidad de nuestro sistema electoral y dejando a un lado otras medidas de menor calado, lo que la democracia española precisa a mi juicio con mayor prontitud y de modo inexcusable es una reforma que acerque y vincule los representantes a sus representados, los electos a sus electores; y viceversa, claro. O sea, una reforma que garantice ante todo que el candidato de una lista sea elegido de forma democrática y transparente por el resto de los afiliados y que el resultado de dicha elección sea respetado por la cúpula de la formación política. Luego, en aras de reforzar justamente el vínculo entre candidato y ciudadano de a pie, una reforma en la que se adopte un sistema parecido al alemán, de doble voto, donde junto al voto por lista, de representación proporcional, existe un voto por persona, de representación directa, que resulta de la previa división del territorio en distritos electorales.

No es este el único modelo posible, por supuesto. Está también el de un sistema de listas desbloqueadas, en el que los electores tengan la potestad de premiar o castigar a los integrantes de una misma lista, seleccionándolos, tachándolos u ordenándolos de modo distinto a como aparecen en ella. Y el de un sistema de listas abiertas, similar al que ya utilizamos en España para las elecciones al Senado, en el que los votantes puedan escoger, si así lo desean, candidatos de siglas distintas. Y hasta puede pensarse en la combinación de distintas opciones según la naturaleza de los comicios: locales, autonómicos o generales. En todo caso, insisto, si queremos que los paripés dejen de ser la norma, el nuevo sistema electoral no debería limitarse a regular, como ocurre con la actual LOREG, extramuros del sistema de partidos, sino también intramuros. De lo contrario, cualquier candidatura vendrá viciada por el proceso de primarias que la haya precedido.

Se me dirá que para cambiar nuestro sistema electoral hace falta un amplio acuerdo entre los grupos que integran el Congreso de los Diputados. Se me objetará también que los dos grandes partidos nacionales –y la mayoría de los nacionalistas periféricos– no han estado nunca interesados en abordar tal reforma. E incluso habrá quien replique que no es este el mejor momento para abrir el melón. A todo ello sólo se me ocurre responder que quienes intervenimos en el debate público tenemos la obligación de plantear aquellos temas que nos parecen, en un momento dado, fundamentales para evitar la progresiva podredumbre de nuestro sistema de representación política. Y este lo es, sin duda alguna. Negarse a abordarlo, a convertirlo en objeto de deliberación, equivale a esconder la cabeza bajo el ala ante el deterioro evidente del marco democrático que nos dimos hace ya más de cuatro décadas.

(VozPópuli, 7 de enero de 2021)