No hay que descartar en absoluto que esa nueva felicidad que el Gobierno de España desea para las personas acabe como esa nueva normalidad que el presidente Sánchez y sus mucamos monclovitas establecieron como vaporoso estado postpandémico y a la que la ministra Darías sigue refiriéndose como un mantra cada vez que se le requiere sobre el oleaje vírico que nos aguarda. El pasado 11 de septiembre por la noche, en lo que cabe interpretar como una valoración de lo sucedido en Cataluña a lo largo de la jornada, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, tras asegurar que “no podemos perder más tiempo en la confrontación”, fijaba como un imperativo “volver a una senda de normalidad donde hagamos que las personas sean más felices”.

Uno de los grandes pantanos en los que se ha hundido la humanidad desde los tiempos ya lejanos de la Revolución Francesa ha sido el de la búsqueda de la felicidad. De la felicidad como aspiración colectiva, se entiende, que en lo individual ancha es Castilla. El socialismo y el comunismo son hijos de esa ilusión del espíritu, y no hace falta indicar cuál ha sido el balance: millones y más millones de víctimas, producto de todo tipo de violencias y privaciones justificadas en nombre del igualitarismo. Aun así, la izquierda, y muy especialmente la española, sigue sin darse por enterada. De ahí el empeño de la portavoz en aunar normalidad y felicidad. Perdón: una mayor felicidad, que felices ya deben de serlo los españoles, ni que sea un poquitín, a juzgar por sus propias palabras.

Por otro lado, todo invita a suponer que estas personas a las que Rodríguez quiere suministrar mayores dosis de felicidad son principalmente catalanas. O residentes en Cataluña por lo menos. Incluso me atrevería a afirmar que entre ellas se encuentra una tal Núria Pla Garcia, hasta el pasado lunes vicerrectora de Calidad y Política Lingüística de la Universidad Politécnica de Cataluña, que durante la Diada del sábado colgó un tuit en la red donde se leía –en catalán, por supuesto–: “¡¡Ganas de fuego, de contenedores quemados, de aeropuerto colapsado!!” Los hechos, claro, le acabaron dando la razón, aunque en lo tocante al colapso, justo es reconocerlo, este estuviera mucho más cerca del que ha denunciado estos días el incombustible Josep Sánchez Llibre desde la presidencia de la servil patronal catalana, para tratar de convencer a la facción díscola del Gobierno de la Generalidad de la necesidad de ampliar el aeropuerto, que no del “tsunami” con que la exvicerrectora debía de estar soñando despierta. Quiero decir que, incluso los que, según la portavoz, perdían el “tiempo en la confrontación”, serán merecedores del cacho de felicidad que el Gobierno de España se apresta a otorgarles.

Primero fueron los indultos. Ahora vendrá, tras la escenificación de la negociación paritaria entre gobiernos, como si de dos Estados se tratase, el pago en especie. Lo acostumbrado: más dinero, contante y sonante o en forma de inversiones, y más competencias. Todo en aras de esa mayor felicidad a la que hacía referencia la portavoz Rodríguez. O, si lo prefieren, de esa comodidad –ese “sentirse cómodo” en España–, a la que tantas veces ha aludido el nacionalismo catalán –y el vasco, claro– para portarse bien y seguir de paso llenando sus alforjas y ahondando en la desigualdad entre conciudadanos españoles. Lo hizo hasta 2012, hasta que el expresidente Artur Mas rompió la baraja y empujó a los suyos y a los de más allá a tomar las calles, dando inicio a lo que ha venido en llamarse el procés. Cierto es que este año la Diada ha sido menos concurrida que otras veces. Pero la violencia, esa que reclamaba con fervor Núria Pla, no ha desmerecido de la de los últimos tiempos. Ni es probable –basta atender a lo prometen los antisistema para el futuro inmediato– que vaya a disminuir si continúa gobernando el nacionalismo en Cataluña y si esa izquierda lastrada por sus peajes con el independentismo hace lo propio en el conjunto de España.

Eso sí, unos y otros serán más felices y hasta puede que no quepan en sí de gozo. Los primeros, porque seguirán engordando a costa de los demás. Y los segundos, porque de este modo lograrán prolongar hasta el término de la legislatura su permanencia en el poder.

La nueva felicidad

    17 de septiembre de 2021
No recuerdo con precisión en qué época me topé por primera vez con la palabra, pero supongo que sería allá por los años ochenta, en Barcelona, cuando aún todos los diarios exudaban tinta. Y hasta juraría que el primer culpable de que la oyera o la leyera –yo trabajaba entonces en el mundo de los papeles periódicos– fue el alcalde Maragall, que había hecho de la subsidiariedad un verdadero estandarte en su lucha por una Barcelona grande no sometida a los designios de la Generalidad gobernada por Jordi Pujol. Y aunque finalmente Pujol le ganó la partida al disolver la vieja Corporación Metropolitana de Barcelona –la Corpo, como se la conocía en los lares municipales– mediante una ley de rango superior, no por ello Maragall cejó en su empeño. Y ni que decir tiene que le vinieron de perlas la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea –lo que al poco sería la Unión Europea– y, por supuesto, la nominación de la ciudad de la que era alcalde como sede de los Juegos Olímpicos de 1992.

De ahí que no fuéramos pocos los que en Barcelona recibimos entonces con simpatía y hasta con una pizca de fervor ese término nacido en el magma del lenguaje jurídico y al que el uso político y mediático iba dando curso. El principio según el cual el Estado no debe inmiscuirse en lo que es propio de la sociedad civil y, en particular, la gradualidad introducida en los distintos niveles administrativos del Estado en lo tocante a las competencias respectivas, hasta alcanzar en la década siguiente el flamante gobierno de la Unión –una gradualidad inversa, por así decirlo, establecida sobre la base de que cuanto más cerca se halle la Administración de los problemas del ciudadano, más eficiente resultará–, nos reforzaba en la creencia de que Barcelona, lejos de tener que plegarse al tribalismo reaccionario del Gobierno de la Generalidad, estaba en condiciones de plantarle cara y de convertirse en el referente de la modernidad y el progreso de Cataluña.

Pero lo que no entrevimos es que ese mismo principio de subsidiariedad les permitía ya a Pujol y a sus huestes –o a Arzallus, el inventor de esas nueces de las que nada parece saber Rufián, y las suyas– ir arañando poco a poco al Gobierno de España, gobernase quien gobernase y con plena e interesada aquiescencia por su parte, kilos y más kilos de competencias. Que esos kilos se transformaran en toneladas hasta dejar al Estado en los huesos era sólo cuestión de tiempo. Y en esas estamos ya, para nuestra desgracia.

Con todo, dicho principio de subsidiariedad ha tenido una expresión mucho más perversa, si cabe –por su trascendencia social y económica y, en definitiva, para el futuro de España–, que la estrictamente política. Me refiero a la que ha resultado de su aplicación en el campo de la enseñanza, y, en especial, de la enseñanza pública. Cuando la izquierda española, también en aquellos años ochenta, puso en marcha su proyecto de implantación de un nuevo sistema educativo, en consonancia con los dicterios rupturistas de los movimientos de renovación pedagógica, contó con un firme aliado: el nacionalismo. No importó que en aquella época mandara en Cataluña y el País Vasco un nacionalismo de derechas; la ley que se estaba cocinando incluía como uno de sus principales pilares el principio de subsidiariedad y eso, para cualquier nacionalista, equivalía a disponer de las llaves del paraíso. Esa ley, la LOGSE, propugnaba en su “Preámbulo” una “concepción educativa más descentralizada y más estrechamente relacionada con su entorno más próximo”. Se estaba promoviendo, pues, sin disimulo alguno, el arrumbamiento de lo general en beneficio de lo particular, o, lo que es lo mismo, el ensalzamiento de lo privativo en detrimento de lo común. Para ello, la propia ley y “su desarrollo curricular” reservaban a las autonomías una capacidad de decisión sobre los contenidos cercana ya al 50% para las comunidades con una lengua cooficial –esto es, aquellas donde el nacionalismo sienta sus reales– y una “autonomía pedagógica de los centros”, que no era sino una estrategia para que los valedores de la reforma fueran arrinconando en los claustros y hasta en las mismas aulas, inspección mediante si era preciso, a los docentes –de secundaria, en su mayoría– que no estaban dispuestos a renunciar a la transmisión de unos saberes y a la propia libertad de cátedra a la que tenían pleno derecho.

Sobra añadir que la devastación ocasionada por las más de tres décadas transcurridas desde entonces, unida a la ristra de medidas introducidas por la propia izquierda y el nacionalismo a través de los sucedáneos legales de la LOGSE –o sea, la LOE y la LOMLOE, a los que hay que sumar las leyes educativas de algunas comunidades autónomas bilingües, tanto las aprobadas como las que se hallan aún en curso–, no han hecho sino intensificar y consolidar la doctrina emanada de aquel código primigenio, hasta el punto de convertir la educación –pública mayormente, pero también concertada– en un coto privado de ambas ideologías, con las consecuencias de todos conocidas, empezando por la práctica desaparición del español como lengua vehicular de la enseñanza en una parte significativa del territorio, y unos resultados académicos que siguen situándonos en la parte baja de las tablas de la UE y de la OCDE, muy lejos de lo que cabría esperar de un país con nuestros niveles de desarrollo.

Así las cosas, todo indica que la subsidiariedad en España, en vez de fortalecer la democracia, ha servido en gran medida para fortalecer el nacionalismo y multiplicar sus efectos desmembradores, con la complicidad tenebrosa de la izquierda. Un malísimo negocio, en definitiva, que no parece que pueda tener, incluso con un futuro y deseable cambio de color gubernamental, una pronta solución.

Añagazas de la subsidiariedad

    10 de septiembre de 2021
Informativamente hablando, agosto es mes de sequía. Sólo el deporte, en especial cuando tocan Juegos Olímpicos, y los fenómenos meteorológicos animan algo la cosa –dejando al margen, claro, el embate de las olas con que nos balancea y marea, desde hace año y medio, la pandemia–. La culpa la tiene eso que llaman vacaciones políticas. Con las Cortes y los Parlamentos autonómicos en barbecho y los líderes de los partidos refugiados en La Mareta o en sus maretas particulares, a los medios de comunicación no les queda otro remedio que tirar de las noticias que llegan del resto del mundo, donde nunca falta una guerra, un golpe de Estado o una hambruna persistente. Este agosto la palma se la ha llevado, sobra precisarlo, Afganistán.

Y como toda noticia, según nos instruyó Lorenzo Gomis, no puede considerarse como tal hasta que no genera comentarios, los ha habido por doquier. Muchos han versado, como es natural, sobre la presencia de nuestro Ejército en aquel país durante las dos últimas décadas. En concreto, sobre la labor allí realizada, junto a la de otros muchos ejércitos concurrentes, empezando por el de Estados Unidos, y sobre el sentido de esa labor, abruptamente interrumpida por el avance talibán y su conquista casi absoluta del territorio. No creo exagerar lo más mínimo si afirmo que el reconocimiento, al que se ha añadido el recuerdo del largo centenar de víctimas mortales, ha sido, dentro de lo que cabe, bastante general. Y digo dentro de lo que cabe, porque siempre habrá los irredentos de turno, representados en esta ocasión por la ministra Irene Montero, que se aprestarán a entonar un canto a la paz y a asegurar que “ninguna intervención militar ha permitido resolver los principales problemas de derechos fundamentales” de determinados colectivos.

Sea como sea, esta vez el antiamericanismo de la opinión pública iliberal que campea por estos lares –como escribió Jean-François Revel en 2002, “la principal función del antiamericanismo era, y sigue siendo, la de denigrar el liberalismo en su encarnación suprema”–, si bien no ha desaparecido del todo, sí ha rebajado al menos de modo considerable su tradicional griterío. Y ello a pesar del protagonismo asumido por Estados Unidos, primero en la invasión del país y luego en la misión realizada, lo mismo en el orden de la seguridad que en el de la reconstrucción y el desarrollo.

Pero una cosa es hablar de España en Afganistán y otra muy distinta de Afganistán en España. O sea, de cómo nuestros comentaristas de izquierda han analizado lo ocurrido en Afganistán, a la luz del pasado y el presente de España. Voy a dejar de lado los exabruptos plañideros de la inefable Montero sobre la condición de las mujeres españolas –tan semejante, asegura, a la de las afganas–, exabruptos que han merecido ya a estas alturas, aquí y en otros medios, las oportunas exégesis, para centrarme en un escrito del flamante subdirector de Opinión de El País, Jordi Gracia. El pasado 19 de agosto Gracia publicaba en el diario cuya opinión ya dirigía una tribuna (“Un corredor humanitario en Afganistán”) que no puede sino calificarse de pestilente y en la que equiparaba “el fundamentalismo talibán y su promesa de un mundo perfecto, absoluto y dogmáticamente estable” con “el nacionalcatolicismo español: una ideología totalizadora que condicionó de forma invasiva, asfixiante y coercitiva a una sociedad entera”. Semejante barbaridad –tanto más cuanto que al autor del artículo se le presume cierta autoridad, ni que sea curricular, como dicen ahora, en lo tocante a la cultura del franquismo– se sostenía, entre otras comparaciones, en que “la amputación del futuro de las jóvenes universitarias [afganas] (…) tiene forma de burka obligatorio, como obligatorio fue no hace tantos años (…) que la escolarización de las niñas [españolas] se mantuviese solo de manera clandestina y muy valiente”. Lo han leído bien: a juicio del autor, no hace tantos años la escolarización de las niñas en España se mantuvo sólo “de manera clandestina y muy valiente”. Como las cristianas en las catacumbas romanas, vaya.

Claro que más grave puede considerarse, por cuanto revela de la catadura moral del firmante, otra analogía del texto. Me refiero a la que relaciona a María Zambrano, Rosa Chacel y Zenobia Camprubí, “insumisas al orden nacionalcatólico” y cuyo destino fue “el exilio forzoso”, con las refugiadas afganas “insumisas al orden talibán”. Y no sólo por lo impropio de la analogía. ¿Por qué, puestos a buscar un ejemplo de figura republicana comprometida con los derechos de la mujer, se le olvidó mencionar al autor la de Clara Campoamor? ¿No será porque el exilio forzoso de la antigua diputada liberal y verdadero emblema de la lucha por el sufragio femenino no encajaba en su esquema? Como es sabido –incluso por Gracia–, Campoamor fue víctima de otra “ideología totalizadora”, la que sembró de cadáveres la retaguardia republicana y le obligó a refugiarse en Ginebra en los primeros compases de la guerra huyendo del infierno –nada que ver ese infierno, no hace falta decirlo, con el del reciente manifiesto de los García Montero, Lindo, Muñoz Molina, Grandes y compañía– del Madrid revolucionario.

Escribía hace poco Zoé Valdés en Libertad Digital que El País ya no es “ni la sombra de su sombra”. A juzgar por esa tribuna de agosto y por el cargo que desempeña su autor en el diario, todo indica que el futuro nos deparará aún más sombras que añadir a las pasadas y presentes. Lo cual constituye, qué duda cabe, una pésima noticia.

Afganistán en España

    3 de septiembre de 2021
España lleva ya más de año y medio con un Gobierno en el que tienen cabida los comunistas. En puridad, es la primera vez que esto ocurre. Cuando menos en democracia. Al poco del estallido civil y hasta el término mismo de la guerra, los gobiernos republicanos contaron siempre con dos ministros pertenecientes al Partido Comunista de España. Pero una guerra es una guerra. Aun así, reducir la presencia del comunismo en un gobierno a la pertenencia o no de alguno de sus miembros al PCE no deja de ser un procedimiento en extremo simplista. En especial en aquella Segunda República en la que el hegemónico Partido Socialista se definía como revolucionario y lo demostraba con ahínco, como bien saben los españoles que todavía guardan memoria de lo vivido en 1934 y cuantos historiadores se han asomado sin prejuicios a aquel octubre que para nada desmereció –en Cataluña y Asturias sobre todo– de otros octubres más renombrados. Añadan a lo anterior que el líder de este partido y a un tiempo secretario general de la UGT, Francisco Largo Caballero, era conocido y reconocido como “el Lenin español” y convendrán conmigo en que el comunismo se hallaba ya en las entrañas de aquel PSOE y, pues, de los gobiernos en los que Largo y los suyos estuvieron presentes.

Bien es verdad que por entonces Lenin era todavía un mito. Al igual que Stalin. Nadie en la izquierda española quería saber de los crímenes que ambos dirigentes, junto con Trotski y unos cuantos líderes bolcheviques más, habían auspiciado y programado desde los albores mismos de la Revolución de Octubre. Degollinas por doquier, expolios masivos, hambrunas inducidas, deportaciones colectivas hacia lo que luego sería el Gulag; millones de víctimas, en definitiva, a las que habría que sumar las de las purgas de toda índole iniciadas en agosto de 1936 y coincidentes en el tiempo con nuestra guerra civil. Perdón: he dicho que nadie quería saber de esos crímenes y debería precisar que sí había, entre la izquierda española, quien los denunciaba; los anarquistas y los seguidores de Trotski, víctimas a su vez de la barbarie de Stalin. Sólo que los cargaban todos en la cuenta de este último, como si Lenin y el propio Trotski –que animaba en diciembre de 1917 a los miembros del Comité ejecutivo central de los soviets a recurrir a la guillotina, “ese notable invento de la Gran Revolución francesa que tiene como ventaja acreditada la de acortar el hombre de una cabeza”, para librarse de sus enemigos– no hubieran actuado, al cabo, con semejante crueldad. Si bien se mira, la figura de Stalin para simbolizar los crímenes del comunismo ha servido para blanquear las no menos criminales figuras de Lenin y Trotski. La del primero por una simple cuestión contable: no mató más porque murió en 1924. La del segundo porque fue la víctima predilecta de la perfidia del georgiano y por aquel piolet que le clavó en la nuca el catalán Ramón Mercader en México a instancias de Beria, el también georgiano director del NKVD, que seguía, claro está, órdenes del camarada Stalin.

Pero todo esto ocurrió lejos de nuestro mundo, se me dirá. Es cierto. Pero no lo es menos que el seísmo sanguinario soviético tuvo su réplica en la guerra civil española. Socialistas revolucionarios y comunistas, que por entonces andaban ya más o menos fundidos y confundidos, fueron los artífices, junto con los anarquistas, de las matanzas. La memoria de sus atrocidades –que incluyeron la liquidación programada de trotskistas y anarquistas, compañeros de causa supuestamente republicana– sólo puede compararse con la que la historia ha reservado a las cometidas por el otro bando, el vencedor. Si determinados historiadores de nuestra guerra civil tardaron tanto en admitir la magnitud de las primeras –y algunos siguen aún en sus trece–, fue sin duda por la misma razón por la que los intelectuales occidentales fueron obscenamente conniventes con el comunismo y sus obras. Como si los efectos no tuvieran relación con las causas.

Luego vino la dictadura franquista y la labor opositora del PCE en la clandestinidad. El reconocimiento de esa labor, inserta desde 1956 en una política de reconciliación nacional que comportaba la renuncia a la lucha armada y la apuesta por la democracia, le valió al comunismo un aura relativa. Y la Transición, simbolizada, entre otras estampas, en aquel apretón de manos entre Santiago Carrillo y Manuel Fraga con el que se enterraban las discordias pasadas, hizo el resto. El Partido Comunista ya era un partido más de la izquierda, legitimado por la democracia, que aceptaba sin apenas remilgos la monarquía y el Estado de derecho y al que, a tenor de su actividad política, costaba distinguir cada vez más del socialista. De ahí su encogimiento electoral, que sólo se revirtió cuando el PSOE empezó a verse laminado por el paro y la corrupción.

Con todo, no ha sido hasta la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno cuando el comunismo ha vuelto por sus fueros. No como en los años treinta, ciertamente, pero sí marcándole de nuevo el paso al Partido Socialista. Y de qué manera. En el orden interno, llevando al Ejecutivo a cuestionar la separación de poderes, la Monarquía y la Constitución; implantando enajenadas políticas de género; legitimando la ocupación de viviendas; impulsando y facilitando los pactos con los separatistas y promoviendo la exhumación maniquea del pasado, entre otras lindezas. Y en el externo, obligando –en el mejor de los casos– a blindar con el silencio los crímenes de las dictaduras comunistas y populistas hispanoamericanas –Cuba, Venezuela, Bolivia–, correspondiendo así a unos gobiernos que no han reparado en gastos a la hora de financiar el comunismo y el populismo patrios.

Quedan dos largos años para que los españoles puedan decidir en las urnas lo que más les conviene de cara al futuro, dos largos años en los que el comunismo gobernante seguirá sin duda agrietando la convivencia y comprometiendo nuestra condición de ciudadanos libres e iguales. De nosotros depende que no sean más.


Nuestros comunistas

    29 de agosto de 2021
Llegará el día en que alguna universidad española, preferentemente periférica, ofrecerá un grado en Ingeniería Social. Suponiendo que no lo ofrezca ya, y el buscador de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) –que es el organismo adscrito al Ministerio del ramo donde yo he buceado, no sin dificultades, tratando de pescar alguno– no haya tenido a bien registrarlo. Sea como fuere, lo que sí existe son másteres y asignaturas. No con la denominación misma, pero sí con sucedáneos inequívocos. Así, ese Máster en Políticas Lingüísticas y Planificación que puede cursarse en la Universidad del País Vasco. O esa asignatura perteneciente al Grado en Lenguas Aplicadas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y cuyo título resulta igual de demostrativo: “Planificación Lingüística”.

Pero acaso lo más preocupante no sean estos y otros ejemplos que fácilmente hallaríamos en numerosas universidades españolas a poco que dedicásemos algún tiempo a recorrer de forma sistemática su oferta académica, sino el carácter transversal y seriamente contaminante de lo que se entiende por ingeniería social. Porque la hay, sin duda, en los grados en Políticas, Educación –lo que antes, cuando el magister todavía importaba, era conocido con el nombre de Magisterio–, Filología, Historia, Sociología, Antropología et alii. Y en los doctorados en Investigación y Práctica Educativa; en Psicología de la Educación; en Ecología, Biodiversidad y Cambio Global; en Creatividad e Innovación Social y Sostenible; en Ciencia Política; en Estudios de las Mujeres, Discursos y Prácticas de Género; en Estudios Culturales: Memoria, Identidad, Territorio y Lenguaje; en Psicología Social y de las Organizaciones, y en tantos otros ofrecidos, como los que acabo de citar a modo de muestra, por nuestros centros de enseñanza superior.

Pero ya va siendo hora de recordar que la ingeniería social consiste en la aplicación de un determinado modelo a la realidad y a los individuos que la conforman, al margen de lo que la experiencia –esto es, el pasado y el mismísimo presente– y el sentido común aconsejen, y al margen, sobre todo, de lo que resulte de la aplicación del modelo en cuestión. Lo que equivale a decir que el artefacto teórico no se va a someter, en su traslado a la práctica y como sería preceptivo, a ningún mecanismo de evaluación independiente y del que se siga un diagnóstico fiable sobre su validez. Se aplicará por decreto, en la medida en que habrán sido decretadas, por quien lo ha construido, su bondad y su necesidad. No hace falta añadir que detrás de la ingeniería social está siempre una ideología. Y que esa ideología es en esencia totalitaria y sectaria, dado que quienes la propugnan imponen una voluntad supuestamente grupal sobre el libre albedrío de cada ciudadano, al tiempo que se comportan como una secta deslegitimando cualquier juicio que una persona o entidad externa al colectivo pueda emitir sobre sus acciones y, en general, cualquier tipo de disenso.

Hará cosa de una semana trascendieron los resultados de una encuesta del Ayuntamiento de Barcelona realizada el pasado año y relativa a los jóvenes residentes en la ciudad y a sus costumbres. Entre estas, las del uso más o menos habitual de una u otra lengua. Pues bien, parece que el catalán, a pesar de todos los chutes de dinero que le inyectan desde las instituciones, de su omnipresencia en los medios de comunicación públicos y privados, y del carácter prescriptivo de su utilización como idioma de la escuela y del conjunto de la Administración; a pesar de todo ello, se encuentra en franco retroceso. En 2015 lo empleaban habitualmente un 35,6% de jóvenes barceloneses y ese porcentaje, cinco años más tarde, había disminuido hasta quedarse en el 28,4%. En cualquier otro ámbito que no fuera el identitario, donde suelen llevar la batuta el nacionalismo y la izquierda, semejantes datos traerían consigo la renuncia drástica e inmediata a la aplicación del modelo impositivo. Por razones económicas, sociales e incluso de estricta eficiencia. Aquí, en cambio, las reacciones han sido inversamente proporcionales a las que dictaría el sentido común. Para nuestros ingenieros sociales, hace falta más inversión, más coacción, más tiempo de aplicación del modelo. En otras palabras: si el modelo no funciona, la culpa no es del modelo, ni siquiera de su ejecución; es de la sociedad que no se amolda a sus bondades, cuando no de ese espantajo llamado Madrid. (Todo ello, claro, en el supuesto de que se cumpla la premisa mayor, o sea, la veracidad de los datos aportados por la encuesta; no sería nada extraño que los publicitaran a la baja para justificar su intervencionismo.)

Algo parecido ocurre con tantas políticas públicas guiadas por esa ingeniería social que nuestras universidades cocinan año tras año a destajo y sin freno alguno. Es por ejemplo el caso de la LOMLOE, última excrecencia legal de la LOGSE, del que hablábamos aquí mismo el pasado jueves a propósito de la neolengua segregada. Quienes propugnan y amparan semejantes políticas actúan, al cabo, como esos locos del volante que al venir la curva aprietan el acelerador y tanto les da lo que suceda. Y en esas nos vemos, pobres de nosotros, todos los demás.


Aunque el nombre no hace la cosa, no son pocos quienes andan convencidos de lo contrario. Y hasta diría que, por desgracia, cada vez son más. Les hablaba el pasado jueves del caso del expresidente Rodríguez Zapatero y de su empeño en servirse de una jerigonza políticamente correcta, o lo que es lo mismo, abstrusamente eufemística, allí donde incluso un político del montón habría optado por un lenguaje llano y diáfano. Detrás de esa práctica, que no ha hecho más que intensificarse de un tiempo a esta parte hasta alcanzar el acqua alta que inunda ya nuestros días, no está tan sólo el influjo de un movimiento surgido hace cerca de medio siglo en las aulas y claustros de las universidades norteamericanas, sino también un ideario consustancial a la Revolución Francesa y cuya máxima concreción tal vez sea aquel calendario republicano que estuvo vigente hasta que Napoleón, autoproclamado ya emperador, decidió prescindir de él y volver al gregoriano tradicional.

Me refiero a la convicción de que un mundo nuevo tiene que asentarse sobre nuevas realidades y de que estas comportan por fuerza un nuevo sistema de designación. Para un revolucionario de antaño o un progresista de salón de ahora, las palabras, en la medida en que han dejado huella, están gastadas, maculadas. Huelen mal; a viejo, a pasado. De ahí que consideren que hay que reemplazarlas por otras. El calendario gregoriano era una herencia –cristiana, por supuesto– y, como tal, debía ceder el paso a un calendario de nuevo cuño, dotado de un léxico impoluto. Y así fue como llegaron los Brumario, Ventoso, Germinal, Termidor y demás meses del calendario republicano. Imberbes, adánicos. El mundo nuevo alumbrado por la Revolución necesitaba que los días pasaran –cuando menos en apariencia– de otra manera, conforme a un orden distinto al conocido hasta la fecha. Y ese orden naciente requería asimismo un lenguaje propio, de modo que no existiera duda alguna sobre la singularidad de lo nombrado.

No hace falta indicar que dicha creencia es asumida hoy casi sin fisuras por nuestra izquierda –y lo más preocupante: también empieza a manifestarse en algunos corrales del centro político–. La cruzada emprendida contra el lenguaje presuntamente sexista, o sea, contra la historia de la lengua y la evolución de los accidentes gramaticales, sólo se entiende desde esa perspectiva, que los propios postulantes y devotos del movimiento han bautizado como “perspectiva de género”. Se trata, en especial, de las famosas duplas “todos y todas”, “los y las”, “compañeros y compañeras”, a las que han venido a sumarse en los últimos tiempos, por obra y gracia del feminismo más enajenado, los “todes” y “les” más o menos sexuados. No hemos llegado aún a las aberraciones amalgamadas o gráficas del ultrafeminismo francés –esto es, a lo que sería en español “compañeroras” o “compañero·a·s”–, pero todo se andará. En todo caso, esa “perspectiva de género”, que goza ya de rango normativo en nuestras instituciones y centros docentes, descansa en la certeza de que el nombre sí hace la cosa y de que, por lo tanto, cambiando la forma de nombrar lo masculino y lo femenino estamos cambiando también el estatus de la mujer o, como gustan de llamarlo las del gremio, luchando contra su cosificación e invisibilidad social por efecto del heteropatriarcado reinante.

¿Y qué decir de la educación? Desde la aprobación de la LOGSE en 1990, la renovación pedagógica ha traído consigo la terminológica. Los antiguos maestros y profesores, depositarios de un lenguaje universalmente consolidado, han tenido que renunciar a él en beneficio de una jerga impuesta por pedagogos y, en menor medida, por psicólogos. Los “progresa adecuadamente” y “necesita mejorar” dieron al traste en los estudios primarios con unas calificaciones que ya habían arrumbado por entonces las notas y dejado paso incluso a las letras, siempre más genéricas y benignas que las cifras. En adelante, progresara más o menos y por mucho que necesitara mejorar, el niño pasaba de curso. Perdón: “promocionaba”. Y si por algún mal fario tenía que repetir, no repetía: “permanecía en el mismo curso”. Por lo demás, la hora de patio o recreo fue bautizada como “segmento de ocio”. La tradicional falta de disciplina fue borrada del glosario para instaurar en su lugar la “conducta contraria a la convivencia”. Y los profesores, esos grandes damnificados, después de los alumnos, de todo el plan renove educativo, se convirtieron –entre otras muchas cosas– en “mediadores didácticos”.

Pero donde mejor se aprecia el sentido de dicha transformación acaso sea en los textos legales. Quien compare la Ley General de Educación de 1970 –la introductora en el sistema educativo de la EGB, el BUP y el COU– con la LOGSE comprobará fácilmente el deterioro lingüístico. Incluso si la comparación se establece entre la LODE de 1985 –promovida ya por un gobierno socialista– y la propia LOGSE, la revolución operada resulta harto visible. Sirva como ejemplo el caso del “currículo”, de vivísima actualidad por sus insuperables y trascendentes borradores. No sé si se acuerdan de cuando en la enseñanza no universitaria regía también un “plan de estudios”. El sintagma todavía figura en la Ley de 1970. En la LODE, en cambio, ya no aparece, y sí el de “programación general”. Y en la LOGSE, en fin, esa “programación general” también se esfuma y surge el “currículo”, cual emblema –lo estipula el mismo Preámbulo– de “la renovación que requiere el carácter mutable, diversificado y complejo de la educación del futuro”. Y es que el currículo, tal como nos instruye la correspondiente entrada del Diccionario de la Real Academia, es más que un sinónimo de plan de estudios. La segunda acepción de la palabra –cuya incorporación al diccionario no puede ser, en buena lógica, sino posterior a 1990–, lo define como el “conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades”.

Resulta ocioso indicar, a la luz de esta definición, que el currículo ha fracasado por completo en España. Ningún alumno, ni bueno ni malo, ha podido desarrollar desde entonces plenamente sus posibilidades. Cuando menos en la enseñanza pública. Pero quienes dieron a la palabra el sesgo pedagogístico con que se la conoce hoy en día, esto es, quienes promovieron la LOGSE y cuantas leyes esta engendró en lo sucesivo hasta llegar a la actual LOMLOE, no por ello van a sentirse fracasados. Puestos a avanzar hacia “la educación del futuro”, lo primero era renovar el lenguaje de la educación heredada y sustituirlo por el mejunje terminológico al uso. Y a ello se aplicaron con contumacia desde el preámbulo mismo de aquella ley germinal. Treinta años después de su aprobación, justo es reconocer su victoria: de aquella enseñanza tradicional no queda ya ni la sombra. Y en cuanto al lenguaje que llevaba asociado, lo mejor que puede decirse, y sin que sirva de consuelo, es que siempre estaremos a tiempo de seguir su rastro.

El rastro de las palabras (II)

    20 de agosto de 2021
Decía hace un par de domingos Jon Juaristi que “en la lengua española todas o casi todas las palabras están minadas por su uso en otros tiempos”. Tiene razón. No sé si todas o casi todas, pero sí muchas llevan adherida eso que Arcadi Espada denominó años atrás “marca temporal”. Juaristi ponía el ejemplo del calificativo sanchista, empleado hoy en día para designar a los partidarios de Pedro Sánchez o a los profesionales de su gobierno, y confesaba su sorpresa por haber descubierto la semana anterior que así se llamaba ya “a los partidarios de Sancho el Bravo, futuro Sancho IV, que se rebeló contra su padre, Alfonso X de Castilla, en 1282”. Claro está que la mina en cuestión remite aquí a una realidad tan lejana y desconocida del común de la gente que difícilmente va a explotarle a nadie que no sea un especialista en la materia o un erudito como él.

Distinto es el caso de otras marcas temporales. Así, los que ya arrastramos unas cuantas decenas de años, cada vez que leemos en un folleto turístico o en una crónica de periódico la expresión “marco incomparable” no podemos dejar de pensar en el Nodo, aquel documental que se proyectaba durante el franquismo y la Transición en las salas de cine españolas a modo de aperitivo de las películas. En él resultaba habitual oír la voz de Matías Prats –padre, claro– referirse al Palacio Real, al Estadio Santiago Bernabéu o al Hipódromo de la Zarzuela como “marco incomparable” en el que tenía lugar un determinado evento. De ahí que la expresión acarreara una marca que la volvía inservible en otros contextos, a no ser que quien la utilizara lo hiciera con retranca. O, si lo prefieren, a no ser que el hablante o escribidor de turno dejara explotar a sabiendas la mina que la expresión llevaba adherida.

Pero eso valía y sigue valiendo para los de nuestra generación o anteriores. Para los que ya nacieron y se formaron –un decir– en democracia, es muy probable que al escuchar o leer que tal paraje constituye un marco incomparable que uno no debería perderse por nada del mundo, su reacción, de haberla, se limite a la que consiste en ponderar la belleza o la singularidad de un paisaje. O sea, a una mayor o menor conformidad con la opinión ajena. Y, aun así, la huella de la expresión, al igual que la baba de un caracol, allí seguirá. Como esos sanchistas a los que aludía Juaristi, que antes de servir a Pedro Sánchez sirvieron al futuro Sancho IV.

Tal vez por ello los iluminados sociales se han caracterizado siempre por cierto adanismo lingüístico. Con ellos empieza la historia; lo heredado les incomoda, les molesta, les sobra. Y entre lo heredado figura en buena medida el lenguaje. Dado que las palabras dejan rastro y remiten a una realidad pasada, están convencidos de que hay que hacer con ellas tabla rasa, sustituirlas por otras, aunque sea para designar una realidad ya existente. Esa es, en gran parte, la razón de ser de lo que se conoce como lenguaje políticamente correcto. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero, semanas antes de alcanzar la Presidencia del Gobierno, afirmaba en una entrevista que había invitado a Sonsoles Espinosa, su mujer, a un “proyecto vital compartido”, estaba diciendo, por supuesto, que un día se le declaró y le pidió que se casara on él. Pero estaba diciendo mucho más. Estaba trasladando a los ciudadanos a través de las páginas, si mal no recuerdo, de la revista Marie Claire que aquello de pedir a una mujer si quería vivir con uno eran cosas del pasado. Lo hacía con una fatuidad ciertamente ridícula, pero consonante con el nuevo feminismo naciente, el de los micromachismos y el empoderamiento de la mujer. Un nuevo feminismo al que nuestra izquierda política rendía ya por entonces pleitesía, también mediante el lenguaje.

De todo eso y de mucho más me propongo seguir hablándoles, si Dios quiere –otra herencia lingüística–, el próximo jueves.

El rastro de las palabras (I)

    13 de agosto de 2021
En la jerga del periodismo escrito un despiece es un núcleo informativo, más o menos consistente, que ha sido separado de la pieza principal. De lo que se sigue que un despiece es, antes que nada, una parte de un todo. Se trata, por así decirlo, de una parte a la que han premiado con esa autonomía, pero que no puede entenderse al margen del conjunto en el que se integra.

Hoy España es una suma inconexa de despieces donde ya no se distingue cuerpo principal ninguno. Cuando le comentas a un ciudadano de a pie poco o nada versado en política que las comunidades autónomas forman parte del Estado y que, en consecuencia, quienes las gobiernan lo hacen en nombre de ese mismo Estado, abre unos ojos como platos y te pregunta si lo tomas por tonto. Y no le falta razón. Al contrario que en el periodismo escrito, el despiece de España, entendido ahora como la acción de despiezar y no sólo como el efecto, está mucho más cerca del despedazamiento que de otra cosa.

Que la misión de un dirigente político regional sea la de arrancarle al Gobierno del Estado, ya en dinero, ya en especie, un cacho de presupuesto para la tierra a la que representa, hasta puede comprenderse. No en vano hace cosa de un siglo, cuando la autonomía no era sino un ensueño del nacionalismo catalán, Camba aludía ya en sus artículos a los diputados gallegos que deambulaban como pedigüeños por los pasillos de aquellas Cortes y en cuanto avistaban un ministro corrían a pedirle “muelles, dársenas, puentes, carreteras, grupos escolares, ¡lo que haya!”. Pero, del mismo modo que esa era y es la misión de un dirigente político regional, la de un representante del Estado debería ser la de no ceder más que en lo justo y equitativo. Sobre todo cuando ya no existe región alguna en España sin sus propias tablas de la ley, recogidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía, ni sin lo que le corresponde del sistema de financiación autonómico –excepto el País Vasco y Navarra, que campan, nunca mejor dicho, por sus fueros– o lo que le reportan los impuestos propios o los cedidos por el Gobierno del Estado.

Sobra indicar que ese despiece estatal ha ido en los últimos tiempos mucho más allá de lo previsible y razonable. Suele echarse la culpa de ello a las ansias separativas del nacionalismo vasco y catalán. Es evidente que esa culpa existe. Pero también lo es que existe otra, mucho más importante si cabe desde el punto de vista político y moral. Me refiero, claro, a la de los distintos y sucesivos gobiernos del Estado, que no han dudado en complacer a sus socios nacionalistas vascos y catalanes con tal de alcanzar el poder o mantenerse en él, y en particular a los últimos de la ya larga serie de nuestra democracia, presididos por Rodríguez Zapatero, Rajoy y Sánchez.

De ahí que esa XXIV Conferencia de Presidentes celebrada el pasado viernes en Salamanca fuera lo más próximo a una pantomima. (Lo del ordinal, por cierto, no debería llamar a engaño; es la número 24, pero 14 de ellas corresponden al periodo marcado por el estado de alarma, por lo que en puridad serían sólo 10, dado que las demás tuvieron lugar de forma telemática y en ellas no se trató más que de asuntos relacionados con la pandemia.) De pantomima podía calificarse ya antes incluso de conocer su desarrollo y su desenlace. La presencia del presidente del Gobierno Vasco estuvo condicionada por la previa concesión de una ristra de prebendas, entre las que no faltaron las tan apetecidas transferencias de nuevos impuestos, con lo que el Ejecutivo de Urkullu acrecienta su capacidad recaudatoria y, a un tiempo, el desguace de las competencias tributarias del Gobierno central. Y el de la Generalitat catalana, siguiendo la estela de sus predecesores en el cargo, ni siquiera se dignó asistir. Eso sí, para el lunes siguiente Aragonès y Sánchez tenían ya acordada una cumbre –como gustan llamarla unos y otros– entre representantes de ambos gobiernos, en la que también llovieron, faltaría más, los millones y las promesas de traspasos competenciales, como por el ejemplo el de la formación sanitaria especializada –el MIR–, verdadero bastión del sistema nacional de salud y uno de los últimos referentes de la igualdad de oportunidades en nuestro país.

Es difícil saber hasta dónde puede llegar el despiece. Porque el resto de los gobiernos autonómicos, huelga precisarlo, no van a conformarse con esa “España multinivel” que preconiza y publicita la Ponencia del 40 Congreso Federal del PSOE. Y no tan sólo los gobernados por el PP, con o sin el concurso de Ciudadanos; también algunos de los presididos por un socialista. Aquí nadie va a renunciar –y perdón por la expresión– a pillar cacho. Y como del Estado ya casi no quedan ni los huesos, a saber cómo podrá recomponerse dentro de un par de años –seamos optimistas– el conjunto. O sea, lo que se entiende, o se entendía, por España.

El despiece español

    5 de agosto de 2021
Cada vez que me topo con el adjetivo nuevo o con cualquiera de sus derivados en una denominación oficial o en los labios de un dirigente político me pongo en guardia, no puedo evitarlo. Será que me hago viejo, pero desconfío de cualquier artefacto intelectual cuyo propósito sea resolver de un plumazo los grandes problemas de este mundo. O los no tan grandes. Miren en qué ha parado, por ejemplo, la nueva política en España. A lo sumo, en un remedo de la vieja. Por no hablar de la nueva normalidad que nos vendía el presidente Sánchez hace algo más de un año y casi, casi para el día siguiente, como si bastara con desear una cosa para verla realizada. Y conste que he sido siempre partidario del progreso. Pero la vida me ha enseñado a discernir entre lo factible, por necesario y razonable, y lo utópico. O, si lo prefieren, entre el verdadero progreso y el deslumbramiento que produce un presunto progreso que no tiene otro destino, al cabo, que alimentar frustraciones y generar pobreza.

Ahora Ada Colau, alcaldesa de la que fue mi ciudad cuando ella andaba todavía lejos de la política representativa y se conformaba con solazarse en el movimiento okupa, acaba de crear un “Centro de Nuevas Masculinidades”. Barcelona contaba ya con un “Servicio de Atención a Hombres para la Promoción de Relaciones no Violentas”, pero parece que era poco, que no bastaba –un Centro, sobra precisarlo, es más que un Servicio–. Los chiringuitos políticos son como una hiedra; una vez sembrados no paran de crecer y, al tiempo que dan de comer a un sinnúmero de parásitos correligionarios, cubren y deterioran la superficie sobre la que se asientan. Quiero decir que velan la realidad, en tanto en cuanto falsean el contorno real del problema al que pretenden –se supone– dar solución.

Este martes mi compañera de tareas opinativas Lupe Sánchez se refería aquí mismo con límpidas palabras a lo que se esconde debajo de un Centro que tiene como principal objetivo –según proclaman la propia Colau y Laura Pérez, su cuarta teniente de alcalde de, tomen aliento, Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismo y LGTBI– combatir la violencia homófoba: “[la pretensión de] achacar todos nuestros males al patriarcado occidental, por más que sea patente y notorio que el origen del problema radica en una religión oriental”. Y es que esa nueva masculinidad que figura en la denominación del engendro parte de la creencia de que el hombre –y en este caso cuando digo hombre, digo hombre y no mujer– es por naturaleza agresivo y tal defecto debe y puede corregirse. ¿Cómo? Con pautas educativas para los más jóvenes y reeducativas para los ya entrados en años.

Ante ello, uno no puede dejar de pensar en lo que fueron, en países como la China de Mao o la Camboya de Pol Pot y sus jemeres rojos, determinados experimentos de educación y reeducación. Cierto es que no se trata ahora de lo mismo, aunque me temo que no por falta de ganas de algunos de los que los promueven, sino porque el hecho de vivir en un Estado de derecho y en una sociedad que se presume abierta ampara en buena medida al ciudadano. Ya en el primer tercio del pasado siglo el concepto de hombre nuevo –y aquí el término hombre incluye, por supuesto, a la mujer–, del que participaron todos los totalitarismos, desde el comunista al nacionalsocialista, pasando por el fascista, dejó un rastro que en nada se corresponde, como es sabido, con progreso alguno. Es de esperar que los barceloneses de hoy, con los que ya sólo me une, aparte del lugar de nacimiento, un sentimiento de solidaridad ante lo que se ven obligados a vivir y a aguantar –y no únicamente, claro, por culpa de su alcaldesa, sino también por su condición vicaria de ciudadanos de esta Cataluña de los demonios–, puedan quitarse pronto de encima semejante losa. Y empezar, esta vez sí, un tiempo nuevo.

El hombre nuevo de Ada Colau

    29 de julio de 2021

Tal y como estaba previsto, el Consejo de Ministros del pasado martes aprobó el Anteproyecto de ley de Memoria Democrática, con lo que el texto largamente pergeñado por la exvicepresidenta Calvo y coronado ahora por el ministro Bolaños se ha convertido ya en proyecto de ley. Tiempo habrá durante su tramitación en las Cortes para volver sobre su contenido y, en particular, sobre su propósito, esa rimbombante “recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática” que nos anuncian las Disposiciones generales del Título Preliminar. Lo que ahora me interesa destacar es un aspecto sobre el que, a mi modo de ver, no se ha reparado lo suficiente. Me refiero al marco temporal establecido por la ley: a saber, la etapa de nuestra historia contemporánea que transcurre entre la sublevación militar del 18 de julio de 1936 y la entrada en vigor de la Constitución de 1978.

Vayamos por partes. En cuanto al cierre del periodo, se entiende que se haya optado por la fecha emblemática de la Constitución de 1978, por más que la Ley de Reforma Política de enero de 1977 y, en especial, las elecciones legislativas del 15 de junio de aquel año, seguidas en octubre por la Ley de Amnistía, hubiesen supuesto también un final de etapa adecuado. Se entiende por lo emblemático, justamente. Claro que si lo que se pretende es “el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión”, como indican las mismas Disposiciones generales, ese cierre, en vez de acortarse en un año, podría haberse alargado unas cuantas décadas a poco que tomáramos en consideración el reguero de víctimas dejadas por el terrorismo de ETA o los GRAPO –y en mucha menor medida por el de los GAL–, en tanto en cuanto lo fueron por los últimos coletazos de la violencia franquista y antifranquista. Pero es cierto que en este caso ya existe desde 2011 una ley ad hoc, la de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que cubre o debería cubrir dicha laguna.

Cosa distinta es cuando uno se detiene en el inicio del periodo. La Segunda República no fue una democracia parangonable con las que podían considerarse como tales en aquel tiempo. Fue una democracia en la que la violencia estuvo presente, casi desde el mismo 14 de abril de 1931, de un lado y otro del espectro ideológico y en la que los partidos políticos, fuesen del color que fuesen, no tuvieron jamás empacho alguno en recurrir al uso de la fuerza para alcanzar el poder cuando el resultado de las urnas les había apeado de él. Ver, pues, el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y lo que trajo consigo como la estricta consecuencia del designio de unos conmilitones fascistas a los que apoyaba el gran capital no sólo es una simpleza que cualquier historiador digno de tal nombre debería evitar y repudiar, sino que constituye un enmascaramiento de lo que fue en verdad, desde el punto de vista del respeto a la legalidad y al derecho a la vida, la Segunda República española.

El pasado 18 de julio la historiadora Pilar Mera, autora de un ensayo sobre el golpe de Estado de 1936, publicaba en El País un artículo rememorativo en el que afirmaba que “la rebelión (…) fue el camino elegido por aquellos que no aceptaron las reformas que se pusieron en marcha en 1931 y querían volver al mundo previo, por lo que algunos comenzaron a tejer conspiraciones desde el primer momento”. Sobre el resto de las conspiraciones tejidas a lo largo de aquellos años republicanos, y en particular sobre las de signo contrario, nada decía Mera en su artículo. Como si aquel régimen se hubiera caracterizado por una placidez democrática sólo perturbada por las aviesas maniobras de quienes finalmente, un 18 de julio de hace 85 años, lograron quebrarla sin remedio.

Y es que olvidar al resto de las víctimas de la violencia habida durante la Segunda República, como si no merecieran también un reconocimiento semejante al que la ley prevé para las que empezaron a contarse, y de qué manera, a partir del 18 de julio de 1936, es hacer un flaco favor a esa memoria democrática que el Gobierno y quienes le apoyan pretenden honrar. Eso en el mejor de los casos. En el peor, equivale a falsear la historia con un relato maniqueo cuyo propósito inconfesado poco o nada tiene que ver con esa “recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática”.

(VozPópuli, 22 de julio de 2021)

 

Una memoria recortada

    23 de julio de 2021

Le reprochaba este lunes mi amigo Santi González a Pedro Sánchez el manejo de los porcentajes. En su comparecencia para dar cuenta de la crisis de Gobierno, el presidente había alardeado, entre otras jactancias, del aumento experimentado por la cuota femenina en la nueva plantilla gubernamental, del 54% al 63%, y el periodista González, tan puntilloso siempre –y esto en un periodista es una cualidad, no un defecto–, le recordaba que el presidente, o sea, él, también forma parte del Gobierno, por lo que el porcentaje alcanzado por las féminas era algo menor, del 60,87% en concreto.

El error –que tanto puede achacarse al desconocimiento de la ley por parte de Sánchez y sus asesores como al engolamiento patológico que afecta al personaje y le impide verse integrado en un equipo, aunque sea como máximo responsable– no tendría mayor trascendencia si no fuese porque un par de días más tarde su vicepresidenta segunda y antes tercera, Yolanda Díaz, tropezaba con la misma piedra. Me refiero a los porcentajes o, si lo prefieren, y ya que se trata de piedras, a los cálculos. En una entrevista en la Ser, y tras indicar que no descartaba en absoluto que pudiera haber en el futuro cambios en las carteras correspondientes a Unidas Podemos, Díaz precisaba que ellos ya habían hecho su propia remodelación al renovar en un 50% su representación en el Ejecutivo.

Ni que decir tiene que ese 50% de la vicepresidenta está mucho más lejos de la verdad que el 63% del presidente. Como recordarán, la remodelación de la porción comunista de la tarta gubernamental se produjo a raíz de la tocata y fuga de Pablo Iglesias para presentarse a las elecciones autonómicas madrileñas. Salió Iglesias del Gobierno, entró Ione Belarra y Díaz alcanzó la dignidad vicepresidencial. ¿Cómo puede inferirse de ello que se ha renovado la representación en un 50% siendo como son cinco los ministros de UP y habiendo tres –Montero, Garzón y Castells– que siguen en sus puestos y una, la propia Díaz, que ni siquiera ha trocado sus atribuciones por unas nuevas, como sí ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del socialista Iceta? Misterios de la matemática política.

Pero, en todo caso, lo más grave no es ese desbarajuste numérico ni tampoco esa burla de la verdad que viene caracterizando a cuantos gobiernos ha presidido hasta la fecha Pedro Sánchez; lo más grave es la sensación de que no estamos en presencia de un solo gobierno, sino de dos. De que no hay coordinación ninguna entre ambos bloques, sino pulso y enfrentamiento constantes. De que el presidente es incapaz de imponerse a la vicepresidenta, hasta el punto de emprender una crisis de gobierno que no afecta más que a una de las patas, la suya, la socialista. Porque el problema va mucho más allá de los relevos. Que en el Gobierno sigan asentando sus reales Garzón y Castells debería ofender a cualquier español en busca de trabajo. Que Montero continúe moldeando la realidad con sus desvaríos genéricos debería merecer un estudio clínico. Pero, al margen de ello, están las contraprestaciones que nos pide la Unión Europea para poder disponer de esos fondos que son, a estas alturas, el mayor objeto del deseo de gobernantes, empresas, sindicatos y demás beneficiarios. 

Y entre las recomendaciones que acaban tornándose exigencias estaba la reducción de ministerios. O sea, de la estructura mastodóntica del Ejecutivo, lo que supone cargos, asesores y, en definitiva, gasto público. España es el segundo país de la Unión con más ministros. Sólo nos supera Italia. Pero allí, al menos, existe un gobierno de unidad nacional y un presidente, Mario Draghi, procedente del Banco Central Europeo, que llegó con los deberes hechos y ejerce en verdad el cargo. Nosotros, en cambio, debemos conformarnos con la presidencia de un fraudulento doctor en Economía y Empresa que encima no preside más que lo que le dejan. Como para volverse locos.

(VozPópuli, 15 de julio de 2021)


Leo en El Español una entrevista de Daniel Ramírez a Joan Tardà en la que el antaño martillo del independentismo catalán en el Congreso de los Diputados –al que Alfredo Pérez Rubalcaba motejaba, acaso con simpatía, como “El Camionero”– afirma hasta cuatro veces que el Gobierno de España está asumiendo por fin el principio de realidad. Tardà reconoce que al Gobierno le ha costado y le sigue costando, pero valora su esfuerzo y, en concreto, el de su presidente. Vamos, que si Tardà fuera Celaá diría que el niño necesita mejorar aunque progrese adecuadamente. ¿Y cuál es ese principio de realidad que está asumiendo al parecer el Gobierno de todos los españoles, entre los que se cuenta, mal que le pese, el propio Tardà? Ya se lo figuran: el que el nacionalismo catalán ha venido construyendo desde los tiempos en que Jordi Pujol alcanzó la Presidencia de la Generalidad y cuya máxima expresión fue el intento de golpe de Estado de 2017 y la consiguiente declaración unilateral de independencia. O sea, el presunto derecho a la erección, en el nordeste de España y autodeterminación mediante, de un Estado supremacista y, por ende, xenófobo.

Hace cosa de un mes se cumplieron 16 años de la publicación del manifiesto que dio lugar a la creación de un nuevo partido político en Cataluña, esto es, de Ciudadanos. Aquel texto, cocinado durante muchas cenas y servido tras dificultosos e interminables debates entre los quince abajo firmantes, se cerraba con una frase en la que se llamaba “a los ciudadanos de Cataluña (…) a reclamar la existencia de un partido político que contribuya al restablecimiento de la realidad”. La realidad a cuyo restablecimiento se llamaba era la que el nacionalismo, con su ficción política, basada en una pedagogía del odio a todo lo español difundida a través de los medios públicos e inculcada paciente y machaconamente desde la escuela, había suplantado. Sobra añadir que, si bien la iniciativa tuvo éxito en tanto en cuanto se fundó el partido y este alcanzó la deseada representatividad institucional –cosa distinta ha sido su devenir, en especial el más reciente–, el nacionalismo no ha hecho sino radicalizar los sustentos de su ficción política. Hasta el punto de apropiarse sin tapujos, como ahora Tardà, del propio principio de realidad.

Claro que para ello ha sido necesario un Sánchez. Y antes un Rodríguez Zapatero. Y entre ambos, según recordaba oportunamente el pasado domingo aquí mismo Alejo Vidal-Quadras, un “estafermo” como Rajoy. Es decir, el desistimiento progresivo del Estado en relación con las palmarias intenciones del nacionalismo catalán, haciendo bueno el pronóstico de Pasqual Maragall cuando afirmaba en 2006, tras la aprobación del nuevo Estatuto por parte de una tercera parte del cuerpo electoral, que el Estado en Cataluña se había convertido en residual. Un desistimiento, por otra parte, multiforme. Con gobiernos socialistas, ya sea porque las mayorías requerían y requieren los votos del nacionalismo de izquierdas, ya sea por simple afinidad ideológica, lo que ha habido ha sido amparo, comprensión e impulso al nacionalismo. Con los populares, lo que hubo fue una confianza tan ciega como candorosa en que ese nacionalismo nunca se atrevería a romper la Premisa a la que David Jiménez Torres ha dado carta de naturaleza y contorno en su 2017 y que puede resumirse en que los nacionalistas –lo mismo vascos que catalanes– jamás iban a traspasar los confines del Estado de derecho establecidos en nuestra Constitución de 1978.

Y es que el principio de realidad al que se agarra hoy en día Tardà consiste en realidad –y perdón por la redundancia– en la legitimación y blanqueo de cuantos delitos lleva cometidos hasta la fecha el nacionalismo. Y, en paralelo, en la ignorancia y desprecio de aquella parte de la sociedad catalana –y, por supuesto, española– que no está dispuesta a renunciar a la verdad, a los hechos y al imperio de la ley. Que el nacionalismo juegue al trile no es en modo alguno novedoso. Siempre lo ha hecho. Lo verdaderamente novedoso y causa de oprobio para tantísimos españoles es que el gobierno que les representa, el Gobierno de España, se preste a este juego.

(VozPópuli, 8 de julio de 2021)

La realidad y sus principios

    8 de julio de 2021

En España, la Restauración con mayúscula y por antonomasia es la borbónica. Ignoro si los libros de historia de nuestro Bachillerato siguen hablando de ella, si bien me figuro que algo dirán de sus venturas y desventuras –más de las segundas, sin duda, aunque sólo sea porque entre los autores de esos manuales y los profesores que se sirven de ellos para impartir la materia suelen pesar más las afinidades republicanas que las monárquicas–. En todo caso, estoy convencido de que España necesita como agua de mayo una nueva Restauración. Por supuesto, el objeto no sería ya la vuelta de la monarquía; esta ya volvió –felizmente– tras la muerte del dictador, y sus pasos y sus logros, empezando por la Constitución de 1978, han contado siempre con el refrendo de una gran mayoría de los españoles. En aquel entonces, más que de “restauración” se habló de “transición hacia la democracia”, pero esta transición –como nadie que lo viviera o lo haya estudiado en lo sucesivo puede negarlo sin faltar a la verdad– consistió en la restauración de un régimen de libertades del que el país llevaba décadas privado. (Más incluso: en la restauración y en la mejora de lo conocido hasta aquella fecha.)

En sus Memorias de ultratumba Chateaubriand asociaba la Restauración monárquica que siguió al Imperio napoleónico al “principio fijo” de la libertad. (Al Imperio lo identificaba con la fuerza y a la República que le precedió, con la igualdad.) Más allá de las características que pudiera tener esa libertad de hace más de dos siglos tras los estragos de todo tipo causados por la Revolución, lo importante es que se trataba de una libertad regulada. Que no existía, dicho de otro modo, en contra ni al margen de la ley. Hace unos días, y a propósito de los indultos, Fernando Savater lo recordaba con inmejorables palabras en un artículo publicado en El País (“Indulgencia plenaria”, 23-6-2021): “Lo que fomenta la convivencia democrática es el respeto y el temor a la norma compartida: vivir en democracia es no tener que obedecer los caprichos de nadie sino solamente lo establecido por la Ley”. Y esta es, a mi modo de ver, la Restauración que este país necesita a día de hoy de forma apremiante.

En lo que va de siglo –y, en concreto, desde la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero– ha crecido en España la sensación de impunidad. Y lo que es más grave: junto a la sensación, la impunidad misma. Por supuesto, gran parte de la culpa la tiene la incapacidad de los sucesivos gobiernos de España de plantar cara a los constantes quebrantamientos llevados a cabo por los nacionalismos y, en especial, por el catalán, con su desafío al orden constitucional mediante un golpe de Estado, su imposición de una lengua autonómica en la escuela y las instituciones en detrimento de nuestra lengua común, o su empecinamiento en desobedecer las sentencias de los tribunales, sean estos de Cuentas o de otra índole. Pero no sólo las fechorías del nacionalismo han quedado impunes.

Por poner un ejemplo: aquel “respeto y temor por la norma compartida” a que aludía Savater también ha caído en barrena en lo referente al derecho a la propiedad, sistemáticamente conculcado con la ocupación no penalizada de viviendas. Y acaso lo más trascendente no sean ya los propios hechos en sí, sino la manera sutil de afianzarse en la mentalidad de las generaciones más jóvenes el desprecio por cualquier tipo de norma. Las últimas reformas introducidas en el sistema educativo español, donde la disciplina y la autoridad del profesor vienen sufriendo desde la promulgación de la Logse un desgaste palmario, no hacen sino reforzar ese desprecio. ¿Cómo van a sentir nuestros niños y jóvenes una motivación cualquiera para el esfuerzo, un respeto o un temor por el fruto de su trabajo, si pueden progresar adecuadamente en sus estudios obligatorios y postobligatorios aun cuando su expediente académico esté sembrado de suspensos?

Es esta, en suma, la Restauración que urge, la que debe devolver a los ciudadanos españoles la confianza en el Estado de derecho y en cuanto conlleva. Por desgracia, no está en las manos del presente Gobierno garantizarla. Al contrario, su gobernanza no hará más que agrietar los pilares de nuestro edificio constitucional. Pero hasta que las urnas nos permitan cambiar dicho estado de cosas, nos corresponde combatir la erosión pasada y presente con la fuerza de las palabras y los hechos.

(VozPópuli, 1 de julio de 2021)

 

Una nueva Restauración

    1 de julio de 2021

Sabida es la obsesión que tuvo siempre Josep Pla por el uso cabal del adjetivo. Aquello de tomarse su tiempo para liar el cigarrillo e ir dándole vueltas –al papel y al adjetivo–. Consideraba Pla que no existía tarea más ardua y trascendente para un escritor que la consistente en “la adecuación de los adjetivos a los sustantivos”. E incluso a propósito de un autor como Baroja, por el que sentía un aprecio literario rayano en la admiración, dejó escrito en El cuaderno gris lo siguiente –la traducción es de Dionisio Ridruejo y Gloria de Ros–: “El defecto de Baroja es que es un hombre de adjetivo ligero. A veces juzga, adjetiva, ligeramente –los lanza como los burros los pedos–”. Pues bien, algo muy parecido puede decirse, sin exagerar lo más mínimo, de Pedro Sánchez, atendiendo a su pedorreo adjetival del pasado lunes en el Gran Teatro del Liceo –y que me perdone la memoria de don Pío por la analogía–.

Ese “gran”, por ejemplo. Doce veces utilizó el presidente del Gobierno en su discurso dicho adjetivo –once, si se exceptúa la correspondiente a la designación de la propia ópera barcelonesa–. Y a cuál más ampulosa. El primer agraciado fue el poeta Martí i Pol, icono del antifranquismo campestre de estirpe comunista. Tras citar, en catalán, unos versos “del gran Miquel Martí i Pol” –un poeta más bien menor, por cierto, al que sólo el nacionalismo y la escuela patriótica han elevado a los altares convirtiéndolo en lectura obligatoria, y del que Sánchez debía de ignorar la existencia hasta ver impreso su nombre en el papel–, prosiguió con la cita en castellano. Pero lo que no hizo –como ha recordado con nacional pertinencia elnacional.cat– fue llegar hasta el final del poema. Porque este concluye con un verso que el independentismo ha tomado como bandera y que, traducido, reza así: “Todo está por hacer y todo es posible”. En otras palabras, “lo volveremos a hacer”.

Luego viene otro “gran” que no figura en el texto del discurso y no he incluido, por tanto, en el recuento, pero que sí está en potencia. Tres párrafos más allá el conferenciante asegura que “podríamos seguir así, encerrados con un solo juguete, como diría el genio catalán Juan Marsé”. Ya no es el “gran Juan Marsé”, como en el caso de Martí i Pol, sino “el genio”, acaso porque ahora se trata de un antifranquista afín al socialismo patrio. Y “catalán”, encima, lo que redunda sin disputa alguna en su genialidad. Sobra precisar que el presidente, al que tal vez le suene eso de “Juan Marsé”, no habrá leído, con toda probabilidad, Encerrados con un solo juguete. Pero tanto da. Si para firmar una tesis no es necesario haberla escrito de cabo a cabo, sólo faltaría que para citar a un poeta o a un novelista hubiera que haber leído algo suyo.

Los otros “grandes”, hasta completar la docena, acompañan momentos estelares del discurso. Por ejemplo, el “gran espíritu de unidad ciudadana”, que, según Sánchez, contribuyó a que el Gran Teatro volviera a ser lo que era antes del incendio de 1994 –y así “pudieron regresar el arte, los aplausos a esta platea”, añadía al punto el conferenciante, deseoso quizá de recibirlos él también–. O “el gran paso” –a saber: la concesión de los indultos– que iba a dar la democracia española –sí, la democracia española– para que se produzca el tan ansiado “reencuentro”. O las “grandes transformaciones” y el “gran cambio social y económico” que se avecinan. Y esa “gran oportunidad”, doblemente reiterada, que no podemos dejar escapar. Y, en fin, esa “unión de una gran mayoría de futuro y de convivencia en Cataluña y en el conjunto de España”, signifique lo que signifique y que debemos, sostiene el presidente, alcanzar.

Pero no todo fue pedorreo adjetival el lunes en el Gran Teatro del Liceo. También hubo, cómo no, la incontinente burricie de género que caracteriza a nuestra izquierda cuando alguno de los suyos toma la palabra. Los “todos y todas”, “ellos y ellas”, etc. Eso sí, esta vez, en consonancia con la magnificencia del acto, la corrección política sufrió un auténtico desparrame. Algunas perlas: “Encabezo un Gobierno que defiende la unión de todos y todas los españoles y españolas”; “Y esa forma [en que podemos perseguir nuestros ideales] implica el reconocimiento de todos y de todas y los derechos de todos y de todas”; “una gran oportunidad que nos exige a todos y a todas, toda la concentración y todas las fuerzas posibles porque de conseguirlo, todos y todas vamos a salir beneficiados”. Y para terminar, este remate, entre el desvarío y el éxtasis: “Cataluña. Catalanes y catalanes en Cataluña. Catalanes y catalanas. Os queremos”.

Y lo peor de todo es que la gran farsa no ha hecho más que empezar.

(VozPópuli, 24 de junio de 2021)


El gran farsante

    24 de junio de 2021

No en el sentido etimológico de ‘pensamiento’, pero sí en el que da el diccionario de ‘palabras o frases sagradas (…) que se recitan durante el culto para invocar a la divinidad’ conviene el término mantra a tantos vocablos o sintagmas por los que siente especial devoción la izquierda española. El pasado domingo Ferran Toutain aludía en El País a uno de estos mantras a propósito de la representación en Barcelona de Señor Ruiseñor, la obra que Els Joglars han dedicado a la figura de Santiago Rusiñol: aludía, en concreto, al mantra de la igualdad, entendida como igualación. Al respecto, recordaba Toutain hasta qué punto el autor de La niña gorda –una obra, por lo demás, cuyo simple título habría procurado hoy a Rusiñol la más fulminante cancelación– había resultado profético al advertir que “el día que hubiese igualdad, nos pondríamos jorobas postizas”. Y es que nunca se habrán visto tantas jorobas postizas como durante estos años procesistas. Y no sólo en Cataluña, por cierto.

El populismo nacionalista ha abonado sin duda el terreno. Pero esos mantras, que actúan en la conciencia servil del militante o del votante como un bálsamo eufemístico, son de raíz netamente izquierdista. El nacionalismo, en su afán totalitario, se ha limitado a apropiárselos. Ocurre con la igualdad igualatoria y ocurre también con la cohesión.

Si no ando equivocado, los primeros que hablaron de cohesión social en Cataluña fueron los comunistas del PSUC, siempre tan preocupados –mucho más que Pujol y compañía, en todo caso– por la sutura de las dos comunidades en que el franquismo, decían, había fragmentado la tierra catalana. De una parte, la de los generacionalmente nativos, los autóctonos, los genuinos catalanes; de otra, la de los advenedizos, los inmigrantes, los antiguos murcianos y los flamantes charnegos a los que Paco Candel, mediada la década de los sesenta del pasado siglo, puso el precinto de “los otros catalanes”. Y, aparte de postular la mejora de las condiciones socioeconómicas de la segunda de las comunidades como factor de integración, los intelectuales del PSUC entronizaron la idea de que el conocimiento y el uso de la lengua del lugar –lo que ahora se entiende, estatutariamente al menos, como la lengua propia del territorio– era un elemento decisivo para que dicha fusión comunitaria, esto es, dicha cohesión social, surtiera efecto. Y a ello se emplearon, con la inestimable ayuda del resto de la izquierda y, claro está, de todo el arco nacionalista catalán. Sobra añadir con qué afán y convencimiento, dada su primigenia condición de comunistas y nacionalistas.

Llegados los tiempos de la Transición y la Autonomía, fue también la izquierda catalana, ya con los socialistas como fuerza hegemónica, la que siguió insistiendo en la función cohesionadora de la llamada lengua propia. La Convergencia de Pujol apostaba por un modelo educativo de tres líneas parecido al del País Vasco, pero los socialistas consideraban que eso iba en contra de sus principios igualitarios, radicalmente opuestos a cualquier forma de división –y, en consecuencia, de libertad de elección de lengua–, por lo que enarbolaron la bandera de la línea única, con el comprensible y satisfecho beneplácito del nacionalismo gobernante. Y ese presupuesto unificador fue labrando poco a poco el terreno a lo que ha terminado siendo el modelo de inmersión lingüística, sustrato ideológico y pilar fundamental de la Cataluña del Procés.

De cuanto antecede podría inferirse que el uso torticero de la cohesión como mantra de Fierabrás es cosa del nacionalismo. Nada más incierto; en realidad, es cosa de la izquierda, a la que el nacionalismo, fiel a su inveterada costumbre, ha fagocitado a su gusto. Sirva como muestra de ese uso la “Exposición de motivos” del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, donde se fija como objeto de la ley “el fomento de la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles y españolas en torno a los principios, valores y libertades constitucionales, y la necesaria supresión de elementos de división entre la ciudadanía”. Sí, lo han leído bien. Poco importa que lo que sigue sea un compendio de medidas divisivas, basadas en un relato de parte, profundamente sesgado, de nuestra historia común. La cohesión, esa otra joroba postiza que haría sin duda las delicias de Rusiñol, que no falte.  

(VozPópuli, 17 de junio de 2021)

El mantra de la cohesión

    17 de junio de 2021

Yo no sé si Yolanda Díaz, Alberto Garzón, Irene Montero, Ione Belarra o Manuel Castells saben quién fue Julio Camba. Puede que a Castells, de todos el más leído, le suene el nombre. Al fin y al cabo, comparte con el periodista de Villanueva de Arosa la vena anarquista –el resto de carteristas de Unidas Podemos, esto es, de poseedores de carteras, son todos comunistas–, aunque el anarquismo de Camba pronto se disipó, mientras que el de nuestro ministro de Universidades sigue guiando sus pasos, por más que, tal y como admitía él mismo hace meses, en tanto que ministro no lo practique. Claro que una cosa es que a Castells le pueda sonar el nombre de Camba, y otra muy distinta que haya leído algo suyo. Y lo que ya me parecería de todo punto milagroso es que conociera “La tiranía del trabajo”, ese pequeño tesoro que el periodista gallego incluyó hace un siglo en el último apartado de La rana viajera, justamente titulado “La antipolítica”.

De haberlo hecho, de haber tenido la ocasión y haberse tomado la molestia de leer el artículo, Castells habría encontrado en él reflejado lo que ha sido la actitud, y por ende la conducta, de sus compañeros ministeriales –a los que hay que añadir, por cierto, el cesante Pablo Iglesias– y de sí mismo a lo largo del último año y medio. Oigamos a Camba: “Para mí, toda la cuestión social se reduce a una cosa: que el hombre no quiere trabajar y que es preciso que trabaje. El hombre no quiere trabajar doce horas, ni ocho, ni cinco, ni dos; no quiere trabajar en un trabajo desagradable ni en un trabajo agradable; no quiere trabajar absolutamente nada. Pretender establecer el trabajo colectivo como base de la sociedad futura me parece, por lo tanto, un absurdo”.

Así las cosas, no es de extrañar que Luca Constantini esté hasta arriba de trabajo. Lo que no trabajan esos ministros lo trabaja él. Constantini, como sin duda les consta, es quien se ocupa de Unidas Podemos en Vozpópuli. El experto, en una palabra, el que trae exclusiva tras exclusiva sobre el acontecer de los antaño abanderados, junto a Ciudadanos, de la nueva política. Y lo cierto es que en los últimos tiempos el hombre no da abasto. Primero fue la tocata y fuga de Iglesias y su sustitución por el dueto Díaz-Belarra. Luego, la encrucijada creada por la necesidad de optar entre Garzón y Castells ante el imperativo de tener que prescindir de uno de los ministerios de cuota. Y este mismo lunes, sin ir más lejos, Constantini firmaba aquí una pieza en la que abría todavía más el compás e incorporaba a los nombres de la ruleta los de Belarra y Montero, si bien por razones distintas –la estricta dedicación al partido, en el primer caso, y la inutilidad o el cansancio, en el segundo–. El caso es que uno de ellos deberá renunciar al cargo de ministro si, como parece, el presidente Sánchez acomete próximamente una remodelación de su gabinete.

Si esto fuera una empresa, la elección de la víctima dependería del rendimiento de cada candidato, o sea, de la relación coste-beneficio. Pero esto no es una empresa, es un partido político. Mejor dicho, son tres en uno. Y dejando aparte a la vicepresidenta Díaz, cuyo futuro en estos momentos no está en juego, el resto más bien destaca por su aversión al trabajo. Una vez leídas las respectivas hojas de servicio, se produce lo que los franceses llaman l’embarras du choix. Todos han hecho méritos bastantes para que la bicoca ministerial se les acabe. Incluso Belarra, si atendemos a su anterior labor como secretaria de Estado. Todos siguen al pie de la letra, en definitiva, lo que Camba estableció hace un siglo: que el hombre –y ello incluye, claro, a la mujer– no quiere trabajar absolutamente nada. De ahí que poco importe la naturaleza de la víctima. Lo único importante, en realidad, es que con la supresión de un ministro y un ministerio dejaremos de dilapidar cientos de miles de euros del presupuesto. Eso sí, lástima que en vez de uno no sean dos, o, ya puestos, los cinco.

(VozPópuli, 10 de junio de 2021) 

Para cerciorarse de que este mundo nuestro hace tiempo que ha dejado de ser el de la palabra, basta con echar una mirada a eso que llamamos, con considerable largueza, el debate político. Colón-II, pongamos por caso. Por reveladora que resulte la presencia de un determinado líder opositor en la plaza el próximo 13 de junio, por significativa que sea, políticamente hablando, su participación en la manifestación convocada por la plataforma Unión 78 en protesta por la futura concesión de los indultos a los condenados por el golpe del 1-O, lo que a estas horas importa, lo realmente decisivo, no es tener la certeza de que ese dirigente político, en efecto, va a estar, sino saber si va a salir o no va a salir en la foto. Al contrario de aquel “el que se mueva no sale en la foto” de Alfonso Guerra, donde el drama consistía en quedar fuera de foco, esto es, fuera de la carrera política, todo indica que aquí el drama consiste en entrar de lleno en el encuadre. Sólo así se entiende la vaguedad con que se expresan las fuentes cercanas al líder político afectado cuando se les pregunta por el asunto. Se me dirá que nos hallamos ante una controversia promovida y alentada por los partidos que nos gobiernan y cuantos les prestan su apoyo parlamentario, con el impagable concurso de los medios de comunicación afines y el correspondiente vocerío de las redes sociales. Sin duda. Pero, a la postre, también el resto de los medios están pendientes de si habrá o no habrá otra “foto de Colón”. La imagen, y su valor icónico, centran, y hasta acaparan, el debate. Si a eso se le puede llamar debate, claro.

Pero de la depreciación de la palabra no tiene sólo la culpa el imperio de la imagen. También quienes nos representan en las instituciones, y en particular, en las políticas. Así, cuando uno compara el valor que posee la palabra para un político con el que posee para un miembro de la judicatura, el contraste es pasmoso. Siguiendo con los indultos, estos días hemos oído y leído declaraciones del presidente del Gobierno que no sólo entraban en flagrante e impúdica contradicción con otras declaraciones anteriores –en lo que coincidía, por cierto, con su ministro de Justicia–, sino que ni siquiera atendían a los hechos. Aludían, como justificante para la concesión de los indultos, a un ideal superior, a una suerte de futurible –la paz, la convivencia, la concordia–, a la voluntad de superar un desgarro emocional o político, o a la simple necesidad de resolver un problema. O sea, a los sentimientos. Para el máximo responsable del Ejecutivo, ni lo factual ni lo racional contaban –cuentan– para nada. Por no hablar del respeto a la ley.

De ahí que resulte de todo punto llamativo, por su radical disparidad con cuanto precede, que la Sala Penal del Tribunal Supremo, en su informe contrario a la concesión de los indultos del Procés, además de atender a los hechos y a la razón tomara en consideración lo manifestado por los propios reos en sus alegaciones y, en especial, por Jordi Cuixart, quien sostenía en su escrito que “todo lo que hizo lo volverá a hacer porque no cometió ningún delito y […] está convencido de que es lo que tenía que hacer, volviendo a hacer un llamamiento a la movilización ciudadana pacífica, democrática y permanente”. No es de extrañar que los autores del informe concluyeran de ello que “esas palabras son la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal”. Esas palabras y no otras. Por su valor probatorio.

O mucho me equivoco o la palabra, al paso que vamos, va a desmonetizarse por completo –por decirlo a la manera de Pla– en el ruedo político español. La dicha y, por supuesto, la dada.

(VozPópuli, 3 de junio de 2021)

 

El precario valor de la palabra

    3 de junio de 2021

Las Cortes Constituyentes de la Segunda República española tuvieron mucho cuidado, al elaborar su Constitución, en dejar atado y bien atado el asunto de la lengua. Ya fuera por convicción, ya fuera porque le habían visto las orejas al lobo, aprobaron el 9 de diciembre de 1931 un texto en el que no había grieta alguna por donde los nacionalismos vasco y catalán pudieran imponer, allí donde señoreaban, una lengua regional. El artículo 4º de aquella Carta Magna, aparte de establecer que el castellano era “el idioma oficial de la República”, indicaba que “salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional”. Y el 50, además de afirmar que las regiones autónomas podrían “organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos”, especificaba lo siguiente: “Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y esta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los Centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República”.

Decía más arriba que ese blindaje podía deberse a la convicción de los propios constituyentes o al temor que les infundieran en aquel arranque de década las pretensiones de los nacionalismos regionales más o menos separativos. O a lo uno y a lo otro, claro está. Es cosa sabida que el modelo de Estado que aquellos republicanos llevaban en la cabeza y aspiraban a implantar en España era el del país vecino. O sea, el de la República Francesa. Y en el ordenamiento legal de esta república poco margen tenían las lenguas regionales –vasco, catalán, occitano, bretón–, por no decir ninguno. El francés era la lengua de la Nación. Y punto. Pero es que, por otra parte, estaban el lobo y sus orejas, esto es, el nacionalismo catalán. A comienzos de agosto de aquel 1931 se había aprobado en Cataluña en referéndum, por una abrumadora mayoría, el llamado Estatuto de Núria. Y aquel texto que jamás llegó a aplicarse –toda vez que en su tramitación en las Cortes, ya entrado 1932, fue cepillado con un rigor y una eficacia infinitamente mayores que los que Alfonso Guerra se atribuiría a sí mismo y a sus congéneres socialistas en 2006, con otro Estatuto y en otras Cortes– establecía que en Cataluña sólo el catalán debía tener la condición de idioma oficial y, en consecuencia, de lo que hoy denominaríamos “lengua vehicular” y entonces recibía el nombre de “instrumento de enseñanza”. De ahí que su tramitación se pospusiera hasta que la Constitución fuera aprobada y de ahí también que esta última incluyera en la parte del articulado referida a las lenguas y a la enseñanza unos diques de todo punto infranqueables.

Sobra decir que los constituyentes de 1978 no hicieron nada parecido. Se limitaron a establecer que “el castellano es la lengua española oficial del Estado” y que “todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”, un deber y un derecho que ya figuraban también en la de 1931. Y así nos ha ido. Tras más de cuatro décadas de vigencia de nuestra Carta Magna, en una parte nada despreciable del territorio nacional no existe de facto otra lengua institucional y de uso en la enseñanza que la lengua regional respectiva. Y lo que es peor: cuantas apelaciones se han hecho al Tribunal Constitucional (TC) para que ampare el legítimo derecho de cualquier ciudadano a utilizar el castellano en sus tratos con la Administración y a reclamar para sus hijos una enseñanza en el idioma oficial del Estado han sido en vano.

Tal vez por ello la reciente decisión del Consejo Constitucional de la República Francesa –el equivalente a nuestro TC– de suprimir dos artículos de una ley de lenguas aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 8 de abril haya producido en no pocos ciudadanos españoles tanta admiración como envidia. De una parte, por su prontitud: 43 días ha tardado el Alto Tribunal francés en pronunciarse. Pero, sobre todo, por la naturaleza misma de uno de estos artículos, que legitimaba la práctica en la enseñanza de la inmersión lingüística en una lengua regional, lo cual contravenía, a juicio del Consejo, el artículo 2 de la Constitución de la V República. Y agárrense: ¿saben qué dice ese artículo en relación con lo que aquí nos ocupa? Pues, simplemente, que “la lengua de la República es el francés”. Con eso ha bastado. Con eso, y con el precedente español. Porque lo ocurrido en España en estas últimas décadas, y de forma singular en Cataluña durante la que acabamos de cerrar, no ha pasado inadvertido en Francia. Tanto el nacionalismo catalán como el vasco tienen asiento en el país vecino. Y no se trata de cebarlos, ni de hacerles la vida más cómoda. El lobo es aquel mismo lobo de los tiempos de la Segunda República, si acaso más crecido y envalentonado. Y esas orejas que han asomado últimamente amenazando la integridad de la Nación española son también aquellas mismas orejas. Y, en fin, una cosa es que nosotros, al permitir lo que hemos permitido, hayamos hecho gala de un candor y una cobardía sin par, y otra muy distinta que nuestros vecinos vayan a comportarse del mismo modo. ¡Buenos son ellos!

(VozPópuli, 27 de mayo de 2021)

Miquel Iceta no conoce otra carrera que la política. Desde 1os 18 años, en que fue elegido secretario de Política Estudiantil de la Juventud Socialista de Cataluña, hasta la actualidad, la cosa pública lo ha sido todo para él. El fermento y el sustento. La propia secretaría aquella con la que debutó pronto quedó desfasada. Y no porque terminara sus estudios de Ciencias Químicas y dejara como consecuencia de ser estudiante, sino justo por lo contrario, por no terminarlos, lo que suele comportar un desenlace parecido, aunque sin duda no tan lustroso. Es evidente que el lustre, a él, se lo proporcionaba ya la política. ¿Para qué esforzarse, pues, y sacarse el título? Él ya estaba centrado en lo suyo y no le iba mal. Sobra añadir que el tiempo le ha dado razón. Desde entonces y a lo largo de más de cuatro décadas, ha ido saltando de cargo en cargo hasta alcanzar el de ministro de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de España. Ahí es nada.

Se entiende, por tanto, que Iceta, ya en su condición de ministro, creara una comisión de expertos para analizar el sistema de acceso a la función pública con vistas a su actualización. Cuando un político decide crear una comisión de expertos con el propósito de actualizar un proceso, sea de selección o de cualquier otra índole, es que se ha propuesto modificarlo, revisarlo, reformarlo –que eso significa, al cabo, actualizar en el lenguaje político– y hacerlo en un determinado sentido. De ahí que los expertos llamados a conformar dicha comisión sean escogidos en función del objetivo prefijado. Así ha sido siempre y un avezado fontanero de la política como Iceta no iba a romper ahora la tradición.

¿Y el objetivo cuál era y sigue siendo? Flexibilizar –otro verbo muy querido por la clase política, por su polisemia y su carga eufemística– el sistema de acceso al funcionariado mediante, entre otros procedimientos, la laminación de la parte memorística de las pruebas. Que semejante propósito haya anidado en un gobierno que ha hecho de la desmemoria su razón de ser resulta, qué duda cabe, de lo más consecuente. Una desmemoria que lo mismo se manifiesta en la puesta en marcha de unas políticas de “memoria democrática” groseramente sesgadas por un revanchismo guerracivilista que en unos nuevos currículos educativos basados en el descrédito de la memoria y, en suma, de la transmisión del conocimiento. Añadan a lo anterior las características de un ministro cuya trayectoria personal no invita precisamente a presumir en él una querencia cualquiera por el ejercicio de la memoria en el ámbito académico y su consiguiente puesta en valor, y se entenderá, creo, lo que esconde la mencionada flexibilización: la voluntad de facilitar a los jóvenes opositores una pasarela más plácida en el acceso a la Función Pública, dado que con el patrón de oposiciones vigente no se alcanza a cubrir todas las plazas disponibles. Una pasarela, en definitiva, en la línea del “aprender a aprender” del modelo educativo implantado por la izquierda hace tres décadas y que ha devenido en esa ley Celaá con la que se puede obtener el título de Bachillerato con un suspenso a cuestas.

El economista, inspector de Hacienda y exdiputado nacional por Ciudadanos, Francisco de la Torre, lo ha explicado con pleno conocimiento de causa en “Amnesia y memoria en la reforma de las oposiciones” (El Economista, 14-5-2021): “Quizás como no soy amnésico, a mí no se me ha olvidado que opositar nunca me había parecido atractivo, ni a mí, ni a nadie que conociese. Aún menos se me ha olvidado que fueron años muy duros. Sin embargo, de lo que no podemos olvidarnos es de que aprender cuesta esfuerzo. Por supuesto, se puede discutir cuál es la carga memorística necesaria para saber realmente de un tema. Pero hay que tener en cuenta que no es pequeña y que sí, claro que cuesta esfuerzo. (…) Por supuesto, también queremos profesionales inteligentes, pero la única forma en que se puede pensar sobre algo es haberlo aprendido; es decir, memorizado y entendido previamente. Y la única forma de solucionar muchos problemas es tener un conocimiento amplio, con las interrelaciones correspondientes: se piensa sobre lo que hay en la memoria.”

Así las cosas, ¿dónde quedan ya, en nuestra España oficial, la de la Administración y sus innumerables ramificaciones, principios como la igualdad de oportunidades y el derecho a una evaluación objetiva, y valores como el trabajo, el esfuerzo y el mérito, esenciales para el progreso de cualquier sociedad y la consiguiente generación de riqueza? Me temo que, por desgracia, en eso que podríamos denominar, sin exageración ninguna, el sumidero de la memoria.

(VozPópuli, 20 de mayo de 2021)