Hubo un tiempo –pongamos que hablo de hace quince, veinte años– en que el nacionalismo catalán tenía por costumbre calificar al periodismo madrileño de Brunete mediática. Según leo ahora en Wikipedia, el mote lo habrían acuñado a finales del pasado siglo dos dirigentes del PNV expertos en esta clase de metáforas, Xabier Arzallus e Iñaki Anasagasti, por lo que ni siquiera sería original. A la Brunete mediática el nacionalismo catalán le contraponía su oasis periodístico, ese remanso de paz regado hasta el tuétano con subvenciones públicas. A la guerra, pues, la paz. Y el diálogo, sobre todo el interno. De tanto dialogar entre sí el periodismo catalán alumbró en 2009 aquel editorial único suscrito por doce cabeceras que llamaba, mira por dónde, a la guerra. A la guerra contra el Tribunal Constitucional, al que amenazaba de forma explícita con una suerte de rebelión popular si, en la sentencia tan esperada, a sus excelentísimos miembros se les ocurría tocar una sola coma de un Estatuto que apenas un tercio de los ciudadanos de Cataluña con derecho a voto habían aprobado en referéndum tres años antes.

Curiosamente, el editorial de marras no lo habían redactado representantes del nacionalismo más irredento, sino del más liviano, del que ni siquiera se considera a sí mismo como tal. Me refiero, por supuesto, al socialismo del lugar. Así pues, del trabajo sucio se había encargado la asistenta. Este ha sido siempre, al cabo, el papel del PSC en la política catalana y española: el de asistir al nacionalismo en lo que este mandara. Y cuando digo el PSC no estoy pensando tan sólo en sus representantes políticos; también en los compañeros de viaje de toda clase y condición que han dispuesto a lo largo de las últimas décadas de una tribuna pública.

Este ha sido el caso de Juan Marsé. La reciente publicación de sus Notas para unas memorias que nunca escribiré (Lumen, 2021) pone de manifiesto hasta qué punto la animadversión, rayana en la fobia, hacia lo que podríamos llamar la derecha política y social española había hecho mella en él. Marsé se caracterizó siempre por no templar en exceso sus opiniones, por no cortase un pelo a la hora de hablar en público. Iba con su carácter. Sus a menudo saludables salidas de tono solían tener como diana a los políticos. En este diario de 2004, sin embargo, andaban más repartidas, y uno de los colectivos más baqueteados era el de los columnistas. No cualesquiera, claro: sólo los de la capital, integrantes la mayoría de la Brunete mediática, que le producían verdadera irritación, hasta llevarle a dejar de comprar los periódicos donde colaboraban para no verse obligado a leer sus escritos.

Así pues, la condición de verso libre de Marsé no le eximía de compartir, y de qué manera, el humus de la izquierda catalana y, aun sin ser consciente de ello o, en todo caso, sin admitirlo, del nacionalismo de los Pujol, Mas, Carod y compañía, a los que tanto aseguraba despreciar. O sea, de compartir el antifranquismo, cuya premisa mayor ha sido siempre que el dictador, al contrario de lo que certificó hará pronto medio siglo aquel “equipo médico habitual”, sigue vivito y coleando. No se puede ser antifranquista sin creer en la persistencia del franquismo. O sin dar a entender, al menos, que se cree en ella. Bien lo saben la izquierda y los separatismos de toda laya, que han hecho de semejante supuesto una hoja de ruta permanente en su lucha contra la derecha española. El actual Gobierno de la Nación y los de cuantas comunidades autónomas están gobernadas hoy por el nacionalismo o se sostienen gracias a su concurso no se entenderían sin dicho punto de unión.

Por lo demás, ese fantasma del que se echa mano se transfigura según conviene. Así, tanto desde la óptica del socialismo catalán como del propio separatismo, el franquismo lo mismo toma forma de Brunete mediática que de Tribunal Constitucional o de Partido Popular. Tanto da. Y no digamos ya de Madrid. De Madrid como metáfora de lo hispánico y como epicentro todas las maldades habidas y por haber. A propósito, ni les cuento la de terceristas catalanes –transfiguración terminológica, a su vez, de la intelligentsia nacionalista de baja intensidad tras el golpe de 2017– que están deseando, y no se recatan en manifestarlo, la derrota de Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones autonómicas. Y ni les cuento la de ciudadanos catalanes que, precisamente por ello, no deseamos otra cosa que su victoria.

(VozPópuli, 15 de abril de 2021)


A veces uno quisiera creer que estamos ya en el último peldaño, que más no se puede caer. Y entonces surge una noticia, como por ejemplo esta que nos informa sobre la voluntad del candidato Pablo Iglesias de formar al profesorado madrileño en lo que él y la Lomloe denominan “educación afectivo-sexual” y de otorgar a esa clase de contenidos la condición de asignatura troncal, y no le queda más remedio que admitir que está en el error, que caer más sí se puede. En la caída libre en que se ha convertido desde hace años el sistema educativo español, no hay último peldaño, sólo penúltimo.

Las ocurrencias del todavía líder de Podemos han venido a coincidir con las de la todavía ministra de Educación, Isabel Celaá, a propósito del trato que merecen la Educación Especial y quienes defienden la necesidad de seguir contando con centros especializados. Unos dislates parecidos, manifestados con una misma arrogancia y mala educación. Pero, en paralelo a estas noticias, se ha abierto en la esfera pública un debate –hasta donde es posible abrir debates en España, claro– acerca de la pretensión del Ministerio de aligerar el nuevo currículo educativo y de hacerlo a costa del llamado aprendizaje memorístico.

Vayamos por partes. Que los contenidos constitutivos del currículo pueden ser excesivos y en alguna medida prescindibles, no lo dudo. Hay mucha, mucha paja en lo que se enseña, empezando por el fárrago de la educación afectivo-sexual que tanto preocupa al candidato Iglesias y siguiendo con esa “asignatura de feminismos” que figuraba como medida en el programa con que Podemos concurrió a las últimas generales y permanece hoy por hoy en la recámara. Ahora bien, en cuanto al exceso de contenidos, habría que analizar el asunto etapa por etapa. Así, es muy probable que ese desbordamiento sí se dé en Bachillerato. Pero aquí el problema viene de raíz. O sea, de la Logse. Con sólo dos cursos de Bachillerato –esa anomalía española–, difícilmente pueden pedirse peras al olmo.

Y en cuanto a la memoria, no deja de resultar significativo que un gobierno que ha hecho de la llamada “memoria histórica” una bandera a la vez vindicativa y victimista sea tan renuente a promover la memoria entre los niños y jóvenes que pueblan las aulas del país y cuya formación debería ser decisiva con vistas a la España del mañana. Semejante contradicción arroja unas cuantas conclusiones. De entrada, que al actual Gobierno sólo le interesa la memoria en la medida en que puede moldearla a su gusto. Luego, que, fiel al cortoplacismo con que el presidente Sánchez y su gurú cortesano se conducen desde el día que pisaron la Moncloa, a este Gobierno los ciudadanos del mañana le importan un higo. Y, en fin, que poner en valor la memoria como método de aprendizaje supone poner en valor el conocimiento, y eso sí que no.

Desde que la educación pública de este país cayó en manos de pedagogos y psicólogos, y hace de ello por lo menos tres décadas, los contenidos han sido arrumbados de forma grosera. Se ha puesto el acento en el cómo –en el “aprender a aprender” de los breviarios de los movimientos de renovación pedagógica, favorecidos por el ensueño constructivista– y se ha guardado el qué en el baúl de los malos recuerdos. Ese descrédito del saber, de la transmisión de los contenidos, ha tenido un efecto lacerante no sólo para los alumnos, a los que se ha privado del alimento y del placer del conocimiento, sino también para los maestros y profesores, que han sido desposeídos de la autoridad que comporta ser depositarios de un saber y de la potestad de legarlo a las generaciones futuras.

Por lo demás, la mengua a la que se va a someter el currículo en sus partes presuntamente más memorísticas se verá agravada por la cada vez más liviana presencia en él de las enseñanzas comunes. Si hoy en día ya resulta difícil establecer unos mismos parámetros de evaluación de los conocimientos en el conjunto de España –piénsese tan sólo en la imposibilidad de comparar, autonomía por autonomía, el dominio de la lengua oficial del Estado, por no hablar de la flagrante y dolosa inexistencia de una única prueba evaluativa al término del Bachillerato–, ¿qué cabe esperar de un mañana en que la formación de cada ciudadano español va a depender del capricho con que en su respectiva comunidad autónoma hayan manejado las tijeras?

Y recuerden: no hemos llegado aún al último peldaño.

El descrédito del conocimiento

    8 de abril de 2021
 El mundo universitario ha sido noticia esta última semana. Y no para bien, precisamente.


1. Según se lee en Datos y cifras del Sistema Universitario Español. Publicación 2019-2020, editado recientemente por el Ministerio del ramo, el porcentaje de profesores que trabajan en la misma universidad en la que leyeron la tesis es del 73,5% para las universidades públicas y del 32,9% para las privadas. Los datos corresponden al curso 2017-2018, pero dudo mucho que hayan cambiado de forma sustancial en los dos cursos siguientes. De los porcentajes se deduce que en las universidades públicas está mucho más reservado el derecho de admisión del profesorado que en las privadas. En otras palabras: por paradójico que resulte, las públicas son mucho más privadas que las privadas. El documento también facilita los respectivos porcentajes de profesores que trabajan en una universidad de la misma comunidad autónoma en la que leyeron la tesis: un 87,5% en el caso de la públicas y un 76% en el de las privadas. ¿Cómo pueden aspirar las universidades públicas de este país a figurar algún día entre las mejores del mundo –no digo ya entre las 20 o las 50 mejores, pero sí al menos entre las incluidas en la franja que va de la 51 a la 100 según el ranking de Shangai–; cómo pueden aspirar a ello con semejante nivel de endogamia y de enclaustramiento autonómico de su profesorado?


2. El principio de autonomía universitaria no rige para los rectores de las universidades públicas catalanas. Su dependencia del poder político es escandalosamente absoluta. Y acaso lo más obsceno de su conducta sea constatar que ni siquiera hace falta que ese mismo poder les indique cómo comportarse. Cualquier intermediario acreditado sirve. Por ejemplo, Òmnium Cultural, esa force de frappe del independentismo que ha promovido entre la comunidad académica la demanda de una ley de amnistía que saque de las cárceles y de la penalidad legal a los políticos catalanes presos, y a la que se han adherido, todos a una, los excelentísimos y magníficos rectores de las universidades públicas catalanas.


3. En el belén que se armó la pasada semana a cuenta del cambio de nombre de las calles de Palma de Mallorca se pasó de soslayo, salvo alguna excepción, como la del periodista Tomeu Maura, sobre el origen académico de la iniciativa. Está bien, sobra indicarlo, afear al gobierno nacionalista y de izquierda de la corporación municipal, y en particular al alcalde socialista José Hila, su responsabilidad. Pero el atentado a la verdad tenía eso que los medios de comunicación llaman “autor intelectual”. En este caso, Gabriel Bibiloni, profesor de Filología Catalana de la Universidad de las Islas Baleares desde hace décadas, adoctrinador profesional –muchos de quienes imparten hoy en día las asignaturas de lengua y literatura catalana en los institutos baleares han pasado por sus clases– e insigne propagador del odio a todo lo español. Este docente publicó en 2013 un libro titulado Els carrers de Palma que ha servido de pauta –y lo que es más grave, de autoridad– para introducir y justificar los cambios en el callejero y en las placas de calles y plazas. Algunos, como por ejemplo los referidos a los almirantes Cervera, Churruca y Gravina, cuyas placas fueron repuestas al poco de ser sustituidas –por indicación al parecer de Ferraz–, expiaban la culpa, al decir del profesor universitario, de ser nombres “claramente franquistas (…) impuestos (…) en 1942 (…)” y dedicados a barcos que participaron “en la guerra de 1936-1939” –hubo, en efecto, tres barcos con estos nombres, aunque sólo uno llevaba el almirante delante, el Cervera, y los otros dos lucharon bajo bandera republicana–. Huelga precisar que semejante tergiversación de los hechos no tiene otra explicación que la que resulta del contrastado sectarismo ideológico del académico, a la que se añade una manifiesta ignorancia. Y por si no bastara con la ya evidenciada, al pobre almirante Churruca, muerto en la batalla de Trafalgar, lo liquida Bibiloni en su libro en la de Lepanto. 


4. El ministro de Universidades confundió el pasado viernes en una comparecencia pública a Leopoldo Alas padre con Leopoldo Alas hijo. Podría tratarse de un simple lapsus, si no fuera porque se trataba de explicar el porqué del homenaje que la Universidad de Oviedo a quien fue su rector, fusilado en 1937 tras la entrada de las tropas nacionales en la ciudad, o sea, 36 años después del fallecimiento de su padre, apodado Clarín, de muerte natural. Me temo que el regente del Ministerio no ha leído La Regenta. Ni siquiera debe de haber visto alguna de sus adaptaciones cinematográficas. O tal vez todo sea mucho más simple y Manuel Castells tuviera ese día un delirio parecido al que le llevó a decir este domingo que “si este gobierno colapsara, que no lo hará, sería la desintegración total de este país” y a justificarlo de este modo: “Somos la última muralla de defensa de la civilidad, lo digo en serio”. Aunque él no lo sepa, entre esto y aquel centinela de Occidente no hay más que un paso.



¿Gaudeamus igitur?

    1 de abril de 2021
Quizá no esté de más recordar, en los tiempos que corren, que no todos los contagios son indeseables. La risa se contagia, también la alegría. E incluso puede contagiarse, si la educación acompaña, la lectura. No recuerdo ya quién decía que la costumbre de leer el periódico se adquiría de niño, siempre y cuando en casa tuvieran también la costumbre de comprar y leer un periódico. Y con los libros pasaba otro tanto. No es raro, pues, que Manuel Chaves Nogales (1897–1944) se contagiara tan pronto. Hijo y sobrino de periodistas, lo raro hubiera sido que siguiera otra senda. Y a la lectura del periódico le sucedió pronto la escritura. Del afán por informarse al afán por informar informándose. Y como ese afán no conoce límites, a su Sevilla natal le siguieron –el gran periodismo de entonces era inseparable del viaje– Madrid, España y Europa, hasta los mismísimos confines del Cáucaso.

Así construyó Chaves su saber a lo largo de casi medio siglo –el más revuelto y sanguinario, sin duda, de nuestra historia moderna–. A pie de obra. Pisando la calle, hablando con la gente, observando y escuchando. Contando y andando, hubiera dicho él. Y contagiando ese saber a los demás, a sus contemporáneos. Pero no sólo a través de su escritura. Cuando se habla de su legado se olvida a menudo la otra parte de su labor periodística. Me refiero a la obra que inspiró como arquitecto de dos publicaciones de aquel primer tercio de siglo XX: Heraldo de Madrid, donde ejerció como redactor jefe, y sobre todo el diario Ahora, al que concibió, amamantó y guio hasta que el estallido de la barbarie fratricida le llevó a emprender el camino del exilio.

Ahora ese contagio ha adquirido nuevas y prometedoras formas. Coincidiendo con los meses finales de nuestro primer año pandémico, Andalucía le rindió un homenaje. No fue el primero, ciertamente, pero este presentó una magnitud insólita y unos trazos singulares. Recapitulemos: una nueva edición de su Obra completa, a cargo de Ignacio F. Garmendia, que también se ha responsabilizado de la edición de En tierra de nadie, una antología de sus artículos, narraciones y crónicas; una exposición dedicada a su figura y su obra, a la que acompaña un catálogo, Cuadernos y lugares, de cuya coordinación y edición se ha encargado Charo Ramos; y, en fin, un cuaderno didáctico, Democracia y periodismo, del que ha tenido cuidado Juan Antonio Rodríguez Tous. De ese magno esfuerzo, que ha supuesto un magnífico trampolín para el conocimiento en Andalucía y en el resto de España del legado de Chaves Nogales, merece la pena destacar asimismo no sólo la colaboración entre el mundo editorial –Libros del Asteroide ha editado la presente Obra completa del escritor– y el institucional –la Diputación y la Universidad de Sevilla han contribuido de forma diversa a su edición, mientras que del resto de las publicaciones mencionadas se ha ocupado la Junta de Andalucía–, sino también la convergencia en un mismo proyecto cultural de instituciones que están gobernadas hoy en día por formaciones de distinto color político. Hasta aquí alcanzan las bienandanzas que ha traído ese homenaje.

Pero hay que hablar de las impresiones. Mejor dicho, de las impresiones que procuran las impresiones. Ignacio F. Garmendia, en su “Nota a la edición” de la Obra completa, insiste en que el conocimiento que pueda tenerse hoy de Chaves y su legado –y ese conocimiento incluye, claro, en primerísimo lugar el goce que depara la lectura de sus libros y artículos– ha sido una tarea coral y acumulativa, que arranca con la pertinaz y benemérita labor de rescate llevada a cabo hace tres décadas por Maribel Cintas, coincidente en su pionerismo con la emprendida en otra dimensión por Andrés Trapiello y Abelardo Linares, y cuyo sedimento último –es un decir, pues siguen y seguirán surgiendo inéditos de Chaves– es la propia edición de esa nueva Obra completa. No le falta razón. De hecho, muchos de esos contribuyentes tienen voz, ya como articulistas, ya como entrevistados, en el hermosísimo catálogo Cuadernos y lugares coordinado por Charo Ramos –cuya voz, por cierto, también está ahí–.

Si la labor de edición de un escrito cualquiera –y no digamos ya de unas obras completas que suman más de tres mil quinientas páginas con cerca de setenta artículos inéditos en volumen– consiste a grandes rasgos en ejercer de lazarillo del lector a través de la maleza del texto, justo es reconocer que el editor ha sobresalido en la empresa. Sus notas a la Obra completa, empezando por la general a la edición y terminando por la más nimia a pie de página –y sin olvidar las redactadas para la antología En tierra de nadie–, son modélicas. Sitúan, precisan, desmienten, amplían, remiten, recuerdan, observan, reflexionan; en síntesis, componen por sí mismas una suerte de obra menor de la que en adelante ningún lector de la obra de Chaves debería privarse.

Es el propio Garmendia quien insiste en más de una ocasión en el poder de atracción de la escritura del periodista sevillano. En su transparencia, en su riqueza, en su singularidad. Y quien le concede, junto a su ejemplar trayectoria en defensa de la libertad y de la democracia, reflejada en el conjunto de su obra, un papel de primer orden en el monumental ensanchamiento de su público lector. En el fondo, si bien se mira, son las dos caras de una misma moneda. Ahora sólo falta que ese contagio de Chaves Nogales –y, en este sentido, la publicación del cuaderno didáctico Democracia y periodismo constituye una excelente iniciativa– se propague cuanto antes por las aulas de España. Que es como decir que impregne también nuestro futuro.

(Letras Libres, marzo de 2021)



Contagios

    28 de marzo de 2021
Hubo un tiempo, pongamos que hablo de los albores de la Transición, en que el problema de los nacionalismos en España decidió tratarse por la vía de la expansión y no de la contención. En aquel entonces no existían más que dos frentes abiertos: Cataluña y el País Vasco. Galicia, el tercero en discordia, no presentaba ni de lejos las credenciales disruptivas de los otros dos. Pues bien, la UCD de Adolfo Suárez, clara vencedora de las primeras elecciones legislativas de nuestra democracia y, por tanto, partido encargado de la gobernanza en aquella legislatura constituyente, decidió que la mejor forma de abordar el asunto no era aislándolo y contentando a sus promotores con concesiones más o menos razonables, sino instituyendo lo que se vino en llamar, gracias a la vena creativa del ministro Adjunto para las Regiones, el andaluz Manuel Clavero Arévalo, el “café para todos”.

Como es natural, no todas las tazas podían ser iguales. Las había grandes, pequeñas y medianas. Las grandes correspondían a las tres comunidades autónomas que alegaban poseer derechos históricos, o sea, Cataluña, el País Vasco y Galicia –o poseer más derechos que el resto, porque en esta materia quién más, quién menos, todas decían tener–. Esos derechos se concretaban entonces en la reclamación de un trato preferente por haber dispuesto durante la Segunda República de un Estatuto de Autonomía –el de Galicia, aprobado en referéndum en vísperas de la guerra civil, ni siquiera llegó a entrar en vigor–. Luego venían las tazas medianas, generalmente rellenas con unos argumentos donde primaba la existencia y la utilización en la comunidad de marras de una lengua regional distinta del castellano. Y en último término las tacitas, que no atesoraban, las pobres, otra particularidad idiomática que el uso secular del castellano –por lo demás, lengua oficial del Estado y común de todos los españoles–. Sólo Andalucía no encajaba en esta clasificación de base lingüística, pero el socialismo, hegemónico en esta parte de España, forzó la celebración de un referéndum para que la Comunidad accediera a la autonomía por la misma vía que las de la taza grande. Y se salió con la suya.

Esa fórmula del café para todos, que escondía un remedo de federalismo asimétrico y cuyo objetivo era consolidar el naciente Estado de las Autonomías, constituyó, ahora se ve, un sonoro fracaso. Ni aplacó las ansias separatistas de los nacionalismos vasco y catalán, ni consagró tampoco lo que se pretendía como un mero proceso de descentralización administrativa. Lo dicho: no contuvo, sino que expandió. Porque, poco a poco, las demás autonomías, y en especial las de la taza mediana, aspiraron a acaparar el máximo de competencias –que no tardaron en calificar, por cierto, de derechos, fueran o no históricos–. Ya entrado el presente siglo, la reforma del Estatuto catalán, coincidente con el acceso al poder de José Luis Rodríguez Zapatero, provocó una réplica emuladora en otras muchas comunidades –el resto de las de taza grande y las medianas–, que aquí nadie quería ser menos. Y así hasta hoy.

De ahí que la reciente iniciativa del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados consistente en pedir la oficialidad para el bable y el aragonés –iniciativa que contó con el apoyo de Podemos y los nacionalismos varios, y a la que se sumó alegremente el PSOE– deba entenderse como un peldaño más en ese proceso expansivo que dura ya más de cuatro décadas. Por supuesto, nada hay que objetar al uso de estas lenguas. Tampoco a su enseñanza en el sistema público, siempre y cuando se dé una demanda suficiente que la justifique. Pero convertirlas en cooficiales significa mucho más que eso. Significa participar del juego del nacionalismo. Para un nacionalista hasta las piedras hablan. Incluso allí donde nunca se ha hablado el bable o el aragonés se presupondrá que un día, por remoto que sea, igual llegó a hablarse. Y, si no, tanto da. Al ser cooficiales, tanto el conjunto de los ciudadanos de Asturias como de los de Aragón tendrán derecho a usarlos en su trato con la Administración, lo mismo en la enseñanza que fuera de ella. Y los funcionarios deberán acreditar unos conocimientos mínimos de su dominio para poder ejercer su labor, con lo que el derecho se irá volviendo también obligación. Vendrán los títulos, los certificados y, claro, las partidas presupuestarias para financiar todo esto, entre las que no faltarán las destinadas mantener esas asociaciones beneméritas, nacionalistas todas, que acostumbran a proceder, andando el tiempo, como la catalana Plataforma per la Llengua, especialista, como es sabido, en espionajes, denuncias y coacciones. Y vendrá, en fin, más desigualdad entre los españoles, que se verán privados en otras dos comunidades autónomas de sus legítimos derechos como ciudadanos de una misma Nación.

Esto es lo que nos espera si se sigue dando curso a semejantes caballos de Troya. Así pues, o reaccionamos pronto, o me temo que un día no muy lejano asistiremos impotentes a la definitiva disolución de este régimen de libertades en el que todavía, pese a todo, vivimos y nos reconocemos.

Mi compañero de promoción política y aun así amigo, Arcadi Espada, me hizo llegar el pasado sábado a través de El Mundo una suerte de requerimiento. “Manifiesto por la Extinción”, se titulaba. No era yo el único destinatario; los demás compañeros de promoción también estaban concernidos. Vaya por delante que no descarto la posibilidad de que el requerimiento de mi amigo no fuera más que una estrategia retórica, uno de esos recursos de periodista granado para dar mayor firmeza a una columna. Quiero decir que igual lo último que pretendía con su manifiesto era que alguno de sus destinatarios le tomara la palabra y acudiera a la convocatoria. Sea como sea, no sé el resto, pero yo al menos no he podido resistirme.

El caso es que Espada nos convoca a todos, incluso a los muertos, “para redactar el Manifiesto por la Extinción” de Ciudadanos. Y lo hace con apremio, advirtiéndonos que “esta vez no podemos tardar un año”. La verdad sea dicha, la gestación a la que se refiere fue algo más corta, de lo más común, si bien se mira, ya que duró nueve meses, aunque, eso sí, requirió de una dolorosa y prolongada cesárea. Los egos, claro, esos “egos revueltos” cuyo “suflé” un optimista Espada quisiera ver ahora sensiblemente bajo para facilitar las cosas. O sea, una muerte digna. Sobre las razones que le asisten para ello y que le llevaron el sábado a publicar el manifiesto, baste señalar que hechos son razones, y que los hechos de la semana pasada en Murcia y en Madrid constituían una evidencia suficiente de que había llegado la hora de cerrar el negocio. ¿Cómo congeniar, en efecto, la desnudez sin mancha de aquel “Sólo nos importan las personas” con que Albert Rivera se presentó quince años atrás en sociedad –en el barcelonés Palau de la Música, en un acto conducido, por cierto, por Toni Cantó–; cómo congeniarla con la embarrada realidad en que se debate hoy en día el partido?

Los hechos de esta semana no han venido sino a confirmar esas razones y, en último término, la petición de amparo de Espada a los demás promotores para poner fin cuanto antes a la agonía. La marcha de Cantó –y de otros muchos cuyos nombres no trascienden y que han desempeñado también, desde el compromiso y la honestidad, labores orgánicas o de representación– se explica por el barro murciano y madrileño en que ha chapoteado la dirección del partido, pero también y sobre todo por la enfermiza insistencia de esa misma dirección, constatada el pasado lunes, en el sostenella y no enmendalla. Ya sólo faltaba que en dicha labor viscosa y corrosiva colaborara también un consumado especialista, Fran Hervías –a propósito, si Hervías llevaba meses vendido al PP, como sostienen ahora desde el partido, ¿por qué no se le expulsó de Ciudadanos cuanto antes, tal y como él habría hecho sin dudarlo en sus tiempos de todopoderoso secretario de Organización de haber sido otro el afectado?–.

En el manifiesto Espada afirma que un partido como lo que fue Ciudadanos “sigue siendo imprescindible en España”. Estoy de acuerdo. ¿Cómo no estarlo ante lo que estamos viviendo y, en especial, ante lo que todavía nos queda por vivir en el circo político español? Ahora bien, en cuanto a las posibilidades de engendrar otro, yo no participo en esta ocasión de su optimismo. Cuando se ha echado tanto por la borda en tan poco tiempo, cuesta mucho volver a empezar. Pero, en todo caso, como lo primero es lo primero, le requiero yo también a fijar fecha y lugar para levantar, junto al resto de los promotores políticos del partido y con otra cena si es preciso, el acta de defunción. Y, ya puestos, podemos aprovechar el encuentro para hablar del futuro. O, mejor, para hablar de los futuros, ya que, por bajo que esté hoy el suflé, seguro que cada ego lo verá distinto.

Acuse de recibo

    18 de marzo de 2021
El pasado lunes El Mundo publicó una interesante entrevista de Daniel Viaña al economista Andreu Mas-Colell. Mas-Colell es uno de esos catalanes a los que la edad parece haber amansado. Podríamos decir incluso que en los últimos tiempos ha ido entrando poco a poco en razón, si no fuera tan difícil que un nacionalista que no ha renunciado a serlo acabe sentando un día la cabeza. Aun así, cuando uno echa la vista atrás no tiene más remedio que admitir que ha habido cambios entre el hombre que hoy rechaza tajantemente la independencia y aquel consejero autonómico de Universidades de hace veinte años que se manifestaba junto a sus rectores a las puertas de un juzgado de Tarragona en solidaridad con el rector de la Universidad Rovira i Virgili acusado de prevaricación por haber apartado de las pruebas de Selectividad a una profesora que había tenido la osadía de repartir un par de cuestionarios en castellano entre los examinandos. Y no digamos ya si la comparación la establecemos entre este hombre que ha vuelto hoy a sus asuntos y aquel todopoderoso consejero de Economía y Conocimiento de hace más de una década que se echó al monte con Artur Mas en 2012 y sólo se apartó cuando la CUP apartó a su vez a Mas de la Presidencia de la Generalitat.

En la entrevista el exconsejero, aparte de afirmar que hay que dar a Cataluña la oportunidad de ser Baviera –sin percatarse, supongo, de que, en justa correspondencia, ello traería aparejado que el castellano se convirtiera en la única lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña–, vuelve al Majestic. O sea, al pacto de investidura suscrito en 1996 por Pujol y Aznar, inmortalizado en aquella serie de fotos en los salones del hotel que debieron hacer las delicias de Albert Boadella y Ramon Fontseré. Y vuelve al Majestic como les gusta a los nacionalistas y a los catedráticos de universidad: dando lecciones. Sostiene Mas-Colell que “el PP empezó bien con el primer Gobierno de Aznar. Se alió con el centroderecha vasco y catalán y pudo gobernar”.

Lo que no indica, porque lo considerará a buen seguro de lo más natural, es el precio de esa gobernabilidad. Un precio pagado tan sólo por una de las partes, la que representaba y aún representa, pese a lo acontecido en estos últimos años, al conjunto de la Nación. Ni entonces ni nunca los llamados nacionalismos moderados vasco y catalán –en el último caso ya fenecido, a no ser que otorguemos en adelante dicho marbete al PSC de Iceta e Illa– han apostado por la gobernabilidad del Estado. Jamás se han comprometido con ella de la única forma posible: entrando a formar parte de un gobierno de España. Se han limitado a ceder sus votos en el Congreso, ya al PSOE, ya al PP, a cambio de cesiones y prebendas. O sea, de delegación de competencias y traspaso de dineros. Así, de los salones del Majestic Pujol salió con las competencias relativas a los Mossos d’Esquadra y con una muy mejorada financiación autonómica, por no citar más que las fundamentales. Y con una cabeza bajo el brazo: la de Alejo Vidal-Quadras.

Que ahora José María Aznar reivindique aquel Pacto como un haber no puede ser más que un ejercicio de amnesia o de arrogancia por su parte. Del Majestic no salieron fortalecidos ni el Estado ni el Partido Popular, por más que en 2000 unas nuevas elecciones generales le dieran esta vez a Aznar la mayoría absoluta. La liquidación de Vidal-Quadras y su sustitución en el PP catalán por los hermanos Fernández permitió que, en lo sucesivo y hasta la aparición de Ciudadanos, el nacionalismo no tuviera oposición ninguna. Ni en el Parlamento autonómico ni en la arena política, dado el viraje emprendido por el exalcalde Pasqual Maragall hacia un catalanismo militante a fin de hacerse perdonar a saber qué pecados. Es más, de no haber exigido Pujol la cabeza de Vidal-Quadras y no habérsela entregado gustosamente Aznar, mucho me temo que ni siquiera habría existido Ciudadanos.

Recuerdo perfectamente que en aquellas cenas de 2004 y 2005 antecesoras de la firma del manifiesto que daría lugar, al año siguiente, a la fundación del partido, el sector de comensales que podríamos llamar liberal fue desde el primer encuentro el que más claro tenía que había que crear un nuevo partido. El otro sector, el socialdemócrata, se inclinaba más bien por fundar una suerte de club de opinión que obligara al PSC –con Maragall presidiendo ya con ERC y la sopa de letras eco-femi-comunista el Gobierno de la Generalitat– a cambiar de rumbo. O, en el mejor de los casos, por intentar resucitar aquella añeja federación catalana del PSOE engullida por el catalanismo en tiempos de la Transición. Pero crear una formación de nuevo cuño, ideológicamente transversal y caracterizada por su oposición manifiesta al nacionalismo imperante, eso, aquellos intelectuales de izquierda no lo veían. No hace falta decir que, así las cosas, de haber seguido existiendo entonces un PP liderado por Vidal-Quadras, dudo mucho que hubiéramos alumbrado partido alguno. En todo caso, no el Ciudadanos que conocimos y conocemos. Aunque, ya puestos, tampoco cabe descartar que ni siquiera hubieran existido aquellas cenas.

Se me dirá que esas excursiones en el tiempo de lo que podría haber sido y no fue, esos razonamientos contrafácticos, cuentan con una indiscutible ventaja por parte de quien las emprende: la de mover las piezas a conveniencia. Tal vez. En todo caso, no ha sido esta mi intención, sino tan sólo la de poner en evidencia adónde llevan los pactos con el nacionalismo. Adónde han llevado a un partido como el PP –baste recordar los resultados obtenidos en las últimas autonómicas catalanas– y adónde nos han llevado a todos los españoles.

  

El nacionalismo catalán, como todo nacionalismo que se precie, ha tenido siempre en gran estima su lengua. O sea, la que ellos designan como propia y que no es sino aquella en la que se expresa comúnmente bastante menos de la mitad de la población residente en Cataluña. Aunque eso tanto les da a los devotos. Esta lengua y no la otra es la auténtica, la genuina, la que los identifica y singulariza, y a la que, por supuesto, veneran. Hubo un tiempo en que ese culto cuasi totémico por la palabra compartía protagonismo simbólico con el que se rendía a la escritura. Pero de ese tiempo debe de quedar ya muy poco, a juzgar por la incuria con que tantos se despachan hoy en día a la hora de escribir, sean nacionalistas o no.

El caso es que si la lengua catalana ya era por sí misma un hecho diferencial, la escritura no le andaba a la zaga. Y de todos los signos que quedaron establecidos tras aprobarse la reforma ortográfica llevada a cabo por Pompeu Fabra hace algo más de un siglo, uno en concreto mereció, por su rareza, el máximo cariño de la tribu: el llamado punt volat (punto medio). Ese punto aparece entre dos eles –tal que así, l·l– y el dígrafo resultante debería pronunciarse como una doble ele, si efectivamente se pronunciara. Y es que, excepto en alguna aislada y muy respetable variante dialectal, no existe diferencia ninguna entre el sonido de la ele simple y el de esa ele doble suturada por el punt volat. Lo cual, sobra añadirlo, confiere al dígrafo en cuestión y a su puntito un aura de misterio parecida, en lo que al sonido se refiere, a la que según Julio Camba producían aquellos blancos que la censura dejaba, hace también cosa de un siglo, en las hojas del periódico: el de “las prosas imaginarias, tan superiores siempre a las reales”.

Pero está visto que no hay hecho diferencial que cien años dure. En Francia, que sigue siendo para tantas cosas el salvavidas de cuantos creemos que los valores de la ilustración además de asumirlos hay que defenderlos, la expansión del punt volat ha pillado a las instituciones con la guardia baja. En fin, allí no lo llaman punt volat, claro, sino point médian, pero, aunque su uso difiera, para el caso es lo mismo. Y la constatación de que esa expansión empezó justamente en otoño de 2017 y en un manual escolar de historia, esto es, coincidiendo con el punto álgido del Procés y en un ámbito parecido al que le sirvió a este de caldo de cultivo, da que pensar. Sea como sea, el point médian lo que simboliza no es una identidad nacional, como el punt volat para los almogávares catalanes, sino una identidad de género. Del género tonto, me atrevería a decir –un calificativo, por cierto, que conviene tanto a esta identidad como a la primera–.

Pues bien, resulta que dicho libro de texto se redactó en lenguaje inclusivo. Y como todo lo malo se pega, enseguida hubo administraciones y organismos públicos que hicieron lo propio, cosa que certifica, a un tiempo, la existencia del contagio y la gravedad de la situación. Pero a estas alturas del artículo se preguntarán, con razón, qué demonios tiene que ver el punto medio de los franceses con el código inclusivo. Les cuento. Lo del “él/ella”, “todos/todas”, etc., de nuestras latitudes es un juego de niños en comparación con los efectos del virus sobre la langue française. No es que allí no se dé; es que se trata de un estadio superado. Los franceses se encuentran ya en una nueva fase, en el equivalente a lo que sería la utilización por escrito de una forma amalgamada del tipo “esosas” por “esos/esas”, o “tododas” por “todos/todas”. Pero aún hay más. Una tercera fase –y ojalá no nos encontremos nunca en ella–. Figúrense que en un documento oficial se topan de pronto con este encabezamiento: “Estimad·o·a·s  elector·e·a·s”. Pues eso ocurre ya en Francia. Acaso estemos ante un código inclusivo, no lo niego. Pero a mí, qué quieren, al código que más me recuerda es al cuneiforme.

Así las cosas, no me extraña que 65 diputados –y cuando digo diputados digo también diputadas, claro– de la Asamblea Nacional francesa, pertenecientes al centro y a la derecha republicana, hayan presentado una proposición de ley en cuyo artículo único se insta a prohibir en los documentos administrativos el lenguaje inclusivo, aquel que tiene como propósito –indica el propio texto– “sustituir el uso del masculino, cuando es utilizado en un sentido genérico, por una grafía en la que resalte la existencia de una forma femenina”. Y no me extraña que haya ocurrido, porque se trata de Francia, donde, por ejemplo, los 65 firmantes de la proposición son aún identificados en el documento con un simple y genérico “députés”, sin que por ello dejen de tener los mismos derechos y deberes. Es de esperar, en definitiva, que su iniciativa fructifique y esa proposición acabe convirtiéndose en ley.

El género ataca, sin pararse en mientes. Y con él, por desgracia, la estupidez. De ahí que convenga tomar nota de lo sucedido en Francia en estos últimos años con el lenguaje inclusivo. Estamos, como en el caso del punt volat catalán, ante una instrumentalización perversa del lenguaje. Lo que debería servir ante todo para comunicar, para unir, se usa para separar, para identificar, ya sea la nación, ya sea el género. Por estos lares, que yo sepa, no existen todavía puntos medios en libros o documentos vinculados a la Administración. Pero tenemos desde hace años, por ejemplo, la famosa arroba asexuada (@), a la que seguro que la ministra Irene Montero y sus niñeras no hacen ascos. Razón de más para desear que, llegado el caso, la clase política española libre de contaminaciones identitarias muestre una determinación parecida a la de esos 65 diputados franceses.

(VozPópuli, 4 de marzo de 2021)

  

Les supongo al corriente del episodio protagonizado el pasado domingo por el ministro de Consumo del Gobierno de España y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, pero, por si no fuera el caso, se lo recuerdo. Este día Garzón se dirigía a los suyos por vía telemática y en apenas veinticinco segundos fue capaz de decir –se refería al encarcelamiento de Pablo Hasél, aunque eso aquí es lo de menos– “se está poniendo de manifestación (…) con esa sentencia” y “estas leyes que ya hemos proponido cambiar varias veces”. Confieso que cuando lo escuché en Twitter pensé que no era posible. Que aquello tenía truco, seguro. No sería la primera vez que un vídeo manipulado circulaba por la red. Pero no, no lo tenía. Al poco pude comprobar, Europa Press mediante, su autenticidad. El ministro era el autor y único responsable de semejante atropello a la gramática y, como reza el tango, a la razón.

Enseguida pensé: Izquierda Unida, claro. O sea, Partido Comunista, clase obrera, extracción social baja, analfabetismo estructural de generaciones anteriores. A saber qué educación habría recibido el crío en casa. Como desconocía la genealogía de la familia Garzón Espinosa acudí raudo a Wikipedia para corroborar mis sospechas. Seguro que la falta de estudios del padre o la madre, cuando no de ambos, iba a confirmarlas. No les cuento cuál fue mi sorpresa al comprobar que el padre del ministro es profesor de geografía e historia en un instituto y la madre, ya fallecida, era farmacéutica. ¿Entonces?

Todos los que tenemos hijos conservamos sin duda el recuerdo –o, si todavía son pequeños, lo experimentamos a diario– de la cantidad de veces que había que corregirlos cuando pronunciaban mal una palabra o una expresión, la usaban de manera defectuosa o la construían de manera inapropiada. Esa práctica no desaparecía del todo con la escolarización de los retoños, pero se atenuaba, en tanto en cuanto la escuela, lógicamente, echaba también una mano. Es cierto que con los nuevos métodos de aprendizaje constructivista, en los que está prohibido corregir al alumno para no dañar su desarrollo creativo, cabe la posibilidad de que esa mano no se echara o se echara más bien poco. Recuérdese que Garzón tiene 35 años. Pertenece, pues, a la generación LOGSE, esa cuya etiqueta nuestra izquierda sigue enarbolando como uno de sus “logros indudables” –sin ir más lejos, en el preámbulo de la actual LOMLOE, más conocida como ley Celaá–, por más que las estadísticas del escaparate europeo le desmientan año tras año con tozuda insistencia. Sea como fuere, lo que está claro es que ni en casa ni en el aula le corrigieron esa contaminación analógica con que aliñó el pasado domingo su discurso. Y si en alguna parte sí se esforzaron en corregirle, parece evidente que fue en vano.

Tan en vano que mucho me temo que ni el propio ministro es consciente de la gravedad del asunto. La misma tarde Garzón publicó un tuit en el que se excusaba por lo que calificaba de equivocación: “Esta mañana he dicho ‘proponido’ en vez de ‘propuesto’. Lo siento mucho. Me he equivocado, No volverá a ocurrir…” Para, a renglón seguido, desdecirse: “… o quién sabe: porque una de las cosas que tiene hablar –y en general hacer cualquier cosa– es que te puedes equivocar”. Por supuesto. Todos podemos equivocarnos. Pero cuando a uno se le escapa un “proponido”, al acto añade “perdón: propuesto”. Si no lo hace, es porque ni siquiera sabe que ha cometido un error. Pero peor resulta la otra contaminación analógica, por la que ni siquiera se excusó. Me refiero al “se está poniendo de manifestación”. Como se había referido poco antes a las “manifestaciones inoportunas” de Hasél, es posible que el “manifiesto” preceptivo se le volviera “manifestación”. O incluso que de tanto salir a la calle a armar barullo, el “manifestación” sea ya metastásico en los de su cuerda. En cualquier caso, también aquí lo esperable en alguien que se equivoca es una pronta rectificación, un “perdón: de manifiesto”. Si no se da, es que esa persona ni siquiera es consciente de haber errado.

Hay quien considerará que este episodio, al cabo, no reviste mayor importancia. Que en nuestro país ocurren a diario cosas muchísimo más graves. Sin duda alguna. Pero lo de nuestro ministro analógico tiene una trascendencia simbólica incontestable. ¿Se imaginan por un momento algo parecido en boca de un ministro francés, italiano, inglés, alemán o portugués –por recurrir a lo más cercano–? ¿Verdad que no? Pues a través de bocas como la del ministro Garzón hablamos, para nuestra vergüenza, los españoles en el mundo.

(VozPópuli, 25 de febrero de 2021)

Alberto Garzón, ministro analógico

    25 de febrero de 2021

  

Han pasado ya cuatro días desde el desplome de Ciudadanos en las autonómicas catalanas y todavía no le hemos oído a Inés Arrimadas ni una sola explicación razonable de lo ocurrido. Mal síntoma cuando en un partido político hay que recurrir a un grupo de exdiputados y cargos orgánicos apartados de todo nivel de representación para dar con un relato, si no plenamente certero, sí como mínimo verosímil de las causas que han conducido a semejante despeño. Señal inequívoca de que la actual dirección del partido –tan similar en su estructura, por cierto, a la de aquel Consulado tripartito salido del 18 Brumario en el que Napoleón ejercía de primer cónsul–, ha optado por eludir el análisis racional y ha impuesto, en su lugar, el cierre de filas.

Así, no hemos oído ningún argumento consistente; sólo burdas excusas. Que si una convocatoria electoral en plena pandemia iba a perjudicar al constitucionalismo –¿y cómo se explica, pues, el incremento porcentual y en votos del PSC, al que Cs ofrecía, nada más comenzar la campaña, entre abrazo y abrazo, una alianza futura junto al PP?–. Que si el electorado constitucionalista es el que más fácil se desmoviliza –¿no tendrá algo que ver en ello la capacidad del partido para movilizarlo, y no sólo en campaña, sino durante los tres largos años de una legislatura en la que era el primer partido de Cataluña?–. Que “la clave no es si lo hemos hecho bien o mal, sino si hemos hecho lo correcto” –de lo que se deduce que basta con hacer lo correcto para estar libre de reproche–. Y, en fin, esta excusa que ni siquiera es burda sino manifiestamente falsa y torticera y que consiste en echar la culpa a la anterior dirección de los pésimos resultados obtenidos; hace un año, y lo saben perfectamente quienes ahora dirigen el partido, las expectativas electorales en Cataluña eran porcentualmente muy superiores, por lo que una porción sustancial de su mengua es achacable tan sólo a quienes han gobernado desde entonces la nave.

Está claro que exigir a esta dirección tripartita que dimita, en pleno o en parte, es tiempo perdido. ¿Cómo van a dimitir quienes consideran que, dentro de lo que cabe, lo han hecho razonablemente bien y sólo han cometido pequeños errores? Parece que en el seno del partido e incluso del Comité Ejecutivo hay un evidente descontento ante la nula asunción de responsabilidades. Y que ya hay quien se está moviendo para promover una suerte de impeachmentmediante alguno de los mecanismos previstos en los Estatutos de la formación. Sobra añadir que no les va a resultar fácil. Si existe un partido con una estructura diseñada para que el debate y la rendición de cuentas no pongan nunca en peligro la estabilidad del liderazgo este es Ciudadanos.

De las declaraciones de Arrimadas tras el desplome merece la pena destacar asimismo unas palabras que, aun siendo también un intento de justificar lo injustificable, tienen a mi entender un alcance mucho mayor, por cuanto son comunes a toda nuestra clase política. Es lo que podríamos denominar “la falacia del voto cautivo”. Según ella, no es justo comparar las elecciones de 2017 con las del pasado domingo, por cuanto en las primeras Ciudadanos recibió muchos apoyos circunstanciales. Sin duda. Como los recibió el PP de Alejo Vidal-Quadras en 1995, cuando pasó de 7 a 17 diputados y tuvo un incremento en el voto del 167% con respecto a los anteriores comicios. O como los ha recibido ahora Vox con Ignacio Garriga al frente al irrumpir en el Parlamento con 11 diputados y habiendo cosechado 218.000 sufragios. Tanto en 1995 como en 2017 o 2021 una parte considerable del electorado catalán vio en una determinada fuerza política el mejor muro de contención del nacionalismo. Y todo lo demás –ideología, programa, etc.– pasó a segundo término. Pero hablar en estos casos de voto prestado es creer que existe, por contraste, un voto propio. O sea, cautivo. El de los que siempre votarán un mismo partido. Por supuesto, haberlos haylos. Y en los partidos tradicionales más que en otros. Pero incluso en estos casos cuando un líder político se refiere a estos votantes como a “los nuestros”, está incurriendo en un grave error. El de despreciarlos. El de considerar que los votantes carecen de libre albedrío electoral. En el fondo, el único voto verdaderamente cautivo es el de los militantes, cargos y representantes públicos de una formación política –y aún habría que comprobarlo–. Y por razones que van mucho más allá de la lealtad a unas siglas.

Acaso esa debería ser, al cabo, la principal lección para la dirección de Ciudadanos de los resultados del pasado domingo. La de asumir que 952.000 ciudadanos dejaron de considerar que resultaba útil votarles. Y, acto seguido y sin dilación, olvidarse de trampantojos balsámicos y preguntarse por qué.

(VozPópuli, 18 de febrero de 2021)

El desplome de Ciudadanos

    18 de febrero de 2021

  

La política catalana ha tenido siempre un halo sentimental. Cosas del nacionalismo, sin duda, que todo lo impregna. Ya Josep Pla hablaba, en plena Segunda República, de “la mermelada sentimental que lo pringa todo”. Es verdad que no lo aplicaba de forma específica a Cataluña, sino que lo ofrecía más bien al por mayor. Pero también lo es, claro, que cuanta más mermelada, más pringue. Y de ese pringue tenía ya entonces en cantidad suficiente aquella Cataluña. Hasta el punto de que el propio Pla –a quien la cultura, los viajes y un antisentimentalismo notorio habían ido alejando del nacionalismo– afirmaba el 8 de marzo de 1933 en Las Provincias que “cuando llega la hora de votar el sentimentalismo del catalán busca más lo simbólico que lo verdadero”.

Acaso ese fuera el motivo por el que Josep-Lluís Carod Rovira, setenta años más tarde, en el mitin de final de campaña de las elecciones autonómicas que terminarían llevándole, a la zaga de Pasqual Maragall, al Gobierno de la Generalidad, pedía a sus huestes que “votaran con el corazón”. Un ruego que repetiría en la misma jornada electoral al ir a depositar su voto, y que tornaría en agradecimiento ya entrada la noche, tras conocer el resultado obtenido por su partido. Los catalanes habían sido valientes, habían votado con el corazón, habían votado más que nunca a ERC.

Desde aquel 2003 en que se conformó el primer Gobierno tripartito en Cataluña –“Pacto del Tinell” incluido– hasta el día de hoy, no sólo han pasado cerca de 18 años –con intento de golpe de Estado incluido–; también se han vertido en el ámbito público toneladas y toneladas de mermelada sentimental. Cierto es que ahora se habla más de emociones que de sentimientos, quién sabe si en justa correlación con el auge de los libros de autoayuda y de la llamada inteligencia emocional. Pero, al cabo, estamos en lo mismo. Los políticos, llegado el momento de pedirnos el voto, no acostumbran a apuntar a la cabeza sino algo más abajo y a la izquierda –lo que no excluye, sobra precisarlo, que algunos apunten incluso más abajo todavía y esta vez en el centro–. ¡Si hasta Ciudadanos, ay, nacido para combatir mediante la razón ese derroche sentimental del nacionalismo, ha acabado adoptando un corazón como emblema –eso sí, un corazón identitariamente tripartito–! Por no hablar de esa desdichada campaña de los abrazos, de infausto recuerdo.

Hoy faltan apenas cuatro días para que los catalanes con derecho al voto que no hayan optado por recurrir al correo y no piensen refugiarse en la abstención acudan a sus respectivos colegios electorales. Yo les pediría, si no lo han hecho ya, que lean 2017, el último libro de David Jiménez Torres (Deusto). El tiempo del que disponen de aquí al domingo les alcanza. Y ese libro, del que Juan Claudio de Ramón ha dicho con toda justicia que era “la crónica definitiva del Procés” –sin que ello desmerezca en modo alguno, claro está, la calidad de cuantos títulos sobre el mismo tema le han precedido, entre ellos el del propio De Ramón–; ese libro, decía, les ayudará, estoy seguro, a discernir el voto bueno del voto malo. O si lo prefieren, el voto útil del voto inútil. No porque su autor exprese preferencia alguna en este sentido, por más que de sus palabras pueda desprenderse lo que él jamás votaría de poder hacerlo en Cataluña, sino porque constituye una magnífica exposición de por qué ocurrió lo que ocurrió en 2017 y por qué las secuelas han sido las que han sido. 

No es este el lugar para hacer una reseña de la obra. Pero sí me parece importante destacar un par de ideas que se infieren de su lectura. La primera: adiós a lo de Ortega. O sea, adiós a la famosa conllevancia. Lo que Jiménez Torres bautiza como “la Premisa” no es sino la creencia, compartida por una mayoría considerable de españoles –y en particular por su clase política– hasta el mismísimo 2017, de que los excesos y los aspavientos del nacionalismo no iban a poner en jaque el Estado de las Autonomías, esto es, el marco constitucional. Por incómodos que manifestaran sentirse, por más que reclamaran y reclamaran un encaje del que a su juicio Cataluña carecía, por insignificantes que les parecieran cuantas compensaciones económicas y transferencias competenciales llegaran a ofrecerles los sucesivos gobiernos centrales, existía el convencimiento de que esos irredentos siempre terminarían por volver al redil, de que nunca romperían la baraja; de que bastaba, en definitiva, con saber conllevar el tan traído “problema catalán”. 2017 ha acabado con la ensoñación.

La segunda idea guarda relación con lo que ha venido después. O sea, con las consecuencias. Y aquí la carga de la prueba corresponde a los socialistas. Al PSC desde la Transición misma y, en particular, desde el primero de los gobiernos tripartitos, y al PSOE desde el primero de los gobiernos de Rodríguez Zapatero y, en particular, desde la moción de censura que permitió a Pedro Sánchez encaramarse al poder. Una carga de la prueba que no es otra que su constitucionalismo. En la España de 2021 –y esto también es un efecto de la crisis de 2017– ya no basta con proclamarse constitucionalista; hay que probarlo. En la política española actual, quien no defiende con hechos la Constitución no es constitucionalista. Y los socialistas, aunque de palabra sostengan lo contrario, no se han parado en barras a la hora de favorecer con sus hechos el desguace del Estado de derecho. Todo eso no lo dice, insisto, Jiménez Torres. Pero no creo que constituya ninguna adulteración de su pensamiento deducirlo de su ensayo.

Este domingo, como viene sucediéndome desde el día aquel de 2003 en que Carod Rovira pidió a los suyos votar con el corazón, no voy a poder votar en Cataluña. Pero si no fuera el caso, si pudiera participar en la cita electoral, tengo muy claro que, hoy más que nunca, sólo votaría a un partido que defendiese sin subterfugios ni medias tintas la Constitución. Es el único voto útil, decente y razonable que puede emitir quien crea que esa España de ciudadanos libres e iguales que nos dimos en 1978 sigue mereciendo la pena.

(VozPópuli, 11 de febrero de 2021)

Ante el 14-F

    11 de febrero de 2021

  

Aunque parezca mentira, lo que llevamos de legislatura nos deja por lo menos una certeza: la de que esto no funciona. Es fácil achacar semejante deficiencia al gobierno que salió de los designios de las urnas en noviembre de 2019. E incluso remontar un poco el río electoral, detenerse en el mes de abril de aquel mismo año y ponerse a jugar a contrafácticos, o sea, al “qué habría pasado si...” y otras conjeturas. Pero, por más que la tentación esté ahí, si esto no funciona no es porque a los españoles nos haya tocado el gobierno que nos ha tocado. O no sólo. En realidad, puede afirmarse sin temor a errar el tiro que nos ha tocado el gobierno que nos ha tocado porque esto ya no funcionaba.

Y esto son básicamente tres cosas: el Estado autonómico, la separación de poderes, y el sistema electoral y de partidos. Vayamos, pues, por partes. Nuestro Estado de las Autonomías sólo puede funcionar o, lo que es lo mismo, sólo puede resolver los problemas de los españoles en tanto que ciudadanos libres e iguales si la delegación de competencias del poder central en el autonómico se asienta en los principios de lealtad institucional y obediencia a la ley. Así ocurre en los países cuya estructura de Estado es parecida a la nuestra, llámesele federal o como se le quiera llamar. Lo que no significa, claro, que en esos países la gobernanza esté exenta de desajustes y tensiones. Haberlos, haylos, como en todo sistema complejo, pero sin que ello impida que hallen, por lo general, una vía de solución. En España, en cambio, los problemas no se resuelven; o se agudizan, o se soslayan y se eternizan –con lo que terminan agudizándose aún más–. En España no hay lealtad entre las partes; hay chantaje. En España no se respeta el marco de la ley; se vulnera.

El Estado de las Autonomías que los españoles nos dimos en 1978 al aprobar de forma amplísimamente mayoritaria la actual Carta Magna pide a gritos una reforma que, en esencia, garantice la preeminencia del todo con respecto a la parte, o, si lo prefieren, del poder central con respecto al autonómico. Lo vivido durante este primer y largo año de legislatura ha demostrado hasta qué punto esa reforma resulta apremiante. Y, en especial, en lo referente a los ámbitos sanitario y educativo. Por excepcional que sea la pandemia que asola el mundo, por muchos tumbos y bandazos que hayan dado tantos gobiernos de nuestro entorno a la hora de abordarla, ninguno ha obrado como el de España. Aunque mejor sería decir, para no faltar a la verdad, como los de España. La renuncia del Gobierno central a su función rectora escudándose en que las competencias no están ya en sus manos; su enfrentamiento con los ejecutivos autonómicos, y en particular, pero no tan sólo, con los de un color político distinto; el uso y abuso del Estado de alarma para menesteres ajenos a los propiamente sanitarios, todo ello ha devenido en una gestión caótica cuyas víctimas no han sido sólo los ciudadanos contagiados por el virus –y entre ellos, por supuesto, quienes han perdido la vida como efecto de ese contagio–, sino también eso que el exministro del ramo caracterizó navideña y festivamente como familiares y allegados. O sea, casi todos nosotros.

En cuanto a la educación, la aprobación exprés de la ley Celaá, que además de ser una ley de parte en lo ideológico lo es también en lo competencial, pues legitima de iure lo que ya se daba de facto en la periferia del territorio nacional –esto es, la vulneración sistemática y en buena medida sistémica de la Constitución–, supone un raspado inmisericorde de los pocos poderes con que contaba aún en este campo el Gobierno central. El que emanaría de la Alta Inspección educativa, por ejemplo. O el que resultaría de la condición del castellano como lengua vehicular. Aquí también una reforma en profundidad que restituya al Gobierno del Estado los poderes que nunca debería haber perdido se antoja irrenunciable.

Por lo demás, nuestra democracia representativa arrastra también un serio problema en relación con la división de poderes. Con los tres que Montesquieu quería salutíferamente separados y con el que le añadió algo más tarde de palabra Edmund Burke –esto es, lo que era entonces la prensa y ahora son los medios de comunicación– y que convendría que siguiera una misma profilaxis. Y es que, de una parte, el ejecutivo invade el terreno del legislativo recurriendo con contumacia al concepto de excepcionalidad, cuando no utiliza las Cortes Generales como mera correa de transmisión de sus querencias. De otra, el legislativo interviene de grado o por fuerza en la designación de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, con lo que pone en cuestión su independencia. Y lo mismo pasa, en fin, con los medios de comunicación públicos: el legislativo es quien bendice la composición de sus órganos rectores. Sobra indicar, en fin, que esas invasiones bárbaras de poderes se dan igual en la esfera autonómica.

La última y grave disfunción a la que nos enfrentamos tiene que ver con el sistema de representación política, o sea, con nuestro sistema electoral y el de partidos. La desconexión entre ciudadanos de a pie y representantes y cargos públicos, favorecida por una ley electoral injusta y por el quiste maligno de la partitocracia, no ha hecho más que aumentar con el tiempo. Y lo más triste: ninguna formación política, ni vieja ni nueva, parece ya interesada en ponerle efectivamente remedio. Y así nos luce.

Supongo –y espero– que más pronto que tarde saldremos de esta. Pero si no aprendemos de una vez por todas que nuestro edificio constitucional necesita reformas y que, en lo tocante a la gobernanza del país, tenemos lo que nos merecemos por no haberlas emprendido en el momento oportuno, no sólo seguiremos engañándonos, sino que nuestro porvenir como Nación de ciudadanos libres e iguales va a estar, por desgracia, seriamente comprometido.

(ABC, 10 de febrero de 2021)

Esto no funciona

    10 de febrero de 2021


Uno de los grandes males de la enseñanza pública española es el abandono de que ha sido objeto por parte de quienes profesan, en el ámbito educativo y fuera de él, ideas liberales. O sea, por parte de quienes consideran que la enseñanza pública, para garantizar la igualdad de oportunidades, debería facilitar ante todo una formación humanística y científica solvente, libre de anteojeras ideológicas, de modo que cada uno de los futuros ciudadanos que por ella transiten pueda terminar encontrando, conforme al esfuerzo desplegado y al mérito contraído, un lugar en la sociedad. Debería facilitar, digo. Porque es evidente que hoy en día no es así.

Ese desistimiento liberal tiene, claro, su contrapunto: la colonización de que ha sido víctima en España la enseñanza pública, en todas sus etapas –desde la educación infantil hasta la universitaria–, por parte de la izquierda y el nacionalismo supremacista. Por si alguna persona de buena fe albergaba todavía alguna duda al respecto, la tramitación y posterior aprobación de la nueva ley educativa habrá acabado con ella. Si un gobierno de una democracia liberal como se supone que es la nuestra se atreve con una reforma de semejante calado ideológico es porque posee la certeza de que en la enseñanza primaria y secundaria de gestión y titularidad públicas todo está bajo control. Todo: profesores, estudiantes, sindicatos del ramo, asociaciones de padres, y hasta conserjes y bedeles. Y de existir alguna discrepancia, los poderosos tentáculos de la Administración, con sus castigos y sus favores, se bastan y se sobran para acallarla.

Esa colonización ideológica de la enseñanza primaria y secundaria se ha dado también, claro está, en la universidad pública. Con la particularidad de que en este caso se le ha añadido una figura singular, la llamada autonomía universitaria, que ha terminado convirtiéndose en una verdadera patente de corso. A propósito, les recomiendo que lean, si no lo hicieron ya en su momento, el valiente y muy instructivo ensayo biográfico de Clara Eugenia Núñez Universidad y Ciencia en España. Claves de un fracaso y vías de solución (Gadir, 2013). Comprobarán cómo se paga –en este caso con el cese en el cargo de la propia autora, por entonces directora general de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid– el intento de reformar el sistema que los rectores del lugar, con el ínclito Ángel Gabilondo a la cabeza, tenían instaurado y cuyas principales características eran la endogamia, la falta de transparencia, la ausencia de rendición de cuentas y, en definitiva, la ineficiencia y la consiguiente dilapidación del talento y del dinero público.

Pero volvamos al presente. A lo largo de este mes de enero hemos asistido, para pasmo de muchos –si es que en la mente de los españoles queda todavía espacio para el pasmo–, a una justa de declaraciones encontradas entre el ministro del ramo, Manuel Castells, y la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, con la naturaleza de los exámenes, presenciales u on line, como telón de fondo. Se trata de algo inédito. Nunca un ministro había osado enfrentarse, y encima públicamente, a un lobby de este tenor. Por no atreverse, ni siquiera se había atrevido ninguno a dar un paso de cierta trascendencia sin contar con el placet de la CRUE. Pero Castells, como nadie ignora, vive ya en otro mundo. Cuando afirmó en aquella comparecencia en el Congreso que este mundo se acaba, seguro que ninguno de esos rectores magníficos se tomó en serio sus palabras. Y ya ven. No bromeaba, no.

Castells afirma que comprende a los estudiantes cuando advierten del peligro que suponen en tiempos de pandemia las evaluaciones presenciales y abogan por hacerlas on line, como al término del pasado curso académico. Los rectores, por su parte, sostienen que no existe peligro alguno de contagio, que los protocolos acordados con Sanidad funcionan, y que las pruebas del curso pasado fueron un paripé en el que los estudiantes copiaron a mansalva, por lo que resulta imprescindible que ahora se hagan de forma presencial. Y, por si no bastaba con esas razones, recuerdan que la autonomía universitaria les asiste. En suma, que el ministro no debería meterse donde no le llaman.

Castells será lo que quieran, pero no engaña. Ya manifestó hace meses que no le importa que los alumnos copien. Es más –apunten, rectores, por si además de magníficos se siguen considerando renovadores y progresistas–, que “la obsesión de que no copien es un reflejo de una vieja pedagogía autoritaria”. Castells es de los tiempos del aprobado general político o del aprobado particular, político o no. Del “ya te suspenderá la vida”. (Y, al paso que vamos, vaya si los suspenderá.) Dicen que ha llegado a ministro porque Colau así lo quiso. Tal vez. Pero me da que al presidente Sánchez ese enfrentamiento de Castells con el lobby rectoral no le preocupa lo más mínimo, Y, si me apuran, hasta puede que le despierte cierta simpatía. ¿Cómo no va a compartir con su ministro ese desprecio por la limpieza en las evaluaciones un presidente que, aparte de haber copiado su tesis doctoral, no admite otra evaluación sobre su gestión de gobierno que la suya propia?

(VozPópuli, 4 de febrero de 2021)

Ya os suspenderá la vida

    4 de febrero de 2021

  

Vaya por delante que nada tengo, en lo personal –otra cosa es en lo político–, contra Carmen Calvo. Digo esto para que nadie se sorprenda de la frecuencia con que su nombre aparece en mis artículos del jueves. La explicación es de lo más sencilla: la vicepresidenta primera del Gobierno abarca mucho. Y, encima, a la hora de apretar no se corta un pelo. De ahí que, puestos en la tesitura de comentar la actualidad política, a menudo no quede más remedio que cruzarse con su figura.

El Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, por ejemplo. Cae de lleno, denominación incluida, en su Ministerio. Pero, al margen de esa dependencia orgánica, están las formas de la vicepresidenta, no muy alejadas de las que emplearía un elefante en una cacharrería. El pasado 28 de octubre Calvo declaraba que el Gobierno “no va a parar hasta ver una (nueva) Ley de Memoria Democrática en el BOE”. El 15 de septiembre anterior el Consejo de Ministros había aprobado el anteproyecto de ley que hace al caso, pero, con las prisas que conlleva el no parar, al legislador se le había olvidado –tal y como reveló el diario Abc– un requisito previo obligatorio, la Memoria de Análisis de Impacto Normativo. No importó. Se redactó el documento en cuestión y se añadió al expediente dos meses más tarde. Sobra precisar que una menudencia de ese tipo para nada iba a frenar los propósitos de un Ejecutivo acostumbrado a tensar el marco legal hasta quebrarlo, si es preciso.

Ahora esa Ley de Memoria Democrática está a punto de iniciar su andadura en las Cortes, ya como proyecto de ley. Es muy probable que su tramitación acabe siendo un calco de la que tuvo la llamada Ley Celaá. En otras palabras: que lo peor, rodillo incluido, esté por llegar. Aun así, un simple vistazo a la “Exposición de motivos” del Anteproyecto permite hacerse ya a la idea de lo que, por desgracia, nos espera. Esa ley no será una ley de memoria, ni será democrática. No será de memoria, porque omite a conciencia la que afecta a una proporción considerable de familias españolas y porque falsea, edulcorándola, la de otras muchas. Y no será democrática, porque parte –al igual que hacía, por cierto, su antecesora, la conocida como ley de Memoria Histórica, promulgada en 2007 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero– de la convicción de que sólo hubo demócratas, y nada más que demócratas, en uno de los bandos enfrentados durante la guerra civil. 

El texto merecería un sinfín de acotaciones. Casi no existe frase en que la ideología del actual Gobierno social-comunista no enseñe la patita, por acción u omisión. Sólo se salvan, y a duras penas, aquellos fragmentos relativos a nuestra Transición política. Hasta tal punto es así, que alguien que ignorara lo que realmente ocurrió durante la guerra civil, leyendo dicha “Exposición de motivos” llegaría fácilmente a la conclusión de que todas las víctimas fueron de un color y todos los victimarios del otro. También colegiría del texto que las únicas fuerzas extranjeras que intervinieron en la contienda fueron las aportadas por Alemania e Italia. Y, en fin, saldría de la experiencia con el absoluto convencimiento de que la Segunda República española no fue sino un dechado de virtudes fatalmente interrumpidas por un golpe de Estado fascista.

Ni una palabra, pues, de la represión en zona republicana contra decenas de miles de ciudadanos por su condición social, su fe o sus ideas. Ni mención de la violencia que, en esta misma zona, los comunistas ejercieron sobre trotskistas, anarquistas y republicanos. Ni tampoco de la decisiva intervención de la Unión Soviética en la guerra, por no hablar de esas Brigadas Internacionales donde se alistaron muchos antifascistas de buena fe, bastantes escritores afines al Komintern y no pocos rufianes metidos en política. Ninguna apreciación, en fin, sobre los claroscuros de un régimen, el de la Segunda República, que, al decir de quien fue su primer presidente, Niceto Alcalá-Zamora, nunca se configuró como “una sociedad abierta a la adhesión de todos los españoles”, ni sobre las imperfecciones de una Constitución que, a su juicio también, “invita a la guerra civil, desde lo dogmático”. Y son palabras escritas cuando faltaban pocos meses para el estallido de la guerra.

Con todo, acaso lo más obsceno de esta “Exposición de motivos”, mucho más incluso que las mentiras, las lagunas –¿por qué no incluir en ella y en el resto de la ley, por ejemplo, a las víctimas del terrorismo de ETA?– y las medias verdades que contiene, sea esta frase: “(…) la principal responsabilidad del Estado en el desarrollo de políticas de memoria democrática es fomentar su vertiente reparadora, inclusiva y plural”. Justo lo que no es esta ley: reparadora, inclusiva y plural.

Ya lo decía José Luis Rodríguez Zapatero en vísperas de las elecciones generales de 2008 y a micrófono presuntamente cerrado: “Nos conviene que haya tensión”. La había entonces, la hubo luego y, a buen seguro, la habrá ahora. Recuerden que les conviene. Y, sobre todo, átense los machos.

(VozPópuli, 28 de enero de 2021)

¿Memoria democrática, dicen?

    28 de enero de 2021

  

Harper Lee vivió cerca de noventa años y, a pesar de algunos desgarros –¿quién no los tiene con una vida tan larga?–, todo indica que fue razonablemente feliz. A ello contribuyó sin duda el éxito de su novela Matar a un ruiseñor (1960), de la que se llevaban vendidos en 2019 más de cuarenta millones de ejemplares, y de la oscarizada película homónima de Robert Mulligan, estrenada dos años más tarde. Aparte de la inyección de autoestima que debe producir en un escritor el comprobar como la primera novela que publica –la primera que escribió, Ve y pon un centinela, permaneció inédita hasta 2015, poco antes de la muerte de su autora– se convierte en un fenómeno editorial sin precedentes, con unas críticas que rivalizan en excelencia con las ventas; aparte de eso, digo, está la evidencia de que gracias a ese éxito Lee pudo abandonar de por vida los trabajos subsidiarios y meramente alimenticios que llevaba desempeñando en Nueva York desde que a finales de la década de los cuarenta aterrizó en la ciudad procedente de su Monroeville natal, en el sureño Estado de Alabama. Abandonarlos para dedicarse a escribir, claro.

            O no. Porque durante los más de 56 años que median entre la entrega al editor del original de Matar a un ruiseñor y su muerte en una residencia de ancianos de Monroeville, Harper Lee no publicó nada más, excepto el referido Ve y pon un centinela, de factura anterior, y algunos, pocos, artículos y relatos en revistas. Si escribió o no escribió, completa o parcialmente, otra obra y la conservó, sigue siendo un misterio, y habrá que esperar a que sus albaceas permitan la consulta de su legado para desvelarlo. De todo esto y de bastante más trata Horas cruentas, el libro que la escritora Casey Cep ha hilvanado a partir del caso protagonizado por un reverendo negro de Alabama sospechoso de haber asesinado en siete años a seis conciudadanos también negros –cinco de ellos familiares suyos– para cobrar las pólizas de seguros de vida que él mismo les había hecho, y que fue asesinado a su vez por un pariente de la última de sus víctimas. El juicio contra el asesino del reverendo se celebró meses después de su muerte, en septiembre de 1977, en el Palacio de Justicia de Alexander City, y allí acudió Harper Lee.

         ¿Qué esperaba encontrar la escritora en aquel caso? Evidentemente, material suficiente para un nuevo libro tras casi dos décadas de sequía. Por un lado, a Lee siempre le había gustado la crónica negra –y perdón por la involuntaria retranca–. Por otro, los hechos que iban a ser juzgados habían tenido lugar, como quien dice, en casa –Alexander City está situada en el centro del Estado de Alabama–. Pero acaso esas razones no habrían pesado lo suficiente de no haber sido por Truman Capote, compañero de juegos infantiles y de cuya amistad Harper Lee disfrutó durante largo tiempo. No es que Capote la indujera a escribir el libro. Lo que sí hubo fue una suerte de inevitable juego especular entre lo ocurrido en Alexander City y lo ocurrido en Holcomb, aquel pueblecito de Kansas donde un par de forajidos habían acabado a finales de 1959 con la vida de un acaudalado granjero y otros tres miembros de su familia. La escritora había acompañado entonces a su amigo en los viajes que este hizo a la localidad para informarse sobre lo sucedido y entrevistarse con las autoridades y el vecindario. Su presencia había sido además de gran ayuda ante los reparos que muchos ponían a hablar con alguien tan estrafalario como Capote y por el rigor con que ella iba transcribiendo las notas manuscritas del escritor y clasificando la documentación. El objetivo de Capote, sobra añadirlo, era servirse de todo aquel material para una futura novela –o sea, lo que terminaría siendo, seis años más tarde, la celebérrima A sangre fría–. El de Lee, que aún no había publicado por entonces la no menos celebérrima Matar a un ruiseñor, echar una mano a su amigo y satisfacer de paso su interés por cuanto tenía relación con el mundo del crimen.

            Sin embargo, la experiencia le había dejado un poso amargo. Aunque nunca llegó a manifestarlo públicamente, existe constancia en su correspondencia de que desaprobaba las fabulaciones y las invenciones de su amigo. Al fin y al cabo, este había prometido en una entrevista que en la obra “todas las palabras serían verdad”. No lo fueron, ni por asomo. Tal vez porque la “novela de no ficción”, ese género literario que el propio Capote se vanagloriaba de haber engendrado, era, en el fondo, una contradicción en sus términos. Una contradicción que para una escritora como Lee, tan exigente consigo misma, tan perfeccionista en su escritura como en su ética, debía de resultar por fuerza en un dilema irresoluble. Y ante la imposibilidad de llenar con hechos las múltiples lagunas que el caso de El reverendo –así se iba a llamar la novela– presentaba, y tras mucho porfiar, acabó tirando la toalla.

            Horas cruentas es la narración de ese esfuerzo y ese fracaso. Pero es también un largo ensayo ameno y bien escrito, cuyo rigor con las fuentes y la investigación anda parejo al que demostró en su momento Harper Lee y cuyo contenido excede con mucho el que requeriría el simple tratamiento del caso del reverendo. Casey Cep no sólo ahonda en la biografía de la escritora, sino que traza asimismo un fresco geográfico y humano de su tierra natal, en el que destacan, aparte de la figura del predicador asesinado, la de su abogado defensor –y defensor a su vez de su asesino–, un expolítico demócrata. También por todo eso merece la pena leer el libro.

(Sobre Horas cruentas. Historia de la novela inconclusa de Harper Lee, de Casey Cep [Libros del KO]. Letras Libres, núm. 232, enero de 2021) 

Un problema de género

    23 de enero de 2021