La piel del PSC

Para apreciar en su justa medida la naturaleza de los acuerdos de Pedro Sánchez con el nacionalismo catalán, desde su versión más vaporosa hasta la abiertamente montaraz, no basta con apelar a la arrogancia del personaje, a su absoluta falta de escrúpulos, a su desprecio del Estado de derecho o a su patológico apego al poder. Hay que detenerse también en el PSC. O sea, en el socialismo catalán.

Tal y como recuerda el documento “Para un fortalecimiento de las relaciones PSOE-PSC”, suscrito en julio de 2021 por ambos partidos, “el socialismo en Cataluña se expresa y se articula desde entonces [1978] a través del PSC, y éste y el PSOE se relacionan de manera federal y fraternal para la consecución de los objetivos sociales y electorales compartidos”. En estos cuarentaicinco años de relación “federal y fraternal” ha habido los inevitables altibajos, pero no hay duda de que el balance ha sido para unos y otros más que satisfactorio. Números cantan. Los más recientes, los logrados en Cataluña por el PSC-PSOE en las últimas elecciones generales y que permiten hoy a Sánchez alimentar la esperanza de seguir siendo presidente del Gobierno, sobre todo tras la constitución de la Mesa del Congreso y la mayoría parlamentaria que se sigue de ella. Los más lejanos, aquel 45% del voto emitido en Cataluña en las generales de 1982, las de la histórica mayoría absoluta de Felipe González, un resultado sólo igualado en la serie porcentual por el obtenido en las de 2008, cuando José Luis Rodríguez Zapatero revalidó su presidencia.

Pero la pareja de hecho formada por ambos partidos remite asimismo a la singularidad catalana. Se da también en el PSUC del antifranquismo y la Transición en su relación con el PCE y, más adelante, en la de Iniciativa per Catalunya con Izquierda Unida. Una especie de juntos pero no revueltos donde la subordinación del pequeño al mayor por aquello de la jerarquía fraterna tiene como contrapeso la tolerancia del mayor hacia los caprichos federales y los prontos sentimentales del pequeño. Para hacerse cargo de ello conviene recular en el tiempo. Un siglo, por lo menos.

Tanto PSC como PSUC tienen un origen común, la Unió Socialista de Catalunya (USC). La USC nació en 1923, meses antes del pronunciamiento del general Primo de Rivera, y lo hizo como una escisión de la Federación Catalana del PSOE. Una escisión cuya razón de ser era un catalanismo que no encontraba su encaje en el partido fundado por Pablo Iglesias. (Recuérdese al respecto que el término “catalanismo” en aquellos años no había sufrido aún el blanqueo eufemístico que lo situaría en el futuro en la franja más moderada del nacionalismo catalán; catalanismo entonces era sinónimo de separatismo.) La USC, pues, aunaba socialismo y separatismo, haciendo suyo el derecho a la autodeterminación de los pueblos emanado del Tratado de Versalles, como si Cataluña fuera uno más de los pecios nacionales surgidos del naufragio del Imperio Austrohúngaro. Que el PSC denomine Consell Nacional lo que en el PSOE es el Comité Federal no puede disociarse, pues, de esos precedentes.

Unos precedentes que incluyen también el hecho de que durante la Segunda República los representantes de la USC se integraran sin reparo alguno en las listas electorales de la ERC de Macià, Companys y compañía. O sea, allí donde desfilaban las verdes milicias de Estat Català. Algo que no sucedió, en cambio, con la Federación Catalana del PSOE, excepto cuando la integración en el Frente Popular se convirtió en un imperativo para toda la izquierda. En los primeros días de la guerra civil, una parte notable de la USC acabaría convergiendo, tras meses de negociaciones, con otras formaciones afines –entre ellas, la propia Federación Catalana del PSOE– para fundar el PSUC, el partido de los comunistas catalanes.

El reencuentro entre las familias socialistas lo propició el antifranquismo y se consumó en plena Transición. El PSC (Partido de los Socialistas de Cataluña) nació en el verano de 1978 de la confluencia de tres fuerzas políticas: dos eran herederas de aquel socialismo separatista de los años republicanos; la tercera volvía a ser la Federación Catalana del PSOE, que esta vez –el espíritu de la Transición, concretado en la necesidad de compensar al nacionalismo por las privaciones de la dictadura, pesó lo suyo– no fue un cuerpo ajeno e independiente, con personalidad propia, sino uno destinado a diluirse, más pronto que tarde, en la piscifactoría del nacionalismo catalán. Basta con echar una ojeada a los nombres de los primeros dirigentes del PSC –los Reventós, Obiols, Serra, Maragall, Nadal, etc.–, pertenecientes todos a la burguesía catalana más acomodada, para convencerse de que el rastro de los abnegados representantes del PSOE no había que buscarlo en las alturas del partido. Y cuando a comienzos de siglo llegó por fin la hora de los Montilla, Zaragoza y demás, ya nada los distinguía, en su asunción del nacionalismo, de sus antecesores.

Muy a menudo, al hablar del socialismo catalán se recurre a la metáfora de las dos almas, la catalanista y la españolista. No hay tal. Ni creo que lo haya habido nunca. El PSC ha sido desde sus orígenes una emulsión hecha de grandes dosis de nacionalismo más o menos tibio y de –como mucho– unas gotitas de españolismo aromático. En las últimas décadas no ha mudado de piel, como algunos se empeñan en sostener para explicar su conducta. Los pactos que ha establecido con ERC entroncan con su pedigrí más remoto. Su nacionalismo, pues, no es sobrevenido, no surge con la llegada de Pasqual Maragall a la presidencia de la Generalidad ni con la de José Luis Rodríguez Zapatero a la secretaría general del PSOE y a la presidencia del Gobierno. Simplemente se manifiesta ya sin complejos, atento sólo a la conquista del poder y a su conservación.

El que sí ha mudado de piel es el PSOE, hasta el punto de llegar a pactar con toda clase de nacionalismos, sin importarle para nada si son de derechas o de izquierdas y sin descartar siquiera a aquellos cuyo principal objetivo es destruir lo que simboliza esa “E” que todavía figura en las siglas del partido. Pero como de ello tienen cumplida cuenta a diario en estas mismas páginas, me van a permitir que les ahorre detalles y termine aquí esta Tercera.

(Abc, 25 de septiembre 2023)

El boquete catalán

No teman. No voy a hablarles de la famosa polémica parlamentaria entre Ortega y Azaña a propósito del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932 ni de cómo la historia, noventa años más tarde, sigue dando la razón al primero y negándosela al segundo en sus apreciaciones sobre el llamado “problema catalán”. Todo indica, en efecto, que no queda más remedio que conllevarlo, como si se tratara de una dolencia crónica, y quitarse de la cabeza cualquier ilusión sobre una curación futura. Siendo como es un fenómeno ajeno a la razón, un producto de una sentimentalidad enfermiza vinculada principalmente a la lengua, un nacionalismo cultural, en definitiva, el “problema catalán” no tiene remedio –como tampoco lo tiene el vasco, desde luego–. Pero ello no significa que no pueda tratarse, aunque sólo sea para limitar su alcance y evitar que el contagio vaya a más.

Lo ocurrido en la última década debería bastar para convencerse de que ni la ingenua confianza en la bondad de sus intenciones –los gobiernos de Mariano Rajoy– ni, por supuesto, el colaboracionismo manifiesto para que alcance en parte sus propósitos –los gobiernos de Pedro Sánchez–, van a servir para amansar al nacionalismo, transmutado ya en independentismo, y a quienes desde las instituciones autonómicas –Generalidad y Ayuntamiento de Barcelona, mayormente– lo encarnan. Quebrantaron las leyes empezando por la propia Constitución, convocaron una consulta y un referéndum ilegales, declararon la independencia y, a pesar de los indultos a los políticos convictos, la supresión del delito de sedición y la rebaja del de malversación con que les ha obsequiado el actual Gobierno de España, proclaman: “Lo volveremos a hacer”. Al igual que los niños consentidos, cuanto más les dan más exigen.

¿Cómo evitar, pues, que el contagio se extienda? Antes de nada, situando el problema en el marco que le corresponde o, lo que es lo mismo, entendiendo que el “problema catalán” es, en el fondo, un problema español. El hecho de que lo sufran en particular los ciudadanos residentes en Cataluña no debería llevarnos a desviar el foco de la responsabilidad. Si los Pujol, Maragall, Montilla, Mas, Puigdemont, Torra y Aragonès han perpetrado lo que han perpetrado –cada uno a su manera, ciertamente, pero con imperturbable gradualismo, esto es, sin que ninguno frenara o diera un paso atrás–, ha sido siempre, mal que les pesara y les pese, en tanto que máximos representantes del Estado en Cataluña. Y si los sucesivos gobiernos del Estado lo han consentido o auspiciado, la responsabilidad, por supuesto, es enteramente de estos últimos.

De ahí que lo grave no sea que los separatistas anuncien que lo volverán a hacer, o que diseñen incluso, como ha hecho ERC, una hoja de ruta para los próximos cuatro años en la que se detalla el porcentaje de participación y de votos afirmativos que debería darse en la votación de un referéndum de autodeterminación previamente acordado con el Gobierno del Estado. Lo grave es que, a estas alturas, el contagio haya alcanzado ya al mismísimo Constitucional. Que la nueva magistrada del Alto Tribunal, María Luisa Segoviano, considere que la autodeterminación es “un tema complejo, sumamente complejo (…) con muchas aristas que hay que estudiar” y no se esté refiriendo a la de un pueblo sometido a una dominación colonial, sino a la de una comunidad autónoma que goza de pleno autogobierno y forma parte de un Estado democrático libremente constituido, refleja a las claras el nivel de deterioro institucional al que hemos llegado.

Al respecto, y dado que ERC sigue tomando como fuente de inspiración y argumento de autoridad al independentismo quebequés y, en concreto, los dos referendos llevados a cabo en la excolonia francesa, tal vez no estaría de más que la magistrada Segoviano y cuantos, como ella, creen que el derecho de autodeterminación es un tema complejo que merece ser estudiado incluyan entre la bibliografía obligatoria el libro de José Cuenca Cataluña y Quebec. Las mentiras del separatismo. La obra tuvo una primera vida en 2019, pero a los pocos meses, en plena campaña de promoción, la pandemia se la llevó por delante, como a tantas otras. Ahora acaba de ser reeditada por Renacimiento con una justificación preliminar y lo cierto es que no ha perdido ni un ápice de actualidad, al margen del valor que ya atesoraba. Cuenca fue nombrado embajador de España en Canadá en 1999, por lo que vivió en primera línea el proceso de elaboración y aprobación de la célebre Ley de Claridad del primer ministro Chrétien y su ministro Dion y que sirvió para poner pie en pared ante las arremetidas del independentismo quebequés, que había convocado ya dos referendos, en 1980 y 1995, cuyo resultado fue en el segundo de los casos muy ajustado.

De ahí la importancia de Las mentiras del separatismo y de la comparación que Cuenca establece entre el caso quebequés y el catalán. Las mentiras en cuestión son múltiples, sobra indicarlo. Están, por un lado, las de cualquier separatismo, donde siempre afloran un victimismo fariseo ajeno por completo a la verdad y un desprecio manifiesto por la legalidad. Pero están sobre todo las del separatismo catalán en relación con el quebequés en su afán por tomarlo como modelo. La principal, omitir de forma sistemática que la hipotética separación de una de las diez provincias que componen el Estado está prevista en la Constitución canadiense, mientras que la Carta Magna española recalca expresamente “la indisoluble unidad de la Nación”. Ello solo ya bastaría para dar carpetazo al asunto. Pero el ensayo del entonces embajador en Ottawa no se circunscribe al análisis de los pormenores de esa Ley de Claridad inaplicable en España y a reflexionar sobre su trascendencia en la delicada coyuntura política en que nació, sino que subraya asimismo la importancia que tuvo en todo el proceso el hecho de que la iniciativa correspondiera al Gobierno federal y no al de Quebec.

Y ahí sí que el ejecutivo que surja de las próximas elecciones generales, y cuyo color político es de esperar que sea radicalmente distinto del actual, tiene mucho que aprender. El Gobierno de España, a través de las múltiples competencias que sigue conservando, debería estar presente y hacerse valer en cualquier rincón del país y, en especial, en las comunidades donde los gobiernos autonómicos han impuesto la fuerza de los hechos por encima de la fuerza de la ley. Debería llevar siempre la iniciativa, velar por el interés general y, sobre todo, no dejar desamparado a ningún ciudadano. Con semejante divisa, no diré yo que el boquete catalán –al igual que el vasco– pueda por fin cerrarse, pero sí cuando menos reducirse hasta unas dimensiones que no hagan peligrar el edificio entero.

(Abc, 22 de febrero de 2023)

El Plan Marshall de Núñez Feijóo

Con su permiso, voy a empezar dando por hecho –esperanza obliga– que Alberto Núñez Feijóo será más pronto que tarde el nuevo presidente del Gobierno de España. Feijóo tiene fama de buen gestor y eso está bien. Un país devastado –como es ya el nuestro antes incluso de que termine la legislatura– requiere algo así como un Plan Marshall. O sea, un plan de reconstrucción que vuelva a hacer de España, andando el tiempo, un país próspero, habitable, moderno, capaz de afrontar en confianza el futuro. El Plan Marshall estuvo vigente cuatro años, justo los que tendrá Feijóo para poner en marcha sus reformas. Y digo poner en marcha, pues a nadie se le escapa que un lustro de demoliciones precedido por un par de décadas como mínimo de aluminosis en las estructuras del Estado no se resuelve con un periodo tan corto de reconstrucción. Aun así, los primeros pasos suelen ser decisivos, entre otras razones porque sin reconocimiento y aprobación de la labor realizada difícilmente podrá aspirar un presidente del Gobierno a revalidar el cargo y proseguir la tarea emprendida.

Por ello, un perfil como el de Núñez Feijóo, más de gerente de la cosa pública que de político populista al uso, más reformista que rupturista, se ajusta –no diré que como un guante, pero sí con bastante precisión– a los imperativos del momento. No obstante, el éxito de su gestión va a depender en buena medida del grado de ambición con que acometa la empresa. El énfasis lo ha puesto hasta ahora en la economía. Se entiende. Basta echar una ojeada a los índices económicos más significativos para comprobar cómo de forma sistemática desmienten las previsiones gubernamentales; basta reparar en los efectos que tienen sobre el bienestar de los ciudadanos las medidas y contramedidas que el Gobierno va tomando para convencerse de que no sólo no taponan las vías de agua, sino que las multiplican; basta observar, en fin, los yerros y volantazos de Pedro Sánchez en política exterior para hacerse una idea de lo depauperada que está la imagen de España en Europa y el resto del mundo.

Pero el Plan Marshall de Feijóo deberá atender asimismo a otras urgencias, mucho más complejas, si cabe, de gestionar. Por ejemplo, a las que afectan a la educación y a la cultura. La izquierda y los nacionalismos periféricos se han adueñado de ambas, en una operación de conquista que lleva años labrándose con la complicidad o el desistimiento de gobiernos nacionales, autonómicos y locales. Podríamos enumerar un sinfín de ejemplos para ilustrar dicho contagio ideológico. Me limitaré a lo más reciente. De un lado, la llamada ley Celaá y su desglose curricular, con la liquidación definitiva del mérito y, por tanto, también de la enseñanza como ascensor social, el cuarteamiento de la historia de España, la eliminación oprobiosa del castellano como lengua vehicular –coronada con la impúdica abstinencia del Gobierno de la Nación ante el enésimo desafío de la Generalidad catalana al imperio de ley– y la conversión de la ideología de género en una religión laica de Estado.

De otro lado, cuantas iniciativas, en especial legislativas, ha alumbrado estos años, a imagen y semejanza del movimiento woke, el mal llamado Ministerio de Igualdad, todas ellas tendentes a cercenar los pilares fundamentales en que se asienta nuestra condición de ciudadanos de un Estado de derecho, o sea, la libertad, la justicia y la igualdad. El carácter profundamente disruptivo que subyace tras esas políticas –y otras de naturaleza parecida, como por ejemplo la deleznable Ley de memoria democrática, cuya aprobación está prevista para mañana y que el propio Feijóo se comprometió el pasado sábado en Ermua a derogar cuando gobierne–, lo que esas políticas representan en el orden de la convivencia entre españoles, obligará a un abordaje tan prioritario como puede serlo en estos momentos el económico.

Y eso no es todo. Para que el Plan resulte, deberá incluir una cláusula inédita en la historia de nuestra democracia: la de no acordar con los nacionalismos ni una transferencia más de las competencias que todavía conserva el Estado. En paralelo y como complemento de lo anterior, también deberá prever el rescate de las más lesivas para el interés general de entre las ya traspasadas –pongo por caso la de Prisiones al País Vasco– y la aplicación por parte del Estado de los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley allí donde se infringe de forma sistemática –un desarrollo verdaderamente eficaz de la Alta Inspección Educativa en Cataluña y Baleares, por ejemplo–. Dicho de otro modo: cualquier reforma que se emprenda en el ámbito territorial tendrá que comportar a su vez, allí donde el nacionalismo ha echado raíces, una ruptura con ese nacionalismo. Entiendo que, a priori, puede parecer contradictorio que una reforma encierre una ruptura. Son términos en general antitéticos. O reforma o ruptura, fue el gran dilema de los tiempos inaugurales del posfranquismo. Por suerte, se impuso la primera opción y así logramos transitar entre todos hacia la democracia. Pero ya no estamos allí. Transcurridas cuatro décadas y medio –tomo como referencia para el cómputo las elecciones generales celebradas el 15 de junio 1977–, me atrevo a afirmar que lo que una gran mayoría de los españoles desea en estos momentos es que el nuevo gobierno surgido de las urnas cuelgue en el frontispicio del Palacio de la Moncloa un cartel dirigido a los nacionalismos hispánicos donde se lea, como en tantos bares de España: “Aquí no se fía”.

Esa es la gran reforma que, a mi entender, debería incluir el Plan Marshall de Alberto Núñez Feijóo: la reforma drástica –lo que no excluye que pueda ser cordial– del criterio que se ha venido siguiendo en las relaciones entre el Gobierno central y los nacionalismos. Se acabó el crédito. No va más. A menos, claro, que estemos dispuestos a contemplar cómo va hundiéndose sin remedio el edificio que nos alberga y que ha dado a este país y a sus ciudadanos una paz y una prosperidad como no la habían tenido jamás en su historia.

(Abc, 13 de julio de 2022)

La subversión gubernamental

Creo que fue Jon Juaristi quien sostuvo hace ya algún tiempo y en estas mismas páginas que la izquierda y el nacionalismo comparten, en esencia, un mismo afán por la subversión, un mismo fondo, por así decirlo, revolucionario. La idea, al margen de cuál fuera la noticia a la que entonces se aplicaba, tenía recorrido. Y los acontecimientos políticos de estos últimos años en España no han hecho sino corroborarlo.

Ese afán por la subversión o, lo que es lo mismo, esa querencia por la alteración del orden establecido suele asociarse por lo general a una política opositora. No faltan ejemplos. Recuérdese la intervención del entonces responsable de Estrategia Electoral del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando en la jornada de reflexión del 13 de marzo 2004, contraviniendo lo estipulado en la propia ley electoral, salió a la palestra informativa para decir: “Merecemos un Gobierno que no nos mienta, un Gobierno que diga siempre la verdad”. O la convocatoria vía SMS, aquella misma tarde, ante la sede del Partido Popular –la del “¡Pásalo!”–, cuya autoría la hoy portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez adjudicó hace algo más de siete años a la iniciativa de “la sociedad que se rebeló contra la mentira”, después de que Pablo Iglesias la reivindicase como algo que partió de aquella ultrapolitizada Facultad de Políticas de la Complutense de la que él formaba parte. O, en un terreno más simbólico desde el punto de vista institucional, la serie de campañas herederas del movimiento del 15-M para “rodear”, “ocupar” o “asediar” el Congreso, organizadas en lo más crudo de la crisis económica por diversas plataformas, colectivos y coordinadoras con el objetivo manifiesto de asaltar la sede de la soberanía popular y lograr la dimisión del Gobierno de Mariano Rajoy. Unas campañas, por cierto, a las que precedió el bloqueo del Parlamento catalán en junio de 2011 por parte de los llamados “indignados” –para entendernos, la CUP de aquellos tiempos–, lo que llevó al entonces presidente Artur Mas y a numerosos diputados a tener que acceder al recinto, para su vergüenza, en helicóptero.

Pero, como decía al principio, esa pequeña muestra de casos, fácilmente ampliable a poco que uno rebusque en las hemerotecas, corresponde a la subversión opositora. Existe otra subversión, que no queda más remedio que calificar, por paradójico que resulte, de gubernamental. El ejemplo más notorio acaso sea el intento de golpe de Estado del Gobierno de la Generalidad de octubre de 2017 –con el antecedente de la promulgación un mes antes en el Parlamento autonómico de las denominadas “leyes de desconexión”–, en la medida en que su presidente no deja de constituir la representación ordinaria del Estado en Cataluña. Con todo, se trata de una rebelión de un gobierno contra otro de rango superior, por lo que, en puridad, el componente opositor seguiría siendo aquí el dominante.

No es el caso de otra práctica que, aunque venga de lejos, se ha acentuado sin duda desde que Pedro Sánchez preside un gobierno socialcomunista con el apoyo nada desinteresado de nacionalismos de toda clase y condición. Me refiero a la que consiste en paralizar desde el gobierno –en general, mediante un decreto ley– una iniciativa empresarial bendecida por un gobierno anterior, de ideología contraria, a sabiendas de que dicha iniciativa cuenta con todos los requisitos legales para ser ejecutada. El caso más frecuente afecta al urbanismo y al medio ambiente. ¿Cuántos proyectos de urbanización residencial elaborados conforme a la ley y dotados de los pertinentes permisos han sido paralizados en España porque, según el correspondiente gobierno de izquierdas –con o sin el concurso del nacionalismo–, resultaban lesivos para el medio ambiente? En la gran mayoría de los casos y al cabo de un tiempo que suele contarse por lustros, una sentencia de los tribunales ha obligado a otro gobierno –a menudo de distinto color– a permitir el desarrollo del proyecto paralizado y a indemnizar con sumas millonarias a sus promotores. Un dinero, este, que no sale jamás de los bolsillos de quienes tomaron la decisión de frenar su curso, sino de los presupuestos públicos, es decir, de los bolsillos de los ciudadanos, con lo que deja de destinarse al interés general.

Esa práctica subversiva y despilfarradora se da sobre todo en el ámbito autonómico, que es donde se ejercen hoy en día gran parte de las competencias. Pero el actual Gobierno del Estado tampoco ha tenido el menor reparo en recurrir a ella, ya sea por vía directa, ya sirviéndose de la mayoría de que dispone en las Cortes. Piensen, por ejemplo, en los estados de alarma que nuestro Alto Tribunal ha declarado inconstitucionales atendiendo a los recursos presentados por Vox. Acuérdense asimismo de la enmienda introducida en la vigente ley de Educación, a instancias de los socios nacionalistas del Gobierno, por la que el castellano deja de ser considerado lengua vehicular en la enseñanza –ley cuyo destino, en lo relativo a determinados artículos, depende también de la sentencia del Constitucional, al que recurrieron en su momento PP y Vox–. Y, volviendo al ámbito autonómico, el Gobierno de la Generalidad catalana –y, jurisprudencia mediante, también su equivalente en Baleares– sigue empecinado en ignorar que el modelo de inmersión lingüística ha sido declarado ilegal, en la medida en que no cumple con la sentencia que obliga a impartir por lo menos un 25% de la docencia en nuestra lengua común, incluyendo en dicho porcentaje una asignatura troncal.

Ese desprecio reiterado por el Estado de derecho desde las propias instituciones del Estado responde sin duda a la convicción, por parte de la izquierda y el nacionalismo, de que sus decisiones son moralmente justas y no deben estar sujetas, por tanto, al imperio de la ley. Y en la medida en que pone permanentemente en cuestión el equilibrio de poderes y el orden constitucional, ese desprecio se vuelve desafío. De la gravedad que esto supone para la convivencia, las libertades y, en definitiva, la democracia misma no parecen ser conscientes quienes así actúan como representantes de la Nación al más alto nivel. ¿O sí?

(Abc, 12 de febrero de 2022)

La quiebra de la jerarquía

Enfrascados como estamos en intentar digerir los desatinos y las rencillas de nuestra clase política y, en especial, de las fuerzas que a día de hoy nos gobiernan, acaso no hemos prestado la suficiente atención a un fenómeno más larvado y trascendente, y del que nuestros representantes públicos no serían tanto la causa como el síntoma. Me refiero a la quiebra del principio de jerarquía.

Entiéndase el vocablo en un sentido lato. Jerarquía como autoridad que se ejerce, como ejemplo que se da, como liderazgo que se asume, como respeto que se gana. Jerarquía como elemento estructurante de una sociedad abierta, de un régimen de libertades. Cuando la Transición, hace ya más de cuatro décadas, el principio de jerarquía estaba vigente en España. Es más, de no haber sido así, no habríamos transitado hacia la democracia. Habría perdurado la dictadura franquista o se habría implantado una de nuevo cuño y de signo radicalmente distinto. Quienes ahora abominan de aquel periodo crucial de nuestra historia contemporánea tildándolo de fraude son los mismos que abogan por destruir toda jerarquía, siempre y cuando esta no resulte, claro, de imponer de forma unilateral su muy privativa visión del mundo. Son los que conculcan la separación de poderes; los que defienden el derecho de autodeterminación de una parte con respecto del todo; los que equiparan la ley de la calle con el imperio de la ley; los que convierten la biología en una minucia y la sustituyen por el género; los que fomentan lo particular en detrimento de lo universal; los que reducen la Nación a un sinfín de naciones y aspiran a hacer de la lengua común la menos común de las lenguas; los que rechazan la meritocracia y recelan hasta la náusea de toda iniciativa privada; los que modelan, en fin, historia y memoria según les conviene.

Pero, como indicaba al comienzo, si la quiebra del principio de jerarquía se manifiesta ahora con semejante virulencia, ello no se debe tan sólo a que sus valedores disfrutan de los privilegios del poder. Se trata más bien de lo contrario. En otras palabras: quienes hoy nos gobiernan jamás habrían alcanzado el poder de no mediar el desgaste a que ha sido sometido dicho principio a lo largo de estos años. Y aquí los años deben contarse por décadas. Tantas como como lleva la izquierda labrando y señoreando, con la inestimable colaboración de los nacionalismos periféricos, los pastos de la educación pública de este país.

Se me dirá que la derecha también ha metido baza en forma de leyes. Cierto. Dos, en concreto. Pero la primera ni siquiera llegó a aplicarse, mientras que la segunda quedó a medio desarrollar. El caso es que la labranza dura ya más de treinta años, con lo que un par como mínimo de generaciones de españoles han sido y serán educadas conforme a su espíritu y a su ideario. Se las conoce como Millennials –o Generación Y– y Generación Z, e incluyen a los nacidos en un periodo que va desde los albores de los ochenta hasta el inicio de la pasada década. No deja de resultar significativo, cuando menos en relación con lo que aquí nos ocupa, que a la generación inmediatamente anterior a la de los Millennials, la Generación X, se la identifique también como “la generación de la EGB”. Y es que las siguientes son ya las de la LOGSE y sus distintos abscesos legales, hasta llegar a la actual LOMLOE.

Los quince millones de españoles nacidos a lo largo de estas dos últimas generaciones, más los siete u ocho que quepa añadir de la presente –todavía en curso, si bien ya ha sido bautizada como Generación Alfa; el alfabeto latino, qué quieren, no daba para más–, han sido educados por lo general al margen de cualquier sombra de jerarquía. Nadie les ha enseñado a respetar como es debido la autoridad del maestro. Nadie les ha enseñado que esa autoridad no derivaba de una decisión administrativa, sino de lo que el maestro, por su condición de maestro, sabía o debía saber, y ellos, simples aprendices, ignoraban. Y quien dice maestro dice, aun con mayor motivo, profesor.

Muy al contrario, lo que se ha trasmitido a esos niños y jóvenes durante estos años, y cada vez con más ahínco, hasta alcanzar las cotas recogidas en la llamada “ley Celaá”, es que el saber ocupa lugar y que, por lo tanto, hay que soltar lastre. Un vaciado que afecta a la memoria, ese legado de otros tiempos educativos. Y a la inteligencia, diluida hoy en múltiples inteligencias. Y un vaciado que se concreta en la ya añeja ausencia de notas en primaria o en la posibilidad de pasar olímpicamente de curso y obtener un título arrastrando suspensos. Nunca el esfuerzo y el mérito habían sido tan vapuleados.

Lo que se espera hoy en día del docente, en definitiva, no es que transmita el conocimiento que se supone que atesora, que ejerza esa preeminencia inherente a su condición, sino que acompañe al alumno en la larga y penosa travesía a la que esta sociedad, con sus normas y constreñimientos, le obliga. Que le acompañe, o sea, que se ponga a su nivel, no le exija más de lo debido, comprenda sus flaquezas y atienda a sus ruegos.

Habrá quien objete que semejante tendencia igualitarista y antijerárquica se manifiesta también en otros ámbitos, como la familia o la sociedad en su conjunto, y que el influjo de las redes sociales entre los jóvenes no ayuda en nada a combatirla. Sin duda. Pero la instrucción –o la educación, como ahora se conviene en llamarla– no fue jamás una mera correa de transmisión de lo que estaba en boga, de lo que respondía en su discurrir al soplo del viento, sino más bien un parapeto, un dique de contención, en favor de la civilización y la cultura. Renunciar a tal herencia significa franquear el paso a los mediocres y oportunistas en detrimento de los mejores. Significa, en una palabra, ir diciendo poco a poco adiós al progreso y la convivencia.

(Abc, 31 de octubre de 2021)

Nuestros comunistas

España lleva ya más de año y medio con un Gobierno en el que tienen cabida los comunistas. En puridad, es la primera vez que esto ocurre. Cuando menos en democracia. Al poco del estallido civil y hasta el término mismo de la guerra, los gobiernos republicanos contaron siempre con dos ministros pertenecientes al Partido Comunista de España. Pero una guerra es una guerra. Aun así, reducir la presencia del comunismo en un gobierno a la pertenencia o no de alguno de sus miembros al PCE no deja de ser un procedimiento en extremo simplista. En especial en aquella Segunda República en la que el hegemónico Partido Socialista se definía como revolucionario y lo demostraba con ahínco, como bien saben los españoles que todavía guardan memoria de lo vivido en 1934 y cuantos historiadores se han asomado sin prejuicios a aquel octubre que para nada desmereció –en Cataluña y Asturias sobre todo– de otros octubres más renombrados. Añadan a lo anterior que el líder de este partido y a un tiempo secretario general de la UGT, Francisco Largo Caballero, era conocido y reconocido como “el Lenin español” y convendrán conmigo en que el comunismo se hallaba ya en las entrañas de aquel PSOE y, pues, de los gobiernos en los que Largo y los suyos estuvieron presentes.

Bien es verdad que por entonces Lenin era todavía un mito. Al igual que Stalin. Nadie en la izquierda española quería saber de los crímenes que ambos dirigentes, junto con Trotski y unos cuantos líderes bolcheviques más, habían auspiciado y programado desde los albores mismos de la Revolución de Octubre. Degollinas por doquier, expolios masivos, hambrunas inducidas, deportaciones colectivas hacia lo que luego sería el Gulag; millones de víctimas, en definitiva, a las que habría que sumar las de las purgas de toda índole iniciadas en agosto de 1936 y coincidentes en el tiempo con nuestra guerra civil. Perdón: he dicho que nadie quería saber de esos crímenes y debería precisar que sí había, entre la izquierda española, quien los denunciaba; los anarquistas y los seguidores de Trotski, víctimas a su vez de la barbarie de Stalin. Sólo que los cargaban todos en la cuenta de este último, como si Lenin y el propio Trotski –que animaba en diciembre de 1917 a los miembros del Comité ejecutivo central de los soviets a recurrir a la guillotina, “ese notable invento de la Gran Revolución francesa que tiene como ventaja acreditada la de acortar el hombre de una cabeza”, para librarse de sus enemigos– no hubieran actuado, al cabo, con semejante crueldad. Si bien se mira, la figura de Stalin para simbolizar los crímenes del comunismo ha servido para blanquear las no menos criminales figuras de Lenin y Trotski. La del primero por una simple cuestión contable: no mató más porque murió en 1924. La del segundo porque fue la víctima predilecta de la perfidia del georgiano y por aquel piolet que le clavó en la nuca el catalán Ramón Mercader en México a instancias de Beria, el también georgiano director del NKVD, que seguía, claro está, órdenes del camarada Stalin.

Pero todo esto ocurrió lejos de nuestro mundo, se me dirá. Es cierto. Pero no lo es menos que el seísmo sanguinario soviético tuvo su réplica en la guerra civil española. Socialistas revolucionarios y comunistas, que por entonces andaban ya más o menos fundidos y confundidos, fueron los artífices, junto con los anarquistas, de las matanzas. La memoria de sus atrocidades –que incluyeron la liquidación programada de trotskistas y anarquistas, compañeros de causa supuestamente republicana– sólo puede compararse con la que la historia ha reservado a las cometidas por el otro bando, el vencedor. Si determinados historiadores de nuestra guerra civil tardaron tanto en admitir la magnitud de las primeras –y algunos siguen aún en sus trece–, fue sin duda por la misma razón por la que los intelectuales occidentales fueron obscenamente conniventes con el comunismo y sus obras. Como si los efectos no tuvieran relación con las causas.

Luego vino la dictadura franquista y la labor opositora del PCE en la clandestinidad. El reconocimiento de esa labor, inserta desde 1956 en una política de reconciliación nacional que comportaba la renuncia a la lucha armada y la apuesta por la democracia, le valió al comunismo un aura relativa. Y la Transición, simbolizada, entre otras estampas, en aquel apretón de manos entre Santiago Carrillo y Manuel Fraga con el que se enterraban las discordias pasadas, hizo el resto. El Partido Comunista ya era un partido más de la izquierda, legitimado por la democracia, que aceptaba sin apenas remilgos la monarquía y el Estado de derecho y al que, a tenor de su actividad política, costaba distinguir cada vez más del socialista. De ahí su encogimiento electoral, que sólo se revirtió cuando el PSOE empezó a verse laminado por el paro y la corrupción.

Con todo, no ha sido hasta la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno cuando el comunismo ha vuelto por sus fueros. No como en los años treinta, ciertamente, pero sí marcándole de nuevo el paso al Partido Socialista. Y de qué manera. En el orden interno, llevando al Ejecutivo a cuestionar la separación de poderes, la Monarquía y la Constitución; implantando enajenadas políticas de género; legitimando la ocupación de viviendas; impulsando y facilitando los pactos con los separatistas y promoviendo la exhumación maniquea del pasado, entre otras lindezas. Y en el externo, obligando –en el mejor de los casos– a blindar con el silencio los crímenes de las dictaduras comunistas y populistas hispanoamericanas –Cuba, Venezuela, Bolivia–, correspondiendo así a unos gobiernos que no han reparado en gastos a la hora de financiar el comunismo y el populismo patrios.

Quedan dos largos años para que los españoles puedan decidir en las urnas lo que más les conviene de cara al futuro, dos largos años en los que el comunismo gobernante seguirá sin duda agrietando la convivencia y comprometiendo nuestra condición de ciudadanos libres e iguales. De nosotros depende que no sean más.

(ABC, 25 de agosto de 2021)

El triunfo del modelo Madrid

La victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de ayer no por esperada resulta menos trascendente. Acaso porque las propias elecciones trascendían ya del ámbito de unos comicios autonómicos y se adentraban en el de la política nacional. Pero también porque, nada más convocarse –y en esta ocasión en solitario, sin que el foco informativo tuviera que compartirlas con las locales ni con el resto de las autonómicas–, adquirieron un carácter plebiscitario. Lo que invitaba a esa bipolaridad era sobre todo un modelo, el modelo Madrid. Los ciudadanos de la Comunidad llamados a las urnas debían pronunciarse a favor o en contra, debían apostar por perpetuarlo y afianzarlo, o bien por enterrarlo de forma tal vez conclusiva; debían mojarse, en una palabra. Y lo hicieron: la participación fue de récord en unas autonómicas, y el resultado, inapelable. Tan inapelable que el número de escaños logrados por la candidatura de la presidenta saliente superó incluso la suma de los obtenidos por cada una de las tres fuerzas opositoras. 

¿Y en qué consiste ese modelo victorioso que los madrileños refrendaron de manera abrumadora con su voto? Básicamente, en una gestión inteligente de la libertad. Libertad de enseñanza, en tanto en cuanto los padres pueden elegir el centro –incluyendo los de educación especial– donde desean que estudien sus hijos. Libertad en los días de apertura y en los horarios de los comercios. Libertad fiscal, que permite que ciudadanos y empresas, al contrario de lo que ocurre en casi todas las demás autonomías, tengan una carga impositiva más liviana y puedan disponer, por tanto, de un capital mayor. Y todo ello sin otro límite que la legalidad que emana de nuestro ordenamiento constitucional. Esa conjunción entre lo público y lo privado, entre la colaboración institucional y la libre iniciativa de los ciudadanos, ha ido conformando en lo que va de siglo un modelo, revalidado de modo reiterado en las urnas, que prima el esfuerzo y el trabajo, reconoce el mérito y fomenta la responsabilidad.

Pero, aun siendo dicho modelo lo que ayer estaba en disputa, no todos los sufragios cosechados por Díaz Ayuso responden estrictamente a la convicción de que merecía la pena perpetuarlo. La apabullante victoria de la actual presidenta obedece también a haber confrontado, a lo largo del último medio año en especial, con el presidente del Gobierno, a haberse erigido en su contrafigura y haber convertido la gestión de la pandemia llevada a cabo por su propio gobierno en la mayor oposición a la que ha debido enfrentarse Pedro Sánchez. Por paradójico que resulte, es esta España de las Autonomías, tan imperfecta, tan necesitada incluso de reformas estructurales de calado, la que ha permitido que el ejecutivo de una comunidad autónoma haya plantado cara al mismísimo Gobierno central, oponiendo gestión a propaganda, transparencia a ocultación, éxito a fracaso, y haya salido airoso del envite. Y sin más armas, por cierto, que una oportuna y diligente administración de sus recursos y una defensa inequívoca de la libertad.

Hubo un tiempo en nuestra democracia en que el modelo lo encarnó Barcelona. Ocurrió en los años ochenta y comienzos de los noventa del pasado siglo y el telón de fondo no lo representó por fortuna una tragedia humana y el consiguiente empobrecimiento social y económico, sino la celebración de unos Juegos Olímpicos. Pero dicho modelo tuvo que construirse también a contrario. En aquella época fue un gobierno autonómico, presidido por Jordi Pujol, el que trató por todos los medios de impedir el éxito de la ciudad regida por el alcalde Pasqual Maragall. Pero, al igual que ahora, triunfó el modelo, hasta el punto de permitir a aquella Barcelona abierta, moderna y cosmopolita que se enorgullecía de serlo y ya no existe –y, por extensión, al resto de Cataluña y a España entera– “ponerse en el mapa”, como suele decirse.

Las sociedades abiertas son siempre mucho más frágiles que las cerradas. Pero merecen la pena, toda la pena del mundo, dado que sólo en ellas puede desarrollarse en verdad la democracia liberal. Durante el último año, y de forma notoria en la larguísima campaña que precedió a la jornada de ayer, tanto el Gobierno de España como los partidos que lo integran o le prestan su apoyo han impugnado el modelo Madrid mediante toda clase de recursos. Entre ellos no ha habido casi ninguno políticamente propositivo y digno de ser tomado en serio, esto es, de poder ser contrastado con los hechos y su pertinente evaluación. Las salvas que se han oído han desprendido a menudo un tufo autoritario y vengativo, propio de una concepción totalitaria y, pues, antiliberal de la política. Hasta los manifiestos de presuntos intelectuales y demás ralea, como el de los “26 infernales años” que habría vivido según ellos la Comunidad, se han hecho más acreedores que nunca, en el mejor de los casos, al dicho aquel de Maribel. Decididamente, ni la convivencia ni la tolerancia estaban entre los propósitos de la turbamulta frentepopulista que ha intentado el asalto al Gobierno de la Comunidad. Y en vista de los resultados –donde destaca el estruendoso batacazo socialista–, está claro que la estrategia de campaña, si estrategia hubo, no le ha servido a ese frente popular redivivo para conseguir su tan anhelado objetivo, que no era otro que alcanzar el poder. 

Que las urnas hayan revalidado una vez más el modelo constituye, en definitiva, una excelente noticia. Porque, conviene recordarlo, ayer no ganó tan sólo el Partido Popular. Ni siquiera Isabel Díaz Ayuso, por más que su figura haya salido, y es de justicia señalarlo, enormemente fortalecida de la contienda electoral. Ganó una determinada concepción de la política y de la gestión pública: eso que entendemos por modelo Madrid. Y es de esperar que dicho modelo, exento de cualquier inflamación identitaria, pueda servir en adelante de referente para tratar de llevar no ya a la Comunidad de Madrid, sino a España entera por la senda del progreso, la convivencia y el bienestar. Que buena falta le hace.

(ABC, 5 de mayo de 2021) 

Esto no funciona

  

Aunque parezca mentira, lo que llevamos de legislatura nos deja por lo menos una certeza: la de que esto no funciona. Es fácil achacar semejante deficiencia al gobierno que salió de los designios de las urnas en noviembre de 2019. E incluso remontar un poco el río electoral, detenerse en el mes de abril de aquel mismo año y ponerse a jugar a contrafácticos, o sea, al “qué habría pasado si...” y otras conjeturas. Pero, por más que la tentación esté ahí, si esto no funciona no es porque a los españoles nos haya tocado el gobierno que nos ha tocado. O no sólo. En realidad, puede afirmarse sin temor a errar el tiro que nos ha tocado el gobierno que nos ha tocado porque esto ya no funcionaba.

Y esto son básicamente tres cosas: el Estado autonómico, la separación de poderes, y el sistema electoral y de partidos. Vayamos, pues, por partes. Nuestro Estado de las Autonomías sólo puede funcionar o, lo que es lo mismo, sólo puede resolver los problemas de los españoles en tanto que ciudadanos libres e iguales si la delegación de competencias del poder central en el autonómico se asienta en los principios de lealtad institucional y obediencia a la ley. Así ocurre en los países cuya estructura de Estado es parecida a la nuestra, llámesele federal o como se le quiera llamar. Lo que no significa, claro, que en esos países la gobernanza esté exenta de desajustes y tensiones. Haberlos, haylos, como en todo sistema complejo, pero sin que ello impida que hallen, por lo general, una vía de solución. En España, en cambio, los problemas no se resuelven; o se agudizan, o se soslayan y se eternizan –con lo que terminan agudizándose aún más–. En España no hay lealtad entre las partes; hay chantaje. En España no se respeta el marco de la ley; se vulnera.

El Estado de las Autonomías que los españoles nos dimos en 1978 al aprobar de forma amplísimamente mayoritaria la actual Carta Magna pide a gritos una reforma que, en esencia, garantice la preeminencia del todo con respecto a la parte, o, si lo prefieren, del poder central con respecto al autonómico. Lo vivido durante este primer y largo año de legislatura ha demostrado hasta qué punto esa reforma resulta apremiante. Y, en especial, en lo referente a los ámbitos sanitario y educativo. Por excepcional que sea la pandemia que asola el mundo, por muchos tumbos y bandazos que hayan dado tantos gobiernos de nuestro entorno a la hora de abordarla, ninguno ha obrado como el de España. Aunque mejor sería decir, para no faltar a la verdad, como los de España. La renuncia del Gobierno central a su función rectora escudándose en que las competencias no están ya en sus manos; su enfrentamiento con los ejecutivos autonómicos, y en particular, pero no tan sólo, con los de un color político distinto; el uso y abuso del Estado de alarma para menesteres ajenos a los propiamente sanitarios, todo ello ha devenido en una gestión caótica cuyas víctimas no han sido sólo los ciudadanos contagiados por el virus –y entre ellos, por supuesto, quienes han perdido la vida como efecto de ese contagio–, sino también eso que el exministro del ramo caracterizó navideña y festivamente como familiares y allegados. O sea, casi todos nosotros.

En cuanto a la educación, la aprobación exprés de la ley Celaá, que además de ser una ley de parte en lo ideológico lo es también en lo competencial, pues legitima de iure lo que ya se daba de facto en la periferia del territorio nacional –esto es, la vulneración sistemática y en buena medida sistémica de la Constitución–, supone un raspado inmisericorde de los pocos poderes con que contaba aún en este campo el Gobierno central. El que emanaría de la Alta Inspección educativa, por ejemplo. O el que resultaría de la condición del castellano como lengua vehicular. Aquí también una reforma en profundidad que restituya al Gobierno del Estado los poderes que nunca debería haber perdido se antoja irrenunciable.

Por lo demás, nuestra democracia representativa arrastra también un serio problema en relación con la división de poderes. Con los tres que Montesquieu quería salutíferamente separados y con el que le añadió algo más tarde de palabra Edmund Burke –esto es, lo que era entonces la prensa y ahora son los medios de comunicación– y que convendría que siguiera una misma profilaxis. Y es que, de una parte, el ejecutivo invade el terreno del legislativo recurriendo con contumacia al concepto de excepcionalidad, cuando no utiliza las Cortes Generales como mera correa de transmisión de sus querencias. De otra, el legislativo interviene de grado o por fuerza en la designación de los miembros del órgano de gobierno del poder judicial, con lo que pone en cuestión su independencia. Y lo mismo pasa, en fin, con los medios de comunicación públicos: el legislativo es quien bendice la composición de sus órganos rectores. Sobra indicar, en fin, que esas invasiones bárbaras de poderes se dan igual en la esfera autonómica.

La última y grave disfunción a la que nos enfrentamos tiene que ver con el sistema de representación política, o sea, con nuestro sistema electoral y el de partidos. La desconexión entre ciudadanos de a pie y representantes y cargos públicos, favorecida por una ley electoral injusta y por el quiste maligno de la partitocracia, no ha hecho más que aumentar con el tiempo. Y lo más triste: ninguna formación política, ni vieja ni nueva, parece ya interesada en ponerle efectivamente remedio. Y así nos luce.

Supongo –y espero– que más pronto que tarde saldremos de esta. Pero si no aprendemos de una vez por todas que nuestro edificio constitucional necesita reformas y que, en lo tocante a la gobernanza del país, tenemos lo que nos merecemos por no haberlas emprendido en el momento oportuno, no sólo seguiremos engañándonos, sino que nuestro porvenir como Nación de ciudadanos libres e iguales va a estar, por desgracia, seriamente comprometido.

(ABC, 10 de febrero de 2021)

El legado de Manuel Chaves Nogales

  

El próximo 23 de diciembre se cumplirán 85 años del banquete celebrado en el madrileño Hotel Nacional en honor de Juan Belmonte y Manuel Chaves Nogales. El motivo para reunir a manteles a ciento cincuenta personas, entre las que figuraban ni más ni menos que José Ortega y Gasset, Azorín, Ramón Gómez de la Serna, Sebastián Miranda o Julio Camba, no era otro, claro está, que la recentísima publicación en volumen de Juan Belmonte, matador de toros (Su vida y sus hazañas), escrito por el periodista Chaves Nogales. Y digo en volumen, porque esa vida y esas hazañas habían tenido antes una existencia en la prensa. En concreto, en el semanario Estampa, donde, desde mediados de aquel mismo año, habían ido apareciendo los futuros capítulos del libro.

            Semejante práctica, sobra precisarlo, constituía una excelente plataforma de lanzamiento de una obra, hasta el punto de permitir que un homenaje como el que hace al caso y que respondía a la excelente recepción que habían tenido las diversas entregas del semanario pudiera celebrarse con el libro apenas editado y distribuido. Añadan a lo anterior el hecho de que tanto Belmonte como Chaves Nogales eran en aquella España, y en especial en ciudades como Sevilla y Madrid, personajes conocidos y estimados, y se entenderá el éxito de la convocatoria. Pues bien, a los postres del banquete el periodista tomó la palabra para pronunciar el brindis de rigor, y tras lamentar que el torero no estuviera presente –Belmonte había enviado desde Sevilla un telegrama de agradecimiento en el que excusaba su asistencia–, pasó a explicar la génesis de la obra. O sea, qué le había inducido a escribir aquel libro en cuya producción, según confesaba con modestia, su papel había sido tan secundario que podía parangonarse con el de un simple amanuense.

            Todo arrancaba de una encuesta realizada en 1933 por Ahora, el diario que él dirigía de facto, a los personajes más característicos de cada oficio y en la que se les preguntaba cómo era España veinte años atrás. A Juan Belmonte, uno de los encuestados, le había correspondido hablar de lo suyo, claro, y las cuartillas manuscritas que había entregado eran, a juicio del periodista, “las que más exactamente reflejaban el ambiente taurino tal y como yo anhelaba”; de ahí que insistiera “con Belmonte en la faena de ahondar en sus recuerdos personales”. Y el resultado de esa conjunción es uno de los mejores libros de memorias jamás escritos en España, al tiempo que un vívido retablo del mundo del toreo de comienzos del pasado siglo.

            Pero en su parlamento Chaves Nogales dejó traslucir también una inquietud, nacida de la contrariedad de un fracaso. La encuesta de la que había salido su Belmonte tenía un precedente. Oigámosle: “En España es difícil, si no imposible, encontrar quien quiera volver la vista hacia el panorama de su vida y legar a los que vienen detrás los resultados de su experiencia. Nadie escribe sus memorias, nadie se preocupa de decirnos cómo fue, como si eso no interesase ya a nadie. Yo he buscado con ahínco el testimonio vivo de ese pasado inmediato interrogando sobre su vida a cómicos, toreros, políticos; a toda la gente representativa de una época. Nadie me ha sabido contar cómo fue. En esta desolación que me hacía pensar que el año 1900 será dentro de poco tan remoto e incomprensible como la prehistoria, tuve que ir replegando mi ambición (…) limitándome ya a contar siquiera cómo era España hace veinte años a quienes ahora los tienen (…)”. Y salió su Belmonte. Pero aquel empeño anterior saldado con un fracaso y al que ahora se estaba refiriendo en su brindis definía mejor que nada el carácter de Chaves Nogales: el de un hombre comprometido con su tiempo y con su país.

            Se me dirá que en eso consiste, a fin de cuentas, el oficio de periodista. O que en eso debería consistir, al menos. Cierto. Pero el compromiso de Chaves abarcaba también el pasado, en la medida en que pretendía llenar un vacío –un poco como haría mucho más tarde, ya en los estertores del franquismo, Rafael Borrás, cuando se inventó aquella benemérita colección “Espejo de España”, editada por Planeta–. Chaves reclamaba memorias que ayudaran a comprender cómo era nuestro país en aquel cambio de siglo en que él apenas tenía uso de razón. Al fin y al cabo, ¿qué sería del trabajo de los historiadores si no pudieran contar, entre otros materiales, con el contenido en los libros de memorias? Por supuesto, lejos estaba entonces de imaginar el homenajeado que esa laguna que aspiraba a colmar, esto es, esa continuidad tan anhelada, iba a empezar a truncarse siete meses más tarde.

          Sea como fuere, nos queda su testimonio. El de las palabras pronunciadas en aquellas vísperas navideñas, el de su Belmonte y el de tantas páginas impresas en periódicos y revistas –que es como decir el de tantas otras obras publicadas en vida y póstumamente–. Y nos queda su ejemplo. El de un hombre valiente, comprometido con la defensa de las libertades, que abandonó España a finales de 1936 cuando tuvo plena conciencia de que, ganara quien ganara aquella guerra, lo que vendría después no sería en modo alguno un régimen democrático. Chaves fue, sin discusión, el más fiel representante de esa Tercera España que tanto seguimos echando en falta. 

            El mejor homenaje que hoy podemos rendirle, como a todos los grandes escritores, es leerle. De ahí que constituya motivo de celebración que este triste año pandémico de 2020 se cierre con la noticia de la aparición en Libros del Asteroide de la tercera edición de su siempre acrecentada Obra completa, a la que acompañan una exposición y otras publicaciones sobre su figura y su obra y, entre ellas, una cuyo destino son las aulas andaluzas. No me cabe la menor duda de que no existe antídoto más indicado contra la zozobra política y educativa en la que estamos inmersos que la difusión y el conocimiento, a todos los niveles, de su legado.

(ABC, 13 de diciembre de 2020)

Cataluña para los catalanohablantes

Entre las grandes figuras de la historia reivindicadas por los líderes independentistas catalanes –desde Artur Mas hasta Carles Puigdemont, pasando por Oriol Junqueras–, no está, que yo sepa, James Monroe. Y es de lamentar, porque la célebre doctrina de quien fuera el quinto presidente de los Estados Unidos, “América para los americanos”, se ajusta como un guante al proceder del catalanismo –esto es, del nacionalismo catalán– durante las últimas décadas. Sólo que, así como en el caso americano la principal coartada para la expansión fue el territorio, en el del catalanismo la ha encarnado siempre la lengua. En otras palabras: la presunta defensa del idioma es lo que legitima la política nacionalista en los confines de la propia Cataluña y lo que sirve asimismo como excusa a su afán colonizador del resto de las comunidades autónomas integradas en el constructo ideológico denominado “Países Catalanes”.

            Pero no acaban aquí las similitudes. Del mismo modo que, hace dos siglos, los colonos estadounidenses fueron avanzando hacia el Pacífico haciendo bueno el derecho de conquista y sin que les importara lo más mínimo el consiguiente exterminio de los nativos que encontraban a su paso, las fuerzas de choque del catalanismo, amparadas y sufragadas por sus respectivos gobiernos autonómicos, han ido avanzando también en su propósito de expulsar el castellano del espacio público al margen de lo que prescribiera la legalidad. Ya en los primeros años ochenta, tras comprobar que el marco normativo de la ley de normalización lingüística recientemente aprobada no garantizaba el aprendizaje del catalán en la escuela por parte de los alumnos cuya lengua materna era el castellano, el gobierno nacionalista de la Generalidad empezó a implantar, por su cuenta y riesgo y a imagen y semejanza de sus correligionarios del Quebec, el modelo de inmersión lingüística. En consonancia con el objetivo perseguido, la zona de progresiva implantación fue el “cinturón rojo” barcelonés, de amplia mayoría castellanohablante. La política de hechos consumados tendente a fomentar el cambio de lengua en más de la mitad de la población catalana estaba, pues, en marcha.

            Con todo, no fue hasta una década más tarde cuando esa política halló un acomodo legal, o lo que es lo mismo, unos decretos que la amparasen. Aunque para eso hizo falta la complicidad de un gobierno socialista y la previa aprobación de una ley, la LOGSE, acordada con el resto de la izquierda española y los nacionalismos vasco y catalán. La LOGSE asignaba a las comunidades autónomas con lengua cooficial la potestad de fijar los contenidos de un 45 por ciento del horario y, en general, una generosa capacidad de maniobra en la organización del nuevo sistema educativo, cuya obligatoriedad la propia ley había extendido hasta los 16 años. Sobra indicar que los nacionalistas no desaprovecharon la oportunidad. En el primero de los decretos que promulgaron en 1992 para aplicar la reforma, se establecía que el catalán “se utilizará como lengua vehicular y de aprendizaje” de toda la enseñanza obligatoria. Dicho y hecho.

            En lo sucesivo, el modelo de inmersión se fue generalizando al conjunto de los centros docentes, públicos y concertados, de Cataluña –incluyendo las enseñanzas no obligatorias y, por supuesto, las comunicaciones internas y externas de cada centro­–, a pesar de las denuncias y recursos interpuestos por las asociaciones de defensa de los derechos de los castellanohablantes y a pesar incluso de las resoluciones que los tribunales fueron dictando. Y cuando el nuevo Estatuto de Autonomía de 2006 trató de legalizar esas prácticas ilícitas cuyo fin no era otro que erradicar por completo el castellano de la escuela y del resto de la administración pública, la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 anulando el apartado que declaraba el catalán “lengua preferente” dio al traste con las pretensiones del nacionalismo. Una vez reconocido por el Alto Tribunal el carácter de lengua vehicular del castellano, distintas sentencias del Supremo concretaron dicha vehicularidad –valga el palabro– en un mínimo del 25 por ciento del horario y en asignaturas que tuvieran la condición de troncales, lo que evitaba la treta, tan común, de recurrir a la Educación Física para cubrir el expediente.

            Aun así, los distintos gobiernos de la Generalidad siguieron a lo suyo. ¿Cómo no iban a continuar desobedeciendo a los organismos judiciales si durante casi toda la última década no han hecho otra cosa que crear el caldo de cultivo necesario para impugnar nuestro marco legal y justificar de ese modo su tentativa de golpe de Estado? De ahí que la enmienda conjunta de PSOE, Podemos y ERC introducida en la tramitación de la llamada “ley Celaá” y por la que se suprime de un plumazo el carácter vehicular del castellano y su condición de lengua oficial del Estado del articulado del proyecto de ley, deba considerarse como un nuevo intento de blanquear las ilegalidades pasadas. Nadie duda, y menos aún los promotores de la enmienda, de que el Alto Tribunal declarará inconstitucional esa alteración del texto cuando resuelva los recursos que han prometido interponer diversas fuerzas políticas de la oposición. Pero eso al nacionalismo le trae sin cuidado. Al contrario, así tendrá un nuevo agravio que sumar a su ya largo memorial. Y, mientras tanto, no se ha reparado bastante en otras tres modificaciones del articulado que persiguen un fin separativo similar. Me refiero a la que permite a las autonomías con lengua cooficial ampliar todavía más la facultad de fijar los contenidos del currículo –de un 45 a un 50 por ciento del horario–; a la que posibilitará que los gobiernos de esas mismas comunidades autónomas designen a sus inspectores educativos sin que medie oposición alguna, con lo que el sesgo ideológico y las arbitrariedades consiguientes estarán servidos, y a la que consolida el derecho de propiedad del nacionalismo sobre la educación al convertir la asignatura “Lengua cooficial y literatura” en “Lengua propia y literatura”.

            Me gustaría equivocarme, pero, a este paso, del Estado de derecho que una inmensa mayoría de los españoles nos dimos hace ya más de cuarenta años, Constitución mediante, pronto no va a quedar ni el recuerdo.

(ABC, 16 de noviembre de 2020)

Aquella República

El 27 de julio de 1931, en su discurso de toma de posesión como presidente de las Cortes Constituyentes de la Segunda República, Julián Besteiro aludió a la historia en estos términos: “La Historia es, en efecto, la maestra de la vida; pero ¡cuántos errores se cometen invocando su nombre! ¡Cuántas veces se la hace servir a las más bajas pasiones y se la convierte, de una respetable matrona, en una especie de Celestina de las especies más variadas de Melibeas!” Lejos de mi intención usar de esa respetable matrona para terminar cayendo en este artículo en semejantes extravíos. Pero esas palabras de Besteiro, tan premonitorias del desenlace que iba a tener aquel régimen, resultan hoy de una actualidad vigorosa. Y es que la Historia, atrapada en esa anunciada ley de Memoria Democrática con que el Gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias pretende dar una considerable vuelta de tuerka –permítaseme la licencia– a su antecesora, la llamada ley de Memoria Histórica, está siendo tratada, y con ella sus protagonistas, como una verdadera facilitadora de ficciones, a cual más embelesada. Empezando, claro, por la que proyecta sobre la propia Segunda República española.

            La Segunda República española fue un régimen fracasado. Y no porque desembocara en una guerra civil –con eso ya bastaría–, sino porque, en su esencia misma, obedeció a la voluntad de imponer a millones de españoles la voluntad de otros tantos millones. La República advino –Josep Pla dixit– tras unas elecciones municipales en las que los partidos republicanos, socialistas y nacionalistas agrupados en un Comité Revolucionario creado apenas medio año antes obtuvieron la victoria en las principales ciudades españolas, lo que indujo al Rey Alfonso XIII a abandonar el país para evitar un baño de sangre. Pero, en diciembre de 1930, ese mismo Comité ya había intentado derrocar a la Monarquía mediante la combinación de una huelga general revolucionaria y una serie de levantamientos en distintas guarniciones militares. El golpe no había triunfado, pero el mensaje de sus patrocinadores no ofrecía dudas: cuantas medidas había tomado durante 1930 el gobierno del general Berenguer al objeto de intentar transitar de forma pacífica de un régimen dictatorial, la Dictadura de Primo de Rivera, a uno democrático, y cuantas se tomasen en el futuro, de nada iban a servir. La implantación de la República era innegociable. Y la República la encarnaban el Comité Revolucionario y el Gobierno Provisional que este alumbró. Ni sombra de parecido, sobra añadirlo, con lo que fue hace nueve lustros nuestra Transición y su feliz corolario, la Constitución de 1978.

            Esa apropiación de la legitimidad democrática por parte de la llamada Conjunción Republicano-Socialista y la Esquerra Catalana, o, lo que es lo mismo, esa confusión entre República y democracia, como si fuera de los confines del republicanismo y la izquierda toda, incluidos comunistas y anarquistas, ninguna fuerza política tuviera derecho a existir; esa apropiación, digo, estuvo en la base del fracaso del régimen. Durante los cinco largos años que precedieron a la guerra civil, en ningún momento intentaron los promotores de la República incorporar a ella a los desafectos de 1931. Es más, muchos de los que, no siendo republicanos, habían recibido con simpatía la llegada del nuevo régimen, se desengañaron al poco ante el cariz violento que iban tomando los acontecimientos: quema de iglesias, atentados terroristas, huelgas generales –y, en contraposición, la sublevación monárquica del general Sanjurjo en agosto de 1932–. Una suerte de revolución permanente que los nuevos rectores políticos eran incapaces de atajar, suponiendo que no la alentaran o consintieran.

            Pero acaso la máxima expresión de esa violencia y del carácter privativo que para la mayoría de los antiguos representantes de aquel Comité Revolucionario tenía el nuevo régimen fuera lo ocurrido a raíz de la llegada a la gobernabilidad del Estado de los partidos de centroderecha, de resultas de las elecciones generales de noviembre de 1933. Es decir, lo ocurrido a raíz de la primera alternancia en el poder, principio insoslayable de toda democracia representativa. Ya desde aquella fecha, los que habían sido desalojados del Gobierno por la fuerza de los votos empezaron a conspirar para recuperarlo cuanto antes por la fuerza de las armas. No lo lograron, pero un año más tarde dejaron como recuerdo trágicamente cruento una revolución en Asturias y un golpe de Estado en Cataluña, amén de una huelga general revolucionaria en toda España. Y lo más importante: la certidumbre de que jamás iban a permitir que el régimen que ellos habían traído estuviera en otras manos que las suyas. De ahí al estallido de la guerra civil, esas formaciones políticas –de las que se había ido desgajando, ya desde finales de 1931, el partido de Alejandro Lerroux­– no hicieron sino consolidar su alianza con la creación del Frente Popular, lo que las llevó a vencer –fraude mediante, como han demostrado recientes investigaciones– en las elecciones de febrero de 1936. El siguiente y postrer episodio de esa infausta República fue el golpe de Estado militar de signo contrario que sumió al país en un desgarro del que hasta muy poco casi todos los españoles creíamos habernos recuperado definitivamente.

            No estamos en los años treinta, por suerte. Pero sí estamos sometidos a las intemperancias, arbitrariedades y abusos de un gobierno de coalición y una mayoría parlamentaria que recuerdan demasiado a los de aquel Frente Popular. En su composición –la tríada de socialistas, comunistas y separatistas– y en su espíritu –la consideración de que nadie más que ellos tiene derecho a ocupar el poder–. Y, de forma parecida a la de entonces, desafiando a la Monarquía, negando validez a los logros de la Transición, diluyendo y enfangando la separación de poderes, convirtiendo los medios de comunicación bajo su control en instrumentos de burda propaganda y rebanando la Historia según convenga. Dividiendo a los españoles, en suma, y enfrentándolos entre sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que una mayoría de esos españoles y las fuerzas políticas que les representan decidan unirse con el único propósito de devolver el país a la senda de la libertad, la convivencia y el progreso.

(ABC, 20 de octubre de 2020)

Exposición de motivos

A lo largo de los últimos meses, muchas han sido las voces que han denunciado la inoportunidad de la tramitación en las Cortes de la llamada “ley Celaá”. Voces de enseñantes, de pedagogos, de padres de alumnos, de empresarios vinculados al sector educativo, o de simples ciudadanos. El propio debate de totalidad desarrollado en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de junio evidenció esa inoportunidad, por más que las tres enmiendas de devolución presentadas no surtieran efecto y el proceso legislativo haya seguido, por lo tanto, adelante. Así las cosas, dudo mucho que el Gobierno se avenga finalmente a razones y decida retirar el proyecto de ley o, como mínimo, paralizar su tramitación. Ocasiones no le han faltado para ello durante el año y medio transcurrido desde que el texto se dio a conocer y a ninguna le ha parecido oportuno agarrarse.

         De entre las múltiples razones esgrimidas ya públicamente y alguna más que podría agregarse a la lista, hay dos que a mi modo de ver resultan sustanciales. La primera, y acaso la más reiterada, es la coincidencia en el tiempo del nuevo texto legal con la pandemia nuestra de cada día, de la que sobra indicar que no vamos a salir pasado mañana, ni mucho menos más fuertes, sino considerablemente diezmados y, en todo caso, con los supervivientes hechos unos zorros. En vista de semejante panorama, que incide directamente en la estabilidad del sistema educativo ante el curso que acaba de empezar y, en especial, en la de sus eslabones más débiles –el alumnado más joven, el de nivel socioeconómico más bajo o el que requiere especiales atenciones–, ¿tiene sentido promover y, en definitiva, aprobar un nuevo ordenamiento que, para más inri, ni siquiera cuenta con un mínimo consenso entre lo que se entiende por comunidad educativa? Añadan a lo anterior que la ley va a requerir un desarrollo reglamentario complejo y, en particular, una reforma profunda de los currículos, lo que va a socavar aún más la ya de por sí maltrecha estructura en la que se asienta hoy el sistema educativo.

         Pero hay más. Porque una de las consecuencias de esta pandemia que nadie sabe a ciencia cierta cuánto durará ni qué cambios va a traer a nuestras vidas es que la enseñanza ya no volverá a ser lo que fue. En qué medida y qué factura nos tocará pagar constituye a estas alturas una incógnita. Sí puede aventurarse, no obstante, que la teleeducación no será flor de un día, como no lo será tampoco el teletrabajo. Y si el Gobierno, o una parte de él, dio pruebas de cierta sensatez al admitir que este no era el mejor momento para acometer una reforma laboral –sensatez, por cierto, que parece haberse esfumado de nuevo–, ¿por qué no hizo lo propio con la reforma educativa? ¿Sólo porque Europa no se lo exigió a cambio de financiación? Sea como fuere, el Ejecutivo de Sánchez debería rehuir la tentación de emprender toda transformación radical –y esa nueva ley de educación lo es– por lo menos hasta conocer cómo quedan el paisaje y el paisanaje después de la pandemia.

         Esa es la primera razón de peso a la que habría que atender. La segunda no le va a la zaga en cuanto a trascendencia. Porque la ley Celaá participa del mismo espíritu y del mismo propósito que esa nueva ley de Memoria Histórica que está al caer. Se trata, en ambos casos, de ir más allá de lo que fueron sus respectivos antecedentes legales –la Ley Orgánica de Educación, LOE (2006), y la conocida como Ley de Memoria Histórica (2007)– y de hacerlo por la brava, sin encomendarse a Dios ni al Diablo. En otras palabras, se trata de ahondar en la confrontación y la división que esas leyes primigenias propiciaron ya en su momento en la sociedad española. Bien es verdad que el adanismo de aquellos primeros gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero casaba mucho mejor con la ley de Memoria que con la de Educación, que al fin y al cabo no dejaba de ser un remedo de la LOGSE (1990), al tiempo que la guinda legal al barrido grosero del que había sido víctima la promulgada por un gobierno del PP –la LOCE (2002)–, derogada al poco de empezar a aplicarse. Pero ello no quita, insisto, que las dos compartieran entonces y vuelvan a compartir ahora un mismo espíritu y propósito: convertir una ideología –huelga precisar cuál– en las tablas de una ley.

         Para convencerse de ello, basta con leer la “Exposición de motivos” de esa LOE rediviva. A lo largo de las diez páginas de que consta, no figura ni una sola referencia positiva a algún aspecto, incluso el más nimio, de las dos leyes –la LOCE y la LOMCE– aprobadas bajo gobiernos del Partido Popular. Sólo descalificaciones, amparadas en el ruido y la bronca de las movilizaciones promovidas por la oposición de entonces. El marco europeo, por su parte, sólo se usa para aquellas cuestiones que entroncan con el pedagogismo, mientras que las tasas de abandono y fracaso escolar, los resultados de los informes PISA o el dato inapelable de la ausencia de una evaluación al final de Bachillerato cuando la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea sí la tienen, no asoman por ningún lado. Y en un texto tan sobrecargado de valores, donde el género, por ejemplo, hunde sus raíces, la palabra “mérito” no aparece ni una sola vez.

         Esa “Exposición de motivos”, al igual que el articulado que le sigue, no es sólo un breviario ideológico; es también un monumento al relativismo. O sea, una renuncia manifiesta al afán de conocimiento, al afán por alcanzar la verdad. Lo cual, sobra decirlo, no desentona en modo alguno de la acción de un gobierno cuyo presidente ha hecho de la mentira y el engaño su principal seña de identidad. En esas manos está, para nuestra desgracia, la educación española.

(ABC, 15 de septiembre de 2020)

La imprescindible continuidad

Decir que vivimos tiempos revueltos es decir poco. Desde que Pedro Sánchez alcanzó el poder, hace ya más de dos años, la disrupción se ha convertido en norma. Sólo faltaba la nefasta gestión de la pandemia, con su ristra de mentiras, ocultamientos, bandazos y trilerías, para confirmarlo. Nada es seguro en España, nada es duradero. Ni en política ni en ningún otro ámbito de la vida pública. Lo que trae como consecuencia que tampoco lo sea en la esfera privada. ¿Qué padres de familia pueden planificar hoy en día el porvenir de sus hijos? Por desgracia, sólo aquellos que disponen de posibles para mandarlos al extranjero a formarse y de este modo abrir cauce a un futuro profesional. Números cantan: económicos, educativos, asistenciales. Y mientras esos números andan de capa caída, los asociados a la corrupción siguen al alza.

               Así las cosas, se entiende que cunda el desánimo entre muchos españoles y que no pocos apuesten por una ruptura de signo radicalmente contrario. Se entiende, digo, aunque resulte difícil compartirlo. La historia de España está llena de esa clase de vaivenes. Y todos acabaron mal. Que la actual mayoría gubernamental juegue a repetirlos, de obra y de palabra, para provocar con ellos una reacción extremada, no debería llevarnos ni al desaliento ni al encono. Sí, en cambio, a la firmeza. Una firmeza que pasa, ante todo, por la defensa de la continuidad institucional. O sea, de nuestra Monarquía constitucional, encarnada en el Rey Felipe VI, y nuestro Estado de las Autonomías. Pero también de otra clase de continuidad.

            Cuando se cumplían 60 años del inicio de la Guerra Civil, Julián Marías publicó un breve y sustancioso ensayo, España ante la historia y ante sí misma (1898-1936), cuya lectura debería figurar –y sé bien que no es el caso– en los haberes de todo bachiller español. Pues bien, dicho ensayo contiene un epílogo donde el autor acuñaba un concepto, el de continuidad subterránea, para desmentir que la dictadura hubiese sido un verdadero páramo desde el punto de vista social y cultural. La tragedia civil había supuesto sin duda una “atroz sacudida”, pero no había cortado por completo el hilo de historia que los españoles llevaban décadas hilvanando. El propio Marías podía dar fe de ello, no sólo por haberlo vivido –y, en parte, sufrido–, sino por haber contribuido con su ejemplo a trenzar esa continuidad sin la cual nuestra Transición y la consiguiente recuperación de las libertades políticas habrían sido una quimera. (Sobra precisar que en ese ejercicio de plena asunción del pasado que sirvió para alumbrar la democracia constitucional de la que felizmente seguimos disfrutando participaron también aquellos españoles a los que la Guerra Civil y el franquismo habían empujado al exilio y que en el ínterin no habían podido o deseado regresar.)

            Para entender el alcance y la trascendencia de esa continuidad subterránea a la que se refería Marías hará pronto un cuarto de siglo, piénsese tan solo en los antiguos catedráticos de instituto de enseñanza media. Muchos se habían formado en los años finales de la Dictadura de Primo de Rivera y durante la Segunda República. ¿Eran por ello partidarios de un Estado autoritario, eran por ello republicanos? En absoluto. Podían serlo o no. Podían estar incluso alejados de toda inclinación política. Eran, eso sí, cada uno en su campo, depositarios de un saber que ha configurado lo que Marías denominaba en 1996 “nuestro tiempo”, un tiempo que arrancaba en 1898 y en el que quiero creer que todavía estamos. Habrá quien me objete, y con razón, que muchos de los españoles formados en esos años prebélicos no pudieron siquiera aspirar a una cátedra porque tuvieron que exiliarse o porque, simplemente, se les impidió por razones ideológicas ejercer la docencia. Pero ello no quita que quienes sí llegaron a ejercerla supieran transmitir a miles de jóvenes educandos un conocimiento que venía de antiguo y les hacía partícipes de una tradición. Por desgracia, terminada la Transición, la llegada del PSOE al poder y la ulterior implantación de unas leyes educativas regidas por un igualitarismo programático, esto es, por un enfermizo rechazo del mérito y la jerarquía, diluyeron aquel cuerpo de catedráticos de instituto que tanto habían hecho por esa continuidad en un cuerpo polimórfico de nueva planta donde todos eran “trabajadores de la enseñanza” y donde tanto valía un catedrático de Bachillerato como un profesor de Formación Profesional.

            Decía más arriba que el momento que estamos viviendo reclama, ante todo, una firme defensa de la continuidad institucional: Monarquía, Constitución, Estado de las Autonomías. Desde la recuperación de la democracia no habíamos tenido nunca en España un gobierno, no importa el color, en el que estuvieran representadas fuerzas políticas cuyo propósito más o menos explícito fuera acabar con los tres ejes que conforman esa continuidad. Del mismo modo, nunca un gobierno había gozado del apoyo parlamentario de formaciones que han hecho ya de ese mismo propósito una hoja de ruta manifiesta, recurriendo incluso a la violencia para tratar de alcanzar su objetivo. El momento, pues, es delicado. Y es ahí donde esa continuidad institucional precisa del apoyo y el aliento de la otra continuidad, esa que no cabe calificar ya, siguiendo a Marías, de subterránea, dado que, por fortuna, vivimos en un régimen de libertades, pero cuya esencia no deja de ser a grandes rasgos la misma: a saber, la que procuran, con su quehacer diario, tantos millones de españoles que no están dispuestos a renunciar a lo que tanto ha costado conseguir.

            Se me dirá que ya están los partidos políticos constitucionalistas para cumplir con esa labor. Cierto. Pero no ha nacido todavía ninguno que en los instantes decisivos anteponga el interés general al suyo como partido. Por eso es tan importante la acción civil. No como alternativa, sino como refuerzo. No como impugnación de la política representativa, sino como corolario democrático de su propia existencia. Los españoles de bien tienen el derecho y el deber de preservar, renovándolo día a día, su patrimonio común. Se juegan, nos jugamos, mucho. Todo, sin duda.

(ABC, 19 de agosto de 2020)