Los políticos no suelen atender al dato. Cuando no lo ignoran –es decir, cuando las circunstancias les impiden pasarlo por alto–, lo ningunean a golpe de relato. Y a otra cosa mariposa. Porque, en caso de necesidad, siempre habrá un nuevo dato al que ignorar o ningunear con su correspondiente relato que venga a ocupar el sitio del anterior.
De entre las formaciones políticas, las de izquierda son las que más desechan el dato, seguidas por las nacionalistas. Los motivos de semejante concurrencia cabe buscarlos sin duda en el apego que sienten unas y otras por ese futuro lleno de promesas que está por llegar y con el que sueñan. Poco importa que el método de ensayo y error les desmienta. Sus razones, insisto, no atienden al dato, sólo al deseo. En otras palabras: no son de este mundo, sino de otro que, según esas formaciones, estaría por llegar.
El desastre de la educación pública en España encaja como un guante en este patrón. Anda todo el mundo muy alterado estos días con los resultados del último informe PISA, y no es para menos. Lo de la presente edición, en cuanto a la magnitud de la caída, no tiene precedente. Pero se engañará quien lo vea como un hecho aislado, fuera de lo común, de esos que uno está tentado de no computar por extemporáneos. Al contrario, el derrumbe de España en el ranking de países que participan en las pruebas PISA, lo que la ha llevado a situarse claramente por debajo de las medias de la UE y la OCDE debe entenderse como el resultado del efecto bola de nieve tras treinta y cinco años de políticas educativas –todas de marchamo izquierdista, pues las leyes aprobadas por gobiernos del PP ni siquiera han llegado a aplicarse, cuando menos en su conjunto, dado que fueron derogadas por los gobiernos del PSOE nada más volver este partido al poder– donde han primado el buenismo, el pedagogismo y la ingeniería social por encima de valores como el esfuerzo, el mérito y la transmisión del conocimiento. En este sentido la LOMLOE, más conocida como ley Celaá, no es sino el depósito, por no decir la charca, donde ha desaguado la LOE, tras recoger a su vez las aguas primigenias de la Logse.
Llegados aquí, acaso se pregunten qué hacen los nacionalismos en todo este fregado supuestamente educativo. Muy sencillo: sacar tajada, como tienen por costumbre. O sea, exigir el aumento de porcentaje del currículo que les corresponde a cambio de votar a favor de la ley. De este modo han ido implantando, entre otras cosas y sin que el gobierno central –a través de una amordazada alta inspección educativa– tuviera nada que objetar, sus políticas lingüísticas. Una inmersión que ya no se limita a la escuela catalana y a su epígono balear, sino que alcanza también la que el Gobierno Vasco está practicando sin pararse en barras con el eusquera. Los resultados a la vista están: de un lado, los de Cataluña no han sido tratados por separado en el informe PISA por haber excluido de las pruebas la Administración catalana a un porcentaje de alumnos con necesidades especiales –esto es, los más propensos a sacar una puntuación baja– cinco veces mayor que el permitido; de otro, el País Vasco, que siempre había figurado a la cabeza de las comunidades autónomas en anteriores informes, se ha desmoronado en la tabla de forma estrepitosa.
Por supuesto que la ley Celaá, al permitir que los alumnos puedan pasar de curso con una mochila cargada de suspensos e incluso titularse en Bachillerato sin tener todas las materias aprobadas, o al amparar la elaboración de unos currículos que chirrían por todas partes, por poner un par de ejemplos, ha colaborado lo suyo. Pero, insisto, no es la causante del derrumbe; en todo caso habrá acelerado un proceso que viene de lejos y cuyos efectos su principal responsable, nuestra izquierda, no ha querido ver ni corregir. Y lo peor no es eso; lo peor es que seguramente ya no tiene remedio.