El calendario catalino

Yo soy, como quien dice, de cuando el calendario juliano. No se asusten: aunque ya tengo mis años, no me estoy refiriendo ahora al calendario implantado en tiempos de Julio César, sino a uno más reciente, el que debe su nombre al ministro de Educación del último gobierno del almirante Carrero Blanco. En realidad, cuando yo llegué a la universidad, en octubre de 1974, el llamado calendario juliano ya era historia. Pero todavía resonaban sus ecos. Se había aplicado en el curso universitario anterior al mío, por obra y gracia del ministro Julio Martínez, y consistía en empezar las clases el 7 de enero y terminarlas el 31 de diciembre, con los periodos vacacionales de por medio. Sólo que su aplicación, limitada al primer curso de carrera, fue un visto y no visto. De una parte, al ministro Rodríguez le llegó el cese antes incluso de que dieran comienzo las clases. De otra, su sucesor en el cargo, nada más tomar posesión, derogó el nuevo calendario, por lo que aquel curso infausto duró sólo seis meses para todos los jóvenes españoles recién ingresados en la universidad. (Quienes accedimos a la universidad en otoño de 1974 corrimos aún peor suerte: gracias a la huelga indefinida de penenes [profesores no numerarios] iniciada en enero de 1975, el curso duró de octubre a diciembre de 1974, esto es, la mitad que el anterior. Eso sí, la huelga fue rematada con un rocambolesco aprobado general, para general alborozo de los discentes.)

Toda esa larga introducción nada tiene que ver, por supuesto, con el curso universitario en el que estamos inmersos. Ni con oscuras intenciones del ministro Wert. Al menos que yo sepa. Sí tiene que ver, en cambio, con el calendario establecido por el nacionalismo en Cataluña, que me he permitido bautizar con el nombre de calendario catalino. Al igual que el instaurado por el ministro Rodríguez, se trata de un calendario contra natura, un calendario que rompe con el orden natural de las cosas. Crea, por ejemplo, un sistema de legislatura que no alcanza nunca la duración prevista. La reduce a la mitad, como pasó con la primera presidida por Artur Mas, o a tres cuartas partes, más o menos, como pasa con la actual, a condición de dar por bueno el anuncio presidencial de celebrar unas nuevas anticipadas el próximo 27 de septiembre. Claro que, incluso en este último caso, uno podría considerar que la convocatoria de la llamada consulta/proceso participativo, el 9 de noviembre de 2014, era ya una forma de cerrar la legislatura, dejándola, pues, en dos años en vez de los cuatro de rigor. Si bien se mira, puestos a no gobernar, a no gestionar los asuntos que en verdad importan a los ciudadanos, cuanto menos duren las legislaturas, mucho mejor.

Por otro lado, ese calendario catalino, al estar fuertemente asentado en la estrategia del agitprop, ha situado las citas electorales a rebufo del 11 de septiembre. Así ocurrió en 2012, así se proyectó que ocurriera en 2014 y así parece que va a ocurrir en 2015; siempre según una misma secuencia, en la que la emisión del voto va precedida de una gran concentración de masas debidamente lubrificadas a lo largo de un año por tierra, mar y aire, o, sustituyendo lo militar por lo civil, por prensa, radio y televisión. Es cierto que en los últimos tiempos han empezado a oírse voces en las propias filas de la coalición gobernante reclamando un retorno al viejo calendario. Pero casi todas procedían de Unió, a la que los cantos de sirena del independentismo han diezmado, pero no abducido del todo.

Ignoro hasta cuándo estará vigente el calendario catalino. El profesor y flamante académico Francesc de Carreras, que de esas cosas sabe un rato, aseguraba hace días que el proceso se hallaba en fase de reflujo. Lo que significa que hay que temer un nuevo flujo. O, lo que es lo mismo, que el calendario seguirá marcando nuestras vidas. A no ser, claro, que seamos capaces de quitarnos al ministro, quiero decir al presidente, de encima. Llegados a este punto, lo de la derogación, como enseña la historia, sería coser y cantar.

(Crónica Global)