Este suelto de Abc y la foto que lo acompaña definen muy bien lo que es el mundo de la enseñanza pública en España. Un coto privado. Un lugar en el que uno puede parapetarse y armar la de Dios es Cristo a sabiendas de que siempre habrá una autoridad educativa que le dé la razón —o no se la quite, al menos—. Como ese rector de la Complutense que, al tiempo que proclamaba el carácter legítimo de la protesta estudiantil contra la ley Wert, expulsaba a la policía del campus de Somosaguas por haber intentado, sin su permiso, retirar las barricadas y franquear el paso a quienes pretendían acceder al recinto para impartir sus clases o recibir la instrucción a la que tienen derecho. En el sistema público de enseñanza no rige otra ley que la que los propios panegiristas del sistema se han dado. Todo pasa por ellos. Si algo no les gusta, lo cambian, o simplemente dejan de aplicarlo. Y ocurre por igual en la universidad y en los tramos de enseñanza primario y secundario. Lo estamos viendo en Baleares. Un decreto ley que pone patas arriba el modelo y las prebendas bendecidos por la llamada «comunidad educativa» ha sido contestado de mil formas distintas, lo mismo legales que ilegales, por quienes integran esa «comunidad». O sea, por la parte laboral e ideológicamente interesada, que no es sino esa facción docente —en sus manos, los estudiantes constituyen un mero juguete— que copa los puestos directivos de los centros de enseñanza, los sindicatos y las propias asociaciones de padres.

Y encima mañana han convocado una huelga general. No es de extrañar que la enseñanza concertada y privada crezca en España a marchas forzadas.

A las barricadas

    23 de octubre de 2013