Los esperpentos de la memoria

Aunque las leyes dispongan, la realidad suele ser muy tozuda. Sobre todo cuando la existencia de estas leyes no obedece al principio de necesidad. Es el caso, por ejemplo, de la llamada «ley de la memoria histórica». Su aprobación no fue en modo alguno la consecuencia de una demanda social, sino el fruto de un compromiso del presidente del Gobierno, a medio camino entre la conveniencia política y el mandato familiar. Así las cosas, a nadie debe extrañar que su desarrollo vaya generando, aquí y allá, toda clase de esperpentos.

Como el ocurrido hace poco en Palma de Mallorca. Resulta que el Ayuntamiento ha emprendido la remodelación de una plaza de la ciudad, y resulta que en esta plaza existía, desde hace siete décadas, un monumento dedicado a la memoria de 29 oficiales de caballería confinados en la isla meses antes de julio de 1936 y cuya participación en la sublevación militar se reveló a la postre decisiva. Pues bien, ese monumento —un obelisco horrendo, sin interés ninguno— tenía que ser retirado, porque así lo manda la nueva ley. Pero he aquí que el Consistorio, con la socialista Aina Calvo al frente, se resistía. ¿La razón? El autor del obelisco era el arquitecto municipal de entonces y de antes de entonces —o sea, de los tiempos de la República— y ese arquitecto había sido, al parecer, represaliado por los franquistas. Además, Enrique Juncosa, que así se llamaba el hombre, estaba emparentado con una gloria local y universal, Joan Miró. Total, que la alcaldesa, que no sabía cómo salir del aprieto, tuvo un arrebato buenista y propuso mantener el obelisco y reconvertirlo en un homenaje a todos los funcionarios represaliados. Y hasta se le pasó por la cabeza mandar esculpir encima unas cuantas palomas de la paz. Para su desgracia, un informe que ella misma había encargado resolvió que el destino de la obra no podía ser otro que un almacén municipal. Donde ya reposa, por cierto.

Aunque, para esperpentos relacionados con la memoria, el que tiene como paisaje el barranco de Víznar. Tras la paralización, por parte de una magistrada de Granada, de la iniciativa del juez Garzón, ahora es la Junta de Andalucía la que pretende abrir la fosa, a instancias de los familiares de dos de los cuatro asesinados. De las otras dos víctimas, una no cuenta con descendientes que reclamen sus restos, mientras que los herederos de la cuarta, Federico García Lorca, siguen oponiéndose a la apertura de la fosa. De ahí que, de llevarse a cabo la exhumación, vaya a ser necesario, tras identificar los huesos de cada cual, volver a enterrar los de quienes jamás debieron ser desenterrados.

Lo dicho: un esperpento. Y, encima, nacional.

ABC, 26 de julio de 2009.