Jueces y soberanía

El editorial de hoy de El País sobre la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tiene desperdicio. Es un alegato a favor de la politización de la justicia. Sin matices, sin medias tintas. A pluma descubierta. Parece mentira que el otrora diario de referencia, el icono mediático de la Transición, el símbolo añejo del cuarto poder en España, llegue al extremo de afirmar que el máximo órgano del poder judicial debe estar sometido a los demás poderes —se supone que dejando a un lado el cuarto—, o, por recurrir a sus palabras, «vincularse, directa o indirectamente, a la soberanía popular». Para El País, lo importante de la renovación del CGPJ no es tanto la naturaleza de los miembros que lo componen, los méritos que han atesorado a lo largo de su carrera para ocupar el alto rango que van a ocupar, sino el hecho de que hayan sido elegidos mediante el consenso. No de los jueces, claro, sino de la mayoría gobernante y la minoría opositora. Es decir, del legislativo trufado de ejecutivo. El que vayan a integrarlo, pongamos por caso, una diputada en ejercicio de CIU o un diputado cesante del PSOE no constituye motivo alguno de sonrojo, ni siquiera de preocupación. Lo importante es que ese «poder del Estado» no sea «un órgano corporativo». En definitiva, que no sea como los demás poderes.