El otro día les hablaba de las 18 bofetadas cinematográficas que aparecían en un vídeo de una llamada Associació de Docents de les Illes Balears y de la intervención del Instituto de la Mujer de la misma Comunidad pidiendo la retirada de la cinta porque dos de los bofetones tenían como agresor a un hombre y como víctima a una mujer. Pues bien, hoy nos desayunamos
con otra bofetada, la que un padre de Aragón propinó a una hija adolescente y por la que la Fiscalía le pide un año de cárcel y tres de alejamiento de la menor. Al parecer, la chica, presa de un ataque de histeria porque su padre se negaba a pagarle la reparación de un teléfono móvil, le había insultado y la había emprendido a golpes con el mobiliario de la casa, por lo que el acusado había ejercido —aduce su abogada defensora— «su deber de corrección, consistente, según señala la jurisprudencia, en educar, poner disciplina y corregir a los hijos». Veremos ahora si la sentencia confirma la petición fiscal o si, por el contrario, absuelve al padre de familia del delito de maltrato doméstico, como ya hizo un juzgado de Cáceres hace tres años
en un caso similar. Sea como sea, el afán legislador por atajar la violencia doméstica —se llame «de género» o simplemente «doméstica»— no parece haber influido demasiado, por desgracia,
en las estadísticas. En cambio, lo que sí ha logrado es laminar la autoridad paterna y, en último término, eso que antes se conocía por educación y que afectaba sobre todo al ámbito familiar y no se confundía ni por asomo con la general instrucción.
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Tomen nota. Y luego dicen que quieren ser libres.