Suerte que entre ellos también hay divisiones. Y, si no, lean lo que dijo ayer Guardiola de Rosell.
Sostiene el historiador Joaquim Coll que existe un riesgo insurreccional en España. Por supuesto, quienes van a alzarse contra el orden constititucional no son las huestes de Sánchez Gordillo –aunque ya les gustaría, ya, dado el número de fincas y supermercados que podrían quedar, en tal caso, a su merced–, sino la Cataluña gobernada por CIU con el apoyo de ERC. Y ello va a suceder, sí o sí, el año próximo, a rebufo del desparrame sentimental que acompañará los fastos del tricentenario de 1714. Según Coll, «toda la política nacionalista se dirige hacia ese objetivo y ha desarrollado una lógica discursiva que consiste en afirmar que hay una incompatibilidad manifiesta entre la democracia, entendida como la voluntad del pueblo, y la Constitución». Cierto. Ayer mismo, sin ir más lejos, cuando el Tribunal Constitucional (TC) acordó mantener la suspensión de la declaración soberanista del Parlamento autonómico y desestimar, por lo tanto, el recurso presentado por los letrados de la Cámara catalana, las reacciones de los futuros insurgentes no se hicieron esperar. Así, el portavoz parlamentario de CIU, Jordi Turull, declaró que «no se puede suspender ni anular la voluntad de un pueblo», mientras que su homóloga de ERC, Marta Rovira, acusó al TC de aplicar «criterios politicos» y no jurídicos. Y, por si no bastaba con lo anterior, el propio presidente de la Generalitat afirmó desde Brasil que «ya contaba con ello, porque es el Tribunal Constitucional». Más claro, agua.
Suerte que entre ellos también hay divisiones. Y, si no, lean lo que dijo ayer Guardiola de Rosell.
Suerte que entre ellos también hay divisiones. Y, si no, lean lo que dijo ayer Guardiola de Rosell.