Hablaba ayer José María Ruiz Soroa del activismo judicial que nos invade. O sea, de la tendencia de los jueces españoles a dictar resoluciones y sentencias no tanto en relación con una reglas definidas, las contenidas en el ordenamiento legal, sino conforme a unos estándares más genéricos, más imprecisos, dependientes en último término de su propia ponderación de los hechos. Como ejemplo, ponía Ruiz Soroa el de determinados jueces en relación con los desahucios. Sin duda. Pero no sólo, claro. Aun siendo de naturaleza muy distinta, hay otro caso de activismo judicial de lo más singular. Me refiero al del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno. Este hombre lleva ya unos cuantos meses dándole al tema de la unidad del Estado como un poseso. Y lo curioso es que un día le parece insoslayable y otro de lo más maleable. Es decir, «interpretable», como recordó este fin de semana en RTVE. ¿Y el artículo 2º de la Constitución, entonces? Mal, gracias.