La idea de la República tenía el atractivo perverso de un estupefaciente

(Paulino Masip, "Respuesta al doctor Marañón", La Vanguardia, 19-2-1937)

La enseñanza a medias

Cada vez resulta más palmario que la reforma educativa del Gobierno del Partido Popular va a ser, en el mejor de los casos, una reforma a medias. Basta repasar unos cuantos asuntos medulares, susceptibles de fomentar la libertad de elección, el esfuerzo y el mérito —en definitiva, la excelencia—, para convencerse de ello. El Bachillerato, por ejemplo. De los tres años prometidos en el programa electoral y en la sesión de investidura del candidato Rajoy hemos pasado a los dos actuales. O sea, seguimos igual —eso sí, con un cuarto de ESO propedéutico, lo mismo para futuros bachilleres que para futuros profesionales—. Luego, las lenguas. Es decir, el castellano y su condición de lengua vehicular en Cataluña. La vieja promesa de fomentar un sistema educativo bilingüe mediante una fórmula de conjunción lingüística ha quedado finalmente en nada. O, mejor dicho, en un mal menor, en una suerte de quiero y no puedo consistente en financiar en un centro privado los estudios de quienes desean ser escolarizados en la lengua común de los españoles, y en obligar después a la Generalitat a costearlos. Y ahora las becas. Tras anunciar una modificación en el régimen de concesión de esas ayudas por la que iba a exigirse en adelante, para acceder a ellas, un 6 de media en bachillerato y un 6,5 en la universidad, el ministro ha tascado el freno. El rechazo de la Conferencia de Rectores y de las Consejerías de Educación de no pocas Comunidades —y entre ellas, agárrense, del propio PP— le ha llevado a dejar ambas medias en un 5,5, o sea, apenas medio punto por encima del requisito actual para la exención de tasas, el aprobado pelado. Algo es algo, se dirá —y se dirá incluso el ministro—. Sí, algo es algo. Pero no es así como se fomentará la excelencia en nuestra enseñanza. Si para obtener una beca basta un esfuerzo de medio punto por encima del que se exige a cualquier otro alumno, apaga y vámonos. Porque eso nada tiene que ver con la valoración de la aptitud y el trabajo.

Cuanto más se afina la reforma del modelo de enseñanza, más sensación tiene uno de que la casa, de nuevo, va a quedar sin barrer.

(ABC, 29 de junio de 2013)

Bodas y conciertos

Aun admitiendo que la boda de una hija constituye una razón más que suficiente para anular cualquier otro compromiso, no deja de resultar curiosa la ausencia de Artur Mas del concierto de mañana sábado en el Camp Nou. O, si lo prefieren, no deja de resultar curioso que ambos eventos hayan venido a coincidir en el calendario impidiendo, pues, que el presidente de la Generalitat pueda estar presente en los dos. No se entiende que quien paga la boda y paga el concierto —aunque es Òmnium la que hace como que paga este último cuando lo pagan, en puridad, todos los contribuyentes— no haya sido capaz de fijar dos fechas distintas para cada acontecimiento. A no ser, claro, que Mas esté repitiendo lo que ya hizo en la manifestación del 11 de septiembre de 2012: mandar al ruedo a unos cuantos paraministros y mantenerse él al margen. Siete consejeros, siete, se esperan en el Camp Nou, y entre ellos la vicepresidenta Joana Ortega. Pero no el presidente. Él prefiere ver los toros desde la barrera, por más que su futuro yerno sea, al parecer, un amante de la Fiesta. De este modo, al día siguiente, o acaso el mismo lunes, podrá decir que ha escuchado de nuevo la voluntad de un pueblo. Ya se sabe que, para percibir la trascendencia de los hechos, hace falta prendre du recul. (Lo que no debería, por cierto, prestarse a confusión, pues no significa otra cosa que «tener perspectiva».)

Violencia de género

El vídeo que tienen ustedes aquí fue proyectado ayer en el Teatro Municipal de Manacor (Mallorca) por una autoproclamada Assemblea de Docents de les Illes Balears. Se trata de una burda caricaturización, en forma de agitprop, de los efectos que las medidas de la Consejería de Educación del Gobierno Balear han producido en el colectivo de enseñantes de la escuela pública. En sus sueldos, en sus complementos, en sus prerrogativas, en sus sindicatos y, en definitiva, en sus privilegios como colectivo. Eso que los promotores del vídeo llaman «agresiones» —y que es motivo suficiente, a juicio de la Assemblea, para convocar una huelga indefinida en la enseñanza a partir del próximo 13 de septiembre— ha sido escenificado mediante el recurso a 18 famosas bofetadas cinematográficas. Pues bien, el Gobierno Balear, a través del Instituto de la Mujer y a instancias del Instituto de Política Familiar de Baleares, que había denunciado que los profesores estaban haciendo «apología de la violencia de género», ha pedido a la Assemblea que deje de difundir la cinta, a lo que esta se ha negado. Para la institución gubernamental, no hace falta decirlo, el género en cuestión no es el cinematográfico, sino la mujer, ese género. Llevan razón, los denunciantes. De las 18 bofetadas seleccionadas, 7 tienen como víctima a una mujer. Pero yo creo que el responsable del vídeo ha actuado con mucho tiento a la hora de seleccionarlas, pues sólo un 10% del total agresiones —2 bofetadas— han tenido como origen a un hombre y como destino a una mujer. Las demás se han repartido como sigue: 3 de mujer a hombre; 5 de mujer a mujer y 8 de hombre a hombre. Vaya, que los hombres también han recibido de lo lindo y las mujeres tampoco se han quedado mancas en su papel de abofeteadoras. Pero, para el Instituto de la Mujer, no existe al parecer otra víctima que la mujer ni otro agresor que el hombre. Ese 10% que recoge la cinta.

Ni puta idea

Mientras Josep Antoni Duran Lleida dice a sus militantes que, si hay recortes, es porque Cataluña «estuvo gobernada por unos irresponsables que no tienen, y perdón por la expresión, ni puta idea de lo que es gobernar, y estos son también Esquerra Republicana», se constituye hoy el llamado Pacto Nacional por el Derecho a Decidir bajo la presidencia de Artur Mas y la incierta y vigilante mirada de Oriol Junqueras. Así están las cosas en el Gobierno de la Generalitat, formado, que se sepa, por Convergència i Unió —que no es exactamente lo mismo que Convergència y Unió—. Y así están las cosas, claro, en Cataluña. De la jornada constitutiva de hoy destacan, sobre todo, dos ausencias. La del PSC y la de Foment del Treball. La primera deja bastante tocado al bloque parlamentario que lleva remando hacia la tierra prometida desde las pasadas elecciones autonómicas. La segunda pone de manifiesto, por si había dudas, el rechazo del mundo económico a la aventura secesionista del presidente Mas. Quienes sí están, en cambio, son esos sindicatos paniaguados que han tenido la desfachatez de proclamar que el derecho a decidir debe ampliarse igualmente a las áreas que les afectan. Y, entre los muchos floreros que van a adornar el acto, figura el pobre Ernest Maragall, exhermanísimo, exconsejero de Educación y último baluarte de la dinastía, que se ha ofrecido él mismo a participar en el encuentro porque a nadie se le había ocurrido invitarle.

Y lo que todavía nos queda por tragar.

Donde los intelectuales

Se pregunta hoy Álvaro Delgado-Gal en Abc dónde están los intelectuales. Y responde: en ninguna parte. O sea, ya no están, lo que no significa, claro, que no puedan volver algún día. Para Delgado-Gal, «la razón de que haya desaparecido la función en cuyo ejercicio se confirma y justifica el intelectual como tal intelectual es que todos hemos terminado por pensar aproximadamente lo mismo». Sólo la Iglesia católica y la extrema izquierda configurarían hoy la disidencia. Es posible. Aun así, no creo que el intelectual haya desparecido. Cuando menos en España. Y no porque se encarne en un miembro cualquiera de la Iglesia católica o de la extrema izquierda. No, el intelectual sigue existiendo, su función sigue teniendo sentido, por obra y gracia del nacionalismo. Es decir, de la intolerancia, la violencia, el fanatismo y, en definitiva, el totalitarismo que todo nacionalismo engendra. El máximo ejemplo lo constituye sin duda el País Vasco, donde los movimientos cívicos que plantaron cara a ETA fueron en gran parte el reflejo de la movilización de los intelectuales —empezando por los del propio País Vasco, los Savater, Juaristi, Martínez Gorriarán, Edurne Uriarte, Iñaki Ezquerra, Aurelio Arteta y tutti quanti—. Que esos movimientos estén ahora en parte adormecidos o desactivados no obedece a connivencia alguna con el nacionalismo, sino a la feliz evidencia de que la banda terrorista ha dejado de matar aunque todavía no haya entregado las armas. Y, en un grado menor, la oposición al nacionalismo en Cataluña debe también su existencia a la acción de unos cuantos intelectuales que denunciaron en su momento la deriva del proceso estatutario y llamaron a la creación de una nueva fuerza política. Con todo, no sólo en España los intelectuales han cobrado en los últimos tiempos protagonismo. También en la patria del capitán Dreyfus. Recuérdese el caso del filósofo Robert Redecker, encerrado todavía entre cuatro paredes por haber denunciado las intimidaciones islámicas, lo que le valió una fatwa, y en cuyo socorro acudieron hace cerca de siete años los Lévy, Lanzmann, Finkielkraut, Glucksmann, Bruckner y compañía. Si bien no se trataba aquí del nacionalismo, sí concurrían igualmente la intolerancia, la violencia, el fanatismo y, en definitiva, el totalitarismo.

Acaso la figura del intelectual, como sostiene Delgado-Gal, haya desaparecido de nuestra vida pública. Pero su sentido pervive. Y mientras aquí y allá se den reacciones como las que acabo de mencionar habrá motivos para creer que los intelectuales no sólo son necesarios, sino que siguen existiendo.

Nacemos poco

Al parecer, nacemos poco. Ciñéndonos a Europa, que es lo nuestro, nos hallamos bastante lejos de los dos hijos por mujer promediados por Suecia y Francia, o incluso de los 1,8 del Reino Unido y los 1,7 de Holanda. Nosotros estamos en 1,3 de media y con tendencia a bajar. Lo que significa, claro, que nos hacemos viejos —así, en general, no sólo los que ya tenemos edad—. Y que cada vez somos menos. Con nuestra natalidad no alcanzamos a cubrir, ni por asomo, el número de bajas por fallecimiento y por migración. (Téngase en cuenta que para mantener la población actual deberíamos estar al nivel procreativo de Suecia y Francia¬, y manifiestamente no es el caso.)

Esos datos correspondientes a 2012 producen cierta desazón entre los demógrafos y políticos locales. Incluso alguna alarma. Es natural. El envejecimiento de la población, en la medida en que reduce el número de ciudadanos cotizantes, se presenta siempre como una amenaza al Estado del Bienestar. Y no debería ser así. Para hacer frente a esa amenaza, existen otras soluciones, aparte del aumento de la natalidad. Pero es que además esos datos permiten una lectura optimista. Por ejemplo, la que resulta de constatar que nos hemos vuelto, al menos en eso, responsables. Con el paro que acarreamos, sólo faltaría que encima nos pusiéramos a procrear como conejos. Y lo mismo puede afirmarse del conjunto de Europa, donde los países del sur, los que más padecen la crisis, son hoy en día los más renuentes a la procreación, y los del norte, donde la situación es mucho más llevadera, los que ofrecen unos índices de natalidad más elevados.

Hace unos años, sin que mediara aún crisis alguna y a raíz de la iniciativa del anterior presidente del Gobierno de premiar con 2.500 euros todo nacimiento o adopción ¬—en lo que parecía un intento de fomentar a la vez natalidad y voto—, Gabriel Tortella escribió un artículo donde trataba ya del asunto y lo situaba en la única escala en la que cabe situarlo: la escala global. Aquí lo tienen. Sigue siendo, como todo lo suyo, ejemplar.

Contra lo que se diga, naciones y estados bilingües son cosas posibles

(Eugenio Xammar, «Una gran figura política. Sir Wilfrid Laurier», España, 6-3-1919)

El nacionalismo profundo

Uno de los mayores empeños del presidente Mas es evidenciar la transversalidad del catalanismo. De ahí esas votaciones en el Parlamento autonómico, a cuál más hiperbólica. De ahí esas reuniones en palacio con las fuerzas políticas afines, con foto incluida, para tratar de la pomporruta hacia la independencia o de la intolerable agresión de la llamada ley Wert contra la escuela catalana, ejemplo donde los haya de tolerancia y libertad lingüísticas. Y de ahí, en fin, esas manifestaciones en la calle convocadas por una de las forces de frappe cualesquiera de entre las muchas que amamanta la Administración catalana con el dinero de todos. Pero, junto a esas expresiones de la transversalidad, hay otras algo menos vistosas pero tanto o más significativas. Así, el Parlamento de Cataluña es seguramente el único del mundo occidental en que el cargo de jefe de la oposición lo ostenta el líder de un partido político que tiene firmado un pacto de gobierno con el partido en el poder. O sea, el único en que formalmente no existe oposición. Ni gobierno, por desgracia. Pero esa confusión entre las partes, esa homogeneización, se da también entre lo público y lo privado. Así, la Generalitat tiene un organismo demoscópico, el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), que recurre para sus trabajos de campo a la misma empresa a la que recurre El Periódico de Catalunya. GESOP, se llama. No es extraño, pues, que la encuesta del CEO arroje unos resultados casi idénticos a los publicados por El Periódico hace unos días. En síntesis, la victoria de ERC y el segundo hundimiento de CIU. Es verdad que las muestras son distintas —más amplia la del CEO— y las fechas no coincidentes —aunque consecutivas—; pero, en fin, nada demasiado significativo. Ahora sólo falta que encima acierten. Porque en las últimas autonómicas GESOP le daba a CIU entre 12 y 14 escaños más de los que finalmente obtuvo. Claro que el CEO, que trabajaba entonces con DYM, fue mucho más allá al excederse en 20. Quizá por ello han cambiado de empresa, sin importarles lo más mínimo la connivencia con un medio de comunicación privado.

(ABC, 22 de junio de 2013)

Un zapato es un zapato

Javier Caraballo trae hoy una maravillosa historia en El Confidencial. La historia de un zapato, el que un ciudadano sirio de origen kurdo lanzó en Sevilla contra el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan en febrero de 2010. Hokman Joma, que así se llama el agresor, fue condenado entonces a tres años de cárcel por culpa de aquel zapato proyectado desde el público y que fue a estamparse contra el coche oficial de Erdogan. Al cabo de un año, Hokman Joma solicitó el indulto, pero el Gobierno de Rodríguez Zapatero, inmerso en su tan exitosa Alianza de Civilizaciones, de la que el primer ministro turco era pieza clave y donde un zapato es mucho más que un zapato, se lo negó. Finalmente, pasado otro año y ya con un gobierno del Partido Popular, volvió a solicitarlo, esta vez con éxito. Sólo que al serle concedido llevaba ya varias semanas en libertad, pues el juez había decidido atenuarle la pena.

Pero, aparte de la desdicha de su protagonista, lo verdaderamente notable de esa historia es el zapato. Y es que Hokman Joma solicitó hace cosa un mes en el juzgado que se lo devolvieran, a lo que la Fiscalía acaba de responderle con la negativa, dado que se trata del instrumento del delito y, en tanto que tal, ha sido decomisado y debe ser destruido. Sin duda. Así lo marca la ley. Pero un zapato es un zapato. Para entendernos: no es lo mismo arrojar una piedra que un zapato. Un zapato constituye una extensión del propio cuerpo. Lanzamos el zapato contra algo o contra alguien porque nos resulta imposible alcanzar el objetivo con el pie. De ahí que sea lícito aspirar a recuperarlo. Al fin y al cabo, si le hubiéramos dado al objeto de nuestra ira con el pie, no íbamos a permitir que en el juzgado se lo quedaran ni mucho menos que lo destruyeran, ¿verdad? Pero, según indica Caraballo, la negativa de la Fiscalía no obedece tan sólo a la mera aplicación de la ley. También ha influido en ella el uso que Hokman Joma pudiera hacer de la pieza en un futuro. Para los suyos —no olvidemos que se trata de un objeto impuro para un musulmán—, su valor como arma arrojadiza se ha acrecentado después de haberse estampado contra el coche de Erdogán. Cuando menos el valor simbólico. Y con lo simbólico, ya se sabe, mejor acabar cuanto antes.

Una de piratas

Hay piratas de tesis y piratas con tesis. Los primeros piratean las tesis doctorales de los demás, mientras que los segundos se dedican al pirateo siendo ya doctores —sin que quepa descartar, claro está, la conjunción de ambas categorías—. El personaje que aquí nos ocupa es de los segundos. Se trata, pues, de un doctor. Y lo que ha pirateado ese doctor es el ensayo de un escritor. O sea, el trabajo, las lecturas, la inteligencia, la obra de un escritor. Todo esto ha ocurrido en la dulce Cataluña, pàtria del meu cor. La víctima del hurto es el escritor Ferran Toutain, autor del ensayo Imitació de l’home (La Magrana). El doctor que ha perpetrado la fechoría responde al nombre de David Bueno, si bien el cuerpo del delito —un artículo en el suplemento «Estilos de vida» del diario La Vanguardia titulado, muy exactamente, «A nuestra imagen y semejanza»— iba firmado por Cervell de Sis, esto es, por un cerebro compuesto de seis lóbulos, uno de los cuales corresponde al propio Bueno y los cinco restantes a otros cuatro doctores y un licenciado. En suma: un biólogo, un neurocientífico, dos psiquiatras, un psicólogo y un neurólogo. Con razón el autor del libro se considera un caso único: no todo el mundo puede presumir de haber sido plagiado por cinco doctores y un licenciado —una firma es una firma, por más la redacción del artículo recayera, según propia confesión, en Bueno—.

Por supuesto, lo ocurrido no resulta nada edificante. Aun así, tiene una parte positiva. Imitació de l’home es uno de los mejores libros escritos en catalán en el último cuarto de siglo. Su destino, como el de las poquísimas obras que le acompañan en el mérito, ha sido hasta hoy el silencio. En la patria de Invictus no hay lugar para la excelencia. La misma Vanguardia no ha hablado de Imitació de l’home sino por boca del doctor Bueno y de qué manera. Y hasta se diría que la editorial La Magrana, perteneciente a RBA y especializada en la laudatio del nacionalismo reinante, lo ha publicado a regañadientes, sin creer en él, como si se lo quitara de encima. Lo único bueno de la piratería —sea la de Bueno o la de cualquier otro— es que reconoce implícitamente el valor del original. Ahora sólo falta que ese valor traspase fronteras. O, lo que es lo mismo, que el libro encuentre otra lengua de expresión y un mercado más amplio, y sobre todo más libre, en el que asentarse.

Banderas al viento

Leo que Jordi Cañas, portavoz de Ciutadans en el Parlamento de Cataluña, presentó ayer en la Cámara una propuesta de resolución para que se retire de las fachadas de los centros docentes catalanes «cualquier tipo de bandera política, y especialmente una bandera estelada». Por supuesto, lo más probable es que la propuesta no prospere. Pero, aun así, hay que felicitarse por su existencia. Que quede constancia en sede parlamentaria de la queja formal por lo que el propio Cañas ha calificado de «instrumentalización de la educación a favor del adoctrinamiento ideológico y de la reeducación identitaria» es importante. Máxime cuando no se trata de algo específico de Cataluña, sino de una constante en cuantas Comunidades Autónomas españolas disponen de más de una lengua oficial. La enseñanza pública se ha convertido, con el beneplácito de la gran mayoría de las fuerzas políticas, en un reducto aguerrido de nacionalistas e izquierdistas. Es decir, de subvertidores del orden establecido, a los que los dos grandes partidos nacionales, ya por simpatía en un caso, ya por miedo en el otro, dejan hacer. En Baleares, por ejemplo, cuando el actual Gobierno popular empezó a aplicar el programa electoral con el que había ganado por mayoría absoluta las elecciones autonómicas y que incluía una revisión del estatus de la lengua catalana en la función pública y la implantación de una educación trilingüe, los centros docentes empezaron a movilizarse en contra de las medidas. Desde la universidad hasta las guarderías. Desde la dirección hasta el último de los alumnos. En vez de esteladas, colgaron lazos con la señera, lo que, tratándose de Baleares, constituía una afrenta parecida. Y convirtieron cada escuela, cada instituto, cada facultad, en un polvorín ideológico. Por supuesto, ni todos los profesores ni todos los alumnos participaban de semejante espíritu reivindicativo. Pero nadie o casi nadie alzaba la voz para denunciar los hechos. La cosa ha durado meses. Y en septiembre, vuelta a empezar.

Lo que no quita que tanto la Administración Pública como las fuerzas políticas responsables deban luchar —o seguir luchando, si ya están en ello— contra esa instrumentalización y ese adoctrinamiento, allí donde se den. Tres largas décadas de impunidad en las aulas son más que suficientes.

Fraude y tecnología

Los escolares de medio mundo en edad de merecer están pasando estos días alguna suerte de prueba para acreditar que han superado con éxito el Bachillerato. No es el caso de España. Aquí el Bachillerato —hasta que la entrada en vigor de la LOMCE disponga lo contrario— se obtiene mediante un sistema de evaluación continua a lo largo de dos años, esto es, sin examen final. Lo que no significa, claro, que nuestros jóvenes educandos se libren de toda forma de examen. Tienen uno, la Selectividad, que debidamente promediado con los años de Bachillerato, les permite, de aprobarlo —y el porcentaje de aprobados supera indefectiblemente el 90%—, cursar estudios superiores.

Tal vez por ello la trascendencia de la prueba de Selectividad es mucho menor que la de estas otras pruebas en las que uno se juega el ser o no ser bachiller. Y tal vez por ello también nuestras autoridades educativas no han considerado aún necesario implantar un sistema antifraude como el que existe en Francia, donde el Bac, o sea, el examen con que se valida el Bachillerato, es una verdadera institución —baste decir que la prueba fue creada en tiempos de Napoleón Bonaparte y apenas ha sido modificada desde entonces—. ¿En qué consiste el sistema? Pues, más allá de los rastreos practicados en la red, donde los temas de examen circulan a toda velocidad, en la detección electrónica de los teléfonos móviles de los educandos que permanecen encendidos a pesar de la orden dada de que deben apagarse y guardarse en las carteras o entregarse a los vigilantes. Pero esa detección plantea asimismo unos cuantos problemas. Al parecer, los chismes con que los vigilantes se pasean entre las filas para cazar al tramposo son del tamaño de un walkie-talkie y emiten un sonido enormemente molesto. Y luego, claro, en el supuesto de que se activen al paso del controller, hay que detectar todavía al infractor entre cuantos se encuentran allí cerca. Y, en fin, si ante el requerimiento de mostrar el móvil ninguno de ellos se da por aludido, no queda más remedio que pasar al cacheo, lo que no parece, la verdad, muy acorde con la circunstancia.

Total, que es muy probable que el invento sea desechado. Tanto más cuanto que las encuestas realizadas al respecto indican que el nivel de fraude no ha variado demasiado desde la generalización de los teléfonos móviles. Por más que la tecnología facilite las cosas, lo primero sigue siendo querer o no querer hacer trampas. Como cuando no había más que chuletas.

Los enemigos de Cataluña

Si Cataluña es esencialmente el Barça, nadie mejor que Joaquim Maria Puyal para encarnarla. El otro día le entrevistaron en TV3. Puyal es el único locutor del mundo que ha radiado de forma ininterrumpida durante más de 36 años los partidos oficiales de un club de fútbol. Este club, sobra decirlo, es el Barça. Y las transmisiones, también sobra decirlo, se han realizado en catalán. Había, pues, motivo. Tanto más cuanto que Puyal fue, hace ya un par de décadas, el periodista estrella de la televisión autonómica. Sus programas, lo mismo que sus locuciones radiofónicas, han tenido siempre el aura del predicador. Pero no al modo de Francisco de Assís, sino al de Vicente Ferrer. O sea, fustigando las malas costumbres y riñendo al infiel al tiempo que anunciaba la buena nueva. En la entrevista de TV3 la vis autoritaria se manifiesta casi desde el principio. Un poco como Jordi Pujol cuando se programaba una aparición en su pantalla amiga y el entrevistador de turno, aparte de ponerse a sus órdenes, se derretía de miedo y emoción. Pero, entre las muchas cosas que dijo el otro día Puyal, hay una especialmente relevante. Según él —aunque la frase fuera de otro, Puyal la corroboraba animoso—, «los enemigos de Cataluña, en Cataluña, manifiestan sus puntos de vista en catalán», de lo que se sigue que ni siquiera esos infieles «tienen el atrevimiento de hacerlo en castellano». Dejemos ahora a un lado la falsedad de semejante afirmación y quedémonos con lo sintomático. Apunten: enemigos, Cataluña, atrevimiento. Nunca se habrá exhibido con mayor impudicia las costuras de un régimen totalitario.

Algo profundo y nada antirrepublicano

(Corpus Barga, Luz, 1-7-1933).

Cataluña contra Cataluña

Como no podía ser de otro modo, los fastos conmemorativos del 300 aniversario de las hazañas bélicas catalanas de 1714 recaen en el Ministerio de Propaganda que tan brillantemente dirige el consejero Homs. Y, entre lo programado y conocido hasta la fecha, destaca ese simposio organizado por el historiador catalán y reconocido fanático barcelonista —no vean antítesis alguna entre ambos términos, tan sólo estricta idoneidad— Jaume Sobrequés. «Espanya contra Catalunya», lo ha titulado el hombre, y, según se desprende de la primera circular hecha pública, va a tratar de la represión política, lingüística y cultural, del expolio económico, de la inmigración como factor desnacionalizador y de la falsificación histórica. Por supuesto, de España contra Cataluña.

A mí esa iniciativa, acaso por razones filológicas, me ha traído el recuerdo de otra de la que fui protagonista. Hará unos seis años me propuse recoger en un mismo volumen una amplia selección de artículos escritos durante la guerra civil por intelectuales catalanes, desde uno y otro bando. Para entendernos: a un lado, los de Rovira i Virgili, Bosch Gimpera, Carles Pi i Sunyer, Pous i Pagès o Joan Peiró; al otro, los de Ors, Pla, Agustí, Sentís, Martí de Riquer o Gaziel. Como el libro reflejaba el enfrentamiento entre catalanes, lo titulé «Cataluña contra Cataluña». O «Catalunya contra Catalunya», dado que la mayoría de los artículos correspondían al bando republicano y habían sido publicados en catalán. No hubo forma de editarlo. Estuve tres años intentándolo. En una editorial hasta llegué a firmar un contrato, pero nunca lo recibí contrafirmado. En otra fueron los herederos de uno de los autores quienes amenazaron al editor con la de Dios es Cristo si aquello seguía adelante. En otras dos ni siquiera se dignaron mandarme acuse de recibo. Y lo dejé correr.

Y ahora, lo que son las cosas, comprendo dónde fallé. No fue en el proyecto; fue en el título. De haber titulado el libro «Espanya contra Catalunya» no sólo lo habría publicado al punto, sino que con algo de suerte hasta me habría llamado Sobrequés para que le fuera preparando una ponencia para el simposio.

(ABC, 15 de junio de 2013)

En crisis (15)

Han pasado ya un par de días desde que saltó la noticia y el somatén catalán sigue en silencio. Es verdad que tampoco ha habido mucha provocación al otro lado del Ebro. Nada que ver, en este sentido, con las campañas contra Mas y la familia Pujol, donde cada despertar traía una nueva entrega de aquel borrador de la misteriosa UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales. Y, en cambio, lo de ahora parece mucho más serio. En primer lugar, porque es la Fiscalía de Delitos Económicos la que acusa de fraude a Lionel Messi y a su padre por no declarar durante tres años los ingresos correspondientes a los derechos de imagen del futbolista. Pero sobre todo porque se trata de Messi y no de Mas o Pujol. Estos últimos, por muy presidentes de la Generalitat que sean o hayan sido, no dejan de representar, al cabo, intereses partidistas, mientras que el primero, en tanto que icono del Barça, encarna, a estas alturas, la transversalidad misma del catalanismo. Su figura está por encima del bien y del mal. O debería estarlo. La simple posibilidad de que nos hallemos ante un tramposo produce escalofríos en el nervio de la nación. Y ni siquiera sirve de consuelo atribuirle la fechoría al padre o pensar que, en definitiva, si Messi ha obrado así, los Ronaldo y compañía habrán hecho otro tanto. No, no nos engañemos. Ni el desconocimiento del delito ni su generalización entre la casta futbolística constituyen eximente alguna. Lo único que podría salvar a Messi, en las presentes circunstancias, sería que la declaración de independencia no se demorara mucho. En un Estado catalán, ¿a quién le iban a importar las deudas contraídas anteriormente con España por el ídolo de la nación? Al contrario, hasta serían celebradas como el mejor de los regates.

En crisis (14)

Por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con un sindicato de trabajadores de la enseñanza. En concreto, con el STEPV, que lo es de eso que algunos llaman el País Valencià. Ignoro qué implantación tendrá el sindicato, aunque me imagino que bastante parecida a la de sus homólogos baleares del STEI o a la de sus correligionarios catalanes del USTEC. Esto es, la que corresponde a un sindicato pequeño pero matón. En cualquier caso, insisto, esta vez estoy de acuerdo con ellos. De nada sirve adelantar las pruebas de septiembre a julio, como pretende hacer, y todo indica que hará, la consejera valenciana del ramo, María José Català. Lo que no se sabe a finales de junio —y estamos hablando de cursos enteros— difícilmente se sabrá a comienzos de julio, salvo intercesión milagrosa. Si de algo sirven los dos meses de verano para quien no ha estudiado lo suficiente durante el año es para tratar de recuperar el tiempo perdido. Pretender que pueda hacerse lo mismo en unos pocos días resulta ridículo. Ahora bien, que esté de acuerdo en este punto con esos autodenominados trabajadores de la enseñanza no significa que comulgue también con los demás argumentos que esgrimen para oponerse a los designios de la consejera. Me refiero a la mandanga esa de la agresión a las condiciones laborales de los docentes, concretada en gran medida en el supuesto derecho a asistir en julio a unos cursillos de formación que sólo sirven, al cabo, para sumar puntos con vistas a un concurso de traslado y para dar de comer a pedagogos y psicopedagogos.

Ah, y en cuanto a la consejera, seguro como estoy de que la razón principal por la que va a dejar a los jóvenes valencianos sin septiembre nada tiene que ver con la esgrimida por aquel glorioso subsecretario catalán de los tiempos del tripartito, sólo se me ocurre que esa razón guarde relación con los padres. O sea, con los padres y sus inconfesables intereses veraniegos, entre los que no figura, faltaría más, el de estarle encima al niño para que aprenda de una puñetera vez lo que no ha aprendido durante el curso.

En crisis (13)

Comprendo que no son formas. Cerrar una empresa de la noche a la mañana, sin previo aviso, y dejar a sus 2.656 trabajadores en la calle no son formas. Ni siquiera el que semejante hecho ocurra en Grecia, donde ocurren en los últimos tiempos tantas cosas y tan insólitas, alcanza a justificarlo. Aunque lo más singular del caso no es esto, sino el que los trabajadores en cuestión sean todos de la radiotelevisión pública. O, si lo prefieren, que Grecia se haya quedado, de golpe, sin televisión pública y no haya pasado nada. Porque, más allá del encierro de parte de los trabajadores en las dependencias del ente, donde deben de seguir a estas horas de la mañana, no ha pasado nada. Y eso que uno de los partidos que prestan su apoyo al Gobierno, Dimar (Izquierda democrática), ha difundido ya un comunicado en el que afirma que «es impensable que en un país europeo deje de funcionar una televisión pública, ni siquiera por espacio de una hora». Pues ya ven, impensable o no, ha dejado de funcionar y desde hace ya unas cuantas horas. Y no ha pasado nada. O sí. Y es que los griegos, con semejante medida, se han librado de tener que seguir manteniendo, a través del recibo de la luz, una empresa que les costaba la friolera de 300 millones al año —de tres a siete veces más que el resto de los canales—, cuya plantilla es de cuatro a seis veces mayor que las de la competencia y cuya audiencia, encima, es inferior. Así las cosas, lo único lamentable es que el cierre no sea definitivo, pues el Gobierno ha prometido volver a armar en el futuro una radiotelevisión pública —aunque, eso sí, de dimensiones mucho más reducidas—.

De lo que se sigue que un país puede funcionar sin radiotelevisión pública. En España la broma nos cuesta este año 941 millones, y sin contar las autonómicas. ¿A qué esperan, señores del Gobierno de España?

En crisis (12)

Se habla de la crisis de los dos grandes partidos nacionales, se insiste en ello, se da ya incluso por amortizado el bipartidismo en España. Puede que así sea, en efecto. A juzgar por las encuestas, tanto PP como PSOE están peor que nunca, con unas expectativas electorales que no permitirían, en caso de celebrarse hoy unos comicios generales, gobernar el país, como no fuera mediante un acuerdo a tres o cuatro bandas. Lo nunca visto. Y, sin embargo, esos análisis olvidan un dato esencial: así como la caída de los populares en la intención de voto resulta de la gestión de la crisis y, por lo tanto, del ejercicio del poder, la de los socialistas resulta del ejercicio del poder —aunque la gestión de la crisis fuera entonces poco menos que inexistente— y del ejercicio de la oposición. De ahí que las expectativas de uno y de otro sean, a estas alturas, diametralmente opuestas. Cuando la economía empiece a mejorar y el paro vaya reduciéndose de forma sostenida, lo normal es que los populares vean crecer su intención de voto. Los socialistas, en cambio, tras haber sido incapaces de capitalizar el descontento ciudadano desde la bancada opositora, ¿qué rédito pueden sacar, desde esta misma bancada, de la mejoría económica y de la progresiva recuperación del empleo? Ninguno, sin duda. Añádanle, además, la crisis interna del partido, acrecentada por su estructura federal —y pseudoconfederal, en el caso del PSC— y por la manifiesta falta de liderazgo de su actual secretario general, incapaz de poner orden y sentido a la acción política de la formación. Frente a ello, hablar de disensos entre la vieja y la nueva guardia del PP resulta hasta risible. Ya sólo faltaba esa conferencia de Aznar anoche en el Club Siglo XXI, en la que el expresidente rebajó considerablemente sus críticas a Rajoy y a su gobierno, para comprobar el abismo que separa a un partido cohesionado y en condiciones de recoger el fruto de su política de otro que anda hecho un cisco, no levanta cabeza y empieza a sentir el aliento de una Izquierda Unida que no para de ganar apoyos.

En crisis (11)

Entre las muchas reformas que este país debería acometer sin falta, está la de la justicia. Aunque sólo sea para no tener que leer nunca más lo que los periódicos publicaron el sábado y ya anunciaban en su edición del viernes. Claro que los periódicos, al cabo, no hacen sino reflejar lo existente. En este caso, la renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional. Dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, ¬cuyos miembros son elegidos, a su vez, por el Congreso de los Diputados y el Senado, a partes iguales —sólo el presidente no lo es—. Teniendo en cuenta que los ocho miembros restantes del Constitucional fueron nombrados en su momento por ambas Cámaras legislativas, uno puede llegar a la conclusión de que la independencia del poder judicial es un mito y, encima, no equivocarse. Como no se equivocan tampoco los periódicos cuando dan a entender que tal o cual elegido, por muy meritoria que sea su trayectoria como jurista, está ahí en representación de un determinado color político. Y, en fin, como tampoco lo hacen los lectores cuando confirman, al leer los perfiles de los agraciados —en los que se destaca, por encima de cualquier otra consideración y siempre y cuando el medio no comulgue con el personaje, que fulano es progresista o conservador, que mengano ha tenido tratos inconfesables con este Gobierno o con el anterior o que a zutano se le sitúa en una órbita u otra—; cuando confirman, decía, que la justicia difícilmente puede funcionar con tanta dependencia en la cúspide.

Eso sí, en las facultades de Políticas españolas se sigue hablando, supongo, de Charles Louis de Secondat, más conocido como Montesquieu.

Aquel hombre, tan nacional, tan civilizado

(X.X. [Josep Pla], "Hoy hace cinco años. Aquel hombre, tan nacional, tan civilizado. José Antonio Primo de Rivera", Diario Vasco, 29-10-1938).



(X.X. [Josep Pla], "El testamento de José Antonio Primo de Rivera. Reflexiones sobre su estilo", Diario Vasco, 8-11-1938).




(X.X. [Josep Pla], "Al través del testamento. ¡¡Ante todo, era un hombre!!", Diario Vasco, 20-11-1938).

Ministros de propaganda

En su último y saludable rifirrafe parlamentario con el presidente Mas, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, se refirió en más de una ocasión al consejero portavoz Homs como «ministro de Propaganda». Estoy convencido de que en el ánimo de Rivera no estaba el establecer un paralelismo cualquiera entre el régimen catalán y el de la Alemania nazi, pero es evidente que algunas de las prácticas del consejero Homs recuerdan las del ministro Goebbels. El periodista Augusto Assía, que estaba allí, reproducía en una crónica de marzo de 1933 las palabras pronunciadas por Goebbels tras su nombramiento como ministro: «Al pueblo no se le puede seguir dejando que vague a su propia suerte». Pues bien, no hace falta decir que este ha sido el propósito de Artur Mas desde que convocara nuevas elecciones y apareciera, bajo el lema «La voluntat d’un poble», en aquel cartel electoral de resonancias bíblicas inspirado, según todos los indicios, por su lugarteniente Homs. De igual modo, la conocida máxima del doctor Goebbels según la cual una mentira mil veces repetida se convierte en verdad ha constituido hasta ahora el eje de la actuación del consejero. El pasado miércoles lo ejemplificaba con todo detalle Ignacio Martín en estas mismas páginas a propósito del conocimiento del castellano por parte de los alumnos catalanes. Homs ha afirmado más de una vez —no mil, pero todo se andará— que ese conocimiento es superior al de la media española. Y el caso es que ha mentido. Como señalaba Martín, no se ha hecho nunca una evaluación de todo el alumnado por parte del Ministerio de Educación, sólo una muestral, en 2010, con 1.500 alumnos de 2º de ESO; el resultado de los examinandos catalanes se situó en la media estadística española, no por encima de ella; y las Comunidades que obtuvieron peor resultado que Cataluña son todas bilingües, excepto Canarias, Andalucía y Extremadura, las tres con un índice social, económico y cultural sensiblemente inferior al catalán. Y, aun así, el consejero va repitiendo, impertérrito, la misma mentira, no vaya a ser que el pueblo vague a su propia suerte.

(ABC, 8 de junio de 2013)

En crisis (9)

Antonio Muñoz Molina acaba de ser premiado con el Príncipe de Asturias de las Letras. Enhorabuena. Y más teniendo en cuenta que el premio llevaba quince años sin caer en España. Por lo demás, Muñoz Molina ha hablado para la prensa. Con propiedad, como suele hablar siempre. Y, entre lo mucho que ha dicho, destaca, a mi modo de ver, eso que Alfonso Armada ha destacado también en el titular de su pieza de hoy y que el texto recoge con estas palabras: «Necesitamos la ficción más que nunca. Es un acto de resistencia contra la realidad que nos imponen». Comprendo esta necesidad, cómo no. Y más en los tiempos que corren. Si uno puede desahogarse a base de ficción, ¿por qué va a privarse de ello? Lo que ya me resulta más difícil de entender es que la realidad sea algo impuesto, algo en lo que no tenemos, al parecer, ni Muñoz Molina ni yo ni ninguno de ustedes, arte ni parte. Si bien el contexto no lo explicita, supongo que el escritor jienense estará usando «realidad» en lugar de «crisis». Pero, aun así, me resulta extraña esa enajenación de toda responsabilidad —y, en particular, siendo como soy un lector asiduo de sus ensayos periodísticos—. Y lo que ya me resulta francamente incomprensible es que el desahogo, la escapatoria, la evasión, puedan disfrazarse de resistencia. No, la resistencia es otra cosa, mucho más ingrata, sin duda. Consiste en plantar cara a la realidad, y no digamos ya a la crisis si uno tiene la desgracia de padecerla. Lo demás es lo que en catalán llamamos fugir d’estudi y que lo mismo podría traducirse por «salirse por la tangente» que por «escurrir el bulto».

En crisis (8)

Existe un arte de la rectificación genuinamente político. Consiste en mover ficha, en no quedarse quieto parao ante una decisión cualquiera que uno ha tomado y el común de la opinión pública ha juzgado errónea o, por lo menos, inconveniente. Es el caso del presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada. Como sin duda recordarán, la Mesa de la que forma parte principal ha convocado un concurso para explotar los servicios de restauración de la Cámara y, en el pliego de condiciones correspondiente, aparece una lista donde figuran toda clase de productos, sólidos y líquidos, livianos y consistentes, alcohólicos y no alcohólicos, a los que se ha aplicado una considerable rebaja en el precio en atención a la dignidad de sus señorías. Pues bien, como ya se dijo aquí mismo y en otras tribunas, el asunto tenía dos caras, relacionadas ambas con el privilegio. Por un lado, el que los diputados dispusieran en su lugar de trabajo de unos servicios de restauración con los precios más bajos del mercado. Por otro, el que los diputados, al contrario de lo que es norma en cualquier empresa o institución, pudieran solazarse en la cantina con una gama envidiable de espiritosos. Y ahora el presidente Posada, por aquello de que algo hay que hacer, va y decide que lo único inadecuado es subvencionar las bebidas alcohólicas. O sea, un poco de acá y un poco de allá, pero, en el fondo, nada de nada. Porque la subvención sigue en pie y ni siquiera va a ser rebajada, y sus señorías, por su parte, podrán seguir dándole a la bota y al porrón mientras legislen. Aunque, eso sí, costeándose el vicio como el resto de los mortales.

En crisis (7)

Decididamente, el nacionalismo catalán se agarra a cualquier cosa. Ahora le toca el turno a la liberalización del transporte ferroviario. La posibilidad de que los servicios de Cercanías de Cataluña dejen de estar gestionados por la RENFE y pasen a depender de la SNCF francesa ha provocado ya en los voceros del soberanismo los acostumbrados picores. Como si la invasión francesa sobre raíles fuera la antesala de la independencia. Como si Francia pudiera en algún momento echarles una mano en su «proceso». Pobrecitos. De Messi a Invictus y de Invictus a Neymar. Esas son sus coordenadas. De la historia que deberían saber, nada saben. Les bastaría con haber leído a Gaziel, que era catalanista y, aun así, culto e inteligente. Estas palabras, por ejemplo, escritas hace 80 años: «Francia y España, París y Madrid, el Estado francés y el Estado español, son absoluta, instintiva y naturalmente solidarios ante ese problema del nacionalismo catalán, ante esa amenaza dirigida casi por igual contra ambos, porque tarde o temprano ha de interesar a los dos. La francofilia política del nacionalismo es, por lo tanto, un absurdo y una puerilidad». Pero no hay nada que hacer. Ni leen, ni piensan. Sólo transpiran.

En crisis (6)

La consejera de Educación catalana, Irene Rigau, presentó la semana pasada en el Parlamento autonómico su «Plan para la reducción del fracaso escolar en Cataluña 2012-2018». Como puede deducirse del periodo comprendido en la denominación, no es la primera vez que lo presenta. Ya lo hizo hace cosa de un año, también en sede parlamentaria, pero entonces, claro, ¿quién iba a imaginar que el 11 de septiembre siguiente la calle alumbraría un renacer sin límites de la nación, con todo lo que traería aparejado? Total, que la consejera ha vuelto a presentarlo. Y esta vez con una novedad. Se llama pim. Sin pam ni pum, de momento, aunque ya hay quien afirma, y son unos cuantos, que Rigau va a perpetrar un verdadero apartheid con su propuesta. Y es que el pim —esto es, el programa intensivo de mejora— persigue como objetivo recuperar para la causa de la instrucción pública —de cuya crisis nadie parece dudar, ni en Cataluña ni en el resto de España—, a ese 10 o 15 % de alumnos de sexto de primaria que, según las evaluaciones de diagnóstico realizadas por la propia Generalitat, no están a la altura en matemáticas ni en lengua catalana o castellana. Para que lo estén, esos angelitos que en muchos casos ya no lo son tanto van a ser separados en primero de secundaria del resto de la clase cuando cursen esas materias instrumentales. Por supuesto, separados para reintegrarse al grupo en cuanto adquieran el nivel suficiente, lo que nunca exigirá, precisa la consejera, más de un curso. Pero separados, al cabo. Durante un año. O sea, segregados.

Porque este es el término. Al menos entre la izquierda y sus pedagogos asociados. Ya por razón de sexo —la educación diferenciada—, ya por razón de nivel —el pim de marras, o la introducción de itinerarios en tercero y cuarto de secundaria prevista en la futura LOMCE—, se segrega, aseguran esos críticos. Poco importa si en uno y otro caso el propósito es en gran medida la mejora del rendimiento y, en definitiva, el loable intento de reducir el porcentaje de fracaso escolar y acercarlo a la media europea. Si se separa, se segrega, y punto. Ya puede ir afirmando Rigau que lo del pim «no es una segregación, es un grupo que se desdobla para trabajar mejor», que no cuela.

Claro que en la Cataluña renaciente se dan siempre puntos de encuentro entre derecha e izquierda. Incluso en el campo educativo y en lo que a segregación se refiere. Piénsese, si no, en el acuerdo con que el catalanismo ha blindado cualquier posibilidad de introducir una doble línea en la primera enseñanza conforme a la lengua materna de los padres o a la que ellos libremente hayan elegido. ¡Eso es segregación!, claman todos. Y Rigau, por cierto, la primera.

Enérgicos, diestros e imaginativos

(Augusto Assía, "Los españoles en Méjico", Destino, 20-3-1948).

La doble interpretación

Ignoro lo que ha llevado al presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, a incluir en la presentación de la memoria de 2012 esa larga reflexión sobre Cataluña y sus destinos. Acaso sea el haber formado parte del Tribunal durante la interminable gestación de la sentencia por la interposición, por parte del Partido Popular, del recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos del Estatuto de Autonomía catalán de 2006. O acaso sea el haber contribuido con su voto a salvar la práctica totalidad del texto aprobado en referéndum por algo más de un tercio de los electores catalanes. Sin que puedan descartarse tampoco las convicciones personales o las simpatías que siempre ha despertado en él la causa del catalanismo. Sea como sea, el hombre no entiende por qué el Estatuto, estando como está «completamente vivo» —dado que la sentencia fue «básicamente interpretativa» y «apenas declaró nulos algunos incisos»—, no se desarrolla «en sus propios términos» y parece «olvidado por algunos».

Pues es muy simple. El Estatuto sí se desarrolla. Y en sus propios términos. El problema es la interpretación. Mejor dicho, la doble interpretación. La que hacen, por un lado, los tribunales —del Supremo para abajo—, en aplicación justamente de la sentencia que el propio Sala contribuyó a alumbrar, y la que hace, por otro, el Gobierno de la Generalitat cada vez que esos tribunales le obligan a rectificar en algún asunto y, en particular, en cuantos tienen que ver con la lengua y los derechos lingüísticos de los ciudadanos. De momento, el tira y afloja se ha resuelto con la inacción. O sea, a favor del Gobierno catalán, que ha recurrido a toda suerte de triquiñuelas, más o menos subrepticias, para desobedecer la ley. Lo que no queda tan claro, en cambio, es de qué lado está Pascual Sala. Aunque la lógica indica que debería estar con la ley, sus palabras inducen a creer lo contrario, en especial cuando afirma que la implantación del castellano como lengua vehicular es compatible con la inmersión lingüística en catalán. A no ser, por supuesto, que lo suyo sea también un ejercicio de doble interpretación.

(ABC, 1 de junio de 2013)