Pues es muy simple. El Estatuto sí se desarrolla. Y en sus propios términos. El problema es la interpretación. Mejor dicho, la doble interpretación. La que hacen, por un lado, los tribunales —del Supremo para abajo—, en aplicación justamente de la sentencia que el propio Sala contribuyó a alumbrar, y la que hace, por otro, el Gobierno de la Generalitat cada vez que esos tribunales le obligan a rectificar en algún asunto y, en particular, en cuantos tienen que ver con la lengua y los derechos lingüísticos de los ciudadanos. De momento, el tira y afloja se ha resuelto con la inacción. O sea, a favor del Gobierno catalán, que ha recurrido a toda suerte de triquiñuelas, más o menos subrepticias, para desobedecer la ley. Lo que no queda tan claro, en cambio, es de qué lado está Pascual Sala. Aunque la lógica indica que debería estar con la ley, sus palabras inducen a creer lo contrario, en especial cuando afirma que la implantación del castellano como lengua vehicular es compatible con la inmersión lingüística en catalán. A no ser, por supuesto, que lo suyo sea también un ejercicio de doble interpretación.
(ABC, 1 de junio de 2013)