Un personaje, la comisaria Reding. Siempre dispuesta a meterse en camisas de once varas aunque ello le lleve a tener que desdecirse a los pocos días. Y siempre dispuesta también —¡ay, ese desenfreno!— a amonestar y a dar lecciones. El objeto de su locuacidad ha sido esta vez el ministro de Interior francés, Manuel Valls. Valls declaró el martes que la gran mayoría de los 15.000 gitanos concentrados en campamentos ilegales en los confines de las grandes ciudades del país deben volver a sus lugares de origen, Rumanía y Bulgaria; o sea, deben ser expulsados. Y la comisaria de Justicia, Derechos Humanos y Ciudadanía y vicepresidenta de la CE, fiel a las obligaciones de su cargo —entre las que está, como es lógico, la de velar por el cumplimiento de la legislación europea—, le ha recordado al ministro que Francia suscribió en su momento la normativa sobre libre circulación de ciudadanos dentro de la Unión, por lo que no puede proceder a la expulsión de nadie que pertenezca a un Estado de la UE a no ser que así lo prescriba un juez. Pero no se ha conformado con eso. Como no se conformó tampoco en 2010 —el asunto es viejo—, cuando la emprendió por el mismo motivo con el Gobierno de Nicolas Sarkozy. Si entonces se pasó tres pueblos comparando las expulsiones de gitanos con las deportaciones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, ahora tampoco se ha quedado manca al acusar a Valls de actuar así por electoralismo, «para no hablar de cosas importantes como la deuda o el presupuesto». Ignoro, claro está, si las declaraciones del ministro —que han causado verdadero estupor entre las propias filas del partido socialista, fundacionalmente buenista— guardan relación con la proximidad de las elecciones municipales y europeas en Francia. Es posible, tanto más cuanto que cualquier medida política de cierto calado resulta, en esencia, una medida electoral, incluso si la legislatura acaba de empezar. Pero lo que me parece de un cinismo grandioso es que una persona como Reding, que ejerce un alto cargo político sin haber tenido que pasar por las urnas, se permita enjuiciar las intenciones de un compañero de faena que sí ha tenido y tiene que hacerlo.