Sea como sea, la estrategia propagandística –que repiten como un mantra, sobra añadirlo, los demás miembros del Gobierno– persigue un único objetivo: disociar las iniciativas populares, los movimientos de masas, de la voluntad del Gobierno y las instituciones de la Comunidad. Como si estos fueran a remolque de aquellos. Como si no les quedara más remedio –un remedio gozoso, por supuesto– que dejarse llevar por una inercia en la que no han tenido nada que ver. Como si la sociedad civil catalana fuera una sociedad civil de verdad, independiente, pues, de los poderes públicos. Como si no fuera lo que es: una suma de asociaciones, fundaciones, empresas y medios de comunicación paniaguados, a los que la administración autonómica alimenta con sus dádivas, esto es, con el dinero de todos los ciudadanos, comulguen o no con sus ideas.
El acceso del actual consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Generalitat, Francesc Homs, a la condición de ministro de Propaganda –en feliz expresión del parlamentario Albert Rivera– es algo que se confirma día a día. Y en la acepción más genuina de la fórmula ministerial, en la primigenia, en la goebbelsiana. Entre los muchos lemas con que el ministro Homs percute incansablemente los oídos de los ciudadanos está el que postula que el llamado proceso soberanista es una iniciativa de la sociedad civil. Ayer mismo volvió a recurrir a él para quitar importancia al hecho de que Unió, al contrario que Convergència, no apoye la cadena humana convocada para la próxima Diada. Según Homs, al no ser una actividad gubernamental, sino de la sociedad civil, el disenso entre los dos socios de la federación y del Gobierno no tiene importancia alguna. Como no la tenía hace una semana el que los miembros del Gobierno, y entre ellos su propio presidente, acudieran o no a la susodicha cadena; precisamente por eso, por ser una iniciativa de la sociedad civil. Pero el señuelo de la sociedad civil no sirve únicamente, en boca de Homs, para justificar que los partidos políticos sigan otra vía –eso sí, igual de catalana–; también para lo contrario. Así, cuando el Gobierno de la Generalitat convocó el llamado «Pacte Nacional pel Dret a Decidir», el ministro le afeó al PSC no haber participado en un acto cuyo propósito, según sus propias palabras, era «dar la oportunidad de que la sociedad civil también se exprese».
Sea como sea, la estrategia propagandística –que repiten como un mantra, sobra añadirlo, los demás miembros del Gobierno– persigue un único objetivo: disociar las iniciativas populares, los movimientos de masas, de la voluntad del Gobierno y las instituciones de la Comunidad. Como si estos fueran a remolque de aquellos. Como si no les quedara más remedio –un remedio gozoso, por supuesto– que dejarse llevar por una inercia en la que no han tenido nada que ver. Como si la sociedad civil catalana fuera una sociedad civil de verdad, independiente, pues, de los poderes públicos. Como si no fuera lo que es: una suma de asociaciones, fundaciones, empresas y medios de comunicación paniaguados, a los que la administración autonómica alimenta con sus dádivas, esto es, con el dinero de todos los ciudadanos, comulguen o no con sus ideas.
Sea como sea, la estrategia propagandística –que repiten como un mantra, sobra añadirlo, los demás miembros del Gobierno– persigue un único objetivo: disociar las iniciativas populares, los movimientos de masas, de la voluntad del Gobierno y las instituciones de la Comunidad. Como si estos fueran a remolque de aquellos. Como si no les quedara más remedio –un remedio gozoso, por supuesto– que dejarse llevar por una inercia en la que no han tenido nada que ver. Como si la sociedad civil catalana fuera una sociedad civil de verdad, independiente, pues, de los poderes públicos. Como si no fuera lo que es: una suma de asociaciones, fundaciones, empresas y medios de comunicación paniaguados, a los que la administración autonómica alimenta con sus dádivas, esto es, con el dinero de todos los ciudadanos, comulguen o no con sus ideas.