Eso mismo acaba de hacer el Gobierno Balear: aprobar una ley de símbolos que castigará con multas de hasta 10.000 euros a todo aquel que coloque en edificios públicos un símbolo susceptible de tener connotaciones políticas. Que es, muy precisamente, lo que viene ocurriendo desde hace año y medio en determinados ayuntamientos y en muchísimos institutos y escuelas de las islas con la senyera y la camiseta verde de la llamada Asamblea de Docentes. Esa campaña, motivada por la pérdida de privilegios de quienes han convertido la lengua catalana en un instrumento al servicio de un proyecto anexionista —esto es, favorable a la anexión de las Baleares a una supuesta entidad política supracomunitaria denominada «Països Catalans»—, no sólo ha ensuciado bellísimas fachadas, sino que ha envilecido, todavía más si cabe, la función pública. Sí, ya sé que me dirán que en Cataluña ocurre tres cuartos de lo mismo con la colocación de los trapos estelados y no pasa nada. Pero Cataluña es Cataluña. Un país sin moral, sin ley, sin orden. En fin, sin otra moral, otra ley y otro orden que los del nacionalismo.
(ABC, 21 de diciembre de 2013)