El pasado 3 de octubre, en el turno de las intervenciones que siguieron a la concesión del XX Premio a la Tolerancia a Inger Enkvist, le preguntaron a la galardonada si veía paralelismos entre la Cataluña actual y la Alemania nazi. Y Enkvist contestó que sí, que los veía. No habló de elecciones plebiscitarias, ciertamente —tal vez porque entonces la hipótesis no estaba aún en el ambiente—. Se refirió a otro hecho que ha pasado sin duda mucho más inadvertido. Contó como el partido nazi fue creando, en años anteriores a su acceso al poder, una suerte de red institucional paralela a la ya existente. Por cada institución, del orden que fuera, en manos del Estado, el NSPD disponía de una institución idéntica. El objetivo no era otro que estar en condiciones, llegado el caso, de tomar las riendas del país con toda la maquinaria engrasada. Enkvist no lo llamó «estructuras de Estado», creo recordar, pero seguro que no le hubiera importado hacerlo. Porque de eso se trata, al cabo. De sustituir un Estado por otro. Aunque el actual sea democrático y el que está por venir y es de desear que no llegue nunca ofrezca esos tintes claramente totalitarios.
Como ustedes saben, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido disculpas por si ha ofendido a alguien. Disculpado queda, por más que la ofensa, en lo que a mí respecta, no la haya originado lo que dijo, sino las disculpas pedidas ahora por lo dicho hace tres días. Y es que lo dicho por Iceta, además de cierto, era pertinente. En 1933 hubo en Alemania elecciones plebiscitarias. Las convocó el canciller Adolf Hitler para noviembre de aquel año y consistieron, a un tiempo, en un plebiscito sobre la política interior y exterior del Gobierno y en unos comicios para renovar el Reichstag. La victoria del gobierno de Hitler y del partido nacionalsocialista fue en ambos casos apabullante: más de un 90% de los votos. Por supuesto, las condiciones en que se celebraron aquellas elecciones no son las mismas que se dan hoy en día en Cataluña. Pero sí lo es, por ejemplo, el uso partidista de los medios de comunicación, de la administración educativa y de cuantos resortes guardan relación con la vida institucional. Y lo es, sobre todo, el propósito: construir un nuevo país, donde el sentir y la opinión de una parte se impongan sobre los del conjunto de la población.
El pasado 3 de octubre, en el turno de las intervenciones que siguieron a la concesión del XX Premio a la Tolerancia a Inger Enkvist, le preguntaron a la galardonada si veía paralelismos entre la Cataluña actual y la Alemania nazi. Y Enkvist contestó que sí, que los veía. No habló de elecciones plebiscitarias, ciertamente —tal vez porque entonces la hipótesis no estaba aún en el ambiente—. Se refirió a otro hecho que ha pasado sin duda mucho más inadvertido. Contó como el partido nazi fue creando, en años anteriores a su acceso al poder, una suerte de red institucional paralela a la ya existente. Por cada institución, del orden que fuera, en manos del Estado, el NSPD disponía de una institución idéntica. El objetivo no era otro que estar en condiciones, llegado el caso, de tomar las riendas del país con toda la maquinaria engrasada. Enkvist no lo llamó «estructuras de Estado», creo recordar, pero seguro que no le hubiera importado hacerlo. Porque de eso se trata, al cabo. De sustituir un Estado por otro. Aunque el actual sea democrático y el que está por venir y es de desear que no llegue nunca ofrezca esos tintes claramente totalitarios.
El pasado 3 de octubre, en el turno de las intervenciones que siguieron a la concesión del XX Premio a la Tolerancia a Inger Enkvist, le preguntaron a la galardonada si veía paralelismos entre la Cataluña actual y la Alemania nazi. Y Enkvist contestó que sí, que los veía. No habló de elecciones plebiscitarias, ciertamente —tal vez porque entonces la hipótesis no estaba aún en el ambiente—. Se refirió a otro hecho que ha pasado sin duda mucho más inadvertido. Contó como el partido nazi fue creando, en años anteriores a su acceso al poder, una suerte de red institucional paralela a la ya existente. Por cada institución, del orden que fuera, en manos del Estado, el NSPD disponía de una institución idéntica. El objetivo no era otro que estar en condiciones, llegado el caso, de tomar las riendas del país con toda la maquinaria engrasada. Enkvist no lo llamó «estructuras de Estado», creo recordar, pero seguro que no le hubiera importado hacerlo. Porque de eso se trata, al cabo. De sustituir un Estado por otro. Aunque el actual sea democrático y el que está por venir y es de desear que no llegue nunca ofrezca esos tintes claramente totalitarios.
Hace un par generoso de semanas, hallándose en palacio y en compañía del alcalde Trias, el presidente de la Generalitat volvió a reclamar estructuras de Estado. El sintagma tiene ya cierto recorrido. Artur Mas lo estrenó, tal vez lo recuerden, en el verano de 2012, cuando calentaba motores de cara a aquel 11 de septiembre glorioso. Luego, su partido lo incluyó en el programa electoral de las autonómicas siguientes y, desde entonces, se lo hemos oído ya muchas veces —no tantas, es cierto, como «el proceso» o «el derecho a decidir»—, a él y al propio Trias. El caso es que el pasado 10 de octubre Mas volvió a referirse a esas estructuras. Y como quiera que el acto en cuestión tenía por objeto oficializar el acuerdo alcanzado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona en relación con el nuevo mapa de prisiones de la ciudad, el presidente aprovechó para indicar, ufano, que desde hace tres décadas Cataluña es la única autonomía que dispone de un sistema penitenciario propio. O sea, enteramente gestionado por el gobierno autonómico. Y lo calificó como una «auténtica y real estructura de Estado». Se entiende, pues, qué entiende Mas por estructura de Estado: una estructura en la que el Estado —el único existente, muy a su pesar— no pueda meter sus narices.
Si traigo ahora a colación esa nueva singularidad catalana, es porque el día ha amanecido, entre otras noticias, con la de que el alcalde Trias puede haber estado moviendo millones en el extranjero. O sea, como los Pujol. O sea, como el padre de Mas. Y todavía hay quien se pregunta por qué la Generalitat aspira a convertir la administración de justicia en algo parecido al sistema penitenciario, esto es, en una nueva estructura de Estado. Con los tribunales y las prisiones en sus manos, no cuesta mucho adivinar dónde estarían los ladrones de cuello blanco. Y dónde, claro está, los ciudadanos honestos.
Si traigo ahora a colación esa nueva singularidad catalana, es porque el día ha amanecido, entre otras noticias, con la de que el alcalde Trias puede haber estado moviendo millones en el extranjero. O sea, como los Pujol. O sea, como el padre de Mas. Y todavía hay quien se pregunta por qué la Generalitat aspira a convertir la administración de justicia en algo parecido al sistema penitenciario, esto es, en una nueva estructura de Estado. Con los tribunales y las prisiones en sus manos, no cuesta mucho adivinar dónde estarían los ladrones de cuello blanco. Y dónde, claro está, los ciudadanos honestos.
[ En crisis ]
(Ceferino R. Avecilla, "El buen hombre que no tuvo más remedio que matar a su mujer", Heraldo de Madrid, 29-3-1930)
[ El viejo periodismo ]
El periódico traía ayer la noticia de la ilegalidad del reloj que la Asamblea Nacional Catalana ha instalado en la fachada de un edificio de la barcelonesa plaza San Jaime, junto al Ayuntamiento de la ciudad, y que marca el tiempo que falta para el 9-N. Ni se ha solicitado el correspondiente permiso, ni parece que el artefacto pueda encajar en modo alguno en las ordenanzas municipales. Pero da igual, ante el interés superior, el gobierno municipal mira para otro lado. O, lo que es lo mismo, en sus dominios la ley no cuenta. Como tampoco contaba hace unos meses, cuando el Consistorio prohibió a una serie de arrendatarios de locales de restauración situados en las calles adyacentes al antiguo Mercado del Born instalar terrazas en la acera, so pretexto de que ocultaban los encantos del templo funerario del nacionalismo catalán. Por suerte para esos empresarios, una reclamación bien fundada obligó al Ayuntamiento a rectificar. Pero el primer impulso de la institución era el de saltarse la ley en aras de un interés superior. ¿Y qué decir de la lona que cubre buena parte de La Pedrera, ese edificio patrimonio de la humanidad y que visitan año tras año millones de turistas; qué decir de esa lona que por un lado esconde los trabajos de restauración de la obra de Gaudí y por el otro exhibe, junto al logotipo del Consistorio, el lema de la campaña organizada por la ANC, Òmnium y la Asociación de Municipios por la Independencia con vistas al 9-N? ¿Desde cuándo esas lonas restauradoras, cuyo permiso de instalación corresponde al Ayuntamiento y cuyo alquiler por parte de las empresas ha valido siempre un potosí, sirven par publicitar propuestas xenófobas y levantiscas?
Pero así están las cosas. Y esos con los que tan alegremente colabora el Gobierno municipal son los mismos que emprenden acciones como la nazistoide «Comerç amic», que no abriga, en el fondo, otro propósito que tener fichados a los enemigos. Claro que poco más puede esperarse de una comunidad autónoma cuyo gobierno organiza una supuesta consulta por teléfono y correo electrónico para eludir la constitución de un acto administrativo. Para saltarse la ley, en una palabra.
(ABC, 25 de octubre de 2014)
Pero así están las cosas. Y esos con los que tan alegremente colabora el Gobierno municipal son los mismos que emprenden acciones como la nazistoide «Comerç amic», que no abriga, en el fondo, otro propósito que tener fichados a los enemigos. Claro que poco más puede esperarse de una comunidad autónoma cuyo gobierno organiza una supuesta consulta por teléfono y correo electrónico para eludir la constitución de un acto administrativo. Para saltarse la ley, en una palabra.
(ABC, 25 de octubre de 2014)
[ Porque hoy es sábado ]
Apreciado Xavier:
No sabes cómo te agradecemos que nos expulses a las tinieblas exteriores de la «Unidad de España», y que lo hagas tratándonos a un tiempo de «viejos amigos». Esperemos que, en breve, tus correligionarios nos expulsen, a todos los catalanes, con territorio incluido, de España. Por respeto, no te habíamos querido nunca poner a caldo, e incluso alguna vez hemos tratado de justificarte de un modo u otro cuando alguien te ha puesto «Wert», por decirlo con humor jugando con el nombre de tu actual camarada… (seguir leyendo)
[ En crisis ]
Núñez y Pujol. O, mejor dicho, los Núñez y Navarro y los Pujol i Ferrusola. Una historia paralela que empezó con un enfrentamiento entre los padres fundadores y puede acabar con ambas sagas entre rejas. El enfrentamiento ocurrió en 1978, cuando el constructor nacido en Baracaldo, criado en Barcelona y convertido en un tiempo récord en «rey de las esquinas barcelonesas» tuvo el descaro de opositar a una poltrona, la de presidente del FC Barcelona, que el dirigente nacionalista tenía ya reservada para un hombre de su confianza, Ferran Ariño, vinculado a Banca Catalana. Núñez ganó, y a Pujol no le quedó más remedio que despedirse de un instrumento de enorme influencia política y social. De hecho, hasta la llegada de Joan Laporta a la presidencia, en 2003, el nacionalismo no recuperó el control de ese club que, según dicen, es más que un club. Lo que no significa que no lo intentara. Pero Núñez salió airoso de todos los envites. Hasta el punto de que el pujolismo acabó conformándose con integrar en la directiva del Barça a Sixte Cambra, quien había sido su última baza electoral para tratar de desbancar al constructor.
En paralelo, como es natural, Núñez siguió comprando esquinas y prestigio, mientras Pujol, aparte de presidir la Generalitat, fue —ahora lo sabemos— comprando voluntades y defraudando al fisco y a sus conciudadanos. Y tanto congeniaron, que hasta hicieron algún negocio juntos. Pero lo más importante acaso, y lo que sin duda los une, fue la impunidad con que se manejaron. Ellos y sus respectivas familias. Porque, en el nombre del padre, todos los descendientes se han visto implicados, en un grado u otro, en casos de corrupción. Claro que en eso hay diferencias notorias, aunque sean de número. Así como en el caso de los Núñez y Navarro son dos, padre e hijo, en el de los Pujol i Ferrusola son nueve, padre, madre y siete hijos. De momento, los dos primeros están a punto de ingresar en la cárcel, con condena firme. Y en cuanto a los Pujol i Ferrusola, hoy mismo han detenido a uno de los hijos, Oleguer —luego ha sido puesto en libertad con cargos—, y no hay día en que alguno de ellos o el mismísimo padre no ocupe las portadas de los periódicos, y no para bien, precisamente.
Este es el legado de esos dos catalanes casi coetáneos. Uno se apoderó de las esquinas barcelonesas. Otro del nombre de Cataluña. Y la broma ha durado 40 años.
En paralelo, como es natural, Núñez siguió comprando esquinas y prestigio, mientras Pujol, aparte de presidir la Generalitat, fue —ahora lo sabemos— comprando voluntades y defraudando al fisco y a sus conciudadanos. Y tanto congeniaron, que hasta hicieron algún negocio juntos. Pero lo más importante acaso, y lo que sin duda los une, fue la impunidad con que se manejaron. Ellos y sus respectivas familias. Porque, en el nombre del padre, todos los descendientes se han visto implicados, en un grado u otro, en casos de corrupción. Claro que en eso hay diferencias notorias, aunque sean de número. Así como en el caso de los Núñez y Navarro son dos, padre e hijo, en el de los Pujol i Ferrusola son nueve, padre, madre y siete hijos. De momento, los dos primeros están a punto de ingresar en la cárcel, con condena firme. Y en cuanto a los Pujol i Ferrusola, hoy mismo han detenido a uno de los hijos, Oleguer —luego ha sido puesto en libertad con cargos—, y no hay día en que alguno de ellos o el mismísimo padre no ocupe las portadas de los periódicos, y no para bien, precisamente.
Este es el legado de esos dos catalanes casi coetáneos. Uno se apoderó de las esquinas barcelonesas. Otro del nombre de Cataluña. Y la broma ha durado 40 años.
[ En crisis ]
1. El lío catalán es tan monumental que, en su columna de hoy, Federico Jiménez Losantos atribuye al primer secretario del PSC Miquel Iceta unas palabras de la vicepresidenta del Gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría —unas palabras que Sáenz de Santamaría le dijo al propio Iceta— y no pasa nada. Quiero decir que no pasa nada con la columna, que la confusión de Jiménez Losantos no modifica para nada el sentido que habría tenido el texto de no haberse producido el error. A estas alturas de la película, cualquier cosa es posible en Cataluña. Posible y, por lo tanto, creíble.
2. Como si de un golpe de Estado se tratara, todo lo relacionado con los preparativos del 9-N se ha ido conociendo hasta la fecha a base de correos electrónicos. De correos electrónicos que los medios han sacado a la luz. Si el otro día era un correo enviado por un director de instituto a sus profesores, hoy es uno del propio Gobierno catalán a esos mismos directores en el que se admite que la farsa del 9N no se celebrará «si se suspende judicialmente». Ante lo que el catalanito de a pie no puede por menos que replicar: «¿Y no estaba ya suspendida y, aun así, pretenden celebrarla? ¿Quién me asegura a mí que no lo volverán a intentar una tercera vez?» Suerte que para hoy está prevista una comparecencia de la vicepresidenta autonómica Joana Ortega para informar sobre los preparativos de tan fausta jornada. O ella o el caos, podríamos añadir. Suponiendo, claro, que ella no sea también el caos, como rezaba aquel chiste de Ramón en Hermano Lobo.
2. Como si de un golpe de Estado se tratara, todo lo relacionado con los preparativos del 9-N se ha ido conociendo hasta la fecha a base de correos electrónicos. De correos electrónicos que los medios han sacado a la luz. Si el otro día era un correo enviado por un director de instituto a sus profesores, hoy es uno del propio Gobierno catalán a esos mismos directores en el que se admite que la farsa del 9N no se celebrará «si se suspende judicialmente». Ante lo que el catalanito de a pie no puede por menos que replicar: «¿Y no estaba ya suspendida y, aun así, pretenden celebrarla? ¿Quién me asegura a mí que no lo volverán a intentar una tercera vez?» Suerte que para hoy está prevista una comparecencia de la vicepresidenta autonómica Joana Ortega para informar sobre los preparativos de tan fausta jornada. O ella o el caos, podríamos añadir. Suponiendo, claro, que ella no sea también el caos, como rezaba aquel chiste de Ramón en Hermano Lobo.
[ En crisis ]
1. Hay días en los que el consejero Mascarell hubiera deseado no tener manos.
2. Lo de los voluntarios para el 9N tiene delito. Eso de los directores y profesores de instituto, por ejemplo. Sobra decir que, siendo como son funcionarios, se arriesgan a una sanción en caso de participar en la organización de la farsa consultiva y, encima, en su lugar de trabajo. Pero la Generalitat ha encontrado ya la solución. El desdoblamiento de personalidad. Uno es funcionario de lunes a viernes. Y punto pelota. El sábado y el domingo no sólo descansa, sino que además es otro. Un voluntario, por ejemplo, alguien que nada tiene que ver con aquel colegio o aquel instituto en el que trabaja de lunes a viernes, alguien que pasaba por allí y se ha ofrecido a echar una mano. Un patriota, en una palabra. ¿Y quién le negará a un patriota el derecho a decidir que el fin de semana del 8 y del 9 de noviembre no es un funcionario?
3. Hay quien se sorprende, a estas alturas, de que en Cataluña mande la calle. Duran i Lleida, por ejemplo. O eso dice. Según su última hoja parroquial, el que las «fuerzas parlamentarias [catalanas] estén pendientes de lo que acuerden entidades muy respetables [Òmnium y ANC], pero sin representatividad en una democracia parlamentaria», es «mala señal». ¿Y no lo ha sido acaso en todo el tiempo transcurrido entre aquel 11 de septiembre al que Duran acudió a la pata coja y el mismísimo día de hoy? Según ha reconocido en más de una ocasión el presidente Mas, el principal impulso del llamado Proceso ha venido de esas entidades. Así las cosas, ¿de qué se extraña Duran? Lo que ha cambiado en estos dos años no es quién manda aquí. Lo que ha cambiado es que muchos de quienes les jaleaban, les seguían el juego y aparentaban lo que no era, ya no saben cómo salir de esa.
2. Lo de los voluntarios para el 9N tiene delito. Eso de los directores y profesores de instituto, por ejemplo. Sobra decir que, siendo como son funcionarios, se arriesgan a una sanción en caso de participar en la organización de la farsa consultiva y, encima, en su lugar de trabajo. Pero la Generalitat ha encontrado ya la solución. El desdoblamiento de personalidad. Uno es funcionario de lunes a viernes. Y punto pelota. El sábado y el domingo no sólo descansa, sino que además es otro. Un voluntario, por ejemplo, alguien que nada tiene que ver con aquel colegio o aquel instituto en el que trabaja de lunes a viernes, alguien que pasaba por allí y se ha ofrecido a echar una mano. Un patriota, en una palabra. ¿Y quién le negará a un patriota el derecho a decidir que el fin de semana del 8 y del 9 de noviembre no es un funcionario?
3. Hay quien se sorprende, a estas alturas, de que en Cataluña mande la calle. Duran i Lleida, por ejemplo. O eso dice. Según su última hoja parroquial, el que las «fuerzas parlamentarias [catalanas] estén pendientes de lo que acuerden entidades muy respetables [Òmnium y ANC], pero sin representatividad en una democracia parlamentaria», es «mala señal». ¿Y no lo ha sido acaso en todo el tiempo transcurrido entre aquel 11 de septiembre al que Duran acudió a la pata coja y el mismísimo día de hoy? Según ha reconocido en más de una ocasión el presidente Mas, el principal impulso del llamado Proceso ha venido de esas entidades. Así las cosas, ¿de qué se extraña Duran? Lo que ha cambiado en estos dos años no es quién manda aquí. Lo que ha cambiado es que muchos de quienes les jaleaban, les seguían el juego y aparentaban lo que no era, ya no saben cómo salir de esa.
[ En crisis ]
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Albert Rivera, líder de un partido, Ciutadans, al que los sondeos más recientes sitúan ya como la quinta fuerza política española en intención de voto, por delante de UPyD; Albert Rivera, digo, es partidario de que el presidente Artur Mas convoque, sin más dilación, unas elecciones autonómicas. En realidad, ese adelantamiento electoral lleva pidiéndolo Rivera desde los albores mismos de la presente legislatura. La deriva soberanista de Mas y su pacto con ERC han paralizado hasta tal punto la Autonomía que ninguno de los problemas que en verdad desazonan a los catalanes —el paro, la corrupción, las crisis de los sistemas públicos de salud y enseñanza— ha hallado, por parte del Gobierno de la Generalitat, respuesta alguna —o, por lo menos, respuesta eficaz alguna—. En síntesis: el gobierno no hace de gobierno ni la oposición de oposición, por lo que lo mejor es que el presidente convoque elecciones cuanto antes y dé paso a una nueva mayoría. Ese planteamiento, que tiene un indiscutible valor estratégico en la medida en que refuerza a Ciutadans como principal alternativa política, ha sido retomado de forma insistente por Rivera esta semana, desde que Mas convirtiera el 9-N en un esperpento todavía mayor. Pero no sé, francamente, si sigue siendo estratégico, es decir, oportuno. Rivera, como es natural, pide unas elecciones autonómicas ordinarias. Ocurre, sin embargo, que Mas ya ha anunciado que, en caso de convocarlas, serían plebiscitarias, o sea, extraordinarias. Esto es, con lista y programa únicos de corte independentista en el caso de algunas formaciones. Por supuesto, puede que el actual presidente se vea abocado a convocar elecciones por falta de apoyos parlamentarios y sin haber logrado ningún acuerdo soberanista, aunque lo dudo, dado que siempre le quedará el PSC para ir tirando hasta 2016. En todo caso, si Mas finalmente adelanta los comicios tras haber llegado a un acuerdo con una o más fuerzas para convertir unas autonómicas en unas plebiscitarias, lo que debería hacer Ciutadans —y el PP y lo que quede del PSC— es no presentarse y promover, en cambio, una abstención activa. No se puede ser parte de un fraude. Ni en broma.
(ABC, 18 de octubre de 2014)
(ABC, 18 de octubre de 2014)
[ Porque hoy es sábado ]
Artur Mas compareció ayer por la mañana ante los medios de comunicación y ante lo que él mismo llama «el país» para informar de la decisión que ha tomado después de reunirse por tres veces -las dos últimas con manifiesto furtivismo- con los dirigentes de los partidos que le han permitido llegar hasta el punto de no retorno al que ha llegado. Contemplar a ese hombre actuando en público produce siempre un efecto evocativo. Tal y como observó Ferran Toutain en su ensayo Imitació de l'home, uno tiene la sensación de ver a Jordi Pujol en parecidas circunstancias. El mimetismo es colosal: las mismas poses, la misma gesticulación y hasta la misma mala educación, a medio camino entre la chulería y la pillería. No para con la prensa, claro -¿qué necesidad habría, al fin y al cabo, de ofender o engañar al sumiso?-, sino para con el enemigo. O sea, para con lo que Mas designó ayer repetidamente como «Estado español» -sobra añadir que él no se considera parte constituyente del mismo- o, ya sin tapujos, con la propia palabra «enemigo». Su insistencia en que el enemigo no está en casa sino a cientos de kilómetros del Palacio de la Generalitat resultó incluso grotesca, por cuanto no era más que el reconocimiento de su dependencia de los demás partidos y, en particular, de Esquerra Republicana, y su forma de implorarles que, por favor, no rompan la baraja.
Pero esa amalgama de chulería y pillería -los catalanes algo o muy patrióticos y sus altavoces mediáticos gustan de llamarlo murrieria y le confieren, por supuesto, un altísimo valor-, tuvo su concreción en varios pasajes de su parlamento. Por ejemplo, cuando, tras anunciar que el Proceso seguía adelante, esto es, que habría 9N, se rió de que alguien -no mencionó al presidente del Gobierno español- hubiera dado ya, esa misma mañana, la consulta por desconvocada. O cuando se negó a ofrecer más pistas sobre esa consulta para la que «habrá locales, urnas y papeletas» con el argumento de que el Estado, luego, «lo destroza todo». O, en fin, cuando detalló el mecanismo por el que los catalanes podrán acceder al tan ansiado referéndum -la «consulta definitiva», lo llamó, en tanto que la del 9N, según él, no lo era en su antigua formulación ni lo será en la nueva-, y se sirvió para ello de un argumento tan rebatible como que unas elecciones ordinarias pueden convertirse, si así lo desean las fuerzas políticas partidarias de la independencia -palabra que el presidente de la Generalitat se cuidó muy mucho de pronunciar-, en unas elecciones plebiscitarias.
En resumidas cuentas, Artur Mas se resiste a abandonar su papel bíblico de Moisés, conductor del pueblo de Cataluña fuera de España. Ayer mismo justificó su empecinada determinación de convocar la consulta hasta alcanzar la consulta definitiva en lo ocurrido en la calle en septiembre de 2012. Ni la ley ni el orden parece que le vayan a hacer desistir. Para saltarse la primera, está dispuesto a recurrir a cuantas triquiñuelas sean precisas. Y en cuanto al orden, dispone de organizaciones de masas fuertemente subvencionadas por el poder público para tratar de subvertirlo. Al fin y al cabo, en la base misma de muchos golpes de Estado está la estrategia de la agitación permanente. Sólo que en este caso la agitación no la promueven partidos revolucionarios de derecha o de izquierda clandestinos o semiclandestinos, sino un gobierno nacionalista legalmente constituido. Guste o no, hoy en Cataluña la vanguardia revolucionaria es lo más parecido a La Vanguardia.
La palabra, pues, la tiene ahora el enemigo. O sea, el Gobierno del Estado. Vivimos en un Estado de derecho y, por lo tanto, en una democracia. Y es gracias a esa ley y a ese orden que de ese Estado emanan -y que el presidente Mas se jacta subrepticiamente de saltarse- que los españoles llevamos disfrutando, desde hace cerca de 36 años, de la condición de ciudadanos libres e iguales. Y entre esos españoles, por supuesto, los catalanes. Todos, incluso los que quisieran acabar con el enemigo. Del enemigo y de todos los españoles de bien depende que no lo consigan.
(Crónica Global)
Pero esa amalgama de chulería y pillería -los catalanes algo o muy patrióticos y sus altavoces mediáticos gustan de llamarlo murrieria y le confieren, por supuesto, un altísimo valor-, tuvo su concreción en varios pasajes de su parlamento. Por ejemplo, cuando, tras anunciar que el Proceso seguía adelante, esto es, que habría 9N, se rió de que alguien -no mencionó al presidente del Gobierno español- hubiera dado ya, esa misma mañana, la consulta por desconvocada. O cuando se negó a ofrecer más pistas sobre esa consulta para la que «habrá locales, urnas y papeletas» con el argumento de que el Estado, luego, «lo destroza todo». O, en fin, cuando detalló el mecanismo por el que los catalanes podrán acceder al tan ansiado referéndum -la «consulta definitiva», lo llamó, en tanto que la del 9N, según él, no lo era en su antigua formulación ni lo será en la nueva-, y se sirvió para ello de un argumento tan rebatible como que unas elecciones ordinarias pueden convertirse, si así lo desean las fuerzas políticas partidarias de la independencia -palabra que el presidente de la Generalitat se cuidó muy mucho de pronunciar-, en unas elecciones plebiscitarias.
En resumidas cuentas, Artur Mas se resiste a abandonar su papel bíblico de Moisés, conductor del pueblo de Cataluña fuera de España. Ayer mismo justificó su empecinada determinación de convocar la consulta hasta alcanzar la consulta definitiva en lo ocurrido en la calle en septiembre de 2012. Ni la ley ni el orden parece que le vayan a hacer desistir. Para saltarse la primera, está dispuesto a recurrir a cuantas triquiñuelas sean precisas. Y en cuanto al orden, dispone de organizaciones de masas fuertemente subvencionadas por el poder público para tratar de subvertirlo. Al fin y al cabo, en la base misma de muchos golpes de Estado está la estrategia de la agitación permanente. Sólo que en este caso la agitación no la promueven partidos revolucionarios de derecha o de izquierda clandestinos o semiclandestinos, sino un gobierno nacionalista legalmente constituido. Guste o no, hoy en Cataluña la vanguardia revolucionaria es lo más parecido a La Vanguardia.
La palabra, pues, la tiene ahora el enemigo. O sea, el Gobierno del Estado. Vivimos en un Estado de derecho y, por lo tanto, en una democracia. Y es gracias a esa ley y a ese orden que de ese Estado emanan -y que el presidente Mas se jacta subrepticiamente de saltarse- que los españoles llevamos disfrutando, desde hace cerca de 36 años, de la condición de ciudadanos libres e iguales. Y entre esos españoles, por supuesto, los catalanes. Todos, incluso los que quisieran acabar con el enemigo. Del enemigo y de todos los españoles de bien depende que no lo consigan.
(Crónica Global)
[ Crónica Global ]
Aunque yo soy más bien de cuando la píldora, el DIU también lo hago propio. Entiéndaseme: quiero decir que el dispositivo en cuestión pertenece a mis años más o menos jóvenes, en los que me iba abriendo camino a trompicones y no pasaba día sin que aprendiera algo nuevo. No como hoy, vaya, en que también sigo aprendiendo, para qué negarlo, pero ni mucho menos al mismo ritmo. El DIU es de entonces. En cambio, lo que ahora se lleva es la DUI —al menos en Cataluña y de forma visible—. Hemos pasado, en definitiva, del dispositivo intrauterino a la declaración unilateral de independencia. Me dirán que son los tiempos. Sin duda. Pero yo, qué quieren, lo atribuyo también a cierta dislexia. No en relación con el lenguaje; en relación con la realidad y con la dificultad, la imposibilidad incluso, de aprehenderla. Una dislexia de orden factual, en una palabra. Una confusión mayúscula entre lo divino y lo humano, entre ficción y no ficción, entre el sueño y la vigilia. Y es que el DIU, todo el mundo sabía y sigue sabiendo para qué sirve, mientras que la utilidad de la DUI, como no sea la de excitar la xenofobia y engrosar los bolsillos patrióticos, todavía está por ver.
[ En crisis ]
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Este mes de octubre de 2014 no sólo va a ser recordado como el mes en que se produjo el primer caso de contagio del ébola en España y Europa —eso que el exconsejero Josep Huguet, con su gracejo proverbial, ha calificado de «peste española múltiple», tras asociarlo con la prohibición, por parte de las instituciones del Estado, de celebrar la consulta del 9-N—, sino por la extensión de la violencia en Cataluña. El pasado fin de semana la hija de Josep Ramon Bosch, presidente de Sociedad Civil Catalana, fue acosada en una fiesta popular por unos descerebrados, que la llamaron «fascista» y «nazi» e intentaron acorralarla. El miércoles, la sede de Ciutadans en Lérida fue pintarrajeada por una partida de jóvenes independentistas y decorada con carteles llamando a la desobediencia. El mismo miércoles, en Barcelona, la sede del PSC en el barrio de Les Corts era asaltada por un grupo de estudiantes independentistas, que realizaron pintadas amenazantes dentro y fuera del local y destrozaron parte del mobiliario. (Tanto una sede como otra habían sido ya objeto en el último año de ataques similares.) Y el jueves una decena de miembros de la CUP debidamente enmascarados organizaron un escrache en el domicilio de la dirigente del PP catalán Alicia Sánchez Camacho, a la que habían «señalado» con anterioridad mediante un cartel en el que podía leerse, en catalán: «Señalemos a los que pretenden cortarnos las alas con leyes y tribunales fascistas. ¡Que el miedo cambie de bando!». Todo ello sin que los demás partidos políticos con representación parlamentaria tuvieran a bien condenar alguno de estos hechos. Lo que sí condenaron, en cambio, esta misma semana y a propuesta de ICV-EUiA, fue el ataque sufrido en mayo pasado por una rama del Pi de les Tres Branques. Este es el valor que las fuerzas pro consulta catalanas otorgan a cuantos ciudadanos disienten de sus propósitos: menos que una rama.
Falta un mes escaso para el 9-N y todo indica que a Mas la situación se le ha ido de las manos —si es que alguna vez la tuvo bajo control—. Y esto es sólo el principio. Conviene estar vigilantes, pues. Democráticamente vigilantes.
(ABC, 11 de octubre de 2014)
Falta un mes escaso para el 9-N y todo indica que a Mas la situación se le ha ido de las manos —si es que alguna vez la tuvo bajo control—. Y esto es sólo el principio. Conviene estar vigilantes, pues. Democráticamente vigilantes.
(ABC, 11 de octubre de 2014)
[ Porque hoy es sábado ]
Hará cosa de un año, le leí a un nacionalista conspicuo, de esos que martillean sin descanso a los que no piensan como él, una curiosa teoría. Decía el hombre que ya estaba bien de denunciar el modelo de inmersión lingüística y, en general, la escuela catalana por su adoctrinamiento. Que sí, que de acuerdo, que la escuela catalana tal vez adoctrinara a niños y a no tan niños inculcándoles una determinada visión del mundo, unas ideas y unas creencias, pero que algo parecido y sin duda más grave había hecho en su momento la escuela franquista, sin que tal práctica dejara en los sufridos escolares de antaño otra secuela que una muy sana aversión a toda clase de totalitarismos. En una palabra, que incluso en el supuesto de que el adoctrinamiento de ahora fuera en verdad tan opresivo como el de entonces nada había que temer, dado que la rebelión ciudadana, cuando menos en el orden del pensamiento, estaba garantizada.
Pero este no ha sido el caso, como bien sabe el conspicuo nacionalista. Quizá por eso traza el paralelismo entre un tiempo y otro y se queda tan pancho. Y no ha sido el caso porque no es lo mismo adoctrinar en un régimen dictatorial, sin libertades, donde en apariencia todo es impuesto, que hacerlo en uno democrático, donde las formas coercitivas son mucho más sutiles y difíciles de detectar y, en consecuencia, mucho menos sujetas al rechazo frontal, a la crítica y hasta a la parodia. Pero el pasado viernes, escuchando el discurso de agradecimiento de Inger Enkvist por el Premio a la Tolerancia que acababa de serle concedido, comprendí que, aparte de esa diferencia, hay otra más honda y no privativa, por cierto, de la enseñanza catalana. Se refirió Enkvist en su parlamento al impacto de la posmodernidad en el pensamiento contemporáneo y, en concreto, a la penetración que ha tenido en el mundo de la educación y en los medios de comunicación —dos de los pilares en que se sustenta cualquier régimen de libertades— la creencia de que la verdad no existe, de que cada uno posee su propia verdad, de que la realidad, en definitiva, es inaprensible, por lo que todo intento de entenderla y de traspasar ese conocimiento a las generaciones futuras estará condenado al fracaso.
No sé si reparan en el efecto que una operación de este tipo puede tener sobre las conciencias, tan maleables, de un escolar, un bachiller o incluso de un universitario. Se trata, en el fondo, de una suerte de lavado integral, de conversión en tabula rasa, cuya principal víctima es el conocimiento. Si nada es verdad, si todo puede ser mentira, ¿qué sentido tiene transmitir el saber? ¿Para qué la historia, la filosofía, el arte, la cultura, la ciencia, si todas esas disciplinas están sujetas, al cabo, a una constante impugnación de sus contenidos? No es de extrañar, en semejante contexto, el éxito alcanzado por el constructivismo entre los maestros o la porfía con que los profesionales de la información aluden a las versiones de los hechos para no tener que enfrentarse con la verdadera naturaleza de esos mismos hechos. Esa dejación de responsabilidad por parte de docentes y periodistas, esa desertización del pensamiento del niño, del adolescente y, en buena medida, del adulto, esa penetración incontrolada del relativismo, constituyen un terreno abonado para los prejuicios, las ficciones, la intolerancia y el esencialismo. O sea, para todo aquello que suele acarrear el nacionalismo en cualquiera de sus formas.
Lo curioso es que esa obra de derribo de la educación de raíz liberal —la que se asentó en el primer tercio del siglo XX y, mal que bien, siguió en pie durante el franquismo— fue cosa de la izquierda española, encabezada por el entonces mayoritario PSOE, allá por los ochenta y noventa del mismo siglo. Quiero decir que el nacionalismo de CIU y PNV, hegemónico en Cataluña y el País Vasco y de perfil marcadamente conservador, se limitó a verlas venir. Y a aprovecharse de lo que vino, claro está.
Me temo que nunca ponderaremos lo suficiente la responsabilidad de la izquierda española en el auge de los nacionalismos tristemente históricos.
(Crónica Global)
Pero este no ha sido el caso, como bien sabe el conspicuo nacionalista. Quizá por eso traza el paralelismo entre un tiempo y otro y se queda tan pancho. Y no ha sido el caso porque no es lo mismo adoctrinar en un régimen dictatorial, sin libertades, donde en apariencia todo es impuesto, que hacerlo en uno democrático, donde las formas coercitivas son mucho más sutiles y difíciles de detectar y, en consecuencia, mucho menos sujetas al rechazo frontal, a la crítica y hasta a la parodia. Pero el pasado viernes, escuchando el discurso de agradecimiento de Inger Enkvist por el Premio a la Tolerancia que acababa de serle concedido, comprendí que, aparte de esa diferencia, hay otra más honda y no privativa, por cierto, de la enseñanza catalana. Se refirió Enkvist en su parlamento al impacto de la posmodernidad en el pensamiento contemporáneo y, en concreto, a la penetración que ha tenido en el mundo de la educación y en los medios de comunicación —dos de los pilares en que se sustenta cualquier régimen de libertades— la creencia de que la verdad no existe, de que cada uno posee su propia verdad, de que la realidad, en definitiva, es inaprensible, por lo que todo intento de entenderla y de traspasar ese conocimiento a las generaciones futuras estará condenado al fracaso.
No sé si reparan en el efecto que una operación de este tipo puede tener sobre las conciencias, tan maleables, de un escolar, un bachiller o incluso de un universitario. Se trata, en el fondo, de una suerte de lavado integral, de conversión en tabula rasa, cuya principal víctima es el conocimiento. Si nada es verdad, si todo puede ser mentira, ¿qué sentido tiene transmitir el saber? ¿Para qué la historia, la filosofía, el arte, la cultura, la ciencia, si todas esas disciplinas están sujetas, al cabo, a una constante impugnación de sus contenidos? No es de extrañar, en semejante contexto, el éxito alcanzado por el constructivismo entre los maestros o la porfía con que los profesionales de la información aluden a las versiones de los hechos para no tener que enfrentarse con la verdadera naturaleza de esos mismos hechos. Esa dejación de responsabilidad por parte de docentes y periodistas, esa desertización del pensamiento del niño, del adolescente y, en buena medida, del adulto, esa penetración incontrolada del relativismo, constituyen un terreno abonado para los prejuicios, las ficciones, la intolerancia y el esencialismo. O sea, para todo aquello que suele acarrear el nacionalismo en cualquiera de sus formas.
Lo curioso es que esa obra de derribo de la educación de raíz liberal —la que se asentó en el primer tercio del siglo XX y, mal que bien, siguió en pie durante el franquismo— fue cosa de la izquierda española, encabezada por el entonces mayoritario PSOE, allá por los ochenta y noventa del mismo siglo. Quiero decir que el nacionalismo de CIU y PNV, hegemónico en Cataluña y el País Vasco y de perfil marcadamente conservador, se limitó a verlas venir. Y a aprovecharse de lo que vino, claro está.
Me temo que nunca ponderaremos lo suficiente la responsabilidad de la izquierda española en el auge de los nacionalismos tristemente históricos.
(Crónica Global)
[ Crónica Global ]
Buenas tardes.
Conocí a Inger Enkvist allá por 2009. No personalmente —este deseo no he podido satisfacerlo hasta hoy—, sino como experta en educación que no formaba parte, para mi sorpresa, de la interminable legión de partidarios del pedagogismo y, pues, de la comprensividad, el constructivismo y demás monsergas educativas. Si no recuerdo mal, fue gracias a internet como tuve acceso a un texto suyo en el que hablaba de la educación en Suecia. Fue para mí una revelación, ya que, por lo que Inger contaba, lo sucedido en aquel país desde que en 1969 se implantara la enseñanza obligatoria hasta los 16 años coincidía, mutatis mutandis, con lo que había sucedido en el nuestro desde que en 1990, Logse mediante, se hizo lo propio. Sólo que con más de dos décadas de distancia entre uno y otro experimento y sin que la experiencia sueca hubiera servido para nada —como tampoco había servido, por cierto, la francesa, tan bien descrita en 1984 por Jacqueline de Romilly, en ese libro de referencia que es L’enseignement en détresse (La enseñanza en peligro)—. O sea, sin que hubiera servido para lo único que podía servir: para no repetirla. Pero lo que realmente me reveló la personalidad de Inger fue su comparecencia, aquel mismo 2009, en la Comisión de Educación del Parlamento de Cataluña. Las imágenes están colgadas en la red y seguro que muchos de vosotros las habréis visto. Inger fue invitada a comparecer, a propuesta de CIU, para que diera su opinión sobre el proyecto de Ley de Educación que se estaba cocinando entonces en la Cámara autonómica. Y la dio, vaya si la dio. De su comparecencia se pueden sacar ante todo dos lecciones. La primera es que Inger habla mucho mejor el español que la hoy consejera Irene Rigau —lo que explica tal vez por qué Rigau ha llegado a consejera de Educación de la Generalitat e Inger, en cambio, se ha tenido que conformar con recibir el Premio a la Tolerancia—. Y la segunda lección es que Josep Pla tenía razón: en Cataluña no hay suecos. Tal vez alguno de vosotros recuerde la anécdota. Está en Notes del capvesprol, el último gran dietario de Pla, escrito en 1976. Allí Pla dice lo que sigue: «El señor Jordi Pujol (…) propuso para este país, al principio de su actuación, el sistema socialista de Suecia. Resulta, sin embargo, que aquí hay muy pocos suecos —poquísimos, y en la calle, ninguno—. Lo que hay en este país, señor Pujol, son catalanes y gente del país. Con el programa escandinavo —que usted desconoce por completo—, el señor Pujol intenta engatusar al país y ganar los votos y gobernar, porque este milhombres tiene una ambición terrible. El señor Pujol tiene dinero y ambición. No me parece mal. Ahora bien: el programa escandinavo le durará un instante y se va a quedar con un palmo de narices». Sobra añadir que Pla llevaba toda la razón.
Pues bien, por más que en este país siga sin haber suecos —o acaso por ello—, tuvo que ser una sueca —no socialdemócrata, es verdad— la que se desplazara hasta aquí y devolviera a sus señorías a la realidad. O sea, la que les recordara que el proyecto de ley que tenían entre manos no guardaba ninguna relación con los problemas de la enseñanza en Cataluña; la que les advirtiera de la inconsecuencia de despreciar el valor del conocimiento en plena sociedad del conocimiento; la que pusiera el acento en la importancia de los resultados y no en la bondad de las intenciones, en los hechos y no en la palabrería; la que les recordara el papel cenital del profesor, y la que les hiciera reparar en la perversión de una enseñanza que no persigue la calidad, la excelencia, sino tan sólo una igualdad mal entendida. Tuvo que ser, en fin, una sueca la que restituyera, ante sus señorías, el principio de realidad.
Y, ya para terminar, una paradoja. Hoy todo el mundo está de acuerdo en que el comunismo, como sistema de organización social, ha sido un fracaso, por no decir una tragedia. Eso de aspirar a que todo el mundo sea igual es profundamente inhumano y no genera más que pobreza y miseria. Una cosa es la igualdad de derechos y de deberes de los ciudadanos —base de todo sistema democrático y garantía de nuestra convivencia y nuestra libertad— y otra muy distinta el igualitarismo redentor. ¿Por qué empecinarse, pues, en trasladar ese igualitarismo a la escuela? ¿Por qué empecinarse en implantar un sistema educativo que penaliza el esfuerzo y el mérito, niega la diferencia y la excelencia, y coarta la libertad —un sistema que es, en definitiva, tan parecido al comunismo—? Misterio. En todo caso, gracias a la labor de personas como Inger Enkvist podemos, al menos, plantearnos esas preguntas y hacerlo con pleno conocimiento de causa.
Muchas gracias, Inger, por tu trabajo y por tu ejemplo y enhorabuena por este premio tan merecido.
(3 de octubre de 2014)
Conocí a Inger Enkvist allá por 2009. No personalmente —este deseo no he podido satisfacerlo hasta hoy—, sino como experta en educación que no formaba parte, para mi sorpresa, de la interminable legión de partidarios del pedagogismo y, pues, de la comprensividad, el constructivismo y demás monsergas educativas. Si no recuerdo mal, fue gracias a internet como tuve acceso a un texto suyo en el que hablaba de la educación en Suecia. Fue para mí una revelación, ya que, por lo que Inger contaba, lo sucedido en aquel país desde que en 1969 se implantara la enseñanza obligatoria hasta los 16 años coincidía, mutatis mutandis, con lo que había sucedido en el nuestro desde que en 1990, Logse mediante, se hizo lo propio. Sólo que con más de dos décadas de distancia entre uno y otro experimento y sin que la experiencia sueca hubiera servido para nada —como tampoco había servido, por cierto, la francesa, tan bien descrita en 1984 por Jacqueline de Romilly, en ese libro de referencia que es L’enseignement en détresse (La enseñanza en peligro)—. O sea, sin que hubiera servido para lo único que podía servir: para no repetirla. Pero lo que realmente me reveló la personalidad de Inger fue su comparecencia, aquel mismo 2009, en la Comisión de Educación del Parlamento de Cataluña. Las imágenes están colgadas en la red y seguro que muchos de vosotros las habréis visto. Inger fue invitada a comparecer, a propuesta de CIU, para que diera su opinión sobre el proyecto de Ley de Educación que se estaba cocinando entonces en la Cámara autonómica. Y la dio, vaya si la dio. De su comparecencia se pueden sacar ante todo dos lecciones. La primera es que Inger habla mucho mejor el español que la hoy consejera Irene Rigau —lo que explica tal vez por qué Rigau ha llegado a consejera de Educación de la Generalitat e Inger, en cambio, se ha tenido que conformar con recibir el Premio a la Tolerancia—. Y la segunda lección es que Josep Pla tenía razón: en Cataluña no hay suecos. Tal vez alguno de vosotros recuerde la anécdota. Está en Notes del capvesprol, el último gran dietario de Pla, escrito en 1976. Allí Pla dice lo que sigue: «El señor Jordi Pujol (…) propuso para este país, al principio de su actuación, el sistema socialista de Suecia. Resulta, sin embargo, que aquí hay muy pocos suecos —poquísimos, y en la calle, ninguno—. Lo que hay en este país, señor Pujol, son catalanes y gente del país. Con el programa escandinavo —que usted desconoce por completo—, el señor Pujol intenta engatusar al país y ganar los votos y gobernar, porque este milhombres tiene una ambición terrible. El señor Pujol tiene dinero y ambición. No me parece mal. Ahora bien: el programa escandinavo le durará un instante y se va a quedar con un palmo de narices». Sobra añadir que Pla llevaba toda la razón.
Pues bien, por más que en este país siga sin haber suecos —o acaso por ello—, tuvo que ser una sueca —no socialdemócrata, es verdad— la que se desplazara hasta aquí y devolviera a sus señorías a la realidad. O sea, la que les recordara que el proyecto de ley que tenían entre manos no guardaba ninguna relación con los problemas de la enseñanza en Cataluña; la que les advirtiera de la inconsecuencia de despreciar el valor del conocimiento en plena sociedad del conocimiento; la que pusiera el acento en la importancia de los resultados y no en la bondad de las intenciones, en los hechos y no en la palabrería; la que les recordara el papel cenital del profesor, y la que les hiciera reparar en la perversión de una enseñanza que no persigue la calidad, la excelencia, sino tan sólo una igualdad mal entendida. Tuvo que ser, en fin, una sueca la que restituyera, ante sus señorías, el principio de realidad.
Y, ya para terminar, una paradoja. Hoy todo el mundo está de acuerdo en que el comunismo, como sistema de organización social, ha sido un fracaso, por no decir una tragedia. Eso de aspirar a que todo el mundo sea igual es profundamente inhumano y no genera más que pobreza y miseria. Una cosa es la igualdad de derechos y de deberes de los ciudadanos —base de todo sistema democrático y garantía de nuestra convivencia y nuestra libertad— y otra muy distinta el igualitarismo redentor. ¿Por qué empecinarse, pues, en trasladar ese igualitarismo a la escuela? ¿Por qué empecinarse en implantar un sistema educativo que penaliza el esfuerzo y el mérito, niega la diferencia y la excelencia, y coarta la libertad —un sistema que es, en definitiva, tan parecido al comunismo—? Misterio. En todo caso, gracias a la labor de personas como Inger Enkvist podemos, al menos, plantearnos esas preguntas y hacerlo con pleno conocimiento de causa.
Muchas gracias, Inger, por tu trabajo y por tu ejemplo y enhorabuena por este premio tan merecido.
(3 de octubre de 2014)
[ Por lo demás ]
«No hay justificación posible a lo ocurrido, como no sea la de la más auténtica locura. No puede explicarse políticamente, porque para discrepar del Gobierno central y hasta para combatirlo, si lo estimaba necesario, no había ninguna necesidad de que el Gobierno autónomo se alzase en armas, pues donde precisamente los gobiernos se derriban con más facilidad es en el terreno parlamentario y con posiciones políticas, no en la calle y con barricadas anacrónicas. Tampoco la cosa tiene ni siquiera esa justificación relativa que podríamos llamar técnica revolucionaria, porque para intentar algo como lo que se pretendía hacer, es necesario contar de antemano con un mínimo de organización y con fuerzas que al menos vagamente se equilibren y puedan medirse con las que, sin duda alguna, habrá de oponer a ellas el Estado agredido. Y aquí se ha visto y demostrado que no había absolutamente nada, que faltaba todo, porque el tot o res era realmente res: nada. Pero, patrióticamente, desde el punto de vista catalán puro, eso, no sólo no tiene justificación alguna, sino que lo archijustificado es todo lo contrarío, porque los ideales y la realidad de Cataluña, iluminados por los terribles reflectores de una monstruosa incapacidad semejante, sufren en toda España, en todo el mundo y —lo que es más sensible— en el corazón mismo de un inmenso número de catalanes, una depreciación irreparable. Así como hay hombres que, en una noche de horror, encanecen súbitamente, Cataluña, con su ideal de autonomía, en la noche del 6 al 7 de octubre envejeció de manera espantosa…»
«El desastroso epílogo», nota editorial de La Vanguardia, 9-10-1934
«El desastroso epílogo», nota editorial de La Vanguardia, 9-10-1934
[ En crisis ]
Yo los echaba en falta, la verdad. Si toda Cataluña está en la calle; si la entrega de periodistas y maestros a la causa independentista es absoluta; si en el mundo de la cultura no cabe ya ni una triste adherencia; si todo eso, dicen, es así, ¿dónde demonios se esconden los poetas, por qué no cantan? Afortunadamente, anteayer más de 250 ejemplares de esa especie tan preciada y querida en Cataluña, tan intricada en el nervio nacional, desde el pobre Aribau —por más que él lo ignorase— hasta el mismísimo Llach, pasando por los flameantes Ventura Gassol, Salvador Espriu i Miquel Martí i Pol, rompieron ese silencio. Sí, los poetas catalanes ya cantan, todos a una, como uno de esos orfeones de barrio que tantos domingos de gloria han dado a la tradición coral del país. Entre el cuarto de millar de patriotas que han suscrito ese «Manifiesto de los poetas catalanes por la independencia de Cataluña» hay mucha variedad, como es natural, si bien abundan los funcionarios o exfuncionarios, o sea, los erariopúblicodependientes. Nada nuevo, por otra parte, si se repara en que son poetas pero también catalanes. Y comoquiera que yo, en mis años mozos, pertenecí —perdonadme— al gremio de la lírica, se da el caso de que conozco a unos cuantos de los firmantes. En la lista figuran, por ejemplo, mis viejos amigos Carles Camps y Josep Maria Fulquet, a los que he leído y con placer. De ahí que no pueda siquiera imaginar que hayan tenido algo que ver con la redacción de un documento cuya prosa funcionarial, en la que chirría incluso algún solecismo, surge por fuerza de la ingesta de la normalización lingüística. Pero, claro, como suele ocurrir, a la estulticia estilística se le superpone la argumental. Y aquí sí que la presencia de mis viejos amigos en la nómina de rubricantes resulta para mí, además de incomprensible, de todo punto triste y lamentable. Alguien capaz de suscribir un texto que termina afirmando «Queremos ser un pueblo y vivir como un pueblo para decir realmente que somos un pueblo», es alguien que no sólo padece un aldeanismo febril, sino que muy probablemente no está ya en sus cabales.
(ABC, 5 de octubre de 2014)
(ABC, 5 de octubre de 2014)
[ Porque hoy es sábado ]
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(José Ortega y Gasset, "Nota oficiosa del hombre de la calle", El Sol, 9-12-1917)
[ El viejo periodismo ]
Es posible que en los anales del periodismo español el ascenso de Hitler al poder quede asociado a un nombre, el del sevillano Manuel Chaves Nogales. Hay motivo. Su reportaje sobre los primeros compases del régimen nazi, realizado entre marzo y abril de 1933 —esto es, justo después de las elecciones en las que el ya canciller Adolf Hitler obtuvo un contundente triunfo electoral, cercano a la mayoría absoluta— y cuyas entregas fueron apareciendo en el diario Ahora a lo largo de la segunda quincena de aquel mes de mayo, se cuenta entre los mejores que escribió el propio Chaves y también entre lo mejor de cuanto se escribió por entonces en España sobre el particular. Rescatado por Maribel Cintas en 2001 en el primero de los dos volúmenes de su Obra periodística —reeditada en 2013 por la Diputación de Sevilla, en tres tomos y sensiblemente enriquecida—, el trabajo del sevillano, titulado «Cómo se vive en los países de régimen fascista. Alemania bajo el poder de Hitler», conoció hace año y medio una edición autónoma en libro (Bajo el signo de la esvástica, Almuzara, 2012) cuya aceptación por parte del público ha sido más que notable. Y es justamente el hecho de que ese reportaje incluya una semblanza de Joseph Goebbels, tan justa y precisa como despiadada, y de que ello le valiera a Chaves el figurar ya desde entonces en la lista negra del régimen nacionalsocialista —hasta el punto de que la Gestapo, nada más caer París en manos alemanas a mediados de junio de 1940 y con el periodista ya camino de su segundo exilio en Londres, se presentó en su domicilio para llevárselo detenido—, lo que hace que su nombre se vincule hoy en gran medida al de la primerísima denuncia del nazismo.
Y, aun así, existen otros nombres en la historia del periodismo español que merecen tanto como el suyo un reconocimiento a su labor en aquel trance. Por ejemplo, el del catalán Eugeni Xammar, corresponsal del propio diario Ahora en Berlín —fue el anfitrión y acompañante de Chaves durante la realización del mencionado reportaje— y notario excepcional de la Alemania de los años veinte y treinta, como puede comprobarse en las crónicas recogidas en volumen por la editorial Acantilado (El huevo de la serpiente, correspondientes al periodo 1922-1924, y Crónicas desde Berlín, una selección de las publicadas entre 1930 y 1936). Xammar, a quien su amigo Josep Pla había definido como «el hombre más inteligente que conozco, el que tiene el ojo clínico más seguro», abandonó la corresponsalía al poco de empezar la guerra civil española ante la evidencia de que, siendo como era un republicano confeso, su vida, o cuando menos su libertad, no estaba en absoluto garantizada en aquella Alemania donde la embajada que debía asistirle había pasado a manos de los sublevados. Pero Xammar, al cabo, no tuvo que salir del país por lo que había escrito o dicho en el ejercicio de su oficio, sino más bien por mantenerse al lado de la legalidad republicana. No fue este el caso del cordobés Antonio Bermúdez Cañete, corresponsal de El Debate en la capital alemana desde octubre de 1932. A comienzos de febrero de 1935, Bermúdez Cañete se vio obligado a dejar la corresponsalía al acusarle el Ministerio de Propaganda de Goebbels de publicar una noticia sobre la salud de Hitler supuestamente falsa. Pero, como ha explicado Emilio de Diego García en Antonio Bermúdez Cañete: periodista, economista, político (Editorial Actas, 2008), las razones de la expulsión fueron en realidad muy otras. Si sus crónicas habían sido hasta entonces relativamente favorables al nuevo régimen —excepto en lo tocante a la persecución de los judíos y al enfrentamiento del Gobierno de Hitler con la Iglesia Católica—, a raíz del plebiscito del Sarre, celebrado a mediados de enero de 1935, la intensidad de sus críticas a la «locura racista» y al nacionalsocialismo había ido en aumento. De ahí su expulsión, que no sólo fue comunicada a los lectores por el propio afectado en su última crónica berlinesa, sino también por El Debate, que salió en defensa de Bermúdez y hasta se negó, en protesta por lo sucedido, a sustituirle en el puesto de corresponsal.
Bien es cierto que la expulsión de un periodista extranjero en Alemania ya no constituía por entonces noticia alguna. Como no la constituía, por desgracia, la detención o internamiento en un campo de concentración de uno nacido en el mismo país. O el cierre, temporal o definitivo, de un periódico. La cosa había empezado mucho antes. Un mero repaso a la prensa española de los primeros meses de 1933, coincidiendo, pues, con el ascenso de Hitler al poder, da fe de ello. Bajo los epígrafes «Alemania», «La situación en Alemania», «La política alemana» o «Bajo el mando de Hitler», pueden leerse, desde mediados de febrero hasta finales de mayo, titulares como los que siguen: «Periódicos centristas suspendidos»; «Es expulsado un corresponsal francés por no haber transmitido la versión oficial del incendio del Reichstag»; «Enérgicas medidas contra los corresponsales extranjeros» —entre otras, una «rigurosa censura» de los telegramas que enviaban—; «Periódico suspendido» —el prestigioso Berliner Tageblatt, que un mes más tarde sería adquirido por empresarios afines al régimen; el mismo día de la suspensión, los Cascos de Acero izaban la bandera imperial en la agencia de noticias Wolff—; «Periodista norteamericano detenido»; «Periódicos extranjeros prohibidos»; «Periodista inglés detenido»; «Registro en el Volksblatt»; «Los periódicos franceses no entran en Alemania», etc. Semejante panorama fue tensando, como es lógico, la relación entre el Gobierno del Reich y la Federación de la Prensa Extranjera en Berlín. Y en especial cuando, a principios de abril de 1933, el Gobierno alemán exigió la dimisión del presidente de la Federación, el estadounidense Edgar Mowrer, corresponsal del Chicago Daily News, por ser autor de un libro reportaje sobre el país, Germany puts the clock back (Alemania atrasa el reloj), que no dejaba el régimen de Hitler en muy buen lugar. (Finalmente, a pesar de las amenazas y del peligro al que estaba expuesto, Mowrer permanecería en Alemania hasta el célebre congreso de Nuremberg, en septiembre de aquel mismo año.) Aparte de Xammar y Bermúdez Cañete, otro periodista español que estuvo allí fue Augusto Assía. O Felipe Fernández Armesto, que a las personas hay que llamarlas por su nombre aunque a veces sean recordadas por otro. «Augusto Assía» fue el seudónimo al que recurrió Felipe Fernández Armesto cuando, estando ya en Alemania y escribiendo ya en los papeles madrileños —donde firmaba, claro, con su nombre—, empezó a mandar crónicas a La Vanguardia, esto es, a uno de la competencia. En enero de 1933, el joven periodista —tenía apenas 26 años— sólo colaboraba en el diario de Gaziel y Godó, pero a finales de febrero, en vísperas de las nuevas elecciones al Reichstag, le encontramos igualmente en La Libertad, donde ya había publicado con anterioridad. Y así será hasta que venza aquel mes de mayo y deba abandonar el país y refugiarse unos días en Holanda para terminar recalando en Londres, como corresponsal de La Vanguardia.
Si Bermúdez Cañete había llegado a Berlín a finales de 1932, Assía lo había hecho cuatro años antes, como estudiante becado en la Universidad Humboldt. Y, curiosamente, quien le había recibido era el propio Xammar. Assía había llegado a la capital alemana con una carta de recomendación escrita por Julio Camba —a quien el futuro corresponsal había conocido en Santiago de Compostela el verano anterior, cuando Camba intentaba que el escultor Juan Cristóbal pudiera encaramarse al Pórtico de la Gloria de la Catedral— y Xammar había considerado que «un joven por el que Camba escribe una carta debe ser tan importante que no me atrevo a invitarle a lugar más modesto que el [hotel] Adlon». Y es que, por entonces, Assía, además de estudiante, era ya un periodista en ciernes. Había debutado en El Pueblo Gallego de Vigo y enseguida empezaría a colaborar, con sus crónicas berlinesas, en El Sol, Abc, Informaciones o La Libertad de Madrid. Y a partir de julio de 1929 también en La Vanguardia de Barcelona. De ahí que cuando Hitler accede al poder, el 30 de enero de 1933, Assía sea ya uno de los corresponsales de prensa españoles radicados en Berlín más experimentados —con la excepción, claro, del incombustible Xammar—. Y, al igual que la mayoría de ellos, un corresponsal múltiple, que debe escribir en más de un medio para ganarse cada mes el sustento.
Assía, como se ha dicho, lo hace en La Vanguardia y, desde finales de febrero, también en La Libertad. Un diario conservador y más o menos catalanista y otro republicano y de izquierdas. Pero esa duplicidad ideológica de las cabeceras en que colabora no parece afectar en modo alguno el tono o el contenido de sus artículos. Lo mismo en La Vanguardia que en La Libertad —donde viene a publicar, sumadas las de ambos medios, entre doce y quince piezas al mes— sus crónicas se ajustan a los hechos y no llevan otro aliño que el de la interpretación fría y documentada. Nada hay en ellas que pueda ser calificado de denuncia o de ensalzamiento. Lo que más abunda, si acaso, es la mesura, la ponderación desapasionada, ya se trate de crónicas políticas, ya estén estas más decantadas hacia lo social —–las relativas a la situación de los judíos, por ejemplo, o al ambiente que se respira en la calle— o lo cultural —las dedicadas a la universidad o a la libertad de información—. Como es natural, semejante prudencia en los juicios puede obedecer a una estrategia del corresponsal para evitarse problemas con la censura. Pero, sea lo que fuere, lo finalmente publicado no permite pensar de ninguna de las maneras que Assía fuera para el régimen eso que llaman un incordio, y no digamos ya un indeseable.
Y, aún así, también a él le llegó la hora. Es decir, la hora del enfrentamiento con Goebbels. Según relató el propio Assía al cabo de los años en distintas entrevistas —puesto que, al contrario de lo sucedido con Bermúdez Cañete y El Debate, ni La Vanguardia ni La Libertad aludieron para nada al asunto en ningún suelto—, fue en una conferencia de prensa en la que al periodista se le ocurrió preguntarle al ministro de Propaganda del Reich «si las SS habían procedido en Kiel contra tres sacerdotes que aparecieron muertos». Es de suponer que hubo más de una pregunta; que hubo, por así decirlo, cierta insistencia por parte de Assía ante la negativa a responder de su interlocutor. En todo caso, ello bastó para que el corresponsal se viera conminado a abandonar el país en busca de otro destino periodístico. Es más, a juzgar por lo recogido por Ramón J. Sender —otro colaborador de La Libertad que pasaba entonces por allí, camino de la Unión Soviética— en una de sus crónicas —datada en mayo de 1933, aunque publicada el 2 de junio—, antes de la expulsión hubo detención: «Como me hacían esperar demasiado y tenía noticia de que el colaborador de La Libertad y querido amigo Fernández Armesto estaba detenido en el mismo edificio [el de la Jefatura de Policía de Berlín] —ahora está ya en libertad, en Holanda—, comencé a protestar en español (…)». En efecto, Assía salió de Alemania por Holanda, y al poco recalaba en Inglaterra, donde iba a permanecer una larga década al servicio de La Vanguardia y de los intereses del mundo libre. Y donde empezaría a forjarse su personalidad. Y, si no a forjarse, sí a asentarse. Así lo reconocía el propio interesado cuarenta años más tarde: «Después de las experiencias de la descomposición de la dictadura en España y después de los avatares de la amenaza nazista en Alemania, el equilibrio inglés fue la gran revelación de mi vida y el estabilizador que no había de abandonarme más». Pero esa es ya otra historia.
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Duplicidades
Aunque sólo fuera por el uso periodístico de nombre y seudónimo, a Augusto Assía podría tenérsele ya por una suerte de Jano. Pero en su vida, y en la aureola que siempre le acompañó, se dan otras duplicidades, además de la señalada. Por ejemplo, la que resulta de la creencia de que Garbo, el famoso agente doble que tanto contribuyó al éxito del desembarco de Normandía y, en definitiva, a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, era, en realidad, el propio Assía. O, pasando ya al campo ideológico, la que unía a su condición de franquista de la première heure la de «muy poco franquista» —por decirlo con sus propias palabras—, concretada la primera en su apoyo al bando nacional en la guerra civil y su buena relación con el mismísimo general Franco, y la segunda, en su aliadofilia y su notorio liberalismo. Con todo, acaso la duplicidad más llamativa en lo que aquí nos concierne, por cuanto tiene que ver con sus años berlineses, es la que se daba entre su presunta militancia comunista y su anticomunismo visceral, tantas veces exhibido. Llamativa y hasta cierto punto misteriosa, ya que el propio interesado siempre negó esa vinculación partidista. Así, cuando en 1998, con 92 años a cuestas, fue entrevistado en el programa Ayer de Radio Exterior y se le preguntó por ese episodio de su vida y, en concreto, por un fragmento de las memorias de Enrique Líster en las que este afirma que en septiembre de 1932 pasó quince días en Berlín «en casa de Felipe Fernández Armesto, paisano y camarada de Partido en esa época», y que este «era el enlace intermedio» entre los dirigentes del Buró Político y su también paisano Gabriel León Trilla, delegado del PCE en la Internacional Comunista; cuando se le preguntó por ello en la entrevista radiofónica, Assía respondió que era mentira, que él nunca había tenido casa en Berlín, que Líster lo había inventado todo y que, en fin, la historia era completamente ridícula. Ridícula o no, parece que la militancia de Assía está bastante documentada. No son sólo las memorias de Líster; también Queridos camaradas, el ensayo de Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo sobre la Internacional Comunista y España (Planeta, 1999), donde se recuerda que a fines de diciembre de 1932 se constituía en Madrid la Unión de Escritores Proletarios y Revolucionarios, de la que Assía, «oscuro personaje que acabará siendo expulsado de estos círculos por “fascistizante”», será elegido secretario. Y más adelante, en fin, el trabajo de Natalia Kharitonova sobre «la Internacional Comunista, la MORP y el movimiento de artistas revolucionarios españoles (1931-1934)», publicado en 2005 y donde se describe, partiendo de los archivos estatales soviéticos de la cultura y de las artes, el muy importante papel desempeñado entonces por Assía en el PCE, partido del que era dirigente y al que se había afiliado, al parecer, en sus años estudiantiles en Santiago de Compostela.
Todo lo cual, por supuesto, no es incompatible con lo que el propio Assía admite haber sido la causa de su expulsión de Alemania. Pero, conociendo la eficacia de los servicios de inteligencia del aparato nacionalsocialista, nada impide imaginar, claro está, que su militancia política tuviera también algo que ver con esa detención a la que alude Sender —compañero asimismo de partido— y con su definitiva expulsión del país.
(La Aventura de la Historia, agosto de 2014)
Y, aun así, existen otros nombres en la historia del periodismo español que merecen tanto como el suyo un reconocimiento a su labor en aquel trance. Por ejemplo, el del catalán Eugeni Xammar, corresponsal del propio diario Ahora en Berlín —fue el anfitrión y acompañante de Chaves durante la realización del mencionado reportaje— y notario excepcional de la Alemania de los años veinte y treinta, como puede comprobarse en las crónicas recogidas en volumen por la editorial Acantilado (El huevo de la serpiente, correspondientes al periodo 1922-1924, y Crónicas desde Berlín, una selección de las publicadas entre 1930 y 1936). Xammar, a quien su amigo Josep Pla había definido como «el hombre más inteligente que conozco, el que tiene el ojo clínico más seguro», abandonó la corresponsalía al poco de empezar la guerra civil española ante la evidencia de que, siendo como era un republicano confeso, su vida, o cuando menos su libertad, no estaba en absoluto garantizada en aquella Alemania donde la embajada que debía asistirle había pasado a manos de los sublevados. Pero Xammar, al cabo, no tuvo que salir del país por lo que había escrito o dicho en el ejercicio de su oficio, sino más bien por mantenerse al lado de la legalidad republicana. No fue este el caso del cordobés Antonio Bermúdez Cañete, corresponsal de El Debate en la capital alemana desde octubre de 1932. A comienzos de febrero de 1935, Bermúdez Cañete se vio obligado a dejar la corresponsalía al acusarle el Ministerio de Propaganda de Goebbels de publicar una noticia sobre la salud de Hitler supuestamente falsa. Pero, como ha explicado Emilio de Diego García en Antonio Bermúdez Cañete: periodista, economista, político (Editorial Actas, 2008), las razones de la expulsión fueron en realidad muy otras. Si sus crónicas habían sido hasta entonces relativamente favorables al nuevo régimen —excepto en lo tocante a la persecución de los judíos y al enfrentamiento del Gobierno de Hitler con la Iglesia Católica—, a raíz del plebiscito del Sarre, celebrado a mediados de enero de 1935, la intensidad de sus críticas a la «locura racista» y al nacionalsocialismo había ido en aumento. De ahí su expulsión, que no sólo fue comunicada a los lectores por el propio afectado en su última crónica berlinesa, sino también por El Debate, que salió en defensa de Bermúdez y hasta se negó, en protesta por lo sucedido, a sustituirle en el puesto de corresponsal.
Bien es cierto que la expulsión de un periodista extranjero en Alemania ya no constituía por entonces noticia alguna. Como no la constituía, por desgracia, la detención o internamiento en un campo de concentración de uno nacido en el mismo país. O el cierre, temporal o definitivo, de un periódico. La cosa había empezado mucho antes. Un mero repaso a la prensa española de los primeros meses de 1933, coincidiendo, pues, con el ascenso de Hitler al poder, da fe de ello. Bajo los epígrafes «Alemania», «La situación en Alemania», «La política alemana» o «Bajo el mando de Hitler», pueden leerse, desde mediados de febrero hasta finales de mayo, titulares como los que siguen: «Periódicos centristas suspendidos»; «Es expulsado un corresponsal francés por no haber transmitido la versión oficial del incendio del Reichstag»; «Enérgicas medidas contra los corresponsales extranjeros» —entre otras, una «rigurosa censura» de los telegramas que enviaban—; «Periódico suspendido» —el prestigioso Berliner Tageblatt, que un mes más tarde sería adquirido por empresarios afines al régimen; el mismo día de la suspensión, los Cascos de Acero izaban la bandera imperial en la agencia de noticias Wolff—; «Periodista norteamericano detenido»; «Periódicos extranjeros prohibidos»; «Periodista inglés detenido»; «Registro en el Volksblatt»; «Los periódicos franceses no entran en Alemania», etc. Semejante panorama fue tensando, como es lógico, la relación entre el Gobierno del Reich y la Federación de la Prensa Extranjera en Berlín. Y en especial cuando, a principios de abril de 1933, el Gobierno alemán exigió la dimisión del presidente de la Federación, el estadounidense Edgar Mowrer, corresponsal del Chicago Daily News, por ser autor de un libro reportaje sobre el país, Germany puts the clock back (Alemania atrasa el reloj), que no dejaba el régimen de Hitler en muy buen lugar. (Finalmente, a pesar de las amenazas y del peligro al que estaba expuesto, Mowrer permanecería en Alemania hasta el célebre congreso de Nuremberg, en septiembre de aquel mismo año.) Aparte de Xammar y Bermúdez Cañete, otro periodista español que estuvo allí fue Augusto Assía. O Felipe Fernández Armesto, que a las personas hay que llamarlas por su nombre aunque a veces sean recordadas por otro. «Augusto Assía» fue el seudónimo al que recurrió Felipe Fernández Armesto cuando, estando ya en Alemania y escribiendo ya en los papeles madrileños —donde firmaba, claro, con su nombre—, empezó a mandar crónicas a La Vanguardia, esto es, a uno de la competencia. En enero de 1933, el joven periodista —tenía apenas 26 años— sólo colaboraba en el diario de Gaziel y Godó, pero a finales de febrero, en vísperas de las nuevas elecciones al Reichstag, le encontramos igualmente en La Libertad, donde ya había publicado con anterioridad. Y así será hasta que venza aquel mes de mayo y deba abandonar el país y refugiarse unos días en Holanda para terminar recalando en Londres, como corresponsal de La Vanguardia.
Si Bermúdez Cañete había llegado a Berlín a finales de 1932, Assía lo había hecho cuatro años antes, como estudiante becado en la Universidad Humboldt. Y, curiosamente, quien le había recibido era el propio Xammar. Assía había llegado a la capital alemana con una carta de recomendación escrita por Julio Camba —a quien el futuro corresponsal había conocido en Santiago de Compostela el verano anterior, cuando Camba intentaba que el escultor Juan Cristóbal pudiera encaramarse al Pórtico de la Gloria de la Catedral— y Xammar había considerado que «un joven por el que Camba escribe una carta debe ser tan importante que no me atrevo a invitarle a lugar más modesto que el [hotel] Adlon». Y es que, por entonces, Assía, además de estudiante, era ya un periodista en ciernes. Había debutado en El Pueblo Gallego de Vigo y enseguida empezaría a colaborar, con sus crónicas berlinesas, en El Sol, Abc, Informaciones o La Libertad de Madrid. Y a partir de julio de 1929 también en La Vanguardia de Barcelona. De ahí que cuando Hitler accede al poder, el 30 de enero de 1933, Assía sea ya uno de los corresponsales de prensa españoles radicados en Berlín más experimentados —con la excepción, claro, del incombustible Xammar—. Y, al igual que la mayoría de ellos, un corresponsal múltiple, que debe escribir en más de un medio para ganarse cada mes el sustento.
Assía, como se ha dicho, lo hace en La Vanguardia y, desde finales de febrero, también en La Libertad. Un diario conservador y más o menos catalanista y otro republicano y de izquierdas. Pero esa duplicidad ideológica de las cabeceras en que colabora no parece afectar en modo alguno el tono o el contenido de sus artículos. Lo mismo en La Vanguardia que en La Libertad —donde viene a publicar, sumadas las de ambos medios, entre doce y quince piezas al mes— sus crónicas se ajustan a los hechos y no llevan otro aliño que el de la interpretación fría y documentada. Nada hay en ellas que pueda ser calificado de denuncia o de ensalzamiento. Lo que más abunda, si acaso, es la mesura, la ponderación desapasionada, ya se trate de crónicas políticas, ya estén estas más decantadas hacia lo social —–las relativas a la situación de los judíos, por ejemplo, o al ambiente que se respira en la calle— o lo cultural —las dedicadas a la universidad o a la libertad de información—. Como es natural, semejante prudencia en los juicios puede obedecer a una estrategia del corresponsal para evitarse problemas con la censura. Pero, sea lo que fuere, lo finalmente publicado no permite pensar de ninguna de las maneras que Assía fuera para el régimen eso que llaman un incordio, y no digamos ya un indeseable.
Y, aún así, también a él le llegó la hora. Es decir, la hora del enfrentamiento con Goebbels. Según relató el propio Assía al cabo de los años en distintas entrevistas —puesto que, al contrario de lo sucedido con Bermúdez Cañete y El Debate, ni La Vanguardia ni La Libertad aludieron para nada al asunto en ningún suelto—, fue en una conferencia de prensa en la que al periodista se le ocurrió preguntarle al ministro de Propaganda del Reich «si las SS habían procedido en Kiel contra tres sacerdotes que aparecieron muertos». Es de suponer que hubo más de una pregunta; que hubo, por así decirlo, cierta insistencia por parte de Assía ante la negativa a responder de su interlocutor. En todo caso, ello bastó para que el corresponsal se viera conminado a abandonar el país en busca de otro destino periodístico. Es más, a juzgar por lo recogido por Ramón J. Sender —otro colaborador de La Libertad que pasaba entonces por allí, camino de la Unión Soviética— en una de sus crónicas —datada en mayo de 1933, aunque publicada el 2 de junio—, antes de la expulsión hubo detención: «Como me hacían esperar demasiado y tenía noticia de que el colaborador de La Libertad y querido amigo Fernández Armesto estaba detenido en el mismo edificio [el de la Jefatura de Policía de Berlín] —ahora está ya en libertad, en Holanda—, comencé a protestar en español (…)». En efecto, Assía salió de Alemania por Holanda, y al poco recalaba en Inglaterra, donde iba a permanecer una larga década al servicio de La Vanguardia y de los intereses del mundo libre. Y donde empezaría a forjarse su personalidad. Y, si no a forjarse, sí a asentarse. Así lo reconocía el propio interesado cuarenta años más tarde: «Después de las experiencias de la descomposición de la dictadura en España y después de los avatares de la amenaza nazista en Alemania, el equilibrio inglés fue la gran revelación de mi vida y el estabilizador que no había de abandonarme más». Pero esa es ya otra historia.
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Duplicidades
Aunque sólo fuera por el uso periodístico de nombre y seudónimo, a Augusto Assía podría tenérsele ya por una suerte de Jano. Pero en su vida, y en la aureola que siempre le acompañó, se dan otras duplicidades, además de la señalada. Por ejemplo, la que resulta de la creencia de que Garbo, el famoso agente doble que tanto contribuyó al éxito del desembarco de Normandía y, en definitiva, a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, era, en realidad, el propio Assía. O, pasando ya al campo ideológico, la que unía a su condición de franquista de la première heure la de «muy poco franquista» —por decirlo con sus propias palabras—, concretada la primera en su apoyo al bando nacional en la guerra civil y su buena relación con el mismísimo general Franco, y la segunda, en su aliadofilia y su notorio liberalismo. Con todo, acaso la duplicidad más llamativa en lo que aquí nos concierne, por cuanto tiene que ver con sus años berlineses, es la que se daba entre su presunta militancia comunista y su anticomunismo visceral, tantas veces exhibido. Llamativa y hasta cierto punto misteriosa, ya que el propio interesado siempre negó esa vinculación partidista. Así, cuando en 1998, con 92 años a cuestas, fue entrevistado en el programa Ayer de Radio Exterior y se le preguntó por ese episodio de su vida y, en concreto, por un fragmento de las memorias de Enrique Líster en las que este afirma que en septiembre de 1932 pasó quince días en Berlín «en casa de Felipe Fernández Armesto, paisano y camarada de Partido en esa época», y que este «era el enlace intermedio» entre los dirigentes del Buró Político y su también paisano Gabriel León Trilla, delegado del PCE en la Internacional Comunista; cuando se le preguntó por ello en la entrevista radiofónica, Assía respondió que era mentira, que él nunca había tenido casa en Berlín, que Líster lo había inventado todo y que, en fin, la historia era completamente ridícula. Ridícula o no, parece que la militancia de Assía está bastante documentada. No son sólo las memorias de Líster; también Queridos camaradas, el ensayo de Antonio Elorza y Marta Bizcarrondo sobre la Internacional Comunista y España (Planeta, 1999), donde se recuerda que a fines de diciembre de 1932 se constituía en Madrid la Unión de Escritores Proletarios y Revolucionarios, de la que Assía, «oscuro personaje que acabará siendo expulsado de estos círculos por “fascistizante”», será elegido secretario. Y más adelante, en fin, el trabajo de Natalia Kharitonova sobre «la Internacional Comunista, la MORP y el movimiento de artistas revolucionarios españoles (1931-1934)», publicado en 2005 y donde se describe, partiendo de los archivos estatales soviéticos de la cultura y de las artes, el muy importante papel desempeñado entonces por Assía en el PCE, partido del que era dirigente y al que se había afiliado, al parecer, en sus años estudiantiles en Santiago de Compostela.
Todo lo cual, por supuesto, no es incompatible con lo que el propio Assía admite haber sido la causa de su expulsión de Alemania. Pero, conociendo la eficacia de los servicios de inteligencia del aparato nacionalsocialista, nada impide imaginar, claro está, que su militancia política tuviera también algo que ver con esa detención a la que alude Sender —compañero asimismo de partido— y con su definitiva expulsión del país.
(La Aventura de la Historia, agosto de 2014)
[ La Aventura de la Historia ]
Anteayer, mientras escuchaba el discurso que el presidente del Gobierno de España pronunció tras el Consejo de Ministros extraordinario, no podía por menos de preguntarme por qué ese hombre había tardado tanto en decir lo que estaba diciendo. Teniendo en cuenta que, como él mismo reconoció en su intervención, el desafío del Gobierno de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña era ya cosa vieja, ¿a qué haber esperado tanto tiempo en contestar con las palabras justas, ni una más ni una menos, a quienes con su proceder ponían en cuestión el propio Estado de derecho? La única explicación a semejante demora cabe buscarla en el complejo con que los sucesivos gobiernos de España y muchísimos ciudadanos españoles han tratado siempre al nacionalismo, sea este de matriz catalana, vasca, gallega o de nueva planta. Un complejo en el que se mezclan, a partes iguales, temor y mala conciencia. Temor a que una negativa a sus demandas derive en una inestabilidad mayor que la existente; mala conciencia o sentimiento de culpa por lo que los gobiernos de la España franquista —y, según como, de la España a secas— hicieron o dejaron de hacer con cuantos aparejos sirven a esos nacionalismos como signo de identidad.
Y es que, si bien se mira, anteayer Mariano Rajoy no dijo sino lo que cualquier gobernante de un Estado democrático habría dicho desde el primer momento ante las pretensiones de un movimiento secesionista. Que no hay democracia sin ley. Que todo cuanto afecta al conjunto de los españoles —como es, por ejemplo, la integridad territorial del país— debe ser decidido por el conjunto de los españoles. Que nuestro código de barras democrático, aquello que nos hace ciudadanos libres e iguales, es la Constitución de 1978, y que a ella debemos remitirnos mientras no exista otra. Que todo se puede hablar y discutir, faltaría más, siempre y cuando se acepten las reglas del juego, o sea, siempre y cuando se acate el marco jurídico vigente. Que, en definitiva y tal y como se desprende de todo lo anterior, ni la ley de consultas catalana ni la convocatoria a las urnas que de ella emana pueden haber lugar.
Pero también es cierto que esa demora del presidente del Gobierno en proclamar lo obvio no debería achacarse, como tantas veces se ha hecho, a la premiosidad que le caracteriza o, en el mejor de los casos, a la prudencia que hay que esperar de cualquier gobernante. O no sólo a eso. También, y de forma especial, a la ausencia en España de un verdadero sentimiento de ciudadanía. Al fin y al cabo, los políticos no son más que un reflejo de la sociedad a la que representan; se mueven al son que marcan sus electores, y si estos no les apremian en un determinado sentido, difícilmente van a ser ellos quienes tomen la iniciativa.
Y no es que la palabra ciudadanía no se haya oído ni continúe oyéndose por estos pagos. Piénsese en la malhadada asignatura de ESO y Bachillerato con la que parecía que el anterior presidente del Gobierno iba a cambiar la suerte de generaciones de jóvenes españoles y que no logró superar las embestidas de la Conferencia Episcopal, por un lado, y de los muy izquierdosos autores de libros de texto, por otro. O piénsese en el uso tan impropio como políticamente correcto que se hace hoy del vocablo como superador de un plural, ciudadanos, que acarrea una notoria mancha de género. Pero no me refiero, claro está, a ninguna de esas acepciones del término, sino a la ciudadanía como compendio de los deberes y derechos inherentes a la condición de ciudadano. Es este y no otro el significado que en verdad nos concierne y cuya concreción en hechos tanto echamos en falta. Porque los españoles somos ciudadanos libres e iguales en virtud de esa Constitución de 1978 que tanto nos costó levantar y que hemos convertido entre casi todos, por acción u omisión y siguiendo la estela de los nacionalismos, en el sumidero de nuestras peores frustraciones. Lejos de comportarnos como sujetos políticos, de intervenir en los asuntos públicos en la medida en que todo lo público nos compete, de defender lo que sí importa, la inmensa mayoría de los españoles nos hemos acostumbrado a una suerte de vagancia cívica mientras una minoría diligente no descansaba en su afán por laminar nuestra ciudadanía.
Hasta hoy. Y lo más triste es que lo que pase mañana acaso ya no dependa sólo de nuestra voluntad.
(Crónica Global)
Y es que, si bien se mira, anteayer Mariano Rajoy no dijo sino lo que cualquier gobernante de un Estado democrático habría dicho desde el primer momento ante las pretensiones de un movimiento secesionista. Que no hay democracia sin ley. Que todo cuanto afecta al conjunto de los españoles —como es, por ejemplo, la integridad territorial del país— debe ser decidido por el conjunto de los españoles. Que nuestro código de barras democrático, aquello que nos hace ciudadanos libres e iguales, es la Constitución de 1978, y que a ella debemos remitirnos mientras no exista otra. Que todo se puede hablar y discutir, faltaría más, siempre y cuando se acepten las reglas del juego, o sea, siempre y cuando se acate el marco jurídico vigente. Que, en definitiva y tal y como se desprende de todo lo anterior, ni la ley de consultas catalana ni la convocatoria a las urnas que de ella emana pueden haber lugar.
Pero también es cierto que esa demora del presidente del Gobierno en proclamar lo obvio no debería achacarse, como tantas veces se ha hecho, a la premiosidad que le caracteriza o, en el mejor de los casos, a la prudencia que hay que esperar de cualquier gobernante. O no sólo a eso. También, y de forma especial, a la ausencia en España de un verdadero sentimiento de ciudadanía. Al fin y al cabo, los políticos no son más que un reflejo de la sociedad a la que representan; se mueven al son que marcan sus electores, y si estos no les apremian en un determinado sentido, difícilmente van a ser ellos quienes tomen la iniciativa.
Y no es que la palabra ciudadanía no se haya oído ni continúe oyéndose por estos pagos. Piénsese en la malhadada asignatura de ESO y Bachillerato con la que parecía que el anterior presidente del Gobierno iba a cambiar la suerte de generaciones de jóvenes españoles y que no logró superar las embestidas de la Conferencia Episcopal, por un lado, y de los muy izquierdosos autores de libros de texto, por otro. O piénsese en el uso tan impropio como políticamente correcto que se hace hoy del vocablo como superador de un plural, ciudadanos, que acarrea una notoria mancha de género. Pero no me refiero, claro está, a ninguna de esas acepciones del término, sino a la ciudadanía como compendio de los deberes y derechos inherentes a la condición de ciudadano. Es este y no otro el significado que en verdad nos concierne y cuya concreción en hechos tanto echamos en falta. Porque los españoles somos ciudadanos libres e iguales en virtud de esa Constitución de 1978 que tanto nos costó levantar y que hemos convertido entre casi todos, por acción u omisión y siguiendo la estela de los nacionalismos, en el sumidero de nuestras peores frustraciones. Lejos de comportarnos como sujetos políticos, de intervenir en los asuntos públicos en la medida en que todo lo público nos compete, de defender lo que sí importa, la inmensa mayoría de los españoles nos hemos acostumbrado a una suerte de vagancia cívica mientras una minoría diligente no descansaba en su afán por laminar nuestra ciudadanía.
Hasta hoy. Y lo más triste es que lo que pase mañana acaso ya no dependa sólo de nuestra voluntad.
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