Hace un par generoso de semanas, hallándose en palacio y en compañía del alcalde Trias, el presidente de la Generalitat volvió a reclamar estructuras de Estado. El sintagma tiene ya cierto recorrido. Artur Mas lo estrenó, tal vez lo recuerden, en el verano de 2012, cuando calentaba motores de cara a aquel 11 de septiembre glorioso. Luego, su partido lo incluyó en el programa electoral de las autonómicas siguientes y, desde entonces, se lo hemos oído ya muchas veces —no tantas, es cierto, como «el proceso» o «el derecho a decidir»—, a él y al propio Trias. El caso es que el pasado 10 de octubre Mas volvió a referirse a esas estructuras. Y como quiera que el acto en cuestión tenía por objeto oficializar el acuerdo alcanzado por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona en relación con el nuevo mapa de prisiones de la ciudad, el presidente aprovechó para indicar, ufano, que desde hace tres décadas Cataluña es la única autonomía que dispone de un sistema penitenciario propio. O sea, enteramente gestionado por el gobierno autonómico. Y lo calificó como una «auténtica y real estructura de Estado». Se entiende, pues, qué entiende Mas por estructura de Estado: una estructura en la que el Estado —el único existente, muy a su pesar— no pueda meter sus narices.

Si traigo ahora a colación esa nueva singularidad catalana, es porque el día ha amanecido, entre otras noticias, con la de que el alcalde Trias puede haber estado moviendo millones en el extranjero. O sea, como los Pujol. O sea, como el padre de Mas. Y todavía hay quien se pregunta por qué la Generalitat aspira a convertir la administración de justicia en algo parecido al sistema penitenciario, esto es, en una nueva estructura de Estado. Con los tribunales y las prisiones en sus manos, no cuesta mucho adivinar dónde estarían los ladrones de cuello blanco. Y dónde, claro está, los ciudadanos honestos.

El esperpento catalán (4)

    27 de octubre de 2014