El periódico traía ayer la noticia de la ilegalidad del reloj que la Asamblea Nacional Catalana ha instalado en la fachada de un edificio de la barcelonesa plaza San Jaime, junto al Ayuntamiento de la ciudad, y que marca el tiempo que falta para el 9-N. Ni se ha solicitado el correspondiente permiso, ni parece que el artefacto pueda encajar en modo alguno en las ordenanzas municipales. Pero da igual, ante el interés superior, el gobierno municipal mira para otro lado. O, lo que es lo mismo, en sus dominios la ley no cuenta. Como tampoco contaba hace unos meses, cuando el Consistorio prohibió a una serie de arrendatarios de locales de restauración situados en las calles adyacentes al antiguo Mercado del Born instalar terrazas en la acera, so pretexto de que ocultaban los encantos del templo funerario del nacionalismo catalán. Por suerte para esos empresarios, una reclamación bien fundada obligó al Ayuntamiento a rectificar. Pero el primer impulso de la institución era el de saltarse la ley en aras de un interés superior. ¿Y qué decir de la lona que cubre buena parte de La Pedrera, ese edificio patrimonio de la humanidad y que visitan año tras año millones de turistas; qué decir de esa lona que por un lado esconde los trabajos de restauración de la obra de Gaudí y por el otro exhibe, junto al logotipo del Consistorio, el lema de la campaña organizada por la ANC, Òmnium y la Asociación de Municipios por la Independencia con vistas al 9-N? ¿Desde cuándo esas lonas restauradoras, cuyo permiso de instalación corresponde al Ayuntamiento y cuyo alquiler por parte de las empresas ha valido siempre un potosí, sirven par publicitar propuestas xenófobas y levantiscas?
Pero así están las cosas. Y esos con los que tan alegremente colabora el Gobierno municipal son los mismos que emprenden acciones como la nazistoide «Comerç amic», que no abriga, en el fondo, otro propósito que tener fichados a los enemigos. Claro que poco más puede esperarse de una comunidad autónoma cuyo gobierno organiza una supuesta consulta por teléfono y correo electrónico para eludir la constitución de un acto administrativo. Para saltarse la ley, en una palabra.
(ABC, 25 de octubre de 2014)
