Dejemos a un lado, si les parece, el triple mortal semántico entre lo dicho por Sánchez-Camacho y lo que la campaña de marras interpreta que dijo, y centrémonos en el fondo de sus palabras. Esto es, ¿sufren o no sufren exclusión y rechazo social los militantes del Partido Popular en Cataluña, aunque sea de forma distinta a como los sufren o los han sufrido los del País Vasco? Pues claro que sí. Los sufren y los han sufrido. ¿O acaso no merece esa consideración una militancia a la que se ha sometido reiteradamente al llamado «cordón sanitario» o contra la que se han rubricado pactos como el del Tinell en 2003, o documentos notariales como el de Artur Mas en 2006? ¿No tiene derecho a sentirse excluido y rechazado alguien a quien se llama impunemente, en la calle o en los propios medios de comunicación, facha o franquista por el simple hecho de no ser nacionalista o de izquierda? ¿O un militante cuya sede recibe de tarde en tarde la agresión de los ultras independentistas? ¿O la máxima dirigente de un partido a la que se exige lo que le exige la campaña puesta ahora en marcha? El único consuelo al que pueden agarrarse hoy los populares catalanes es a que en los últimos tiempos esa exclusión y ese rechazo ya no lo sufren en exclusiva, sino en compañía de los militantes de Ciutadans o UPyD. Pero menudo consuelo, claro.
En la convención que el Partido Popular celebró el pasado fin de semana en Barcelona, Alicia Sánchez-Camacho dijo, entre otras cosas, lo siguiente: «Somos un partido que ha sufrido mucho en el País Vasco. Ahora también sufrimos, aunque de forma diferente, con la exclusión y el rechazo social en Cataluña». Estas palabras han sido rápidamente contestadas por el ministro de Propaganda Homs, quien ha pedido a Sánchez-Camacho una rectificación, y por la máquina de agitprop del propio ministro, que ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas con un texto en el que se exige a la dirigente popular que «retire públicamente en el Parlamento catalán la comparación entre las personas que queremos ejercer el derecho a decidir y los miembros de la banda terrorista ETA». La campaña lleva recogidas ya, a estas alturas, cerca de 47.000 firmas.
Dejemos a un lado, si les parece, el triple mortal semántico entre lo dicho por Sánchez-Camacho y lo que la campaña de marras interpreta que dijo, y centrémonos en el fondo de sus palabras. Esto es, ¿sufren o no sufren exclusión y rechazo social los militantes del Partido Popular en Cataluña, aunque sea de forma distinta a como los sufren o los han sufrido los del País Vasco? Pues claro que sí. Los sufren y los han sufrido. ¿O acaso no merece esa consideración una militancia a la que se ha sometido reiteradamente al llamado «cordón sanitario» o contra la que se han rubricado pactos como el del Tinell en 2003, o documentos notariales como el de Artur Mas en 2006? ¿No tiene derecho a sentirse excluido y rechazado alguien a quien se llama impunemente, en la calle o en los propios medios de comunicación, facha o franquista por el simple hecho de no ser nacionalista o de izquierda? ¿O un militante cuya sede recibe de tarde en tarde la agresión de los ultras independentistas? ¿O la máxima dirigente de un partido a la que se exige lo que le exige la campaña puesta ahora en marcha? El único consuelo al que pueden agarrarse hoy los populares catalanes es a que en los últimos tiempos esa exclusión y ese rechazo ya no lo sufren en exclusiva, sino en compañía de los militantes de Ciutadans o UPyD. Pero menudo consuelo, claro.
Dejemos a un lado, si les parece, el triple mortal semántico entre lo dicho por Sánchez-Camacho y lo que la campaña de marras interpreta que dijo, y centrémonos en el fondo de sus palabras. Esto es, ¿sufren o no sufren exclusión y rechazo social los militantes del Partido Popular en Cataluña, aunque sea de forma distinta a como los sufren o los han sufrido los del País Vasco? Pues claro que sí. Los sufren y los han sufrido. ¿O acaso no merece esa consideración una militancia a la que se ha sometido reiteradamente al llamado «cordón sanitario» o contra la que se han rubricado pactos como el del Tinell en 2003, o documentos notariales como el de Artur Mas en 2006? ¿No tiene derecho a sentirse excluido y rechazado alguien a quien se llama impunemente, en la calle o en los propios medios de comunicación, facha o franquista por el simple hecho de no ser nacionalista o de izquierda? ¿O un militante cuya sede recibe de tarde en tarde la agresión de los ultras independentistas? ¿O la máxima dirigente de un partido a la que se exige lo que le exige la campaña puesta ahora en marcha? El único consuelo al que pueden agarrarse hoy los populares catalanes es a que en los últimos tiempos esa exclusión y ese rechazo ya no lo sufren en exclusiva, sino en compañía de los militantes de Ciutadans o UPyD. Pero menudo consuelo, claro.