Apuntes veraniegos (y 4)

1. Zombis. La noticia de que Antoni Dalmau, expresidente de la Diputación de Barcelona y exdirigente catalanista del PSC, abandona el partido, tiene –supongo que es inevitable en relación con este partido– un cariz tragicómico. Dalmau, un hombre cordial y bueno, lleva casi dos décadas dedicado a las recreaciones históricas y a las tertulias radiofónicas y televisivas –actividades, si bien se mira, no tan dispares– y, es de creer, a su familia. Quiero decir que la vida política, en su caso, constituye ya un recuerdo más o menos apagado y feliz. Dar ahora noticia de su abandono del partido es como afirmar que el hombre estaba políticamente vivo. O que se trata de un zombi. Lo cual, no vamos a negarlo, se ajusta a las mil maravillas al estado letárgico de los socialistas catalanes.

2. Calvario. Un padre de familia escolarizó a su hijo de tres años en castellano en Valencia. La empresa lo mandó luego a Mallorca, y allí el niño tuvo que estudiar en catalán. Más adelante el trabajo hizo regresar al padre a Valencia, pero el centro en que había escolarizado a su hijo usaba ya el valenciano como lengua vehicular. El siguiente cambio de destino laboral llevó a la familia a Cataluña, donde todavía reside y donde el niño, claro está, no ha oído ni leído en clase más que catalán. Ahora al padre le han ofrecido un puesto en Vigo. Escamado por la experiencia vivida, antes de aceptar la oferta se ha dirigido a Galicia Bilingüe para saber si su vástago podría por fin estudiar en castellano. Le han contestado que ni soñarlo, y el padre ha decidido renunciar al nuevo traslado. Lo más curioso y memorable del asunto es que ese calvario lo está sufriendo este ciudadano en un país –su país– cuya Constitución indica que «el castellano es la lengua oficial del Estado».

3. Sueño. Leo en «Muy Interesante» que una investigación de una universidad estadounidense ha demostrado que las horas de sueño profundo refuerzan la memoria. Es un gran hallazgo, favorable sin duda a la humanidad. Ahora sólo falta que otra investigación explique cómo se consigue, sin recurrir a la química, tener un sueño profundo.

(ABC, 31 de agosto de 2013)

Donde uno basta, dos sobran

Más allá de que la reforma del sistema de contratación laboral estaba en el programa electoral del partido y los programas, en especial si son electorales, hay que cumplirlos, lo que tiene de bueno la reducción de las modalidades de contratos es precisamente la reducción. O sea, el convencimiento de que las cosas van a funcionar mejor por vía de asociación y de reunión; de conjunción, en suma, que recurriendo a la disgregación y a la dispersión sin límites. ¿Por qué existen en estos momentos 41 modalidades de contratos en nuestro ordenamiento laboral pudiendo existir –según afirman quienes entienden del asunto– tan sólo cinco? Porque, a partir de un determinado momento, cada caso particular ha sido elevado a categoría. Como si la administración fuera un inmenso zoco regido por la ley de la oferta y la demanda donde lo que en verdad importa es adaptarse a los gustos –incluso a los más nimios– del consumidor a fin de colocar el producto. Esa dictadura de la diversidad, que ha traído aparejado el rechazo de lo homogéneo, de lo semejante, no es sólo un reflejo de los tiempos relativistas que vivimos, en los que todo lo «multi» tiene valor de ley, sino que en nuestro caso, por la singularidad del sistema político que nos dimos hace cosa de siete lustros –heredero de tantas desgracias civiles y, en consecuencia, procurador de un sinfín de bálsamos redentores–, se ha acrecentado bárbaramente hasta alcanzar niveles intolerables. No queda más remedio, pues, que cortar. Es decir, que agrupar. Y tanto da que sean contratos laborales, autonomías, administraciones, grados universitarios o pabellones deportivos. La fórmula no puede ser más sencilla –cuando menos para lo público–: donde uno basta, dos sobran. Y así en toda ocasión.

El prestigio de Chacón

Leo que Carme Chacón deja su escaño en el Congreso de los Diputados para pasar un año en Estados Unidos, y más concretamente en Miami. También leo que la universidad donde nuestra exministra impartirá su magisterio, o sea, la de Miami, es una «prestigiosa universidad». Es posible. Sobre todo si una se llama Carme Maria Chacón Piqueras, ha nacido en Esplugas del Llobregat en 1971, o sea, casi casi en la España postfranquista y proto-Logse, ha estudiado en la Universidad de Barcelona y ha ejercido la docencia en la Universidad de Gerona. Quiero decir si una ve las cosas desde abajo. Según el ranking –ese sí, prestigioso sin duda alguna– de la Universidad Jiao Tong de Shangai, que agrupa y ordena a las 500 mejores universidades del mundo, la de Barcelona se encuentra hoy en día en la horquilla que va de la 201 a la 300, junto a las Autónomas de Barcelona y Madrid y a la Complutense de esta última ciudad, mientras que la de Gerona –o de Girona, como exige la marca que se le llame– ni siquiera aparece en el ranking. Desde ese punto de vista, es lógico calificar a la Universidad de Miami, que se halla en la horquilla que va de la 151 a la 200, de «prestigiosa». Pero si una se sitúa en los Estados Unidos –o sea, en aquel país cuya enseña mereció en 2003 el desprecio del secretario general de la ejecutiva de la que la propia Chacón formaba parte–, enseguida verá lo relativo que puede ser el prestigio de una institución académica. Porque la Universidad de Miami, esa que ha tenido la deferencia de invitar a la exministra a perorar en sus aulas, está entre la 68 y la 85 del ranking estadounidense. Es decir, tiene a 67 delante y, entre ellas, a 17 de las veinte mejores del mundo. Lo que no significa, insisto, que para Carme Maria Chacón Piqueras no sea esta una universidad prestigiosa. Lo es, claro que lo es. Y hasta va a ennoblecer, seguro, su currículo. Otra cosa es lo que pueda ganar la propia universidad con su fichaje. Porque dudo mucho que la presencia de la exministra española entre el personal docente vaya a acrecentar el prestigio de la institución allí donde en verdad ese prestigio se cuece.

Tampoco estamos tan mal

Los comentaristas de eso que algunos catalanes llamamos el resto de España están muy pero que muy preocupados con lo que puede ocurrir en Cataluña –y, lógicamente, en el conjunto de España– a partir del próximo 11 de septiembre. A medida que se acerca la fecha y van sucediéndose las noticias relacionadas con el acto magno convocado para entonces, sus análisis se vuelven más y más pesimistas. Por supuesto, no seré yo quien afirme que no existen motivos de preocupación. Pero, al contrario de lo que opinan tan dignas y respetables plumas, no creo que estemos peor que hace un año. Ese eje humano del litoral que se propone remedar la Cadena Báltica que millón y medio de ciudadanos de Estonia, Letonia y Lituania armaron entre Tallin y Vilnus el 23 de agosto de 1989, cuando se cumplía medio siglo del pacto Molotov-Ribbentrop, para reclamar «la abolición de los últimos dominios coloniales de Europa», no sólo constituye una farsa en términos históricos, sino que pone asimismo de manifiesto el miedo del nacionalismo radical a cosechar un sonado fracaso. Porque, cuando uno presume de haber sacado a la calle entre millón y millón y medio de patriotas –que es lo que la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y los paniaguados medios de comunicación catalanes aseguraron haber congregado el pasado 11 de septiembre–, no debería conformarse, al cabo de un año, con reunir sólo 400.000 –eso, en caso de alcanzar la cifra, que de momento la cadena se rompe a medida que va acercándose, ¡ay!, al resto de España–. A no ser, claro, que el número real de asistentes a la manifestación del 11 de septiembre de 2012 fuera, a lo sumo, de 400.000, con lo que estaríamos más o menos en las mismas. Por otro lado, la postura del Gobierno de la Generalitat, renuente a mezclarse, como tal gobierno, en la movilización programada, y renuente especialmente a mezclar, tras el fiasco del cartel electoral, la figura del propio Artur Mas con la voluntad del pueblo en marcha, indica que no las tiene todas consigo. De una fecha a otra, lo único que ha cambiado es la recepción que el presidente de la Generalitat ofrece a los convocantes. El año pasado esperó a ver qué pasaba con la manifestación para recibirlos. Este año, los recibirá el mismo día y antes de que se encadenen. Ventajas de conocer ya la cifra. Y, en fin, añadan a todo lo anterior lo que decíamos ayer y anteayer sobre la rebaja anunciada por el secretario de organización de Convergència en el umbral de participación en una hipotética consulta para que el resultado sea legítimo y representativo. Así las cosas, yo no sé a ustedes, pero a mí me da la impresión de que tampoco estamos tan mal.

Abandonar el cargo

Cuando un dirigente político español afirma que abandona un alto cargo –por propia iniciativa o porque así lo han dispuesto los ciudadanos con su voto– pero no la política, ello no significa que en adelante vaya a enfundarse el traje de militante de base o de grado medio. No, por lo general significa que lo van a meter en un puesto seguro de la lista del partido para las Europeas o que le van a reservar un asiento en el Senado. Los que han sido presidentes de Autonomía suelen optar por la segunda vía. Así, por ejemplo, el gallego Manuel Fraga en otro tiempo, o el catalán José Montilla y el balear Francesc Antich en el presente. Dícese ahora que este va a ser también el destino del andaluz José Antonio Griñán, aunque en su caso puedan concurrir asimismo otras razones. Sea como fuere, ahí está el Senado para recoger los restos del naufragio. Porque el Senado, aparte de caer más cerca y no obligar, por lo tanto, a un cambio drástico de vida, posee una indiscutible ventaja. No sólo se vaguea mucho más que en Estrasburgo –lo que ya es vaguear–, sino que encima uno puede incorporarse al puesto de forma inmediata. El que la Cámara, además de estar compuesta por senadores electos, lo esté por senadores designados por los Parlamentos autonómicos permite que el cesante pendiente de destino sea elevado en un santiamén a la noble condición senatorial por sus propios correligionarios y mandado a la capital del reino a calentar bancada y seguir cobrando, por supuesto, la correspondiente soldada pública.

Decididamente, si la reforma política deben emprenderla quienes ejercen en estos momentos el oficio en España, aviados estamos.

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Una acotación a mi nota de ayer. En el supuesto de que la consulta soberanista llegara a realizarse de común acuerdo con el Gobierno del Estado y requiriera, para ser válida, de una participación del 50% como mínimo, lo primero que habría que ver es si el porcentaje necesario para dar validez al «sí», en caso de victoria, era también del 50% o si, como ha sugerido en más de una ocasión el propio presidente Mas, se situaba en torno al 66% de los votos emitidos, o sea, en una mayoría de dos tercios. De ser también de un 50%, es evidente que los contrarios a la secesión de Cataluña deberían movilizarse por la abstención –confiados en buena medida en el escaso 49% de participación del referendo por el Estatuto de Autonomía de 2006–, porque hacerlo por el «no» resultaría enormemente arriesgado, dada la altísima posibilidad de que el voto afirmativo superara el 50%. En cambio, si el umbral de validez estuviera establecido en torno al 66% de los votos favorables a la independencia, lo más aconsejable para quienes se oponen a ella sería votar «no», dada también la altísima posibilidad de que el voto contrario a la secesión alcanzara por lo menos el 33%.

Vendiendo participaciones

El señor Josep Rull, de profesión secretario de organización de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ha hablado de la consulta. Como lo suyo es organizar las cosas y su partido no es un partido cualquiera, bien merece que le prestemos atención. Rull considera que la consulta debería contar, como mínimo, con una participación del 50%; de no ser así, carecería de «reconocimiento internacional» y de «legitimidad interna». No hace falta decir que las palabras del organizador de CDC son de agradecer. Podía haberse acogido al marco legal español, que no establece umbral alguno de participación para que un referendo sea válido, y no lo ha hecho. Eso sí, a cambio, el censo electoral incluirá a los jóvenes de 16 y 17 años y a los ciudadanos de la UE que forman parte del espacio Schengen y están empadronados en Cataluña. De los segundos, poco puede aventurarse en cuanto al sentido del voto. Los primeros, por el contrario, constituyen un valor seguro. Educados en la escuela catalana y sometidos a una catequesis nacionalista permanente que no hará sino intensificarse en los próximos meses, no hay duda de que participarán en masa en la hipotética consulta.

De todos modos, algo debe de estar fallando en el operativo soberanista. Hace un par de meses la vicepresidenta Ortega cifraba la legitimidad de la consulta en una participación cercana a la de los últimos comicios autonómicos. O sea, del 69,56%. O sea, 20 puntos más alta que la que ahora nos vende Rull. Y eso que nadie habla ya de Quebec, el eterno patrón oro del nacionalismo. Quizá porque allí, en el segundo de los referendos por la soberanía, el de 1995, la participación alcanzó el 93,52%. Y encima, aunque por los pelos, venció el «no».

A veces creo que habrá que arrojar un millón de españoles a los lobos

(Agustín de Foxá, "Huella de Ganivet", Abc, 7-2-1942)

Apuntes veraniegos (3)

1. Crisis. Esas crisis de UPyD –ahora en Cantabria y País Vasco– son mucho más que una crisis de verano. Ni siquiera pueden considerarse ya crisis de crecimiento; por más que el partido siga creciendo en intención de voto y en implantación territorial, a estas alturas tiene ya seis años de vida ¬–y cinco de ellos con representación parlamentaria y municipal–. Se trata, pues, de un partido hecho y derecho. Y, aun así, los conflictos de los dirigentes territoriales con la dirección nacional y las rupturas consiguientes no cesan. Como no cesa el empecinamiento de esa misma dirección en su negativa a alcanzar un acuerdo con Ciutadans en Cataluña y en el resto de España. ¿Un problema de personalismo? Tal vez. Pero también de centralismo democrático. O sea, de leninismo redivivo.

2. Franquismo. La Universitat Catalana d’Estiu constituye la prueba palmaria de que la Cataluña oficial continúa viviendo bajo el franquismo. Que en 2013 se celebre todavía esa universidad de verano fundada en 1969, en plena dictadura, y se celebre todavía en el exilio de Prades (Francia); que reciba una subvención de la Generalitat de 350.000 € –llegó a ser del doble en 2007–; que no tenga contenido académico alguno o, lo que es lo mismo, que siga desprendiendo, del primero al último día, el tufo resistencial de los viejos tiempos; todo esto, en definitiva, no demuestra sino el grado de enajenación de la Autonomía. Y, en consonancia con ello, la actual edición del certamen ha girado en torno a asunto tan trascendental como la presencia o no de los miembros del Gobierno catalán en la cadena humana del 11 de septiembre. Por allí han pasado consejeros y exconsejeros, amén de otros altos cargos. El consejero Gordó, que sí irá. El consejero Mascarell, que casi seguro asistirá también y que, fiel a su papel de «traditore», ha animado a sus excorreligionarios socialistas a sumarse a la fiesta. Aunque ninguno como el exconsejero Huguet, que ha pedido a Mas que vaya, pero a título personal. ¿Que cómo puede ir Mas a título personal? Huguet no lo ha aclarado. ¿Para qué? En materia de doblez, no hay quien les gane.

(ABC, 23 de agosto de 2013)

Claro es que el maestro Juan Martínez no dice estas mismas palabras

(Manuel Chaves Nogales, "Los flamencos de París", Estampa, 18-3-1930)

Apuntes veraniegos (2)

1. Muletas. A Muriel Casals, la presidenta de Òmnium Cultural, no le quitan el sueño las reticencias de Unió Democràtica ante la llamada Via Catalana, esto es, ante la cadena humana que su organización y la Asamblea Nacional Catalana han convocado, subvención mediante, para el próximo 11 de septiembre. Se comprende. ¿Cómo van a quitarle el sueño esas reticencias si luego, a la hora de la verdad y tal y como se evidenció en la manifestación del año pasado, el mismísimo presidente de la formación democristiana acude a la cita? Y no de cualquier modo. Como indica la propia Casals, la presencia de Josep Antoni Duran Lleida, que compareció a la pata coja y ayudándose con muletas, fue entonces «muy espectacular». Y ejemplar, cabría añadir. Porque reflejó a las mil maravillas la tibieza del nacionalismo conservador ante el envite del radical. O sea, su incapacidad, no ya de hacerle frente, sino de mantenerse por lo menos al margen de sus manejos. ¡Si hasta con muletas acudió el hombre para evitar que le pusieran «falta»!

2. Saberes. La universidad española sigue instalada en la medianía. Es decir, por debajo de los 200 primeros puestos del «Academic Ranking of World Universities» elaborado por la Universidad Jiao Tong de Shanghai y que incluye a las 500 mejores del mundo. Claro que hablar aquí de medianía resulta engañoso. Por más que las cuatro mejores españolas –dos de Madrid y dos de Barcelona– estén en el bloque que va de la 200 a la 300, los demás países de Europa Occidental tienen todos una universidad, como mínimo, entre las 100 o las 200 primeras. Y todavía hay quien considera que al modelo educativo español lo que le falta es tiempo.

3. Dormir. Recuerda Augusto Assía en un artículo que la vitalidad de Churchill, como la de Napoleón, estribaba en su capacidad para echarse a dormir en cualquier sitio y circunstancia, durante unos minutos, para así reponerse del cansancio. Si mal no recuerdo, lo mismo se decía de Eugenio d’Ors. Yo no sé ustedes, pero, lo que es yo, para dormir he precisado siempre la cama –la mía, a ser posible– y la noche. En fin, que apañado estoy.

(ABC, 17 de agosto de 2013)

Así elegían en Esparta, madre de héroes. Así, a gritos

(Eugenio Montes, "Imágenes del plebiscito", Abc, 15-11-1933)

Apuntes veraniegos (1)

1. «Olet». El Ayuntamiento de Barcelona dedica 430.000 euros de su presupuesto a las Fiestas de Gracia. La Generalitat, cerca de 50.000. A ello hay que sumar las subvenciones públicas recibidas, de un lado y de otro, por las distintas organizaciones que participan en los festejos, vinculadas la mayoría a la llamada cultura popular. Todo ese dinero huele, claro. Más allá del arraigo y la indiscutible popularidad de las fiestas, el barrio barcelonés se ha erigido en las últimas décadas –y, en especial, desde comienzos del presente siglo– en el foco del independentismo y de lo alternativo. En territorio CUP, para entendernos. Dentro de unos días, tal y como adelantaba el pasado sábado este diario, las Fiestas de Gracia acogerán una serie de actos organizados por la ANC –«ersatz» callejero del presidente Mas y sus derviches–, entre los que destacan una cadena humana y el encendido de unas 6.000 velas que deben componer una «estelada» gigante. Y lo estaremos pagando, nos guste o no, todos nosotros.

2. Cobardes. El soberanismo que nos invade ofrece siempre un punto de cobardía, no exento de acomplejamiento. Ahora la Generalitat va a montar, parece, su Lotería de Navidad. Pero no. Es la de fin de año. Como los discursos presidenciales autonómicos, que tampoco compiten con el del Rey Juan Carlos. ¿Respeto? En absoluto. Hay que imitar al Estado, comportarse como si Cataluña lo fuera, pero sin exponerse. No vaya a resultar que la audiencia televisiva y los premios concedidos no admitan comparación posible.

3. Refresco. Si no tienen lectura para el verano, o incluso si ya la tienen, les aconsejo que se procuren un ejemplar de «El manicomio catalán», de Ramón de España. Se trata de un libro ligero, refrescante, ideal para afrontar los rigores de la época. Y no sólo los derivados del termómetro. A medio camino entre la memoria personal y la crónica política, «El manicomio catalán» contiene algunos de los mejores retratos de la nomenclatura regional que nos ha gobernado y nos gobierna. Se reirán y, a ratos, hasta se carcajearán. Que ya conviene.

(ABC, 10 de agosto de 2013)

Este blog permanecerá cerrado de lunes a viernes hasta el 23 de agosto, por descanso del personal. Los sábados y los domingos, si no hay novedad, seguirá publicándose como hasta ahora.

Donde la lengua pierde su nombre

Parece un chiste, pero no lo es. Las Cortes de Aragón aprobaron el pasado 9 de mayo, a instancias de los partidos que conforman la actual coalición de gobierno, esto es, de PP y PAR, una Ley de uso, promoción y protección de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón en la que el aragonés y el catalán son denominados, respectivamente, «lengua aragonesa propia de las áreas pirenaica y prepirenaica» y «lengua aragonesa propia del área oriental». Que yo sepa, es la primera vez que una lengua pierde su nombre en beneficio de una definición. O, lo que es peor, de un acrónimo, por cuanto las necesidades comunicativas de los medios han convertido rápidamente las susodichas definiciones en Lapapyp, la primera, y en Lapao, la segunda. Más allá de su incontestable singularidad —no exenta de una manifiesta ridiculez—, la modificación introducida por la nueva ley de lenguas del Parlamento autonómico da pie a una serie de reflexiones, empezando por las que atañen a la denominación misma de los idiomas.

En efecto, lo que en la ley de lenguas anterior, la de 2009 —aprobada con los votos de PSOE y Chunta Aragonesista—, eran el aragonés y el catalán son ahora dos lenguas «aragonesas», presumiblemente distintas, pero caracterizadas en todo caso por su pertenencia a la Comunidad Autónoma. Porque en la nueva ley el calificativo «aragonesa» no remite a la filología, sino al territorio. Siguiendo por este camino, también el castellano que se habla en Aragón debería tenerse por una «lengua aragonesa», aunque no lo haga el flamante marco legal. Y, en aplicación del mismo criterio —y por ceñirnos a dos Comunidades limítrofes—, tanto el catalán como el aranés como el castellano serían, en Cataluña, «lenguas catalanas», y el castellano y el vascuence, «lenguas navarras» en Navarra. Nada que objetar, por supuesto. Al fin y al cabo, estaríamos ante una simple extensión al ámbito autonómico del concepto territorial de «lenguas españolas» con que el artículo 3 de la Constitución se refiere al conjunto de los idiomas hablados en España.

Pero me temo que no era ese el objetivo del actual gobierno de Aragón al promover lo que ha promovido. No, lo que en verdad perseguían quienes han orillado la filología en provecho de la geografía era quitarse de encima el «catalán». O sea, el vocablo y nada más que el vocablo, toda vez que la lengua seguirá tan viva como pueda estarlo a día de hoy y hasta gozará, según el nuevo marco legal, de una especial protección en la zona «de utilización histórica predominante», donde se promoverá asimismo «su enseñanza y recuperación». (Bien es cierto que la operación se ha llevado también por delante el «aragonés»; pero en este caso, al menos, la liquidación del término ha quedado compensada en parte por el adjetivo «aragonesa» con que se apuntala la adscripción territorial de ambas lenguas.)

No hace falta decir que las gentes del lugar seguirán designando lo que hablan como lo han designado siempre: o bien mediante el vocablo «catalán», o bien mediante el término propio de la variedad dialectal correspondiente. Lo que no harán, seguro, es dejar de nombrarlo, aun cuando una nueva ley parezca inducirles a ello. La tradición manda. Y el apego a una determinada palabra, usada durante siglos para referirse al lenguaje hablado en una zona, área o región, tiene raíces profundas. Piénsese, por ejemplo, en el valenciano. Por más que la filología enseñe que no se trata sino de una variante del catalán y así lo haya reconocido implícitamente la propia Academia Valenciana de la Lengua al proclamar la unidad de ambas lenguas, a ningún valencianohablante que no esté abducido por la ideología del pancatalanismo se le ocurrirá afirmar que habla catalán. Y lo mismo sucede en Baleares con el uso de «mallorquín», «menorquín» e «ibicenco», por más que el Estatuto de Autonomía precise que la llamada «lengua propia» de la Comunidad es el catalán.

En ambas Comunidades Autónomas, al igual que en Aragón, el recurso al vocablo «catalán» para definir el habla privativa del lugar es percibido como un abuso, cuando no como una verdadera agresión, por muchos de sus habitantes. ¿El motivo? De un lado, la falta de relación, de vínculo manifiesto —ya secular en el caso de Baleares y Comunidad Valenciana—, entre el término y lo que se supone que este denota. De otro, la inevitable asociación entre «catalán» y «Cataluña», con todo lo que conlleva de ajenidad e intromisión. Y, en fin —y sobre todo—, la animadversión y el rechazo que resultan de la apelación reiterada a la unidad de la lengua catalana por parte de quienes defienden la existencia de unos Países Catalanes libres y soberanos que se extenderían de Salsas a Guardamar y de Fraga a Mahón o, lo que es lo mismo, de quienes creen que no puede haber unidad lingüística sin unidad política.

Todo lo cual, sobra añadirlo, se ha agudizado en los últimos tiempos con el viaje a la independencia emprendido por Artur Mas y sus huestes. Pero eso, en el fondo, no ha sido más que la puntilla. Desde hace por lo menos dos lustros, las políticas lingüísticas llevadas a cabo por la Generalitat de Cataluña han tenido un carácter marcadamente expansivo, fuera y dentro de España. Sabido es el afán con que los distintos gobiernos tripartitos —y, en especial, los departamentos controlados por ERC— regaron las arcas de las asociaciones culturales afines en Baleares y la Comunidad Valenciana. La lluvia de millones sirvió para promover todo tipo de actividades, a cuál más disruptiva socialmente, aparte de alimentar las propias asociaciones y su red clientelar. Aun así, es en el campo educativo balear donde más se han notado los efectos del pancatalanismo lingüístico. La implantación de un sistema de inmersión calcado del existente en Cataluña, con lo que comporta de adoctrinamiento nacionalista, y la promoción de un modelo de lengua lo más alejado posible de las variedades habladas en el archipiélago han generado una tensión creciente entre los ciudadanos. De ahí que el actual gobierno autonómico haya resuelto no sólo implantar el trilingüismo a partir del próximo curso, sino también promover el estudio y cultivo en las aulas de las modalidades dialectales características de cada isla.

Y es que, para bien o para mal, la gente acostumbra a establecer con el lenguaje una relación que va más allá de la meramente comunicativa o instrumental. Violentarla a nada conduce. Y si esa violencia, además, responde a propósitos asimilistas o es percibida como tal por mor de las circunstancias, entonces la reacción suele ser de órdago. Y la convivencia, claro, se resiente. Eso si no se agrieta sin remedio.

(ABC,  5 de agosto de 2013)

(...) mi padre, un tal Agustín Calvet, a quien si no fuese por mí nadie conocería (...)

(Gaziel, "Autobiografía de un pseudónimo", La Gaceta Literaria, 15-7-1927)

Llamar a consulta

Por lo que voy leyendo, son ya unos cuantos los catalanes que abogan desde posturas no independentistas por la celebración de un referendo en Cataluña. Eso sí, siempre y cuando ese referendo se celebre dentro de la legalidad o, lo que es lo mismo, siempre y cuando los gobiernos de España y de Cataluña lleguen a un acuerdo que lo haga posible. Se trata, en el fondo, de «la doctrina Navarro», sólo que sin el llamado «derecho a decidir» a modo de justificante. Francesc de Carreras lo ha propuesto ya en más de una ocasión, como recordaba el otro día Arcadi Espada. Y ayer mismo lo hacía el profesor y ensayista Jordi Gracia en «El País». A grandes rasgos, su argumentación parte del hecho incontestable de que la situación política catalana ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos, toda vez que el independentismo se ha convertido en una opción partidista ampliamente compartida –lo que ha comportado asimismo que la opción contraria, la autonomista o constitucionalista, haya ido aflorando y consolidándose de forma notoria–, para concluir que no queda otro remedio que intentar salir del atasco convocando una consulta que incluya una pregunta clara y terminante –dado que la situación presente, lejos de revertirse, no hará sino acentuarse en el futuro–.

Francamente, me cuesta entender que alguien con los conocimientos de Gracia –y no me refiero tan sólo a los que resultan de su formación académica, sino también a los propios de quien lleva toda su vida en Cataluña–, alguien que se declara no independentista, pueda creer en la viabilidad de semejante propuesta. Dejemos a un lado el contraargumento mayor –el vinculado a la soberanía nacional del pueblo español, consagrado en la Constitución– y especulemos por un momento con la posibilidad de un referendo. ¿Puede celebrarse con los medios de comunicación públicos y gran parte de los privados en manos del Gobierno autonómico? ¿Puede celebrarse después de más de tres décadas de adoctrinamiento escolar y mediático? Sí, claro, puede. Siempre que uno, no siendo independentista, esté dispuesto a perderlo con casi total seguridad.

(ABC, 3 de agosto de 2013)

Largarse a gusto

Todo el mundo parece coincidir en España en que uno de los grandes males del país es el paro juvenil. Según el Eurostat, ese paro era del 56% en junio, lo que significa que el 56% de los jóvenes de entre 16 y 24 años que forman parte de la llamada población activa no tenían trabajo. Pero esa población activa no representa al conjunto de la población española –y menos en esa franja de edad–; sólo a las personas que están trabajando o están buscando trabajo –oficialmente, claro–. De ahí que nuestro paro juvenil se reduzca de modo considerable si tomamos como referencia el total de los jóvenes españoles con edades comprendidas entre 16 y 24 años; en vez de un 56%, es de un 22%. El 78% restante se encuentra todavía, en su inmensa mayoría, estudiando.

Lo que no quita, claro, gravedad alguna al problema. Sólo lo plantea en sus justos términos. Unos términos que tampoco deberían adquirir necesariamente tintes dramáticos. Como los que aparecen, por ejemplo, en esos reportajes de jóvenes que, una vez completados sus estudios, deciden marcharse al extranjero. A menudo, los medios de comunicación presentan esos casos como si estuviéramos reviviendo el «vente a Alemania, Pepe» de los cincuenta y sesenta. Y no es así. En primer lugar, porque los que se marchan suelen ser gente con estudios, aunque muchas veces acaben empleándose, allí donde aterrizan, en tareas más bien subsidiarias. Y, sobre todo, porque, lo confiesen o no, esos jóvenes son, ante todo, jóvenes. O sea, personas con ganas de salir del nido, de viajar, de conocer mundo, mucho más que demandantes de empleo. Por eso el término «emigración» con el que se acostumbra a identificarles resulta bastante inapropiado. Lo suyo es, en verdad, una expatriación, una expatriación gustosa. Muy parecida –salvando las distancias económicas, eso sí– a la de esos futbolistas españoles de su edad o un pelín mayores que pueblan en estos momentos las grandes Ligas europeas y que algunos han calificado ya de Marca España. Aunque no seré yo, Dios me libre, quien proponga incluir también a nuestros vástagos en tan preciada marca. Una cosa es que se larguen a gusto; otra, que deban acarrear en su peregrinaje el dudoso honor de estar representando a su país.

Esto se acaba

Existe una sensación bastante generalizada de fin de época. O de partida, por recurrir a Beckett. Sí, esto se acaba. Al menos para los españoles que, como Ramón de España, Artur Mas o un servidor, nacimos en 1956. (Por supuesto, la reflexión vale también para los años colindantes, no vaya a querer librase ahora quien yo me sé.) La vida está conformada por una serie de mojones que nos sirven de guía. Los franceses, que tienen nombres para todo, llaman a eso «un repère». Consiste, básicamente, en algo que está ahí, algo cuya presencia tranquiliza en la medida en que permite orientarse y sentirse, para bien o para mal, parte de un todo conocido. Esos asideros pueden ser de lo más variopinto. Así, un determinado concepto de familia; o un sistema político bipartidista; o un programa de televisión excepcionalmente longevo; o un paisaje al que todavía no le ha llegado la hora del incendio; o la enseñanza tradicional; o la silenciosa soledad de una sala de cine. Cuando todo eso desaparece o amenaza con desaparecer –y da igual lo que se ofrezca como sustituto–, uno tiene la sensación de que se ha cerrado una puerta para siempre. Hoy leo que Rodiezmo, c'est fini. ¡Rodiezmo! La foto. Alfonso Guerra, con el puño alzado y el pañuelo rojo anudado al cuello, marcando, desde hace 34 septiembres, el fin del verano y el inicio del curso político. Pues se acabó. El año pasado fue el último. Y sin que a uno le dejen despedirse como corresponde.