El señor Josep Rull, de profesión secretario de organización de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), ha hablado de la consulta. Como lo suyo es organizar las cosas y su partido no es un partido cualquiera, bien merece que le prestemos atención. Rull considera que la consulta debería contar, como mínimo, con una participación del 50%; de no ser así, carecería de «reconocimiento internacional» y de «legitimidad interna». No hace falta decir que las palabras del organizador de CDC son de agradecer. Podía haberse acogido al marco legal español, que no establece umbral alguno de participación para que un referendo sea válido, y no lo ha hecho. Eso sí, a cambio, el censo electoral incluirá a los jóvenes de 16 y 17 años y a los ciudadanos de la UE que forman parte del espacio Schengen y están empadronados en Cataluña. De los segundos, poco puede aventurarse en cuanto al sentido del voto. Los primeros, por el contrario, constituyen un valor seguro. Educados en la escuela catalana y sometidos a una catequesis nacionalista permanente que no hará sino intensificarse en los próximos meses, no hay duda de que participarán en masa en la hipotética consulta.

De todos modos, algo debe de estar fallando en el operativo soberanista. Hace un par de meses la vicepresidenta Ortega cifraba la legitimidad de la consulta en una participación cercana a la de los últimos comicios autonómicos. O sea, del 69,56%. O sea, 20 puntos más alta que la que ahora nos vende Rull. Y eso que nadie habla ya de Quebec, el eterno patrón oro del nacionalismo. Quizá porque allí, en el segundo de los referendos por la soberanía, el de 1995, la participación alcanzó el 93,52%. Y encima, aunque por los pelos, venció el «no».

Vendiendo participaciones

    26 de agosto de 2013