No parece que la presentación, el pasado 30 de diciembre, de las bases que deben regular el uso lingüístico en la enseñanza gallega haya contentado a nadie. Tanto los defensores de la libertad de elección de lengua como los partidarios de una clara preeminencia del gallego en las aulas han soltado ya más de una invectiva contra la propuesta, y, en el caso de los segundos, ese rechazo ha ido incluso precedido por el anuncio de una campaña de movilizaciones cuyo primer estadio es la convocatoria de una huelga en el sector para el próximo día 21.

A decir verdad, motivos no les faltan. En lo tocante al colectivo agrupado en la plataforma Queremos Galego, porque, fuera cuál fuera la propuesta de la Xunta, esta iba a arrumbar el decreto del anterior gobierno bipartito por el que los centros docentes estaban obligados a impartir, como mínimo —y ya sea sabe que los mínimos, en estos casos, se superan siempre holgadamente—, un 50% de la enseñanza en gallego. Y en lo relativo al conjunto de ciudadanos representados por Galicia Bilingüe o la Mesa por la Libertad Lingüística, porque Alberto Núñez Feijoo, cuando no era sino candidato, se había comprometido a garantizar, de resultar vencedor, esa libertad de elección de lengua por la que ambas asociaciones continúan suspirando, y no hay duda de que las bases reguladoras presentadas recientemente están lejos de satisfacer sus expectativas.

En realidad, lo que propone el ejecutivo gallego es una suerte de término medio entre lo prometido en tiempos de promesas y lo existente. Libertad de elección, sí, pero hasta cierto punto —esto es, hasta cierta edad, la infantil—. Y, en lo demás, o sea, en primaria y secundaria, mucha regulación administrativa, con un más que improbable protagonismo de los padres en la toma de decisiones y un horizonte supuestamente equilibrado en lo que respecta a los usos lingüísticos. ¿Podía ser de otro modo? No lo creo, ni creo que Núñez Feijoo lo creyera cuando empeñó su palabra. Por un lado, un modelo que garantizase plenamente esa libertad de elección supondría un coste enorme para la administración autonómica, coste que debería ir por fuerza en detrimento de otras partidas presupuestarias. Por otro, la resistencia que encontraría en buena parte del profesorado autonómico —y, en especial, en los sindicatos que dicen representarlo— convertiría los centros docentes en un campo de batalla, algo que ningún gobierno desea tener que afrontar.

Este es el peaje, qué quieren, de décadas de autonomismo a la española. Allí donde existe más de una lengua oficial, manda siempre el nacionalismo. Y tanto da que esté o no en el gobierno; le basta con gobernar en las aulas.

ABC, 17 de enero de 2010.

Misión imposible

    17 de enero de 2010