Para Duran, pues, que haya o no haya pacto con el PP en el futuro no depende tanto del contenido del recurso de inconstitucionalidad presentado en su día por los populares, o del hecho mismo de haberlo presentado, como del caso que el Alto Tribunal vaya a hacer finalmente de este recurso. O, si lo prefieren —por recurrir a los términos empleados por el propio secretario general de CIU—, del grado de negatividad de la sentencia. No sé si se reparan en lo perverso del procedimiento. En vez de juzgar al PP por sus actos, se le va a juzgar por lo que el intérprete supremo de la Constitución, tras analizar el texto, pueda considerar digno de censura o de enmienda. Si las partes que suprimir o que modificar son pocas y livianas, la cosa —o sea, el posible pacto— todavía tendría pase. Si son muchas y sustanciales, no habría nada que hacer.
Por descontado, un razonamiento de esta índole únicamente se sostiene si aceptamos la vinculación entre poder político y poder judicial, si damos por hecha aquella camaradería que tan bien describiera Robert de Jouvenel en «La République des camarades» —es decir, con respecto a la Tercera República francesa— y que no es sino la antesala de la corrupción. En otras palabras: cuando Duran dice lo que dice, le está diciendo al PP y a sus dirigentes que hagan el favor de ponerse en contacto con sus camaradas del Constitucional para que aflojen, para que no tensen tanto la cuerda y dejen intacto lo esencial del texto estatutario, ya que, de lo contrario, esa mayoría a la que aspiran para dentro de un par de años en el Congreso y a la que tanto pueden contribuir los votos de Minoría Catalana no sólo peligra, sino que se anuncia de todo punto imposible.
Así las cosas, y puestos a escoger político, prefiero mil veces a José Montilla, que acaba de reiterar que «nunca» pactará «con quien ha recurrido el Estatut». Y es que a los radicales, al menos, se les entiende todo de buenas a primeras.
ABC, 16 de enero de 2010.