Para empezar, que en el Estado de las Autonomías por antonomasia un gobierno haya tenido la ocurrencia de inventarse un engendro de esta clase constituye ya, de por sí, un despropósito. Y cuando hablo de engendro me refiero, claro, al nombre. ¿O acaso puede alguien creer que, en un país tan compartimentado como el nuestro, donde los conflictos de competencias están a la orden del día, un organismo con semejante adjetivo en su denominación iba a pasar inadvertido? Venga, hombre, venga. Cabe la posibilidad, no lo niego, de que, tratándose de energía nuclear, el bautista en cuestión considerara que cuanto menos descentralizado estuviera el asunto mejor. Pero seguro que, de haber previsto diecisiete almacenes en vez de uno, otro gallo nos cantara.
Entre otras razones, porque entonces estaríamos asistiendo a tantas batallitas como Comunidades existen en España, mientras que ahora asistimos a una sola, es verdad, si bien de proporciones infinitamente superiores. Miren, si no, la que se ha armado. En el momento en que escribo estas líneas, tres ayuntamientos de regiones distintas —dos en una y uno en otra— se han postulado ya para acoger el ATC. Y lo han hecho además contra viento y marea, es decir, contra el parecer del propio Gobierno regional y del propio partido gobernante en estos ayuntamientos, que, encima, ocupa en el correspondiente Parlamento autonómico los bancos de la oposición.
A lo que hasta ahora nos tenían acostumbrados nuestros ayuntamientos era a litigios como el que entretiene, a estas alturas, a los alcaldes de Barcelona y Zaragoza. Litigios en positivo, vaya, para hacerse con algo a lo que también aspira el rival. Y, cuando ello sucede, los litigantes suelen contar con el apoyo incondicional del Gobierno de la Comunidad, y hasta con el de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas locales. Con el dichoso almacén, en cambio, los alcaldes del lugar se han quedado más solos que la una. Es cierto que el pueblo les apoya. Pero, ¿qué es un pueblo ante esa superestructura formada por la comarca, la provincia, la Comunidad Autónoma y, «last but not least», lo que queda del Estado?
ABC, 31 de enero de 2010.