Y no sólo en lo que afecta al bolsillo. Miren la lengua, por ejemplo. En este terreno, estamos viviendo un final de mes que merece pasar igualmente a los anales de la ascensión. Por la pendiente, tan pronunciada, y porque, lo mismo que con los precios, uno no sabe a ciencia cierta si lo que está ocurriendo en este asunto es culpa nuestra o culpa de los demás. La lengua, por supuesto, son las lenguas. Y los derechos ciudadanos vinculados a su uso y disfrute. Y esta semana, el miércoles en concreto, se han sucedido una serie de hechos, no por previsibles menos graves, que ponen todavía más cuesta arriba su salvaguarda.
Para empezar, el ministro Gabilondo ha presentado a los consejeros autonómicos integrados en la Conferencia Sectorial de Educación un documento con 104 propuestas de reforma del sistema educativo. Entre estas propuestas hay algunas que, por primera vez, anteponen el sentido de la realidad a la defensa de la ideología, de lo que hay que felicitarse. Pero también se echa en falta, en el documento, algo sustancial: la garantía, en aquellas partes del territorio donde existe más de un idioma oficial, de que los padres podrán elegir la lengua o las lenguas en que van a ser educados sus hijos.
Este mismo día, y ya en Cataluña, los grupos que forman el Gobierno tripartito, con el apoyo interesadísimo de CIU, han dado luz verde a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley del código de consumo, que va a endurecer de forma considerable el aparato represivo contra aquellos comercios que no informen «al menos en catalán». Y, en el Ayuntamiento de Barcelona, una mayoría formada por una alianza de partidos idéntica a la del Parlamento ha aprobado en comisión un Reglamento de Usos Lingüísticos cuyo máximo objetivo parece ser encerrar la lengua castellana en una vitrina del Museo de Zoología.
Claro que, mientras tanto, un montón de ciudadanos se están manifestando hoy mismo en Arenys de Mar a favor de la libertad de opción lingüística y de empresa. Y el próximo lunes, la inmensa mayoría de las salas de cine irá a la huelga en protesta por la nueva ley de cine de la Generalitat y su exigencia de que, en adelante, se exhiba el mismo número de películas en una lengua que en otra.
A unos y a otros hay que agradecerles que nos hagan la cuesta más llevadera. Y a los demás, a los que todavía dudan, hay que pedirles que den también ese paso al frente, tan necesario, en defensa de la libertad.
ABC, 30 de enero de 2010.