Enseñanza de pago

Que la crisis iba a favorecer las estadísticas educativas, pocos lo ponían en duda. Hasta el ministro Gabilondo, en uno de sus últimos balances, admitió que el factor económico era uno de los que habían influido para que la tendencia al abandono de los estudios quedara, si no invertida, sí por lo menos frenada. Antes, cuando el trabajo sobraba, muchos jóvenes dejaban el instituto atraídos por la posibilidad de empezar a ganarse la vida en alguno de esos empleos para los que no hace falta cualificación ninguna. Ahora las cosas, claro, han cambiado. Ahora esos mismos jóvenes, y sobre todo los padres que hay detrás, han convertido los centros educativos en una suerte de refugio. Si no encuentran trabajo —piensan sus progenitores—, que como mínimo no estén todo el santo día por ahí, sin hacer nada. Que estudien, que algún provecho sacarán aunque no aprueben.

Porque lo cierto es que la mayoría de las veces esos estudiantes a su pesar no aprueban. Las estadísticas, en esto, siguen siendo igual de rotundas que antes de la crisis. Incluso el frustrado intento de dar al Bachillerato una apariencia de goma de mascar, con cursos retráctiles, no tenía otro objeto que el de evitar que las cifras relativas al abandono escolar continuaran trepando. Y la propuesta de convertir los dos cursos actuales en tres, si bien pedagógicamente resulta sensata, no deja de perseguir, al cabo, un horizonte similar. Si bien se mira, todo son parches. Parches al término de un recorrido viciado ya de raíz.

Pero, aun así, lo que yo no imaginaba es que existiera algo parecido a la llamada Beca 6.000, promovida por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Me enteré el otro día y todavía no salgo de mi asombro. Al parecer, se trata de ayudar a los jóvenes andaluces que cursan el Bachillerato o los Ciclos Formativos de Grado Medio. De ayudarlos para que no abandonen los estudios. Y la Junta no ha hallado mejor forma de hacerlo que pagándoles un sueldo de 600 euros al mes. 6.000 euros al año por ir a clase. No está nada mal. Pero, barbaridades aparte, acaso lo más interesante de la iniciativa sean los números. De las 26.842 solicitudes presentadas se han admitido 3.144, mientras que 2.708 siguen en trámite. El resto, 20.990, han sido denegadas. ¿Los motivos? En un 38% por causas económicas, ya que la Junta primaba a las familias con bajo nivel de renta, y en un 62% porque el solicitante no poseía la ESO, no residía en la Comunidad o no cursaba lo que tenía que cursar.

No consta si, entre estos últimos, figuraba también algún sénior, de esos a los que la pensión no les alcanza, pero no me extrañaría lo más mínimo. Aquí por probar que no quede.

ABC, 3 de enero de 2009.