La apelación de Don Felipe VI, en su discurso de coronación, al «concierto de las lenguas» de España y su afirmación de que estas constituyen «los puentes para el diálogo de todos los españoles» ha venido a coincidir con la noticia de que la Consejería de Educación del Principado de Asturias tiene previsto implantar en el próximo curso escolar, en la etapa de primaria, la enseñanza del bable y de la cultura asturiana en detrimento de la de una segunda lengua extranjera. Como es sabido —y como algunos columnistas han recordado ya—, las lenguas de España no favorecen el diálogo entre los españoles; más bien lo dificultan. Sólo una, la castellana, cumple desde hace siglos con esta función y es por ello por lo que la Constitución la reconoce como la única oficial del Estado. Así pues, la inclusión en el discurso real de esa mención a la bondad comunicativa de la pluralidad lingüística española no puede sino entenderse como una concesión a la galería nacionalista o, en otras palabras, como un aserto falsable. Lo que demuestra hasta qué punto el simbolismo idiomático, con todo lo que conlleva, sigue condicionando nuestras políticas públicas.
Como muestra del alcance del sarampión, la decisión de la Consejería asturiana. Con el agravante además de que en Asturias no gobierna, que se sepa, ninguna forma de nacionalismo periférico, sino la izquierda toda, amparada en la condescendencia de un diputado de UPyD. Y con la circunstancia, nada menor, de que el bable ni siquiera es lengua cooficial en el Principado. Por supuesto, nada tengo contra el hecho de que esta lengua —o cualquier otra que alguien considere oportuno rescatar de las tinieblas— pueda ser enseñada y aprendida en la escuela. Pero siempre como una opción. Que la única alternativa a la asignatura de «Lengua asturiana» vaya a ser, a partir de septiembre, «Cultura asturiana», orillando de este modo la posibilidad de cursar un segundo idioma extranjero, supone una conculcación del derecho de los padres a escoger para sus hijos entre lo ornamental y lo útil. O sea, del derecho a ejercer con plena conciencia y responsabilidad su paternidad.
(ABC, 21 de junio de 2014)
