A propósito de Chaves Nogales

Juan Carlos Mateos Fernández ha escrito un libro lleno de inquina. Parapetado en la exégesis de los editoriales del diario Ahora y en el contenido de las actas de su Consejo Obrero durante los primeros meses de la guerra civil, ese estudioso de la prensa periódica española de la primera mitad del siglo XX ha perpetrado una ácida diatriba contra Manuel Chaves Nogales y los chavistas –es decir, contra quienes han expresado en las últimas décadas su admiración por la figura y la obra del periodista sevillano y han dejado memoria escrita de ello–. Junto al pueblo en armas. Los editoriales del diario Ahora bajo la dirección de Manuel Chaves Nogales (Espuela de Plata, Renacimiento, 2024) tiene como objetivo desenmascarar el mito de Chaves Nogales como integrante de la Tercera España, esa que no estuvo ni con los hunos ni con los hotros y cuya máxima expresión es el célebre prólogo a A sangre y fuego. En otras palabras, según Mateos, Chaves sí estuvo con la España revolucionaria mientras le convino, a fin de poder cruzar los Pirineos con destino a París a finales de 1936 sin mayores quebrantos.

En apoyo de su tesis, el autor acota el periodo en que los editoriales serían debidos a la mano de Chaves con objeto de analizarlos. Para ello, se sirve de los datos biográficos conocidos y de alguno de nuevo cuño, de la presencia del nombre del periodista como director en la cabecera del diario, de la similitud entre algunas parte de los editoriales, de un lado, y determinados contenidos de algunos relatos de A sangre y fuego, de otro, y, más en general, de temas que el propio periodista había tratado en libros y crónicas precedentes, como, pongamos por caso, los referidos a la Unión Soviética y al exilio de la Rusia blanca en París. Y aunque Mateos no incida en ello, podrían añadirse también a los ejemplos citados ciertos rasgos estilísticos de los editoriales que recuerdan la escritura de Chaves.

Todo lo cual no obsta para que un conocedor del periodismo –y se diría que Mateos, por su currículo al menos, debería serlo–, siga haciéndose la pregunta: ¿Y qué? ¿Acaso la opinión vertida en un editorial, donde se refleja, lo escriba quien lo escriba, el punto de vista de un periódico acerca de un asunto de actualidad, puede equipararse a la expresada por un periodista en una columna que lleva su firma? El propio autor del libro reproduce en las primeras páginas de su introducción el fragmento de una respuesta de Ahora de febrero de 1936 a una serie de ataques que venía recibiendo el periódico por parte de otra cabecera contra uno de sus colaboradores, al que juzgaba autor constante de sus editoriales, con la siguiente argumentación: “Empecemos por advertir que no todos los editoriales son de la misma pluma, pero sí reflejan todos un criterio constante: el de Ahora […]. En las colaboraciones firmadas hay amplitud; en el editorial hay un alma, y esa alma no se enajena a ningún redactor ni colaborador, por distinguido que sea.”

Pero no. Los editoriales que el autor atribuye sin duda alguna a la mano de Chaves –hasta el punto de que mediada la introducción del libro ya ni siquiera se toma la molestia de anteponer a tal atribución un cauteloso “presuntamente” o “probablemente”– reflejan la opinión de Chaves y no la de Ahora. A su juicio, la mano de Chaves está tan presente que es como si estuviéramos leyendo una columna de opinión del periodista y no un editorial. El problema, insisto, es que no se trata de una columna. Y Chaves –supongamos que, en efecto, es él quien los escribe– no puede ignorarlo. Es más, en todo el tiempo en que Chaves figuró como director de Ahora –como “camarada director”, dirá él en el prólogo a A sangre y fuego–, o sea, entre comienzos de agosto y comienzos de noviembre, cuando huyó de Madrid en un coche de la empresa junto a otros periodistas con destino a Valencia, no escribió en su periódico ni un solo artículo firmado con su nombre. Tampoco lo hizo en ningún otro medio español, con la excepción del publicado en el barcelonés Noticiero Universal el 28 de noviembre y titulado “La gran canallada”, cuya exhumación debemos a Rocío López-Palanco, tal como indica Ignacio Garmendia en su imponente edición de la Obra Completa del escritor (Libros del Asteroide, 2020).

Chaves escribió aún otro artículo en plena guerra para el periódico argentino La Nación, “Lo que pasa en España y lo que pasará”. Salió publicado el 8 de agosto de 1936, y había sido enviado desde Hendaya, antes, pues, de que el periodista hubiera cruzado la frontera en su camino de regreso a Madrid procedente de Inglaterra, adonde había viajado junto a su esposa para recoger a su hija mayor, Pilar, que estudiaba por entonces en el extranjero. Sostiene Mateos que es muy probable que la sublevación militar pillara a Chaves y a su esposa en París, donde habían hecho escala, al igual que harían a la vuelta. En todo caso, el optimismo que se desprende del artículo –la fe en un desenlace de la contienda que desembocaría en “un liberalismo republicano, democrático y parlamentario, sostenido por una fuerza proletaria que hoy, a los dieciocho años de la Revolución rusa, conoce sus posibilidades más exactamente de lo que sus adversarios suponen”– respondía, como señala Garmendia en su edición, a la confusión “de la realidad con el deseo”.

Sea como sea, esa renuncia a expresar abiertamente su opinión desde que el 5 de agosto pisó de nuevo la redacción del periódico, ese abandono no sólo del artículo, sino también de la crónica o el reportaje –él, que tan pródigo se había mostrado en ambos géneros– y el subsiguiente refugio en el anonimato del editorial obedecían sin duda a la incomodidad de quien se había sentido siempre republicano, pero en modo alguno revolucionario, del signo que fuera. Los textos que habían llevado su firma durante aquellos largos cinco años de Segunda República lo atestiguan sobradamente. En un Madrid donde ya no mandaba el Gobierno, sino las milicias; donde el terror en la retaguardia había adquirido carta de naturaleza; donde el asalto del 22 de agosto a la cárcel Modelo y los consiguientes asesinatos no constituían un hecho aislado, sino un complemento de las checas, las sacas y los paseos, ¿cómo iba a comprometer Chaves su firma con aquel baño de sangre? El editorial, lo escribiera quien lo escribiera, tenía un carácter colectivo, con lo que la responsabilidad de cada cual, incluso la del director, en relación con su contenido quedaba si no disuelta, sí notoriamente atenuada. 

Es muy probable que las consideraciones que acabo de exponer no alteren para nada la inquina con que Mateos ha ideado y ejecutado este libro. Chaves seguirá siendo para él un traidor a la causa y los chavistas, unos idólatras despreciables. Para algunos, y no son pocos, en aquella España no había más que dos bandos, uno bueno, y otro malo. Al bueno se le perdonan todos los borrones; al malo, ninguno. Que existan también quienes no están dispuestos a perdonar ninguno, sea del bando que sea, como fue el caso de Chaves, es algo que nuestros maniqueos ideológicos no pueden ni querrán jamás consentir. Ni entonces ni ahora.

The Objective, 9 de septiembre de 2024

Levantar al bajo, rebajar al alto

Releyendo hace poco Por tierras de Portugal y de España, de Unamuno, tropecé con este fragmento de un artículo fechado en 1908: “Las grandes ciudades nivelan, levantan al bajo y rebajan al alto, realzan las medianías y deprimen las sumidades. Efectos de la masa, que son poderosos tanto en química como en la vida social”. Y unas líneas más abajo: “Las grandes ciudades son fundamentalmente democráticas, y debo confesar que siento un invencible recelo platónico hacia las democracias. La cultura se funde y esparce en las grandes ciudades, pero se ramploniza. Las gentes dejan la lectura sosegada del libro por asistir al teatro, esta escuela de vulgaridad. Sienten la necesidad de estar juntos; les azuza el instinto rebañego; tienen que verse unos a otros.” El artículo en cuestión, “Grandes y pequeñas ciudades”, contraponía megápolis como Madrid a ciudades como Salamanca –él las llamaba “pequeñas”, aunque luego precisaba que se refería a las de tamaño medio–, y no hace falta añadir que Unamuno, habiendo residido en ambas, se inclinaba por las segundas, las únicas, a su juicio, donde el espíritu podía expandirse libremente y el individuo desarrollarse en plenitud.

Si los fragmentos citados me llamaron en esta ocasión la atención –suele pasar con las relecturas; uno se fija en aspectos del texto que le habían pasado por alto la primera vez, quién sabe si por el efecto benéfico en este caso de la edad–, es por la asociación que establece Unamuno entre el proceso de nivelación de las grandes ciudades y su carácter democrático. Y es que, al leerlos, no pude evitar pensar en la educación pública y en las consecuencias que ha acarreado, cerca de un siglo más tarde, el empeño de muchos gobiernos de la Unión Europea (UE) –y la propia UE en sus políticas– por llevar la igualdad a sus últimas consecuencias. O sea, por nivelar a los ciudadanos, por levantar al bajo y rebajar al alto.

“Que nadie se quede atrás”, ha sido durante las últimas décadas el lema de políticos y pedagogos españoles. Un lema que tenía un reverso que esos mismos políticos y pedagogos, bañados en general en ideologías de izquierda, se guardaban mucho de exhibir: “Que nadie destaque más de la cuenta”. Y es que difícilmente se puede levantar al bajo sin rebajar al alto cuando lo que se persigue es alcanzar la igualdad, o sea, nivelar. Dicho peaje se ha escondido concienzudamente. Aun así, la forma como han desaparecido de los currículos educativos valores como el trabajo, el esfuerzo o el mérito, el ahínco con que se ha subestimado la competitividad o el ninguneo de que ha sido objeto el conocimiento hablan por sí solos.

Tras la disputa de la última Eurocopa, políticos de esa misma izquierda ponderaban, con razón, el talento de futbolistas como Nico Williams o Lamine Yamal. Y lo hacían poniendo el acento en el color de su piel y en la dificultad que entrañaba –en el caso de Yamal– alcanzar la cumbre siendo hijo de una humilde familia de inmigrantes. Ello llevó a algunos profesores y expertos en educación defensores de esos valores hoy excluidos de la enseñanza pública a denunciar la contradicción que supone celebrarlos en el caso de los futbolistas de élite y a renunciar en cambio a incorporarlos a los currículos educativos de nuestros jóvenes. Como si el talento brotara y creciera en un paraje salvaje y no requiriera de un cultivo metódico y constante, que sólo el esfuerzo, el estímulo competitivo y el reconocimiento del mérito pueden dar.

Comprendo a esos profesionales de la educación. Tiene que resultar desesperante comprobar cómo va pasando el tiempo –y aquí el tiempo se cuenta ya por décadas y más décadas– sin que nadie se proponga si no arreglar, sí al menos intentar paliar el erial educativo español. Quizá tuviera razón Unamuno al asociar este proceso, que él detectaba en el crecimiento imparable de las grandes ciudades y en sus efectos sobre la cultura, a la implantación de la democracia. Y si así fuera, estimado lector, me temo que estaríamos ante uno de los mayores peajes que hay que pagar para seguir viviendo en un Estado democrático.

The Objective, 16 de agosto de 2024

El "boudoir" literario de Josep Pla

Francisco Fuster ha tenido el acierto de reunir en un volumen las “Pláticas literarias” de Gaziel (Fundación Banco Santander, 2024). Yo había leído muchas de ellas, publicadas la mayoría en los años veinte, ya en La Vanguardia, ya en El Sol. Pero no se leen igual. Una cosa es hacerlo en las páginas de un periódico, rodeadas de artículos que tratan de asuntos dispares y con una regularidad variable a menudo dictada por la actualidad –una muerte, un centenario, una polémica–, y otra muy distinta tenerlas todas juntas, agrupadas según un criterio temático –literatura universal, hispánica, catalana, pláticas artísticas–, con la posibilidad, pues, de leerlas de corrido y descubrir, o más bien corroborar una vez más, la inmensa cultura, literaria y de toda índole que atesoraba su autor.

Entre esas pláticas hay una dedicada a Eça de Queiroz con ocasión de la publicación de los tres primeros tomos de sus obras póstumas –dos novelas y un volumen de correspondencia, a las que iban a seguir en el futuro otras muchas–. Gaziel confiesa sentir por esos libros y por el escritor que hay detrás un respeto tal que casi no se atreve a abrirlos. Para él, “las obras póstumas de los escritores ilustres, publicadas sin su consentimiento, siempre tienen algo de irreverente, algo que se parece a una profanación. Es como si al morir una mujer muy amada, un confidente indiscreto nos ofreciese la ocasión de introducirnos en el boudoir más íntimo de la desaparecida tal como ella lo dejó, tal como ella jamás hubiera consentido que lo viera nadie”.

¿Tiene razón Gaziel? Por lo que sabemos, Eça mantuvo hasta el último aliento la esperanza en una curación de la dolencia gastrointestinal de origen desconocido que le aquejaba desde hacía tres lustros. En otras palabras: si no había publicado esas y otras novelas en apariencia terminadas es porque pensaba volver sobre ellas, enmendarlas en parte, hacerles todavía algún retoque. O porque no le acababan de gustar, incluso. Pero, con todo, dado que había muerto dejándolas en su tocador literario, sin destruirlas, dado que allí permanecían, junto a su correspondencia, ¿no es lícito aducir, en favor de su publicación y en contra del recelo de Gaziel, el interés general, o sea, el del público lector, entre el que se cuentan los especialistas en su obra? Es más, ¿qué devoto de Eça se privaría hoy de la lectura de La capital, El conde de Abranhos o de parte de su correspondencia –y me ciño a los tres tomos que Gaziel tenía sobre su mesa– por el mero hecho de que esas obras fueron publicadas póstumamente y sin el consentimiento explícito de su autor? Me atrevo a contestar que ninguno, por inacabadas que puedan considerarse las dos primeras y por privada que sea la tercera.

El escritor que pudiendo hacerlo no ha incluido en su testamento una disposición referida a su legado literario está poniendo dicho legado en manos de su legítimo heredero, con instrucciones sobre su destino o sin ellas, que para el caso es lo mismo. Ese heredero, al cabo, dispondrá como quiera de lo legado. Podrá conservarlo o destruirlo, en su totalidad o en parte. Y lo conservado, podrá cerrarlo a cal y canto o sacarlo a la luz, también aquí en su conjunto o parcialmente. Y, en fin, lo que saque a la luz podrá tomar forma de libro –como hizo el hijo de Eça de Queiroz con los inéditos de su padre, al parecer por necesidades de orden económico– o quedar restringido a la consulta de eso que llaman “investigadores”, y que suelen ser personas provistas de un carné que les acredita como miembros de un departamento universitario o de cualquier otra institución costeada con dinero público o privado –una fundación en general–.

La reciente y voluminosa biografía de Josep Pla (Xavier Pla, Un cor furtiu, Destino, 2024, 1.536 páginas –existe versión castellana: Un corazón furtivo, también en Destino–) constituye un excelente ejemplo de lo que puede llegar a contener el boudoir de un escritor. Su extensión tiene mucho que ver en ello, claro. Así como para un lector corriente las 1.536 páginas resultan más una impedimenta que un disfrute, para uno especializado, versado en el rastreo de la vida y la obra del escritor, esa impedimenta queda compensada por el acceso –restringido, pero acceso al cabo– al contenido de las fuentes manejadas por el biógrafo. Unas fuentes que en su gran mayoría estaban todas en el Mas Pla, a buen recaudo. Y es que Pla lo guardaba todo. Lo que escribía y lo que le escribían y enviaban. En cuanto a lo primero, y dada su propensión a viajar como corresponsal, sobre todo en las décadas anteriores a la guerra civil, si no se hallaba en el Mas o en Barcelona encomendaba a alguien de la familia que lo guardara. Y ello tanto si se trataba de manuscritos como de artículos publicados. No tiraba nada, nada en absoluto. Tampoco los diarios que llevaba. Pero lo más valioso de todo este tesoro en gran parte oculto hasta la fecha es sin duda la correspondencia cruzada con toda clase de destinatarios –la recibida, al menos–. Según el biógrafo, a lo largo de sus ochenta largos años de vida Pla habría reunido un mínimo de treintaicinco mil cuartillas, sólo en cartas.

Decía antes que ese material estaba a buen recaudo. Ahora debo añadir que dicha labor de salvaguarda y ordenación no ha sido ya, como es lógico, obra de Pla, sino de su sobrino y heredero Frank Keerl, hijo de su hermana María. Al no constar en el testamento del escritor, que se sepa, ninguna disposición relativa a su legado literario, se entiende que este quedaba en manos del heredero, al igual que el resto de los bienes de los que era poseedor, empezando por el propio Mas. Hay que felicitarse pues, ante todo, de su conservación, puesto que no siempre es así. Si lo conservado es o no todo lo que había, o sea, todo lo que dejó Pla, jamás lo sabremos. Otros manuscritos del escritor sufrieron una purga, aunque estos los custodiaba en la editorial Destino su editor y amigo Josep Vergés, como tuvo ocasión de comprobar Arcadi Espada durante la elaboración de sus Notas para una biografía de Josep Pla, cuyo trasfondo son los diarios que llevó el escritor entre 1965 y 1968 y que se publicaron con el título de Notes per a un diari.

La biografía escrita por Xavier Pla también desvela la voluntad del escritor de ser biografiado. De serlo en vida, de modo que él pudiera estar encima del biógrafo y controlar lo que este escribía. Si mal no recuerdo, fueron tres o cuatro intentos, todos fallidos, bien porque el resultado no era el que Pla esperaba, bien porque el biógrafo no estaba dispuesto a escribir al dictado, sujeto a la arbitrariedad del biografiado. O, lo que es lo mismo, someterse a una censura previa a la publicación del libro. No deja de resultar curioso, por llamarlo de algún modo, que el sobrino y heredero, transcurridos más de veinte años desde la muerte del escritor, se comportara de forma muy parecida a la del tío cuando Albert Boadella le pidió que le dejara consultar la correspondencia cruzada entre Pla y Aurora Perea, con quien el primero había tenido una larga y apasionada relación. Boadella quería hacer una película, y Keerl le puso como condición para el acceso a las cartas una supervisión permanente y un nihil obstat final por parte de una persona de su confianza, aparte de requerirle el pago de más de veintiún mil euros. Ah, y eso después de haber negado reiteradamente a Arcadi Espada la existencia de esas mismas cartas. Como se ve, el sobrino había añadido a la obsesión por el control del producto la ganancia que la cesión de su uso podía reportarle.

En cuanto a lo segundo, no estamos, como se ve, muy lejos de la actitud del hijo y heredero de Eça de Queirós, aunque en este caso no mediaran necesidades de orden económico sino puro mercantilismo. Desde la muerte del escritor ampurdanés, el 23 de abril de 1981, primero Josep Vergés y luego el propio Frank Keerl auspiciaron la publicación de inéditos de Pla que contaron, como de costumbre, con el aprecio del público lector y reportaron cuantiosos dividendos. Vergés terminó la edición de la Obra completa (OC) de Destino, donde incluyó algunos inéditos. También publicó volúmenes sueltos con materiales que no habían salido a la luz, como por ejemplo Un amor de Josep Pla al Canadell o las Notes per a un diari de los años 1965 y 1966, que completaban las de los años siguientes, ya incluidas en la OC. Pero así como Vergés asumió personalmente la edición de estos inéditos, todo induce a creer que en el caso de Keerl la función ha correspondido, casi por entero y siempre bajo la tutela del sobrino, al actual biógrafo del escritor.

Desde que en 1997 Xavier Pla fue designado comisario de la exposición celebrada para conmemorar el centenario del nacimiento de Josep Pla, en la que se mostró por primera vez, cual una reliquia, el cuaderno gris original, al que se añadía un cuaderno rojo, el único inédito publicado al margen de la órbita del actual biógrafo fueron las cartas cruzadas entre el escritor y quien fuera el editor de su primera obra completa, Josep Maria Cruzet, en la editorial Selecta. De la edición, aparecida en 2004, se encargó Maria Josepa Gallofré –la misma persona, por cierto, a quien Keerl tenía pensado encomendar la supervisión del trabajo cinematográfico de Boadella en caso de haber aceptado este último las condiciones impuestas por el primero–. Todo lo demás, todo lo que estaba, para entendernos, en el boudoir de Josep Pla o de sus familiares cuando este falleció, ha caído en la órbita de Xavier Pla, quien lo ha editado directamente o a través de algún meritorio de la Cátedra Josep Pla, por él creada y dependiente de la Universidad de Gerona.

Por supuesto, no hay nada que objetar a la decisión tomada por Frank Keerl. Todo heredero es muy libre de designar a quien le plazca para gestionar el legado de un escritor, en este caso los miles de papeles inéditos dejados por su tío a su muerte. Nada que objetar, decía, como no sea que, dada la naturaleza pública de las instituciones que han intervenido e intervienen de un modo u otro en la custodia de su legado –la Fundación Josep Pla y, sobre todo, la Cátedra Josep Pla–, no habría estado de más que la designación hubiera revestido cierta formalidad en vez de producirse de tapadillo, por la fuerza de los hechos. Pero lo más grave y lamentable es sin duda el acaparamiento y privatización del legado llevados a cabo por quien fuera ungido hace lustros como gestor y futuro biógrafo de facto. Y sé de qué hablo.

Ya he recordado más arriba la experiencia de Espada y Boadella con el propio Keerl a propósito de las cartas de Aurora y aquella película no nata. Pues bien, a mediados de aquella misma década yo tenía entre manos la elaboración de un ensayo sobre Pla y el viejo periodismo y me enteré, a través de Ediciones Destino, de que Xavier Pla iba a encargarse de la edición de la correspondencia entre Pla y su amigo y mentor Alexandre Plana (Con anterioridad ya había editado las cartas de Pla a su hermano Pere y las que su amigo y gran periodista Eugeni Xammar le había enviado a él.). Como me interesaba leer las cartas datadas en los primeros años veinte –el periodo sobre el que yo estaba trabajando–, le pedí hasta por tres veces que me dejase consultar las cartas concernientes a aquellos años. Fue dándome largas con toda clase de excusas hasta que me harté.

Sostiene una buena amiga, conocedora de estos trances, que la apropiación indebida de una fuente es un clásico de la investigación universitaria. Por tal apropiación debe entenderse la que consiste en impedir, por parte de un investigador, que unos colegas tengan acceso a materiales –correspondencia, originales de una obra, toda clase de inéditos, etc.– que no son del dominio público. Si es así, no hay duda de que Xavier Pla estuvo a la altura.

La última vez que le vi fue en 2010, en la Universidad de Gerona. Aquel día la prensa traía la noticia de que en otoño del mismo año iba a crearse la Cátedra Josep Pla, dependiente de la Universidad de Gerona. El hoy biógrafo del escritor, que sería a la postre el director de la Cátedra, se acercó a saludarme afablemente y me indicó que, por descontado, contaba conmigo para las innúmeras tareas que la Cátedra tendría encomendadas en los próximos años. Conmigo y con Espada, añadió.

Aún espero la llamada. Y no me consta que Arcadi haya tenido mejor suerte.

Sánchez-Cuenca, intelectual de guardia

Todos los medios de comunicación disponen de eso que podríamos denominar “un intelectual de guardia”. Aunque su opinión acostumbra a coincidir con la línea editorial del periódico –para mayor comodidad, voy a ceñirme en este artículo a la prensa de papel–, no se trata propiamente de un editorialista ni de alguien que forme parte de la dirección del medio. De lo contrario, estaríamos hablando del periodista de guardia y no del intelectual. Su condición de intelectual supone, en este sentido, un blindaje perfecto ante presuntas acusaciones de dependencia –resulte o no resulte luego su opinión verdaderamente independiente– e incluso un marchamo de prestigio. Donde sí suele figurar su nombre es entre los integrantes del consejo asesor o el consejo editorial del periódico. Puede considerársele pues, hasta cierto punto, un hombre –y cuando digo un hombre, digo también una mujer– de la casa.

Conforme a su tamaño, el periódico en cuestión contará con un número mayor o menor de intelectuales entre sus colaboradores. Pero que sean también “de guardia” no habrá muchos. Un intelectual de guardia es alguien dispuesto a intervenir cuando se le requiera en favor de unos intereses que lo mismo pueden ser los del propio medio que los del gobierno de turno –o de ambos a la vez, claro está–, alguien de confianza que no va a rehuir su responsabilidad; alguien, en definitiva, que tendrá mucho de orgánico y dependiente y muy poco, por no decir nada, de intelectual.

Es el caso de Ignacio Sánchez-Cuenca en El País. Si bien sus primeras colaboraciones datan de finales del pasado siglo, cuando en verdad cobran fuerza y regularidad es con la llegada de Rodríguez Zapatero a la presidencia del Gobierno. Siempre a rebufo de las políticas de aquellos gobiernos socialistas sustentados parlamentariamente en comunismos y nacionalismos varios y –tras el batacazo electoral de diciembre de 2011 producto de una crisis económica que aquel presidente no supo ni quiso prever– ejerciendo de pertinaz e inmisericorde martillo de la derecha de nuevo en el poder, no fue sino con la llegada de su tocayo Sánchez a la presidencia del Gobierno que su función en el periódico adquirió todo su sentido. Y es que el catedrático de Ciencia Política Sánchez-Cuenca ha creído siempre, de un lado, en las bondades de un gobierno de izquierdas como el actual, y, de otro, en la pertinencia del procés y, por tanto, en la improcedencia de la actuación del Gobierno de España, con el apoyo del PSOE, en octubre de 2017.

Su artículo de ayer en el periódico, titulado “El PSOE en el laberinto de la amnistía”, constituye un alegato a favor de una especie de Gran Salto Adelante a la española. Como si aquello en lo que él ha creído siempre estuviera ahora en condiciones de implantarse por la vía de los hechos gubernamentales y, sobre todo –y he ahí lo más importante a su juicio–, sin máscaras, sin eufemismos, llamando a las cosas por su nombre, admitiendo que lo realizado por la izquierda mediante grandes consensos con la derecha, y eso incluye un largo periodo que va desde la Transición misma hasta el procés y sus secuelas, ha sido un verdadero fiasco que no puede condicionar el futuro. No hace falta precisar, supongo, que la derecha que el catedrático impugna es sólo la española y que esta no incluye ni el PNV ni Junts ni todo brote por venir en esos territorios periféricos, siempre y cuando no se trate de un brote “españolista”. Ese borrado del pasado, esa súbita prescripción de las dudas en torno a la adecuación de la amnistía al marco constitucional, esa puesta en cuarentena del imperio de la ley, se refleja en la propuesta rupturista que se desprende del último párrafo del artículo: “Como antes he señalado, los socialistas no pueden reconocer que se encuentran en pleno proceso de afirmación de su autonomía política en materia territorial. Si lo reconocieran, estarían admitiendo que en otros momentos adoptaron una posición subalterna, que asumieron como propia una tesis política por presión ambiental. Para quienes, como es mi caso, nunca hemos compartido la visión de lo ocurrido en Cataluña como un ‘golpe de Estado’ contra la democracia española, lo criticable no es que el Gobierno apruebe la ley de amnistía, sino que, durante un tiempo largo, el PSOE le siguiera la corriente a la derecha en la cuestión nacional”.

Se me dirá que ese Gran Salto Adelante a la española es sólo cosa de Sánchez-Cuenca y quienes piensan como él, y que en nada compromete la opinión de El País o la actuación del Gobierno. Ello no sería descartable, en efecto, si no se diera a la vez la circunstancia, tal como han revelado distintas fuentes, de que el Gobierno, con su presidente a la cabeza, actúa prácticamente al dictado de lo prescrito por el diario y el grupo empresarial que hay detrás. Y de que la firma del catedrático en las páginas del rotativo, lejos de menguar o desaparecer como la de tantos intelectuales que nunca han sido, lo que les honra, “de guardia”, se ha incrementado y afianzado de modo considerable en los últimos años.

(The Objective, 17 de abril de 2024)

Huesos y calaveras

Si uno se encuentra en Évora, la capital del Alentejo, o en sus aledaños, una visita a la Capela dos Ossos resulta obligada. Aun así, incluso en pleno verano, cuando todo son hordas de turistas a los que tanto da franquear la puerta de Disneyworld como la de Auschwitz mientras puedan añadir una muesca más en su peregrinar por esos mundos de Dios, hay quien se resiste. La exposición de huesos y calaveras humanos, al margen de su carácter simbólico –la transitoriedad de la vida concretada en la leyenda que adorna el pórtico del templo: “Nos ossos que aquí estamos pelos vossos esperamos”–, produce lo que los franceses llaman un frisson, y no precisamente placentero. De ahí que algunos prefieran ahorrárselo. Por lo demás, parece que la capilla, construida en el siglo XVII en el Convento de San Francisco de Évora por iniciativa de tres monjes, tiene también un fundamento de orden estrictamente práctico: descongestionar una cuarentena de cementerios monacales de la región o, mejor dicho, vaciarlos por completo exhumando los restos que contenían, a fin de destinar las tierras a otra clase de usos. Los huesos y las calaveras exhumados sirvieron, pues, de elemento edificante, lo mismo desde un punto de vista ornamental que en tanto que recordatorio espiritual o religioso.

Todo lo cual viene a cuento de la exhibición de huesos y calaveras del pasado jueves a primera hora de la mañana en la Basílica del Valle de los Caídos –salvadas sean, claro, todas las distancias que haya que salvar entre ayer y hoy y entre el convento portugués y la basílica española–. La presencia del presidente del Gobierno, acompañado del ministro y el secretario de Estado de eso que llaman Memoria Democrática, disfrazados los tres de forenses, en el laboratorio del recinto rebautizado hace un par de años como Valle de Cuelgamuros –como si los caídos allí enterrados, cerca de 40.000 conforme al registro, si bien la cifra podría alcanzar los 50.000 según la propia web de la Basílica, no lo fueran de ambos bandos y en buena medida por ambos bandos–; la presencia de Pedro Sánchez, decía, no puede sino calificarse de moralmente obscena. Y es que en las imágenes suministradas y propagandeadas por La Moncloa –no existen otras–destacan en primer plano huesos y calaveras, como si los hubieran dispuesto allí a propósito. Y se completan con las declaraciones del propio presidente el mismo día en la red social X, donde puntualizaba que la exhumación y análisis de los restos “atiende a la demanda de 160 familias que todavía hoy siguen buscando respuestas”, por lo que “debemos saldar nuestra deuda pendiente con quienes dieron su vida luchando por la libertad y la democracia en España”.

Nada tengo en contra de la pretensión de estas familias y de cuantas desean exhumar los restos de sus seres queridos, sean del bando que sean y allí donde proceda. Están en su derecho y es de justicia que los poderes públicos atiendan, en la medida de lo posible, a su requerimiento. Y entiendo que esas respuestas que, a juicio de Sánchez, “siguen buscando” se concretan en la identificación de sus restos para poderlos enterrar allí donde sus familiares dispongan. Pero la apostilla según la cual “dieron su vida luchando por la libertad y la democracia en España”, al contrario de lo que cree el presidente del Gobierno y proclama su ley de Memoria Democrática, no es privativa de un bando, sino que puede aplicarse lo mismo a unos que a otros. Y es que muchos de los que dieron su vida en los campos de batalla o fueron víctimas de la represión no soñaban con una España democrática. Ni falangistas y requetés de un lado, ni comunistas y anarquistas del otro. Lo que no significa que no existieran entre ellos excepciones. En cuanto a lo que se entiende por libertad, no hace falta decir que, al igual que la suerte, va por barrios.

La macabra escenificación del pasado jueves en el Valle de los Caídos sólo tiene un aspecto que agradecer. Su Majestad Pedro Sánchez, a diferencia, por ejemplo, de la actual presidenta del Congreso de los Diputados cuando, siendo presidenta del Gobierno Balear, se personaba compungida junto a una fosa común donde se estaban llevando a cabo los trabajos de identificación de los restos de víctimas de la guerra civil en Mallorca, no soltó en ninguna de las imágenes publicadas lágrima alguna. Lo que no sabemos es si en su caso fue por convicción, porque un gobernante debe guardar las formas incluso en tiempos, como los presentes, de destemplada e impúdica exhibición de sentimentalismo, o si fue simplemente por pura incapacidad.

(The Objective, 10 de abril de 2024)

El PP y las elecciones catalanas

De la importancia de las próximas elecciones catalanas se ha hablado mucho en los últimos días, y más se hablará sin duda de aquí al 12 de mayo. Hace un par de semanas yo mismo abogué en estas páginas por el nombramiento de Alejandro Fernández como candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalidad, con lo que me sumaba a la campaña emprendida por numerosas asociaciones cívicas constitucionalistas catalanas y a la que ya se habían adherido a título individual algunos representantes de la sociedad civil. No diré que esa campaña fuera decisiva a la hora de decantar la balanza a su favor, pero me gustaría creer que de algo sirvió. En todo caso, celebro que el desenlace haya terminado dándonos la razón y permitiendo al actual presidente del PP en Cataluña, constitucionalista convencido, sin devaneo alguno con el nacionalismo, y excelente parlamentario –el mejor de la Cámara ya extinta, sin duda– repetir en el puesto y recoger en las urnas el fruto de su trabajo.

Pero lo que no imaginaba, ingenuo de mí –y eso que he conocido las entrañas de un partido político–, es lo que ha venido a continuación. O sea, la composición de las listas electorales. Esta obedece siempre, y es comprensible, a una serie de equilibrios entre lo que en la jerga política se denomina “las distintas sensibilidades del partido” y que, en realidad, más que a diferentes maneras de afrontar la realidad –una realidad que en Cataluña viene indefectiblemente marcada por el nacionalismo–, suele reducirse al poder que atesora cada uno de los barones de la formación conforme a los puestos de las listas en los que logra colocar a los suyos. De ahí que semejante ejercicio de compensación por la designación de Fernández y el arrumbamiento de los posibles cabezas de lista alternativos fuera esperable.

Lo que ya no lo era, ni creo que pueda considerarse razonable, es que de los siete puestos que siguen al suyo en la lista de Barcelona y que casi todas las encuestas dan, a estas alturas y salvo sorpresas, por asegurados –volviendo a la jerga, los llamados “puestos de salida”– ninguno vaya a ocuparlo, al parecer, alguien de su confianza. ¿Con qué templanza va a desenvolverse el candidato, con qué libertad, si le aguardan unos compañeros de bancada en los que no podrá apoyarse, en la mayoría de los casos, sino con reservas? He aquí una de las grandes lagunas de nuestra democracia: la ley electoral vigente, que prescribe el carácter cerrado de las listas, con la consiguiente desvinculación entre representados y representantes. Lo cual, sumado a una ley de partidos que favorece la endogamia, termina traduciéndose en la ausencia de rendición de cuentas por parte de los segundos, tomados de uno en uno. A quien sí rinden cuentas estos últimos es a la dirección del partido que los ha designado –en nuestro caso, la dirección nacional del PP–, que es la que confecciona el pack entero y lo pone en el mercado para que el cliente –léase el elector– lo tome o lo deje.

Al margen de estas consideraciones, el PP tiene en estas elecciones lo que no ha tenido en muchísimos años, por no decir jamás: la posibilidad de convertirse en la referencia hegemónica del constitucionalismo catalán. La figura de Alejandro Fernández, unida a la más que probable desaparición de Ciudadanos –mal que nos pese a muchos y a algunos en particular–, la salida del armario del PSC con su desvergonzado abrazo del separatismo y la presencia de Vox cubriendo el flanco más conservador y reaccionario de la derecha –aparte, claro, del que ya cubre el independentismo de Puigdemont y compañía, ajeno, al contrario que Vox, a todo respeto por la Constitución–, dejan libre un espacio electoral que, si no el próximo 12 de mayo, sí a la siguiente ocasión, puede convertirse en lo que llaman una ventana de oportunidad. Porque si algo ha demostrado ya Alejandro Fernández es que no es de los que se amilanan y buscan refugio en las listas al Congreso o al Senado. Pudo hacerlo en las últimas elecciones generales –se lo ofreció Alberto Núñez Feijóo– y él prefirió quedarse en Parlamento regional. Lo cual, dicho sea de paso, constituye también una garantía de que, de existir en el futuro la oportunidad, Fernández no rehuiría dar el paso al frente que Inés Arrimadas no quiso dar tras su victoria en las autonómicas de 2017 al rechazar presentarse a la investidura.

Ahora sólo falta, y no es poco, que desde sus propias filas le dejen trabajar.

(The Objective, 3 de abril de 2024)

Yo votaría, si pudiera, a Alejandro Fernández

Calculo que sería allá por la primavera de 2007. El Institut Catalunya Futur, franquicia de FAES en la región, me había invitado a participar en un seminario sobre el bilingüismo y allí estaba yo, dispuesto a echar una mano a la institución y algo de luz, en la medida de mis posibilidades, en las cabezas de los asistentes. Una vez terminado el seminario, uno de aquellos cuadros intermedios del Partido Popular, creo recordar que de la provincia de Lérida, me cogió aparte y me contó sus penas. Literalmente. Me contó lo duro que era dedicarse a la política en su tierra, el vacío al que le sometían sus colegas por su filiación política, el extrañamiento del que era víctima por pertenecer a un partido “de fuera”. El hombre quería que le considerasen tan catalán como los demás y aspiraba a que, con el liderazgo de Josep Piqué, los tiempos en que Alejo Vidal-Quadras guiaba los destinos del PP regional hubieran quedado definitivamente atrás.

Este Partido Popular es el que, mutatis mutandis, pretende reponer al parecer Alberto Núñez Feijóo. El del acoquinamiento, el que acepta sin rechistar su carácter subsidiario, el que pide perdón por existir, el que considera normal tener en Cataluña un discurso y una actuación comprensivos, y por tanto cómplices, con el nacionalismo. Si bien se mira, entre este PP de otro tiempo y el PSC, sea el de ahora o el de siempre, no habría grandes diferencias. En todo caso, ninguna que pudiera molestar al establishment nacionalista.

Esta debería ser razón suficiente para que la dirección del Partido Popular ratificara a Alejandro Fernández como candidato a la Presidencia de la Generalidad en las elecciones del próximo 12 de mayo. Pero es que además está su labor parlamentaria. Dudo que haya hoy mejor orador en la Cámara catalana. Su claridad expositiva, su solidez argumentativa y su indiscutible brillantez van unidas a una defensa del Estado de derecho y una denuncia desacomplejada del nacionalismo que lo convierten, con toda certeza, en el principal representante político del constitucionalismo catalán. Yo no sé si al Partido Popular le conviene semejante perfil, aunque me gustaría creer que sí. Lo que sí sé es que en estos momentos a los ciudadanos de Cataluña, y a los de España en su conjunto, su nominación como candidato les vendría como agua de mayo.

Todas las encuestas señalan que el PP va a incrementar de forma considerable su representación en el Parlamento autonómico, hasta el punto de convertirse en el primer partido de la oposición. (Se entiende, supongo, que ni ERC, ni PSC, ni Junts pueden considerarse oposición; gobiernen o no gobiernen, su contrastado nacionalismo se lo impide.) De hecho, los populares están destinados a ocupar el espacio ideológico de Ciudadanos. Y si finalmente ambas formaciones no alcanzan un acuerdo para concurrir a los comicios, es decir, si Cs no acepta las condiciones que le impondrá, seguro, el PP, la designación de Alejandro Fernández como candidato sería sin duda un verdadero golpe de gracia para el partido heredero de aquellos quince intelectuales que en 2005 llamaron a fundarlo. Claro que el que no se consuela es porque no quiere: tampoco el PP actual, con Fernández al frente, habría llegado hasta donde ha llegado de no haber bebido su presidente regional, entre otras fuentes, de aquel manifiesto fundacional y no haber demostrado Ciudadanos a lo largo de los últimos años con sus actos que se podía plantar cara al nacionalismo y recoger los frutos en forma de votos.

Estos días la gran mayoría de las asociaciones constitucionalistas del lugar se han pronunciado en las redes sociales a favor de la candidatura de Alejandro Fernández. También muchos particulares, afiliados o no al PP catalán. Según ha trascendido, un 70% de las agrupaciones del partido le dan asimismo su apoyo. Ahora sólo falta que en la sede de Génova antepongan el interés general y los principios al interés que pueda tener la dirección popular con vistas a un futuro no muy lejano. Lo contrario sería incomprensible.

(The Objective, 20 de marzo de 2024)

El regreso de Clara Ponsatí

Seguro que les suena el nombre de Clara Ponsatí. Es aquella consejera de Educación del último gobierno de Carles Puigdemont que estuvo algo más de tres meses en el cargo y que, al igual que su mentor, tomó las de Villadiego tras la esperpéntica declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017 en el Parlamento autonómico. De su labor al frente de la consejería no queda rastro. Como mínimo, rastro educativo. Fue nombrada para poner la estructura de la consejería al servicio del golpe de Estado, y a ello se aplicó con esmero convirtiendo los centros docentes de toda Cataluña en sendos colegios electorales con vistas a la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Pero sería injusto no citar en este breve recordatorio de su labor gubernamental una rueda de prensa en la que se esforzó inútilmente por responder en castellano –o en español, como ella mismo dijo– a una pregunta que se le había formulado en esta lengua. No pudo. No le salían las palabras. Y eso que las buscaba. Pero no hubo nada que hacer. Lo insólito de este caso de afasia diferencial de origen identitario es que Ponsatí no es una mujer de eso que llaman “el corazón de Cataluña” –como por ejemplo la actual presidenta del Parlamento regional, la maestra Anna Erra, que, siendo alcaldesa de Vic y diputada en la Cámara, pidió en 2020 a “los catalanes autóctonos” que no se dirigieran en castellano a gente que “por su acento o su aspecto físico no parece catalana”–, sino que nació en Barcelona hace 67 años, en el seno de una familia supuestamente ilustrada –es nieta del pintor noucentista Josep Obiols y sobrina del político socialista Raimon Obiols–, cursó la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona y años más tarde impartió la docencia en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Pompeu Fabra. Acaso su alejamiento intermitente de España para ejercer su profesión en Estados Unidos o ahora en la Escocia todavía integrante del Reino Unido, guarde alguna relación con dicha carencia. Aun así, insisto, se trata de un caso digno de estudio.

En la actualidad Ponsatí es eurodiputada, como sus compañeros de fuga Puigdemont y el también exconsejero Comín. Pero, pese a formar parte de la misma lista electoral, ha mantenido su condición de independiente, de independiente de Junts. Ya en su momento criticó el acuerdo de investidura entre las mesnadas de Puigdemont y las de Sánchez, amnistía incluida, en la medida en que suponía a su juicio un pacto con el Estado opresor, o sea, una traición al procés. Y a comienzos de este mes anunció el alumbramiento de una nueva plataforma política, para la que ya tiene nombre, Alhora (en castellano, “a la vez, al mismo tiempo”), y cuya presentación en Barcelona está prevista, si la justicia española no dispone lo contrario, el próximo 23 de abril.

Como indicaba ayer Laura Fàbregas, la denominación de la plataforma y las palabras de la propia Ponsatí constituyen por sí mismas una declaración de intenciones. No se trataría ya, como en el caso de Junts, de convertir la independencia en el único predicado político de la formación; se trataría de hacerlo compatible con cuestiones de interés social y, en concreto, con aquellas que tienen que ver con la inmigración. Así pues, no a la manera de Sílvia Orriols, la exjuntera de Ripoll, y su Alianza Catalana –o sea, tratando a los inmigrantes, en particular magrebíes, como si fueran la peste–, sino con la integración de lo foráneo en lo propio. A priori, por lo tanto, huyendo de la xenofobia de Orriols y los suyos. Pero sólo a priori. Porque tan xenófobo resulta lo uno como lo otro. Aquello que Ponsatí entiende por integración no deja de ser, en el fondo, sino una forma de renuncia forzosa a los derechos que el Estado confiere a los ciudadanos, sean estos españoles o extranjeros. Una forma de sumisión, en definitiva. Y, al contrario que en el caso de Orriols, con un alcance mucho mayor.

Para la exconsejera, no nos engañemos, el peligro reside sobre todo en la no integración cultural y lingüística de los castellanohablantes, se trate de los inmigrantes originarios de Hispanoamérica, se trate de los propios ciudadanos residentes en Cataluña que no están dispuestos a acatar las imposiciones del separatismo en el ámbito administrativo –en especial, en el educativo– e institucional. Un racismo no tan llamativo, es cierto, como el de la alcaldesa de Ripoll, pero mucho más ambicioso y dañino. Dentro de unas cinco semanas, coincidiendo con la presentación pública del proyecto, acaso empecemos a entrever si puede prosperar o si no es más que un efluvio pasajero dentro de la charca del independentismo catalán.

(The Objective, 13 de marzo de 2024)

¿Contra las cuerdas, Francina?

Los medios de comunicación independientes –mal que le pese al Gobierno, aún los hay– van repitiendo estos días que Francina Armengol, presidenta del Congreso, está contra las cuerdas. El símil, como saben, proviene del boxeo, de cuando un púgil está acorralado por su rival en un rincón del ring y sometido a una lluvia de golpes. Es su caso, sin duda, y ayer mismo, trastabillándose, visiblemente alterada –como muestra, “quiero explicar el contexto en lo que los estoy explicando las cuestiones que voy a explicar”–, asumiendo el papel que tanto le gusta de víctima agraviada que no ha roto un plato en su vida, trató de explicar su conducta pasada, presente ¡y hasta futura! en una conferencia de prensa que dio en la propia Cámara. En ella, aparte de ceñirse a un guion exculpatorio que no resiste el menor cotejo con los hechos de los que se tiene constancia a estas alturas, descargó toda la responsabilidad de la compra del lote de mascarillas, aun a sabiendas de que eran defectuosas, y su tardía reclamación para que Soluciones de Gestión reembolsara al gobierno de Baleares el montante de la operación fraudulenta –en realidad, durante su presidencia la administración autonómica ni siquiera abrió formalmente un expediente de reclamación a la empresa, sino que se limitó a elaborar, cuando Armengol ya había cesado en el cargo para encabezar la lista de su partido para las elecciones generales, un informe previo en el que se expresaba la intención de hacerlo–; descargó toda la responsabilidad, decía, en los técnicos del Servicio de Salud de la Comunidad.

Lo cual no deja de resultar significativo. La Consejería de Salud estuvo dirigida durante los ocho años de presidencia de Armengol por una mujer, la enfermera Patricia Gómez. Y si destaco lo de mujer es porque en su momento pocos pusieron en duda que quien estaba llamado a ocupar el puesto era su actual marido, el médico Juli Fuster Culebras, y sólo razones de paridad y empoderamiento –y a saber si también de amistad– llevaron a la entonces presidenta a nombrar a Gómez. Eso sí, Fuster tuvo su compensación. Y no un simple carguito. Al poco era nombrado director general del Servicio de Salud, o sea, número 2 de la Consejería. Ignoro si un caso como este tiene precedentes en alguna administración española. La cúpula de una consejería en manos de una pareja, primero de hecho, y luego también de derecho, y ambos, por supuesto, miembros del partido.

Dicha situación se mantuvo durante dos legislaturas. Perdón, en el caso del marido de la enfermera, sólo hasta julio de 2022, cuando se vio forzado a dimitir por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares en la que se reconocía que con su actuación había excluido en un concurso de oposición en el que participaban su hija y su yerno a un opositor que, lógicamente, era a su vez competidor de los dos miembros de su familia. Una familia que, por su contrastado nepotismo, más parecía ya entonces una famiglia.

La impunidad con que la clase política balear se ha comportado tan a menudo no constituye ningún secreto. Ayer Armengol se rasgaba las vestiduras ante los medios asegurando en un par de ocasiones que ella y los suyos –entiéndase la izquierda y el nacionalismo– están hechos de otra pasta. Nada más falso; en lo referente a la corrupción y sus efectos, basta consultar la hemeroteca para convencerse de ello. Lo que sí es cierto es que van por el mundo aparentando lo contrario, henchidos de una apestosa superioridad moral que les blinda a su juicio contra toda acusación surgida de una evidencia y les legitima para recurrir a cuantos trapicheos sean necesarios para salir del aprieto. Gómez, sin ir más lejos, lo demostró a lo largo de la pasada legislatura autonómica cuando ocultó sistemáticamente –incluso en sus comparecencias en el Parlamento regional– la información de la que disponía sobre las mascarillas. En agradecimiento sin duda a la lealtad que siempre le mostró su antigua consejera, Armengol no descargó ayer en ningún momento sobre sus espaldas, ni siquiera sobre las de su marido y director general durante la pandemia, responsabilidad ninguna en todo lo sucedido. Ahí están los técnicos del Servicio de Salud, vino a decir, que son los únicos que intervinieron en tan lastimoso asunto.

Entenderán, pues, quienes abrigan la esperanza de que ese estar contra las cuerdas de la presidenta del Congreso no sea sino el preludio de un KO, que ya pueden lasciare ogni speranza. Armengol destaca por sus dotes de fajadora y, de otra parte, como no ignoran los amantes del boxeo, de las cuerdas también se sale, bien asestando un golpe certero al rival, bien disponiendo de un juego de piernas solvente. Otra cosa sería sufrir una derrota a los puntos. Pero para que esa tenga lugar antes deberá terminar otro combate: el que está librando Pedro Sánchez contra la verdad y la realidad, contra el Estado de derecho y, en definitiva, contra la España de ciudadanos libres e iguales que propugna y preserva nuestra Constitución. Y terminar con la derrota del primero, claro.

(The Objective, 6 de marzo de 2024)

La ELA como síntoma

Los ejemplos de progresiva desconexión entre los representantes políticos y los ciudadanos a los que se supone que representan –ciudadanos que no se limitan, al contrario de lo que tanta gente cree, a quienes les han votado en unos comicios, sino que se extienden al conjunto del cuerpo electoral, sea este municipal, regional o nacional– son, por desgracia, numerosos. Tal vez el más conocido sea el que resulta del incumplimiento, por parte el partido al que corresponde gobernar, de las promesas incluidas en el programa con que se presentó a las elecciones o, si se trata de un gobierno de coalición, de lo acordado en el pacto de investidura. El elector, claro está, se siente entonces engañado, y a la próxima puede que opte por una fuerza política distinta, se refugie en el voto nulo o simplemente se quede en casa. Pero también puede suceder –como fue el caso de no pocos votantes socialistas el 23-J– que termine votando de nuevo a quien ha incumplido de forma flagrante lo prometido. De ahí que muchos vean en las reformas de la ley electoral y de la ley de partidos –en el sentido de hacerlas, en el primer caso, más proporcional y, en el segundo, más participativa y transparente en lo que a la organización se refiere y más vinculante entre elector y elegido– una posible solución al desapego actual. Aun así, el hecho de que ninguno de los dos grandes partidos nacionales esté por la labor de reformarlas acaba convirtiendo semejantes propósitos en una quimera.

Pero la desafección hacia la clase política se explica mucho mejor, sin duda, yendo a lo concreto, a lo reciente e hiriente. A estas alturas es muy probable que usted, lector, haya oído hablar de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, esa enfermedad rara y hoy por hoy sin remedio que va paralizando poco a poco a quien la padece sin privarle, no obstante, de sus facultades mentales. El historiador Tony Judt, fallecido en 2010, dos años después de haberle sido diagnosticada la enfermedad, describía así en El refugio de la memoria (2010), cuando su cuerpo estaba ya prácticamente inerte, en qué consistía dicha rareza: “Lo característico de la ELA –la menos común de esa familia de patologías neuromusculares– es en primer lugar que no hay una pérdida de la sensibilidad (un arma de doble filo) y en segundo lugar que no hay dolor.” Y concluía: “De este modo, y en contraste con cualquier otra enfermedad grave o mortal, uno tiene la oportunidad de contemplar, a su conveniencia y sin molestia alguna, el catastrófico progreso de su propio deterioro”.

 

Decíamos más arriba que íbamos a tratar de un hecho reciente e hiriente relacionado con la desafección ciudadana hacia su clase política, y lo ocurrido el martes de la pasada semana en el Congreso de los Diputados no puede venir más al pelo. Aquel día se celebró en la llamada sede de la voluntad popular una jornada titulada “Por una regulación que garantice una vida digna a las personas con ELA”. La jornada la habían impulsado meses atrás las asociaciones que representan a los enfermos de ELA –y el verbo impulsar, vistos los antecedentes, es adecuadísimo–. De ella han quedado palabras e imágenes que han tenido a lo largo de los últimos días una repercusión insólita. No es que no se hubiera hablado nunca de la ELA; es que nunca se había dedicado tanto tiempo y espacio en los medios a los enfermos y a la enfermedad. A ello contribuyó, por descontado, el marco en que se desarrolló la jornada. La sede de la voluntad popular, insisto. Y el hecho de que esa voluntad hubiera sido burlada ahí mismo durante dos años –desde el día de la legislatura anterior en que una proposición de ley de Ciudadanos había sido admitida a trámite con el voto unánime del conjunto de los diputados y la Mesa la había postergado en su tramitación hasta una cincuentena de veces– suponía, por contraste, una verdadera afrenta para quienes habían venido a reclamar lo que era a todas luces de justicia.

Se entiende, pues, la indignación que reflejaban las palabras trabajosamente pronunciadas por el exfutbolista y exentrenador Juan Carlos Unzué cuando afeó a sus señorías que en la sala sólo estuvieran 5 de ellas –la Cámara la integran 350 diputados–, así como el efecto que han tenido. Del mismo modo, se entiende el impacto causado por las imágenes, la visión dolorosa de los enfermos desplazados hasta el Congreso acompañados de sus familiares y amigos. Todo el bochorno de este 20 de febrero podría, en definitiva, haberse evitado si nuestros representantes públicos –y en particular quienes han gobernado y gobiernan la institución– se hubieran comportado con la atención y el respeto que merecen unos ciudadanos que sólo reclaman una ley que costee unas prestaciones y unos cuidados que les resultan indispensables para vivir con dignidad lo que les resta de vida y cuyo montante –una treintena larga de millones de euros anuales– no es nada para los presupuestos generales y lo es todo, en cambio, para ellos y sus familiares.

La anterior proposición de ley decayó cuando Sánchez decidió adelantar los comicios. Ya en la presente legislatura una iniciativa de Vox también fue bloqueada por la Mesa a instancias del Gobierno, que la consideró demasiado costosa. Y ahora, dos días después, mira por dónde, de la sonrojante jornada a la que acabamos de aludir, Junts registraba una nueva proposición que responde a los mismos requerimientos de las asociaciones de afectados. A pesar de que hoy todo gira en el Congreso en torno a otra clase de leyes, que son las que en verdad interesan al presidente del Gobierno en su pretensión de conservar el poder a toda costa, es de esperar que en esta ocasión lo acontecido el martes 20 y quién sabe si incluso la naturaleza del grupo proponente faciliten las cosas. Si no es mucho pedir a nuestros representantes políticos, claro.

(The Objective, 28 de febrero de 2024)

De cuando el hombre desaparece del Congreso

Nada hay en el sanchismo cuyo origen no se remonte de una forma u otra a aquella época –la primera década de siglo, año más, año menos– en que José Luis Rodríguez Zapatero era secretario general del PSOE y, a partir de 2004, también presidente del Gobierno de España. Parafraseando, pues, al evangelista, puede decirse que en el principio fue Zapatero. Tanto es así que la reiterada presencia en los medios y, en general, en el espacio público del expresidente, en su papel de socorrista del actual presidente del Gobierno y secretario general de lo que queda del partido, debe entenderse como la del padre fundador que se niega a aceptar que lo engendrado por su persona, una vez llevado a su máxima expresión, también puede tener un final y acarrear, tarde o temprano, la pérdida del poder.

Fue Zapatero, en efecto, si no el introductor, sí el promotor acérrimo del tribalismo y las identidades en la esfera política y social española. Fue él quien abrazó todas las causas que han ido troceando poco a poco –con la incuestionable colaboración de una oposición reticente al cuerpo a cuerpo doctrinal– la unidad de la Nación, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, el pleno ejercicio de las libertades y, en definitiva, el Estado de derecho. Sánchez, en el fondo, no ha hecho sino tensarlas y extremarlas, haciendo de su necesidad vileza, hasta grados difícilmente imaginables hace sólo unos cuantos años. 

Un ejemplo reciente de esas políticas iniciadas a comienzos de siglo y rematadas en los tiempos presentes es el documento perpetrado por la Mesa del Congreso de los Diputados que preside Francina Armengol –y digo perpetrado porque todo lo que pasa a un nivel u otro por las manos de esta mujer, al menos en el ejercicio de la única profesión que se le conoce, se perpetra–. Me refiero a las “Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria”, que figuran como Anexo a la Reunión de Mesa de 5 de diciembre de 2023. Ya la Real Academia Española (RAE) se pronunció el pasado 13 de febrero sobre el contenido del texto. Y es que llueve sobre mojado. La RAE había publicado en enero de 2020, a petición de la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, un “Informe (…) sobre el uso del lenguaje inclusivo en la Constitución Española” donde exponía su punto de vista sobre esta cuestión. Mejor dicho, no sobre el uso sexista del lenguaje –sea lo que sea este uso–, sino sobre el lenguaje inclusivo. Según recordaba entonces por enésima vez, el género masculino ya es inclusivo en muchísimos contextos, por lo que no puede privársele de semejante carácter como hacen las “Recomendaciones” en varios de sus apartados. Y encima dando a entender, de modo torticero, que el “Informe” de la Academia de cuatro años atrás había servido como base, junto a otros materiales, para la elaboración de las mencionadas “Recomendaciones”.

No voy a extenderme aquí sobre el documento de la Mesa y las incoherencias que contiene, puesto que la RAE ya se ha pronunciado al respecto y, por supuesto, con muchísima más autoridad que la mía. Pero no puedo dejar de subrayar una de las barbaridades perpetradas. En concreto, el ensañamiento de su redactor –o redactora, no vaya a ofenderse el sujeto o la sujeta– con la palabra “hombre”. Entre las recomendaciones, está la de evitar su uso “en el sentido amplio de ‘ser humano’”. ¿Y cómo se logra?, se preguntarán ustedes. Pues utilizando “‘varón’ en lugar de ‘hombre’ en contextos específicos para referirse al sexo masculino y ‘persona’ o ‘ser humano’ en contextos genéricos”.

Supongo que reparan en que la liquidación del uso de “hombre” como específico y como genérico acarrea su desaparición. En el primer caso la propuesta es sustituirlo por “varón”; en el segundo, por “persona” o “ser humano”. ¿Y el pobre hombre, entonces? No sé si es este el propósito de los promotores del documento –perdón, seamos militantemente inclusivos: de quienes han promovido el documento–, aunque me malicio que algo de eso habrá. Pero lo que no estoy dispuesto a consentir –tanto más cuanto que la ley de Igualdad de 2007 que sirve de faro ideológico a las “Recomendaciones” establecía ya el “fomento [de un lenguaje no sexista] en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas”– es que ese “varón” tenga como pareja, según el propio texto, “mujer”. Aquí o todos moros o todos cristianos. Si el uso de “hombre” como específico ha de evitarse, lo mismo debería ocurrir con el de “mujer”, en beneficio de “hembra”, por ejemplo. Mal que le pese a una hembra empoderada como Francina Armengol.

(The Objective, 21 de febrero de 2024)

La generación de los nietos y la memoria común

Comprendo las razones por las que la Asociación Raíces considera una “vergüenza” y un “auténtico escándalo” la resolución judicial de la Audiencia Provincial de Barcelona por la que se archiva la querella interpuesta por dicha asociación contra la Dirección General de Memoria Democrática de la Generalidad de Cataluña. Cómo no voy a comprenderlas si dicha resolución da el carpetazo definitivo a una reclamación moralmente justa y reparadora relacionada con las víctimas de la represión durante la guerra civil. Marcos Ondarra ha venido contando aquí mismo, paso a paso, el empeño de Raíces por incluir entre las actuaciones de la mencionada dirección general la relativa a la exhumación de la fosa común del cementerio de Montcada, donde yacen los restos de cerca de 700 víctimas de la represión en la retaguardia republicana, ejecutadas entre julio de 1936 y abril de 1937 por patrullas de la CNT-FAI. Tras acceder a incorporar la petición a la lista de actuaciones previstas en septiembre de 2020, el organismo de la Generalidad reconoció en julio de 2022 que no estaba entre sus previsiones iniciar exhumación alguna en el cementerio de Montcada, lo que motivó la presentación de una querella criminal por parte de la asociación memorialística contra la dirección general que dos años antes se había comprometido a llevarla a cabo. Es esta querella la que ahora ha archivado la Audiencia Provincial de Barcelona, dando por cerrado el asunto.

Y del mismo modo que comprendo las razones de Raíces, comprendo las esgrimidas por la Audiencia para actuar como lo ha hecho. Son de orden puramente legal y nada tienen que ver, en este caso, con la moral y la justicia. Según el auto, de acuerdo con el marco legal existe “una preferencia respecto a las víctimas que lo fueron por ser contrarias al régimen instaurado con el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura”. Sin duda. Basta leer el tercer apartado del “Preámbulo” de la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022 por nuestras Cortes Generales para apreciarlo. En él se contraponen las políticas de memoria totalitaria del franquismo a las de memoria democrática desarrolladas por la democracia. En ambos casos se trata, sostiene el texto, de “la construcción de una memoria común”. Ocurre, sin embargo, que de la redacción se deduce que, así como la totalitaria fue cosa de los vencedores, o sea, del régimen franquista, lo cual es indiscutible, la democrática, atendiendo a un principio de compensación, tiene que ser cosa de los herederos ideológicos de las víctimas de entonces. O sea, una memoria común ma non troppo, construida en el mejor de los casos conforme a una jerarquía que no estaba en modo alguno en los cimientos de nuestra transición a la democracia. De ahí, en definitiva, la preferencia en que se basa la resolución judicial y que permite dejar sin un entierro digno a cuantos continúan yaciendo en la fosa común del cementerio de Moncada, y a sus familiares, sin el duelo al que tienen derecho.

El propio “Preámbulo” atribuye el movimiento que desembocó en 2007 en la ley antecesora de la actual –la conocida como de Memoria Histórica– a lo que llama la generación de los nietos. Ignoro desde cuándo se usa dicha denominación y si debe su nombre a la reivindicación que hiciera el expresidente Rodríguez Zapatero de su propio abuelo, el capitán Rodríguez Lozano, fusilado a mediados de agosto de 1936 por negarse a secundar la rebelión militar. Pero está claro que con aquella ley, recauchutada hace un par de años con la de Memoria Democrática, esos nietos lograron su objetivo, que no era ni sigue siendo otro que el de jerarquizar las víctimas de aquella guerra fratricida, vinculando a un tiempo la condición de demócratas a todas las de un solo bando y negándosela a todas las del otro.

Yo también, al igual que Rodríguez Zapatero, soy nieto de asesinado en la guerra civil. Sólo que ni la ley de 2007 ni la de 2022 van conmigo. Porque a mi abuelo, que era el presidente de la CEDA en Gerona, le dieron muerte unos anarquistas del comité de Orriols una madrugada de noviembre de 1936 –junto a otros ciudadanos cuyo único delito era ser partidarios, como él, de la ley y el orden– tras sacarlo a la fuerza de la celda que ocupaba en la prisión provincial. Terminada la contienda, el régimen franquista lo incluyó entre las víctimas de aquella Cruzada en la que nunca participó, por lo que recibió las honras correspondientes. Pero tanto a mí como a muchísimos nietos más de aquellas víctimas, sin distinción de bandos –a los que vienen a sumarse ya hoy en día los biznietos–, sólo nos sirve un reconocimiento común, el que creíamos haber alcanzado gracias a la política de reconciliación emprendida durante la Transición. ¡Qué ilusos fuimos!

(The Objective, 14 de febrero de 2024)

Savater, "víctima intelectual del terrorismo"

Quienes vamos camino de eso que antes llamaban “una edad venerable” –y digo antes, porque hoy en día lo que se venera no son los muchos años acarreados, sino los pocos que se tienen– contamos a veces con más de una casa. Una en la ciudad y otra en el campo, por lo general. Si encima nos gusta leer, resulta que además de años acarreamos libros. Y ello plantea, claro, un problema. Nuestra biblioteca queda irremediablemente partida en dos. Y por aquello de la ley de Murphy, aun sin tostada de por medio, el libro que necesitamos consultar o quisiéramos releer está siempre en la casa donde nosotros no estamos. Se me dirá que la edición electrónica puede paliar hoy el problema, en la medida en que los libros ya no tienen por qué hallarse en un domicilio concreto, sino que viajan con sus dueños. Ciertamente. Pero la gran mayoría de los volúmenes almacenados por quienes se acercan ya a la vejez son en formato papel y algunos llevan incluso en sus páginas señales o apuntes, por lo que sus propietarios no podrían sustituirlos por ediciones electrónicas, de haberlas, sin sufrir perjuicio. Y está luego, en fin, lo más importante: son muchos aún los que prefieren el papel a la pantalla cuando se trata de un libro. Y, entre ellos, no pocos a los que todavía les queda para alcanzar una edad venerable. Con todo, yo tengo un amigo que parece haber dado con la solución: adquiere el libro en formato digital y si, una vez leído, lo considera digno de figurar en su biblioteca y ser releído o consultado en el futuro, lo compra también en formato papel. A partir de ahí, el lugar donde guarde el volumen pierde si no del todo, sí en gran parte su importancia.

Le oí hace años al editor Jaume Vallcorba sostener, en presencia de Mauricio Wiesenthal, que en las bibliotecas particulares los libros conversan entre sí. De ahí la importancia de cómo se coloquen. Y de ahí también, por supuesto, la trascendencia de su dispersión en distintos domicilios. Habrán visto, seguro, más de una vez en revistas o suplementos culturales secciones tituladas “La biblioteca de…” y a continuación el nombre del escritor, todo ello acompañado de una preciosa foto en la que no hay pared exenta de libros ni a menudo mesa o asiento en los que no se amontonen. El otro día reparé en una de la revista El Ciervo titulada precisamente “La biblioteca de…” y dedicada en el número actual (enero-febrero de 2024) a Carles Casajoana. Aquí no había otra ilustración que el retrato del propio escritor, autor a la vez del texto que daba cuerpo a la sección. Casajoana, aparte de la condición de ensayista y novelista, reúne la de diplomático. Y también la de político, puesto que durante la primera legislatura de gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero trabajó –así consta en Wikipedia– como director del Departamento de Política Internacional y de Seguridad del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y como embajador representante de España en el Comité de Política y de Seguridad de la Unión Europea.

No es difícil intuir, por tanto, que la dispersión de sus libros será aún mayor que la del resto, dado que a la derivada de las dos residencias que posee en España hay que sumarle la que le ocasiona el oficio de embajador con sus moradas provisorias –entre otras, la de ahora en Atenas, y en tiempos de Rodríguez Zapatero, la de Londres–. Lo que no impide que, según sus propias palabras, “quien pudiera verlos en conjunto probablemente resaltaría algunos nombres, por el espacio que ocupan”. Y en la lista que ofrece, junto a autores como Pla, Vargas Llosa, Baroja, Monzó, Updike, Barnes, Echenoz o Kapuscinski, figura Fernando Savater. Ninguno de ellos tiene acotación alguna junto al nombre –entendida aquí acotación como limitación y también como apostilla–, excepto este último. Y el apunte, entre guiones, dice así: “de antes de que sucumbiera como víctima intelectual del terrorismo etarra”.

¡Cuánta ignominia contenida en unas pocas palabras! ¡Cuánta repugnancia deberían producir en cualquier demócrata! ¡Cuánta vergüenza ajena no generan viniendo como vienen de un embajador de España! Que su publicación coincida, aunque no sea a propósito, con la conmemoración del cuarto de siglo de la fundación de ¡Basta ya! no hace sino subrayar aún más la obscena catadura moral de su autor.

(The Objective, 7 de febrero de 2024)

Lengua y política en Baleares

Tenía pensado hablarles hoy de lo que anuncia el título y así lo haré. Pero entre el propósito y su concreción se ha cruzado Vox. No sé si Vox Baleares o Vox a secas, dado que lo ocurrido estos últimos días en el archipiélago se inscribe al parecer en una crisis mucho más general. Sea como sea, les recuerdo que en Baleares gobierna el PP en solitario gracias a un acuerdo de legislatura suscrito con Vox. Un acuerdo holgado, de amplia base parlamentaria: 34 diputados –25 del PP, 1 de Sa Unió formenterense y 8 de Vox– sobre 59. Desde entonces ha habido un diputado de Vox que ha pasado a la condición de no adscrito y se espera para hoy mismo que otros dos –el presidente del Parlamento y la presidenta del partido en Baleares– adquieran la misma condición, al haber sido expulsados del grupo parlamentario, que queda así reducido a cinco miembros. Pese a ello, todo indica que la mayoría parlamentaria que sostiene al gobierno presidido por Marga Prohens no peligra. El club de los cinco reivindica –al margen de reclamar una mayor autonomía con respecto a la dirección nacional, causa última de su desencuentro con la cúpula balear del partido y, en definitiva, de la expulsión de sus dos compañeros de filas parlamentarias– el trabajo hecho y el cumplimiento o puesta en marcha de cerca del 40% de los 110 puntos del acuerdo programático suscrito con el PP. 

Y aquí es donde aparece la lengua. O sea, las lenguas. Si en algo incidió Vox en la campaña electoral y en el propio pacto con los populares fue en la cuestión lingüística. Dos legislaturas de gobiernos de coalición de izquierda y nacionalista presididos por la resiliente Francina Armengol habían dejado la administración pública, y en particular la educativa, como un predio del catalanismo. La lengua oficial del Estado había sido barrida poco a poco con el visto bueno del Gobierno central, que no ejercía la autoridad que le otorgaban la Constitución y las leyes y sentencias que de ella emanaban, ya por calculada retracción –el PP de Rajoy–, ya por convicción manifiesta –el PSOE de Sánchez y demás convictos de deslealtad con el Estado al que se supone que representan–. Vox llegaba, pues, a las instituciones y a los gobiernos de aquellas comunidades autónomas con lengua cooficial –el caso de Baleares y el de la Comunidad Valenciana, respectivamente– con el compromiso de devolver a los ciudadanos esa igualdad de derechos reflejada en el libre uso de las lenguas cooficiales en el ámbito público e institucional y, en concreto, de aquella que, antes que cooficial, sigue siendo la única oficial del Estado.

Por más que de las 110 medidas acordadas entre PP y Vox se hayan cumplido o estén en trámite, según afirman unos y otros, cerca del 40%, no todas tienen el mismo valor. Para Vox sobre todo, y para sus votantes. Las concernientes al uso del español, y en especial del español en el ámbito educativo, destacan sin duda alguna sobre el resto. No es, por tanto, causalidad que en las dos crisis que han afectado hasta la fecha a la formación –la de noviembre cuando la negociación de los presupuestos, que terminó con la deserción de un diputado y su asunción de la condición de no adscrito, y la de ahora, con la expulsión de otros dos miembros del grupo parlamentario– la cuestión lingüística haya estado presente. Y ahí es donde entra el PP. Sin querer, claro. Mejor dicho, como quien no quiere la cosa –lo que no implica que esté exento de culpa o responsabilidad–. Y contando, en apariencia, con la comprensión del club de los cinco que ahora capitanea el buque parlamentario de Vox en Baleares.

Lo acordado en su momento entre PP y Vox era la libre elección de lengua en la enseñanza. Es decir, la garantía de su aplicación a lo largo de las distintas etapas. Por supuesto, no de golpe –el curso actual ya estaba diseñado cuando el nuevo gobierno autonómico tomó posesión– ni en todas las etapas a la vez, dada la complejidad de la operación. Por de pronto, la Consejería de Educación se ha comprometido a introducir la libre elección de lengua en el próximo curso en la primera escolarización y a hacer público –el 8 de febrero, en principio– un plan piloto voluntario que debe implantarse el curso siguiente, es decir, el 2025-26, en el resto de los niveles y a gusto del consumidor. Y ahí viene el problema. El consumidor no es en verdad el alumno o su familia, sino el centro donde está escolarizado y quienes lo dirigen. O sea, un intermediario que se erige en mediador entre la administración y el ciudadano. Y ese mediador se comporta con arreglo a un proyecto de centro que incluye un llamado “proyecto lingüístico”. Según un estudio realizado por la asociación de profesores Plis. Educación, por favor –integrante hoy de Escuela de Todos– y publicado en mayo de 2020, la inmensa mayoría de los centros de infantil y primaria de Baleares no prevén en sus proyectos lingüísticos que el castellano sea lengua vehicular, sino todo lo contrario, esto es, que sólo lo sea el catalán. Y es de suponer que si a día de hoy esa proporción ha variado, habrá sido al alza, intensificando aún más el modelo de inmersión lingüística.

Así, y por plan piloto que se implante, resulta difícil imaginar que este resulte eficaz, si por eficaz entendemos que vaya a garantizar el derecho de los alumnos y familiares a la libre elección de lengua. El consejero de Educación –al que la indecente jauría soberanista dispensó no hace mucho en un instituto de Inca, a modo de aviso y amenaza, un recibimiento que no olvidará– tal vez aclare en su comparecencia de la próxima semana cómo va a enfrentarse a esta situación. De momento, los requerimientos de la familia de un alumno de un centro de Calvià reclamando a la Consejería del ramo que su hijo pueda estudiar también en castellano –reclamación amparada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina del Constitucional– han recibido la misma respuesta que ya habían recibido por parte del Gobierno de Francina Armengol. Si estos padres quieren ir más lejos, deberán actuar como lo hicieron otros con el gobierno anterior. O sea, denunciando a la actual Consejería ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, lo que conllevará para los damnificados un gasto considerable en abogados y procuradores. Y luego, claro, les convendrá tomárselo con calma, cruzar los dedos y confiar en que algún día la Justicia les haga justicia.

(The Objective, 31 de enero de 2024)

Un paseo por 'El País' con trucos y sin Savater

Ayer por la mañana, nada más levantarme, me di un paseo por El País. Habían despedido a Fernando Savater sin previo aviso, después de casi medio siglo de servicio, y me pareció que la ocasión bien merecía, si no un monumento, sí al menos una lápida. Vana ilusión. Savater habrá desaparecido de las páginas del que fue su periódico sin que este le rinda honores. Llegará el sábado y su columna de la contraportada tendrá otro dueño –aunque lo más probable, por aquello de las cuotas, es que sea una dueña–. A propósito, no deja de resultar curioso que a Savater lo hayan echado por decir lo que piensa y no pararse en barras ni siquiera en sus críticas al propio periódico y, sin embargo, en la edición de anteayer de El País –o sea, del mismo día de autos– la columna homóloga a la suya, firmada como todos los lunes por el insigne poeta que dirige el Instituto Cervantes, finalizara con una loa a la libertad de expresión y a la ética del país –en redonda y minúsculas, eso sí–: “Una cosa es el bullicio en el móvil y otra la ética de un país que supo conquistar una democracia, vencer el terrorismo, detener las dinámicas de corrupción política y defender la libertad de expresión frente a los nuevos brotes de censura. Este país sabe muy bien diferenciar la libertad de expresión de la mezquindad, el juego sucio, los infundios, las manipulaciones y los mercantilismos de la mentira. Dicho queda”.

Pues no. Ni este país sabe diferenciarlo –no existe mayor falacia populista que la apelación al pueblo, al colectivo, como argumento de autoridad–, ni por supuesto este País, a juzgar por como el diario lleva años sosteniendo y mimetizando las políticas gubernamentales y renunciando, por tanto, a ejercer el desapego crítico que cabe esperar de un medio de comunicación. Baste constatar la presencia periódica del director del Cervantes en sus columnas para corroborar esa interdependencia entre la línea editorial y los contenidos del diario, de un lado, y las directrices del Gobierno, de otro. Quizá en eso consista, al fin y al cabo, el carácter “global” de que presume el periódico en aquella parte de su portada donde hace años presumía de su independencia.

El recorrido de ayer por sus páginas me llevó a detenerme, tras lograr superar, no sin dificultades, el artículo del catedrático Sánchez-Cuenca, uno de los intelectuales de cabecera del periódico, en una noticia singular. La había precedido el anuncio de Pedro Sánchez el domingo de un plan de refuerzo de la comprensión lectora y el aprendizaje de las matemáticas como “un gran impulso educativo y de país”. (Por cierto, está visto que con el tiempo y las malas compañías todo se pega: si no ando equivocado, el primero en utilizar este “de país” para aludir a una política de construcción nacional fue Jordi Pujol, y hace de ello ya medio siglo, si no más. Que ahora el PSOE se lo apropie y convierta “Impulso de país” en su lema de campaña podría dar a entender que el principal partido del Gobierno ha dado un giro espectacular y apuesta ahora por reforzar la cohesión y la unidad territorial mediante una política similar a la del nacionalismo, pero aplicada al conjunto de la Nación. Nada más falso, claro, un puro trampantojo sanchista, como tantos ha habido y habrá.)

El caso es que la noticia en cuestión, “Los maestros de primaria recibirán formación didáctica y matemática”, detallaba algunos aspectos del plan. Y, entre otros, que “los docentes de ESO de la asignatura –en su mayoría licenciados en Matemáticas y Física– aprenderán trucos para hacer más atractivas y comprensibles las clases de esta materia”. Ya ven, hemos llegado al punto en que los licenciados tienen que aprender trucos para impartir la materia. Ignoro si el término era de la periodista que firmaba la pieza o si provenía de un portavoz del Ministerio de la maestra Alegría. Sea como sea, he aquí la didáctica trocada en un conjunto de juegos de magia. Y el pobre profesor, rendido de grado o por fuerza a las bondades del aprendizaje socioafectivo de la ley Celaá. Los pedagogos que rigen los destinos de la educación en España han llegado a la conclusión de que la culpa del birrioso rendimiento de nuestros jóvenes en las pruebas PISA, y en particular en la de Matemáticas, la tiene la ansiedad que padecen, lo que al parecer les bloquea e impide que saquen lo mejor de sí mismos. Lo que no entiendo, francamente, es por qué pretenden convertir la clase en un circo, con el perjuicio que vaya a ocasionar semejante medida a quienes no requieren de truco alguno para aprender la materia, en vez de recetar, a los que sí precisan de algún socorro, un simple ansiolítico.

(The Objective, 24 de enero de 2024)

Un partido refugio

En 1929 Le Corbusier y su primo y colaborador Pierre Jeanneret construyeron en París, muy cerca de donde se ubica en la actualidad la Biblioteca François Mitterrand, un edificio de 500 viviendas para fines sociales. El edificio recibió el nombre de Cité de Refuge de l’Armée du Salut (esto es, Ciudad Refugio del Ejército de Salvación) y fue destinado a albergar, de un lado, los servicios generales de aquel singular ejército y, de otro, a personas y familias que no podían valerse sino gracias a las labores de beneficencia que llevaba a cabo. Ignoro si esa fue la primera vez que se utilizó el concepto de ciudad refugio, pero un siglo más tarde ahí sigue. Sólo que hoy la ciudad a la que alude el sintagma no es como entonces un edificio o un conjunto de edificios con una finalidad específica, ni quienes en ella hallan cobijo son mayormente conciudadanos sin techo y sin blanca. Hoy una ciudad refugio es una ciudad en la que se refugian, bajo el amparo de las autoridades municipales o supramunicipales, ciudadanos de otro país víctimas de una guerra o de una catástrofe humanitaria originada por fenómenos naturales y que, a causa de ello, se hallan también sin techo y sin blanca.

Un partido refugio, de existir, vendría a ser algo parecido: el refugio de cuantos ciudadanos con derecho a voto carecen de asidero electoral. Razones para semejante indigencia puede haber muchas, claro. Pero la principal, la que permite hablar también aquí de catástrofe humanitaria, al menos para una parte considerable de la población española, tiene que ver con la paulatina erosión del Estado de derecho. ¿Desde cuándo? Desde hace un par de décadas como mínimo de forma explícita, aunque los orígenes puedan rastrearse ya, siendo rigurosos, en el desenlace de la Transición misma.

Si toda democracia que se precie se rige por el principio de alternancia, lo menos que puede decirse de la española es que la alternancia se ha producido en el mejor de los casos a pesar del nacionalismo, y en el peor, gracias a él. Lo que significa que el nacionalismo, además de formar siempre parte del sistema, se ha erigido en su eje vertebrador. Dado que el fin último de cualquier movimiento separatista es la segregación de un trozo del territorio del resto, no debe extrañar que la erosión del Estado de derecho haya ido en aumento. En especial, como decía, desde hace un par de décadas, y con singular virulencia en las últimas legislaturas de gobiernos de Pedro Sánchez.

Así las cosas, la frustración que supusieron para tantísimos españoles los resultados del pasado 23 de julio ha reforzado la idea de la necesidad de un partido refugio. Por más que entonces el PP creciera, además de por su derecha, por el centro, al recoger sufragios procedentes de la abstención y el voto en blanco y de exvotantes de Ciudadanos y el PSOE, la cosecha no fue suficiente para desbancar al felón. Y lo que ha venido después, desde la proyectada amnistía hasta el traspaso encubierto a la comunidad autónoma catalana de las competencias en inmigración, ha acrecentado aún más, si cabe, esa sensación de desamparo.

Ante ello, el surgimiento de una fuerza política como Izquierda Española ha abierto un claro de esperanza. No en todos los votantes desengañados, pero sí en muchos de los que, considerándose socialdemócratas y partidarios de la unidad de todos los españoles, no se sienten representados por las formaciones políticas integrantes del actual gobierno y creen que otra izquierda, para nada identitaria, es posible. También, probablemente, en muchos de los que, considerándose liberales o conservadores, ven una ventana de oportunidad en la fructificación de esa nueva opción partidista. Sin duda no van a prestarle su voto, pero confían en que su aparición desgaste lo suficiente a la actual izquierda identitaria en el poder.

Con todo, Izquierda Española sería, a lo sumo, un partido refugio para el votante de izquierda contrario a las renuncias ideológicas de sus actuales representantes y, en particular, a sus connivencias con los nacionalismos. Los liberales que habían engordado en otro tiempo las filas de UPyD y, en mayor medida, de Ciudadanos difícilmente van a encontrar allí un refugio para su voto. Muchos, es cierto, han orientado ya sus pasos hacia el PP o pueden hacerlo en el futuro. Pero en este partido difícilmente encontrarán la determinación necesaria para poner pie en pared ante el chantaje permanente del nacionalismo. Se me dirá que ya está Vox para servirles. Sí, siempre y cuando su liberalismo sea tibio y no le hagan ascos a un conservadurismo que combate el secesionismo desde otro nacionalismo, el español, en vez de contraponer a los efluvios simbólicos y sentimentales del nacionalismo disruptivo la consistencia rocosa de la verdad y la razón. Para quienes aspiren a refugiarse en un liberalismo de esta índole –el único merecedor de tal nombre, si bien se mira– no existe hoy en día partido en el que refugiarse. Ni siquiera como proyecto, que yo sepa.

A no ser que el refugio electoral se entienda como un acto de fe donde lo que menos importe sean las siglas a las que uno vote y lo que más, aquello que Fernando Savater pedía aquí mismo hace un par de domingos a “las llamadas izquierdas y derechas”: “colaborar sin tiquismiquis contra el separatismo nacionalista, teocrático, de género y demás populismos posmodernos que amenazan nuestra tradición ilustrada”. En otras palabras, también suyas, “acabar con esa supuesta incompatibilidad visceral entre izquierda y derecha, de la que se nutre golosamente el sanchismo”.

(The Objective, 17 de enero de 2024)