Malversar candidatos

José Manuel Ruiz, candidato del PP a la Alcaldía de Calvià —segundo municipio mallorquín más poblado y uno de los que tienen una renta media más elevada—, ha sido imputado por una juez de Palma por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos durante su etapa como director general de IB3, la televisión autonómica balear. En un país como España, tan acostumbrado a esta clase de noticias, el hecho no tendría mayor trascendencia —entre otras razones, por la naturaleza misma de la querella que lo motiva, de una endeblez manifiesta— si no fuera porque Ruiz pertenece a una franquicia de un partido cuyo presidente, José Ramón Bauzá, ha presumido siempre de no llevar imputados en sus listas. Así pues, aun cuando la querella no prospere, el calendario electoral va a impedir a Ruiz presentarse como candidato a la Alcaldía. ¿Es justo?, se preguntan unos. ¿Por qué le imputan ahora, sin tiempo para ser desimputado antes de la proclamación de candidaturas, y no unos meses antes?, inquieren otros. Y unos y otros llegan fácilmente a la conclusión de que tanta casualidad es imposible, de que aquí hay gato encerrado o, en otras palabras, justicia politizada. No digo que no. Pero es evidente que sin la norma que se ha autoimpuesto el PP balear para tratar de lavar su imagen de partido corrupto, no estaríamos ahora hablando de la malversación de un candidato. Y lo mismo puede decirse en lo tocante al socialista Tomás Gómez, de confirmarse que su caída tiene que ver con una inminente imputación por el asunto del tranvía de Parla. Si el PSOE no hubiera levantado la bandera de unas primarias en las que el candidato del aparato, encastillado en sus dominios, lleva siempre las de ganar, no habría en estos momentos caso Gómez, porque tampoco habría candidato Gómez. Los partidos —con la complicidad de no pocos medios de comunicación— suelen cargarle el muerto a la justicia y a su supuesta intromisión en la vida política, sin reparar en que esa intromisión, si en verdad existe, ha contado con unas pasarelas que en modo alguno han sido construidas por decisión de la judicatura. Pero, claro, siempre resulta mucho más cómodo echarles las culpas a los demás.

(ABC, 14 de febrero de 2015)